Estamos en un estado de emergencia frente al manejo de desechos en todo el Cantón de Talamanca. La problemática aumenta directamente proporcional a la densidad demográfica, que no es poca, y la Municipalidad mantiene la misma frecuencia de ruta de recolección que 20 años atrás, pasando solo una vez a la semana, cuando los desechos eran de pocas familias y algunos otros pocos de afuera… en ocasiones el servicio ni siquiera se da, empeorando la problemática por la acumulación de basura en las calles.
Hoy la Institución Pública recibe impuestos para cubrir este servicio que no está siendo cubierto, a la vista están las pruebas…y no solo no han reinvertido en mejorar el sistema de manejo y recolección de desechos, hemos quedado a la deriva en cuanto a los desechos valorizables ya que en Diciembre de 2019, el Corredor Biológico rescindió el contrato para dicha recolección…así, los meses de diciembre y enero, temporada alta en el cantón, y consecuentemente los meses que más producen basura quedamos sin este servicio… faltando con esto a la ley #8839 para la Gestión Integral de Residuos.
Si no fuera por la gestión de Por Un Puerto Viejo Más Limpio, la Comisión GIRS del Colectivo Talamanca Se’kō, Caribe Sur Libre de Plástico y demás organizaciones y ciudadan@s que se involucraron en el tema, estaríamos, literalmente, nadando en basura.
Se solicita una urgente intervención del Ministerio de Salud, IFAM, Defensoría de los Habitantes, Contraloría de la República, instancias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y demás autoridades competentes para ayudar a la Comunidad del Cantón de Talamanca a resolver este gravísimo problema que no solo afecta el ambiente según la Ley Orgánica del Ambiente #7554, sino a la salud pública, faltando con esto a la Ley General de Salud #5395.
Además, aprovechamos para invitarlos el MARTES 14 de ENERO 2020 a las 10 a.m. a la Municipalidad de Talamanca, al Concejo Municipal, donde estaremos planteando nuestra inconformidad en cómo se están administrando nuestros impuestos con respecto a este servicio. Estamos convocando a la Comunidad del cantón de Talamanca, esperamos verlos, es un tema de salud que nos afecta a tod@s!
Adjuntamos PDF con la correspondencia con la Municipalidad y demás documentos que verifican esta situación alarmante.
Gracias por ayudarnos a divulgar esta información.
Con el objetivo de crear conciencia por sobre los problemas ambientales que sufre al Gran Área Metropolitana, este 25 de enero a partir de la 9 a.m. se realizará la «Marcha por el ambiente en Desamparados».
Mientras la mayoría disfruta estos días para descansar o recrearse otros aprovechan la ausencia de vigilancia para hacer daños a la naturaleza. Esto sucede todas las temporadas de vacaciones en el Caribe Sur. En días previos a las fiestas de navidad y el mismo 24 de diciembre vecinos realizaron denuncias sobre la destrucción de Playa Punta Uva que se encuentra dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Según testimonios de los vecinos en redes sociales “han cortado una gran cantidad de árboles, han drenado un humedal, y hoy siguen levantando pilares enormes de cemento aprovechando los días festivos y la ausencia de autoridades como la Policía o la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de acción de parte del Ministerio de Ambiente y Energía ante tal destrucción”. Ante las denuncias efectuadas el MINAE llegó a la zona, pero minimizó los evidentes delitos y el reporte indica que solo “cuatro alcantarillas se estaban cambiando” omitiendo que había un drenaje hecho para secar el Humedal de Punta Uva, así como, omitieron decir que han rellenado con piedra, lastre y tierra la frágil e importante Área del Humedal. Los vecinos el sábado 21 de diciembre contabilizaron alrededor de 50 vagonetas cargadas de tierra para rellenar el prestigioso Humedal de importancia internacional ubicado en el Refugio Gandoca Manzanillo. En este momento hay una pugna legal por delimitación del refugio y aunque los funcionarios del MINAE aseguran en su informe que el área está fuera del Refugio sin amparo de ninguna ley, es innegable que el lote en cuestión está en un humedal y dentro de los 200 metros de zona marítimo terrestres, dos condiciones que le da un nivel de protección especial. Los vecinos insisten que la ley vigente si cubre la zona como parte del Refugio. Según el art. 45 Ley 7554 y art. 7 del DE Nº22550-MINAE “- quedan prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas” En una siguiente visita el 24 de diciembre el mismo MINAE “ordena paralizar las actividades de construcción correlacionadas directa o indirectamente hasta tanto no se presenten los respectivos permisos de viabilidad ambiental en físico que autoriza la ejecución de obras y otras atinentes a la misma en el plazo que corresponde de la ley”.
