Denuncia y solicitud de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos sobre miembros de la Junta Directiva del CTP

transporte público

El pasado 17 de enero de 2023, Renier Canales Medina, como representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos, interpuso una gestión para que se dé inicio a un proceso de caducidad en contra de las empresas de grupo de interés económico de Esteban José Ramirez Bioley, en el cargo de director de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP). Adicionalmente a esto, se interpuso una denuncia en contra de los actuales miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público ante la Procuraduría de Ética Pública, la Procuraduría General de la República y ante el Presidente de la República. 

En la gestión para que se inicie con un proceso de caducidad se solicita que se investigue los estudios de evaluación dadas por las empresas Autotransportes Zapote S.A., Autotransportes CESMAG S.A., MAGASOSO de las Lomas Sur S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos S.A. y Transportes Públicos La Unión S.A. y Autotransportes RARO S.A. a nombre de Esteban José Ramirez Bioley, para la renovación de las concesiones para el año 2021 respecto a la información aportada en la evaluación empresarial, y que se realicen averiguaciones sobre la realidad económica y financiera de las empresas mencionadas, esto con el fin que el servicio de transporte no se vea interrumpido y no afectar a los usuarios. Se solicita además que de encontrarse a partir de la investigación alguna anomalía a la hora de presentar la documentación e información para la renovación de las concesiones, se penalice como resultado, el decretar la caducidad de las concesiones y permisos a las empresas anteriormente mencionadas.

Respecto a la denuncia interpuesta, esta consiste en solicitar que se investiguen tanto a Esteban José, como al resto de miembros de la Junta Directiva del CTP por su actuación irregular y omisiva sobre hechos relacionadas a las empresas mencionadas, en temas como morosidad, incumplimiento de la legislación actual, entre otros. Finalmente, se solicita que, en caso de probarse actos incorrectos, se tomen las medidas correspondientes según la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

 

Información compartida con SURCOS por Renier Canales.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de costarica2050.cr