Estudiantes en el campus universitario. ubicación Preti, Palimpesto, Generales
Galardón Ambiental 7° edición
La Sétima Edición del Galardón Ambiental 2024-2025 permitirá alinear acciones con el resto de las instituciones públicas y avanzar hacia la sostenibilidad en todas las sedes y recintos.
La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) realizó el 6 de diciembre de 2023 el lanzamiento de la séptima edición del Galardón Ambiental UCR 2024-2025 , un programa que desde hace 8 años promueve la cultura ambiental y calidad de vida en la Universidad de Costa Rica.
La principal novedad de la nueva edición es que está alineada con los contenidos del “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica” (PGAI), además propone cuatro niveles de participación y una sola herramienta para todas las unidades participantes.
Con esta nueva propuesta metodológica, que atiende las necesidades actuales de la gestión ambiental para la sostenibilidad, la UGA logrará que todas las acciones en materia ambiental que se desarrollan en las diferentes unidades de la UCR sumen para lograr la excelencia.
Por segundo año consecutivo, la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvo el Reconocimiento Excelencia Ambiental que otorga el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a las instituciones públicas que destacaron por su desempeño en el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).
Reconocimiento a la excelencia
El programa Galardón Ambiental UCR, que inició desde el año 2016 y que ha logrado involucrar a más de 100 unidades de la Institución en la implementación de buenas prácticas ambientales, ha sido clave para lograr el reconocimiento a la excelencia, que otorga el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Gracias a ello, este año la UCR obtuvo una calificación superior al 92,5 en el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) y se ubicó entre las 71 instituciones públicas, clasificadas en la categoría denominada verde +, según el Semáforo de Implementación del PGAI, siendo las verdes + las calificaciones más destacadas que van de 92.5% hasta 106 %, al obtener puntos extra.
El Recinto de Grecia de la Sede de Occidente, junto con la Sede Rodrigo Facio y el Instituto Clodomiro Picado, es una de las tres primeras unidades en contar con un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). El M.Sc. Rodrigo Rodríguez, miembro de la Comisión Ambiental del recinto, detalla cómo lo lograron.
La institución aportó evidencia sobre aproximadamente 19 ítems en los cuales se evalúa. Entre ellos: acciones de divulgación de la política ambiental, el funcionamiento de la comisión ambiental, nivel de planificación del PGAI, registros de consumo y buenas prácticas ambientales en todos los aspectos que prioriza el PGAI.
Consumo de agua, electricidad, combustible, papel, gestión de aguas residuales, residuos, compras sostenibles, la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero, entre otros aspectos, son evaluados por la Dirección de Gestión de Calidad (DIGECA) del MINAE de manera anual.
El Dr. Roberto Guillén Pacheco, Vicerrector de Administración, recalcó la contribución de las personas que trabajan en las unidades participantes del Galardón Ambiental UCR: “gracias a ustedes podemos aspirar a construir una universidad sostenible haciendo eco del alto compromiso con la sociedad costarricense, y siendo líderes en el desarrollo de un modelo de campus sostenible, que impacte de forma positiva en su entorno”, acotó el jerarca.
Nueva edición, nuevas metas
Más allá de los logros alcanzados, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) busca mantener la excelencia en la gestión ambiental institucional y lograr la sostenibilidad en sus tres pilares: social, ambiental y económico, en todos los campus y recintos universitarios. Para ello, lanzaron una nueva estrategia de Galardón Ambiental UCR, 2024-2025 que se alinea con el PGAI y con la estrategia de biodistritos.
El gran cambio en la nueva edición es que ahora existen niveles de participación que tienen como objetivo la mejora continua, según dos criterios medibles: la permanencia en el programa de Galardón y el compromiso, medido por el aumento del alcance, la cantidad de personas que participan, espacio físico y cumplimiento de criterios adicionales, innovación y capacidad de autogestión.
Niveles de Galardón Ambiental
Semilla (1 o 2 años de participación, unidades intermitentes, no galardonados),
Plántula (4 o 5 años de permanencia),
III. Árbol (cumplir con nivel plántula por 2 años, alcance del 90 a 100% de la población y espacio físico)
Bosque (es una categoría especial para sedes, recintos y fincas que cuentan con PGAI).
Cada una de las unidades pueden optar por subir de nivel o permanecer en el mismo por varios años, lo más importante es que cumplan con los criterios establecidos en la herramienta. Para todos los niveles aplicará la misma herramienta que contiene criterios obligatorios que aportan al PGAI de cada sede o recinto.
Aunque la participación de las unidades es el Galardón Ambiental sigue siendo voluntaria, es importante recalcar que el cumplimiento de criterios mínimos es obligatorio para todas las unidades que conforman la universidad, la cual, al igual que el resto del sector público, debe cumplir con la normativa vigente, según detalló la gestora ambiental Marianela Abarca Espeleta.
Precisamente estos programas buscan el establecimiento de un sistema de gestión ambiental en las dependencias del Estado, tal como lo dicta la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839 y el Reglamento para la Elaboración del Programa de Gestión Ambiental institucional (PGAI) en el sector público de Costa Rica Decreto Ejecutivo N°36499 y su reforma.
El lanzamiento de la sétima edición del Galardón Ambiental UCR 2024-2025 se realizó el 6 de diciembre el Auditorio de la Facultad de Educación. Allí el equipo de la Unidad de Gestión Ambiental instó a la comunidad universitaria a unirse a la campaña nacional Stop Animal Selfies.
