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COMUNICACIÓN POLÍTICA DE SIFUPCR

Viene una semana durísima y nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS tenga claridad de lo que está por definirse a partir del próximo martes 20 de setiembre 2022.

Para que usted lea y tenga claridad de lo que viene.

1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical (dicho por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo, ahora presidenta ejecutiva de la CCSS, no sabemos por cuanto tiempo y no dejemos de pensar a quien pondrán después, pues eso también es relevante).

Este escenario implicaría un acuerdo de Junta en dos posibilidades:

A.- revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020 a la fecha, con criterios jurídicos sacados de la manga. O sea, enterrar lo ya establecido por la Sala Constitucional (SC) y la Contraloría General de la República (CGR).

B.- ó un acuerdo claro de suspender el acuerdo de pago del aumento (acuerdo ya en firme pues lo vieron el 08 de setiembre y quedo con firmeza el 15 de setiembre 2022), o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.

Ahora bien, si la Junta no acuerpa esas dos imposiciones de Rodrigo Chaves Robles (RCHR), el gobierno (Poder Ejecutivo), tomará medidas radicales para LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS.

En esa línea hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.

A.- Inventar un Debido proceso con una medida cautelar de separación de directores.

B.- Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural y hacer y deshacer como quieran.

C.- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento pero todo se puede esperar.

Juan Carlos Durán Castro SIFUPCR

UNDECA llama a defender la autonomía de la CCSS y demanda pago inmediato de ajuste salarial acordado

Costa Rica atraviesa una crisis política, social e institucional sin precedentes, que tiene la democracia al borde del precipicio.

No obstante, que el señor Álvaro Ramos Chaves no fue un funcionario sospechoso de ser amigo de trabajadores o sindicatos, tenemos que reconocerle que fue respetuoso del Estado de Derecho; pero su compromiso con el principio de legalidad constitucional, lo llevó a tener controversias por los comportamientos autoritarios del Gobierno de Rodrigo Chaves, la última, por su posición respetuosa de la legalidad del ajuste salarial adeudado a las personas trabajadoras de la CCSS.

La dignidad de don Álvaro y apego a los principios democráticos y científicos, demostró que estuvo muy por encima de la conducta sumisa que esperaba su implacable verdugo, y en definitiva, le costaron que el Presidente de la República y su obediente Consejo de Gobierno, cuyos salarios se incrementaron en más de un millón de colones, ordenaran su destitución inmediata.

El ajuste salarial acordado por la Junta Directiva de la CCSS estuvo sustentado en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, en el Código de Trabajo, la autonomía constitucionalmente atribuida a esa institución y pronunciamientos de MIDEPLAN.

Este ajuste salarial se aprobó e hizo efectivo en una gran cantidad de instituciones: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta de Protección Social, Poder Judicial y varias municipalidades, entre otros.

Es más, tenemos, que destacar que la misma Contraloría General de la República, órgano constitucional que le corresponde la fiscalización superior de la Hacienda Pública, desde el año pasado, mediante resolución suscrita por la señora Marta Acosta, Contralora General, hizo efectivo ese ajuste salarial.

Advertimos a los y las trabajadoras de la benemérita CCSS, emblemática del Estado Social y Democrático, garante de la salud de la población, que nuestra querida institución está en un gravísimo riesgo, por una parte, por la exorbitante intervención política del Gobierno, y por otra parte, por los espurios intereses mercantilistas y privatizadores.

UNDECA llama a todos y todas las trabajadoras de la CCSS a pronunciarse y salir a defender enérgicamente la autonomía institucional y demanda el pago inmediato del ajuste salarial.

¡Detengamos la hostilidad política contra las personas que laboran en la CCSS, que más que merecido tienen este ajuste! La CCSS no está quebrada, el gobierno le debe más de 3 billones de colones y tampoco le paga.

El Bloque Sindical de Salud: UNDECA, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, SINASSASS Y SINAME, informa que nos estaremos reuniendo a primera hora el próximo martes.

