Desde SIPROCIMECA se ha expresado un total apoyo a Martha Rodríguez como la legítima representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
Se ha exigido el cese de la persecución política y el hostigamiento a causa de su posición de férrea defensa y lucha por la seguridad social, la CCSS y los derechos laborales de los funcionarios del sector salud.
CGR también investiga luego de la denuncia interpuesta por ANEP
Estudios arrojan un sobre precio de ¢170 mil millones
Por medio de una medida cautelar, presentada este lunes 12 de agosto, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la ANEP, pretende frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.
La acción de la ANEP obedece a que hay un sobrepago excesivo para el desarrollo de este negocio, que rondaría los ¢170 mil millones.
“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los EBAIS en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, manifestó Rodrigo Rosales Arce, Asesor Legal externo de la ANEP.
Semanas atrás desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se denunció como, aparentemente, directivos de la CCSS pretendían modificar ciertos informes que beneficiarán la escogencia de las cooperativas
El pasado 10 de julio, la Contraloría General de la República, indicó que dio curso a la denuncia presentada por la ANEP, para identificar el supuesto favorecimiento de las cooperativas y el sobreprecio que este generaría para la institución y la Hacienda Pública.
La ANEP ha identificado aparentes irregularidades en la adjudicación de los EBAIS a cooperativas y una asociación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre las principales, se destacan:
Sobreprecios: Se ha reportado un aumento del 60% en los costos de los servicios adjudicados, sin que se haya justificado adecuadamente el incremento en la cobertura de atención y en nuevos servicios. Este incremento en términos absolutos estaba determinado por más de 200 mil millones de colones, sin embargo, por descuentos realizados por los oferentes posterior a la declaración de excesividad de precios se disminuyó a 170 mil millones.
El posible daño a la hacienda pública y la Seguridad Social se podrían dejar de construir más de 300 EBAIS o financiar medicamentos de alta importancia para los pacientes, así como el uso en otras prioridades institucionales. Es un monto tan cuantioso que inclusive podría financiar la construcción de un hospital como Cartago o Limón.
Tráfico de influencias: Se han presentado denuncias que sugieren la existencia de posible tráfico de influencias en el proceso de adjudicación por la aparente manipulación de los criterios con la creación de grupos o el uso de información de una unidad que no es la competente para fundamentar una decisión de alta relevancia, lo que podría haber afectado la transparencia de este.
Decisiones sin quórum: La Junta Directiva de la CCSS, tomó la decisión de adjudicar la administración de 138 EBAIS, en una sesión extraordinaria donde no contaban con el quórum estructural necesario, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso.
Recomendaciones ignoradas: A pesar de advertencias de Gerencia Financiera, la Dirección Financiero Contable, el Área de Contabilidad de Costos sobre los sobreprecios, así como la recomendación de la Junta de Adquisiciones de declarar la infructuosidad, sin existir una justificación técnica y financiera contundente, la Junta Directiva de la CCSS procedió con la adjudicación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha comenzado a investigar estas denuncias, junto con la Contraloría General de la República, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el proceso, así como las posibles implicaciones financieras que se podrían generar a los costarricenses por pagar un sobreprecio sin que se traduzca en mejoras sustanciales de los servicios.
La ANEP irá hasta las últimas consecuencias y pide a las instancias a las que ya se denunció celeridad y que se sienten las acciones correctivas pertinentes, cuando se encuentren a los responsables.
La seccional ANEP-Municipalidad de Tibás impulsa ante las autoridades municipales del cantón una propuesta de reajuste salarial del 3%.
El presidente de la Seccional de ANEP de la Municipalidad de Tibás, el señor Henry Varela Carmona señala: “Este viernes 09 de agosto a las 3:30pm llevamos una propuesta salarial del 3% para empezar las negociaciones importantes por el bienestar económico de las familias de la Municipalidad de Tibás. Esperando que estas sean de bienestar y las llevemos a buen puerto. Desde más o menos el 2022 no tenemos aumento salarial…esto viene en base al conocimiento que nos hace la ANEP, el estudio que hace la ANEP, en base a los aumentos en los últimos años donde ha habido un deterioro”.
Desde la seccional ya se han realizado todos los estudios de factibilidad correspondientes para solicitar dicho reajuste.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) anuncia una huelga el 28 de agosto de 2024, y en las regiones el 29 de agosto, en protesta contra el congelamiento salarial.
Advierten que, si no se actúa, en 2025 se enfrentarán al sexto año consecutivo sin un reajuste salarial.
Durante la huelga, las oficinas estarán cerradas, e invitan a unirse a la protesta. Le invitamos a ver el video de ANEP con el llamado a huelga.
Diputada Rocío Alfaro Molina muestra el documento enviado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, donde se exponen las preocupaciones sobre las jornadas laborales de 12 horas.
En una reciente sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la diputada Rocío Alfaro Molina presentó dos mociones para convocar en audiencia a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense.
