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Etiqueta: desarrollo sostenible

Centroamérica ante la crisis climática: vulnerabilidad, conflictos y desafíos de integración

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo frente a la crisis climática, no por figurar entre las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, sino por la convergencia de fragilidades ecológicas, desigualdades socioeconómicas y debilidades institucionales. Desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice el istmo experimenta con creciente intensidad fenómenos como sequías prolongadas, huracanes más destructivos, inundaciones, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.

Este ensayo sostiene que la crisis climática en Centroamérica no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como una crisis sistémica, donde confluyen modelos de desarrollo extractivistas, patrones históricos de desigualdad y limitaciones en la coordinación regional.

1. Una región altamente vulnerable

Centroamérica aporta menos del 1% de las emisiones globales de CO₂, es decir, una fracción mínima del total mundial, lo que contrasta con su alta exposición a los impactos del cambio climático. Este dato resulta aún más significativo si se considera que, incluso al desagregar la región, ningún país centroamericano representa individualmente una proporción relevante dentro del total global.

Esta vulnerabilidad responde a varios factores, entre otros citamos los siguientes:

  • Ubicación geográfica entre dos océanos, lo que la expone a tormentas tropicales y huracanes.

  • Alta dependencia de la agricultura de subsistencia.

  • Limitada infraestructura de adaptación climática.

  • Altos niveles de pobreza y desigualdad.

Eventos recientes han evidenciado esta fragilidad: huracanes como Eta e Iota (2020) devastaron amplias zonas del istmo, mientras que sequías recurrentes afectan gravemente al llamado Corredor Seco centroamericano.

2. El Corredor Seco: epicentro de la crisis

El Corredor Seco -que atraviesa buena parte del istmo centroamericano- se ha convertido en uno de los espacios más críticos de la región.

Allí se concentran:

  • Sequías prolongadas

  • Pérdidas recurrentes de cosechas (maíz y frijol)

  • Inseguridad alimentaria crónica

  • Migraciones forzadas

La crisis climática intensifica fenómenos preexistentes de pobreza rural, generando lo que algunos analistas describen como una “tormenta perfecta” socioambiental.

3. Deforestación y degradación ambiental

Aunque la región mantiene importantes reservas de biodiversidad, la deforestación continúa siendo un problema grave. Las principales causas incluyen:

  • Expansión de la frontera agrícola (ganadería y monocultivos)

  • Tala ilegal

  • Proyectos extractivos

  • Urbanización desordenada

En términos generales, la región ha experimentado en las últimas décadas una pérdida sostenida de cobertura forestal, con algunas excepciones puntuales asociadas a políticas exitosas de conservación. La deforestación no solo reduce la capacidad de captura de carbono, sino que también altera los ciclos hidrológicos y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

4. Matriz energética y contradicciones del desarrollo

Centroamérica presenta una matriz energética relativamente más limpia que otras regiones en desarrollo, especialmente por el peso de las energías renovables, en particular la hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica.

Sin embargo, esta aparente ventaja oculta tensiones importantes:

  • Conflictos socioambientales asociados a proyectos energéticos

  • Persistencia de un modelo extractivista

  • Dependencia de combustibles fósiles en el transporte

Estas contradicciones evidencian los límites de una transición energética que no siempre incorpora criterios de justicia social y sostenibilidad territorial.

5. Conflictos socioambientales y resistencias

La crisis climática también se expresa en conflictos entre comunidades locales, Estados y empresas.

En diversos territorios del istmo han surgido disputas en torno a:

  • Proyectos mineros

  • Represas hidroeléctricas

  • Expansión agroindustrial

Comunidades indígenas y campesinas han articulado formas de resistencia que no solo defienden sus territorios, sino que proponen alternativas de relación con la naturaleza, más equilibradas y sostenibles. Estas luchas se inscriben en una dinámica más amplia latinoamericana, donde la defensa del territorio se convierte en una respuesta directa a la crisis ecológica.

6. ¿Hacia una integración regional más sólida?

La magnitud de la crisis plantea una pregunta clave ¿pueden los Estados centroamericanos enfrentar estos desafíos de manera aislada?

La respuesta parece ser negativa. La crisis climática exige:

  • Coordinación regional en políticas hídricas

  • Integración de sistemas energéticos

  • Estrategias conjuntas de adaptación

  • Fortalecimiento de instituciones regionales

Sin embargo, los avances en integración han sido limitados, debido a:

  • Fragmentación política

  • Asimetrías económicas

  • Debilidad institucional

Aun así, la crisis podría actuar como catalizador de nuevas formas de cooperación.

7. Nuevas narrativas colectivas

Más allá de las respuestas técnicas, la crisis climática plantea un desafío cultural y político: la necesidad de construir nuevas narrativas colectivas.

