El 22 de diciembre, 2022 Martha Rodríguez González, representante laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) compartió un mensaje dirigido a los y las trabajadores de la Caja, en el que comenta que ya se realizó el ajuste salarial adeudado desde el año 2020, esto según comenta, gracias al apoyo y lucha de muchos compañeros trabajadores de todo el país.
Menciona que las acciones por parte de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS contra ella y otros dirigentes forman parte de la lucha, y que son parte de acciones que buscan violentar la autonomía constitucional de la CCSS, esto con el fin último, según plantea, de acciones para privatizar la Caja. Además establece que la lucha principal es la defensa de la autonomía de la CCSS.
Finalmente les desea unas felices fiestas, y comparte sus deseos para el próximo año, que durante este se continúe con la lucha.
SURCOS comparte la siguiente carta enviada por el presidente de la CMTC, Olman Chinchilla Hernández, al Consejo de Gobierno;
CMTC-026-2022
13 de diciembre de 2022
Magister Yara Jiménez Fallas, SECRETARÍA CONSEJO DE GOBIERNO. República de Costa Rica.
Asunto: POSICION DE CMTC RELATIVO DE OFICIO PR-SCG-CERT.00006-2022.
Sirva recibir cordial y atento saludo. Por su digno medio, solicitamos este pronunciamiento sea conocido en pleno Consejo de Gobierno.
Es de conocimiento público que mediante memorial Número PR-SCG-CERT-00006-2022, procede el Consejo de Gobierno en toma de acuerdo para iniciar y dar Apertura de Procedimiento Ordinario Administrativo con separación de cinco miembros integrantes del actual Directorio en Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Constitucionalmente la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución pública revestida de Autonomía especial, regida por su propia Ley Orgánica (Ley 17) que en ordenamiento jurídico debe ser respetada en todos sus alcances.
Preocupa a nuestra Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses y sus agrupaciones afiliadas, la trata de que el Consejo de Gobierno y el mismo Gobierno Central de La República han propiciado contra la armonía, sostenibilidad y libertades institucionales que debe gozar la CCSS.
Desde luego, debe prevalecer el orden institucional y prioritariamente la institucionalidad de CCSS y sus regímenes a cargo.
El pueblo costarricense, sus asegurados y beneficiarios no podemos ver los razonamientos esgrimidos en el alcance del oficio de marras, que vienen a separar directores y dejar a la deriva el conjunto de acciones de previsión sanitaria que la Caja nos debe garantizar.
No hemos observado en ese extenso documento acto preventivo ni responsable de parte del Consejo de Gobierno sobre esa necesaria buena marcha institucional, dado que la deja en Estado de Indefensión y acéfala de la toma de decisiones y sus resolutivas como corresponde en su cometido institucional.
Tenemos muy claro el papel predominante de los alcances en derecho que le corresponden al Gobierno Central, no obstante, extralimitar sus facultades y potestades con intromisión hacia las representaciones Patronales y Laborales no le son de competencia, ya que por principios legitimados su representatividad es sectorial y tutelados por la propia Ley Orgánica de CCSS. Adolece también el acuerdo del Consejo de Gobierno, previsión sustitutiva de obtener base fundamentada la Separación de esos cinco integrantes ya dados a conocer. NO PUEDE DEJARSE EN ESTADO DE INDEFENSION A LA CAJA COMO TAMPOCO A NUESTRO PUEBLO ASEGURADO Y BENEFICIARIO DEL CONJUNTO DE ACCIONES QUE VELAN NUESTRA SALUD Y BIENESTAR.
Dicho lo anterior, enfatizamos que, el acuerdo asumido en Consejo de Gobierno, no es buena señal ni de grato recibo, por cuanto, riñe, violenta y atropella el Marco Normativo y de la misma legitimidad jurídica, conforme fuente instrumental respectiva, sea la Constitución Política de La República de Costa Rica (art. Numeral 147, inciso 4), que solo tiene incidencia el Consejo de Gobierno y Gobierno Central en sus representantes acreditados y no así en los representantes de sectores Patronal ni Laboral, conforme artículo 6, 7 y 8 de la Ley No.17.
Por lo tanto, a nombre de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) reciban total censura e indignación por la actual trata de intromisión odiosa y lesiva contra la institucionalidad y de los graves perjuicios contra la Caja Costarricense de Seguro Social.
