Primer taller de reciclaje para niños de Barrio Carit, coordinado con Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, Comité de Ornato y Aseo y ASODICARIT. Esto es Alfabetización Ciudadana en la construcción de una nueva ciudadanía, trabajando en la educación ambiental.
Agradecemos la colaboración de Maribel y Alejandra y muy especialmente a doña Emperatriz, quien ha coordinado todo de manera muy comprometida.
Pronunciamiento de organizaciones sociales y ecologistas en contra de la nueva “Ley de Aguas”, en discusión en Asamblea Legislativa
Por este medio, diversas organizaciones sociales y ecologistas de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación e indignación con respecto al proyecto “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” (mejor conocida como la nueva “Ley de Aguas”), expediente No. 20.212, recientemente aprobado en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Luego de una cuidadosa revisión y discusión del texto, hemos identificado una serie de vicios e inconsistencias, que abren peligrosos portillos para la privatización, el acaparamiento, el desperdicio y la contaminación del agua, así como una serie de retrocesos en materia de protección ambiental y participación ciudadana. A continuación algunos de los aspectos que consideramos más nocivos de este proyecto de ley:
-No incorpora el concepto de “contaminación por fuentes difusas”, es decir, aquellas situaciones en las cuales no se conoce con exactitud la fuente de origen de la contaminación. Este punto violenta el principio precautorio, fundamental en el derecho ambiental, por lo cual sería un retroceso que se desconociera este término. Por ejemplo, se estaría siendo permisivo con todos aquellos casos de contaminación de acueductos comunales en zonas rurales o de otros cuerpos de agua, debido a la contaminación con plaguicidas de manera difusa, que ya ha sucedido en múltiples ocasiones.
-Modifica la definición de “uso doméstico” del agua (Artículo 3, inciso 35), incluyendo dentro de esta definición las fincas agropecuarias que sean menores de 1 hectárea (para uso agrícola) o 35 hectáreas (para la ganadería). Es decir, se permite que fincas agrícolas o ganaderas exploten aguas -subterráneas o superficiales- sin un efectivo control ambiental, pues como indica luego en el Artículo 85, el uso doméstico del agua no necesita ningún tipo de permiso. ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que una empresa dedicada al agronegocio no va a segregar su propiedad en pequeñas parcelas, y así justificar que está haciendo un “uso doméstico” del agua?
-Establece que únicamente se pueden realizar inspecciones cuando haya una denuncia formal de por medio (Artículo 10), nuevamente, atentando contra el principio precautorio. Esto elimina la posibilidad de realizar inspecciones de control de las actividades productivas y representa una medida permisiva más, que beneficia en mayor medida a las más grandes empresas extractivistas y destructoras de la naturaleza.
-Abre un portillo para invadir y explotar las áreas de protección contiguas a cuerpos de agua (ríos, quebradas, nacientes, etc.), pues faculta a la Dirección de Aguas de MINAE a dar permisos para obras o actividades en estas áreas, sin necesidad de una Declaratoria de Conveniencia Nacional (Artículo 28), como lo establece la ley vigente. De haber estado esta ley vigente, por ejemplo, hubieran podido construir el controversial e innecesario Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, en Pérez Zeledón, que tenía esta declaratoria como último requisito pendiente para iniciar obras.
-En los casos que hay invasión ilegal del área de protección hídrica, el nuevo proyecto establece que se debe reforestar únicamente 5 metros desde el cuerpo de agua (Artículo 29). Esto representa una clara regresión ambiental, pues independientemente si se invadieron 10, 15 o 50 metros del área de protección hídrica, basta con que el propietario (persona o empresa) reforeste apenas 5 metros.
-Permite la explotación de agua marina en áreas silvestres protegidas (Artículo 88), en las siguientes categorías de manejo de protección: Humedal, Área Marina de Manejo y Refugio Nacional de Vida Silvestre. Solamente estarían excluidas las categorías: Parque Nacional y Reserva Biológica. Esta sería una medida que atentaría contra la integridad de los ecosistemas salobres y marinos naturales del país, los cuales cumplen importantes funciones ecológicas.
