Ir al contenido principal

Etiqueta: soberanía nacional

Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

La soberanía reside exclusivamente en la Nación (artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica) – ACODEHU

6 de agosto, 2026
San José, Costa Rica

Costa Rica se ha consolidado históricamente como uno de los referentes democráticos más estables y respetados de América Latina y del mundo. Este prestigio no es producto del azar, sino el resultado de una construcción cívica e institucional fundamentada en principios inquebrantables que protegen las libertades civiles y garantizan el Estado de Derecho. La salud de la democracia costarricense reposa sobre una serie de pilares constitucionales y culturales que aseguran que el poder siempre esté al servicio del ciudadano y nunca en su contra.

El principio fundamental que rige el sistema político costarricense es que la soberanía reside exclusivamente y esencialmente en la Nación. Este concepto, consagrado de manera explícita en nuestra Constitución Política, establece que el poder supremo no pertenece a ningún individuo, líder mesiánico, élite económica o fuerza militar, sino al conjunto de las personas ciudadanas. Es la Nación, en su totalidad, la única fuente legítima de autoridad.

De este principio se desprende que los gobernantes son meros depositarios de la autoridad, elegidos temporalmente para administrar el Estado, pero carecen de poder propio o absoluto. La soberanía popular significa que las grandes decisiones del país, la conformación de sus leyes y la elección de sus representantes provienen de la voluntad inalienable del pueblo, ejercida a través del sufragio universal, igual, directo y secreto.

Para garantizar que la soberanía popular no sea usurpada, el diseño institucional de Costa Rica se erige sobre la estricta independencia de poderes. El Estado se estructura en la clásica división tripartita: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A estos se suma, con rango de poder de la República en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esta separación no es únicamente nominal, sino funcional y orgánica. Funciona mediante un sistema de pesos y contrapesos diseñado para evitar que cualquier rama del gobierno acumule una influencia desmedida. El Poder Legislativo debate y aprueba las leyes, el Ejecutivo las implementa y administra el país, y el Judicial vela por su cumplimiento y correcta interpretación. Ningún poder puede delegar sus funciones propias ni invadir las competencias de los demás, lo que crea un equilibrio constante que frena cualquier intento de abuso o concentración de autoridad.

Un pilar innegociable de esta arquitectura democrática es el respeto absoluto a las resoluciones del Poder Judicial. En una verdadera democracia, la ley está por encima de los hombres, y son las personas jueces(as) y magistradas(os) quienes tienen la última palabra en la interpretación normativa. En Costa Rica, la creación de la Sala Constitucional en 1989 reforzó este pilar, permitiendo a cualquier ciudadano defender sus derechos fundamentales de forma rápida y accesible.

El acatamiento de los fallos judiciales, independientemente de si favorecen o contrarían los intereses del gobierno de turno, es obligatorio. Las autoridades gubernamentales, desde la Presidenta de la República hasta la persona funcionaria de menor jerarquía, están sometidas al escrutinio legal y deben obedecer sin dilación lo dictaminado por el Poder Judicial. Este respeto a la judicatura es lo que materializa el Estado de Derecho, garantizando que el país se rija por leyes objetivas y no por arbitrariedades políticas.

El poder político en Costa Rica no es un cheque en blanco; está permanentemente subordinado al control popular. La democracia costarricense entiende que el voto cada cuatro años no es suficiente para garantizar la representatividad. Por ello, existen mecanismos de control político y social que mantienen a los gobernantes bajo el escrutinio público. La movilización nacional del día de hoy, jueves 6 de agosto de 2026, es una exigencia de garantía al respeto de lo resuelto por la Sala Constitucional y la independencia de poderes.

El control popular se ejerce a través de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho de petición y la participación ciudadana activa en organizaciones civiles y audiencias públicas.

Los principios detallados anteriormente —la soberanía nacional, la separación de poderes, el respeto irrestricto a los fallos judiciales y el riguroso control ciudadano— conforman un ecosistema político que es diametralmente opuesto y estructuralmente distante de cualquier forma de dictadura, tiranía o autoritarismo.

En una dictadura, el poder se concentra en una sola figura o cúpula; en Costa Rica, el poder se dispersa y equilibra. En un régimen autoritario, los tribunales de justicia son herramientas subordinadas a la persona dictadora para perseguir opositores; en Costa Rica, es deber del Poder Judicial proteger al ciudadano incluso frente al propio Estado. Mientras que las tiranías desprecian la voluntad popular y censuran la crítica, la democracia costarricense se nutre del debate abierto y reconoce que la autoridad emana únicamente de la Nación.

