El Secretario General de ANEP Albino Vargas Barrantes, reitera que esta organización no es enemiga del movimiento cooperativo, sino que lo respetan como uno de los bastiones de la democracia económica del país. Además, llama a recordar que conjuntamente se ha trabajado en el análisis y las propuestas sobre el futuro del país. Sin embargo, indica que el proceso llevado a cabo por la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social donde se ha concesionado 10 áreas de salud, que según Vargas Barrantes es un proceso en el cual pueden presentar irregularidades; entre estos el tráfico de influencias.
Además, cuestionó el uso excesivo de recursos que fue señalado por las autoridades actuariales competentes de la propia CCSS. Además, señala lo dicho por la Contraloría General de la República, la cual acoge la denuncia del ANEP sobre este problema, y que tomará en consideración las pruebas aportadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
Sobre lo anterior, Juan Carlos Durán Castro externa su satisfacción hacia la decisión tomada por la Contraloría y que, como organización han planteado la irregularidad de la situación por un periodo extenso de tiempo. Durán Castro reitera que se debe poner en transparencia los trámites y decisiones pactadas por instituciones públicas del Estado, sobretodo para proteger a las personas trabajadoras o, para poner en evidencia a quienes han obrado deshonestamente.
Se les invita a leer el siguiente documento, el cual es la resolución de la Contraloría.
Costa Rica sobresale, en el tema inversiones, por la seguridad jurídica con la que cuenta dentro de su marco institucional. Sin embargo, con respecto a las concesiones de radio y televisión, a criterio de la Defensoría, no se cuenta con la claridad requerida acerca cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones.
A menos de una semana para su vencimiento, el Gobierno anunció que prorrogará, antes del 28 de junio, a través de un decreto ejecutivo, estas concesiones. No obstante al plantearse como una medida temporal genera incertidumbre en torno al derecho en cuanto a su seguridad jurídica; es por tal motivo, que la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) comunica mediante medios de comunicación, que utilizará el modelo jurídico del Decreto para llevar a cabo la prórroga, sin entrar en mayores detalles, cómo será el tema del plazo.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes, hace un vehemente llamado a las autoridades gubernamentales, a adoptar una resolución pronta y oportuna, en el marco del respeto al marco jurídico, que permita a nuestro país continuar con el disfrute de los contenidos que ofrecen las empresas de radio y televisión que operen en nuestro territorio y en atención a la función social que realizan en el marco y respeto de los derechos fundamentales.
Finalmente, la Defensoría hace un llamado de la urgente necesidad de abordar, en el marco de la presente situación, la ampliación por un plazo suficiente de las concesiones que permita al Congreso discutir una nueva ley, que venga no solo a regular el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión con criterios actuales, razonables en materia técnica y legal; sino también todo lo vinculado a la valoración económica de los cánones por su uso en el país.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Según una investigación revelada hoy existen al menos 59 solicitudes de concesiones para exploración minera subterránea que acaparan 779,52 km2 es decir aproximadamente un 1,52% del territorio nacional. Estas solicitudes en trámite abarcan los cantones: Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela, Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes de Oro, Esparza Turrubares, Puriscal y Mora, es decir abarcan cuatro de las siete provincias del país: Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.
Esta información es parte de una investigación “Solicitudes de Concesión de Minería Subterránea de Oro y Plata en el Pacífico de Costa Rica” realizada en el catastro y archivo minero de la Dirección de Geología y Minas realizada por Jennipher Martínez Ramírez y Mauricio Álvarez Mora del proyecto “Geografía y Diálogos de Saberes” (ED-3526) del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Como parte de la investigación se realizó un geovisor en línea donde de manera sencilla se puede ubicar las solicitudes y un manual para que las comunidades tengan acceso fácilmente a las áreas y puedan revisar estos expedientes en trámite. Es posible observar que hay solicitudes que incluyen buena parte de la ciudad de Palmares o San Mateo, San Luis de Monteverde y ciudades completas como Miramar o Guacimal de Puntarenas.