Agradecemos de antemano su colaboración y gestión.
Atentamente Olman Chinchilla Hernández Presidente CMTC
C.c. Señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de La República de Costa Rica. Jefaturas de Fracciones Parlamentarias – Asamblea Legislativa CR. Defensoría de los Habitantes. Medios de Comunicación Masiva. Comité Ejecutivo Nacional CMTC. Archivo.
Un equipo de Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR realizó el video titulado “Así es el laberinto de la explotación laboral a migrantes nicaragüenses en Costa Rica” en el que pretenden responder a la pregunta de qué y quiénes están detrás del atropello a los derechos de las y los trabajadores pertenecientes a esta población en sectores como el agro, construcción y supermercados de bajo costo del Valle Central.
Para esto recurren a testimonios de los propios migrantes nicaragüenses sobre sus experiencias abusivas en las empresas de estos sectores que en muchos casos no dan un salario completo, prestaciones ni seguro social aprovechando la condición de irregularidad migratoria de las personas. De esto proviene el título del video, las personas migrantes se necuentran en un “laberinto” sin salida del que no pueden mejorar sus condiciones ni denunciar por las represalias que estas acciones significarían. Puede ver el video completo en el siguiente enlace: https://youtu.be/fYlxrkpnpFQ
La unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Hacienda en un comunicado de prensa indica lo siguiente:
“Como resultado de operativos de control realizados durante los meses de octubre y noviembre, el Servicio Nacional de Aduanas retuvo 55.348 kilos de mercancías, equivalente a unos 10 contenedores completos, a empresas importadoras de productos tipo “outlet” o de saldos.
Durante este operativo se revisó un total de 90 empresas importadoras, 186 declaraciones aduaneras de importación, y se sometió a revisión y control 358 contenedores. Adicionalmente, por medio del uso del marchamo electrónico (GPS) y por la supervisión en la descarga final, se realizó la trazabilidad de los contenedores que se trasladan desde los puertos hacia los almacenes fiscales.
Estas acciones permitieron determinar inconsistencias en más de 55 mil kilos de mercancías, entre ellas productos alimenticios o de belleza no declarados, no pago de tributos, productos vencidos e incumplimiento de permisos de importación.
Además, a más del 90% de los importadores se les descubrió mercancía no declarada, con la que pretendían evadir el pago de impuestos, permisos de importación e ingresar mercancía vencida al país.
“El objetivo de estos operativos es proteger los intereses fiscales del país y la salud pública. Las mercancías retenidas pudieron llegar a los ciudadanos y afectar la salud por encontrarse en mal estado o por no contar con los permisos de ingreso al país. Por ello, desde el Servicio Nacional de Aduanas continuaremos realizando operativos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras por parte de las empresas y con los requisitos para su ingreso legal al país”, manifestó Gerardo Bolaños, director general de Aduanas.”
Este tipo de publicaciones, son realmente sorprendentes, y en mucho son precisamente por las políticas de “facilitación del comercio”.
90 empresas, 186 declaraciones, es decir en promedio dos importaciones por empresa, la magnitud del registro de importadores en Aduanas supera los cientos de miles, 90, no llega ni al 0.001%.
Ciertamente el tipo de mercancías llama la atención, pero eso es promovido por las autoridades actuales, con el estribillo de “facilitación del comercio”, o con la estrategia revisión posterior y no a priori.
No intentemos evadir una realidad, como dicen los ticos “tapar el sol con un dedo”.
Solo en Limón se estima ingresan un millón de contenedores, cuánto entonces representa el peso de solo lo que entra en Limón, y lo que significan 5 Kgs. por contenedor, el potencial de contrabando y fraude se nos olvidaba. El Fraude Aduanero se lo volaron…
Requerimos, SITRAHSAN lo ha indicado, más revisión en semáforo con rojo, a priori, más recurso humano, más intervención en zonas primarias, pero ante todo, más voluntad política para fortalecer el papel de control fiscal que ejerce integralmente el Ministerio de Hacienda, cuya competencia, es clarísima, y no puede ser delegada a terceros, hasta los escanner pueden mentirnos, cuando solo bultos reflejan las imágenes, sin la pericia de un ojo clínico que interprete adecuadamente esas imágenes.
