Dictadura no es excusa: la intervención de EEUU en Venezuela y el colapso del derecho internacional

Jorge Mora Portuguez

La madrugada del 3 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una operación militar directa sobre territorio venezolano, que incluyó bombardeos sobre Caracas y otras zonas estratégicas, y que culminó con el secuestro ilegal de Nicolás Maduro y su esposa, así como su traslado forzado a los Estados Unidos. Esta operación dejó al menos 80 personas asesinadas, muchas de ellas civiles inocentes.

El propio presidente estadounidense anunció públicamente que él personalmente “dirigirá Venezuela temporalmente” y que gestionará la explotación de sus reservas petroleras.

Este solo hecho revela con crudeza la verdadera naturaleza de la intervención.

Algunos sectores han celebrado la captura de Maduro como si se tratara del derrumbe de la dictadura. Sin embargo, el régimen autoritario venezolano no ha desaparecido: El gobierno, el ejército, y todas las instituciones del Estado, siguen en manos del llamado chavismo. Solo que bajo control de Washington y con especial atención en sus reservas y producción de petróleo.

No se puede minimizar la gravedad del régimen venezolano. Maduro consolidó un poder autoritario, marcado por denuncias persistentes de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y manipulación de procesos electorales. La crisis humanitaria y el éxodo de millones de venezolanos son hechos incontrovertibles.

Pero la existencia de una dictadura no legitima una invasión extranjera.
La operación de Estados Unidos no fue acordada por el pueblo venezolano, ni respondió a un mandato multilateral. Fue una intervención unilateral que violenta la soberanía de Venezuela, secuestra a su jefe de Estado y coloca el destino político del país en manos de un gobierno extranjero.

La Carta de las Naciones Unidas, base del orden jurídico internacional, es inequívoca en su artículo 2.4:
“Los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier manera incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Este principio jurídico prohíbe el uso de la fuerza para derrocar gobiernos o controlar territorios, salvo dos excepciones muy limitadas: autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o legítima defensa frente a una amenaza armada inminente. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de Venezuela.

Acciones como esta debilitan la seguridad colectiva, socavan el derecho internacional y envían el mensaje de que las grandes potencias pueden imponer su voluntad por la fuerza.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que esta intervención “hace al mundo menos seguro” y ha recordado que el futuro de Venezuela debe ser decidido por su propio pueblo, no por un ejército extranjero.

Aunque el discurso oficial estadounidense ha intentado justificar la operación en nombre de la democracia o del combate al narcotráfico, las declaraciones y decisiones adoptadas evidencian que el objetivo central es el control de la producción y comercialización del petróleo venezolano. No se trata de la liberación de un pueblo de su tiranía, sino de intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos.

La normalización de este tipo de intervenciones abre un precedente extremadamente peligroso: ¿qué impedirá que otras potencias recurran a la fuerza para imponer gobiernos funcionales a sus intereses?

Para países como Costa Rica, que no tiene ejército y ha apostado históricamente por el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, este quiebre del orden jurídico internacional es especialmente grave. La soberanía y el derecho no son abstracciones: son la principal garantía de nuestra seguridad.

El hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador no justifica ni legitima la intervención militar de Estados Unidos.

Por estas razones debemos rechazar esta agresión militar, que viola el derecho internacional y debilita los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. La democracia en Venezuela solo puede construirse desde dentro, mediante decisiones propias y en el marco de la legalidad internacional, no por la imposición de la fuerza ni por el control externo de sus recursos.