Estas mociones buscaban incluir los criterios de estas organizaciones sobre el proyecto de ley que propone jornadas laborales de 12 horas diarias. Sin embargo, ambas mociones fueron rechazadas por la mayoría de los diputados presentes.
Detalles claves
Primera moción (30 de julio de 2024): Con 8 diputados presentes, la moción fue rechazada con 5 votos en contra y 3 a favor.
Segunda moción (6 de agosto de 2024): Con 8 diputados presentes, la moción fue nuevamente rechazada con 7 votos en contra y 1 a favor.
La diputada Rocío Alfaro Molina expresó su sorpresa ante la negativa, destacando que estas organizaciones representan a un amplio sector de la población costarricense. Alfaro Molina subrayó la importancia de sus opiniones en temas como la calidad de vida y las condiciones laborales, especialmente en relación con el impacto que las jornadas de 12 horas podrían tener en la familia.
Además, la diputada resaltó que la Conferencia Episcopal ya había enviado un documento que manifestaba su preocupación por las posibles afectaciones a la convivencia familiar y la falta de garantías para proteger a quienes no acepten estas jornadas laborales.
El abogado constitucionalista Fernando Zamora hace denuncia de lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Costa Rica, explicando que en la década de 1980 el gobierno estadounidense le entregó al Banco Central una cantidad de dinero de 16,000,000 de colones con el objetivo de auxiliar a los ahorrantes en caso de quiebras financieras como la que ocurrió en Copemex, Aldesa o Coopeservidores.
Se explica también que dicho dinero fue dado ilegalmente en custodia del Banco Central con el propósito de generar intereses, capitalizarlo y que el fondo creciera. Según la investigación periodista del Semanario Universidad, el Banco Central le entregó fondos millonarios a una entidad bancaria privada para que siguiera manejando el dinero del fondo. Por su parte, el señor abogado expresa que desde su experiencia profesional, no entiende cómo se realizó esa transferencia de dinero a un ente privado si se trataba de fondos públicos en razón de que fue entregado por el gobierno estadounidense a un ente público, el Banco Central, y con un fin público: el de auxiliar a los ahorrantes.
Han pasado más de 40 años desde la entrega del dinero por lo que a día de hoy ya habría generado muchos intereses, pero según la información del Semanario Universidad, no hay información suficiente. De tal manera, se establecerá la denuncia en los órganos competentes y se avisará de cualquier eventualidad en el caso. Se les invita a ver el vídeo en el que se explica dicha situación en el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2024/08/Fernando-Zamora-denuncia.mp4
José Joaquín Meléndez González del comité organizador de la celebración del Día de Trabajador y la Trabajadora Bananera menciona que es una vergüenza desde el punto de vista humano, que aún se restrinjan las libertades sindicales, la negociación colectiva y la justa reivindicación del orden económico, social y profesional de los trabajadores. Asimismo, que exista una restricción a las huelgas, incluso señala cómo en la última Asamblea Legislativa decidió regular las huelgas o judicializar la huelga, lo cual él considera que es peor, por lo cual se sigue luchando.
Asimismo, Gerardo Vargas Varela expone cómo las nuevas generaciones deben darse cuenta que el sector laboral es altamente explotado, por lo cual solamente organizados y luchando se puede alcanzar la reivindicación que se necesita.
Es importante recordar que el 04 de agosto se conmemora en Costa Rica, la memoria de muchos líderes y lideresas sindicales, que gracias a sus esfuerzos y luchas, consiguieron muchas de las garantías sociales que gozamos hoy en día.
Estas personas luchadoras son los trabajadores y trabajadoras de las bananeras. Todos los trabajadores del sector bananero son contribuyentes del Estado de Derecho en el que hoy vivimos. La lucha que se llevó a cabo el 04 de agosto de 1934 en la comunidad de “26 Millas”, en donde el congreso de Trabajadores del Atlántico aprobó un documento que contenía peticiones y la decisión de iniciar una huelga por parte de los trabajadores de las bananeras, es un antecedente primordial en la historia de las garantías sociales del país.
Este hito se marcó cuando se entregaron las peticiones al administrador de la United Fruit Company y Carlos Luis Fallas (CALUFA) dio inicio a la huelga.
El pasado 04 de agosto, pasaron 90 años desde que se hizo la gran huelga del sector bananero, en la cuál acudieron 10 mil trabajadores y trabajadoras. Este día conmemora la lucha por la exigencia de mejores condiciones laborales, las cuales en la época eran: suero antiofídico en las bananeras, el pago quincenal y en efectivo de las horas laboradas, un pago que cumpliera el salario mínimo y dispensadores médicos entre otros.
Por otro lado, también es importante brindar homenaje a quienes lucharon por nuestros derechos como: la Columna Liniers 1943, en donde trabajadores de las bananeras marcharon a la capital para apoyar a Manuel Mora Valverde en el congreso de diputados, para apoyar la promulgación de las Garantías Sociales.
Así mismo, se hace una mención a Los Mártires del Codo del Diablo, asesinados por la Junta de Gobierno de José Figueres Ferrer.