-Elimina la posibilidad de establecer medidas cautelares en caso de infracciones en el aprovechamiento del agua (Artículo 114). En la práctica, esto limita las posibilidades de fiscalización y aumenta el margen para un uso irresponsable y abusivo del agua.
-Se establecen multas risibles de máximo entre cinco y siete salarios base para infracciones gravísimas, ¡unos 3 millones de colones! (Artículos 117, 118 y 119). Las multas y repercusiones hacia la afectación de las fuentes de agua, deben ser más agresivas, contundentes y proporcionales al daño efectuado, para asegurarnos que exista un esfuerzo real en evitar la afectación y para que, en caso de que esta suceda, la reparación del daño no recaiga sobre el Estado costarricense sino, sobre quién efectúa el daño. Por ejemplo, recordemos los casos de contaminación de los acueductos comunales de Milano y del Cairo de Siquirres, los cuáles se dieron por el uso de agroquímicos de la empresa piñera contigua, y por los cuáles el AyA tuvo que reconstruir un nuevo sistema de abastecimiento de agua para estas comunidades que tuvo un costo de ¢370 millones de colones para Milano y ¢2.247,6 millones para el Cairo, según datos oficiales. Esto sin tomar en cuenta los gastos que se cubrieron, con el pago de nuestros impuestos, para abastecer de agua a las comunidades afectadas con camiones cisterna hasta que estuvieran terminados los acueductos, que en el caso del Cairo, fue necesario invertir más de ¢430 millones de colones en esta gestión. Las multas elevadas, desincentivan las conductas dañinas y, para el recurso hídrico, la tolerancia de los daños ambientales debe ser nula.
-En la retórica, incorpora el principio de la participación ciudadana, sin embargo, en la práctica, no cuenta con los mecanismos para hacerla efectiva. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de Aguas de iniciativa popular que se discutió hace algunos años, este incluía la propuesta de creación de Consejos de Cuencas, los cuales garantizarían un mayor nivel de participación social y comunal en la toma de decisiones sobre el manejo del agua. El actual proyecto no incluye a los Consejos de Cuenca ni ningún otro mecanismo para garantizar la real participación de la ciudadanía en cuanto a la gestión del agua.
En resumen, este proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de aquellos que acaparan mayores cantidades de agua, los que más contaminan y que hacen un uso irresponsable y abusivo del mismo, sobre todo, de grandes empresas agropecuarias. Además, el texto elimina mecanismos efectivos de fiscalización, control y protección y cierra espacios para una verdadera participación ciudadana y democrática en la gestión del agua.
Exigimos a la Asamblea Legislativa el rechazo al proyecto de Ley de Aguas No. 20.212, y planteamos la necesidad de mejorar nuestra legislación ambiental actual en términos de protección, inversión de recursos económicos, mayores controles estatales de las actividades productivas, fortalecimiento de la gestión de la conservación, así como multas severas para aquellos que afecten los cuerpos de agua. Además, apuntamos a que es necesario avanzar en la creación de mecanismos de participación política ciudadana para la toma de decisiones sobre nuestras cuencas hidrográficas y el manejo que se haga de ellas.
Hacemos un llamado a todos los sectores ecologistas, ambientalistas, comunales, indígenas, clase trabajadora, movimientos de mujeres y a toda la sociedad costarricense, a generar debate y construcción de una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, y específicamente con el agua, donde construyamos un ciclo hidrosocial sustentable y una legislación en función de nuestras necesidades sociales y naturales y no de los grandes capitalistas explotadores. No olvidemos que el agua es el elemento más importante para la vida, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre este tema nos conciernen a todos y todas. ¡No permitamos que sigan aprobando leyes que violentan nuestros derechos! ¡No permitamos que los poderosos sigan haciendo sus grandes negocios a costa de un bien que nos pertenece a todos y todas!
¡AGUA ES VIDA, NO MERCANCÍA!
Ingrese en el siguiente enlace para ser partícipe de este pronunciamiento:
Este 7 de febrero a las 10 a.m. se llevará a cabo el primer taller en Barrio Carit en coordinación con doña Emperatriz de Servicios Ambientales de la Municipalidad.