En conclusión, el modelo de Costa Rica demuestra que el verdadero poder de un Estado no radica en la fuerza o la imposición, sino en el respeto a la ley y en la firme protección de las garantías institucionales, asegurando así un clima de paz, libertad y dignidad para todas las personas habitantes. Que la Presidenta de la República llame «golpe de Estado», por el resultado de una resolución de la Sala Constitucional, es un peligroso irrespeto al artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica, un atentado contra el orden Constitucional y una muy mala señal de autocracia, en tanto hace tal calificativo porque no le gusta al Poder Ejecutivo ese resultado de una resolución Sala Constitucional o porque no les favorece.

JUNTA DIRECTIVA
ACODEHU

Nicaragua y el anuncio electoral de Daniel Ortega: ¿soberanía y derecho de legítima defensa?

Álvaro Fernández González | Julio de 2026

Defender la soberanía frente a la amenaza externa es un derecho. Ninguna potencia debe imponer regímenes, sancionar pueblos o militarizar el continente.

El anuncio de Ortega sobre el muro legal electoral contra el golpismo debe interpretarse dentro de una coyuntura en la que la amenaza intervencionista estadounidense ha aumentado objetivamente.

El Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823, el Escudo para las Américas, la operación militar contra Venezuela, la coerción energética sobre Cuba y la recientemente inaugurada campaña internacional contra el “terrorismo de extrema izquierda” forman una estructura de presión hemisférica real.

Negarla implicaría ignorar documentos oficiales, operaciones militares, sanciones y mecanismos de vigilancia ya puestos en marcha.

¿Se produce así una espiral: Estados Unidos amplía las nociones de terrorismo y amenaza compartida para justificar su primacía regional; el Gobierno nicaragüense amplía las nociones de golpismo y traición para justificar el cierre interno?

¿Cada polo utiliza los excesos del otro como prueba de la necesidad de sus propias medidas excepcionales?

¿Es posible defender inequívocamente la soberanía de Nicaragua frente a sanciones, operaciones encubiertas o agresiones extranjeras y, al mismo tiempo, sostener que la soberanía pertenece a la sociedad en su conjunto, no solamente al Gobierno?

¿Es posible garantizar que las elecciones ninguna potencia extranjera pueda capturarlas y que ningún poder interno pueda cancelarlas?

Venezuela bajo asedio

Álvaro Fernández González, Julio de 2026

Comprender la realidad venezolana exige mirar más allá de las decisiones del gobierno y situarlas en el contexto de una profunda pérdida de soberanía.

El país enfrenta hoy una forma de colonialismo que ya no depende de la ocupación militar, sino del control sobre sus recursos estratégicos mediante sanciones, restricciones financieras y mecanismos externos que condicionan el acceso a los ingresos generados por su propio petróleo.

En ese escenario, muchas decisiones gubernamentales que generan controversia deben analizarse como respuestas adoptadas bajo condiciones excepcionales.

Es legítimo debatirlas y criticarlas, pero resulta insuficiente interpretarlas como una simple renuncia al proyecto bolivariano sin considerar la presión permanente ejercida por Estados Unidos sobre la economía y las instituciones venezolanas.

Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en las disputas entre gobiernos, la Administración Trump y la de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otra realidad continúa desarrollándose en cientos de comunas y organizaciones populares.

Asambleas vecinales, consultas comunitarias, proyectos autogestionados y espacios de participación mantienen viva una experiencia de democracia desde abajo que constituye uno de los principales legados de la Revolución Bolivariana.

Por ello, reducir el presente venezolano a la supuesta derrota del chavismo significa ignorar la persistencia de un tejido social organizado que sigue defendiendo la soberanía, la participación popular y la justicia social.

Las contradicciones existen y son objeto de debate dentro del propio movimiento, pero la discusión central continúa siendo otra: cómo preservar un proyecto político y una sociedad organizada frente a una estrategia de asfixia económica y subordinación geopolítica.

La principal lección es clara. Para comprender Venezuela no basta con juzgar las decisiones de sus dirigentes.

Es necesario observar también la capacidad de su pueblo para sostener, incluso en medio del asedio, las formas de organización que mantienen viva la aspiración de una democracia popular y de una verdadera independencia nacional.

Referencia:

“Before the Earthquake- Venezuela’s Uncomfortable Reality with Andreína Chavez Alava”.

