El SINDEU se compromete a deponer los cierres efectuados en accesos y edificios de las diferentes sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica a más tardar a las 3:30 p.m, del 15 de septiembre de 2022.
La Rectoría se compromete a no tomar represalias de ningún tipo en contra de las personas funcionarias que participaron de las acciones de protesta del 15 de septiembre de 2022, lo que implica que las personas funcionarias no tendrán que reponer el tiempo laborado ni trabajar tiempo extraordinario.
La Rectoría se compromete a solicitarle al Consejo Universitario que sesione de forma extraordinaria en el transcurso de la tarde de este jueves 15 de septiembre de 2022, con el fin de analizar la modificación presupuestaria 9-2022.
La Rectoría ratifica lo acordado en las sesiones 2-2022 y 3-2022 de la mesa de negociación, con fecha 8 y 15 de junio corriente, siempre y cuando sean avalados por los órganos de fiscalización y control interno de la Universidad (Oficina de Contraloría Universitaria, y Consejo Universitario). Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos continuará con las gestiones necesarias para proceder con el pago del monto adeudado del año 2020, para el 28 de octubre del presente año.
Ambas partes se comprometen a restablecer de inmediato los canales de diálogo y negociación sobre la Convención Colectiva de Trabajo y las solicitudes planteadas por el SINDEU en materia salarial.
El Consejo de Rectoría y el SINDEU reconocen la importancia de respetar el derecho humano a la educación, al trabajo y al libre tránsito.
El Consejo de Rectoría lamenta las afectaciones generadas a la comunidad universitaria.
Harold Chavarría Vasquez. Secretario General SINDEU Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Rector
El señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), manifestó su preocupación sobre las declaraciones del señor diputado, Eliécer Feinzaig Mintz, con respecto al aumento salarial de los empleados de la CCSS.
Durán alegó que con respecto a este tema, el aumento salarial a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es más que merecido, pues los trabajadores de la institución son productivos en sus labores, lo cual se vio reflejado durante la crisis sanitaria por el COVID-19, además, defendió la autonomía de la CCSS para tomar decisiones en cuanto al salario de sus funcionarios, y aseguró que, en caso de ser necesario, se estará luchando por dicho aumento.
En días pasados, el señor diputado, durante una sesión del Plenario Legislativo, comentó que la decisión del Gerente General de la CCSS por aumentar el salario de los funcionarios de la institución es insostenible, pues ese aumento significa un costo más para los costarricenses y, a pesar de aumentar el gasto institucional, no se aumenta la eficiencia de los servicios que brinda la Caja.
El presidente de la República Rodrigo Chaves llamó a cuentas al presidente ejecutivo de CCSS, Álvaro Ramos, cuestionando el acuerdo de la Junta Directiva de esta institución, que instruyó que se cancelara a las personas trabajadoras, el ajuste salarial que pactó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a finales del año 2019, para todos los trabajadores del sector público y cuyo incumplimiento violentaría la negociación colectiva y los convenios internacionales de la OIT.
Por una parte, esta impropia conducta del presidente Rodrigo Chaves, constituye una abusiva intervención política, que vulnera la autonomía constitucional de la Caja.
Por otra parte, el presidente ignora que, en virtud de este acuerdo, aunque de manera muy tardía, la Caja está honrando una deuda que tenía pendiente con los trabajadores, desde hace más de dos años, así señalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación, en el oficio MTSS-DMT-OF-429-2020/MIDEPLAN-DM-OF-0479-2020, del 24 de abril de 2020, reiterado por Mideplan en oficio MIDEPLAN-DM-OF-0811-2021 del 10 de agosto de 2021.
Conforme con el artículo 695 del Código de Trabajo los acuerdos de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público son vinculantes para todas las instituciones públicas, en este caso, desde el 2012 la Junta Directiva de la CCSS acordó aplicar los ajustes decretados para el sector público y debidamente ajustados a derecho.
Este acuerdo, adoptado en firme por la Junta Directiva, se fundamentó en sólidos criterios jurídicos y actuariales, que respaldan su legitimidad y garantizan la sostenibilidad financiera institucional.