Ahora bien, ¿y qué hará Hacienda Digital?, cuando se determina una mala clasificación arancelaria, ¿acaso tendrá un lector de texto para leer, lo que dice la factura, el algoritmo necesario para descifrar el concepto, clasificarlo, y leer que partida se declara?
Siguen las interrogantes, mientras SITRAHSAN sigue investigando y proponiendo.
El relator* especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud llamó la atención de Costa Rica para modificar el pago por unidad producida y evitar las largas jornadas de trabajo. UNDP/Emi Kondo
El experto independiente señaló que, pese a los avances hechos por el país para combatir esta lacra, el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico, donde los trabajadores laboran largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.
Las formas contemporáneas de esclavitud son una realidad en diversos sectores de la economía de Costa Rica y si bien ha habido un progreso del país para eliminarlas, todavía persisten grandes desafíos que deben enfrentarse con la mayor urgencia.
Así lo destacó Tomoya Obokata, relator* especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.
https://surcosdigital.com/suscribirse/
Obokata dijo en su Declaración de final de misión que para erradicar la esclavitud laboral, Costa Rica debe fortalecer sus marcos normativos, mejorar la inspección del trabajo, garantizar el acceso a justicia a las víctimas y asegurar la transición de trabajadores informales a la economía formal.
Durante la visita, el experto examinó casos de explotación laboral, trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura, la agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Para hacerlo sostuvo diversos encuentros en la capital y se desplazó a comunidades rurales alejadas.
El relator se reunió y escuchó a representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, sindicatos, sector privado, representantes de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática, entre otros.
Los avances de Costa Rica
El experto destacó entre los aspectos positivos de Costa Rica, la existencia de marcos jurídicos aplicables a las formas contemporáneas de esclavitud, que incorporan algunos de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales.
Obokata dijo también que pudo observar una mejora en la asistencia y el apoyo a las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud, por ejemplo la Ley No. 9095 contra la Trata de Personas obliga a los departamentos gubernamentales pertinentes a establecer un marco para la protección y asistencia.
Señaló que a fin de supervisar eficazmente la aplicación de las leyes y políticas relativas al trabajo infantil, Costa Rica estableció el Comité́ Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Trabajadores Adolescentes y que este aprobó́ recientemente el «Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil» elaborado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (CEPAL).
El relator destacó los esfuerzos de Costa Rica para eliminar el trabajo infantil y la explotación sexual. Reconoció como positivo que la edad mínima para trabajar se ha fijado en 15 años, y que el Gobierno actualiza periódicamente una lista de trabajos peligrosos que están prohibidos para los menores de 18 años.
También que la edad de la educación obligatoria se ha elevado a 17 años, lo cual es más alta que en otras jurisdicciones.
Unsplash/Josue Isai Ramos Figuer. El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud está preocupado por las largas jornadas laborales en sectores de la economía costarricense en sectores como el de la construcción.
Los desafíos urgentes de Costa Rica
El relator dejó claro que si bien el país ha logrado avances, todavía debe enfrentar grandes desafíos para erradicar por completo las formas modernas de esclavitud.
Señaló la urgencia de fortalecer marcos normativos con sanciones más fuertes, ya que el máximo para delitos como la trata de personas y el trabajo forzoso es de 10 años de prisión. También dijo que la aplicación de la legislación vigente es débil, y que la tasa de enjuiciamiento y castigo de los autores de formas contemporáneas de esclavitud es muy baja.
Obokata también dijo estar preocupado por el gran número de interlocutores que durante su misión señalaron que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal.
Expresó haberse enterado de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También destacó la posible existencia de casos de colusión en los que se informa a los empleadores que habrá una inspección para que puedan prepararse y ocultar las malas prácticas.
Su informe además concluyó que hay un amplio margen para mejorar la identificación y protección de las víctimas. Señaló que el acceso a la justicia y a los recursos para las víctimas son limitados. La falta de asignación de recursos por parte de las autoridades y de conocimiento entre las víctimas sobre sus derechos son algunas de las principales razones de ello.
Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.
Los salarios y las largas horas de trabajo se pueden observar en otros sectores, como la construcción, los servicios, el transporte y la seguridad.
En su Declaración inicial, Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan:
Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral
Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ
Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo
Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas
Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción
Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación
Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación
Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo
Obokata agradeció al Gobierno de Costa Rica por haberle extendido la invitación y la cooperación recibida durante la misión, que le permitió entablar un diálogo “abierto, franco y constructivo durante su visita”.