La fábula del zorro y sus gallinas esterilizadas

Rafael A. Ugalde Q.*

Aunque parezca inaceptable, en pleno siglo de los avances tecnológicos, se sabía con más de una semana de antelación que Estados Unidos, actuando como el viejo zorro que es, entró en todos los gallineros encontrados a su paso para acallar cualquier cacareo entre sus asustadizas aves, ya esterilizadas y sin capacidad de posturas, desde hace años.

Un cable filtrado del secretario de Estado Marco Rubio reveló presiones de Washington para censurar y evitar en el seno de Las Naciones Unidas el debate sobre el bloqueo económico contra Cuba y sus inhumanos efectos. (Ver: https://espanol.almayadeen.net/noticias/politica/2204025/ee–uu–intenta-imponer-mordaza-global-en-onu-ante-debate-).

Según dicha información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un cable diplomático a sus embajadas para presionar a gobiernos de todo el mundo e impedir que Naciones Unidas celebre una sesión para debatir sobre la agresión económica a la que Washington somete a Cuba.

La fuente original proviene del estadounidense diario The Nation – fundado en 1865 y editado en Nueva York – cuando reveló los pormenores del cable filtrado, el cual confirma las denuncias de Cuba sobre la política agresiva de Estados Unidos que incluye un cerco energético.

Según el artículo, el documento ordena a las embajadas estadounidenses presionar a sus países anfitriones para oponerse al debate solicitado por Cuba en la Asamblea General de la ONU.

La reunión de la ONU se realizó el pasado 7 de julio y a pesar de los intentos de la delegación estadounidense de evitar el análisis del tema, el debate recibió el respaldo de 136 naciones, con solo nueve votos en contra y 30 abstenciones.

Costa Rica votó en contra de abrir el debate, en torno sí esta práctica que incluye medicinas y comercio, abarcando energéticos, atenta contra el Derecho Internacional y los derechos humanos.

Con plena sumisión diplomática a Washington, votaron igual que nuestro país, los mismos Estados Unidos, Argentina, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, encabezó la delegación de su país, anunciando que presentará una denuncia formal contra las acciones agresivas de Washington, incluido el cerco energético que ha puesto en riesgo servicios esenciales como la salud, la alimentación y el transporte, agregó.

Las naciones Unidas discutirán los estragos ocasionados a Cuba por el antijurídico bloqueo comercial. Nuestro país apoyó al estadounidense. (F. Prensa Latina).

Diversos medios de prensa recogieron la versión del jefe de la diplomacia cubana, que calificó como «un acto de guerra» el cerco energético impuesto por Estados Unidos contra la isla caribeña.

Durante su intervención, el canciller cubano afirmó que las restricciones han agravado la crisis energética que enfrenta el país y reiteró el llamado de La Habana para que se levanten las sanciones estadounidenses.

Tras el triunfo diplomático cubano, un periódico digital suizo recogió declaraciones del canciller Rodríguez, en el sentido que el « Gobierno de Estados Unidos impone a Estados soberanos que abandonen su relación con Cuba no por interés propio ni por desventajas comerciales, sino por el dictado de un régimen ajeno, que se supone que no tenga jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras», apostilló; (ver: https://www.swissinfo.ch/spa/ee.uu.-se-opone-sin-%C3%A9xito-a-debate-sobre-bloqueo-a-cuba-en-la-asamblea-general-de-la-onu/91712237).

El diplomático caribeño hizo también referencia a la reacción fúrica de la Casa Blanca poco después de conocer la aplastante derrota propinada por la Asamblea General de la ONU aquel 7 de julio.

Los diplomáticos norteamericanos acreditados en la ONU recurrieron al viejo relato para matizar la arcaica justificación a favor del bloqueo. Acudieron a la argucia que Cuba tiene cientos de presos políticos, no respeta los derechos humanos etc.

El Gobierno de Cuba lleva registrados daños por el bloqueo estimados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 por el orden de $8.103 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento del 7% respecto al periodo anterior y eleva el impacto acumulado histórico a más de $178.700 millones de dólares a precios corrientes.

¡Este zorro no cambia las mañas ¡!Tampoco sus gallinas!

*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López.

Crucitas: despacio porque precisa. La historia capítulo por capítulo

Por José Luis Amador

La palabra Crucitas está escrita en oro

Lo menos que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es informarse bien. Que mire, que venda ya, que yo se la compro. ¡Nada de eso trajo el barco! O nos informan bien o no vendemos. No es maní, no son meneítos. Son millones de dólares.

Existe una situación de crisis ambiental y social en Crucitas que debe resolverse. Pero esto no puede hacerse a golpe de mazo y tambor, porque puede caerse en los mismos errores que se cometieron hace 20 años, con el consecuente impacto sobre la gente, sobre el medio ambiente. Y sobre el negocio.

