FrenteTIERRA extiende una invitación a la presentación del video “Crisis climática, camino a la extinción”, el jueves 11 de mayo a las 6:00 p.m. en FECOU, UCR, edificio Saprissa. Esta actividad trata de la exposición del video, además de un conversatorio y problematización sobre el panorama ante la crisis.
Información compartida con SURCOS por Matthew Cook.
El pasado 27 de abril, la Asociación para el Desarrollo y la Ecología envió un oficio a la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta y al Lic. Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República con el fin de denunciar que desde hace algunos años, funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) con la complicidad del actual director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y viceministro de ambiente, el señor Rafael Rojas Gutiérrez, se han empeñado en reducir los límites del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo bajo el pretexto de reconocer derechos de los pobladores del Caribe Sur.
De acuerdo con el oficio presentado, la biodiversidad del Caribe Sur está siendo segmentada y fraccionada para dar paso a lujosas villas, mediante las certificaciones SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 y SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076- 2020, ambas del 23 de julio de 2020, transgrediendo el informe “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”.
Esta situación le fue informada al Fiscal Agrario Ambiental I y II Circuito Judicial de la Zona Atlántica Licenciado Minor Seas Duarte pero, este no tomó ninguna acción en defensa del ecosistema al igual que la Fuerza Pública y los mismos administradores del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, a pesar de que cada viernes, a partir de las tres de la tarde, se puedan escuchar motosierras, ver vagonetas realizando rellenos y maquinaria en general, destruyendo el hábitat de especies únicas.
Por lo anterior, se le solicitó a la Procuradora General Aguanta y al Fiscal General de la República que procedan conforme a sus competencias a individualizar y sancionar a Don Rafael Gutiérrez Rojas pero, también a Edwin Cyrus Cyrus, Francisco Domínguez Barros, Fanny Cruz Torres, entre otros, debido a que todos los coadyuvantes de la Ley 9223 están segmentando y fraccionando áreas silvestres protegidas en beneficio de sus estrechos intereses.
El sábado 27 de mayo de 2023 a las 6:15 a.m, en la carretera La Bolsa, comunidad La Gamba, se celebrará la participación ciudadana “Una herramienta de monitoreo de avifauna”. La actividad consta de una salida a campo de aproximadamente 2 horas y una charla sobre herramientas de observación de aves de 30 minutos. La actividad busca resaltar la importancia del monitoreo comunitario como una herramienta de empoderamiento y apertura al conocimiento de la biodiversidad de nuestra comunidad y su aprovechamiento responsable.
Se ofrecerá refrigerio para los participantes.
Se recomienda llevar agua, zapatos, y ropa cómoda para caminar en bosque, instalar las aplicaciones eBird y Merlin. En caso de tener binoculares, guías de aves o cámara pueden ser llevadas.
Debe confirmar la asistencia con Reiner y Gilberto a los teléfonos 8454-2315 y 8808-4811.
Información compartida con SURCOS por Reiner Canales.
En Platanar de Florencia de San Carlos estudiantes y trabajadores de la Escuela La Ceiba fueron trasladados a centro médico. La piñera Bella Vista está a menos de 50 metros de la Escuela, salón comunal y casas de habitación (Allan Jara, 5-5-23).
La emergencia en escuelas fumigadas en Costa Rica no es nueva en días recientes la Escuela de Villanueva de Upala, sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos (Bloqueverde 2-5-23). La expansión piñera ha invadido los alrededores de Escuelas, Iglesias, Ebais y centros de población.
Costa Rica no cuenta con reglamentaciones sobre las fumigaciones sobre centros de población, centros educativos o de salud. Las autoridades se niegan a generar normativa al respecto.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el Bloqueverde propuso que ese proyecto incluya además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Por su parte el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear medidas para que las comunidades no sigan siendo fumigadas con plaguicidas y las piñeras. El FRENASAPP reitera la importancia de que se retiren al menos 200 metros (1).
Se reportan números casos en los que las comunidades se han quejado de fumigaciones que afectan centro de población. En el Congo de Guácimo, provincia de Limón, están expuestas todos los días a la aplicación de agroquímicos a pocos metros de sus casas. Cuando hay aplicaciones todas las familias deben de salir de sus propias casas para no ahogarse con el veneno.
Otro caso conocido fue la Escuela del Jobo de los Chiles en 2011, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotóxicos diariamente debido a que la institución estaba rodeada por una plantación piñera (2).
1. Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
2. Denuncian escuela sitiada por la piña (2011). http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1080-denuncian-escuela-sitiada-por-la-pina.html
Los días 28, 29 y 30 de abril 2023 se celebró el 9° Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas “CRISIS Y SUPERACIÓN. Traspasando las fronteras del pensar”, donde se abordaron ejes temáticos que hablan sobre la crisis de acción, pensamiento y experiencia humana que atraviesa la humanidad en el momento actual.
El día 30 abril Herberth Contreras expuso la Teoría de Síntesis, que busca establecer principios para un nuevo modelo de desarrollo por medio del “Modelo Sistémico como operador universal o función integral de orden superior, que permite identificar 5 fortalezas sistémicas de nuestra biosfera para basar una política nacional de bienestar humano sostenible en lo ambiental de mediano y largo plazo.”
Posteriormente a la exposición se realizó un conversatorio donde se abordaron preguntas y aportes, con la participación de José Rafael Quesada, Elizabeth Días Gómez, Doris Balvín y Sebastián Marín.
Compartimos la exposición y el conversatorio:
Imagen, UCR.
En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.
En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.
Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.
Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.
Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares. Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.
“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.
Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.
En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.
Kioscos Ambientales, UCR
La administración Chaves Robles ha dejado claro que los temas ambientales no son su prioridad o mejor dicho, ha dejado claro que es prioridad para Rodrigo Chaves desmejorar la condición ambiental del país priorizando el modelo extractivo y contaminante, enlistamos algunos de las principales retrocesos ambientales del gobierno:
Ante los hechos recientes de la intoxicación de 27 personas de la Escuela de San José de Upala, nos detenemos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la situación actual de la fumigación aérea en Costa Rica, su falta de regulación y protocolos pone en riesgo a miles de personas que viven cerca de estas plantaciones.
Por esta razón, a partir de la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa bajo el número No. 23.697 Ley de Protección Fitosanitaria para prohibir en un radio de tres mil metros alrededor “centros de población, centros educativos, centros de salud, EBAIS, clínicas, hospitales, centros de deporte y recreación, así como carreteras y áreas de paso”. Les invitamos a reflexionar sobre el contexto que representa la fumigación para las personas que trabajan o viven cerca de estas plantaciones.
La capacidad de concentración y traslado de estas sustancias a través del polvo y el aire, hace que su interacción sea indiscriminada y ponga en riesgo los ecosistemas, y en particular tenga efectos irreparables en la salud humana.
Les invitamos a leer la nota de Semana Universidad Ecologistas piden normativa que restrinja fumigaciones cerca de centros educativos o de salud.
Compartimos la siguiente infografía con algunas ideas claves para la reflexión.
Freddy Pacheco León
Ni Costa Rica está flotando en petróleo, ni estamos respirando el contaminante gas metano.
¡No existe ni un yacimiento comprobado, ni viabilidad de encontrar uno!
Todo es un «cuento chino» de sus promotores, dispuestos a «vender la idea» a algún interesado en jugarse una lotería.
Olvidan que la belleza natural de nuestras playas y áreas marinas, y la extraordinaria biodiversidad que enaltece al país, además de constituir una gran riqueza en sí misma, sustentan una industria turística que es la mayor fuente de empleo y de divisas, y que ha de cuidarse de cualquier amenaza, como la que significan los desastres petroleros.
¿En cuál zona costera, por ejemplo, querrían unos pozos petroleros? ¿En Guanacaste o en el Pacífico sur? ¿En el Pacífico central o en el Caribe?
(Bloqueverde- Oilwatch Costa Rica, 26-4-23). La ruta de ‘bienestar económico y calidad de vida’ propuesta el día de ayer por la UCCAEP evidencia la atrasada mentalidad de una generación empresarial anclada en desangrar a la tierra y los seres humanos para hacer dinero y además profundiza su tendencia contra la vida evidenciada en posiciones retrogradas contra el Acuerdo de Escazú o hablar de “acoso ambiental.”
Mientras las nuevas generaciones se aprestan a dar una de las batallas más trascendentales para la Humanidad, otros -los que ya vivieron la mayoría de su vida- quieren precipitar la debacle climática del planeta al insistir en reactivar la explotación petrolera en Costa Rica.
Es una clara propuesta de testamento para la salud del clima del planeta. De concretarse semejante retroceso, mataríamos nuestra verdadera gallina de los huevos de “oro”, ya que la verdadera riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad y en la gente que la resguarda. La propuesta señalada nos llevaría a lapidar la inspiración que ha generado Costa Rica a nivel internacional en ser libre de este tipo de extractivismos. Estas añejas y cavernarias propuestas de acabar con el futuro en un momento en el que hay que apostar por las nuevas energías y la protección de la biodiversidad solo pueden ser ocurrencias oscurantistas y desfasadas.