San José, 18 de setiembre de 2022

36 años después de que Oscar Arias decidió acabar con el agro

Carlos Campos Rojas

Ese tiempo ha pasado desde el 17 de setiembre de 1986, cuando a eso de la 1:30 pm, 1500 agricultores de maíz, organizados en la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (UPAGRA) y con la participación de algunos representantes de otras organizaciones, se hicieron presentes en San José al Banco Central para exigirle a Oscar Arias (entonces presidente de la República) y a Eduardo Lizano, (su mentor ideológico y presidente del Banco Central), EL DERECHO A PRODUCIR.

Oscar Arias -oriundo de la oligarquía cafetalera, transformó sus fincas en desarrollos urbanísticos-, ya había anunciado días atrás que la producción de granos básicos sería sustituida por importaciones, comenzando por el maíz, a través del PL 480, un convenio firmado con EEUU, para traer subsidiado el maíz desde el extranjero, mientras su acólito Otón Solís, encargado de Planificación, aplaudía gozoso, pues como nos dijo en la mañana de ese día “ese dinero lo ocupo para hacer política” y en un tono muy característico de su personalidad, nos advirtió “ustedes no pueden hacer la movilización sin mi permiso”.

La decisión de Arias no era una ocurrencia, era el cumplimiento del mandato del FMI, producto de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), que desde la administración Monge y con el apoyo del INCAE y la UCCAEP, habían puesto en marcha.

Los únicos que habían entendido las consecuencias de las decisiones tomadas por las administraciones verdiblancas, fueron los productores de maíz del atlántico, quienes alertaron a los maiceros de todo el país.

Liberación Nacional claro en su estrategia, había movilizado en apoyo a sus presidentes y el mandato del FMI, a todas las organizaciones sindicales bajo su tutela y otras agrícolas que crearon de camino, para desmentir la situación, alegando que vendría una agricultura de exportación denominada “Agricultura de Cambio”, con la cual, los agricultores se volverían ricos en poco tiempo. Que era mentira que se eliminaría la producción de granos básicos, que nunca comeríamos gallo pinto importado, que nuestros productores de arroz y frijoles estarían siempre protegidos.

Todavía recuerdo, cuando Oscar Arias me dijo en Casa Presidencial: “¿Por qué son tan majaderos de seguir sembrando maíz? Si se vienen a San José a trabajar en una fábrica de chips de computadora, en un mes se ganarán lo que no se ganan en un año, sembrando maíz”.

Habíamos convocado una conferencia de prensa internacional en la esquina sureste del Banco Central, eso no lo contempló Arias, los agricultores estaban sentados pacíficamente en la Avenida Central al costado del Banco Central, cuando arremetió la policía sin contemplaciones, atacando hasta las mujeres con niños.

La televisión transmitió en vivo la garroteada y la voladera de gases. La conmoción en San José no se hizo esperar, nos refugiamos en la Catedral, por cierto, es la única vez que ha sido tomada. Después de eso la enrejaron.

Desde el atrio de la Catedral yo llamaba a los compañeros a refugiarse, cuando dos compañeras de Guatuso, a mi lado, cayeron heridas de bala por parte de la policía. No me tomó por sorpresa, momentos antes, un policía había puesto una pistola en mi cabeza. La orden de odio estaba dada. Estuvimos ahí tres días, hasta que liberaron todos nuestros compañeros y volvimos a nuestras casas.

La solidaridad de los josefinos fue ejemplar, se preocuparon de buscar los campesinos que en la refriega se perdieron en una ciudad que no conocían, nos llevaron café, pan, comida, recogieron y nos fueron a entregar las cosas que quedaron perdidas (ropa, enseres, etc.) nunca lo olvidaremos.

Los debates posteriores fueron elocuentes, pero la suerte de la producción nacional ya estaba echada. La orden de Arias de bajar del 29% la Población Económicamente Activa (PEA) que estaba en la agricultura al umbral del 2%, nos llevaría -según él- a ser un país desarrollado.

La acción inmediata fue cerrar los créditos bancarios a la producción, tomando ese dinero para darlos a empresarios que serían futuros dueños de bananeras. Los productores de maíz, dueños de sus tierras se vieron obligados a deshacerse de ellas y pasaron a ser peones donde fueron dueños. La segunda acción fue cambiar el sistema educativo y enseñar que era despreciable el trabajo agrícola, que eso era de extranjeros pobres, que tenían que aprender a ser empleados de empresas extranjeras, pues pasábamos de ser un país agrícola, a un país de servicios, así lo sentenció Arias.