Esto implica:

  • Superar la idea de crecimiento ilimitado

  • Replantear la relación sociedad-naturaleza

  • Reconocer el valor de los saberes locales

  • Promover modelos de desarrollo sostenibles, sustentables y equitativos con la vida, la naturaleza y los ecosistemas

No se trata de un cambio automático derivado de la crisis, sino de un proceso que depende de la acción consciente de los actores sociales y políticos. Por lo pronto, especialmente los actores políticos, no se ven dispuestos a acometer un desarrollo como el descrito que, supere las inequidades, la corrupción, el autoritarismo y el modelo altamente consumista que caracteriza la región habitualmente.

Conclusión

Centroamérica enfrenta la crisis climática desde una posición de alta vulnerabilidad estructural, pero también con importantes potencialidades. La región combina riqueza ecológica, experiencias relevantes de conservación y una creciente conciencia social sobre los límites del modelo de desarrollo vigente.

El futuro dependerá de la capacidad de articular respuestas integrales que combinen:

  • justicia social,

  • sostenibilidad ambiental,

  • y cooperación regional.

La crisis climática no es únicamente una amenaza: también es una oportunidad para redefinir el rumbo histórico del istmo.

Obispos llaman a soluciones integrales en Crucitas sin sacrificar la vida ni la naturaleza

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.


Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socioambiental
.” (Laudato Si´, 139)

Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.

Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.

Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.

En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.

Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.

La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.

La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.

Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.

En San José a 14 de abril del 2026.

Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Bartolomé Buigues Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

Costa Rica: el desafío de reconstruir su democracia

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Su Formación Humanista, La Participación ciudadana y la Justicia Social

1.Una democracia fatigada

Costa Rica atraviesa una etapa de fatiga democrática. No porque haya perdido sus instituciones fundamentales, sino porque una parte significativa de su ciudadanía ha dejado de sentirse representada, escuchada y protegida por ellas. La desigualdad persistente, el desempleo, la inseguridad, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción profunda, el advenimiento del narcotráfico y la lentitud institucional han erosionado la confianza pública.

En este contexto emergen discursos personalistas, confrontativos y autoritarios que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos. Cuando estos discursos prosperan, no es porque haya ignorancia popular, sino, sobre todo, porque hay frustración social acumulada. Allí donde la política democrática se deterioró profundamente y dejó de ofrecer respuestas creíbles a los ciudadanos, en especial a los más pobres, ha surgido el caudillismo populista y autoritario.

La historia reciente de América Latina muestra con claridad que el debilitamiento de la participación ciudadana y de la formación cívica abre la puerta a proyectos que concentran aún más el poder y deterioran la convivencia democrática. Costa Rica no está inmunizada contra esa deriva.

2.La experiencia comunitaria como escuela democrática

Durante décadas, existieron en el país experiencias valiosas de trabajo territorial: organizaciones juveniles, comités barriales, asociaciones de desarrollo, juntas progresistas, cooperativas, sindicatos, organizaciones y emprendimientos de pequeños productores, organizaciones empresariales democráticas y grupos culturales que promovían la participación cívica activa. En esos espacios la ciudadanía aprendía a deliberar, a organizarse, a resolver conflictos y a ejercer liderazgo social.

Estas experiencias demostraron que la democracia no se aprende solo en los libros, sino, por encima de todo en la práctica cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas se debilitaron por sectarismos ideológicos, fragmentaciones internas y, en algunos casos, por el menosprecio a la democracia liberal y pluralista.

Hoy resulta indispensable recuperar esa tradición comunitaria, pero con una visión renovada, inclusiva, plural, respetuosa de las instituciones y comprometida con los derechos humanos. La organización social no debe ser instrumento de manipulación política, sino espacio de formación ciudadana.

Hoy está pendiente una tarea que no fuimos capaces de empezar para derrotar al autoritarismo y al populismo vulgar y dicharachero. Debimos habernos avocado a la construcción de una amplia alianza de los partidos políticos democráticos y progresistas. Sin sectarismo ideológicos o políticos. Costa Rica nos necesitaba y nos necesita a todos unidos frente a quienes amenazan las bases de nuestra sociedad democrática, que puede superar sus limitaciones y avanzar por la senda de la equidad y la justicia social, del humanismo y el pluralismo, de la participación y la organización popular.

3. Formación humanista: fundamento de la ciudadanía democrática

La formación humanista está en el corazón del proyecto democrático. Cuando hablamos de formación humanista hablamos de algo que también debe estar en el centro de la educación.

Una de las principales debilidades actuales es el debilitamiento de la formación humanista. Durante décadas, el sistema educativo costarricense promovió valores cívicos, pensamiento crítico, sensibilidad social y conciencia histórica. Esa tradición fue clave para la estabilidad democrática del país.

En los últimos años, no obstante, ha predominado una visión y prácticas muy reducidas de la educación, acaso como simple preparación para el mercado laboral. Sin desconocer la importancia de la formación técnica, resulta evidente que una sociedad sin base humanista es vulnerable al autoritarismo, la desinformación y la polarización.