Estas 77.952 hectáreas en trámite de concesión equivalen a poco menos que la superficie de todo el cantón de Guácimo (801,48 km2) que está de número 22 en tamaño de todos los cantones del país. Si lo comparamos con cantones más pequeños que Guácimo las solicitudes abarcaría completamente los cantones: Poás, Santa Ana, Barva, Santa Bárbara, Monteverde, San Rafael, La Unión, San José, Palmares, Alvarado, Escazú, Goicoechea, Moravia, San Isidro, Santo Domingo, Alajuelita, Curridabat, Montes de Oca, Belén, Tibás y San Pablo.
En términos de producción agrícola es mayor a toda el área de café (77.352,5 ha) sembrada según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 realizada por el INEC si lo comparamos con otros cultivos básicos es la suma del área sembrada de arroz (33.586,4 ha), frijol (8.653,30 ha), maíz (7.175,90 ha), yuca (7.084,40 ha), papa (2.912,4), naranja (13.220,70 ha), melón (1.673,00 ha) y palmito (3.231,90 ha).
Los cantones donde hay mayor cantidad de área solicitada para las concesiones son Tilarán con 113,3 km2, Puntarenas 112 km2, Montes de Oro 78 km2, Abangares 57,47 km2 y San Ramón 37,91 km2. Además, hay un grupo importante de 276, 7 km2 de solicitudes que se encuentran en dos cantones o más.
Estás solicitudes se tramitaron trece en 2019, siete en 2020, diecisiete en 2021, dos en 2022, diecinueve en 2023 y dos en el presente año. Un total de veinte empresas y personas son las que tramitan estas solicitudes donde destacan Edgar Gamboa Espinoza y la empresa Terrasun Resources S. A que juntos soliciten casi la mitad (el 48%) del área total de las solicitudes, esto representa un 0,72% del territorio nacional. Además, figuran empresas como Geoexploraciones de Occidente SRL (4 solicitudes), Sofía Solís Cedeño (3), ECOMINAS S. A (2) Jorge Eduardo Vargas Ramírez (2), Carlos Alexander Hernández (2), Eco Inversión Centroamericana S. A (2) Jacqueline Pérez Navarro (2) Cooperativa autogestionaria para la explotación de minerales y procesos sostenibles. COOPEVETA R.L (2), Cooperativa Autogestionaria para la explotación, beneficiado de materiales y protección ambiental R.L(2) Cooperativa Autogestionaria para la Orfebrería y Comercialización de Joyas R.L(2), Gerling Navarro Porras (2) y con una solicitud: Carlos Muños Álvarez, Proyecto Terris Sociedad Anónima, CR S. A, Eduandi S.A, Mina OROTEX S. A, Cooper Huatilar y Cuarzo Dorado San Miguel Sociedad Civil.
Otro de los resultados que arrojó la investigación, es la concentración de personas consultoras ambientales. En 60 expedientes se encuentran los nombres solamente de 9 personas y/o empresas de consultoría. Así mismo, en varios casos aparecen personas consultoras ambientales que en otros expedientes son los solicitantes y desarrolladores.
Antecedentes.
En nuestro país históricamente el principal mineral de interés ha sido el oro. A partir de 1820 existen registros de explotación de oro en la provincia de Puntarenas en los distritos de Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se pueden definir 4 ciclos mineros históricos en el país. El primero (1820-1843) en el distrito minero de Abangares en la provincia de Guanacaste. El segundo (1890-1930) en el mismo distrito y en Miramar y Guacimal ambos de la provincia de Puntarenas explotados por compañías extranjeras. El tercero en la década de los ochenta de “oro aluvial” de ríos en la Península de Osa y Burica al sur de la provincia de Puntarenas.
Y el cuarto fue desde 1990 hasta la fecha, caracterizado por la llegada de transnacionales con técnicas de cielo abierto por lixiviación con cianuro. En este cuarto ciclo se hizo la apertura de la mina Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, que, tras una serie de irregularidades y problemas, no pudieron terminar su ciclo de explotación. A esta se les sumó la mina Miramar en donde hubo un accidente y la de Crucitas que fue anulada la concesión por irregularidades.
