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Etiqueta: soberanía nacional

El Escudo de las Américas: debacle imperial y pérdida de soberanía nacional

Juan Huaylupo

En el espacio latinoamericano contemporáneo la globalización de las relaciones internacionales en las políticas nacionales ha adquirido una importancia vital para el sostenimiento político norteamericano a través de los procesos electorales para gobiernos autocráticos, las clases propietarias del capital y de las derechas nacionales. Un proceso de mutua conveniencia política, a la vez permite garantizar a EE. UU el saqueo de los recursos y riquezas estratégicas, ante su debilitamiento económico, político y militar en el mundo y particularmente en el Oriente Medio.

No obstante, la influencia norteamericana no es absoluta, tiene la sumisión de algunos gobernantes, como el costarricense, pero también se ha ganado el repudio de muchas naciones y poblaciones del mundo. Su presencia se ha incrementado en Latinoamérica con bases militares, con la complicidad rastrera y corrupta de gobiernos, parlamentos y los medios, para intentar reproducir el pasado, donde lo militar constituía el fundamento ante las inferiores capacidades de resistencia y defensa nacionales, pero el presente ha cambiado. La furtiva agresión imperial no es garantía para la ocupación, saqueo ni piratería, debido a los apoyos internacionales, como por los intereses geopolíticos que impiden o limitan el expansionismo territorial, político, o militar norteamericano, así como por los compromisos, inversiones, concesiones y tratados mercantiles, productivos, de cooperación o de ayuda mutua, que constituyen barreras en la interdependencia de las relaciones internacionales.

Las guerras han redefinido fronteras, sociedades, recrearon tecnologías, así como han permitido destruir y monopolizar mercados. De este modo, nuevos mercados son dominados para mantener la hegemonía imperial y condicionar las economías locales. No obstante, en nuestros días las diferencias entre potencias están mediadas por riesgos nucleares y la posibilidad latente de enfrentamientos globales, con capacidad destructiva de los sistemas económicos, naturaleza y humanidad, dado que el ente internacional de supervisión, control y no proliferación nuclear, no es una organización para eliminar dichas armas, ni para evitar su posesión y uso, sino para su concentración catastrófica entre los países que las poseen, y para conservar la capacidad disuasiva de dominio y supremacía económica y política sobre otras naciones. Esto es, los países poseedores de armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, son miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), un organismo que impide que otras naciones desarrollen y posean dichas armas, mientras que los integrantes del TNP tienen la libertad de incrementarlas, diversificarlas y emplearlas, como aquellos que las poseen, sin formar parte del (TNP): India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, que están alineados con alguna potencia político-militar.

Costa Rica y otros espacios nacionales son escenarios que semejan las acciones y disputas competitivas que efectuaba el gobierno norteamericano en áreas de influencia política y económica y militar inglesa en nuestra América. Recordemos que luego de las conquistas independentistas, Gran Bretaña tenía una gran influencia política y económica que historiadores denominaron como el “imperio informal” quien creó los conocidos bancos Anglo, que producían su propio dinero, con el cual se adquirían cualquier bien o mercancía, proceso que se eliminó con la formación de los bancos centrales. El naciente imperio norteamericano, con su creciente industrialización y expansionismo, sustituyó a Gran Bretaña en un proceso paulatino, desde fines del siglo XIX con el panamericanismo, hasta la primera mitad del siglo XX.

En el presente el dominio político y económico norteamericano en Latinoamérica no es exclusivo. La expansión mercantil de nuestro espacio es con muchos países, las inversiones chinas, japonesas, españolas, canadienses, holandesas, alemanas y entre países latinoamericanos, constituyen límites a las inversiones norteamericanas, que a diferencia de otros tiempos, no cuenta con la presencia, protección o amenaza imperial.

La pérdida de la hegemonía norteamericana en el universo capitalista se manifiesta con la creación del Escudo de las Américas, una efímera, endeble e ilegítima agrupación suscrita con gobiernos para apoderarse de las reservas y recursos estratégicos, tener preferencias mercantiles, expandir la industria de guerra norteamericana y autoproclamarse regulador de nuestras relaciones internacionales.

La adhesión geopolítica gubernamental costarricense al destino de una potencia en declive, no solo contamina nuestras relaciones globales, perdemos soberanía, también impacta y condiciona las prácticas económicas, políticas y sociales. El gobierno costarricense al atreverse a regalar la soberanía nacional con la suscripción de un espurio documento sin validez jurídica ni social, que acepta la intervención militar, la adquisición masiva de armamento norteamericano, nos obliga a defenderlo en confrontaciones bélicas y a privilegiar sus intervenciones económicas y mercantiles nacionales. Insulta nuestra soberanía e institucionalidad y nos somete a la colonialidad del poder, ello es, en términos políticos, una traición a los intereses de la patria, a vista y paciencia del silencio de los parlamentarios y magistrados.

En su declive el imperio crea administradores de gobiernos, mientras se imagina ser el amo del presente y futuro costarricense.

María Corina Machado, ¿un ocaso anunciado?

José A. Amesty Rivera

María Corina Machado ha regresado a Venezuela después de varios meses fuera del país. Su llegada ha vuelto a colocar su nombre en el debate político nacional. Sin embargo, más allá de sus declaraciones y de las imágenes difundidas en las redes sociales, hay una pregunta que merece nuestra atención, ¿qué futuro político tiene Machado en esta nueva Venezuela?