El acuerdo tiene un carácter normativo, que da lugar a un derecho subjetivo, reconocido a favor de las personas trabajadoras, que jurídicamente no puede ser revocado por ese órgano supremo institucional, por más presión que ejerza el presidente de la República, su ministro de hacienda y algunos diputados.
Este acuerdo configura un derecho subjetivo pleno, amparado por el principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración, de rango constitucional, que le impide a la Junta Directiva de la CCSS derogarlo o dejarlo sin efecto, en perjuicio de las personas trabajadoras que laboran al servicio de esa institución.
El ajuste salarial general, en el orden de 7.500 colones mensuales, está muy por debajo del exorbitante aumento que el propio presidente recetó, con cuchara muy grande a sus ministros y viceministros. Un jugoso aumento del 100% que en nada puede compararse al ajuste acordado para los trabajadores de la CCSS quienes, al igual que los funcionarios del sector público y pueblo costarricense han sufrido las graves consecuencias del impacto del combo fiscal y políticas neoliberales.
Demandamos al gobierno y sector empresarial el pago de la deuda acumulada desde hace años y que ronda los tres billones de colones. Dinero que vendrían a garantizar a la CCSS los recursos financieros para cubrir las diferentes necesidades que tenga esta institución en beneficio de todos los costarricenses.
Las organizaciones sindicales presentes hacemos un llamado de unidad a los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales para hacer valer el pago del ajuste salarial. y, en consecuencia, se mantenga incólume ese justo pago, que más que merecido lo tienen las personas trabajadoras.
El pasado lunes 22 de agosto en Sarapiquí de Heredia se conformó el acta oficial de homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indica que empieza a regir una convención colectiva de trabajo entre la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como resultado y esfuerzo de diferentes personas trabajadoras de las bananeras, así como empleados públicos y privados del país, se celebra este acontecimiento y hecho tanto histórico como significante para los derechos laborales y de vida de los y las trabajadoras bananeras de Costa Rica.
El día martes 13 de septiembre del año en curso (2022) fue lanzada una petición dirigida al Presidente de la República, el señor Rodrigo Chaves Robles, a la Asamblea Legislativa y a entidades financieras. La carta expone el siguiente mensaje:
“El 81% de los pensionados del Magisterio tiene una pensión considerada baja, con un monto menor a 1,5 millones de colones nominales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de enfermedad y maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota del 5/1000 para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones.
Esta población de pensionados que asciende a 35 mil personas, soportan en la actualidad un aumento desmedido del costo de la vida, expresado en una inflación del 11.2% y que responde al aumento de los precios de alimentos básicos como el aceite, los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la harina, el café, el azúcar y las carnes, pero también al aumento de los precios de los servicios y del transporte, resultado del aumento de los derivados del petróleo, en un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de las familias.
Por su parte las pensiones medias, que representan el 17% del total y que tienen montos entre 1,5 millones y cuatro millones de colones mensuales nominales y que a las cargas impositivas anteriores le adicionan una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas— también han visto reducida la capacidad adquisitiva debido a que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, lo que redunda en una disminución importante de los ingresos.
Es decir que el 98% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y dentro de los parámetros generalmente aceptados de UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más),en montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS a partir de 1995 como cotizante único, no sólo reciben una pensión reducida en términos nominales, si no que están enfrentando un aumento desmedido de precios y de las tasas de interés de sus préstamos, que los sitúa en una posición de riesgo de pobreza y de vulnerabilidad de su futuro inmediato.
Se trata de una población de alrededor de 42 mil adultos mayores y sus familias, que reciben montos netos limitados de sus pensiones y que están siendo afectados por la crisis económica y su manifestación evidente una alta inflación, ante la que el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para revertirla.
Por tales razones, dicha población de pensionados, le solicitamos al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa y a las entidades financieras del país, atender las siguientes propuestas:
La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace dos años.
La reducción en un 50% del monto del impuesto sobre la Renta que pagamos los pensionados del Magisterio.
La eliminación de la cuota solidaria del 5/1000 para la administración del régimen de la JUPEMA, que pagamos siendo pensionados.
La adecuación de las deudas que tienen los pensionados con entidades del sistema bancario nacional, entidades financieras del Magisterio y cooperativas.
El retorno a las anteriores fechas de pago del 12 o 13 de cada mes que la Administración Alvarado modificó arbitrariamente con gran perjuicio para los pensionados.
Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido debido a la inflación, al aumento del tipo de cambio y de las tasas de interés, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones deciden analizarlo.
Solicitamos al Presidente y a los Ministros de su Gabinete, al Directorio y las fracciones de los partidos representados en la Asamblea Legislativa y las Directivas y Gerencias de las entidades financieras, escucharnos y atender nuestras demandas, por razones de justicia, de equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región” (en Cepal.org/ agenda 2030)”.
Si desea apoyar esta petición puede hacerlo accediendo al siguiente enlace:
David Card. Imagen tomada de Semanario Universidad.
David Edward Card (Guelph, 1956) economista canadiense especializado en el ámbito laboral y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley. Fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens.
Es uno de los debates clásicos de la ciencia económica y resurge en España cada vez que el Gobierno revisa al alza el salario mínimo interprofesional (SMI). Quienes se oponen a las revalorizaciones argumentan que la subida de la remuneración básica por encima de la que fija la mano invisible —y que, según la ortodoxia, está determinada por la productividad— acaba expulsando siempre a los trabajadores más desfavorecidos, especialmente los jóvenes, del mercado laboral. Pero ¿tiene que ser necesariamente así? David Card, profesor de la Universidad de California en Berkeley a quien la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus «contribuciones empíricas a la economía laboral», contradijo esta teoría en uno de los estudios que le han valido el prestigioso reconocimiento.
Junto al ya fallecido Alan Krueger —ex asesor de los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama—, Card estudió las consecuencias de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey sobre los trabajadores de cadenas de comida rápida en ese estado y en las zonas limítrofes de la vecina Pensilvania. En aquel momento, 1992, se trataba de dos prósperos territorios industriales del norte del país en manos de administraciones demócratas, pero solo el primero decidió aumentar la paga, desde los 4,25 hasta los 5,05 dólares la hora. La experiencia de estudios previos, especialmente en los años setenta, hacía pensar que el empleo se reduciría en Nueva Jersey debido a la nueva regulación, en contraste con lo que sucedería al otro lado del río Delaware. Pero no fue así.
Las conclusiones fueron las siguientes: el salario medio de entrada había subido un 10% en Nueva Jersey, mientras que el salario medio se había incrementado un 3,1%. En ese estado, no sólo no se había destruido empleo a tiempo completo, sino que se había creado, al contrario que en Pensilvania. Incluso se produjo una «pequeña y estadísticamente insignificante» migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario mínimo hacia el que sí lo había hecho. La única consecuencia negativa fue para los consumidores: el precio del menú aumentó más al este que al oeste del río Delaware, aunque los investigadores matizan que los establecimientos más sensibles a la medida no encarecieron más sus productos que los menos afectados.
Pero las conclusiones no se quedaron ahí. Aunque la decisión de subir el SMI se produjo en 1990, cuando Estados Unidos aún disfrutaba de uno de los mayores ciclos de crecimiento de su historia tras las reformas del presidente Ronald Reagan, se aplicó dos años después, en plena recesión. Entonces, señala el trabajo, algunos sectores pidieron dar marcha atrás a la medida con el argumento de que no era una buena idea en un momento de crecimiento del desempleo. El mismo razonamiento que ha esgrimido en España la patronal CEOE para oponerse al incremento de 15 euros mensuales aprobado por el Gobierno en un contexto en que la economía española aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia del coronavirus.
En sus conclusiones, Krueger y Card descartan que los resultados del estudio estén viciados por el devenir de la economía: «Es poco probable que los efectos del alza del salario mínimo fueran ocultados por la mejora de la situación económica general». Y se muestran taxativos: «El alza del salario creó empleo». Otros estudios, como los del Banco de España, no dicen lo mismo: el organismo regulador calculó que en 2019 se perdieron entre 90.000 y 170.000 empleos en nuestro país por culpa de la subida del SMI.
La controversia seguirá, pero este lunes el premio se lo ha llevado la obra de David Card, que demostró que se puede subir el SMI sin necesidad de destruir empleo y, en ocasiones, ese incremento incluso puede incentivar su creación. Tres décadas después de la investigación, no faltarán las interpretaciones políticas sobre un asunto que sigue generando discusión. Con o sin evidencia empírica que la respalde.
De ahí que las políticas de salarios decrecientes no favorecen el crecimiento ni el desarrollo de los pueblos. Lo que ocasiona son rezagos que imposibilitan la competitividad de los sectores y por ende obstaculizan el desarrollo y crecimientos de los sectores y agentes de la economía.
Foto de David Card recuperada de Semanario Universidad.
Nos están robando el ROP y el IVM. Nos sumergen en indicadores económicos para favorecer a los grandes capitalistas de este país y esto debe acabar.
Basta ya de discursos políticos que suenan lindo a los oídos de los humildes, y por detrás nos recetan aumento en tarifas de buses, inflación altísima, tasas básicas pasivas disfrazando un solapado tributo a favor de los bancos y mientras tanto a los trabajadores nos congelan los salarios.
Dn Nogui, algo no está cuadrando en estas cuentas nacionales y el discurso social del Presidente va en sentido contrario parece por los resultados…
En diarios nacionales se publicaron diversos artículos el lunes anterior, como el incremento en recaudación tributaria a pesar del jaqueo o la pandemia, otros indicadores favorables de la gestión hacendaria, entre ellos del servicio de deuda.
No obstante, eliminan los diputados el delito de fraude aduanero y las altas autoridades de aduanas se quedan calladas; luego, se afecta la base en la importación de la cerveza sobre el pago de tributos en aduanas. Parece ser por otra ley heredada, a la cual aduanas parece recetar un silencio sepulcral.
Es de esperar que la producción nacional de cerveza también apele ese trato igual y lo que se surgiría de efecto según nuestra interpretación subjetiva, es que, se va lo comido por lo servido y la fiesta en utilidad será cuantiosa para algunos.
¿Se sube la tasa básica pasiva, y esto afecta a casi 700 mil deudores y ese efecto millonario disminuye el consumo de los hogares, entonces hacia donde nos llevan sin pago de anualidades o aumentos?
Dn Nogui, este ajedrez político debe contener un sentido social, pareciera ser, según dicen algunos actores civiles, nos reservamos sus nombres, pero gente que conoce el medio señala que su persona responde a los intereses de la señora Aguilar, a los intereses del Sector Financiero, donde Alberto Dent, tira algunas ideas, las copian, las aplican y al final lo efectos son negativos únicamente para los más pobres de este país (la gran mayoría).
Le sugerimos con todo respeto, a la luz de los hechos y acontecimientos, modifiquen la política financiera a la que nos piensan llevar. La clase media, condenada casi a desaparecer, ya no soporta tanta laceración a su estatus social, no es posible que ser profesional en este país deje de ser atractivo para un emprendimiento; mientras los gurú financieros de esta nación, se asoman y desfilan en la pasarela como inmaculados magnates protegidos hasta por funcionarios del Estado mismo o con leyes deficientes en materia de alcance y cobertura.
Le solicitamos respetuosamente, nos brinde un detalle de las fiscalizaciones tributarias solicitadas al consorcio corporativo propietario de un medio de comunicación social renombrado en esta administración, a los bancos o grupos financieros de este país.
En adición a esa solicitud, requerimos un detalle de los casos sobreseídos por la reforma en la Ley de Aduanas, ya que el Director de Aduanas no ha respondido y producto de la modificación en la Ley 7293, podría proveernos el dato de cuántos casos se desestimarían y la cuantía estimada ordenados producto de la aplicación de la reforma a la Ley 7293 y que parece ser una reforma que también favoreció a sectores privilegiados de este país. No se vale, determinar obligaciones millonarias a un potencial infractor, y luego van a la Asamblea Legislativa y se legisla una reforma que los favorece, y las autoridades de turno, quedan congeladas cuando les “meten el gol”.