Las solicitudes de explotación de este último ciclo llegaron a cubrir más del 20% del territorio nacional, mientras los permisos de explotación, solicitudes de descongelación y concesiones de explotación cubrieron unos 850 km2 lo que equivale casi al 2% del territorio (Álvarez, 2015)
Desde el año 2010 en el país está prohibida la minería metálica a cielo abierto, solo es posible realizar minería metálica en forma subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM) el Estado ha reservado los cantones de Abangares, Golfito y Osa para el desarrollo de minería artesanal y en pequeña escala.
El 9 de noviembre del 2010 la ley N° 8904 para Declarar a Costa Rica Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto fue aprobada por unanimidad de los 49 diputados presentes. En ella se archivan todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite que no tengan una concesión válidamente otorgada. Incluso se archivan aquellos que no han presentado trámites de evaluación ambiental o que no han obtenido un permiso de exploración, pues no podrán obtener una concesión de explotación. Dentro de esta ley existía un transitorio que les permitía a los mineros artesanales o coligalleros trabajar con mercurio en la recuperación de oro.
Mapa 1. Expedientes de minería subterránea de oro y plata.
Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes de la Dirección de Geología y Minas.
Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Foto del río Lagarto, en Puntarenas, en el documental «Entramarnos: Río Lagarto», producido por Era Verde y Palabra de Mujer, de Canal 15, UCR.
Comunidades realizan campaña para crear un mecanismo de participación, fiscalización ambiental, protección del agua y que no se otorguen concesiones a empresas cuestionadas
En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.
En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.
Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.
Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.
Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares. Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.
“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.
Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.
En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.
El pasado 23 de enero de 2023 Reiner Canales Medina, representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos presentó una nueva oposición, denuncia, solicitud de investigación y actuación a distintos hechos, dicha denuncia la realizó ante Edwar Araya Rodríguez, Intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con motivo de oposición y denuncia para incorporar al Expediente ET-111-2022, solicitud de investigación, interposición de denuncias penales e inicio de procedimientos administrativos tendientes a caducidad de concesiones.
Esta denuncia se realizó ante hechos como: información de una aparente relación entre Araya Rodríguez y otros funcionarios con Miguel Zamora Azofeifa, presidente de una cámara autobusera, CAPROBUS, ligado además al mismo grupo empresarial: TRACOPA Ltda., Buses INA Uruca S.A., Transportes DELIO Morales S.A., Transportes Unidos La Costanera S.A., Transportes Quepos Puntarenas S.A., Transportes Orotina-Puntarenas y Transportes HRC-Orotina-San José, en el que según se señala en la denuncia, ni el ARESEP ni el Consejo Transporte Público (CTP) no han denunciado la contratación de la rutas y concesiones anteriormente mencionadas, violentando así el artículo 11 de la Ley No. 3503. Adicional a esto, una supuesta relación y forma irregular de operación por parte de ciertos empresarios de autobuses, dirigentes y asesores, quienes tendrían en funcionamiento un “esquema” con funcionarios de esa Intendencia; por ejemplo, los empresarios presentan la solicitud para aumentos tarifarios con datos e información falsa, en caso de que algún funcionario se percate de la anomalía, el empresario es notificado para que se retire la solicitud tarifaria. Se presentan hechos anómalos entre el grupo empresarial TRACOPA Ltda. en especial su representante, y el financiamiento electoral a campañas políticas. Y finalmente, hechos como observaciones técnicas e incongruencias ante la solicitud de un aumento tarifario por parte de la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A.
Por tanto en la denuncia se solicita al ARESEP que tome en consideración los hechos presentados para que se realicen las correcciones en el trámite tarifario, revisar la intención de manipulación en la variable en la definición de costo de una tarifa por parte de algunas empresas, realizar una revisión y estudio de demanda en especial a la ruta de un solo Ramal, junto con la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A., y que de comprobarse las distintas anomalías presentadas, se cancelen las concesiones según corresponda.