Katzy O`neal Coto
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Realizado con participación comunitaria y resultados son parte de la red mundial de corales
El 4 de noviembre del presente año, El Centro de Buceo Comunitario Embajadoras y Embajadores del Mar (CCBEM) con participación de personas de la comunidad realizaron un monitoreo respecto a la salud de los corales en La Caracola, ubicado en Punta Cocles, Limón, Costa Rica. Este fue el punto inicial de la evaluación de 300 corales de la zona donde ya se contaba con registros previos en este lugar. Para esto se utilizó una metodología y los resultados serán accesibles en Reef Check, de Coral Watch de la Universidad de Queensland de Australia. Tanto el monitoreo como el Centro parten del enfoque de Ciencia Ciudadana es decir con capacitación y participación de la comunidad, donde se presentarán próximamente los resultados.
En el gráfico de los resultados del monitoreo se demuestra que la cantidad de corales blanqueados aumentó con respecto a los datos que se tenían en 2020, donde los corales tenían un nivel de blanqueamiento más bajo que en la actualidad. Para este gráfico se utilizó una escala de colores del 1 al 6 donde el 6 representa un coral sano y el 1 más claro blanqueamiento. El monitoreo del presente año, demostró un valor de 31,33% en los corales con coloración 2, mientras que en el 2020 era de un 1%, es decir, se aumentaron 30,33 puntos porcentuales. Uno de los tipos de coral que también fue de gran preocupación fue el llamado “cuerno de alce” ya que este es importante para la reproducción y regeneración del arrecife y según los datos recopilados, es uno de los más vulnerables al blanqueamiento en esta zona. La preocupación ante estas condiciones es alarmante pues como lo menciona Ana María Arenas de la Comisión de Corales CCBEM “es la primera vez que estamos frente a un evento tan masivo” y desde inicios de noviembre hicieron la denuncia pública ( Alerta por Grave Blanqueamiento de Corales en el Caribe Sur, 1-11-23).
A pesar de esto, Los Embajadores del Mar, realizaron una georreferenciación de los corales sanos, con el fin de seguir monitoreando su estado. Una de las personas que colaboró en este proceso es Markus Brown, una persona de la comunidad que conoce de toda su vida este arrecife, él menciona que en cuestión de dos semanas el coral se blanqueó de una manera muy extrema. Para él es importante externar a la comunidad costera que se vive del mar, “el mar para nosotros es como nuestro motor, no hay que darle la espalda.”
Markus menciona que se debe de tener una comunidad consciente del estado de los ecosistemas costeros, ante esto y resalta la importancia de las capacitaciones que realizan los Embajadores del Mar. Ellos se encargan de preparar a la comunidad para dar continuidad a los procesos de monitoreo que ellos vienen haciendo desde hace varios años. La ciencia ciudadana es central para esta organización pues permite que como ciudadanos, sean parte de la recuperación y protección de los arrecifes. Ana María menciona que este grupo de la comunidad se encarga de recolectar la información para poder dársela a la comunidad científica y así, conocer cómo se puede trabajar para mejorar el estado de los corales, a partir del trabajo en conjunto de la población y la academia.
Sin embargo, no todo son malas noticias. Laura Vanopdenbosch, directora de Investigación de INNOCEANA una organización presente en el Pacífico Sur de Costa Rica, específicamente en la Isla del Caño, menciona que la importancia de monitorear los arrecifes también está relacionada al interés por entender por qué no todos los corales se están blanqueando. Los “Super Corales” tienen la capacidad de blanquearse y recuperarse, es decir, tienen una gran capacidad de resistencia a los shocks térmicos y se reconocen como colonias sanas.
Ella explica que desde INNOCEANA se realizarán investigaciones que permitan entender el funcionamiento del sistema inmunológico de estos Super Corales y de esta forma, utilizar esos corales fuertes para hacer restauración, que al ser fuertes y al replantarlos, se puede obtener cierta garantía de que puedan soportar o recuperarse de algunas condiciones como parte de la crisis climática y el fenómeno del Niño.
Tanto los Embajadores del Mar, como INNOCEANA y Markus Brown, reconocen la importancia de intervenir desde distintas posiciones ante esta situación mundial tan alarmante. Desde las organizaciones trabajando unidas entre sí, como con la ciudadanía, que además del arrecife, también recibe repercusiones directas, es posible generar acciones colectivas que permitan el funcionamiento óptimo y sano de los arrecifes coralinos del país. Como lo menciona Laura, “es posible tener más impacto si estamos todos involucrados”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Conversamos con personas vecinas de Santa Rita de Río Cuarto para conocer lo sucedido el pasado jueves 30 de noviembre, cuando una comunidad sufrió por la noche de intoxicaciones por la atomización de los agroquímicos en una plantación vecina de piña. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver esta situación con lo sucedido en la Escuela la Victoria de Río Cuarto? ¿Qué están haciendo las autoridades?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
Empresa vinculada a contaminación de Escuela La Victoria de Santa Rita de Río Cuarto
El pasado 30 de noviembre del 2023 en la noche, se produjo una situación que puso en peligro la salud de la población del Barrio El Progreso en Santa Rita de Río Cuarto. Jessica Luna, narra que alrededor de las 8:20 pm había maquinaria rociando productos agroquímicos en una finca que se encuentra detrás de sus casas. Ella comenta que era “un olor insoportable, hasta respirar costaba, yo procedí a cerrar las ventanas y encender el abanico y a mí, y tengo conocidos que a los chiquitos más que todo, les produjo náuseas, unos dijeron dolores de cabeza, malestar estomacal, picazón en la garganta y en la nariz y hoy amanecí igual, con los mismos malestares, es un olor tan fuerte que uno inhala y exhala y siente el producto en el paladar, comiendo uno siente hasta amarga la comida.”