Dn Nogui, recordamos la solicitud de SITRAHSAN respecto la actuación de su despacho en el estudio de vida y costumbres o bienes propiedad de sus colaboradores, a pesar de que se justifiquen está en la Contraloría, parece se ocultan bienes al respecto.
SITRAHSAN solicita al ministro de Hacienda que se refiera al siguiente extracto del artículo 13 de la Ley 9635: «No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario».
SITRAHSAN estima conveniente que nuestras autoridades superiores contemplen lo anterior como una solicitud para el reconocimiento de las anualidades y aumentos con la justificación por pérdida del poder adquisitivo, término que no es el mismo de “costo de vida”, aunque parezcan similares, pero no lo expresa literalmente así; y dicha interpretación como sinónimo no cabe, a la luz del principio de legalidad y a la luz del principios universales del Derecho Laboral como el in dubio pro operario, consideramos; estamos en el umbral del 60% o 65% de deuda del PIB (artículo 11-incso d) y en consecuencia debería el Poder Ejecutivo aplicarlo de oficio.
Fundamentos de derecho Art. 10 y 118 CPCA, Art. 191 y 193 LGAP, Art. 7, 27 y 41 Constitución Política.
El Sindicato Nacional de Enfermería lo invita a inscribirse a la Carrera SINAE AFINES 2022, “Por una Salud de Alto Desempeño” y rinde homenaje a los trabajadores de la CCSS, que han combatido por más de 2 años y tres meses la pandemia por COVID-19. La carrera será de 5 y 10 km y es apto para cualquier persona que quiera practicar deporte y se tomarán todas las medidas de seguridad, la carrera contará con múltiples estaciones de hidratación en todo su recorrido
Con tu asistencia también brindas ayuda a las personas en situación de calle mediante la obra social que lleva a cabo el Hogar San José.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
¡Muy sencillo! Debes ingresar a la página de Sport Wens (adjuntamos link) y seguir los pasos…
Sobre lo que ocurre en el mundo y en nuestro país durante la primera mitad de 2022, podríamos citar muchas cosas. Pero pocas de ellas con una incidencia tan directa y temible para los trabajadores asalariados como el desfogue y asalto que estamos viendo/siendo con nuestros aportes a los regímenes de pensiones complementarios, donde operadoras, de naturaleza privada y pública, en sí mismas se han transformado en poco tiempo en aliadas de los personas trabajadoras a ser de sus mayores enemigos cual pócima venenosa con que se “embadurnó una hermosa y sabrosa manzana roja”
La Ley de Protección del Trabajador que da origen al surgimiento de fondos de ahorro de parte del salario de las personas trabajadoras, del aporte nuestro y sus patronos, cuando existe empleo formal. Surge a raíz de la transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 0,5% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en eses entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley que recién cumple 20 años y dentro de los loables y nobles fines con que fue creada, destaca la justa universalización del derecho a la pensión. Cómo se logra esto? con una “renuncia” que en el presente hacen los trabajadores de algo que es de su propiedad, parte de su salario; con miras a tener ahorros suficientes a asegurar una vejez digna, cuales bellos abuelitos icónicamente vemos en cuentos como Caperucita Roja y Geppetto. A ver, estos ahorros que hacemos en el presente, que hacen que nos limitemos en la posibilidad de vivir bien ya, de viajar, adquirir algún bien mueble o inmueble o emprender alguna actividad económica que complemente mis ingresos, es pospuesta.
Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que aun no entiendo a quién defiende, si a las operadoras, que no ocupan que nadie las defienda, o a nosotros como trabajadores y ahorrantes. Es decir, alguien podría decirme que somos tan tonticos que como no sabemos administrar nuestros cinquitos requerimos de otros que los manejen, inviertan y decidan qué hacer con mi plata, sí mi plata. Y no es sino, que para ello se requiera la creación de una superintendencia conformada por profesionales que sabrán hacer las del rey Midas, transformar lo nuestro en mayor riqueza, al hacer que nuestro aportes produzcan generosos rendimientos, con lo cual mi retiro este asegurad y pueda dormir a pierna suelta.