Crucitas tiene una historia que usted debe saber. Yo le voy a contar una parte. En sus discursos, el gobierno actual tergiversa esta historia y ha querido hacernos creer que fue un personaje y un partido político en solitario, por capricho y como si fueran magos, quienes se opusieron al proyecto minero y nos metieron en el atolladero en el que estamos ahora. Esto es solamente una parte de la historia. Deme un chance y le cuento el cuento hasta donde investigué. Usted buscará el resto. ¡Ojalá busque bien!

El proyecto minero

En 1993 la empresa Industrias Infinito obtuvo un permiso de exploración para el área de Crucitas. La empresa realizó perforaciones y estudios para determinar la existencia y tamaño de potenciales depósitos de oro.

En 1999 presentó ante la Dirección de Geología y Minas una solicitud de concesión minera en un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris, la cual fue otorgada en 2001.

Reacción de los ecologistas y un presidente

La minería a cielo abierto es un negocio “furris” y de gran impacto ecológico. No son túneles, ni tajos como alguna gente cree. Son lagunas y desiertos químicos. Implica eliminar toda la capa boscosa, echar abajo árboles y animales, eliminar la parte orgánica del suelo y hacer excavaciones profundas, extraer toda la roca y triturarla. Hacer grandes lagunas donde el material se mezcla con cianuro para obtener el oro. Todo ello con alto riesgo de secuelas ambientales, de contaminación de acuíferos y otros. Los expertos lo explicarán mejor que yo. Pero lo cierto es que la inminente acción de Industrias Infinito causó enorme oposición en diversos sectores de la sociedad costarricense. Nos dejaban un inmenso impacto ambiental y muy poca ganancia. Solo un 2 % de lo extraído.

En el 2002 grupos ecologistas interponen el primer recurso de amparo contra las operaciones de Industrias Infinito. Paralelamente, el entonces pre-candidato presidencial Abel Pacheco presentó un recurso ante el MINAE. Ya en la presidencia Abel Pacheco estableció por decreto una “moratoria nacional” contra la minería metálica de oro a cielo abierto. Todos los trámites relacionados con el proyecto minero de Infinito Gold debían suspenderse. A pesar de ello, al parecer, el Ministerio de Ambiente, la SETENA, ni la Dirección de Geología y Minas, suspendieron los procedimientos a favor de la empresa minera.

2004 Sala IV anula concesión

En 2004 la Sala Constitucional, declaró «con lugar» un recurso de amparo contra el otorgamiento de la concesión minera por haberse dado sin tener un estudio de impacto ambiental previo. Además, la Sala anuló esa primera concesión “por violentar el derecho a un ambiente sano”.

2005 SETENA otorga viabilidad al proyecto

Ese año, paradójicamente, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Crucitas. Tendría un área total de 305,90 hectáreas y un plan de extracción de 21 hectáreas cada año. Industrias Infinito utilizaría un proceso químico por medio de tanques de cianuración. Su pretensión era producir 4000 toneladas diarias de material para extraer 90000 onzas de oro por año. Esto es aproximadamente 3000 kilogramos de oro por año.

2008 Arias Sánchez y su infinito amor

IND. INFINITO encuentra todo el apoyo del gobierno de Oscar Arias. En 2008 el Gobierno Arias ordenó revivir la resolución anteriormente anulada por la Sala Constitucional y otorgar de nuevo la concesión a Industrias Infinito, pese a que todavía estaba vigente la moratoria emitida por Pacheco. Y para evitar dudas de su infinito amor, ese mismo año O. Arias y el ministro de Ambiente Roberto Dobles, derogaron el decreto de moratoria minera emitido por el expresidente Pacheco.

Pero lo más poético estaba por venir, ya que Arias y Dobles firmaron un decreto declarando el proyecto minero Crucitas «de interés público y conveniencia nacional». Ese mismo día, contra toda pretensión ambientalista, se aprobó la corta de árboles en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario y de plantaciones, en los terrenos de la empresa minera.

Y como en todas partes se cuecen cariñitos, en 2008, – según informó La Nación- Ronald Mannix, el multimillonario dueño de Industrias Infinito, ofreció un donativo de 250 000 dólares a la Fundación Arias para la Paz del presidente Óscar Arias Sánchez. Años más tarde esto motivó la apertura de una investigación penal. Pero finalmente, el caso fue desestimado. En su momento, toda esta información estuvo en los diarios. Aunque todavía se puede ver en Wikipedia, de donde hemos tomado toda la información de este texto.