Porque una cosa es regresar al país y otra muy distinta es recuperar el “protagonismo” político que se tuvo en determinado momento. Venezuela ha cambiado, el escenario internacional también y, sobre todo, las condiciones en las que Machado construyó su proyecto político ya no son las mismas.

Recordemos que María Corina Machado no es una recién llegada a la política venezolana. Su trayectoria está marcada por su vinculación con Súmate, organización que recibió financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), organismo estadounidense que financia organizaciones políticas y sociales en distintos países. También está su actuación durante el golpe de Estado de abril de 2002, su participación en las estrategias de confrontación política de 2014 y su respaldo a las sanciones económicas internacionales contra Venezuela.

No estamos hablando de diferencias personales, ni de simples discusiones entre dirigentes. Estamos hablando de decisiones políticas, que tuvieron consecuencias para el país y cuya responsabilidad debe seguir siendo objeto de debate público.

Particularmente grave ha sido su respaldo a las sanciones económicas y a las medidas de presión internacional. Durante años, Machado defendió que había que aumentar la presión contra el Gobierno venezolano, sin explicar suficientemente quiénes terminarían pagando las consecuencias de esas medidas.

Y, como suele ocurrir en estos casos, los grandes empresarios y los sectores privilegiados tienen más herramientas para protegerse, mientras los trabajadores, los pensionados, los enfermos y las familias humildes son quienes sufren buena parte de los golpes.

Desde nuestra visión de izquierda latinoamericana, no podemos aceptar que se utilice el sufrimiento de un pueblo como instrumento para conseguir objetivos políticos. Las diferencias con un Gobierno deben resolverse mediante la participación popular, el diálogo y los mecanismos políticos, no castigando económicamente a millones de personas.

Tampoco podemos olvidar las posiciones de Machado frente a la intervención extranjera, su respaldo a las estrategias de confrontación y sus relaciones con sectores conservadores de la política internacional. Todo esto forma parte de su historial y no desaparece porque ahora haya regresado a Venezuela.

Pero hay algo nuevo en la actual coyuntura que merece especial atención y que puede estar modificando profundamente el panorama político de Machado.

Durante años, la dirigente opositora sostuvo que la salida del Gobierno venezolano dependía, en buena medida, de la presión internacional, particularmente de EEUU; Washington era presentado como un aliado fundamental para conseguir el cambio político que ella reclamaba.

Sin embargo, las cosas han tomado otro rumbo. Después de los acontecimientos de enero de 2026, EEUU comenzó a negociar directamente con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Se abrieron canales diplomáticos, se impulsaron acuerdos económicos y petroleros y se establecieron mecanismos de entendimiento entre ambos países.

Aquí aparece una paradoja política que no debemos pasar por alto; Delcy Rodríguez está haciendo precisamente algo que Machado reclamaba, es decir, negociar con Washington, buscar acuerdos económicos y abrir espacios para la recuperación de Venezuela. La diferencia es que lo está haciendo desde el Gobierno, con sus propias herramientas, con una dosis fuerte de pragmatismo, poniendo al pueblo como beneficiario de los acuerdos, y sin entregarle a Machado el protagonismo de esas negociaciones.

Esto coloca a la dirigente opositora en una situación bastante complicada. Durante años sostuvo que el Gobierno venezolano era incapaz de resolver sus diferencias con EEUU y que era necesario un cambio político para alcanzar ese objetivo. Ahora se encuentra con que el Gobierno al que ha combatido está negociando directamente con la Casa Blanca; ¿Y entonces qué le queda por ofrecer a Machado?

Si su propuesta consiste en negociar con EEUU, atraer inversiones, recuperar la producción petrolera y normalizar las relaciones internacionales, tendrá que explicar qué tiene de diferente su proyecto respecto a lo que ya está haciendo Delcy Rodríguez.

Si habla de recuperar la economía, tendrá que decir cómo piensa hacerlo: ¿Privatizará PDVSA? ¿Qué ocurrirá con las empresas públicas? ¿Qué pasará con los trabajadores/as, sus salarios, las pensiones, la salud y la educación? ¿Quién se quedará con los beneficios de la riqueza petrolera venezolana?

Porque no basta con hablar de inversiones y de crecimiento económico. La pregunta fundamental es quién se beneficia de ese crecimiento. No es lo mismo recuperar una economía para enriquecer a un pequeño grupo de empresarios/as, que hacerlo para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Y aquí está una de las diferencias fundamentales entre una visión neoliberal y una perspectiva popular y de izquierda. Para nosotros, el petróleo, el gas y los demás recursos naturales de Venezuela deben servir para mejorar la vida del pueblo, no convertirse en un negocio reservado para las grandes corporaciones y los grupos económicos privilegiados.

Ahora bien, ya sabemos el camino que está siguiendo el Gobierno de Delcy Rodríguez, no obstante, negociar con EEUU puede ser una necesidad práctica en las actuales circunstancias, pero eso no significa que deban abandonarse los principios de soberanía nacional y justicia social. Hay que vigilar las condiciones de los acuerdos, la participación de las empresas extranjeras, el papel de PDVSA y, sobre todo, cuánto de esa riqueza llegará realmente a los trabajadores y a las familias venezolanas.