Municipalidad en la mira Hay que recordar que la Municipalidad de Talamanca fue denunciada por hacer una calle ilegal en la entrada a Puerto Viejo de Limón que atravesó playa Negra, sin permisos del Ministerio de Obras Públicas e invadiendo la playa con la excusa de agilizar el tránsito por la Semana Santa de este año. En esa ocasión el Viceministro de infraestructura, Olman Elizondo aseguró que la obra se hizo sin permisos y que efectivamente se infringió la ley. Los vecinos están organizados contra la pretensión de construir un atracadero turístico en Puerto Viejo de Limón, ya aprobado por la Municipalidad de Talamanca y el Instituto Costarricense de Turismo, el cual ya recibió una denuncia por temas ambientales. En noviembre pasado la Fiscalía allanó la Municipalidad de Talamanca por una indagación de pagos irregulares en la construcción de carreteras e infraestructura en la zona. Este caso no es el único son varias las denuncias a la Municipalidad, que inclusive tiene un ex alcalde estuvo en la cárcel y enfrentó un proceso por corrupción. (ver más en http://www.corrupcioncr.org/talamanca-2/)
Ministro resuelve nulidad basándose en los argumentos técnicos del sector ambiental.
Las buenas noticias llegaron para los ecosistemas y
comunidades campesinas de las Fincas de Palmar Sur, pues el ministro notificó
hoy que los argumentos técnico-legales presentados por el sector ambiental
desde el año 2017, son correctos.
El recurso fue interpuesto en el 2017 por Msc. Mauricio Álvarez,
en ese momento ejerciendo la presidencia de la Federación Costarricense para la
Conservación del Ambiente (FECON) y con el apoyo de Dr. Allan Astorga Gättgens,
Msc. Álvaro Sagot y Licda. Sofía Barquero Mata.
En el recurso de nulidad se evidencia que los estudios de
impacto ambiental presentan un claro favorecimiento al desarrollador del
proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes, a pesar de que se conoce
que este tipo de producción ya ha generado daños ambientales irreversibles. Se
considera que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto
debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental, mediante un
puntaje, se debió constatar la necesidad de un estudio de impacto ambiental, en
tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas de por sí
protegidas por la ley (Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente) al estar
dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental”
prescrita en la normativa. Este formulario es una declaración jurada que
advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información
falsa, se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones
administrativas y penales a los responsables.
Según el recurso, “la viabilidad ambiental otorgada por la
SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su
nulidad por los siguientes puntos:
1. Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
2. Bajo la finca existe un acuífero y el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
3. A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
4. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo, el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
5. El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales, así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad”.
A este recurso se adhirieron cientos de personas en una
multitudinaria manifestación del 15 de mayo del 2017, fue firmado además por
personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles
afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres,
estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas que se manifestaron
el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la
expansión piñera.
Para el hoy coordinador del Programa Kioscos
Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa
Rica, Msc. Mauricio Álvarez Mora menciona que “hay un antes y un después de
esta resolución, se le está poniendo por fin un límite a la expansión
incontrolada del cultivo. Esta es una moratoria de hecho a las actividades,
seguir expandiendo los cultivos sobre humedales, áreas protegidas y áreas de
protección del agua de las comunidades. Esta moratoria se va sustentar en la
organización y fiscalización social del cultivo como lo hemos venido señalando y
trabajando desde el 2008 con nuestros Programa de Acción Social y acogido en
dos distintos pronunciamientos del Consejo Universitario (2008, 2018).”
Para el ecologista Fabian Pacheco «No debemos olvidar
los nombres de quienes entregan al país a la destrucción ambiental. Costa Rica
sería un país muy diferente si no tuviera un movimiento ecologista como el que
tiene y que ha sabido levantar muchas campañas en defensa del bienestar
público. Felicitamos al gobierno por reconocer el peso legal y técnico de nuestros
argumentos y recordaremos este conflicto heredado por administraciones
“palanganas” como un ejemplo de que a pesar de que hay funcionarios públicos
que entregan los sitios más sagrados e importantes del país a la devastación y
destrucción ambiental este país aún tiene gente que sabe defender lo valioso y
lo sagrado».
Sin duda alguna es un día de fiesta para todas aquellas
personas que se mantienen firmes en la defensa de la vida digna, de la
naturaleza y de la cultura campesina de la Zona Sur.