El pasado 17 de enero de 2023, Renier Canales Medina, como representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos, interpuso una gestión para que se dé inicio a un proceso de caducidad en contra de las empresas de grupo de interés económico de Esteban José Ramirez Bioley, en el cargo de director de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP). Adicionalmente a esto, se interpuso una denuncia en contra de los actuales miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público ante la Procuraduría de Ética Pública, la Procuraduría General de la República y ante el Presidente de la República.
En la gestión para que se inicie con un proceso de caducidad se solicita que se investigue los estudios de evaluación dadas por las empresas Autotransportes Zapote S.A., Autotransportes CESMAG S.A., MAGASOSO de las Lomas Sur S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos S.A. y Transportes Públicos La Unión S.A. y Autotransportes RARO S.A. a nombre de Esteban José Ramirez Bioley, para la renovación de las concesiones para el año 2021 respecto a la información aportada en la evaluación empresarial, y que se realicen averiguaciones sobre la realidad económica y financiera de las empresas mencionadas, esto con el fin que el servicio de transporte no se vea interrumpido y no afectar a los usuarios. Se solicita además que de encontrarse a partir de la investigación alguna anomalía a la hora de presentar la documentación e información para la renovación de las concesiones, se penalice como resultado, el decretar la caducidad de las concesiones y permisos a las empresas anteriormente mencionadas.
Respecto a la denuncia interpuesta, esta consiste en solicitar que se investiguen tanto a Esteban José, como al resto de miembros de la Junta Directiva del CTP por su actuación irregular y omisiva sobre hechos relacionadas a las empresas mencionadas, en temas como morosidad, incumplimiento de la legislación actual, entre otros. Finalmente, se solicita que, en caso de probarse actos incorrectos, se tomen las medidas correspondientes según la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista
Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.
Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.
Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.
Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.
Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
Sobraron aplausos impensados FRENTE AL ENGAÑO, sin conocer realmente el proyecto de APM, sin haber siquiera leído el contrato, pero se les dijo que con ese proyecto Costa Rica daba un salto hacia el «primer mundo» y que se generarían 140 mil empleos (escribió uno de la «Academia»).
Pero lo cierto fue que inocentemente se entusiasmaron con un ESPEJISMO y ahora el pueblo limonense (¡no los políticos!) están sufriendo la realidad, el dolor, el hambre, que provoca el DESEMPLEO hijo de un monopolio indebido otorgado a una transnacional. ¿Por qué, nos preguntamos, en lugar de haber propiciado ese monopolio en el trasiego de contenedores que entran y salen a Limón, más bien no se promovió una sana competencia entre JAPDEVA y APM? Los políticos sabrán la respuesta, pero los políticos, como es usual, callan…
Y que no se diga que JAPDEVA ha sido incapaz de dar los servicios portuarios eficientemente, porque la CEPAL dice lo contrario. En ranking hecho por sus expertos, entre 120 puertos de Latinoamérica y el Caribe, el puerto de JAPDEVA ocupó el lugar 12. Información que conocen esos mismos políticos, que igualmente se le oculta a la ciudadanía para que no les reprochen su incompetencia o quién sabe qué más. Como asimismo OCULTAN a la opinión pública, que en el contrato de concesión suscrito por la expresidenta Laura Chinchilla, y sus ministros Jiménez (MOPT) y Herrero (Hacienda) la transnacional APM solo está obligada a desarrollar 40 hectáreas de las 80 ha que mide la isla artificial, y que al hacerlo depender del manipulable movimiento de contenedores que genere el comercio internacional de Costa Rica (que no es responsabilidad de APM, ni de JAPDEVA, ¡ni de los limonenses!) la empresa extranjera solo está obligada a construir dos puertos de atraque, de los seis anunciados.
Por ello, la inversión promocionada de US$1.000 millones, es otra falsedad, por lo que el ya «famoso canon» que se paga, como compensación por el desempleo que ya se produjo y va en aumento en Limón, es una cifra mucho menor a la alegremente anunciada.
El proyecto empezó como un ESPEJISMO y ahora es una triste REALIDAD, que tratan de matizar con el cuento de palabras como «encadenamiento productivo», «desarrollo a largo plazo», «nuevos profesionales», «traslado horizontal de trabajadores», «una marina turística», «llegada de más cruceros», etcétera.