Todas las actividades se realizarán en el marco del proyecto «Entornos de Paz” y la alfabetización en el manejo de residuos sólidos en la comunidad, para ir creando una cultura de reciclaje y cuido del ambiente.
Este es parte del trabajo que se está realizando en la comunidad para ir creando la conciencia de pertenencia del entorno y la responsabilidad y derecho de participar en la toma de decisiones en las políticas públicas.
Enviado a SURCOS por Marjorie Hernández, de Territorio Seguro
En la “Conferencia sobre cambio climático (COP25)” recientemente celebrada se anunció que, en nuestro país, en el año 2021, se realizará el “Congreso Internacional de Hidroelectricidad”, con el lema “Energías renovables trabajando juntas en un mundo interconectado”, auspiciado por el Gobierno de Costa Rica. La escogencia de Costa Rica por parte de la COP25, o la oferta que no sabemos si fue del mismo Gobierno, responde a la visión “ambiental” y falaz de que las represas son energía “limpia, verde y sostenible”.
El problema energético y la generación de electricidad, en cualquiera de sus formas, responden a la visión de sociedad que defendamos y por tanto no están aislados o fuera de contexto. Cuando por ejemplo la burocracia técnica de la Comisión económica para América Latina, CEPAL, dice que “la región podría crear un gran sistema interconectado, pero para eso habría que modificar o ampliar las infraestructuras. Ahí está la gran oportunidad para invertir” y exalta que “Gigavatios, más gigavatios es lo que se necesita en América Latina”, (https://elpais.com/economia/2015/04/24/actualidad/1429894886_485908.html), es claro que alienta un modelo económico expansivo que requiere hacer uso intensivo de los ecosistemas, lo cual está asociado a toda la maquinaria financiera y política para promoverlo. Eso es imposible sin la competencia de los gobiernos y ninguno de ellos diría que construye represas o cualquier otro tipo de infraestructura energética, fuera de estándares “ambientales”. Todo queda ajustado y legalmente justificado, incluidos, claro está, los estudios de impacto ambiental. Pero los impactos de las represas en todo el planeta han sido letales por la destrucción social y ecológica provocada.
Podemos coincidir en que la agenda ambiental/climática es muy compleja, pero esa complejidad depende de qué definamos como problemas “ambientales” y cómo los atendamos. En realidad, lo que padecemos son las consecuencias del modelo de crecimiento económico ilimitado con aumento cada vez más grosero de la inequidad social. Esos no son problemas del “ambiente”; son los resultados provocados por la visión errada y las prácticas gubernamentales y empresariales en la mayoría de los países, que nos están llevando al abismo.
En general, ningún programa de “compensación de emisiones”, “energías limpias”, “carbono neutralidad”, etc, podrán detener la crisis que viven las sociedades y el planeta, porque no atienden el origen de los problemas. La crisis que vivimos es provocada principalmente por los países del norte del mundo por sus modelos de producción y consumo voraces a los que las élites de esos, y de nuestros países, han sometido al planeta. Hace unos años, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaría los acuerdos de París, los titulares del mundo alabaron la frase del presidente francés Macrón: “No importa donde vivamos, tenemos la misma responsabilidad”, lo cual no era más que una sugestiva falacia; una democratización de desastre, y una difuminación de la culpa, porque colocaba a toda la gente como igual; con la misma responsabilidad, y evadía señalar a quienes más responsabilidad tienen, empezando por ellos mismos, como generadores del desastre que vivimos todo.as. En todo caso esos acuerdos, como muchos otros documentos, no hacen más que plasmar “deseos” y obviedades, y nunca exigen nada ni a los gobiernos ni al mundo corporativo; hacer algo concreto es “voluntario”. Es lo mismo que ocurre cuando en el Foro de Davos, los multimillonarios y las corporaciones, dicen que el mundo es cada vez más inequitativo. Un papel más, y nada de acciones para cambiarlo. “Nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijera el escritor Oscar Wilde.