La propuesta está asentada sobre una posibilidad remota: la improbable existencia de petróleo en Costa Rica. Ni siquiera los impulsores de esta falacia pueden asegurar de forma certera que hay petróleo en este país. Todo se basa en números y datos de compañías que los inflaban en al son de la especulación para vender el proyecto y sacarle plata demandando al Estado.
Se presentan la misma colección de números alegres que se puede hacer con cualquier calculadora y que acompañaron las intenciones de pasados intentos de explotación petrolera, todos rechazados mediante estudios científicos, dictámenes técnicos, recursos legales y con organización social.
Todos estos números alegres lo que no nos muestran son los costos ambientales que traería esta industria para la sociedad, los ecosistemas y la maltrecha atmósfera. Precisamente las anteriores intenciones para esta actividad arrojaron mayores costos socio ambientales que los mentados y supuestos beneficios.
La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en la administración de Abel Pacheco. Óscar Arias se negó a firmar el contrato con la Mallon Oil. Laura Chinchilla amplió el decreto de moratoria hasta el 2021 y la moratoria también fue ratificada durante la administración Solís y por la pasada administración extendiéndola hasta el 2050.
El actual gobierno en campaña dijo no al petróleo y si al gas, pero estudiando costo beneficio como combustible de transición, sin saber muy bien técnicamente que eso no es posible, es decir el gas y el petróleo vienen asociados. Que transición puede ser hacer más extractivismo y seguir calentando el planeta.
Imagínense a los turistas viendo plataformas de explotación petrolera en la costa y sus típicas mareas negras de brea tapizando de inmundicia la arena blanca del Caribe… ¿Acaso se les olvida cuál es la principal fuente de divisas que tiene nuestra economía?
Al tiempo que el resto del mundo discute como reducir la quema de petróleo y migrar hacia otras alternativas, en Costa Rica se salieron de las cavernas retrógrados trasnochados irrespetando algo que ya fue discutido y acordado. Costa Rica ya decidió dejar el petróleo bajo tierra y liderar en temas ambientales. Esto no lo va cambiar toda la agenda desregulatoria y regresiva ambientalmente impulsada por el actual gobierno.
Es urgente dejar los combustibles fósiles bajo tierra, dejar que el planeta se enfrié, dejar de quemar combustibles fósiles. Ya no hay tiempo para devolverse a este tipo de discusiones estériles y que retardan las decisiones y acciones que se necesitan para ayer.
Con esta propuesta a la borda la cumbre del clima, convenios internacionales, leyes, resoluciones y planes para reducir la dependencia del carbono esta propuesta es una invitación a volver a la barbarie y al pasado. Ya se sabe que la tierra es redonda y no plana, y ya se sabe que, de seguir quemando petróleo, no habrá futuro. Llamamos a las nuevas generaciones a organizarse y a pelear por su futuro. A los que ya jugaron y no aportaron en su momento les decimos que no sean tan inconscientes y dejen a las futuras generaciones las posibilidades y las condiciones para la sobrevivencia.
Dos preguntas claves de exploración petrolera
¿Hay beneficio nacional?
En el Artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos No. 7399 queda claro que el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado. Del análisis del contrato firmado a nombre del Estado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez a favor de MKJ-XPLORATION 8-1999 (que más tarde cedería sus derechos a Harken) queda claro que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En este contrato se establecía solamente reinvertir “un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias. Además, la actividad petrolera afectaría negativamente las actuales actividades económicas más importantes del país que es el turismo y la agricultura (Alvarez, 2015).
¿Por qué se rechazó la exploración petrolera en 2002?
Primero, se firmó una concesión sin estudio de impacto ambiental y posterior se firma el contrato con un Estudio de Impacto Ambiental de reflexión sísmica. Luego en marzo del 2002 un segundo Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Mohín” fue declaró al proyecto “no viable ambientalmente” por la SETENA. Esto abrió toda una discusión nacional sobre la legalidad o vigencia del contrato con Harken Costa Rica Holdings firmado sin aprobar un verdadero e integral Estudio de Impacto Ambiental. El contrato lo incumplió la empresa al no poder aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. A finales del 2003, Harken exigió una compensación de US$ 57.000 millones, mediante un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial. En el 2005 como la demanda internacional no tenía sustento demando al Estado en el ámbito contencioso administrativo y bajo su pretensión a trece millones de dólares ($13.000.000,00) por los daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005). En 2014 es decir 9 años después el Tribunal Contencioso da la razón al Estado la sentencia No. 1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C. (Alvarez, 2014).
Imagen: Semanario Universidad.