Ante esto, Francisco Pérez menciona que el olor era tan fuerte, que los vecinos decidieron llamar al 911 para que enviara a la Fuerza Pública y estuvieran enterados de la situación, sin embargo, él dice que la Fuerza Pública pasó por todo el barrio y no le preguntó a nadie qué estaba sucediendo y no levantaron ni un acta de lo sucedido. Por otra parte, resulta ser que el dueño de esta finca que atomizaron durante la noche es el mismo dueño de los terrenos que estaban ocasionando problemas de salud en algunos niños de la Escuela de La Victoria de Río Cuarto.
Hay que recordar que en esta escuela se ha producido dos intoxicaciones masivas:
El 23 de junio de este año, el arrendatario de la finca piñera que colinda con el centro educativo IDA La Victoria, en Santa Rita de Río Cuarto, aplicó agroquímicos y generó la afectación de nueve menores de edad (24-8-23, Semanario Universidad).
El 4 de agosto, 2 adultos y 14 menores de edad de la misma escuela resultaron intoxicados, después de que se aplicaran agroquímicos en una finca distinta, pero que se ubica a unos 300 metros al este de la escuela (24-8-23, Semanario Universidad).
Héctor Dávila, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Agrocultivos externó su preocupación ya que él comenta que esta es una situación que se ha salido de control y que está presente desde hace varios meses. Él comenta que este es un problema que se puede catalogar como una completa irresponsabilidad principalmente por parte de las empresas que siembran piña. Héctor cuenta que en La Españolita “también hay fincas que siembran piña muy cerca de las casas de habitación y las aplicaciones nocturnas están al ojo de todos, hay casas que viven a escasos 6 metros de donde hay plantación piñera… no es justo que personas tengan que estar sufriendo afectaciones en su salud por el bienestar económico de muy pocos”
Él añade que esta situación involucra a varios actores más allá de las empresas piñeras, también comenta que otros de los responsables, es el gobierno local con una preocupante gestión en cuanto a este tema y otro es el ejecutivo pues no se está haciendo mucho por esto. Héctor expresa que “por la misma razón nosotros motivamos que estos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa (Proyecto de ley Expediente N° 23.783 para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente) a favor de regular este tipo de aplicaciones, salga lo antes posible, para poder, si fuera posible, integrar todos esos tipo de productos agroquímicos que están generando una gran afectación a salud y el bienestar de las personas”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON), rechazamos la denuncia en contra de la compañera Damaris Sánchez, coordinadora de la Red Nacional en Defensa del Agua – Panamá, y 20 personas más, que protestaron en defensa del ambiente y los derechos del pueblo, lo cual es un derecho legítimo de la ciudadanía, por lo tanto, exigimos se les retiren los cargos.
A la vez felicitamos a las organizaciones y al pueblo panameño por la gran lucha que han dado y la victoria obtenida en la Corte Suprema de Justicia contra la empresa minera First Quantum Minerals; la magnitud de las movilizaciones en Panamá fue algo similar a la lucha y triunfo en Costa Rica en los años 80’s contra otra empresa canadiense llamada ALCOA, ambas significan un ruinoso negocio para los países, y empobrecimiento para las comunidades.
Además, agregar que nosotres como activistas y miembres del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON), y viviendo en el sur de Costa Rica donde hay muchas industrias extractivistas como Delmonte con la piña, la ganadería, la caña de azúcar; estamos convencides acerca de la urgencia en apoyar las causas que cuestionen la economía neoliberal que en ninguna forma es una economía acorde con el tiempo de emergencia climática que vivimos.
Cuando cierta vez leímos que el Benemérito de la Patria, Dr. José María Orozco, en medio de su formidable trabajo conservacionista, había propuesto en 1938, crear «un parque nacional. El primero de los que ha de reclamar el adelanto del país… en el monte del volcán Poás», como hoy lo conocemos luego de formalizarse como el primer parque nacional de Costa Rica, de verdad que valoramos su visión, reconocimos su esfuerzo y lo vimos desde entonces, como «Padre de los Parques Nacionales». Y lo vislumbramos así por haberse adelantado más de 20 años, a lo que luego se iría forjando en Costa Rica, como parte de una tendencia mundial, por lo que abogamos junto a otros ciudadanos (obviamente sin éxito) porque con su ilustre nombre se bautizara el Parque Nacional Volcán Poás. Biólogo distinguido que también por esos años, propuso la creación de reservas naturales, la conversión de las islas San Lucas y Chira en sitios de conservación de especies forestales, y, por lo que es más conocido y admirado, por haber tenido el buen tino de escoger la guaria morada como Flor Nacional.