El pragmatismo no puede convertirse en una excusa para sacrificar los derechos populares. No basta con producir más petróleo, si los trabajadores/as siguen recibiendo salarios insuficientes, si los pensionados no pueden vivir dignamente y si los hospitales y las escuelas continúan teniendo graves carencias.

Pero volvamos a Machado, ¿Estamos acaso ante el entierro político de María Corina Machado?

Es una pregunta que tiene sentido, aunque no debemos apresurarnos a dar por terminada su carrera política. Su regreso demuestra que todavía pretende mantenerse en la escena nacional. Sin embargo, las condiciones que favorecieron su liderazgo han cambiado considerablemente.

Su proyecto se apoyó durante mucho tiempo en tres grandes elementos: la confrontación permanente con el chavismo, la presión internacional y la expectativa de que Estados Unidos terminaría imponiendo las condiciones para una transición política encabezada por ella y sus aliados. Hoy, estos tres elementos enfrentan una realidad diferente.

El Gobierno venezolano está negociando directamente con Washington. EEUU mantiene relaciones de trabajo con Delcy Rodríguez, y las conversaciones políticas incluyen a sectores opositores que no necesariamente responden a la dirección de Machado.

En otras palabras, la dirigente que durante años aspiró a convertirse en la principal interlocutora de Washington para resolver el conflicto venezolano, ahora tiene que observar cómo se desarrollan negociaciones sin que ella ocupe el centro de la mesa.

¿Podrá reinventarse políticamente? ¿Será capaz de presentar ideas nuevas o seguirá repitiendo las mismas consignas de confrontación que han caracterizado su trayectoria?

Porque si Machado quiere ofrecer algo distinto, tendrá que empezar por revisar su pasado. Tendrá que explicar su respaldo a las sanciones, sus posiciones frente a la intervención extranjera y su participación en las estrategias políticas que llevaron al país a situaciones de violencia y confrontación.

También tendrá que aclarar su posición frente a las investigaciones y acusaciones que existen en su contra. Las responsabilidades políticas, no son lo mismo que las penales, y estas últimas deben establecerse mediante procedimientos judiciales con pruebas y garantías. Pero nadie puede pretender que su trayectoria quede fuera del escrutinio público.

Tampoco puede seguir presentándose como la representante de toda Venezuela. El país no está compuesto únicamente por sus seguidores. Hay millones de personas que se identifican con el chavismo, otras que se consideran opositoras/es, trabajadores/as independientes, campesinos/as, estudiantes y sectores populares que tienen sus propias aspiraciones. Una Venezuela democrática tiene que reconocer esta diversidad. No puede construirse sobre la exclusión de quienes piensan diferente.

Por esto, si Machado pretende ofrecer una propuesta realmente nueva, tendrá que explicar cómo piensa garantizar los derechos de los trabajadores/as, qué hará con las pensiones, cómo fortalecerá los servicios públicos y qué lugar tendrán los sectores populares en las decisiones económicas. También tendrá que demostrar que puede defender la soberanía nacional, sin depender de las decisiones de Washington.

Pero el asunto no termina en Machado. La izquierda venezolana también tiene mucho que revisar y hacer. No basta con denunciar a la derecha y al imperialismo. Hay que escuchar al pueblo, recuperar la confianza de los trabajadores/as, atender las necesidades de las comunidades y resolver los problemas concretos que afectan a la población.

No se puede hablar de socialismo mientras los salarios no alcanzan para vivir. No se puede defender la justicia social, mientras los servicios públicos se deterioran. No se puede pedir sacrificios al pueblo sin ofrecerle respuestas y soluciones.

La defensa de la soberanía debe ir acompañada de mejores condiciones de vida. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir las grandes consignas políticas en palabras vacías.

Por esto, la actual coyuntura venezolana es mucho más que una disputa entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Lo que está en juego es el modelo económico, el control de los recursos naturales, la relación con EEUU y el futuro de las mayorías populares.

Quizás estemos asistiendo al ocaso de una determinada manera de hacer oposición en Venezuela. Quizás Machado todavía consiga reorganizarse y encontrar otro espacio político. Pero para ello tendría que hacer algo que hasta ahora no ha demostrado suficientemente, presentar una propuesta diferente, asumir las consecuencias políticas de su trayectoria y explicar qué piensa hacer por quienes menos tienen. Su problema es que el pasado sigue presente y que la nueva realidad venezolana está cambiando las reglas del juego.

¿Será capaz de dejar atrás la confrontación permanente y ofrecer algo nuevo, o terminará siendo prisionera de su propio pasado?

Mientras tanto, desde una visión de izquierda latinoamericana, debemos insistir en que el futuro de Venezuela no puede decidirse en Washington, ni en los despachos de las grandes corporaciones, ni exclusivamente entre las cúpulas políticas nacionales, debe decidirse con la participación de su pueblo.

Porque, al final, la verdadera pregunta no es quién consigue el poder, sino para quién se gobierna, quién controla la riqueza nacional y quién se beneficia de ella. La riqueza de Venezuela debe estar al servicio de su pueblo y no de las élites económicas ni de los intereses imperiales.