La reacción ecologista

Tal y como he manifestado anteriormente, en sus discursos, el actual gobierno chavista tergiversa esta historia y ha querido hacer creer que fue Edgardo Araya y un partido político quienes en solitario y por capricho se opusieron al proyecto minero, pero esto no es cierto. Amplios sectores de la ciudadanía costarricense se unieron para luchar contra Industrias Infinito y el gobierno de Oscar Arias y su afán de arrasar miles de hectáreas de bosque, dejando enormes estanques de cianuro y otros químicos, a cambio de muy poca ganancia para los costarricenses (un 2%). Embarcándonos en un pésimo negocio social ambiental y económico. Fueron meses de marchas, largas caminatas, tiendas de campaña y gente valiente durmiendo frente a Casa Presidencial manifestando su repudio a este pésimo negocio.

En octubre de 2008, el abogado Edgardo Araya, representando a gran cantidad de ciudadanos y grupos ambientalistas, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra Industrias Infinito S.A., la SETENA y el MINAET, solicitando la suspensión de la corta de árboles como medida cautelar, la cual fue acogida por ese tribunal, mismo que ordenó además la no aplicación del decreto de Arias que había declarado «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero.

De aquí hasta al 2010 hubo un largo estira y encoge donde ambientalistas y sectores populares dieron una férrea y desigual lucha contra la empresa minera ahora unida con el gobierno de los Arias.

La reacción del arismo (sigue el ping pong)

Por increíble que parezca, el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (ASOCRUCITAS), todos juntos, acuerparon a la empresa minera Infinito ante los tribunales en contra de las demandas populares y ecologistas, y presentaron oposición a sus argumentos.

2010 tribunal rechaza las pretensiones de Arias e Infinito

En 2010 el tribunal rechazó las pretensiones del gobierno y la empresa minera, ahora unidos. Según los jueces, la resolución auspiciada por Arias, que revivió el permiso de explotación en 2008, era nula, pues todavía estaba vigente el decreto de moratoria emitido por el expresidente Pacheco. El tribunal ofrece muchas razones entre ellas, afectación al recurso hídrico subterráneo, especies silvestres amenazadas y destrucción de caminos. Por si fuera poco, el tribunal rechaza el decreto de Arias y Robles que declaró el proyecto minero «de interés público y conveniencia nacional». Este tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no realizó un procedimiento para determinar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. El decreto de Arias y Dobles presentaba escasez de argumentos, no hizo referencia a documentos, estudios, u otros elementos técnicos que justificaran la conveniencia nacional de la mina.

Tribunal solicita procedimiento penal contra Arias y Dobles

El tribunal condenó a Industrias Infinito, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala de árboles; ordenó al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito y comunicar la sentencia al MINAE para que iniciara un procedimiento administrativo contra tres de sus funcionarios. Pide comunicar al Ministerio Público para que se determinara si era procedente seguir causa penal en contra de Óscar Arias, Roberto Dobles y otros.

2010 Asamblea Legislativa vota por unanimidad para prohibir la minería a cielo abierto

2015 Finalmente este año Industrias Infinito salió de Crucitas y en noviembre de ese año, el Tribunal Contencioso ordenó que la empresa, el SINAC y el Estado pagaran 6.4 millones de dólares por daño ambiental en un plazo de seis meses. Claro que duele todavía este triunfo de los ambientalistas contra el Gobierno de Arias y la empresa minera.

2014 juicios internacionales

En 2014 Industrias Infinito demandó a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) reclamando 400 millones de dólares, por incumplimiento del Estado costarricense. estas y otras demandas de la empresa minera que se siguieron dando hasta el 2025 Dichosamente no prosperaron. Básicamente lo que protegió a Costa Rica fue el decreto de moratoria contra minas a cielo abierto emitida por el presidente Pacheco de la Espriella, lo que impidió a la desarrolladora obtener el permiso de explotación. Esta actitud de Pacheco se dio en concordancia con los movimientos ambientalistas de ese periodo histórico.

2026 algo tenemos que hacer hoy con Crucitas

Crucitas está siendo objeto de la invasión de oreros. Muchos sostienen que este no es un fenómeno espontáneo, sino que ha sido planeado y financiado. Se dice que no son ni artesanales ni espontáneos. Sabemos que hay necesidades de unos e intereses de otros.