En el modelo de economías y sociedades que vivimos todo puede llegar a ser “sostenible” gracias a que los discursos se crean, se diseminan y se imponen en el imaginario de la gente como verdades; como la “verdad oficial”. Costa Rica es especialista en esto. Hasta la pesca de arrastre puede ser sostenible. Los monocultivos pueden ser ambientalmente implementados. La subasta del agua puede justificarse. Las energías sucias, como la solar, pueden devenir en limpias y verdes, porque se divulga la tecnología de punta, pero nunca se explica la hecatombe ecológica y social que provoca la extracción del litio, el “oro blanco” moderno, usado para las baterías de almacenamiento.
En Costa Rica podemos enumerar decenas de ejemplos de incongruencias entre el discurso del “país verde” exhibido en los escaparates del márquetin internacional y la realidad nacional. Todo se puede justificar legalmente, porque ser “ambientalista” muchas veces no es más que ajustarse a estándares legales, oficiales y asumir como válido y bueno lo que en realidad destruye. Para eso están las regulaciones de entidades como SETENA; para muchas veces hacer viable lo que de ninguna manera debería construirse. Ésa es la diferencia sustancial entre regular y limitar; entre lo ambiental y la justicia ecológica y social, estas 2 últimas absolutamente ligadas. Todo puede quedar perfectamente alineado con postulados verdes, y con eso la oficialidad y el espectro empresarial/corporativo estarán satisfechos, más no los pueblos y los ecosistemas a los que, de paso, ya es tiempo de adjudicarles derechos propios.
Cuando logramos la suspensión del PH Diquís (https://surcosdigital.com/ph-diquis-en-suspenso-un-triunfo-social-y-una-oportunidad-para-cambiar-el-modelo-electrico-de-costa-rica/) reafirmamos lo que hemos señalado desde hace muchos años: LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ, y en paralelo, que Costa Rica requiere un nuevo modelo eléctrico sustentable, inclusivo de la gente y participativo; no uno excluyente y destructivo como ha sido hasta hoy. Debemos reorientarnos hacia un modelo ecológica y socialmente sustentable que sustituya y supere el que tenemos hoy “ambientalmente sostenible”.
Afiche de Allan Sojo García/Pacuare.
Los éxitos comunitarios del año 2019 como la suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón de la empresa nacional HSolís, (https://youtu.be/2vUTCys7DSk) y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, de la misma constructora (https://surcosdigital.com/ni-una-represa-mas-en-turrialba/) demuestran sensatez y reconocen que la generación de electricidad nacional debe ser reorientada. (En el caso de los PH Bonilla, las comunidades y organizaciones sostenemos la alerta pues ni el MINAE ni el ICE, que firmó contratos de compra de electricidad con la empresa, han emitido un dato oficial sobre la liquidación de los mismos).
Suspender Diquís (no liquidarlo), no dar conveniencia nacional al PH San Rafael y frenar los 2 PH Bonilla, han sido decisiones acertadas de esta Administración y en particular del MINAE y su ministro Carlos Ml. Rodríguez, pero que no son unilaterales, si no que responden a los argumentos técnicos y luchas de las comunidades y organizaciones sociales por más de 3 décadas y en la actualidad. Esto demostró oportunidades de coincidencia. Podríamos decir también que el anuncio del ICE de no construir más represas es un reconocimiento de la necesidad técnica y la urgencia ecológica de detener la destrucción de los ríos y sus ecosistemas asociados y de respetar los derechos de las comunidades, aspectos que desde el ámbito civil hemos sostenido por décadas. Otro asunto de fondo por discutir es con cuáles fuentes energéticas y en qué condiciones será atendida la demanda nacional. Es un problema que habrá que resolver, y si hay diálogo al respecto, la sociedad costarricense dará pasos importantes hacia los nuevos modelos de energía y electricidad que requerimos.
Esos son elementos del nuevo contexto de avances hacia el respeto de los ecosistemas y las comunidades, en el que el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 para promover las represas, resulta un anacronismo, un sinsentido y una contradicción con lo que el mismo MINAE ha avanzado. En el mundo entero la destrucción, y no construcción de represas, es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y las economías locales por la recuperación de los ríos y las nuevas oportunidades de economía de pequeña escala, asociadas con los ríos vivos y libres y no con los estanques (muchas veces hediondos y llenos de basura) como siempre han dicho sus promotores.