(FECON, 15/12/2019.) Con preocupación e indignación nos encontramos con la noticia de que nuestro país será la sede del Congreso Internacional de Hidroelectricidad, el cual es organizado por el Gobierno de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente y Energía.
Este Congreso está lleno de contradicciones, entre las cuales mencionamos que: LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS NO ES UNA PRIORIDAD PAÍS.
Este Congreso contradice las últimas decisiones de diversificación de la matriz eléctrica. Recordemos que el ICE decidió cancelar la construcción de la hidroeléctrica Diquis, al determinar que el país produce más electricidad de la que necesita, así mismo después que la misma directora ejecutiva del ICE sacara a luz que la compra de electricidad a generadores privados encarece los costos de la electricidad (56 mil millones de colones). La expansión hidroeléctrica afecta las finanzas del ICE, como comprador y constructor de represas, enfrentándose a altos costos en el desarrollo de proyectos y contratos inescrupulosos que obligaron a pagar sobreprecios. La construcción de represas no es una prioridad país, y es un absurdo que se inviertan recursos en auspiciar un encuentro de empresarios de la hidroelectricidad (estaríamos pagando por una fiesta ajena).
GASTO INJUSTIFICADO EN MEDIO DE UNA CRISIS FISCAL
Está bien que los grandes inversores y desarrolladores de represas tengan sus encuentros bi anuales, que se reúnan en centros de conferencias, coman rico y se hospeden en hoteles bonitos, pero ¿Tiene sentido que Costa Rica sea el anfitrión de este Congreso en particular? ¿En especial cuando no beneficia los intereses del país, y se trata de un encuentro de empresarios?
La Pre COP25 fue un evento internacional con una cantidad similar de participantes y tuvo un costo de unos 1,9 millones de dólares. ¿Acaso hay transparencia en la cantidad de dinero y recursos que serán invertidos por el Gobierno de Costa Rica, el MINAE y el Grupo ICE para la realización del Congreso Internacional de la Hidroelectricidad? Y es retórico… pero ese dinero es de todas y todos los contribuyentes. ¿No es cierto que estamos en medio de una crisis fiscal y que tenemos todos que “ajustarnos la faja”?
LAS REPRESAS NO SON LA RESPUESTA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO
Aunque el propósito de este Congreso es dar seguimiento a los acuerdos de París y las metas de Desarrollo Sostenible, se ha demostrado que la hidroelectricidad NO es una alternativa para reducir las emisiones de carbono, en cambio los grandes reservorios de agua de las represas son responsables de la producción de 7.5 billones de toneladas de gases de efecto invernadero, sumando a esto los enormes impactos sociales y ambientales de las represas. Sólo en los últimos 15 años, en América Latina se cuantificaron más de 50 asesinatos de ambientalistas involucrados a la lucha anti-represas. Impulsar la construcción de hidroeléctricas para alcanzar la carbono neutralidad es un absurdo y un error. Y una contradicción con las políticas de carbono neutralidad que pregona y con las que se ufana internacionalmente el país.
José Francisco Alfaro C, de CONCEVERDE, nos comparte la siguiente información:
“Una nota fue enviada al Ministro de Ambiente, en apoyo a la lucha que libramos en el colectivo CONCEVERDE y otros grupos de Heredia para que se respete la Ley 65 de 1888, ley creada para proteger el agua de cerca del 70% de habitantes del Valle Central.
Recuperar la zona inalienable, es fundamental no sólo para preservar el recurso hídrico del Valle Central, sino la flora nativa y el hábitat de muchas especies de animales, algunas en vía de extinción. La zona inalienable de la ley 65 del 30 de julio de 1888, comprende miles de hectáreas, que van desde el Cerro Guararí, hasta el Cerro Zurquí, hoy muchas en posesión de particulares, por lo que la Sala IV ordenó su recuperación desde el año 2008”.
José Fco. Alfaro C
P/CONCEVERDE
Además, José Francisco nos comparte la nota que fue enviada al ministro por la diputada Catalina Montero. Puede ver la carta en este enlace:
Los Juncos de Cascajal (Vázquez de Coronado, San José, Costa Rica)
16 y 17 de diciembre de 2019: desde las 8:00 am del primer día hasta las 4:00 pm del segundo
El taller estará a cargo del ingeniero agrónomo Allan Chavarría Chang, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en agronomía, con trabajos y cursos realizados en Costa Rica, Nicaragua, Colombia, México, Ecuador, Japón, Perú, entre otros.
Hemos incorporado también la participación del biólogo Eduardo Boza Oviedo, quien cuenta con experiencia en varios países en investigaciones y cursos en su área. Él estará brindando una charla sobre “Diversidad biológica y agronomía en Cascajal: algunos aspectos generales y medulares” y guiará una caminata nocturna que complementará lo analizado en su charla.
Algunos de los temas a tratar son:
Ideología respecto a la investigación (incluyendo investigación científica y producción agrícola); formación geológica de la Cordillera Volcánica Central; ambientes en esta cordillera y en específico en Cascajal; concepto de diversidad biológica; bosques nubosos; algunos hechos generales sobre diversidad biológica de Cascajal; algunos conceptos ecológicos (ejemplos: dinámica poblacional, ecosistema, relaciones simbióticas); las micorrizas, los líquenes, la polinización, la dispersión de semillas y de esporas; disminuciones en “poblaciones” biológicas; prácticas sobre huerto en casa y su manejo; técnicas para siembra de alimentos orgánicos; elaboración de insumos (como: extracto botánico protector BMX; mejoradores de suelos fermentados tipo Bocashi y composta; caldos minerales protectores; bioestimulantes tipo ácidos húmicos-fúlvicos e himatomelánicos, fósfitos, y hormona de bambú; ormus; pasto fermentado; súper magro sólido; reproducido de bacterias ácido lácticas (EM)); búsqueda y multiplicación de microorganismos de montaña (variante mineralizada); cromatografía y análisis de sustancias con esta técnica.
Para la caminata nocturna por favor llevar libreta, lápiz grafito, foco, botas de hule, poncho, abrigo.
La inversión es de 100 dólares por persona; incluye: hospedaje compartido, alimentación, información oral y escrita, memoria usb con adicional información, muestras de insumos agronómicos.
El cupo es limitado; para reservar espacio se debe cancelar el 50 % de la inversión.
SETENA ignoró 80 hectáreas de humedal y 64 de bosque existentes en Finca Victoria en Osa
Permisos de talar o intervenir bosque solo se podría dar bajo Declaratoria de Conveniencia Nacional
(FECON, 10-12-2019.) Los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) han sostenido que no existen situaciones que contrastadas con la normativa ameriten la anulación de la licencia, pero esto es falso y para prueba de esto existen dentro de la finca propiedad de PINDECO casi 100 hectáreas de humedales y unas 64 hectáreas de bosque detectados por Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en el informe SINAC-ACOSA-HNTS-134-2017(1).
Hay que recordar que SETENA decidió no realizar la inspección previa a la licencia dispuesta por ley. La pregunta para este caso sería ¿Para qué hubiera servido la inspección? La respuesta es simple: se hubiera detectado que los humedales de las fincas no eran simplemente 23.4 hectáreas y que es falso que sean sólo el 4% de las 600 hectáreas, como lo reportó la empresa; sino que eran 64 hectáreas de humedal y 94 hectáreas de bosque natural. Solo eso hubiera determinado que un Plan de Gestión no es suficiente, sino que se debía exigir un Estudio de Impacto Ambiental, el cual nunca se realizó.
Esto pone en evidencia que SETENA se hizo de la vista gorda para otorgar una licencia ambiental tramitada en menos de un mes, en un carácter de muy bajo perfil y con valoraciones simplistas por parte del Departamento Legal y la Comisión Plenaria de SETENA.
La pretensión de talar 64 hectáreas de bosque, según la normativa nacional, exige un plan de manejo y un eventual decreto de conveniencia nacional. Pero contrario a ello se dispuso que sí era procedente talar, siendo contrario a la norma 19 de la Ley Forestal que obliga a no cambiar el uso del suelo de bosques en propiedad privada. Además, todo decreto de conveniencia obligaba a un estudio de impacto ambiental y esto hacía que el plan de gestión ambiental fuera no eficiente.
Además, SETENA decidió obviar una advertencia dada por el SINAC, el cual señala que la siembra de piña en la Finca Victoria provocaría que “… cualquier tipo de contaminante que ingrese al principal sistema de drenaje, que para este proyecto lo conforma el Río Culebra, llegará al Humedal Nacional Térraba Sierpe por medio del Estero Azul.
Sobre las licencias ambientales otorgadas por SETENA, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-189-2011 ha señalado “que por tratarse de un acto cuyos efectos perduran en el tiempo, no aplica en este caso el plazo de caducidad de un año que establece el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y por el contrario, la potestad de revisión oficiosa de la Administración, se mantiene mientras continúen desplegándose los efectos del otorgamiento de la viabilidad ambiental”.