Por su parte el gobierno tiene una propuesta en donde el país solo obtendrá un 5% de las ganancias y siguen presentes los riesgos ambientales. La estrategia del Gobierno está acompañada por un mensaje que dice “tienen que tomar esta opción ya, porque esto urge y los que objeten esta propuesta son antipatriotas, comunistas y vagabundos” (Usted conoce la cantinela).

Pero como le dije, lo mínimo que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es ir con calma e informarse bien. Espero que estas líneas inconclusas le hayan servido de algo porque a mi me costaron su rato. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia: cinco fracciones en la asamblea se sientan a pensar.

Este 26 de junio nos dicen que las cinco fracciones de la Asamblea se sentarán a dialogar en una mesa de análisis en busca de la mejor opción. ¿Y por qué no? Es la mejor noticia que nos han dado. Cuando se tiene un buen negocio, no se dilapida. Se va despacio, porque precisa.

Usted lo sabe… y yo también.

Imagen: Una mina de oro a cielo abierto.
La selva ha sido sustituida por una hermosa laguna de aguas de cianuro. El bus de los turistas se cambió por un tractor triturador y ya no hay lapas. Este gigantesco sacrificio ambiental, si se hiciera, merece una recompensa muy grande y bien pensada para el país y la sociedad costarricense, con visión social y de futuro.

Municipalidad de San José acuerda rendir homenaje a 19 soldados zapoteños que participaron en la Campaña Nacional de 1856

La Municipalidad de San José aprobó, en su sesión del 16 de junio de 2026, una moción presentada por el Concejo de Distrito de Zapote para rendir homenaje póstumo a 19 soldados costarricenses, originarios de esa comunidad, que participaron en la Campaña Nacional de 1856 contra la invasión filibustera encabezada por William Walker.

La iniciativa permitirá la realización, en una fecha que será definida posteriormente, de un acto cívico conmemorativo en la comunidad de Zapote en reconocimiento a estos patriotas que formaron parte de uno de los episodios más significativos de la historia nacional.

La Campaña Nacional de 1856-1857 constituye uno de los acontecimientos fundacionales de la identidad costarricense. En ella, personas de distintas regiones del país participaron en la defensa de la soberanía nacional frente a las fuerzas filibusteras lideradas por William Walker, cuya intención era extender su dominio sobre Centroamérica. La memoria de quienes participaron en esa gesta ha sido preservada mediante diversas iniciativas cívicas, educativas y comunitarias a lo largo de los años.

La Asociación Cívica y Cultural de Zapote expresó su satisfacción por la aprobación de la moción y agradeció al alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, así como a la síndica Marilyn Astorga Molina, por el respaldo brindado a la propuesta.

Según indicó la organización, el acuerdo facilitará la realización de una actividad conmemorativa en honor de los 19 soldados zapoteños que participaron en la defensa del país durante la Campaña Nacional, fortaleciendo la memoria histórica de la comunidad y el reconocimiento de quienes contribuyeron a la defensa de la soberanía costarricense.

Imagen ilustrativa: https://museojuansantamaria.go.cr/campana-nacional/

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 3

Rafael A. Ugalde. Q.*

“Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es la independencia; hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria; hay gente que no entiende los procesos políticos y cuáles son los problemas objetivos” Fidel siempre vigente más que nunca con sus 100 años a cuesta, a partir de este 13 de agosto.

¡Son tiempos difíciles! El personaje de la comedia de la televisión ya no está con nosotros. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en medio de esta confusión.

Estamos varados hace rato, otra cosa es el rechazo de esta realidad. Nos agobia a muy pocos – hay que decirlo sin rodeos – un “presente” indefinido, largo como sí estuviera dormido, a veces tiene rasgos de pasado y sí a él sirve, se nos viene encima como futuro inmediato.

En contraste a lo dicho anteriormente, encontraremos mayorías importantes viviendo de ese presente y los pies sobre su propio “cielo “levantado a su medida por años de préstamos millonarios, compra de fuerza de trabajo en promoción y repleto de música celestial.

La otra mitad de este importante bloque va con todo por su propio futuro y su “gloria” construida sobre los escombros celestiales dejados por aquel presente que ya es pasado, pero futuro al fin y al cabo lleno de arcángeles y querubines elevados a “gerentes” y Rasputín de la economía y las finanzas.

Así, entre quienes defienden el presente y el futuro podemos vaticinar desde ahora unas movidas elecciones municipales en 2028 y comicios presidenciales para 2030 como nunca vistos en la democracia de unos y otros. ¿Por qué tendría que ser distintas?