La izquierda y la derecha en la política global

Juan Huaylupo

Catedrático. Docente e investigador. Jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica

Los gobiernos contemporáneos han adoptado un estilo particular cuando los gobernados critican, protestan y hacen manifestaciones contra la actuación estatal que atenta contra el interés social. Por ello, los etiquetan de izquierdistas, por cierto, un apelativo poco original, pero descriptivo y contradictorio, pues precisamente reafirman su cotidianidad contra las mayorías trabajadoras de la sociedad.

La calificación de izquierdistas rememora cómo se ubicaban físicamente las posiciones políticas con respecto del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en la Francia revolucionaria de 1789, pues a su derecha estaban los nobles, el clero y los conservadores que defendían la monarquía y el veto absoluto de Luis XVI, mientras que a su izquierda se ubicaban los burgueses de ese entonces, los comerciantes, los sectores populares y los revolucionarios (jacobinos), que pretendían limitar el poder del rey y la eliminación del veto absoluto. En el siglo XIX, la división persistía, los conservadores monárquicos y la Iglesia católica eran de la derecha política, mientras que la izquierda eran los que proclamaban el establecimiento de la república, el crecimiento del liberalismo económico y la defensa de los trabajadores y su organicidad.

Las derechas desde su denominación original hasta el presente se han identificado con las ideas más retrógradas y las prácticas contra los excluidos. Así, en el siglo XX la derecha conservando su trayectoria regresiva, ha estado asociada con el crecimiento de la clase explotadora propietaria del capital, con los efectos de la Segunda Guerra Mundial promovió la violencia política (Guerra Fría) contra la diversidad política y organicidad de los trabajadores e impulsó la industria de la guerra.

La izquierda en el XX apoyaba la consolidación de la clase obrera y la formación de sindicatos y de partidos progresistas que gestaron el derecho laboral, que aún supervive, como la jornada de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de vida personal. Asimismo, lograron establecer sistemas de jubilación, seguros de desempleo, invalidez y de accidentes laborales, igualdad entre las personas, así como la formalización del derecho a huelga, de sindicalización y de negociación laboral, como también el derecho a vacaciones pagadas, los aguinaldos, salud y sufragio universal, así como en las movilizaciones y protestas conquistaron reivindicaciones –como la vivienda popular, educación pública gratuita y universal– que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y necesitadas.

Asimismo, fueron los izquierdistas quienes con sus luchas conquistaron el derecho al voto, la igualdad social y laboral que revolucionaron las relaciones laborales y la institucionalidad global, que aún los trabajadores e izquierdistas defienden con denuedo.

En este siglo XXI, la derecha violenta la independencia de los poderes del Estado para centralizar, concentrar e intentar privatizar el poder político, a la vez que pretenden desde dentro desaparecer el Estado Social e imponer el totalitarismo fascista. Un proyecto que está destruyendo la democracia electoral con fraudes, la manipulación de leyes y engaños con troles y granjas de bots, así como apoya o es indiferente ante los genocidios contra pueblos en el mundo, que concesiona o privatiza los recursos nacionales para los consorcios empresariales mundiales y empeña la soberanía nacional y su futuro a un imperio, que se cree dueño absoluto de nuestra Latinoamérica.

La defensa y la restauración democrática, así como el respeto por los derechos ciudadanos, la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente, son tareas necesarias y urgentes de la ciudadana y de la izquierda, como también lo son el enfrentamiento ante la privatización financiera de la jubilación de los trabajadores, contra el cierre y liquidación de las instituciones públicas y la revaloración ciudadana de los principios constitucionales violentados.

El calificativo de izquierdistas y derechistas, en este breve y simple recuento histórico, es evidencia de que las derechas políticas están conformadas por los poseedores de las riquezas y poderes de un sistema económico, social y jurídico que los amparan, a la vez empobrecen a los empobrecidos que desprecian y liquidan.

En la perspectiva del poder y los privilegios que brinda la explotación del trabajo y la apropiación de recursos de los subalternos por los propietarios del capital, en alianza con el imperio, las derechas pretenden eternizar el dominio contra las sociedades, proceso que solo garantiza el enfrentamiento clasista y la polarización social. El odio clasista de la derecha nunca podrá eliminar a los subalternos, porque de ellos depende su bienestar y riqueza privada. Es absurda, estúpida y distópica la ilusión imperialista de ser el amo y esclavizar a los trabajadores del mundo, como también es la pretensión de superar las capacidades de subsistencia, resistencia y de defensa de los subalternos.

La conformación histórica del Estado costarricense fue un proceso de unidad política de izquierda y derecha, que posibilitó la eliminación del ejército, la construcción de una sociedad democrática y pionera en derechos sociales, donde el capital no antagonizaba contra la subsistencia, la vida ni la sociedad. La expansión del poder imperial en la segunda mitad del siglo pasado paralizó dicho proceso con la agresiva intromisión política norteamericana, las ambiciones de los conglomerados empresariales y los entes financieros del sistema iniciaron la degradación política, económica y social de lo construido social e históricamente por los costarricenses.