Finalmente, le invitamos a descargar el PDF para leer la nota completa publicada por SITRAP y ANEP.
–Solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y de forma retroactiva
–Además, solicita que se reajusten en general los montos de las pensiones del IVM en un 3,09% de manera retroactiva a partir de julio de 2024
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó por medio de una carta dirigida a la Gerencia de Pensiones del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), un reajuste por costo de vida a las pensiones, además de un pago retroactivo por perdida de valor adquisitivo de las mismas.
En la carta enviada el martes 5 de agosto, se solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y que se cancelen las diferencias retroactivas a todos los pensionados que la reciben, en caso de que la CCSS no lo haya hecho.
La solicitud de la ANEP tiene fundamento en que, hasta el año 2018 la CCSS realizaba reajustes de las pensiones por pérdida de valor adquisitivo cada seis meses; sin embargo, de manera unilateral e inconsulta, las autoridades de la CCSS dejaron de aplicar dicha práctica a partir de dicho año, a pesar de que dicha decisión violenta los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, el principio de progresividad de los derechos humanos (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf) consagrado en el artículo 26 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)” y el principio de suficiencia recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en “R202 – Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)”(https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524).
Desde la ANEP, se cuestiona que, la CCSS no hizo el reajuste de 1,44% a los montos de las pensiones que correspondía aplicar el 31 de diciembre de 2018, sino que hizo un reajuste tardío de 2,01% en mayo de 2019. A partir de esa fecha, la CCSS dejó de hacer reajustes por costo de vida a los montos de las pensiones durante más de dos años. Fue hasta en junio de 2021 y diciembre de 2021 que la CCSS volvió a realizar dos reajustes por costo de vida; sin embargo, luego de su aplicación quedó una pérdida de valor adquisitivo de un 2,89% en los montos de las pensiones.
Así mismo, en la carta se indica que, “en junio de 2022, la CCSS dejó de realizar un reajuste de un 7,35% por pérdida de poder adquisitivo de los montos de las pensiones, lo que acumuló una pérdida de valor adquisitivo de un 10,45% en los montos de las pensiones. Pasaron casi dos años sin que la CCSS recuperara el valor adquisitivo de las pensiones; fue hasta finales del año 2023 que hizo un reajuste tardío e insuficiente de un 5,99%, quedando una pérdida de poder adquisitivo sin recuperar de un 2,88% así como la pérdida no reconocida de pagos retroactivos de dicho reajuste, desde junio de 2022 hasta setiembre de 2023.”
A la fecha actual, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por costo de vida, a pesar de que a julio de 2022 la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones es de un 3,09%, como puede verse en el Cuadro N° 1.
Otro de los argumentos del sindicato para las solicitudes a la Gerencia de Pensiones, es que, en enero de 2024, el salario mínimo de un obrero no calificado tuvo un reajuste de un 1,83% con respecto al salario mínimo del año anterior, estableciéndolo en ¢358.609,50 mensuales (https://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2023/octubre/cp_039_2023.html).
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de IVM esto significa que, a partir de enero de 2024, la CCSS debió reajustar el monto de la pensión mínima en esa misma cantidad, es decir, un 1,83%. Esto se debe a que la Base Mínima Contributiva (BMC) es el 87 % del salario mínimo, lo cual determina una BMC de ¢311.990 a partir de enero de 2024, con lo cual, a partir de enero de 2024 el monto de la pensión mínima debió aumentarse de ¢153.191,74 a ¢155.995,13; es decir, un reajuste de ¢2.803,40 mensuales. “Esto si es que la CCSS no sale con otro domingo siete, para dejar de hacer dicho reajuste”, indica la carta.
La ANEP, también está solicitando, el suministro del monto de la base mínima contributiva de IVM y del monto de la pensión mínima de IVM vigentes en los meses de diciembre de 2023 a julio de 2024.
Cuadro N° 1. Pérdida de valor de los montos de las pensiones de IVM
Fuente: Elaboración propia usando datos de la CCSS y del IPC publicando por el BCCR.
ANEP muestra su tristeza y preocupación por el asesinato del Ing. Eugenio Androvetto Villalobos profesional que siempre se ha desempeñado según sus colegas, con un alto nivel de integridad.
También informan que la denuncia de 209 páginas que contiene información sobre un caso de acoso laboral hacia su persona, ya fue presentada ante los abogados representantes de ANEP.
Por otro lado, también ANEP expone acerca de una investigación a fondo, para determinar si su asesinato fue en relación con la denuncia de acoso o incluso, con algún caso que demuestre lo peligroso que es ser gestor ambiental en el país en estos momentos.
Una asesora de ANEP, habla sobre la inseguridad que viven sus compañeros hoy en día, y les invita a hacer una convención colectiva.
Esto, indica Albino Vargas, para que conversen y establezcan todos los derechos de su gremio. Se impulsa de nuevo esta idea de asamblea con la unión del gremio del ANEP y de los funcionarios del Ministerio de Salud.
Para ampliar detalles le invitamos a ver el siguiente video: