“Las empresas agroindustriales de América Latina se han caracterizado por imponer un sistema laboral que castiga a los trabajadores de las plantaciones, a los jornaleros de las distintas bananeras, piñeras, cultivos de palma africana o café”, dice a modo de introducción Gerardo Castillo, asesor de la Rel UITA y especialista en capacitación laboral.
Castillo retrata en el siguiente video las condiciones en las que las empresas transnacionales, que desembarcaron hace años en la región actúan. “Se establecen en sectores cercanos a las fronteras donde puedan encontrar mano de obra necesitada y, por ende barata”.
Este testimonio de un trabajador en los cultivos de piña de la corporación Dole tiene fecha: 8 de abril de 2021. Pero perfectamente podría datar del 8 de abril de 1930 y provenir de alguna de las bananeras estadounidenses en Centroamérica, en esa época llamadas Standard Fruit Company o United Fruit Company. Casi un siglo después nada ha cambiado, y si no profundizamos y extendemos nuestra organización sindical, nada habrá cambiado tampoco dentro de un siglo. Las empresas ejercen una violencia feudal sobre trabajadoras y trabajadores, violando todos sus derechos laborales, sistematizando la persecución sindical, arrasando con la dignidad humana de los más vulnerables. Es necesario que cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué tan duro sería para mí levantarme cada día para salir a ganar el pan de mi familia en estas condiciones? ¿Qué puedo hacer para ayudar a cambiar esta triste e indignante realidad?
Le invitamos a escuchar el podcast sobre este tema y otros complementarios.
“Se necesitan estrategias de resistencia y apoyo ante el avance de la ultraderecha” –
Rel Podcast
Mariano Hoya, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA UGT), examina alcances y objetivos del acuerdo de cooperación suscrito junto a la Rel UITA y afiliadas de Argentina que enfrentan junto al resto del movimiento obrero la embestida del gobierno de Javier Milei.
“Este acuerdo nos hace reflexionar sobre el grave problema que está teniendo Europa, el mundo, las sociedades democráticas ante la proliferación de movimientos de ultraderecha que gobiernan ya importantes
países, con el propósito bien definido del adelgazamiento o eliminación en su totalidad del Estado de bienestar”.
Escucha y difunde el Podcast.
Luego de un análisis realizado al texto, la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) manifiesta su oposición, al proyecto de Reglamento de Afiliación para trabajadores independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Consideramos que: 1. La propuesta es lesiva a los trabajadores independientes, en nuestro caso periodistas, relacionistas públicos, productores audiovisuales, publicistas, diseñadores publicitarios y comunicólogos. 2. La base del cálculo resulta discriminatoria. 3. Se le confieren poderes amplios a la CCSS, que pueden resultar en actos abusivos de los derechos humanos de los ciudadanos. 4. Violentas normas constitucionales al derecho, al trabajo, la salud y la vida digna. 5. El plan es discriminatorio y confiscatorio.
Recordemos que el trabajo es un derecho humano y constitucional, por lo que le solicitamos a la CCSS, revisar dicho reglamento y modificar, las cláusulas que pueden ir en detrimento de los trabajadores independientes, en especial porque muchos de ellos, vieron afectados sus ingresos, a causa de la pandemia del Covid-19.
Junta Directiva 2021 Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación
Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense y quebranta la propia democracia, ya que limitaría la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, universidades públicas, municipalidades y instituciones estatales. Por Eugenio Guerrero Cascante
Nuevamente Costa Rica se ve envuelta en un ambiente político-social bastante convulso, tónica que se ha repetido durante el actual gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, primero con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (13%) en 2018, lo que provocó grandes movilizaciones que se extendieron por 89 días a lo largo y ancho del país, principalmente con la participación de trabajadores públicos, además de ciudadanos y organizaciones sociales.
Esta gran movilización laboral, que no se observaba en Costa Rica desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) en el año 2007, llevó al gobierno Alvarado Quesada y a la Asamblea Legislativa a modificar lo establecido en la Ley de la Reforma Procesal Laboral respecto al derecho de huelga de los trabajadores, implementando la “Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos”, denominada por los sectores sociales como ley “anti huelgas”; ya que se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga. Para los sectores sociales esto representó una clara estrategia gubernamental y de los sectores económicos más poderosos del país para allanar el camino para lo que venía.
La situación económica que enfrenta Costa Rica desde hace varios años por la falta de leyes y controles en contra de la evasión y elusión fiscal, así como los altos intereses de la deuda pública provocaron que el país cerrara en el año 2019 con un déficit fiscal de 6.96% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se incrementó a finales del 2020, cerrando en 8.1% de PIB. Cifra que representa la diferencia entre ingresos y gastos más alta de los últimos 40 años, según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Esta situación allanó el camino para que en el país se desatará una “guerra” ideológica en contra de los funcionarios públicos, achacándoles toda la responsabilidad de la situación fiscal del país, aunque esta última aseveración fue desmentida por varios Ministros de Hacienda de turno, sindicatos e incluso algunos diputados costarricenses.
Sin embargo, esto no impidió que actualmente se discuta en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Marco de Empleo Público (Expediente Legislativo 21.336), bajo esa misma estampa ideológica. Incluso fue utilizado por el propio presidente de la República para condicionar un préstamo por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que, “de no aprobarse dicho proyecto de ley, el FMI no giraría el dinero”; situación que fue desmentida por el propio FMI.
Trabajdorxs afiliadxs al SITUN y organizaciones de BUSSCO protestan en las afueras de la Asamblea Legislativa contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: SITUN.
ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD Y A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SINDHAC) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense, la autonomía institucional y quebranta la propia democracia.
Esto por cuanto los tres poderes supremos del Estado costarricense (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), son vulnerados, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será el Ejecutivo el que tenga el poder sobre los otros dos (Legislativo y Judicial), en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada.
Para las organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, la aprobación del Proyecto Ley Marco de Empleo Público traería consigo, implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Dirección General de Servicio Civil (DGSC). A esto se suma la autonomía institucional que perderían cinco universidades públicas, ochenta y dos municipalidades e instituciones como la emblemática Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Para Álvaro Madrigal Mora, Secretario General del SITUN, es claro que el proyecto Ley Marco de Empleo Público atenta flagrantemente la Constitución Política, donde está establecida la autonomía universitaria, la cual a través de los años ha fungido como una herramienta para ser un baluarte en la creación del Estado Social de Derecho Costarricense.
“El proyecto hace una intromisión en la potestad que se le ha dado a las universidades para su propia forma de organización y administración. Incluso toca hasta la libertad de cátedra. Sin embargo, independientemente de que este proyecto afecte de una forma diferente a las universidades públicas, debemos luchar por la defensa del Estado Social de Derecho de este país, que con este proyecto y otros que se han aprobado, más los que vienen haciendo fila, buscan la destrucción total de ese estado social de derecho” detalló Madrigal.
Por su parte Rebeca Céspedes Alvarado, representante sindical de la ANEP en la Municipalidad de Goicoechea, detalló que el proyecto Ley Marco de Empleo Público quita toda potestad de decisión a los alcaldes o alcaldesas, así como a los Concejos Municipales afectando el desarrollo de los cantones y comunidades.
“Exigimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que excluyan a las municipalidades de dicha ley, ya que viene a afectar la autonomía municipal que nos otorga la Constitución Política, esto perturbaría gravemente el desempeño administrativo, económico y comunal. Prácticamente las municipalidades pasarían a manos del Poder Ejecutivo por medio del MIDEPLAN, incluso atentando contra la elección popular de los alcaldes y alcaldesas por medio del voto”, manifestó Céspedes.
Trabajadorxs del Poder Judicial colocan carteles en las puertas de ingreso de los edificios judiciales para mostrar su rotunda oposición al proyecto de ley y mostrar a la ciudadanía sus efectos. Foto: ANEJUD
Otro de los sindicatos en alzar la voz en contra de este proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa es ANEJUD, organización sindical del Poder Judicial, que califica el proyecto de ley como un ataque directo en contra del empleo público y la clase trabajadora.
“Creemos que es una ley con la finalidad de reconfigurar el Estado y centralizarlo, desde el Poder Judicial. No vemos como pueden [gobierno] tener el poder sobre los jueces, fiscales o defensores, eso sería peligroso para la democracia de este país, esto es completamente inconstitucional, como también lo es, por ejemplo, el tema del salario global, que no exista ahora ya el principio de la retroactividad de la ley”, indicó Mario Mena, presidente de ANEJUD
Otra de las instituciones que se vería vulnerada con la Ley Marco de Empleo Público es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que los sindicatos de esta emblemática institución también alzan la voz en defensa de su institución, calificándola como una legislación desregulatoria y que atenta contra las garantías sociales.
“Esta ley es una de las maniobras más descaradas del gobierno que viene a romper y golpear las garantías sociales y la solidez en la autonomía de la institucionalidad costarricense, la cual ha brindado una estabilidad en temas como educación, salud, gestión municipal y acceso a servicios esenciales como agua y electricidad. Claramente esto tiene un trasfondo más grande, y es servir en bandeja de plata las prestatarias de los servicios públicos en Costa Rica hacia la tercerización o privatización, lo que significaría un duro golpe a la Caja Costarricense del Seguro Social y las Garantías Sociales”, aseveró Rodrigo López, Secretario General de ANPE.
Para las organizaciones sindicales costarricenses integrantes de la Internacional de Servicios Púbicos (ISP), es claro que las autoridades gubernamentales han decidido ignorar lo establecido en la Constitución Política, por lo que de aprobarse este proyecto será elevado de forma inmediata a la Sala Constitucional.
Además, no se descartaría iniciar acciones internacionales, ya que este violenta las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel mundial, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).
Imagen principal: Trabajadorxs municipales afiliadxs a la ANEP rumbo a la Asamblea Legislativa por la defensa de la autonomía municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: ANEP.
SURCOS comparte el siguiente video producido por SINAE:
Lenín Hernández, secretario general de SINAE y Afines manifiesta: «La CCSS es el pilar fundamental de nuestra democracia. Nos regala salud y una futura pensión a todos los costarricenses… la Ley Marco de Empleo Público atenta contra la seguridad social que gozamos todos nosotros…
La seguridad social y la CCSS nos toca defenderla a usted y a mí de quienes ven en la salud un negocio para unos pocos…»
La Escuela Sindical de SINDEU le invita al taller: Proyecto de Ley 21.336 Marco de Empleo Público y Salario Global a realizarse este jueves 25 de marzo de 2021 a las 3 p.m.
SURCOS recibió desde Limón varias fotos y videos que muestran lo que se califica como “un desastre en el servicio que ofrece la concesionaria APM”.
Como se conoce, los últimos gobiernos han impulsado un proceso para quitar a JAPDEVA la atención del servicio portuario e ir entregándolo en su totalidad a la empresa transnacional.
Ante ello recientemente el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) compartió mediante SURCOS su posición que puede leerse aquí: https://wp.me/p6rfbZ-ebw
Uno de los mensajes recibidos este 20 de marzo por SURCOS expresa lo siguiente:
“Buen día, en este preciso momento para ingresar a la Terminal Portuaria de Orden Mundial, APM Terminals, idea que nos vendieron, la cual no es cierta y se queda muy lejos de ser efectiva, en términos de Servicio a la Nave, Servicio a la Carga, Rendimientos Portuarios, Productividad, Efectividad, Logística y Costos Operativos en Comparación con los mismos Servicios que brindaba Japdeva como Autoridad Portuaria a esos buques, que le fueron trasladados de manera Arbitraria e ilegal a un Operador Portuario, que tiene que ser Supervisado por Japdeva y Fiscalizado por el Consejo Nacional de Concesiones. Adonde están los informes y sus resoluciones de estas anomalías e incongruencias que afectan a los usuarios y clientes de la Actividad Portuaria y Servicios Conexos. Por favor que alguien sea consciente y se manifieste de lo que se vive actualmente. Se agudizó el desempleo en mi Provincia, se elevaron los costos Portuarios a los Servicios, se afectó dramáticamente a la Población Económicamente Activa”.