La derecha es quien liquida los resquicios del Estado de Bienestar en Costa Rica, la gorgona Medusa, es la servidora en el poder regresivo, la que amenaza a quienes la observan y critican para petrificarlos en su nueva cárcel. La derecha es torpe y ciega que abusa con su séquito e imagina representar a un salvaje jaguar contra la historia y futuro costarricense. Pretender degradar a quienes luchan por el bien común, el bienestar y el progreso para todos, es una muestra fehaciente de la caótica incapacidad y torpeza de la derecha y sus servidores.

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Lidiando con Washington: diplomacia y autodeterminación

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El encuentro de Xi Jinping con Donald Trump y los discursos de Trump, y del presidente de Irán y de la presidenta de Venezuela ante la ONU plantean una pregunta: ¿cómo lidiar con Washington sin renunciar a decidir el propio rumbo? La “estabilidad estratégica” convive con amenazas y acuerdos desiguales. Trump habló de “aniquilar” a Irán y reivindicó la operación estadounidense en Venezuela y el acceso posterior a su petróleo.

China tiene una capacidad económica y política que le permite negociar como gran potencia. Xi propuso cooperar, encauzar la competencia y gestionar las diferencias; también pidió reanudar las negociaciones con Irán. Beijing busca estabilidad para desarrollarse. Aquí la autodeterminación se expresa en poder dialogar, disentir y mantener opciones propias, sin que el otro dicte el desenlace.

Irán enfrenta una amenaza más inmediata. Masoud Pezeshkian defendió en la ONU la seguridad de su país y el uso pacífico de la tecnología nuclear, sin cerrar una salida negociada. Su firmeza recuerda que amenazar con destruir al interlocutor altera el sentido de la diplomacia. ¿Qué garantías permitirían negociar sin convertir la supervivencia en moneda de cambio?

Venezuela ensaya otra respuesta. Delcy Rodríguez agradeció la disposición de Trump a cooperar y destacó el acuerdo energético, a la vez que reclamó soberanía y ausencia de injerencia. La reconstrucción y el ingreso de recursos pueden hacer razonable negociar. Pero Trump presenta el petróleo como fruto de la victoria de las cañoneras. Importa entonces saber quién decide las ventas, administra los ingresos y puede revisar los compromisos. Una mejora económica no despeja el costo político del acuerdo.

Lidiar con Washington exige diplomacia; llamarla defensa de la autodeterminación requiere algo más.

La prueba está en el margen para rechazar exigencias, conservar socios y controlar los recursos, en las garantías frente a la fuerza y en la participación efectiva de cada pueblo en decisiones que comprometen su futuro.

Costa Rica en el contexto de las relaciones internacionales debe tener dignidad, no debe bajar la testuz gubernativa

Vladimir de la Cruz

Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.

En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.

A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.

Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.

Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.

Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.

En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.

Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.

El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.

La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.

Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.

De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.

Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.

Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.

Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.

En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.

Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.

Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.

Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.

De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.

Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.

Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.

El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.

Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.

Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?

¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?

¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?

Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.

El valor de sobrevivir

José A. Amesty Rivera

Después del 3 de enero 2026, comenzó a circular con fuerza, y continúa circulando, una idea que merece ser discutida seriamente desde la izquierda, y es que Venezuela debió responder a la intervención militar de EEUU con una guerra abierta, sin importar el costo, y que, llegado el caso, se debía combatir “hasta la inmolación”.

La frase puede sonar heroica y despertar sentimientos legítimos de dignidad, soberanía y rechazo al imperialismo. Pero una cosa es defender la soberanía de un país, y otra muy distinta confundir soberanía con el sacrificio de su pueblo.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana seria, hay que decirlo sin rodeos, una guerra convencional entre Venezuela y EEUU habría significado una derrota militar prácticamente segura para Venezuela, y podía haber transformado esa derrota en una catástrofe nacional. No se trata de rendirse ante el imperialismo, sino de distinguir entre resistencia y suicidio político.

El 3 de enero de 2026, EEUU realizó una operación militar en Venezuela, capturaron y secuestraron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Reuters informó que EEUU había atacado el país y que Donald Trump incluso habló de que el Estado norteamericano administraría Venezuela durante una transición. La operación provocó condenas internacionales y preocupación en Naciones Unidas por el precedente que representaba.

Pero una cosa es esa agresión y otra declarar una guerra convencional contra EEUU. La pregunta debe hacerse con los pies en la tierra, ¿qué habría ocurrido?

Es conocido que EEUU posee una superioridad militar enorme en aviación, marina, inteligencia satelital, drones, guerra electrónica, logística, armamento de precisión y experiencia militar. Venezuela sencillamente no podría igualar esas capacidades; reconocerlo no es ser “proimperialista”; es reconocer una realidad.

El problema aparece cuando algunos sectores hablan de “resistir hasta la muerte” como si una guerra fuera una escena de película heroica en la que unos pocos se sacrifican y el pueblo finalmente obtiene la victoria. Las guerras reales no funcionan así; mueren también el trabajador, la campesina, el maestro, el jubilado, el niño que necesita un hospital y la familia que simplemente quiere vivir en paz.

Se destruyen hospitales, carreteras e instalaciones eléctricas; se paralizan transportes y empleos; se interrumpe el suministro de alimentos; aumenta la inflación y se producen desplazamientos masivos. Por esto, ante quienes hablan de “inmolación”, habría que hacer una pregunta sencilla, ¿quiénes se inmolan? Casi nunca son quienes pronuncian esta consigna desde un despacho o cualquier otro escenario. Son los hijos de los trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los sectores populares, precisamente quienes ya han soportado años de crisis.