Lo mejor que puede hacer el Gobierno, y en este caso el MINAE, es desistir de realizar ese evento en Costa Rica. Ya no existe manera de justificar la promoción de las hidroeléctricas como energía “limpia”, “verde” o “renovable” a la luz de las evidencias de destrucción. Solo para titular, sabemos que los llamados “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% o el porcentaje que sea del flujo de un río, son la forma elegante en que los promotores de los PHs intentan ocultar su deterioro irreversible y hasta su muerte. En todo el planeta la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental insiste en que esos “caudales mínimos” evitan la destrucción de los ríos y de elementos naturales asociados con ellos. A esto se suman todas las formas de usurpación, irrespeto y violación de derechos de las comunidades y, en muchos países, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, la persecución y los asesinatos de gente opositora.
Desde las organizaciones sociales y las comunidades que soportan todos los impactos destructivos por las hidroeléctricas, la posición ante el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 es y será de rechazo absoluto.
Ojalá que contrario a promover cualquier tipo de hidroelectricidad, encontremos espacios de diálogo y coincidencia para que Costa Rica inicie su propia era de demolición de represas y busque, como corresponde, un modelo energético inclusivo, justo y respetuoso de los ecosistemas y de la gente.
Si algo podemos sostener desde el mundo comunitario es que nunca, ni las empresas estatales ni las privadas, locales o transnacionales, han respetado los derechos de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. La historia de oposición a las hidroeléctricas es muy voluminosa en el mundo y por supuesto en Costa Rica. Y en todas las oportunidades que se ha logrado frenarlas temporalmente, condicionarlas o impedirlas, ha sido, exclusivamente, porque la gente se ha organizado, ha defendido sus derechos y logrado torcer el brazo de las entidades estatales y las empresas, tras incansables y desgastantes alegatos y disputas legales, técnicas y políticas. Los casos mencionados de suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, son la mejor muestra reciente de que si las personas no enfrentan a la institucionalidad y a las empresas, sus derechos y los de los ecosistemas son simplemente arrasados. ODC.
El pesticida glifosato, que se sospecha puede provocar cáncer, comenzará a estar parcialmente prohibido en Luxemburgo a partir del próximo febrero, un veto que se completará de aquí a finales de año y que convertirá al país en el primero de la Unión Europea (UE) en dar ese paso.
La prohibición, según la agencia Belga, tendrá lugar en tres etapas: a partir del 1 de febrero se producirá la retirada de autorización de su puesta en el mercado; a continuación y hasta el 30 de junio habrá un plazo para agotar las reservas y finalmente, hasta finales de año, se extenderá un periodo de gracia para su uso.
Cerca del 60 % de las explotaciones agrícolas del país han renunciado ya al pesticida, según el Gobierno luxemburgués.
El país confía en que otros estados miembros imiten su ejemplo.
Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2015 sobre los riesgos cancerígenos del glifosato, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) aseguraron después tener evidencias científicas para clasificar el herbicida, el más utilizado del mundo, como no cancerígeno.
La Comisión Europea (CE) adoptó en diciembre de 2017 la renovación del glifosato por cinco años y dijo que la responsabilidad de su autorización final es de los países, que pueden decidir libremente permitir que los productos a base de esta sustancia circulen legalmente en sus territorios nacionales.
Experto internacional señala a la agricultura y al uso excesivo de plaguicidas como fuertes contaminantes de los ríos y lagos
De acuerdo con el experto danés, Erik Jeppesen, el tratamiento de residuos en las aguas de los ríos contaminados es clave para su recuperación. Foto Cristian Araya.
Erik Jeppesen, científico danés especializado en biociencia y en ecología de los cuerpos de agua dulce, visitó la Universidad de Costa Rica (UCR) a finales del año 2019, con el propósito de intercambiar conocimiento sobre el estado de los ríos, lagos y otros cuerpos de agua dulce.
Jeppesen actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.
El experto fue invitado por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), como parte de las actividades de celebración de los 40 años de fundado. En la UCR Jeppesen impartió la conferencia titulada Climate change effects on freshwaters from the High Arctic to the tropics y compartió información con los científicos de ese centro de investigación.