La formación humanista implica desarrollar en las personas: conciencia ética, respeto a la dignidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia nacional y conciencia histórica, compromiso y sensibilidad social.

Esto requiere fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la educación cívica, el debate respetuoso y por supuesto combinado con las STEM (Carreras tecnológicas que deben llevar en sí la formación humanista). Asimismo, demanda promover espacios culturales comunitarios que fomenten el diálogo intergeneracional, el respeto por todos los seres humanos, la tolerancia y la memoria colectiva.

Una ciudadanía formada humanísticamente es menos manipulable y más capaz de defender una democracia renovada, popular y plural.

4. Participación ciudadana: democratizar el poder

Sin participación real de la ciudadanía, la democracia se acartona y se vuelve mero trámite electoral.

La democracia no puede reducirse al voto periódico. Sin participación efectiva, el sistema político se vacía de contenido y se convierte en una formalidad.

Participar significa deliberar, proponer, fiscalizar, evaluar y corregir. Significa asumir responsabilidad colectiva por el rumbo del país.

Costa Rica ha contado con múltiples estructuras participativas, que, aunque muchas se hayan debilitado, están guardadas en la memoria histórica de muchos luchadores sociales. Lo repito resumidamente: asociaciones de desarrollo, juntas educativas, consejos municipales, cooperativas y sindicatos, comités comunales y ahora diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos y ambientales.

Es necesario revitalizarlas mediante mecanismos como: presupuestos participativos municipales, cabildos abiertos cuyas resoluciones sean vinculantes, auditorías sociales ciudadanas, consultas locales digitales, consejos barriales permanentes, organizaciones ecologistas locales y territoriales.

Estos instrumentos permitirán que la ciudadanía incida realmente en las decisiones públicas y fortalezca la cultura cívica de carácter democrático.

Formación humanista y participación ciudadana son inseparables. Sin formación cívica la participación se torna manipulable. Y, sin participación la formación se vuelve estéril.

La democracia requiere de ambos, ciudadanos conscientes y participativos, críticos y organizados. Ciudadanos críticos y organizados es lo que teme cualquier populismo.

5. Justicia social y desarrollo sostenible y sustentable con rostro humano

Está visto que, el desarrollo no puede consistir exclusivamente en crecimiento económico. Cuando es así, se degrada siempre y ofrece oportunidades únicamente para los sectores más adinerados. Las oportunidades se concentran y nunca se puede abatir de forma significativa la pobreza. Los países que solo apuestan al crecimiento sin distribuir la riqueza social producida por todos terminan comiéndose los recursos de hoy y también los de las futuras generaciones. No habrá nunca desarrollo sostenible ni tampoco sustentable. La desigualdad continuará siendo un “karma” facilitando que nos invada el narcotráfico y todos los demás flagelos de las sociedades pobres.

La reconstrucción democrática exige una agenda social sólida. El empleo local, el crédito productivo para pequeños emprendimientos, el alivio al costo de la vida, la inversión en infraestructura básica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible con inversión en energías limpias buscando el carbono neutralidad son prioridades ineludibles.

La seguridad debe abordarse integralmente: policía profesional, inteligencia financiera contra el crimen organizado, recuperación de espacios públicos, programas de prevención social y becas para aquellos estudiantes que no pueden estudiar de otra forma. El narcotráfico no solo genera violencia; impone modelos culturales destructivos y debilita el tejido moral de la sociedad.

La educación técnica vinculada al empleo como el INA, las becas con acompañamiento, la conectividad universal y la reducción de la deserción escolar son herramientas fundamentales de movilidad social.

La salud pública y la vivienda digna constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social y promover vivienda digna integrada son tareas impostergables.

6.Transición ecológica y responsabilidad intergeneracional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Afecta el acceso al agua, la producción agrícola, la salud de personas, animales y plantas, así como la estabilidad económica de las sociedades. Costa Rica tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición ecológica justa.

Esta transición debe ser popular e inclusiva; debe generar empleo local mediante reforestación, energías limpias comunitarias, agricultura sostenible, transporte no contaminante como tren eléctrico y flotilla interurbana de buses también eléctricos, así como protección de los ecosistemas terrestres y marinos.

La defensa ambiental no puede ser el privilegio que favorezca a las élites urbanas. Debe ser una política de bienestar colectivo y de justicia intergeneracional. Implica aprender a trabajar los recursos marinos, sin afectar sus ecosistemas y sin que se convierta en una explotación devoradora. Las aguas de ríos y mares deben ser rescatadas e impedir que las cuencas de los ríos degeneren en cloacas y que el mar sea un basurero.

Las comunidades debe ser poblaciones eco sustentables, lo que significa educación y capacitación comunitaria para lograr una mayor autonomía de estas y participación en la tarea del desarrollo sostenible y sustentable.