El Relator de ONU compartió sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa en la Casa de la ONU, Costa Rica y presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en Setiembre de 2023.
* Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU
SITRAHSAN continua formulando respetuosamente a la Administración Superior sus necesidades. Vienen fechas de mucho tránsito en Aduanas, ya que la carga de inventarios reduce en el estado de resultados la utilidad misma de cualquier empresa, y en consecuencia los impuestos por pagar. Requerimos mayor presencia en el ingreso de mercancías.
SITRAHSAN le solicita a todo sus afiliados a ejercer con rigurosidad la fiscalización necesaria en el control de las mercancías y con el riesgo subjetivo, persuadir al importador a cumplir adecuadamente sus deberes con el Estado mismo.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), elaboraron una carta dirigida a la directora de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, en la que solicitan que se les comparta la manera en la que se procederá con el ajuste salarial por la jornada extraordinaria para todas las Dependencias y oficinas, tomando en consideración los decretos de asueto con los empleados del Ministerio de Hacienda, quienes trabajaron el 12 de octubre de 2022 y el 12 de diciembre de 2022, a razón de los asuetos que no fueron otorgados y cuyo compromisos financieros de períodos anteriores no se pueden arrastrar si no fueron considerados.
Mencionan adicionalmente las oficinas que tendrán asueto de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal de la Municipalidad de San José: el viernes 30 de diciembre de 2022 todos los funcionarios públicos del cantón central de San José, en concordancia con la corrección al Acuerdo No. 5 de la Sesión Extraordinaria 062 del 12 de octubre de 2022.
Francisco Campos Campos, Secretario General de SINACOESA realizó una carta dirigiéndose a los diputados del Partido del Frente Amplio, en el que comunicaba que la lucha de poder y de clases ha comenzado, y que se posicionó directamente en contra de dicha fracción; varias empresas de transporte público en modalidad de buses estaban concentrando algunas de sus unidades en San José, con el fin de obstruir o bloquear el tránsito desde la Iglesia de La Merced hasta la Asamblea Legislativa, y de ahí dirigirse hacia Casa Presidencial. El propósito de dicho movimiento fue ejercer presión política para que se autorizara la ampliación de los años de vida útil de las unidades de 15 a 20 años.
En la carta se reconoce la ilegalidad del movimiento, al no contar con la autorización del Gobierno, sin embargo establecieron que su objetivo era “hacerse sentir” y así afectar a la mayor cantidad de usuarios de transporte público de San José.
Plantearon que era necesario comunicar a las autoridades pertinentes como a Casa Presidencial, al Aresep, a la policía de tránsito y al Consejo de Transporte Público que constataran que las unidades en carretera se encontraran inscritas en ruta regular, de igual forma, de contar con el permiso de circulación en San José, y que de no contar con dichos permiso de deberían de quitar las placas y proceder a realizar las correspondientes infracciones.
En su momento se confirmaron las siguientes cantidades de unidades por parte de algunas empresas autobuseras: Autotransportes Pavas: 10, Trausanic: 1, Cagua: 1, Cabo Velas: 1, Tapachula: 3, Coopepar: 3, Cooperoble: 1, Tuetal: 1, Tambor: 1, Grupo A.T D: 5, Fernando Zúñiga: 4, Ruta 326: 1, Urbanos Oreamuno: 1, Coopetransatenas: 1, Naranjo: 1, Lared: 5, Autotransportes Mopvalhe: 2, Transp Jacob y transporte González: 2, Aserri: 2, Transporte la 205: 1, Mauricio Bonilla: 5, La 400: 4, Sabana: 2, Ramírez Calderon: 1, Hígapi: 1, Mercedes Sur: 1, TEMSA: 2, Autotransportes San Antonio: 3, Coopepar: 2, Trausanic: 2, Cobano: 1 y Serrano: 1. Para un total de 72 buses.
Esto en respuesta a la decisión arbitraria del Presidente de la República y su Consejo de Gobierno el día 07 de diciembre de separar de su cargo a cinco Directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la medida cautelar ante causa emitida el 12 de diciembre en contra de dichos Directivos.