Promesas irreales que sirven, ¡además!, para ocultar las consecuencias que están teniendo principalmente para los exportadores, las tarifas significativamente más altas que las que tenía fijadas los muelles de Japdeva.
¿Por qué será que, del Consejo de Concesiones, no ha logrado salir ni siquiera un buen contrato de concesión?
El agua del estado norteamericano de California empezó a cotizarse en los mercados de futuros de Wall Street, y aunque la información se ocupó de aclarar que los contratos son puramente financieros y no requieren entrega física del elemento, la novedad abre “un escenario en el que efectivamente se va a agudizar la condición del agua como mercancía, y como tal va a entrar en las disputas relacionadas con cualquier forma de crecimiento económico, con cualquier forma de producción, con cualquier forma de comercio de bienes y de productos en el mundo, y esto es lo realmente peligroso”, advirtió el sociólogo costarricense Osvaldo Durán Castro.
Investigador, docente en la universidad pública Tecnológico de Costa Rica, decidido defensor de las causas ambientales, Durán Castro le explicó a Contala como quieras “cuál es la dinámica en que el agua está entrando. Aquí entran todos los metales: oro, plata, cobre, aluminio, acero, hierro, uranio. Incluso se cotizan y se venden futuros basados en la temperatura de la Tierra, en las lluvias, en las nevadas, en los huracanes, porque son posibles riesgos que se van a correr. En esa dinámica se está metiendo el agua”.
La explicación requiere de una diferenciación básica: los mercados Spot o físicos, en los que se cotizan precios de compra y venta “pagando la materia como tal en un momento determinado y de inmediato”, y los futuros, también llamados “fordwards”, en los que hoy se pactan transacciones que establecen precio, cantidad y vencimiento a determinado plazo.
Estos últimos son “un pago de derechos a futuro sobre una mercancía en sí que no es, como tal, que se va a comprar y vender un poco de agua: se pacta un negocio, se pacta en este caso un producto a un precio y a un plazo de discusión del contrato. De tal forma que, como dicen los más optimistas y los que impulsan esto, es una garantía para que, como algunas noticias han dicho, los agricultores, los municipios o las empresas podrán protegerse de los cambios en el mercado del agua. En realidad, para mí no es una cosa de que venga a protegerse sino más bien que lo que se hace es un camino de especulación”, sostuvo.
La cotización del agua fue lanzada en la Bolsa neoyorquina por CME (Chicago Mercantile Exchange) Group, “que creó el índice NQH2O (Nasdaq Veles California Water Index), basado en un indicador de precios de los futuros del agua en California que cotiza a cerca de 500 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos.
Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez de agua se ha agravado en los últimos años, ese valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.
Estos contratos de futuros no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022. Según CME Group, permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados.
“Esta es una compañía, la más grande del mundo, que maneja acciones en bolsa para cotizar cualquiera de los bienes que son letales en la Tierra. Es una fusión de varias compañías de los Estados Unidos que transan en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Chicago y en otros lados que prácticamente consolidan el manejo de mercancías en el mundo. Hablo de mercancías, de que aquí se transa el agua como se transan contratos a futuro sobre productos agrícolas”, aclaró.
“Estamos hablando de un nuevo paso en la escalera de una disputa global y nacional sobre el dominio del agua: la disputa es el agua como bien de dominio público, como derecho humano de los pueblos frente a las distintas vías de la privatización. Pienso que los países más bien deberían estar haciendo esfuerzos enormes y totales para asegurar que el agua sea, efectivamente, un bien y no una mercancía”, reclamó
Recordó que “cuando hablamos del agua hablamos casualmente de un elemento fundamental para la vida, y los diagnósticos que se pueden hacer son muy parecidos, no importa si vienen del Banco Mundial –que ha contribuido a la privatización del agua por distintas vías– o si vienen de organizaciones no gubernamentales o del gobierno. Lo cierto es que hay más de dos mil millones de personas que no tienen servicio de agua, hay más de 4.200.000 personas en el mundo que no tienen ni los mínimos seguros de saneamiento”.