7. Cultura, formación para la paz y cultura cívica, identidad y cohesión social

La cultura es un pilar de la democracia. La música, el arte, el teatro, la danza, la poesía y la memoria histórica fortalecen la identidad nacional y la convivencia. La formación para la paz y una cultura cívica, deben estar en el centro de nuestra educación y formación ciudadana.

La cultura humaniza y genera más cultura, nos enseña a convivir y respetar al otro y la otra, aprendemos también a convivir con animales y plantas sin ocasionar su exterminio. La cultura nos ayuda a entender que formamos parte de ecosistemas complejos, dentro de los cuales hemos de convivir en paz.

La cultura camina de la mano de la convivencia solidaria y de la paz.

Una red nacional de cultura comunitaria contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el sentido de pertenencia y formar ciudadanía crítica. Invertir en cultura es invertir en estabilidad y desarrollo democrático.

8. Institucionalidad, ética y desarrollo democrático

La primera y más preciada de las instituciones debe ser una educación sólida en todos los niveles del desarrollo de la persona humana. Debe ser integral en valores, afianzar la justicia para todas las personas, equidad e igualdad de géneros, respeto al derecho de cualquier persona a disentir, a todos aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras; por ello estamos obligados a profesar respeto a las personas con diferentes creencias políticas, religiosas, debemos respetar a las personas agnósticas o sin convicciones religiosas; debemos respeto a los sexualmente diversos, para que todos y todas nos respeten a nosotros. Nuestra sociedad debe afianzar una cultura de paz, solidaridad con los más necesitados y entre todos, por medio de la educación. Una educación sólida debe saber integrar la tecnología moderna a todos los niveles etarios de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico, intelectual, social y cultural.

La democracia requiere además instituciones fuertes, autónomas y transparentes. Es menester defender la libertad de prensa, la fiscalización, la justicia independiente y la rendición de cuentas no es un formalismo jurídico. Sino una garantía de igualdad ante la ley.,

Del mismo modo, resulta imprescindible reducir los privilegios que no se deriven del merecimiento propio como los que provienen del intelecto, o de las habilidades y aprendizajes artísticos o deportivos. También la sociedad debe promover el respeto irrestricto a personas con diferentes discapacidades, debemos estar prestos a eliminar todo tipo de barreras en la educación, arquitectónicas o de cualquier naturaleza que impidan que las personas con discapacidad logren desarrollarse en medio de las limitaciones que sean propias de su discapacidad. La nuestra tiene que ser una sociedad dispuesta a combatir la corrupción con firmeza, así como la violencia o la arbitrariedad y, se debe promover en ella una cultura de servicio público.

El país no necesita “salvadores” ni caudillos. Requiere liderazgos colectivos que se basen en el potencial de cada cual, en lo intelectual, cultural, artístico, deportivo. Nuestra sociedad requiere de equipos humanos competentes en las distintas áreas, necesitamos acuerdos amplios y fomento de la vocación ética.

9. La democracia como tarea cotidiana

La reconstrucción nacional no se juega únicamente en una elección, aunque debemos fomentar siempre el resultado de las elecciones limpias que custodia el Tribunal Supremo de Elecciones y también es el deber ciudadano. La reconstrucción de la sociedad es una tarea diaria. Empieza en cada barrio, en cada aula, en cada asociación, en las zonas rurales y urbanas, en cada espacio cultural, en cada acto de respeto cívico.

Costa Rica no se construyó por azar. Lo hizo gracias a una combinación de justicia social, respeto por la solidez institucional, educación humanista y solidaria y muy particularmente participación ciudadana.

Hoy debemos renovar ese pacto histórico para reconstruir la democracia. La democracia no se hereda, se cultiva entre toda la ciudadanía. No se delega, se ejerce. No nos debemos contentar con proclamarla, debemos vivir en ella y para ella.

Solo así podrá seguir siendo el fundamento de nuestro futuro común.

Estudio independiente revela fuertes diferencias en las propuestas ambientales de los partidos políticos rumbo a elección del 2026

Parlamento Cívico Ambiental

Comunicado

Este estudio elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) revela una clara estratificación entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, será presentado públicamente este jueves 15 de enero en la Asamblea Legislativa, en un espacio abierto a legisladores, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

Principales hallazgos:

El estudio analiza los programas de 13 partidos políticos con mayor presencia en encuestas a diciembre de 2025, mediante una metodología dual que combina: 1) Una matriz ambiental ponderada de 50 indicadores distribuidos en 13 áreas clave (agua, cambio climático, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental, ordenamiento territorial, entre otras); y 2) un análisis cualitativo de coherencia, basado en el Capítulo 4 del Informe del Estado de la Nación, que identifica un deterioro sostenido de la gobernanza ambiental en el país.

El procesamiento de datos y la asignación de ponderaciones se realizaron mediante un sistema de inteligencia artificial supervisada, utilizando plataformas de IA de Google y ChatGPT versión 5.