Segun una investigación que hicimos, debemos aprender de algunas lecciones de la guerra. La historia reciente ofrece ejemplos que deberían ser obligatorios para cualquier izquierda que quiera hablar seriamente de imperialismo.

En Irak, EEUU ganó rápidamente la guerra convencional de 2003, derrotó al ejército iraquí y ocupó Bagdad. Pero la victoria militar no resolvió el problema. La ocupación, la insurgencia y los conflictos posteriores provocaron enormes costos humanos, económicos y sociales. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown, ha estimado más de 940.000 muertes directas asociadas a las guerras posteriores al 11 de septiembre en distintos países, además de las muertes indirectas producidas por la destrucción de sistemas sanitarios, economías e infraestructura. La lección no es que Irak debió rendirse, es otra, una guerra puede derrotar a un ejército y destruir al mismo tiempo a una sociedad.

Libia resulta todavía más relevante para Venezuela, porque ambos países poseen enormes recursos petroleros. Antes de la guerra de 2011, Libia producía alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. Durante el conflicto, la producción cayó drásticamente y su economía sufrió una enorme contracción. La caída de Gadafi tampoco significó el final del conflicto, llegaron la fragmentación política, las milicias, los enfrentamientos internos y las disputas por el control del petróleo. El petróleo, por tanto, no protege a un país de la guerra. Puede convertirlo, precisamente, en un objetivo estratégico.

En el caso de Venezuela, ¿Qué habría ocurrido con su petróleo? Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, pero el petróleo no sale de la tierra por sí solo. Para producirlo hacen falta trabajadores especializados, electricidad, oleoductos, carreteras, puertos, refinerías, transporte e infraestructura. Una guerra prolongada habría puesto en peligro todo este sistema. Y la contradicción sería enorme, quienes quisieran defender la soberanía sobre el petróleo podrían terminar destruyendo la capacidad material necesaria para producirlo. Y el petróleo continúa teniendo un enorme valor geopolítico. Reuters ha informado que, después de la operación de enero, Washington buscó ampliar su acceso no solamente al petróleo venezolano, sino también a otros recursos minerales.

Precisamente por esto había que actuar con inteligencia. Los recursos estratégicos deben defenderse, no convertirse innecesariamente en víctimas de una guerra que Venezuela difícilmente podía ganar.

Otro punto fundamental es que una guerra no habría sido una confrontación entre “chavistas y gringos”. Habría ocurrido sobre territorio venezolano, donde viven más de 30 millones de personas, donde hay chavistas, opositores, personas que no votan, ciudadanos cansados de unos y de otros, trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y familias que simplemente quieren vivir y sacar adelante a sus hijos. ¿Todos ellos tendrían que morir para demostrar una posición política?

Esto no puede ser un programa de izquierda. La izquierda nació, entre otras cosas, para defender la vida y la dignidad de los trabajadores y de los pueblos, no para convertirlos en carne de cañón. Además, una guerra prolongada podría destruir al propio Estado. Y cuando las instituciones pierden el control del territorio, el vacío puede ser ocupado por bandas criminales, milicias, grupos paramilitares, estructuras de narcotráfico o caudillos regionales. Venezuela ya enfrenta problemas relacionados con economías ilegales, grupos armados y fronteras complejas. Una guerra difícilmente habría mejorado esta situación.

La experiencia de Irak y Libia, demuestra además que hay una diferencia entre ganar una batalla y ganar una guerra, y una diferencia todavía mayor entre ganar una guerra y construir un país después de ella.

Asi mismo, supongamos, hipotéticamente, que después del 3 de enero una parte importante de las Fuerzas Armadas y sectores civiles hubieran decidido continuar la lucha. En una primera etapa, las principales capacidades militares venezolanas habrían sido neutralizadas y las instalaciones estratégicas atacadas. La producción petrolera y la economía se habrían reducido, mientras aumentaban los desplazamientos de población. Posteriormente podría haber surgido una resistencia prolongada basada en sabotajes, ataques y enfrentamientos locales. EEUU podría ganar las grandes batallas y, aun así, encontrar dificultades para estabilizar el país. Pero aquí aparece una cuestión que suele olvidarse, Venezuela también se convertiría en un caos. Con el tiempo, una resistencia inicialmente política podría fragmentarse. Aparecerían disputas por territorios, contrabando, combustible, minería ilegal, narcotráfico, armas y control de recursos. Lo que comenzó como una lucha por la soberanía, podría terminar convertido en una lucha por el territorio.

Asi mismo, los países vecinos tendrían fuertes incentivos para buscar una salida. Colombia y Brasil enfrentarían nuevas olas migratorias; otros gobiernos latinoamericanos presionarían por una negociación, mientras potencias como China y Rusia intentarían limitar la expansión de la influencia estadounidense. Finalmente, Venezuela podría encontrarse ante dos caminos, una negociación política con garantías internacionales o una fragmentación mucho más peligrosa, con un Estado debilitado, millones de desplazados y una economía petrolera incapaz de recuperar su capacidad anterior. ¿Sería una victoria? No creemos.