Pero ese sueño puede ser interrumpido por una terrible pesadilla y en vez de salir de los brazos de Morfeo para ser arrullado por ángeles, arcángeles, querubines y otras divinidades, sea violentamente pellizcado y atormentado por harpías, gárgolas y otros demonios, y que también mordisquean nuestros fondos.
Patrióticamente desde mediados de junio sólo un medio informativo ha intentado alertar a la población costarricense lo que silenciosamente ha venido ocurriendo con los millonarios fondos de ahorros de millones de personas trabajadoras. Me refiero al Semanario Universidad.
Dichos fondos a la fecha representan el equivalente a 10 mil millones de dólares (SUPEN, Bco. Ctl. Operadoras han perdidos 162 mil millones de colones último trimestre –Pág. 10 Semanario Universidad cita CONASSIF y SUPEN) ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que habían, ya no están.
Estos temas pueden verse lejanos como la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo al igual que ella nos impacta directamente. En mi caso particular como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les comparto el último estado financiero que ha enviado la operadora. S situación debe ser similar la aparición de números rojos porque los inútiles que administran mis ahorros han tomado pésimas decisiones, desde sus cómodos sillones, de las cuales nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos, pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atienda mis dolencia por lo que la CCSS no pueda velar para una mayor calidad de vida. La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Menos aún con la llegada de la siniestra figura de Rocío Aguilar. Personaje de ingrata y triste memoria, quien antes de llegar a estos entes del sector financiero –tras concesión graciosa de Carlos Alvarado Q.- fue contralora y ministra de Hacienda. En este último puesto fue acreedora de una sanción con una suspensión de un mes que nunca ejecutó. O sea, se convierte impunemente en la única funcionaria pública que se acredita una sanción disciplinaria, que nunca cumplió; fue protegida y posteriormente aparece tan campante en un puesto, donde se ha caracterizado por hacer daño a la economía de los hogares costarricenses. Desde su llegada a los órganos regulatorios del sector financiero ha propiciado el deslizamiento de fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación. De los últimos avisos que tenemos de los barones y las damas que regulan el sector financiero es impulsar reformas para que entes como CAJANDE y la SSVMN no puedan ser manejadas por maestros como histórica y centenariamente lo hemos hecho con gran suceso y transparencia. Desean que sean sólo sean especialistas en bancas, finanzas y otros embrujos, que son los mismo que nos tiene en esta situación. No veo a la misma SUPEN promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan desde años atrás. Y mucho menos modificar la forma en que se calcula el beneficio una vez que el trabajador se acoja a la jubilación que es la devolución de sus ahorros, hecho con gran sacrificio, calculando una edad de 115 años…sí leyó bien, 115 años, como si eso es lo que fuéramos a vivir. Ofensa más grande a la inteligencia no he visto cuando nuestra esperanza de vida según el INEC (2022) es de 83, 5 años para las mujeres y de 78,3 para los varones.
En mi caso para este periodo (2022) acumulo pérdidas superiores a 1 355 000 colones y les aseguro que aún así estos desengarzados religiosamente sí cobraron su comisión sobre el manejo de mi cuenta, al igual que a ustedes.
Generemos suficiente presión ante estas entidades y el organismo que nos representan, dejemos la pasividad y modorra, a un lado. Directamente podemos incidir en directivas de Vida Plena y del Banco Popular, para que sus operadoras se torna más humanas, sensibles y solidarias. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, es que deseamos no que quede algo al final de nuestra vida laboral, sino que haya lo que merecidamente hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna, sobre lo que realmente nos pertenece. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.
Parafraseando la frase que le dijese su madre al sultán Boabdil ante la caída de Granada durante la Reconquista Española “No llores como niño, lo que no supiste defender como un hombre” invito en esta mes de la patria a inflamar nuestro espíritu de una llama de rabia transformada en propuesta, en construcción en garantizar nuestra capacidad de incidir para que haya cambio, resultados en los próximos meses. ¡La democracia nos lo garantiza¡
11-IX-22
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