Los resultados permiten clasificar los programas de gobierno en una escala que va desde propuestas de transformación estructural progresiva hasta enfoques abiertamente regresivos en materia ambiental. La evaluación identificó cuatro grandes grupos, con niveles de cumplimiento superiores al 90%, entre 50–60%, 30–40% y por debajo del 30% de los indicadores analizados.

Estas tendencias fueron confirmadas por el análisis cualitativo de coherencia institucional.

Más que una crisis ambiental:

El informe concluye que la crisis ambiental que enfrenta Costa Rica es también política e institucional, caracterizada por debilitamiento de capacidades públicas, regresión regulatoria, conflictos territoriales, presión inmobiliaria costera, deterioro del acceso al agua y reducción de la participación ciudadana.

En este contexto, el estudio ofrece una herramienta comparativa clara y transparente para apoyar a la ciudadanía, los medios de comunicación y los tomadores de decisión en la evaluación de las propuestas políticas frente a los desafíos ambientales reales del país.

Presentación pública:

La presentación oficial se realizará el jueves 15 de enero a las 10:00 a.m., en la Sala de Conferencias de Prensa de la Asamblea Legislativa (piso -3). La actividad cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Ambiente, diputada Katherine Moreira Brown, y se enmarca en los esfuerzos del Parlamento Cívico Ambiental y ARTES-JUSTECO por promover un debate electoral informado y basado en evidencia.

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

Nuevo horizonte para gobiernos locales: reforma al Código Municipal y oportunidad histórica de liderar restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre desde Costa Rica

Por Allan Astorga Gättgens (*) / pressenza

Costa Rica ha dado un paso trascendental

La reciente reforma al Código Municipal de Costa Rica (Ley 10804 del 02.12.2025) no solo actualiza la visión del desarrollo local, sino que transforma de manera profunda el papel que deben desempeñar los gobiernos locales frente a la crisis climática y la degradación acelerada de la Ecosfera terrestre.

Por primera vez, la ley establece con claridad que las municipalidades deben integrar en su planificación, programas y decisiones:

  • La acción frente al cambio climático,

  • La protección ambiental,

  • La conservación de la biodiversidad, y

  • La restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre.

Esto marca un punto de inflexión. Un antes y un después en la gestión pública local.

Costa Rica enfrenta hoy amenazas crecientes: deslizamientos, inundaciones extremas, pérdida de suelos, deterioro de cuencas, urbanización acelerada en zonas inestables, sequías más intensas, degradación marina y un aumento sostenido de episodios climáticos severos.

Todo esto exige decisiones valientes, planificadas y técnicamente sustentadas.

La reforma al Código Municipal dota por fin a los gobiernos locales y sus comunidades de las herramientas jurídicas necesarias para actuar con visión, ciencia y responsabilidad.

1. La autonomía municipal se fortalece: ahora sí es posible liderar la gestión ambiental y territorial desde lo local

La autonomía otorgada por la Constitución y desarrollada por el Código Municipal no es un concepto decorativo. Representa un poder real: la capacidad del gobierno local para dictar regulaciones, ordenar su territorio, proteger su ambiente y velar por la seguridad y bienestar de sus habitantes.

La reforma de 2025 convierte esa autonomía en una obligación estratégica: cada municipalidad debe incorporar en su planificación institucional criterios de cambio climático, biodiversidad y restauración ecosférica.

Esto significa que los gobiernos locales ya no dependen únicamente de lineamientos nacionales: tienen el mandato, la responsabilidad y la facultad legal para adoptar criterios más rigurosos que los establecidos por la reglamentación sectorial, siempre que sea en beneficio de la protección ambiental y la reducción del riesgo.

2. La oportunidad para superar las limitaciones del Decreto 44.710-MINAE

La derogatoria del Decreto 32.967-MINAE —que durante casi dos décadas brindó una metodología ambiental robusta y científica para la planificación territorial— y su sustitución por el Decreto 44.710-MINAE ha provocado confusión y una creciente preocupación técnica y jurídica.

Mientras el Decreto 32.967 (de los IFA originales) integraba criterios rigurosos de evaluación ambiental, fragilidad y riesgo, el 44.710 los sustituye por dos metodologías más débiles y menos exigentes, reduciendo la profundidad del análisis territorial y aumentando la posibilidad de errores en la toma de decisiones.

El Decreto 32967 tenía un énfasis en el ordenamiento ambiental del territorio como base para la planificación territorial sostenible, mientras que la el 44710 con sus dos metodologías, tiene un fin meramente de impulso al desarrollo urbano, dejando por fuera factores ambientales clave.

Esto constituye una regresión ambiental, incompatible con el principio constitucional de no regresión.

Pero hoy existe una salida clara: la reforma al Código Municipal, sumada a la autonomía constitucional, permite a los gobiernos locales adoptar sus propias metodologías ambientales y territoriales más estrictas que las del Decreto 44.710-MINAE.

