San José, miércoles 30 de abril 2018
Nosotros, como miembros del grupo de profesionales que defendimos el patrimonio natural y la institucionalidad costarricense ante el Proyecto Minero Crucitas, llevando a cabo diferentes procesos legales que culminaron con la anulación del proyecto, presentamos ante la opinión publica nuestra posición ante los lamentables hechos violentos ocurridos recientemente en el poblado de Crucitas:
1) En primer lugar, nos referimos a los comentarios que circulan por redes sociales, afirmando que hubiera sido mejor permitir la minería industrial a lo que está ocurriendo en días recientes. Sobre esto, podemos decir, sin dudas, que los impactos ambientales que están aconteciendo en la región de Crucitas no se hubieran evitado con el desarrollo de la minería química industrial en gran escala, como lo era el Proyecto Minero Crucitas. Al contrario, los impactos hubieran sido mucho más profundos, duraderos y generales. Las afectaciones producidas por la minería artesanal, aunque peligrosas y lamentables, se limitan a áreas superficiales de la vegetación y suelo, y a la peligrosa contaminación por mercurio. El Proyecto Minero Crucitas iba a excavar tajos de 67 metros de profundidad en promedio, destruyendo dos acuíferos subterráneos, y exponiendo una gran área de roca a la erosión y el drenaje ácido. Igualmente tendríamos ahora una peligrosa laguna de colas de 143 has de extensión, llena de desechos mineros, incluyendo trazas de cianuro. La ruptura de las represas que contienen estas lagunas han sido la causa de grandes derrames de desechos mineros en muchos proyectos de este tipo alrededor del planeta. Hay que recordar el accidente de Mariana, Brasil, que contaminó un río en 600 kilómetros de su longitud. Igualmente en Chile, el proyecto minero Pascua Lama, fue suspendido por medio de una orden judicial confirmada en última instancia por la Corte Suprema de Justicia en el 2013, tras comprobarse contaminación hídrica subterránea en tres glaciares. La minería química industrial es una fuente de múltiples impactos ambientales, a pesar de tratar de presentarse con una cara ordenada y técnica.
2) Los impactos sociales y humanos, que ahora imperan en la región de Crucitas, tampoco se hubieran evitado con el Proyecto Minero. La intención de la empresa canadiense era la explotación del oro subterráneo durante 10-15 años, tras lo cual dejaría la finca abandonada. El oro superficial, el que ahora está siendo explotado por los oreros, hubiera quedado disponible para estimular invasiones y explotaciones ilegales, iguales a las que estamos viviendo ahora. Es muy probable que la región hubiera sufrido entonces el doble impacto de la minería industrial y la minería artesanal ilegal, como ocurre en tantas regiones auríferas del mundo.
3) Fue demostrado en los tribunales que el proceso de aprobación de los permisos al Proyecto Minero Crucitas se basó en procedimientos ilegales. El Tribunal Contencioso Administrativo fue incluso más allá de esta constatación en su sentencia del 2010, al afirmar que “tal cantidad de ilegalidades, todas concurrentes y provenientes de funcionarios de diversos órganos y de los más variados niveles, incluyendo autoridades políticas superiores, aunados a las actuaciones de la misma empresa, hace también viable pensar en la posibilidad de alguna orquestación de voluntades para lograr la puesta en marcha del proyecto minero Crucitas de cualquier manera”. Varios funcionarios que participaron en el otorgamiento de permisos se encuentran actualmente bajo investigación para determinar si cometieron o no tal delito. Los costarricenses debemos exigir que se respete nuestro ordenamiento jurídico, y bajo ningún motivo tolerar la corrupción, menos aun cuando esta práctica afecta directamente el patrimonio natural. La realización del Proyecto Minero Crucitas hubiera probablemente representado el triunfo de prácticas amañadas en la administración pública, vicios que nuestro país está intentando desterrar.
4) El Estado, en sus diversos niveles (poder ejecutivo, municipalidades, instituciones autónomas, etc.) es el responsable de promover el desarrollo de las comunidades marginadas de nuestro país. Grupos ambientalistas no pueden resolver los problemas económicos y sociales de una región, sólo orientar y estimular su progreso llamando al Estado a cumplir su papel. Como grupo activo en el juicio de Crucitas, hicimos todos los esfuerzos por acelerar el juicio de ejecución de sentencia, para que las fincas de Crucitas quedaran como recurso para la comunidad, y para que los montos cobrados al Estado y a la empresa financiaran proyectos de desarrollo locales. Infelizmente, errores judiciales permitieron la huida de la empresa Industrias Infinito sin pagar los daños ambientales causados. La ejecución de la sentencia todavía está en proceso de revisión judicial. Nuestros esfuerzos en este sentido fueron en vano. Debemos también resaltar las iniciativas impulsadas por el diputado Edgardo Araya Sibaja, miembro de nuestro grupo, quien promovió obras municipales y realizó esfuerzos por atraer la atención del Estado a la región de Crucitas. Pero sin políticas públicas de largo plazo que prioricen el desarrollo sustentable local de las comunidades, es difícil conseguir que las inversiones públicas y privadas se interesen por habitantes de las zonas rurales marginadas del país.
5) Llamamos a la fuerza pública a ejercer su papel de custodio de las fronteras nacionales, del patrimonio natural y de la legalidad. Es una situación compleja pero que se puede manejar a través del diálogo y la presencia de otras instituciones estatales en la región. Es muy posible que intereses oscuros estén detrás de la masiva entrada de oreros a la finca de Crucitas, movilizando y financiando esta invasión. El fenómeno se asemeja a las últimas invasiones coordinadas de oreros al Parque Nacional Corcovado. Sin la presencia decidida de la fuerza pública, será imposible atajar el extractivismo, la cacería y otras prácticas, que como la minería, atentan gravemente contra nuestros bosques y biodiversidad. Las leyes ambientales deben cumplirse. Pero el orero, cazador o maderero más humilde también requiere de alternativas. En nuestro grupo trabajan profesionales que han dedicado su vida al impulso del ecoturismo, la agroecología, el manejo ecologista de bosques, la protección y uso sustentable del agua y el comercio justo con los agricultores, por señalar algunas de nuestras actividades. Es el futuro que aún imaginamos para Crucitas.
Firmantes:
Bernal Gamboa Mora, abogado
Alvaro Sagot Rodríguez, abogado
Edgar Fernández Fernández, abogado
Edgardo Araya Sibaja, abogado.
Gabriela Cuadrado Quesada, abogada
Luis Daniel Gonzáles Aguiluz, abogado
Gino Biamonte Castro, biólogo
Jorge Arturo Lobo Segura, biólogo
Imagen tomada de nota enviada por FECON publicada en SURCOS:
Minería en Crucitas y crimen organizado
Enviado por Verónica Sheehan.
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