En un amplio documento público hecho circular por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) se convoca a cerrar filas alrededor del Pacto Patriótico Costarricense y defender el Estado Social de derecho, así como impulsar políticas sociales en beneficio de la población.

Entre las organizaciones que forman esta instancia figuran asociaciones y sindicatos de maestros, pequeños y medianos productores agropecuarios de Limón, empleados públicos y privados, entre otras. (Consúltese SURCOS Digital).

A estas múltiples organizaciones sociales aglutinados en la RENASES se sumó el Pacto Patriótico Nacional de reciente actividades e integrado por diputados contrarios a la actual administración encabezada por la presidenta Laura Fernández.

De entrada, no más tienen frente sí el proyecto de ley para liberar la generación privada de electricidad y al parecer un paquetazo fiscal por nuestro gobierno en el exterior que ese no perdona: el FMI.

Es de destacar que dentro de la organización indicada figuran importantes grupos movilizados junto a otros actores, en ocasión de la aprobación del TLC en 2007 y la privatización de las telecomunicaciones en 2008, reformas impulsadas por el gobierno del liberacionista Oscar Arias.

No está de más recordar que dicho mandatario seguramente no tuvo el tiempo necesario para dotar del “carro popular” a Reimundo y todo el mundo; tampoco -por cuestiones de tiempo – nos hizo la “primera nación desarrollada” en Latinoamérica, como prometió en una de las gradas de la Catedral Metropolitana.

Contrariamente, dos décadas después de sus afirmaciones, seguimos desarrollando músculos de brazos y espalda como si estuviéramos en clases de Tai Chi, porque seguimos braceando fuerte para no ahogarnos en aguas tempestuosas.

Sí, veinte años no son nada, como decía Gardel. Un proyecto de armonización de la producción privada sin límites de electricidad tiene el mismo actor dos décadas después, solo que ahora no son ya las telecomunicaciones. Este negocio es prueba superada.

Importantes playas ya no son nuestras. Cualquiera pone una aguja y te obliga a pagar por su Resort si quieres arena y olas.

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional “descubre” en su edición 13 de su Índice Global de Derechos 2026, como fundar un sindicato en el sector privado no es equivale a degustar jamón o caviar.

Primero combatieron por todos los medios aquellos sindicatos “rojos” que no le aflojaban a los llamados a profundizar la lucha de clases, exigían transformaciones socioeconómicas y sentaban en el banquillo de los acusados al “imperialismo como enemigo de los pueblos”, hasta llevarlos casi a su extinción.

“No hay tal capitalismo bueno ni imperialismo bueno. Son cortados con las mismas tijeras”, explicaba “Serranito” de grata memoria a los trabajadores de una famosa fábrica en Curridabat, antes de que lo pillaran y echaran a la calle junto a los futuros 25 miembros del sindicato.

Luego siguieron con las organizaciones llamadas “sindicatos blancos” -generalmente afines al gobierno de turno – hasta que les pusieron competencia a modo de asociaciones para estimular, con el dinero de sus agremiados, toda clase de consumo. No sigo. No me gusta hacer leña del árbol caído.

Entrevistado para esta III y última entrega, el historiador ramonense, dirigente popular e internacionalista, Oscar Barrantes, sobre qué falló en estas luchas post Alcoa, expresó que “el pueblo en el caso del TLC y contra el Combo del ICE respondió con creces, pero “quizá falló la dirigencia”. Explicó que los niveles de conciencia surgen de las condiciones materiales de la vida y las relaciones sociales, nunca viene por generación espontánea, señaló

Requerido, entonces, sobre qué había pasado en la lucha contra ALCOA, precisó que le parecía que en ella hubo claridad y estrategia política.

Después de esta lucha nació Pueblo Unido y hubo conciencia sobrada hasta para que muchos ticos integraran las columnas revolucionarias para luchar en Nicaragua, recordó.

Muchos alcanzaron tal grado de conciencia que mueren luchando en Honduras y El Salvador, rememoró.

Periodista: ¿Siguiendo su línea de pensamiento qué hicimos tan mal para acabar todos en este atolladero, con un presente plantado, estacando; en tanto el futuro ya estamos viviéndolo con 13 regímenes de orientación fascista y bajo tutela política absoluta del “Escudo de las América”?

Movilización sindical contra el llamado Combo del ICE (Semanario Universidad).

R/ “Para hacer una aproximación a la realidad social e histórica, es necesario la visión creadora de acción política, pensamiento y praxis social.

El problema central está en relación con la contradicción determinante en la época. Las contradicciones sociales y la contradicción sistémica fundamental de cada época, porque la hay, es el nudo de coordenadas qué deben orientar el proceder de la lucha social, sindical y política.