A continuación, se presenta el pronunciamiento del Comité de Personas Interinas sobre la creación de una Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la Universidad de Costa Rica. Abajo esta la opción para firmar en apoyo a este pronunciamiento.
El pasado miércoles 17 de marzo de 2021 la Rectoría de la Universidad de Costa Rica anunció la creación de una Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la institución, a través de la Resolución R-66-2021. De acuerdo con dicha Resolución, la creación de esta Comisión Técnica tiene como objetivo “impulsar un nuevo régimen de remuneración en nuestra institución, con el propósito de lograr una mayor equidad en la estructura de los salarios de la institución y asegurar la estabilidad financiera”. Desde el Comité de Personas Interinas (CPI) expresamos nuestras perspectivas y nuestro posicionamiento en relación con la creación de esta Comisión Técnica.
El régimen salarial vigente en la Universidad de Costa Rica se caracteriza por ser altamente asimétrico y desigual entre los diferentes sectores que laboramos para esta institución, en perjuicio de la población trabajadora en condición de interinazgo. En ese sentido, consideramos que cualquier iniciativa que tenga como objetivo reducir estas desigualdades y construir un régimen salarial más justo constituye un paso en la dirección correcta.
No obstante, estamos en desacuerdo con algunos aspectos relacionados con la conformación de esta Comisión Técnica, los cuales, consideramos, pueden provocar resultados sesgados y poner en riesgo los objetivos que se dice buscar. En concreto, nos parece lamentable la falta de representación de diferentes sectores de la comunidad universitaria, cuya participación consideramos fundamental. A continuación, nos referimos a estos aspectos:
Lo primero y más llamativo es que el sector interino organizado está ausente en esta Comisión Técnica. Las personas trabajadoras en condición de interinazgo constituimos una mayoría de las personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica y somos víctimas directas de este régimen salarial desigual e injusto. Conformar una Comisión Técnica sin participación del sector interino, organizado a través del Comité de Personas Interinas (CPIUCR), representa una perpetuación de la exclusión que padecemos dentro de la Universidad. Además, desde el Comité de Personas Interinas hemos generado un importante proceso de reflexión y análisis, que es fundamental para encontrar soluciones a esta problemática.
La Comisión Técnica no tiene paridad de género. Del total de siete personas que la conforman, cinco son hombres y dos son mujeres.
La Comisión Técnica evidencia un sesgo hacia determinadas áreas del conocimiento en detrimento de otras. Con excepción de la persona representante de Rectoría, todas las personas que conforman la Comisión pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Facultad de Ciencias (básicas). Reconocemos que es fundamental la presencia de personas profesionales de ambas áreas del conocimiento; no obstante, llamamos la atención por el hecho que el problema del régimen salarial en la Universidad de Costa Rica no es solamente un tema económico-actuarial, sino también un tema social, político y de derechos fundamentales. Por lo tanto, es necesario incluir personas con formación en otros campos, que puedan aportar soluciones integrales y duraderas.
La Comisión Técnica reproduce la asimetría histórica entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales. Ninguna persona que conforma dicha Comisión pertenece a una sede universitaria fuera de la Sede Rodrigo Facio (San José).
En resumen, consideramos que la conformación de esta Comisión Técnica no refleja un compromiso verdadero con la justicia laboral para las personas trabajadoras universitarias. De hecho, en uno de los casos, es abiertamente contradictoria, pues incorpora a un ex-Ministro de Educación que, mientras ocupó su puesto en el Gobierno, se opuso a la lucha universitaria por el presupuesto y demostró una actitud abiertamente hostil y antagónica hacia las universidades públicas costarricenses.
Finalmente, solicitamos a la Rectoría que realice una reconfiguración de la composición de la Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la Universidad de Costa Rica y que informe de qué forma lo hará considerando todo lo expuesto anteriormente.
Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera
Nos les bastó con hipotecar la soberanía portuaria nacional, quebrando la legalidad del país.
Bastantes daños le han hecho a Limón y a los supremos intereses nacionales.
El artículo 121 de la Constitución Política es claro cuando dice que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado. Igualmente, decir que claramente el artículo 46 constitucional impide los monopolios y si son privados es más dañino el asunto,
Todas las decisiones que ha tomado este gobierno han sido en contra de Limón generando el más alto daño social histórico a la provincia y en lo económico generando un gran daño a los exportadores e importadores, con las tarifas más altas de la región.
Los puertos del Estado fueron construidos con un gran sacrificio y recursos de los costarricenses, y gracias a ello, JAPDEVA llegó a ocupar el lugar número 12 de América Latina y el Caribe compitiendo con 120 puertos, eficiente y barato donde todos ganábamos, JAPDEVA llego a mover 750 mil contenedores y 12 millones de toneladas meticas de carga anual con sus 10 puestos de atraque.
Le vendieron al país eficiencia bajos costos, muchos empleos y una larga lista de mentiras, resultado: todo lo contrario, el puerto de APM es sinónimo de desempleo, caro, ineficiente, largas filas en la ruta 32, largas filas en la bahía. Ahora piden ayuda porque no dan abasto, y siguen mintiéndole al país diciendo que los costos van a disminuir, si le alquilamos el puesto 5-6 de JAPDEVA.
Con relación a la información publicada de que alquilen el puesto de atraque 5-6 del puerto Gastón Kogan de Moin a la APM, en principio podríamos estar de acuerdo en valorar si con esas decisiones se va a incrementar los empleos directos para los limonenses y JAPDEVIANOS, si el Gobierno garantiza que no se va a despedir a nadie más. De no haber este compromiso, no estaríamos de acuerdo porque las decisiones hasta el día de hoy y el resultado de esta concesión ha sido generar riqueza para los holandeses, y el aumento del hambre, desempleo, pobreza prostitución y drogadicción para el pueblo limonense. ¡No queremos más de esa receta!
¿Cuál es el problema en competir?
El verdadero descuento está en que los trabajadores de JAPDEVA atendamos los barcos que hacen largas filas en la bahía para ser atendidos y no nos lo permiten, allí está el verdadero descuento y la eficiencia que dejen ya de estar mintiéndole al país, quebrando la constitución política y la legalidad del país, usando patrañas para seguir favoreciendo a la APM.
Los costarricenses tienen que saber que aquí el Estado permite que APM explote la soberanía de Costa Rica, les regalaron la ruta 257, perforaron el humedal Cariari, no pagaron impuestos municipales, vía directriz del MOPT les regalan las cargas, le quitaron las potestades de imperio que el Legislador le dio a JAPDEVA. y un sin número de anomalías más.
Nada más recordarles que esa fue la intensión desde el gobierno de Oscar Arias: tomar los puertos del Estado, al punto de sobornar a los trabajadores públicamente con $137 millones de dólares, una asamblea de trabajadores dignamente les dijo que no, que lo que querían era estabilidad laboral y eso seguimos solicitando empleo para las familias limonenses.
Igualmente decirles a los costarricenses que ese contrato tiene clausulas donde indica que se puede cancelar por la ineficiencia, por la afectación al iteres público, al interés económico. Ya llevamos 7 mil desempleos, los altos costos que atentan con el comercio nacional e internacional, largas filas en la vía pública, filas en la bahía donde incluso hay barcos que cambian de ruta, y quebranto de la legalidad de Costa Rica.
Lic. Antonio Wells Secretario General de SINTRAJAP
Como un sueño, así catalogan los trabajadores de las fincas bananeras las Chiras, ubicadas en Colonia San José en Puerto Viejo de Sarapiquí, la presentación del Proyecto de Convención Colectiva y el trabajo realizado por la ANEP y su seccional de Obreros Bananeros, Agrícolas de Sarapiquí (OBAS).