Pasó el tiempo y con el desarrollo de la ecología como ciencia, en momentos en que avanzaba la destrucción ambiental en el planeta y la preocupación ya provocaba reuniones internacionales, surgió una serie de costarricenses y científicos extranjeros especializados en temas ambientales, ocupados en la tarea urgente de crear áreas de conservación. Algunos, desde posiciones vinculadas a instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), vieron la necesidad de avanzar en la preservación de, al menos, algo de la riqueza natural del país, cuyos bosques estaban siendo arrasados, a una tasa de deforestación que no tenía parangón a nivel mundial. Ello, entre otros, consecuencia de un concepto de «desarrollo», que consideraba la tala del bosque como una «mejora» que, incluso, propiciaba que se incentivara legalmente la destrucción de los “improductivos bosques”, por quienes consideraban que el país podría desarrollarse principalmente a partir de la ganadería extensiva y los monocultivos, cuya frontera se veía interrumpida por los árboles, arbustos, charrales, humedales, y todo lo que obstaculizaba, decían, el progreso nacional.
Pues bien, en medio de esa miopía circunstancial, hubo quienes, herederos de las iniciativas del Dr. Orozco, y en respuesta a la necesidad de contar con áreas de conservación que enfrentaran a los que efectivamente veían la destrucción como desarrollo, se ocuparon por preservar áreas del país. En esa carrera desigual, ¡había que crear parques nacionales y otras áreas de conservación!, pero no se sabía cómo acometer esa grandiosa tarea. Los recursos humanos y financieros, eran limitadísimos; lo que sí era inmensa, era la incomprensión hacia esa tarea marginal, improductiva, en un país que demandaba el cumplimiento de otras prioridades. El MAG estaba para fomentar la ganadería, aunque fuese extensiva, pues era fuente de divisas extranjeras que tanto necesitaba el país para pagar productos importados, para satisfacer ciertas necesidades. Y, por supuesto, para cultivar, ojalá productos de exportación, también generadores de divisas.
En medio de esa situación predominante, que aún persiste en algunas personas, estaban quienes hablaban de la necesidad de crear parques nacionales, sin saber cómo. Desde unos vetustos escritorios, rodeados de ingenieros agrónomos que de ecología no conocían ni su definición, se hablaba de ello, se pensaba qué hacer, pero no se avanzaba en forma significativa.
Las ideas volaban, pero los recursos humanos y materiales escaseaban, y la experiencia era apenas incipiente.
Por otro lado, los doctores Joseph Tosi, Leslie Holdridge y Alexander Skutch, muy especialmente, con sede en el Centro Científico Tropical (CCT), ya para fines de la década del 60, gozaban del conocimiento técnico-científico necesario para tomar decisiones sólidas y bien fundamentadas, sobre cuáles áreas de Costa Rica podrían ir conformando ese ansiado conjunto de áreas de conservación, en general, y parques nacionales, en particular. Ya en el CCT se conocían las zonas de vida y ecosistemas excepcionales que habría que documentar en el terreno, pero llegar a ellos con equipos de funcionarios era casi imposible, empezando por las vías de comunicación casi inexistentes.
Así que había un gran pero que no parecía poder resolverse fácilmente. ¿Quiénes se aventurarían hasta los rincones más inaccesible, para, desde el terreno, desde los humedales, desde los bosques secos, desde las cavernas, desde los páramos, desde los arrecifes marinos, desde los sitios arqueológicos, desde los grandes bosques, desde las playas con sus ecosistemas vegetales contiguos, desde las remotas playas en que anidan las tortugas marinas en ambas vertientes, sitios todos ellos remotos y de casi imposible acceso, en que habría de investigarse sus características biológicas y socioeconómicas, tomar notas, identificar especies, enfrentar peligros naturales y de personas hostiles, al tiempo que muy posiblemente, habría de enfrentar hambre y otros inconvenientes?
Se miraba alrededor y no se veía cómo resolver esa tarea imprescindible, fundamental, insustituible. No se contaba con siquiera carreteras rústicas, y en los lugares a estudiar, no había ni senderos que pudieran seguirse con seguridad, por lo que la ausencia de facilidades materiales, indiscutiblemente eran barreras casi infranqueables. Habría que emprender peligrosas caminatas, en lugares secos, boscosos y en pantanos, hasta quién sabría dónde, sin conocer los caminos de regreso, en medio de la incomprensión de dispersas comunidades que les mirarían con sumo recelo, pues temían por sus tierras casi todas adquiridas informalmente, por lo cual los extraños podrían andar como parte de las gestiones que les cuestionarían su presencia en ellas. ¿Quiénes se aventurarían?, reiteraban, y todo ello sin poder ganar un salario consecuente a la magna tarea.
Se reconocía que en Costa Rica no habría cómo conformar un equipo humano calificado, dispuesto a aceptar retos semejantes, con la energía y convicción necesarias, que garantizaran los resultados soñados, mientras los días, meses y años seguían pasando.
Mientras se cavilaba alrededor de esa casi imposible tarea, que estaba impidiendo avanzar sustancialmente en la creación de parques nacionales y otras áreas de conservación, se crea, prácticamente en el papel, en un rincón del MAG, un Servicio de Parques Nacionales, encargado de volcanes como el Poás, el Irazú, el Turrialba y otras áreas cercanas al valle central. Álvaro Ugalde y Mario Boza, cumplieron esa tarea y otras conexas, sin lograr avances significativos, pues aún dentro de los gobernantes, se expresaban contradicciones propias del desconocimiento sobre la importancia de preservar la riqueza natural. Ejemplo de ello, fue el proyecto de ley publicado en La Gaceta del 25 de diciembre de 1966, con que se pretendía alquilar la isla del Coco, por 40 años, por un colón al año, para un desarrollo turístico con capital alemán, aprobado así, con evidente entusiasmo, en comisión legislativa. La situación pues, no era fácil.
Mientras eso pasaba, allá en un pueblito rural estadounidense en la cuenca del río Misisipi, un muchacho que como niño había hecho «diabluras» en pro de la protección de especies silvestres, metiéndose en problemas con sus maestros y profesores, e incluso con su familia, se desarrollaba como un rebelde adolescente, quien no solo convirtió la bañera familiar en refugio temporal de tortugas, serpientes y renacuajos, sino que además protestó indignado por las ranas que habrían de ser disecadas en clases de laboratorio de biología. Luego, en «college», regresó a su hábitat las ardillas que su profesor había prometido no sacrificar como parte de un experimento, muchas veces sin sentido, como los que nosotros también vimos en la Universidad, sin que protestáramos como él sí lo hizo valientemente, a riesgo de ser expulsado de la institución.
Corría la década del 60, y las manifestaciones contra la masacre que Estados Unidos llevaba a cabo en el lejano Viet Nam, tampoco le fueron indiferentes. Su conciencia le impedía aceptar la quema de los bosques con una gasolina gelatinosa llamada napalm, y mucho menos, el dolor y muerte, de niños y adultos, mujeres y hombres, que los bombarderos B52 y las fuerzas terrestres, infringían a millones de civiles, por órdenes recibidas desde la Casa Blanca en Washington. Tan real fue su actitud, tan convincente, que no les quedó más que ubicarlo como «objetor de conciencia», lo que lo libró ser cómplice de esa criminal matanza, que tantas consecuencias físicas y psicológicas, paradójicamente, ha tenido para los entonces jóvenes que fueron forzados a participar de esa guerra injusta.
Deseoso de alejarse del ambiente racista y de represión que se vivía en muchas ciudades de los Estados Unidos en 1968, ese muchacho, casi adolescente, buscó el aire fresco y la naturaleza que ya había conocido meses antes y que añoraba, en un país centroamericano de gente amable, sin fuerzas armadas desde unas dos décadas antes, llamado Costa Rica. Y la oportunidad se le presentó, cuando se alistó en el Cuerpo de Paz, creado por el Congreso de los Estados Unidos en 1961, con el fin de que jóvenes voluntarios pudieran “promover la paz y la amistad mundial… bajo condiciones difíciles si es necesario”.
Así, con esa misión 13 muchachos voluntarios, entre ellos el muchacho rebelde con causa de que hablamos, el hoy Dr. Christopher Vaughan, llegó un día de 1971 al Aeropuerto Internacional El Coco, “armado” con dos cámaras fotográficas, compradas con lo ganado trabajando en una gasolinera en 1969, una mochila y su libreta de apuntes diarios, pero dispuesto a disfrutar del verdor del país del que se había enamorado, y de la paz y amabilidad que imperaba entre su gente.
No más llegando, y sin conocerlo, pero consciente de las grandes necesidades que estaban impidiendo avanzar en la creación de parques nacionales que el país requería, desde la dirección de parques nacionales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ingeniero agrónomo Mario Boza, en un papel le anotó cuál iría a ser su tarea: BUSCAR ÁREAS QUE PUDIERAN CONVERTIRSE EN PARQUES O RESERVAS. Para lo cual, por supuesto, debía hacer un inventario a nivel nacional para hallar áreas con características excepcionales o una zona de vida determinada, para luego escribir informes con los límites preliminares, planos, recursos, urgencia, estimación de costo de la tierra. Tarea seguramente pensada para un equipo multidisciplinario, pero que se le estaba planteando a él individualmente, cuando apenas estaba llegando al país.
Cuenta Chris en su extraordinario libro “Parques nacionales de Costa Rica: su búsqueda en los 70”, “estaba horrorizado, pues mi tarea era descomunal”.
Como apoyo “de oficina” principalmente, contaba con el equipo científico del Centro Científico Tropical, Tosi, Holdridge, Skutch, y el naturalista Olof Wessberg, con quienes se reunía (principalmente con Tosi), para analizar sus apuntes y señalar tareas inmediatas, antes de partir de gira y a su regreso, después de literalmente, haber pasado hambre, soportado situaciones impensadas, desvelado muchas veces, bajo situaciones de incertidumbre frecuentes.
Pero fue tal el éxito logrado por Christopher Vaughan (Chris, como le conocemos sus amigos y discípulos) que no le importaban los sacrificios y penalidades vividas, ¡siempre sin quejarse ante nadie!, mientras caminaba por senderos de dantas, porque el baqueano estaba “de goma”; mientras se exponía a los enfrentamientos violentos que se deban por lucha de tierras entre campesinos y empresas poderosas como Osa Productos Forestales (OPF), principalmente en la península de Osa, donde luego se establecería el Parque Nacional Corcovado; por las inclemencias del tiempo en zonas de humedales con abundante fauna amenazante; mientras se alimentaba solo de atún enlatado y algunas galletas; mientras dormía en un rancho con alacranes por doquier que para evitar que se subieran a los camones, la patas se introducían en latas con agua; mientras las pulgas, las hormigas y otros insectos no lo abandonaban durante los días en que, con gran esfuerzo, trataba de cumplir bien su misión; mientras se encontraba en media selva con visitantes imprevistos como los felinos; mientras se vio comprometido a comer carne de puma y de danta, ofrecido por unos buenos vecinos, a los que no se les podía decir que no para que no lo vieran como un enemigo; mientras exhausto y empapado, tenía que meterse en su bolsa de dormir, dominado por el cansancio; mientras se quedó “varado” en un lejano lugar en espera de un bote, que irregularmente hacía recorridos hacia los destinos a los que esperaba llegar; mientras tenía que dejar escondida su moto en la maleza, ante la ausencia siquiera de un trillo que le permitiera seguir adelante.
¡Mas qué importan todas esas situaciones si veía, casi cotidianamente, cómo se iban creando los parques nacionales que, con su invaluable aporte, se estaban forjando!, y que, de otra manera, no se podrían haber creado.
“A finales de 1985, 19 de los 26 sitios que visité entre 1971 y 1974 estaban legalmente creados: nueve parques nacionales, un monumento nacional, cinco reservas biológicas, una reserva privada, una zona protectora y dos refugios nacionales de vida silvestre”, nos narra en su libro, por lo que no en vano, confiesa que esos años fueron “los más emocionantes y gratificantes de mi vida”.
Pues si para Chris así fueron esos años, para nosotros los costarricenses, fueron una bendición. Leyendo el libro nos preguntábamos sobre lo que sería hoy el sistema de áreas de conservación en Costa Rica, que pasó de poco más de 33.000 hectáreas, a tener más de un millón trescientas mil hectáreas, si aquel muchacho de genuino espíritu conservacionista, jamás se hubiera enamorado de nuestro país. Si aquel joven voluntario del Cuerpo de Paz, hubiera rechazado las tareas monumentales que le asignaron, o si unas semanas después, hubiera dicho, comprensiblemente, ¡ya no puedo más!
No tenemos duda alguna, que esa lucha diaria de Chris, en contra de las motosierras, las hachas, los machetes, las escopetas, los tractores, que casi alcanzaban sus talones, se habría perdido sin su entrega a la conservación ambiental. Los grandes científicos y atentos administradores que recibían de él los informes muy completos, acompañados de cientos de fotografías valiosísimas (cientos de ellas copiadas generosamente en el citado libro), seguramente se maravillaban por el estupendo trabajo que, casi siempre solitario, realizaba ese joven amante de la naturaleza y, circunstancialmente, forjador de nuestros parques nacionales.
Por ello, y más, los costarricenses, y los amantes de la naturaleza de todo el planeta, tenemos una gigantesca deuda con Christopher Vaughan, aunque ni él la reconoce como tal, ni la está cobrando.
Lo único que seguramente estará pidiendo, es que no se considere que la obra está terminada, pues como vimos recientemente con el presidente Chaves, hay mucha ignorancia alrededor de los asuntos ambientales, cuando dijo sarcásticamente, que tiene un plan para Caño Negro que señalará “cuántos predios están en disputa, cuánta tierra hay que declarar refugio, para compensarle a las ranitas, las culebras y los venados”, para agregar, “Por ahí de los años 90 a alguien se le ocurrió la ocurrencia de ay, qué bonito, desde algún escritorio ahí en Zapote le echan la firma a un decreto ejecutivo…”. Si alguna vez leyera el libro publicado por la Editorial Tecnológica de Costa Rica, seguros estamos de que su criterio sería justo.
Finalmente, creemos que la obra de Chris habrá de continuarse, como tarea individual de todos los habitantes de esta tierra venerada. Solo así, saldaremos al menos un poquito la deuda que con él tenemos. Costa Rica sería muy diferente, hoy si aquel joven no hubiera venido a compartir sus anhelos y sueños en pro de la naturaleza. Si el “Forjador de los Parques Nacionales” no nos hubiera regalado, con su entrega desinteresada, ese valioso tesoro que honra a Costa Rica.
Solidaridad y felicitaciones a la UGT que actuó dentro de sus principios, consciente y políticamente unido al movimiento cívico y patriótico del pueblo panameño en defensa de su soberanía contra compañías extranjeras por la explotación minera, contaminante, destructora de ecosistemas, la explotación obrera y encadenamientos de corrupción y sumisión de gobiernos por unos dólares más.
Con su bandera al frente, su espíritu unitario de lucha, con el apoyo de hombres y mujeres patriotas del orden jurídico, político y social, que han levantado su casta y dignidad para decir: ¡Basta ya! del vasallaje colonialista de viejas tendencias imperiales; así mismo, nuestro reconocimiento a la Sala Constitucional al considerar inconstitucional el Decreto Ley 406-2023 del pasado 24 de noviembre del 2023.
Los panameños han de sentirse orgullosos de parar de una vez por todas esas conductas imperiales monárquicas de empresas que históricamente han dejado desbastadas a Oceanía, en Asia la India, en África y en todo el periodo de la conquista y el coloniaje de América.
Una vez más el noble pueblo de Panamá volvió a levantar su bandera a la cumbre ante los ojos de las naciones del continente americano.
Celebran la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras.
Con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.
En San José, Costa Rica, el Parlamento Cívico Ambiental tomó una resolución el 24 de noviembre del 2023 considerando que la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social. Un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.
Asimismo, consideró que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos. Los antecedentes históricos muestran una progresión de hechos que desembocaron en justas protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se opusieron al proceder gubernamental respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que causó costos enormes para la población de esta hermana nación.
En reacción al nivel de las protestas el congreso panameño aprobó una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes.
El Parlamento Cívico Ambiental acordó declarar su solidaridad con esta lucha y Celebrar el llamado firme y decidido de la sociedad civil para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.
Llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico. Expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.
Finalmente, considerando que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068, acordó que con espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación de este proyecto.
Se adjunta el acuerdo completo.
Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
Asociación Ecologista Desamparados.
Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
Asociación Montaña Verde.
Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
Asociación Proyecto Camino Verde.
Asociación PEDAL
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
Asocuenca-Río Cañas.
Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
Centro de Acopio Preserva Planet.
Coalición Ambiental Costa Rica.
Cruzando Fronteras.
Escuela Socioambiental de Caraigres.
Federación Costarricense de Pesca.
For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
Fundación Confianza Verde.
Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
Fundación One Sea.
Fundación Operation Rich Coast.
Fundación Sombrilla del Bosque.
Fundación Somos Árboles y Vida.
Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
Green Wolf.
Hidrobag.
Milenio 3 S.A.
Movimiento Ciudadano PYMES CR.
Municipalidad de San Rafael de Heredia.
Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
Programa de Gestión Local UNED.
Red Costarricense de Reservas Naturales.
Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Capítulo Costa Rica.
Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional.
Directorio Parlamento Cívico Ambiental Bernardo Aguilar González. Presidente Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría
En representación de sus organizaciones miembro.
Texto del acuerdo completo
ACUERDO DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL SALUDANDO LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN PANAMÁ Y ADVIRTIENDO LOS INTENTOS PARA REVIVIRLA EN COSTA RICA
Considerando:
Primero: Que, desde el 12 de mayo del 2023, el Parlamento Cívico Ambiental ha manifestado vehemente y decidida oposición a propuestas que buscan implementar actividades extractivistas como la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.
Segundo: Que, de conformidad con los registros del Atlas Mundial de Justicia Ambiental, la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social.
Tercero: Que un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.
Cuarto: Que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos.
Quinto: Que el proceso de conflictividad actual tiene como antecedente que, desde la administración Pérez Valladares en 1997, se aprueba la concesión administrativa de Cerro Quema y la concesión de Petaquilla, concediéndose exoneraciones, tierra y agua sin la licitación exigida por la normativa.
Sexto: Que esas concesiones debieron cancelarse por ausencia de inversión durante el gobierno de Mireya Moscoso, cosa que no se hizo.
Séptimo: Que en la administración Torrijos, siguiéndose sin hacer las inversiones de ley, se aprobó que la concesión de Petaquilla se dividiera en Petaquilla Gold, explotada por empresas dirigidas por el empresario Richard Fifer, y Petaquilla Cooper, que fue comprada por la empresa canadiense Inmet. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Gold.
Octavo: Que en la administración de Ricardo Martinelli se impulsaron diversas reformas de la normativa ambiental y laboral panameña (ley chorizo) buscando favorecer a las compañías mineras, permitiendo a empresas extranjeras invertir en minería, con lo que Corea del Sur compró acciones de la minera del cobre. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Cooper, Inmet le vendió la concesión a First Quantum, en medio de demandas de inconstitucionalidad (1998 y 2010) para el proyecto y acusaciones de manipulación y especulación con el precio de sus acciones.
Noveno: Que en diciembre de 2017 se dictan los fallos de las dos acciones de inconstitucionalidad pero no se notifican. Asimismo, a pesar de ser inapelables, la administración Varela recurre los mismos. Indica la prensa panameña que esa administración pactó con la corte con el fin de que las mineras no fueran dejadas sin respaldo.
Décimo: Que en junio del 2021 se declara inconstitucional el proyecto minero nuevamente. Sin embargo, la corte se percata de que no se publicó el fallo del 2017 y procede a publicar un día el primer fallo y al día siguiente el segundo.
Décimo Primero: Que el gobierno de Varela había renovado el contrato de First Quantum en 2016 sin consulta, ni auditorías y con las demandas de inconstitucionalidad por fallarse. Esa administración no canceló tampoco la concesión de Cerro Quema.
Decimo Segundo: Que la administración Cortizo realizó el pacto del bicentenario y se renegocia el contrato con oposición clara de la ciudadanía a la minería. La Asamblea panameña recibe ese contrato en agosto del 2023 y producto de la consulta se le devuelve el contrato al ejecutivo a pesar de que el ordenamiento panameño establece que los contratos ley deben ser aprobados o rechazados. El gobierno retira el contrato el 10 de octubre y el 11 aprueba un nuevo contrato que es refrendado por la contraloría y vuelve al congreso el 16 de octubre. Se aprueba el contrato en primero, segundo y tercer debate y es firmado por Cortizo, saliendo publicado en la Gaceta para el 20 de octubre.
Décimo Tercero: Que inmediatamente después de estos hechos se desatan las protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se oponen al proceder respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que está cobrando costos enormes para la población de esta hermana nación.
Décimo Cuarto: Que en reacción al nivel de las protestas el congreso panameño ha aprobado una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes. Asimismo, se dictó anteriormente una resolución de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato que renegoció la administración Cortizo (Ley 406 de 2023) en la cual se ha declarado inconstitucional ese contrato, pero que tuvo defectos de forma en su publicación. En reacción a la situación se planteó un nuevo y definitivo recurso de inconstitucionalidad.
Décimo Quinto: Que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.
Por lo tanto, el Parlamento Cívico Ambiental acuerda:
Primero: Declarar su solidaridad con el pueblo panameño en la defensa de su derecho a un ambiente sano, de los derechos humanos de sus habitantes y en rechazo a estos contratos de minería a cielo abierto que atentan además contra la legalidad y la soberanía de esta hermana nación.
Segundo: Celebrar la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.
Tercero: Que llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico.
Cuarto: Que expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.