El país dejó de ser de iguales para pasar a ser el más desigual de América y uno de los más desiguales del mundo, así nació la violencia en Costa Rica, así se acrecentó la pobreza, así murió la democracia económica que nos caracterizaba. Porque la violencia es la fiel compañera de la desigualdad.

En los años siguientes murieron productivamente los que apoyaron a Arias: propietarios cafetaleros, exportadores de follajes, arroceros, etc. Así se deterioró y se vino a menos el Sector Agropecuario, por eso sus múltiples ministros no tienen poder. Para eso se fortalecieron a los “dirigentes agropecuarios”, para negociar el futuro de los pocos productores que quedan.

Hoy Eduardo Lizano tiene que reconocer que se equivocó.

Hoy, el mismo FMI alerta que todo país que dependa de la importación de alimentos corre peligro en su estabilidad, nosotros somos totalmente dependientes de la importación de ellos. La crisis internacional no tendrá compasión, la hambruna que se avecina nos obliga a actuar de inmediato, sin repetir los errores anteriores. La seguridad alimentaria que irresponsablemente se impuso, que consiste en importar “comida barata” con el dinero de las exportaciones, es una quimera. Debemos ser capaces de producir todo lo posible. Lo podemos hacer con las nuevas tecnologías nacionales que hemos desarrollado, buscando importar lo menos posible, reconstruyendo la economía y retomando la democracia económica.

Nos toca producir urgentemente nuestra comida, debemos identificar a los sátrapas que nos llevaron a esta crisis y que todavía levantan añejos e ineficaces postulados. Debemos tomar en nuestras manos el futuro de Costa Rica, la Constitución Política nos da la potestad y el mandato.

¡¡Para eso somos El Soberano, para poner en orden en este bello país!!

17 de setiembre de 2022

San José

Tercer encuentro global sobre trabajo de cuidados

“El trabajo de cuidados en tiempos inciertos: convergencias y divergencias alrededor del mundo” junio 7-9 de 2023 Costa Rica

En nombre de la Carework Network y de todas las personas involucradas en hacer que esto sea posible, estamos emocionadas de compartir el llamado a ponencias para un encuentro global de trabajo de cuidados, presencial y completamente bilingüe (español e inglés) entre el 7 y el 9 de junio de 2023 en la Universidad de Costa Rica. Tendremos distintas y novedosas formas de participación, para asegurar diálogo entre personas académicas y con activistas y tomadores de decisiones. Por favor, ayúdanos a difundir el llamado para hacer de este un encuentro verdaderamente global. ¡Y ojalá te sumes!

Para más información en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1GSCKqvHgYlO39q0fHlUnQjzthIHLI9Ms/view?usp=sharing

Para consultas sobre el Encuentro Global puede dirigirse a: info@careworknetworkresponds.com

Acuerdo entre el SINDEU y la Rectoría respecto a los bloqueos y tomas de edificios del jueves 15 de septiembre de 2022

  1. El SINDEU se compromete a deponer los cierres efectuados en accesos y edificios de las diferentes sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica a más tardar a las 3:30 p.m, del 15 de septiembre de 2022.
  2. La Rectoría se compromete a no tomar represalias de ningún tipo en contra de las personas funcionarias que participaron de las acciones de protesta del 15 de septiembre de 2022, lo que implica que las personas funcionarias no tendrán que reponer el tiempo laborado ni trabajar tiempo extraordinario.
  3. La Rectoría se compromete a solicitarle al Consejo Universitario que sesione de forma extraordinaria en el transcurso de la tarde de este jueves 15 de septiembre de 2022, con el fin de analizar la modificación presupuestaria 9-2022.
  4. La Rectoría ratifica lo acordado en las sesiones 2-2022 y 3-2022 de la mesa de negociación, con fecha 8 y 15 de junio corriente, siempre y cuando sean avalados por los órganos de fiscalización y control interno de la Universidad (Oficina de Contraloría Universitaria, y Consejo Universitario). Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos continuará con las gestiones necesarias para proceder con el pago del monto adeudado del año 2020, para el 28 de octubre del presente año.
  5. Ambas partes se comprometen a restablecer de inmediato los canales de diálogo y negociación sobre la Convención Colectiva de Trabajo y las solicitudes planteadas por el SINDEU en materia salarial.
  6. El Consejo de Rectoría y el SINDEU reconocen la importancia de respetar el derecho humano a la educación, al trabajo y al libre tránsito.
  7. El Consejo de Rectoría lamenta las afectaciones generadas a la comunidad universitaria.

Harold Chavarría Vasquez. Secretario General SINDEU Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Rector

Compartido con SURCOS por Gerardo Badilla

Mensaje de Juan Carlos Durán Castro al diputado Eliécer Feinzaig

El señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), manifestó su preocupación sobre las declaraciones del señor diputado, Eliécer Feinzaig Mintz, con respecto al aumento salarial de los empleados de la CCSS.

Durán alegó que con respecto a este tema, el aumento salarial a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es más que merecido, pues los trabajadores de la institución son productivos en sus labores, lo cual se vio reflejado durante la crisis sanitaria por el COVID-19, además, defendió la autonomía de la CCSS para tomar decisiones en cuanto al salario de sus funcionarios, y aseguró que, en caso de ser necesario, se estará luchando por dicho aumento.

En días pasados, el señor diputado, durante una sesión del Plenario Legislativo, comentó que la decisión del Gerente General de la CCSS por aumentar el salario de los funcionarios de la institución es insostenible, pues ese aumento significa un costo más para los costarricenses y, a pesar de aumentar el gasto institucional, no se aumenta la eficiencia de los servicios que brinda la Caja.

La Junta Directiva de la CCSS no debe ceder a la indebida presión del Gobierno con el pago del ajuste salarial adeudado de los años 2020 y 2021

Comunicado de prensa

El presidente de la República Rodrigo Chaves llamó a cuentas al presidente ejecutivo de CCSS, Álvaro Ramos, cuestionando el acuerdo de la Junta Directiva de esta institución, que instruyó que se cancelara a las personas trabajadoras, el ajuste salarial que pactó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a finales del año 2019, para todos los trabajadores del sector público y cuyo incumplimiento violentaría la negociación colectiva y los convenios internacionales de la OIT.

Por una parte, esta impropia conducta del presidente Rodrigo Chaves, constituye una abusiva intervención política, que vulnera la autonomía constitucional de la Caja.

Por otra parte, el presidente ignora que, en virtud de este acuerdo, aunque de manera muy tardía, la Caja está honrando una deuda que tenía pendiente con los trabajadores, desde hace más de dos años, así señalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación, en el oficio MTSS-DMT-OF-429-2020/MIDEPLAN-DM-OF-0479-2020, del 24 de abril de 2020, reiterado por Mideplan en oficio MIDEPLAN-DM-OF-0811-2021 del 10 de agosto de 2021.

Conforme con el artículo 695 del Código de Trabajo los acuerdos de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público son vinculantes para todas las instituciones públicas, en este caso, desde el 2012 la Junta Directiva de la CCSS acordó aplicar los ajustes decretados para el sector público y debidamente ajustados a derecho.

Este acuerdo, adoptado en firme por la Junta Directiva, se fundamentó en sólidos criterios jurídicos y actuariales, que respaldan su legitimidad y garantizan la sostenibilidad financiera institucional.

El acuerdo tiene un carácter normativo, que da lugar a un derecho subjetivo, reconocido a favor de las personas trabajadoras, que jurídicamente no puede ser revocado por ese órgano supremo institucional, por más presión que ejerza el presidente de la República, su ministro de hacienda y algunos diputados.

Este acuerdo configura un derecho subjetivo pleno, amparado por el principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración, de rango constitucional, que le impide a la Junta Directiva de la CCSS derogarlo o dejarlo sin efecto, en perjuicio de las personas trabajadoras que laboran al servicio de esa institución.

El ajuste salarial general, en el orden de 7.500 colones mensuales, está muy por debajo del exorbitante aumento que el propio presidente recetó, con cuchara muy grande a sus ministros y viceministros. Un jugoso aumento del 100% que en nada puede compararse al ajuste acordado para los trabajadores de la CCSS quienes, al igual que los funcionarios del sector público y pueblo costarricense han sufrido las graves consecuencias del impacto del combo fiscal y políticas neoliberales.