En este sentido no cabría declarar que el incidente de nulidad absoluta, interpuesto por la Federación Ecologista en 2017 no era procedente. En este sentido, la Comisión Plenaria debió de acoger nuestros argumentos puesto que se tratan de señalamientos importantes en el otorgamiento de la viabilidad ambiental al expediente D1-18758-2016-SETENA. Es decir que los argumentos de preclusión para recurrir la licencia son falaces también.
Tal y como se ha señalado incontables veces, la licencia ambiental está plagada de incongruencias y datos equivocados que ameritan declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta. Incluso todo lo que decimos es una señal más del por qué se deben iniciar los procedimientos sancionatorios contra los consultores, el Departamento Legal y la Comisión Plenaria.
El doctor Jaime García, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad informó a SURCOS que la Sala Constitucional ordena realizar estudios sobre impacto de agroquímicos en abejas, esto, en defensa de la biodiversidad. La resolución procura proteger la salud pública y la seguridad alimentaria, según el comunicado.
La nota publicada de la Sala Constitucional indica:
“La Sala Constitucional, en garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordena al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel (especie clave para la biodiversidad) del uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides.
Por medio de la sentencia N° 2019-024513, votada por unanimidad el viernes 6 de setiembre, la Sala procura que se mejoren las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población.
El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica
La resolución señala que “de encontrarse (en el estudio) riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.
El Tribunal advierte en el fallo que en la protección de los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro.
“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.
La sentencia se origina en un recurso de amparo planteado por el diputado José María Villalta, quien acudió al Tribunal garante de derechos y libertades luego de que el Ministerio de Agricultura le rechazara las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos”.
Dadas las interrogantes al sector ambiental y a la SETENA, sobre la viabilidad del proyecto, considero oportuno, como asesor de FECON de hacer algunas breves aclaraciones y dar a conocer aspectos clave.
PRIMERO: La empresa Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, solicita el 15 de noviembre del 2016 que se apruebe un proyecto de simple cambio de cultivo de teca a piña y que se ajuste en cuanto a obras complementarias. La licencia sin contratiempos, se aprueba el 15 de diciembre del 2016. Es decir, todo ello ocurre en un tiempo record para la misma SETENA de menos de un mes.
SEGUNDO: La obra, en apariencia simple por su título, implicaba nada más y nada menos que: cambiar la teca sembrada por piña en una extensión de siembra de 494,4 ha de un total de 600.2 ha. También implica la construcción de las siguientes obras: red vial, pasos de agua, sistema de riego, mini- predios de carga, plantel (bodegas, oficina, taller, área de asepsia, estacionamiento de maquinaria, estructura para tanques de agua y de fertilizantes líquidos, consultorio médico, comedor, caseta de seguridad, depósito para residuos. Quienes trabajan en valoración ambiental sabrán que ello no es un proyectito sin pormenores, sino uno de gran envergadura, incluso podría ser considerado como un MEGAPROYECTO.
TERCERO: Además, se tenía claro que existían 9 sitios arqueológicos (ver foto de abajo) y 3 sitios catalogados como humedales. El Reglamento General de SETENA por ejemplo, en su Anexo N° 3 incluye un listado de Áreas Ambientalmente Frágiles, para las cuales el régimen de uso antrópico requeriría de un control especial referente a la evaluación de impacto ambiental y, entre dicho listado, se incluyen los HUMEDALES.
CUARTO: Dadas las obras, sitios arqueológicos, la extensión, los humedales, los agroquímicos detallados en el expediente, etc, son aspectos que DEBIERON sugerir a cualquier técnico medianamente capacitado que lo prudente era pedir un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL integral de las 600 ha, pero contrario a ello, se dispuso tamizarlos con un simple “plan de gestión ambiental”, donde todo se valora simplonamente. Las normas de la misma SETENA exigían una ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLETO, pero en el 2016, la Comisión Plenaria consideró, en menos de 30 días, que no hacía falta. Lo anterior significó que la parte arqueológica no se valorara y más bien se autorizó seguir adelante, no interesaron los sitios de humedal considerados de alta fragilidad ni que son tomados como áreas interés ambiental relevante por la Ley Orgánica del Ambiente. No hubo exigencias para relacionar el cambio del paisaje, impacto al entorno, afectación con agroquímicos a mantos acuíferos o al humedal Térraba/Sierpe ubicado a 5 km de distancia, violentar el derecho de información, ni la participación ciudadana.