Incluso si una resistencia prolongada obligara finalmente a EEUU a retirarse, habría que preguntar ¿qué quedaría de Venezuela? miles, o potencialmente decenas de miles de muertos, millones de desplazados, infraestructura destruida, hospitales y escuelas deteriorados, una economía devastada y una sociedad más violenta. Y no llamaríamos a esto una victoria revolucionaria.

Por otro lado, si algo debería enseñar la experiencia latinoamericana es que la soberanía no consiste únicamente en tener un ejército. También significa tener comida, hospitales, escuelas, electricidad, industrias, trabajadores, científicos, campesinos produciendo, instituciones funcionales y una economía capaz de sostener al país, y todo esto también es independencia.

Una estrategia que, en nombre de la independencia, terminara destruyendo estas capacidades sería contradictoria. La defensa de Venezuela debería buscar, ante todo, proteger las condiciones que permitan a su pueblo seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Para ello, pueden ser necesarias distintas formas de acción: la resistencia popular, la defensa de la soberanía, la denuncia del imperialismo, la solidaridad de otros países y la movilización internacional.

Pero “morir todos antes que ceder” no es un programa político, es una consigna de desesperación. Una revolución que necesita destruir a su propio pueblo para demostrar que es revolucionaria, ha dejado de preguntarse para quién hace la revolución.

Hay una izquierda latinoamericana que conoce profundamente la palabra resistencia. Cuba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Colombia y Argentina conocen el significado de enfrentar poderes enormes. Pero precisamente por esto deberíamos saber también que la vida humana tiene un valor político superior, al de cualquier consigna.

Aquí llegamos a una cuestión más incómoda, ¿qué está haciendo hoy el gobierno venezolano después del 3 de enero? ¿Está sobreviviendo? ¿Está resistiendo? ¿Está negociando? ¿Está tratando de ganar tiempo? Probablemente exista un poco de todo. Después de una agresión de semejante magnitud, la política deja de ser una cuestión de consignas, nimiedades y se convierte en una cuestión de supervivencia. Sobrevivir no necesariamente significa rendirse. Resistir no necesariamente significa disparar. Negociar no necesariamente significa traicionar.

Un gobierno puede intentar conservar las instituciones, el territorio, la población, la economía, la industria petrolera y las relaciones internacionales, mientras mantiene abierta la posibilidad de que Venezuela vuelva a decidir su propio destino. Desde esta perspectiva, aquello que algunos consideran “falta de radicalidad” podría ser una forma diferente de resistencia.

Lo fácil habría sido disparar y convertir el país en un campo de batalla. Lo difícil es evitarlo, no destruir las instalaciones petroleras, no provocar una nueva ola gigantesca de migración, no entregar el país al caos de las armas y no permitir que una confrontación política termine transformándose en una guerra entre venezolanos/as. Esto también es resistencia.

Quizás incluso sea una de las formas más difíciles, porque es mucho más fácil pronunciar “hasta la muerte” que asumir la responsabilidad de que millones de personas tengan comida, medicinas, electricidad, empleo y seguridad. Por supuesto, las decisiones del gobierno pueden y deben ser criticadas. Se pueden cuestionar sus errores, negociaciones, silencios y contradicciones. Pero hay que tener cuidado con exigir desde fuera y desde dentro una guerra, cuyos costos pagarían principalmente todos/as los venezolanos/as.

La pregunta no debería ser si un gobierno está dispuesto a morir. La pregunta es si el pueblo tiene posibilidades de seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Compañeros y compañeras, no necesitamos mártires, necesitamos futuro. Quizás aquí esté la diferencia entre una izquierda que solamente quiere tener razón y una izquierda que realmente quiere transformar la realidad.

El heroísmo puede producir mártires. La política debería producir futuro. Venezuela no necesita convertirse en una gigantesca tumba antiimperialista. Necesita estar viva, ser soberana y tener capacidad para reconstruirse. Necesita que su petróleo pueda financiar educación, salud, vivienda e infraestructura; que su clase trabajadora tenga futuro; que sus jóvenes puedan quedarse porque quieren, y que la soberanía sea una realidad económica, social y política, no solamente una bandera.

Frente a quienes dicen que Venezuela debió responder al 3 de enero con una guerra hasta la inmolación, la pregunta correcta no es quién tuvo más coraje. Es otra, ¿Qué estrategia habría permitido preservar la soberanía venezolana, proteger a su población y mantener abierta la posibilidad de reconstruir el país? Si una estrategia puede dejar millones de desplazados, destruir la economía, paralizar la producción petrolera, devastar infraestructura y convertir al país en un escenario permanente de guerra, hay que tener el valor de decirlo, esto no es una estrategia revolucionaria; es una apuesta al desastre, al caos.

La izquierda latinoamericana debe ser suficientemente antimperialista para denunciar una intervención extranjera, pero también suficientemente racional para no convertir esa denuncia en una invitación al suicidio colectivo. Porque el objetivo de una revolución debería ser que el pueblo viva mejor, no que muera solamente con una consigna heroica en los labios.

Irak, Libia y las guerras interminables de las últimas décadas nos enseñan que ganar una batalla puede ser relativamente fácil; reconstruir un país después de haberlo destruido puede tomar generaciones.