Durán Castro advierte sobre distintas formas en que el capital privado se ha adueñado del aprovechamiento de ese bien que debería resguardar el Estado como garante de la calidad de vida de todos quienes lo habitan: “Las concesiones han sido en toda América Latina una vía mediante la cual los Estados dicen que mantienen el dominio sobre los bienes públicos, pero en realidad los están prestando, los están alquilando y muchas veces los están regalando, donando para que el capital privado, en sus distintas modalidades, lo utilice como medio de enriquecimiento”, señaló.
“En todos los países nuestros y en todo el mundo también tenemos formas de agua privada, por decirlo de esta manera. Y el agua privada se comporta como tal», consideró, para citar enseguida el ejemplo de la energía hidroeléctrica, «utilizada por empresas locales, nacionales o transnacionales para generar electricidad de carácter privado que luego es vendida a las poblaciones, ya sean nacionales o que se exporte para lucrar con esta energía”.
Específicamente para la Argentina, y en conjunto con los territorios de Paraguay y Uruguay y el sur de Brasil, el entrevistado apuntó a “lo que ya ha llegado a llamarse la república de la soja transgénica: el maíz, la soja, la harina de soja, el aceite de soja, el arroz, la palma, el cacao, el café, el algodón, el azúcar, para decir algunos productos, se transan y se venden como futuros en el mercado, y eso evidentemente permite que compañías transnacionales controlen”.
El abanico abarca otras regiones, y es fácil advertirlo cuando el experto invita a pensar “qué otras cosas se transan en este tipo de empresas, de ventas de títulos, por decirlo así, valores a futuros para controlar productos: todos los productos que tienen que ver con petróleo en sus distintas formas, el gas natural… Estamos hablando de fracking”, una tecnología que insume cantidades descomunales de agua.
«Si usted toma por ejemplo la enorme Cuenca del Plata, que prácticamente viene de Brasilia, incluye todo Paraguay, países como Bolivia y llega hasta Puerto Madero en La Boca, estamos hablando de 1.194.000 kilómetros cuadrados que están por debajo de la tierra. Es como si usted juntara todo el territorio de España, Portugal y Francia, y dijera que todo eso es el Acuífero Guaraní. Estamos hablando de una cantidad de agua que ya se explota, que ya se utiliza en términos de comercio, que incluso se exporta a algunos países”, consideró.
Para el experto, «cuando, por ejemplo, se permite el uso de la tierra, del agua, del aire, cuando se permite el uso de los territorios, incluidas las poblaciones, para explotaciones tan grandes como la soja en países como Argentina, estamos hablando de cesión de soberanía nacional«.
«Cuando digo cesión de soberanía nacional hay que verlo a partir de los impactos que esto tiene sobre la gente que allí vive. A partir de los impactos negativos que tiene esto sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre los bosques que se destruyen, sobre la salud de las personas. Es decir, cómo, por ejemplo, en la zona Norte de la Argentina se encuentran cantidades desproporcionadas de elementos venenosos, como los utilizados en la minería, en la sangre de las personas y en la leche materna; (ahí) ya estamos hablando de impactos que son brutales en la vida cotidiana, en la salud, en la integridad de las personas y eso es lo que estamos perdiendo. Cuando se permite utilizar el agua de esta manera haciendo contratos y convenios estamos hablando de una explotación que ya es efectivamente comercial en contra de las personas«, señaló.
“Cuando los países ceden jurídicamente para que haya tratados que vulneran los territorios nacionales que quedan en condiciones para cierto tipo de inversiones que, efectivamente, donan los recursos para que sean utilizados comercialmente por otros países y potencias, ahí estamos hablando de pérdida de espacios de soberanía, de pérdida de los espacios de controles nacionales”.
“El fondo de todo esto es que se agudiza la competencia entre los usos del agua”, afirmó. Para Durán Castro «estamos viendo cómo el agua entra en una disputa que tiene que ver con el control de territorios y con el control de un elemento fundamental».
Compartido con SURCOS por Osvaldo Durán Castro de la Federación Ecologista (FECON) y docente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.