QUINTO: En cuanto al estudio socioeconómico, visible en los folios 292-275, se indica que en el cantón de Osa había una población de aproximadamente 29 433 personas. En ese estudio realizado por el sociólogo se señala que la muestra de percepción social, se hacía por simple encuesta y no entrevista y que la misma se pasó a tan solo 18 personas, es decir, con el 0.06% de la población del cantón.
SEXTO: Siendo una licencia express, ni FECON ni nadie, se enteraron, dentro de los tres días siguientes al otorgamiento de la misma, por lo que fue imposible cuestionarla por la vía de un recurso de revocatoria con apelación que era lo prudente. En el 2017 al dictarse una resolución de la cual unos vecinos habían informado de lo que venía, fue cuando se presentan en tiempo los recursos y las nulidades. Fue en este 2017 donde inicia mi participación contra el proyecto que opté por pedir adicionalmente a los recursos, una declaratoria de lesividad de la viabilidad adicionalmente. Sépase que una lesividad, puede ser declarada, por la misma Administración Pública cuando se percata de que existen aspectos de fondo y un interés público, que no se valoraron oportunamente y esta implica anular todo lo otorgado.
SEPTIMO: En ese 2017, ante el ocultamiento de información dicho del 2016, el MUSEO se entera por la prensa de lo ocurrido y elabora un criterio donde le señala a la SETENA de los errores en lo arqueológico y lo presenta al expediente. Les recuerda a SETENA que existen muchas inconsistencias y que la finca TOTAL debe ser valorada con un estudio completísimo y no como lo hizo la empresa, puesto que hubo muchísimas áreas dejadas de lado. El MUSEO le recuerda a SETENA que debieron haberles dado parte desde el 2016, pues así lo exige la ley, pero ello nunca ocurrió. El MUSEO estima que solo se valoró el 9.3% del proyecto.
NOVENO: Para este noviembre se dicta la resolución 3374-2019-SETENA, rechazando todo, hasta la posibilidad de declarar la lesividad. Lleva razón SETENA en que el recurso de revocatoria contra la licencia del 2016 es extemporáneo, pero recordemos que nunca hubo posibilidad de reclamarlo antes, pues la licencia fue express y en la modalidad de bajo perfil, por haberse escogido un Plan de Gestión Ambiental. Sin embargo, ello no limita atar todo a la resolución del 2017 y a la situación actual. Es decir que la licencia podía y puede ser declarada como absolutamente nula también. Pero SETENA ha fungido a la fecha como defensora el proyecto. Es claro, en todo caso que si se hubieran hecho las cosas correctamente y SETENA hubiera obligado a hacer un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INTEGRAL, se habría tenido que hacer una audiencia pública con la publicidad del caso, pero ello no iba a ocurrir, pues todo aparenta a la fecha, que desde SETENA defienden el proyecto. Hoy en día, a pesar de que los recursos NO suspenden las validez y la eficacia de las licencias ambientales, que se presumen como bien otorgadas, desde SETENA se ordenó la suspensión de la licencia del 2016 por la peligrosidad de daños al patrimonio arqueológico y al ambiental ante nuestros recursos. Es claro que la lesividad podría acarrear responsabilidades económicas al Estado, pero saben -creo yo- que existen errores MUY SERIOS en todo el procedimiento y por ello ahora estamos a la espera de que el Ministro diga lo pertinente.
DECIMO: La situación trae muchas dudas como se aprecia. ¿Por qué en SETENA autorizaron de forma express un proyecto tan complejo? ¿Por qué en SETENA no aplicaron su propia normativa para disponer que era un estudio de impacto ambiental y admitieron un simple plan de gestión ambiental?. ¿Por qué no revocaron en este 2019 todo y contrario a ello dicen que no existen elementos de fondo que ameriten aceptar los recursos? ¿Por qué, si la normativa de SETENA exigía una valoración social amplia sobre la percepción a la población, que era de más de 20 mil personas en el cantón, se admitió que con solo que se le pasara un cuestionario a 18 individuos era suficiente? ¿Por qué si el MUSEO desde el 2017 aportó su criterio de valorar todas las fincas del proyecto, en el 2019 dicen en SETENA que se está a la espera de lo que el museo se pronuncie? ¿En manos de quién estamos en SETENA? ¿Es SETENA una oficina que valora lo precautorio, o por su personal se convirtió en ente político que simplemente emite permisos?
Imagen de portada ilustrativa.
Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado. Publicado por Álvaro Sagot en Facebook.