Demandamos al gobierno y sector empresarial el pago de la deuda acumulada desde hace años y que ronda los tres billones de colones. Dinero que vendrían a garantizar a la CCSS los recursos financieros para cubrir las diferentes necesidades que tenga esta institución en beneficio de todos los costarricenses.

Las organizaciones sindicales presentes hacemos un llamado de unidad a los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales para hacer valer el pago del ajuste salarial. y, en consecuencia, se mantenga incólume ese justo pago, que más que merecido lo tienen las personas trabajadoras.

San José, 15 de setiembre de 2022

Hecho histórico: convención colectiva de trabajo en empresa agrícola

El pasado lunes 22 de agosto en Sarapiquí de Heredia se conformó el acta oficial de homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indica que empieza a regir una convención colectiva de trabajo entre la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). 

Como resultado y esfuerzo de diferentes personas trabajadoras de las bananeras, así como empleados públicos y privados del país, se celebra este acontecimiento y hecho tanto histórico como significante para los derechos laborales y de vida de los y las trabajadoras bananeras de Costa Rica. 

Dignidad para jubilados del Magisterio Nacional de Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información:

El día martes 13 de septiembre del año en curso (2022) fue lanzada una petición dirigida al Presidente de la República, el señor Rodrigo Chaves Robles, a la Asamblea Legislativa y a entidades financieras. La carta expone el siguiente mensaje:

“El 81% de los pensionados del Magisterio tiene una pensión considerada baja, con un monto menor a 1,5 millones de colones nominales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de enfermedad y maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota del 5/1000 para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones.

Esta población de pensionados que asciende a 35 mil personas, soportan en la actualidad un aumento desmedido del costo de la vida, expresado en una inflación del 11.2% y que responde al aumento de los precios de alimentos básicos como el aceite, los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la harina, el café, el azúcar y las carnes, pero también al aumento de los precios de los servicios y del transporte, resultado del aumento de los derivados del petróleo, en un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de las familias.

Por su parte las pensiones medias, que representan el 17% del total y que tienen montos entre 1,5 millones y cuatro millones de colones mensuales nominales y que a las cargas impositivas anteriores le adicionan una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas— también han visto reducida la capacidad adquisitiva debido a que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, lo que redunda en una disminución importante de los ingresos.

Es decir que el 98% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y dentro de los parámetros generalmente aceptados de UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más),en montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS a partir de 1995 como cotizante único, no sólo reciben una pensión reducida en términos nominales, si no que están enfrentando un aumento desmedido de precios y de las tasas de interés de sus préstamos, que los sitúa en una posición de riesgo de pobreza y de vulnerabilidad de su futuro inmediato.

Se trata de una población de alrededor de 42 mil adultos mayores y sus familias, que reciben montos netos limitados de sus pensiones y que están siendo afectados por la crisis económica y su manifestación evidente una alta inflación, ante la que el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para revertirla.

Por tales razones, dicha población de pensionados, le solicitamos al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa y a las entidades financieras del país, atender las siguientes propuestas:

  • La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace dos años.
  • La reducción en un 50% del monto del impuesto sobre la Renta que pagamos los pensionados del Magisterio.
  • La eliminación de la cuota solidaria del 5/1000 para la administración del régimen de la JUPEMA, que pagamos siendo pensionados.
  • La adecuación de las deudas que tienen los pensionados con entidades del sistema bancario nacional, entidades financieras del Magisterio y cooperativas.
  • El retorno a las anteriores fechas de pago del 12 o 13 de cada mes que la Administración Alvarado modificó arbitrariamente con gran perjuicio para los pensionados.

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido debido a la inflación, al aumento del tipo de cambio y de las tasas de interés, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones deciden analizarlo.

Solicitamos al Presidente y a los Ministros de su Gabinete, al Directorio y las fracciones de los partidos representados en la Asamblea Legislativa y las Directivas y Gerencias de las entidades financieras, escucharnos y atender nuestras demandas, por razones de justicia, de equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región” (en Cepal.org/ agenda 2030)”.

Si desea apoyar esta petición puede hacerlo accediendo al siguiente enlace: 

https://chng.it/HhMktzKjNr

Así demostró el premio Nobel de Economía que el salario mínimo no destruye empleo

David Card. Imagen tomada de Semanario Universidad.

David Edward Card (Guelph, 1956) economista canadiense especializado en el ámbito laboral y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley. Fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens.

Es uno de los debates clásicos de la ciencia económica y resurge en España cada vez que el Gobierno revisa al alza el salario mínimo interprofesional (SMI). Quienes se oponen a las revalorizaciones argumentan que la subida de la remuneración básica por encima de la que fija la mano invisible —y que, según la ortodoxia, está determinada por la productividad— acaba expulsando siempre a los trabajadores más desfavorecidos, especialmente los jóvenes, del mercado laboral. Pero ¿tiene que ser necesariamente así? David Card, profesor de la Universidad de California en Berkeley a quien la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus «contribuciones empíricas a la economía laboral», contradijo esta teoría en uno de los estudios que le han valido el prestigioso reconocimiento.

Junto al ya fallecido Alan Krueger —ex asesor de los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama—, Card estudió las consecuencias de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey sobre los trabajadores de cadenas de comida rápida en ese estado y en las zonas limítrofes de la vecina Pensilvania. En aquel momento, 1992, se trataba de dos prósperos territorios industriales del norte del país en manos de administraciones demócratas, pero solo el primero decidió aumentar la paga, desde los 4,25 hasta los 5,05 dólares la hora. La experiencia de estudios previos, especialmente en los años setenta, hacía pensar que el empleo se reduciría en Nueva Jersey debido a la nueva regulación, en contraste con lo que sucedería al otro lado del río Delaware. Pero no fue así.

Las conclusiones fueron las siguientes: el salario medio de entrada había subido un 10% en Nueva Jersey, mientras que el salario medio se había incrementado un 3,1%. En ese estado, no sólo no se había destruido empleo a tiempo completo, sino que se había creado, al contrario que en Pensilvania. Incluso se produjo una «pequeña y estadísticamente insignificante» migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario mínimo hacia el que sí lo había hecho. La única consecuencia negativa fue para los consumidores: el precio del menú aumentó más al este que al oeste del río Delaware, aunque los investigadores matizan que los establecimientos más sensibles a la medida no encarecieron más sus productos que los menos afectados.

Pero las conclusiones no se quedaron ahí. Aunque la decisión de subir el SMI se produjo en 1990, cuando Estados Unidos aún disfrutaba de uno de los mayores ciclos de crecimiento de su historia tras las reformas del presidente Ronald Reagan, se aplicó dos años después, en plena recesión. Entonces, señala el trabajo, algunos sectores pidieron dar marcha atrás a la medida con el argumento de que no era una buena idea en un momento de crecimiento del desempleo. El mismo razonamiento que ha esgrimido en España la patronal CEOE para oponerse al incremento de 15 euros mensuales aprobado por el Gobierno en un contexto en que la economía española aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia del coronavirus.

En sus conclusiones, Krueger y Card descartan que los resultados del estudio estén viciados por el devenir de la economía: «Es poco probable que los efectos del alza del salario mínimo fueran ocultados por la mejora de la situación económica general». Y se muestran taxativos: «El alza del salario creó empleo». Otros estudios, como los del Banco de España, no dicen lo mismo: el organismo regulador calculó que en 2019 se perdieron entre 90.000 y 170.000 empleos en nuestro país por culpa de la subida del SMI.

La controversia seguirá, pero este lunes el premio se lo ha llevado la obra de David Card, que demostró que se puede subir el SMI sin necesidad de destruir empleo y, en ocasiones, ese incremento incluso puede incentivar su creación. Tres décadas después de la investigación, no faltarán las interpretaciones políticas sobre un asunto que sigue generando discusión. Con o sin evidencia empírica que la respalde.

De ahí que las políticas de salarios decrecientes no favorecen el crecimiento ni el desarrollo de los pueblos. Lo que ocasiona son rezagos que imposibilitan la competitividad de los sectores y por ende obstaculizan el desarrollo y crecimientos de los sectores y agentes de la economía.

 

Foto de David Card recuperada de Semanario Universidad.

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.