El Cimar desarrollará un nuevo programa de investigación dirigido hacia la restauración de ecosistemas de agua dulce, principalmente los ríos urbanos, los cuales presentan altos niveles de contaminación.
—¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los cuerpos de agua dulce en el mundo?
—El principal problema que tenemos es lo que llamamos eutrofización, que es cuando un exceso de nutrientes llega a los lagos. Estos provienen de diversas fuentes y actividades realizadas por los humanos, como las actividades agrícolas y ganaderas. Su efecto causa que los lagos en vez de estar azules, como los que tenemos en las montañas, se vean verdes como los que hay en las tierras más bajas, debido a que contienen algas que son muy tóxicas.
Otro problema relacionado con la eutrofización es el consumo de agua potable, porque muchos países alrededor del mundo dependen del agua de los lagos para extraer el agua que consumen.
El cambio climático también tiene un fuerte impacto en el agua. Distintos modelos calculan que actualmente un 20 % de la superficie terrestre del planeta está sufriendo problemas relacionados con la sequía. Al final del siglo esa superficie llegará al 50 %. Esto nos perjudicará a largo plaza porque necesitaremos es agua.
Las personas están cambiando de estrategia, han empezado a utilizar las aguas subterráneas en las áreas secas del mundo, donde es difícil que este líquido abunde. En lugares húmedos, como Costa Rica, esto no es un inconveniente, pues los acuíferos se recargan debido a la alta precipitación.
Además, el aumento de la población en el planeta incrementará la demanda de alimentos, y por ende, de agua.
—¿Este proceso ocurre también en los ríos?
—Con los ríos es una historia totalmente distinta, muchas veces estos se ven afectados a causa de que las personas varían el cauce y los canalizan para favorecer los cultivos agrícolas. Esto a la larga provoca la erosión de los suelos y que se laven materiales que pueden ser perjudiciales para las aguas.
—¿Cuáles técnicas se utilizan para restaurar estos ecosistemas?
—El tratamiento de residuos en las aguas es la clave, no solo hacerlo de forma mecánica, sino también remover la materia orgánica y los nutrientes, ya que estos son el principal problema. Este tipo de procesos son costosos y no están al alcance de todos, pero son necesarios.
También se necesitan regulaciones fuertes por parte de los Gobiernos sobre la agricultura, se debe reducir el uso de plaguicidas y enfocarse en una forma más inteligente de realizar agricultura. Existen lugares en donde el uso de estos agroquímicos se ha reducido entre un 40 % y un 50 % sin interferir en la producción y únicamente haciendo un uso más inteligente de estos.
El Dr. Ingo Wehrtmann, director del Cimar y el Dr. Gerardo Umaña, investigador, junto al Dr. Erik Jeppesen, de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, en una visita a la laguna de Río Cuarto, Alajuela. Foto cortesía del Cimar.
—¿Es posible restaurar estos ecosistemas?
—Por supuesto, pero eso implica tomar acciones lo antes posible. Se puede hacer mucho en zonas urbanas y agrícolas, se deben proteger los bosques para que se restauren los ciclos de autolimpieza en los ecosistemas y, sobre todo, ser más inteligentes en la forma en la que producimos nuestra comida.
—Usted como especialista ¿cómo mejoraría la realidad que vive un país en desarrollo, como Costa Rica, en relación con los ecosistemas de agua dulce?
—En primer lugar, tengo que decir que apenas he estado un par de días en este país y no sé mucho sobre la forma en la que funcionan las cosas aquí, me doy cuenta que tienen mucha agua, la falta de este líquido no es un problema para ustedes.
Sin embargo, ustedes no tienen un tratamiento eficiente de los residuos, de manera que sean procesados de forma mecánica, biológica y química. También está presente el problema de los plaguicidas. En este sentido, se debe mejorar la forma en la que se trata el agua que entra en contacto con estas sustancias y también se debe trabajar en su reducción.
Una mayor apertura a los mercados de productos orgánicos también es una buena alternativa para contribuir ambientalmente.