Si el decreto nacional es insuficiente para garantizar la protección ecosférica, la municipalidad no solo puede, sino que debe suplir esa insuficiencia mediante:

  • Estudios de zonificación ambiental más profundos y completos,

  • Metodologías avanzadas de terrazonificación,

  • Mapas de fragilidad ambiental,

  • Microzonificación de amenazas naturales,

  • Análisis integrados de cambio climático y riesgo,

  • Identificación de zonas de restauración ecosférica,

  • Regulaciones propias para el uso del suelo.

3. Una hoja de ruta clara para que los gobiernos locales actúen desde hoy

A. Ordenamiento y planificación territorial basada en evidencia científica

Los gobiernos locales pueden —y deben— actualizar sus instrumentos de planificación para incluir:

  • Terrazonificación ambiental y territorial, de escala detallada.

  • Zonificación ecológica funcional.

  • Áreas de restauración ecosférica y corredores biológicos.

  • Zonificación de riesgo por deslizamientos, inundaciones y sismicidad y otras amenazas naturales.

  • Protección de riberas, recarga acuífera y ecosistemas sensibles; así como la gestión sostenible de los recursos hídricos y naturales en general.

B. Gestión preventiva del riesgo: la primera línea de protección de la población

La municipalidad puede implementar:

  • Mapas cantonales de amenaza y vulnerabilidad.

  • Regulaciones constructivas vinculadas al riesgo.

  • Restricciones en zonas inestables.

  • Monitoreo geológico e hidrológico.

  • Planes de adaptación local al cambio climático.

C. Restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre
La reforma permite que las municipalidades desarrollen programas locales de regeneración ecosistémica:

  • Reforestación de áreas estratégicas (base para la recuperación de ecosistemas),

  • Restauración de suelos degradados,

  • Manejo de bosques y recuperación de biodiversidad,

  • Protección de ríos, quebradas y zonas costeras,

  • Regeneración urbana con naturaleza.

D. Agricultura, ganadería y producción regenerativa

Los gobiernos locales pueden orientar el desarrollo rural hacia prácticas que:

  • Capturen carbono,

  • Recuperen la fertilidad del suelo,

  • Aumenten la resiliencia productiva,

  • Reduzcan la erosión y la pérdida de cosechas,

  • Valoricen la biodiversidad agrícola e impulsen la producción regenerativa.

E. Educación, gobernanza y participación climática

La reforma exige activar procesos participativos que definan prioridades ambientales cantonales y fortalezcan:

  • Comisiones ambientales y climáticas municipales,

  • Educación ambiental comunitaria,

  • Consultas para planes de ordenamiento y restauración,

  • Gobernanza colaborativa con sectores productivos.

4. Cómo pueden financiarlo los municipios: el ordenamiento ambiental como motor de progreso sustentable

Uno de los cuestionamientos más frecuentes de los gobiernos locales es el financiamiento: ¿cómo pueden costear estudios ambientales, mapas de amenaza, terrazonificaciones y programas de restauración ecosférica si muchos municipios enfrentan limitaciones presupuestarias?

La respuesta —y la oportunidad— está en comprender que ordenar el territorio no es un gasto: es una inversión estratégica que genera nuevas fuentes de desarrollo y recursos sostenibles para el cantón.

Cuando una municipalidad realiza estudios serios de fragilidad, terrazonificación y zonificación ecológico-funcional, no solo identifica las áreas que requieren protección, sino también los territorios con verdadero potencial de desarrollo sustentable. Estos análisis permiten determinar con precisión zonas aptas para agricultura y ganadería regenerativa, para turismo ecológico, para proyectos inmobiliarios responsables y para otras actividades productivas compatibles con la nueva visión establecida por la reforma al Código Municipal.

Es decir, el ordenamiento no bloquea el desarrollo: orienta un desarrollo mejor, más seguro, más rentable y más atractivo para la inversión. Cuando el cantón demuestra que conoce su territorio, que protege sus recursos y que planifica con rigor, se vuelve un destino confiable para capital privado, para emprendedores locales, para inversionistas nacionales y para iniciativas internacionales en materia ambiental, climática y de gestión del territorio. La restauración de suelos, el mejoramiento de la calidad hídrica, la protección de cuencas y la recuperación de ecosistemas generan un “efecto de confianza” que eleva el valor del territorio y abre la puerta a nuevos proyectos económicos compatibles con el ambiente.

Este proceso se convierte en un círculo virtuoso: primero se ordena la casa, se corrigen las debilidades ambientales y se fortalece la resiliencia del cantón; luego ese mismo ordenamiento es el impulso para atraer inversión sustentable, que genera empleo, diversifica la economía local y amplía la base tributaria municipal. De esta forma, el financiamiento para continuar los estudios ambientales, implementar programas de restauración o fortalecer la gestión del riesgo comienza a surgir del propio progreso generado por el cantón. El desarrollo sustentable deja de ser un costo y se convierte en una plataforma económica.