En dicho documento se rescata la condición de autonomía administrativa y de gobierno que la CCSS posee a partir de la Constitución Política, que por ostentar una autonomía de segundo grado, en la CCSS no se puede admitir la intervención subjetiva del Poder Ejecutivo en las potestades públicas inherentes a la Caja en competencias técnico-administrativas asignadas, de manera exclusiva y excluyente, a dicho ente público.
En la pretensión de defensa de la institucionalidad y el orden constitucional, se pide que se declare con lugar el recurso de amparo por la transgresión a los artículos 1, 9, 11, 73, 147, 148, 149, 188 y 189 de la Constitución Política.
Se destaca que las decisiones tomadas en la Caja se realizan de manera tripartita, al poseer una junta directiva de nueve miembros, de los cuales solo tres son nombrados por el Poder ejecutivo, mientras que los otros seis son escogidos por la parte patronal y la parte laboral. El Presidente y su Consejo de Gobierno removió de su cargo a miembros de las partes patronales y laborales y además dejó a la Junta Directiva sin el quorum necesario para realizar sus sesiones, lo que retrasa la toma de decisiones.
Con una participación superior a 100 personas, el 15 de noviembre, se realizó una reunión de coordinación con funcionarios de instituciones públicas, para presentar los avances del Proyecto Hacienda Digital en materia de interoperabilidad.
La interoperabilidad es uno de los ejes transversales que formarán parte del nuevo entorno tecnológico del Ministerio de Hacienda, para facilitar el intercambio de información entre las entidades, al proporcionar estandarización, simplificación y facilidades en materia de seguridad.
Durante la actividad se expuso sobre los avances del proyecto Hacienda Digital y los alcances en el tema de interoperabilidad con respecto a las entidades externas que intercambian información. En este marco, los equipos técnicos atendieron inquietudes y comentarios de los participantes acerca de la actualización de sistemas informáticos, así como de las distintas etapas de ejecución del proyecto y su impacto en el país.
También, se contó con la participación de Jeffrey Taylor, subdirector de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, quien dio un mensaje de motivación a los asistentes y reiteró la importancia de brindar un buen servicio a la ciudadanía y de la transformación digital para lograr el éxito del Proyecto.
El evento fue realizado en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones y contó con personas funcionarias de las áreas de tecnologías de la información de entidades públicas, como Instituto Costarricense de Electricidad, Registro Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Agricultura y Ganadería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), CCSS y Poder Judicial.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Gabriela Espinoza Meza, coordinadora del equipo de interoperabilidad del Proyecto Hacienda Digital, y Herberto Noguera Suárez, coordinador del equipo funcional de este mismo equipo. Además, estuvieron presentes equipos técnicos y funcionales de Hacienda que participaron en interoperabilidad.
Hacienda Digital tiene previsto continuar con sesiones de coordinación con distintos grupos de la sociedad civil, a fin de informar, de manera transparente, sobre los avances de este importante proyecto país.
SITRAHSAN manifiesta las dudas respecto a la efectividad digital de una herramienta tecnológica, en el engranaje jurídico de este mega Ministerio, mientras no se tenga conocimiento pleno del componente jurídico, que rige el procesal tributario, poco podríamos lograr en cuanto esta herramienta.
Similitudes con otras naciones, ¿ostentaríamos quizás, a devolver automatizadamente los créditos a favor de un declarante o contribuyente? Sin actuación de fiscalización previa.
¿Cómo podremos controlar los inventarios quizás de un declarante o importador, para con las facturas electrónicas al menos, definir la trazabilidad de los productos o insumos que se comercializan dentro del territorio nacional
¿Cómo conjugamos las actuaciones de Tributación, y Aduanas, en materia de ingreso de mercancías, las posibles determinaciones y su impacto final en una declaración de ventas o renta o un delito de defraudación no tipificado?
El presupuesto mismo, en materia de ejecución del gasto, si hoy día SIGAF parece ser una buena herramienta.
¿Cómo nos trasladamos a fortalecer a RACSA, si aquí en Hacienda, tenemos excelentes profesionales, caso práctico SICOP, antes COMPRARED?
Muchas dudas surgen, pero el tiempo podría darnos la razón, esperamos resultados.
Todos sabemos que el conocimiento exacto del ámbito jurídico en que nos ocupamos, es muy diverso y está debidamente consolidado con una ley en particular y cada Dirección tiene su propia norma o normas, entonces; es todo un reto.