—¿Cómo podría colaborar con el Cimar en sus nuevos proyectos a futuro con cuerpos de agua dulce?
—Lo hemos estado discutiendo, pero esto va a depender de la disponibilidad del financiamiento de los proyectos. Podrían desarrollarse programas de gestión o incluso aplicar los estudios que hemos realizado en zonas templadas a áreas tropicales, ya que no sabemos bien cómo funcionarían. Creo que hay bastante potencial de efectuar trabajar conjuntamente.
David Esteban Chacón León
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Este sábado 25 de enero a las 9 a.m. se llevará a cabo una marcha en contra de los graves problemas que se sufren en el Gran Área Metropolitana, para que las autoridades detengan la corrupción y cambien el rumbo del país a un ambiente sano.
Salida del MaxiPalí de Desamparados (ubicado en el Cruce de San Miguel) hacia el Botadero EBI (en El Llano de San Miguel).
Magistrados debaten la posibilidad de reconocer derechos propios a la naturaleza y a los ecosistemas
Los derechos de los ecosistemas han sido otorgados en otros países para salvaguardarlos pero en Costa Rica estos no han sido reconocidos
(Fecon 21/01/2020.) Defensoría de los Habitantes dará su criterio a la Sala Constitucional sobre la contaminación con mercurio que acontece en las inmediaciones de la Finca Vivoyet en Crucitas, lugar donde la empresa minera Infinito Gold pretendía extraer oro y que ha sido invadida por mineros improvisados que han desatado una emergencia ambiental que podría traer consecuencias irreversibles sobre los entornos naturales del Río San Juan.
En 2018 FECON interpuso una denuncia junto al abogado ambientalista Álvaro Sagot contra el Ministerio de Salud por el desacato del Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames
(Decreto Ejecutivo N°37757-S). Mismo que le da responsabilidades al Ministerio de Salud sobre el desastre ambiental que vive la zona de Crucitas en Cutris de San Carlos.
Con estos argumentos para inicios del año 2019 FECON llevó a los tribunales constitucionales un recurso de amparo, acogido bajo el expediente N°19-011277-0007-CO, denunciando esta inacción y solicitando se reconozcan derechos de los ecosistemas en esta zona. Es por esto que uno de los argumentos más innovadores de esta denuncia en términos jurídicos son los Derechos de la Naturaleza.
Según Sagot «Es vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía colombiana ante la desidia institucional.»
El uso de desechos orgánicos en biocombustibles ayudaría al control de los gases de efecto invernadero
Investigadores de la UCR exploran el uso potencial de biomasas propias de Costa Rica para la generación de biocombustibles. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Existe la posibilidad de que Costa Rica produzca su propio combustible para reducir gastos en importación? ¿Podría el sistema de transporte costarricense funcionar, en su totalidad, a partir de biocombustibles? Estas son algunas de las preguntas que busca responder un proyecto que nace en la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dicha iniciativa tiene como objetivo generar biocombustibles a partir de desechos orgánicos provenientes de la agroindrustria, corrientes de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos orgánicos urbanos, aguas negras, excretas de la crianza de animales y plásticos, mediante un procedimiento novedoso denominado licuefacción hidrotérmica (LHT).
“Costa Rica posee una matriz de energía eléctrica excelente, un 95 % es generada por medio de fuentes renovables. Sin embargo, el 60 % de la energía total que consumimos proviene de combustibles fósiles, fundamentalmente para el sector transporte. Este tema está muy ligado con la parte de emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global”, explicó el investigador principal del proyecto y director de la EIQ, Dr. Esteban Durán Herrera.
De allí surge la necesidad de buscar una alternativa al uso de combustibles tradicionales (los cuales tienen un fuerte impacto en el ambiente), de manera que las fuentes renovables se introduzcan en la generación de energía limpia dentro del sistema nacional de transportes.
Como parte de la primera etapa de tal iniciativa, la EIQ se aventuró a explorar el uso de desechos orgánicos o biomasas disponibles en Costa Rica, como el pinzote de banano y el rastrojo de piña.