Venezuela no necesita una generación perdida, necesita sobrevivir. Y sobrevivir, en determinadas circunstancias históricas, también puede ser una forma de resistencia. Por esto, quizá la palabra más importante hoy no sea inmolación, sino paciencia. No se trata de ignorar los problemas ni de justificar cada concesión o cada decisión del gobierno. Se trata de mirar el bosque y no perderse en los árboles; de entender que preservar las fuerzas sociales, económicas y políticas de un país puede ser más importante que satisfacer la necesidad inmediata de demostrar quién es más radical. No necesitamos demostrar quién está dispuesto a morir, necesitamos demostrar quién tiene la capacidad de construir. Venezuela necesita futuro.

Los faroles y antorchas de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

Del 24 de abril 1970 a la faroleada del 14 de setiembre 2026

De los jóvenes del 70 a los jóvenes del 2026:

Venimos de ALCOA, de la solidaridad con luchas obreras y campesinas, de la solidaridad con Chile, del Combo del ICE, del NO al TLC, del no al paquete fiscal, del grito por la paz y por la democracia.

Y hoy gritamos:

¡No al régimen autoritario!

El 24 de abril de 1970 no fue solo una fecha marcada en el calendario, fue la manifestación de una decisión de lucha en defensa de la soberanía de la Patria. Aquella gesta contra el contrato-ley ALCOA-Estado de Costa Rica no perteneció a ningún grupo político, sino a una fuerza colectiva de 81 organizaciones en un gran Pacto Patriótico.

En este entendimos que la Patria no se entrega y se firmó un manifiesto de convocatoria y lucha. Fue una jornada unitaria en defensa de la bauxita, del agua, de la ecología y de los pueblos originarios que serían desplazados frente a un contrato que pretendía hipotecar nuestra Soberanía Nacional y arrasar todo el Valle del General.

Esa memoria hoy respira a través de los testimonios de quienes entonces tenían entre 13 y 25 años. Es conmovedor recordar a miles de jóvenes que, desde su colegio religioso en San José, tras discutir sobre el proyecto ALCOA, decidieron unirse a las manifestaciones, venían de todo el país, de la provincia de Heredia y Alajuela y de colegios públicos de San José. En sus recuerdos podemos presenciar aquel desfile de miles de estudiantes que rompieron esquemas para sumarse a las marchas, luciendo con orgullo sus uniformes colegiales aquel glorioso 24 de abril. Eran estudiantes de secundaria, jóvenes adolescentes valientes llenos de convicción y patriotismo. Eran Universitarios, eran trabajadores.

Algunos fueron expulsados de sus instituciones por su beligerancia patriótica y hubo jóvenes trabajadores que caminaron con decenas de muchachos desde diferentes puntos del Valle Central hasta la Asamblea Legislativa, para unirse al clamor nacional y así recorrieron barrios y unieron jóvenes. Tenemos en la memoria igualmente a los dirigentes golpeados y encarcelados aquel 24 de abril.

Sus voces y las de miles que hoy confirman con orgullo: «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad civilista y de nuestras elevadas convicciones patrióticas.

Hoy esa memoria nos devuelve una imagen clara: si en 1970 el recurso por defender era el suelo, la bauxita y la soberanía, hoy nos toca defender las universidades y la educación pública. Nos toca defender la Caja Costarricense de Seguro Social y los ideales democráticos republicanos que un régimen autoritario pretende destruir, socavando con ello el Estado Social de Derecho.

El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el dictado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, representa una nueva forma de dominación y un quebranto a la cultura nacional que debilita nuestra soberanía intelectual, social y la autonomía universitaria. Desfinanciar la universidad pública resulta hoy tan dañino como lo hubiera sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente. Disminuir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, de la educación pública y de los programas sociales es una afrenta a Costa Rica, especialmente a las juventudes.

La historia nos enseña que el protagonismo de los estudiantes de secundaria y universitaria es vital. Aquellos jóvenes de 1970 luchamos por el país que heredarían; los estudiantes de hoy deben comprender que el FEES no es un privilegio de pocos, sino la garantía de que cualquier joven de zona rural o urbana tendrá una silla esperándolo en la educación superior.

La lucha por la educación pública, por la división de poderes y los ideales republicanos al igual que la lucha contra ALCOA, debe trascender ideologías. Es un punto de encuentro nacional, una defensa del ascenso social y un acto de profundo patriotismo.

Al igual que aquellos jóvenes de colegios católicos y públicos y las universidades que se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra los ideales republicanos no es un error de juventud, es, tal y como lo demostró la Generación del 70, la forma más alta de patriotismo.

A levantar los faroles y la TEA de Juan Santamaría.

San José, 7 de setiembre 2026

Lo suscribo, soy «Generación 70».

Édison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir.

Lenin Chacón Vargas,

Alfonso Chase Brenes,

Habib Succar Guzmán,

Oscar Madrigal Jiménez,

Ana Mercedes Rodríguez,

Gloria Valerin,

Arturo Furnier Facio,

Macarena Barahona Riera,

Mario Alfaro,

Vladimir de la Cruz de Lemos,

Manuel Monestel,

Francisco Barahona Riera,

Ines Virginia Gutiérrez Moya,

Alex García Cruz,

Nieves Barahona Riera,

Israel Guillen González,

German Chacón Araya,

MGL,

Héctor Ferlini-Salazar

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.