Quinto: Que con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.
Sexto: Acordamos difundir este manifiesto con la ayuda del Departamento de Participación Ciudadana a la prensa nacional e internacional, en los sitios del Parlamento y a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.
Dado en el Parlamento Cívico Ambiental de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a las 12:00 horas del 24 de noviembre del 2023.
Por las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental:
– Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
– Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
– Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
– Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
– Asociación Ecologista Desamparados.
– Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
– Asociación Montaña Verde.
– Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
– Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
– Asociación Proyecto Camino Verde.
– Asociación PEDAL
– Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
– Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
– Asocuenca-Río Cañas.
– Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
– Centro de Acopio Preserva Planet.
– Coalición Ambiental Costa Rica.
– Cruzando Fronteras.
– Escuela Socioambiental de Caraigres.
– Federación Costarricense de Pesca.
– For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
– Fundación Confianza Verde.
– Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
– Fundación One Sea.
– Fundación Operation Rich Coast.
– Fundación Sombrilla del Bosque.
– Fundación Somos Árboles y Vida.
– Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
– Green Wolf.
– Hidrobag.
– Milenio 3 S.A.
– Movimiento Ciudadano PYMES CR.
– Municipalidad de San Rafael de Heredia.
– Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
– Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
– Programa de Gestión Local UNED.
– Red Costarricense de Reservas Naturales.
– Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica-Capítulo Costa Rica.
– Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
– Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
– Universidad de Costa Rica.
– Universidad Nacional.
Firma su Directorio:
Bernardo Aguilar González. Presidente Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría
El 13 de noviembre los funcionarios que actúan contra-legem y la forma inoperante de la Municipalidad de Talamanca y el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) envió una carta al fiscal adjunto de la Fiscalía Agraria Ambiental, Pablo González, solicitando acciones legales penales contra funcionarios responsables de destruir deliberadamente el área silvestre protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Se denuncia el cambio de uso del suelo en hábitats de especies silvestres mediante documentos falsos y permisos de aprovechamiento forestal en el sector costero, omitiendo el artículo 14 de la ley forestal y careciendo de estudios técnicos justificativos.
La magnitud del daño y la colusión entre la Municipalidad de Talamanca y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), requiere un abordaje integral, ya que la persecución penal tradicional no aborda las causas de la destrucción. Se solicita una investigación exhaustiva contra funcionarios públicos inoperantes y corruptos, denunciando la falta de acciones coercitivas en la mayoría de los delitos ambientales. Se menciona la necesidad de abordar eventuales ilícitos y otros aspectos en el sector costero, involucrando a funcionarios públicos de la Municipalidad de Talamanca y del Área de Conservación Amistad Caribe.
El Programa Bandera Azul tiene la categoría de Eventos Especiales que busca impactar en el aseo e higiene de un evento masivo, así como en las personas que asisten al mismo.
Estudiantes de la carrera de Salud Ambiental logran el galardón en la categoría de Eventos Especiales
En el marco del curso de Educación en Salud Ambiental de la Carrera de Salud Ambiental de la Sede Guanacaste se llevó a cabo la VI Jornada de Salud Ambiental que se desarrolla cada año.
Uno de los objetivos del curso es enseñar y dar herramientas a los y las estudiantes para que puedan ejercer la Salud Ambiental en diferentes ámbitos, por tal motivo es que los estudiantes del curso SL-0804 organizaron la Jornada, que se realizó entre el 13 y el 15 de noviembre. Participaron representantes del Área de Conservación Guanacaste, miembros de las municipalidades, docentes y estudiantes.
La M.Sc. Wendy Porras Barquero, docente del curso, explica que a cinco estudiantes les correspondió realizar las gestiones para obtener la Bandera Azul para Eventos Especiales.
Para lograrlo se trabajó en la construcción de un plan de manejo de residuos sólidos, un plan de emergencia con rutas de evacuación y punto de reunión, y un plan de riesgo, además durante la realización de la jornada se tuvo que mantener activa una brigada, hacer uso adecuado de la energía, mantener el ornato, y el cuido del agua, entre otros requisitos, que tenían que estar coordinados un mes antes del evento.
Actividad de compensación de recolección de media tonelada de residuos de las Playas del Coco, Playa Hermosa, Playa Panamá, en conjunto con el TCU Salud Ambiental, estudiantes de Ingeniería de Alimentos y estudiantes Agronomía de la Sede de Guanacaste.
Gracias a los estudiantes Doris María Ruiz Centeno, Yareth Bolaños Arias, Brandon Medrano Cordero, Alejandro Manuel Sequeira Méndez, Reychel Kasandra Villegas Chavarría y Yissleidy Daniela Piña Salazar, en conjunto con el personal administrativo de la Sede se logró obtener la Bandera Azul para Eventos Especiales, Cumpliendo todos los requisitos con calificación 100.
Al final del evento se presentó al público una actividad de compensación de recolección de media tonelada de residuos de las Playas del Coco, Playa Hermosa, Playa Panamá, en conjunto con el TCU Salud Ambiental, estudiantes de Ingeniería de Alimentos y estudiantes Agronomía.
El Programa Bandera Azul Ecológica es un esfuerzo interinstitucional, que responde al fortalecimiento de la salud pública y de la actividad turística. Actualmente, cuenta con diez categorías, de las cuales Eventos Especiales es una de ellas, y es un programa administrado por varias instituciones del sector público y organizaciones de la empresa privada.
Norma Varela Marín Docente y Gestora Cultural, UCR