“Con este proyecto se estudia y evalúa el uso posible de biomasas propias de nuestro país, ya sea en la actualidad o potencialmente, porque no pretendemos explorar solo los desechos de piña, banano y café, sino también otras opciones, como pueden ser algas o lodos de aguas residuales, a las cuales en este momento no se les saca ningún provecho”, mencionó Durán.
La innovación
El LHT consiste en transformar una sustancia de un estado gaseoso a líquido. Esto ocurre por la acción de la temperatura y el aumento de la presión. Es decir, acontece un cambio químico que produce una mezcla de hidrocarburos, los cuales al enfriarse se condensan en un líquido.
Como en la mayoría de los procesos de gasificación, la biomasa no tiene que ser seca debido a que la licuefacción hidrotérmica se realiza en estado húmedo.
A criterio de Durán, este es el primer trabajo en el país que explora el uso de dicho procedimiento y, si se obtienen buenos resultados en la etapa experimental de investigación, uno de los objetivos a futuro sería realizar el LHT en mayor magnitud para, eventualmente, construir una planta piloto en Costa Rica que permita probar el concepto con un incremento en los volúmenes. Si se logra un efecto positivo, podría escalarse a una planta con capacidad industrial.
Al integrar a este proceso los desechos de la agroindustria, se garantiza su manejo adecuado, lo cual reduce de forma considerable los problemas ambientales, como la proliferación de plagas, malos olores y enfermedades.
El proyecto está a cargo del Dr. Esteban Durán Herrera, con la colaboración de la estudiante Mariángel Escalante Castro, la Licda. Natalia Montero Rambla, la Dra. Natalia Hernández Montero y el estudiante Raúl Ulate Sancho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Durán indicó que las empresas nacionales productoras de banano y piña han estado anuentes a contribuir con el proyecto, al facilitarles biomasas para las investigaciones.
Asimismo, este experto se refirió al gran beneficio que pueden obtener las empresas con el desarrollo de esta iniciativa, pues el tratamiento adecuado de los desechos, en lugar de representarles un costo, se podría convertir en una ganancia. Lo anterior porque no se trata solo de un desecho, sino más bien de una materia prima.
De esta forma, podrían resolver la problemática que surge de la mala gestión de las biomasas y obtendrían un ingreso, al cederlas para que se conviertan en biocombustibles.
En Costa Rica, se producen cerca de 183 000 toneladas de desecho de pinzote de banano y 4.28 millones de toneladas de rastrojo de piña, al año.
Beneficios para Costa Rica
“Hay múltiples beneficios, el principal sería que podríamos sustituir, no en su totalidad, pero sí en una fracción, el uso de los combustibles tradicionales. A nivel nacional, se ha establecido como meta disminuir la huella de carbono, y los combustibles fósiles son, sin duda, uno de los componentes más importantes de esta”, recalcó Durán Herrera.
Otra de las grandes ventajas señaladas por el director de la EIQ es el incentivo económico que se daría al sustituirse la importación de combustibles, provenientes del petróleo, por la producción y empleo de los distintos tipos de biomasas disponibles en Costa Rica.
Además, los biocombustibles, al ser químicamente muy similares a la gasolina tradicional, pueden ser utilizados en cualquier medio de transporte. Tal es el caso que, si fuese necesario, podría usarse un automóvil alimentado cien por ciento con combustible de este tipo.
Actualmente, esta iniciativa se encuentra en su etapa experimental, la cual desde hace aproximadamente 11 meses ha dado buenos resultados. Según el investigador, un próximo paso consistirá en desarrollar cálculos económicos y de escalamiento para determinar si, a partir de los efectos obtenidos, sería posible construir una planta que lleve a cabo una producción anual de biocombustibles.
Si no fuese rentable, sería necesario evidenciar cuáles condiciones tendrían que cambiar para que sí lo sea. También un potencial resultado de la investigación podría ser que esta propuesta no es rentable del todo.
“Estamos muy contentos con el proyecto, hemos tenido muy buena acogida, porque el proceso como tal tiene muchas ventajas y, de llegarse a concretar y ser rentable, tendría múltiples beneficios. Nos sentimos muy entusiasmados, pues hemos tenido mucho apoyo”, concluyó Durán Herrera.
Bianca Alina Villalobos Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