Para los cantones con territorios pequeños o con recursos más limitados, la solución pasa por acciones intermunicipales coordinadas. Trabajar con cantones vecinos permite generar economías de escala, compartir metodologías, unificar criterios técnicos y construir terrazonificaciones regionales que fortalecen la capacidad de gestión y reducen costos. La ley permite y estimula esta cooperación, y los beneficios —en materia de riesgo, ambiente y desarrollo económico— se multiplican cuando los territorios son gestionados bajo una visión común.

Lo esencial es que exista una metodología coherente, rigurosa y estandarizada, que permita que todos los cantones avancen bajo la misma lógica de ordenamiento, restauración y progreso sustentable. El financiamiento no surge de aumentar cargas a la población, sino de utilizar el conocimiento del territorio para activar un desarrollo económico más inteligente, seguro y ambientalmente responsable, alineado con la reforma al Código Municipal y con las necesidades de la crisis climática.

5. El Sistema SalveTerra se pone a disposición de todas las municipalidades del país

Con profundo respeto institucional y compromiso con Costa Rica, el Sistema SALVETERRA® ofrece acompañamiento técnico para:

  • Capacitación de funcionarios municipales y representantes interesados de las comunidades.

  • Elaboración de terrazonificaciones cantonales,

  • Mapas de riesgo y microzonificación,

  • Programas de restauración ecosférica,

  • Diseño de reglamentos municipales de uso del suelo,

  • Integración de la variable ambiental y climática en el ordenamiento territorial,

  • Incorporación de criterios de resiliencia en presupuestos y programas.

6. Un llamado respetuoso, firme y urgente

Costa Rica tiene en sus manos una oportunidad histórica. La reforma al Código Municipal no es un trámite: es un mandato, un camino y una responsabilidad.

Invitamos a las municipalidades a asumir este liderazgo con visión, seriedad y compromiso.

Hoy, más que nunca, el país necesita gobiernos locales capaces de:

  • Ordenar su territorio con rigor,

  • Reducir riesgos,

  • Restaurar ecosistemas,

  • Proteger su biodiversidad,

  • Y construir futuro.

El Sistema SALVETERRA® está listo para caminar a su lado. La restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre es posible. Y empieza desde lo local.

Costa Rica, donde nació el Sistema SALVETERRA® puede servir de guía y dar el ejemplo al mundo sobre cómo se combate el Cambio Climático y se restaura el Equilibrio de la Ecosfera Terrestre desde la escala local, pero con visión planetaria.

(*) Allan Astorga es geólogo y consultor ambiental. Licenciado en Geología de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Catedrático de la Universidad de Costa Rica hasta 2019, especializado en geología ambiental.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/12/nuevo-horizonte-para-gobiernos-locales-reforma-al-codigo-municipal-y-oportunidad-historica-de-liderar-restauracion-del-equilibrio-de-la-ecosfera-terrestre-desde-costa-rica/

¿Cómo medir nuestro impacto para construir un futuro sostenible?

Por Sofía Morera Oses

En julio de 2025, se registró el Día del Sobregiro de la Tierra, lo que quiere decir que la humanidad ya había consumido todos los recursos que la naturaleza puede regenerar de manera sustentable en un año; convirtiéndose en el sobregiro ecológico más anticipado del que se tenga registro (WWF, 2025).

La Red Global de la Huella Ecológica (GFN) junto con la Universidad de York, indicaron que actualmente la humanidad está haciendo uso de los recursos naturales un 80% más rápido que la capacidad en que los ecosistemas pueden regenerarse, lo que equivale a consumir los recursos de casi dos planetas Tierra para sostener ese nivel de actividad; este consumo insostenible de recursos naturales no solo afecta a la población actual, sino que compromete en gran medida la seguridad y disponibilidad de recursos para las generaciones futuras (WWF, 2025).

Con el objetivo de evaluar el impacto ambiental y promover acciones hacia un desarrollo sostenible se puede usar la Huella Ecológica, la cual es un indicador que mide el impacto de la actividad humana en el planeta, para esto, cuantifica la superficie biológicamente productiva necesaria para proveer los recursos consumidos y absorber los residuos generados por una persona, actividad o comunidad; la unidad de medida que se utiliza es la hectárea productiva (WWF, 2024).

Es decir, permite conocer la sostenibilidad del modo de vida y comparar regiones o países, entendiendo que no todos los países o personas demandan la misma cantidad de recursos, por lo que la huella que produce cada país/persona es diferente (WWF, 2024).

Por ejemplo, un ciudadano promedio de EE.UU. puede tener una huella ecológica de 8.2 hectáreas mientras que en Costa Rica es de aproximadamente 2 hectáreas por habitante. Ambos indicadores, superan el parámetro de comparación es la biocapacidad de la Tierra, que es actualmente de 1,6 hectáreas globales por persona, según el informe de World Wildlife Fund (WWF).

También se puede utilizar la Huella de Carbono, que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que emiten las actividades humanas tanto directa como indirectamente (como el uso de combustibles fósiles en el transporte, industria, energía y agricultura), se mide en toneladas de CO2 equivalente (Espíndola y Valderrama, 2011). Entre más emisiones se generen, más se aporta al calentamiento global y por tanto al cambio climático.

Poder medir la huella de carbono resulta clave para diseñar planes de mitigación y reducción de emisiones en los países, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Todas las personas tenemos una huella de carbono, hay diversos factores que influyen en el tamaño de esa huella, por ejemplo, del consumo de cada persona, los productos que suelen comprar, la dieta que tienen, cómo viajan, la forma en que se utiliza la energía en los hogares, etc.

Para ayudar al planeta, debemos:

Reducir el consumo de energía, aunque en Costa Rica la energía proviene en su mayoría de fuentes renovables, es fundamental ser conscientes de nuestro consumo de energía. Desconecte los aparatos electrónicos que no esté utilizando, evite dejar luces encendidas y revise las conexiones de su hogar.

Mejorar los hábitos de consumo, la producción de cualquier producto requiere el uso de energía y consumo de recursos naturales. Compre menos, reutilice, recicle y aproveche los productos de segunda mano. Antes de comprar algo, hágase la pregunta “¿realmente lo necesito?”.

Viajar responsablemente, los automóviles son sumamente contaminantes, si tiene la oportunidad opte por un auto eléctrico. También puede disminuir el uso: haga menos viajes, comparta el viaje, utilice transporte público o viaje en bicicleta siempre que pueda.

Para evaluar su propia huella y reflexionar sobre su estilo de vida actual, puede escanear los códigos QR. A la izquierda Huella Ecológica y a la derecha Huella de Carbono:

Bibliografía

Espíndola, C; & Valderrama, J. 2011. Huella del Carbono. Parte 1: Conceptos, Métodos de Estimación y Complejidades Metodológicas. Información Tecnológica Vol. 23 Nº 1 – 2012. https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v23n1/art17.pdf

WWF (World Wildlife Fund). 2024. ¿Qué es la huella ecológica?, ¿Cómo se produce? ¿Cómo la podemos reducir? Consultado el 05 de noviembre, 2025. https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/

WWF (World Wildlife Fund). 2025. La Tierra vive en 2025 el sobregiro ecológico más anticipado del que se tenga registro. Consultado el 05 de noviembre, 2025. https://wwf.panda.org/es/?14374441%2FLa-Tierra-vive-en-2025-el-sobregiro-ecologico-mas-anticipado-del-que-se-tenga-registro

Presentación del capítulo de Ambiente del Informe Estado de la Nación será este jueves en la Asamblea Legislativa

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental invita a la presentación del capítulo de Ambiente del Informe del Estado de la Nación, una actividad bimodal dirigida a personas interesadas en comprender la situación ambiental del país y los principales hallazgos del informe más reciente.

La sesión se realizará este jueves 20 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa (Edificio A, piso -3). La exposición estará a cargo del Magíster Leonardo Merino Trejos, politólogo y coordinador del Informe Estado de la Nación en la sección correspondiente al diagnóstico ambiental.

Según la convocatoria, las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario oficial disponible en línea o por los canales de contacto habilitados por el Parlamento Cívico Ambiental. La modalidad virtual estará disponible exclusivamente para las organizaciones que integran el Parlamento Cívico Ambiental, mientras que la participación presencial está abierta mediante inscripción previa.

Inscripción presencial:
Formulario oficial:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddqajeF1Hvg8LlT6o_u8QWsIfxWrldPU0jrDvBDKS5-zpSbg/viewform

También pueden inscribirse escribiendo a mbarrionuevo@asamblea.go.cr o llamando al 2243-2995.

La actividad forma parte del esfuerzo del Parlamento Cívico Ambiental por fortalecer el acceso público a información rigurosa y promover el debate informado sobre la situación del ambiente en Costa Rica.

Foro en vivo: Economía social solidaria y soberanía alimentaria en Costa Rica

La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invitan al foro en vivo “Economía social solidaria y soberanía alimentaria en Costa Rica”, un espacio de análisis y diálogo sobre las experiencias, desafíos y perspectivas de estos temas fundamentales para el país.

El encuentro contará con la participación de:

  • Mayra López, de la Feria Orgánica El Trueque,

  • Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional, y

  • Marcela Dumani, de la Escuela de Nutrición de la UCR e integrante de la Red de Agroecología de Costa Rica.

🗓️ Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025
🕕 Hora: 6:00 p.m.
📍 Transmisión en vivo: Facebook Live de SURCOS Digital

El foro busca visibilizar cómo la economía social solidaria y las prácticas agroecológicas fortalecen la soberanía alimentaria, la participación comunitaria y la resiliencia económica frente a los retos actuales del país.