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la necesaria e imprescindible unidad de los movimientos populares, sindicales y fuerzas motrices del cambio político-social en el país. Todo el mundo habla de unidad.

Sin embargo, pareciera que no se encuentra el sendero iluminado que nos lleve a la unidad. Es más, a menudo vemos las ácidas experiencias de movimientos sociales unitarios y a alianzas de pueblo organizado en pelea por reivindicaciones y derechos resquebrajarse y mandar el paquete completo al canasto de la basura.

Después los lloros y las excusas de «yo no fui», «que los principios», «somos unitarios, pero, nos están matando la gente», «la vanidad, el egoísmo y las mezquindades de aquellos» etc. Un lavado de manos general y, «si te vi, no me acuerdo».

Grandes y gigantescas movilizaciones de confrontación social real y emocionantes expectativas se fueron por el caño en Costa Rica en los últimos 26 años, del entrado en décadas, siglo XXI. No las enumeraré, quienes están en el ojo de la política y la lucha social popular las conocen.

Periodista:/ Podría explicar a los trabajadores, a los campesinos sin tierra, a la madre sin casa, a los jóvenes estigmatizados como criminales por no vivir en condominios ubicados en Escalante, Monterán o Dent, ¿dónde queda la política y hasta dónde llega entonces la politiquería?

R./ Ese es el quid del asunto. Es la cuestión de la política. No hablo de politiquería eleccionaria. Me refiero a la política como una categoría científica de lucha por el poder.

Por ende, se comprende que se mueve en los factores internos, contradicciones y entorno de la sociedad, como un complejo de relaciones productivas, sociales y políticas en dinamismo explosivo.

Lucha por derechos universales, inalienables, esenciales en la perspectiva de humanidad. Lucha nacional de los pueblos y lucha de clases.

Lo más concreto nos acerca a un nodo sensible y determinante del diario hacer por el cambio social, del vórtice de la conmoción social, es la acción política.

No podemos separar con un tajo de soberbia del dirigente ególatra y «sábelo todo» – como la cabeza de un cuerpo – la política de la lucha social, sindical, popular.

Descarrilar el justo descontento de las masas – violentados sus derechos – imponiendo falacias como la de que «las movilizaciones sociales y las reivindicaciones populares son ajenas por naturaleza a la esfera política.

Esa tesis revisionista de origen economista en el sindicalismo – como el tradeunionismo inglés y europeo – se extendió a los movimientos sociales y populares en general. No pormenorizaré en este extremo.

Para construir unidad social, popular, juvenil sindical, de combate por la liberación nacional de las cadenas del imperialismo y lucha por la soberanía legítima y originaria, es imprescindible partir de la apreciación correcta de la realidad y las premisas sociales y políticas, tener una doctrina política del movimiento de transformación social, una estrategia y amalgama táctica oportuna y flexible que posibilite las alianzas coyunturales.

De más o menor elongación, según los momentos del curso de la lucha y desenvolvimiento de las contradicciones, fuerzas motrices y correlación de las mismas.

Nos referimos a la dirección o conducción política ineludible de los movimientos sociales y populares. De esa cualidad o capacidad es de lo que ha adolecido el movimiento social, popular y sindical costarricense en las últimas cuatro décadas”, concluyó.

A manera de colofón de este brevísimo recorrido por Nuestra América de tres entregas, los hechos son hechos y aunque a veces creemos no hablan, son como un expediente judicial: nos plática, respiran, sudan y exigen justicia, no importa los años de silencio impuesto.

Sin embargo, cuando un pueblo sale de ese armario, de esa carpeta y borra el número que le habían asignado, aprende inmediatamente la lección: no hay amenazas ni represión que los pare, simplemente avanza como actor histórico.

Sin mecenas, sin intermediarios, exactamente como están plantados ahora los pueblos de Cuba, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras etc., peleando por su dignidad y a la espera de los que vienen de camino. ¡Qué vendrán, vendrán!

*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos.

¿Quién dirige a las policías nacionales?

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hará unos tres días la prensa publicó unas declaraciones dadas por el director del OIJ durante un allanamiento:

“Tenemos mucho tiempo de trabajar con la DEA, compartir información, hacer operaciones en conjunto. En los últimos meses ha sido mucho más estrecha, de tal forma que hay un grupo de oficiales nuestros que trabaja permanentemente con ellos”. (La Nación).

Por otra parte, también se informaba:

“Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) ya se establecen de forma permanente en Costa Rica como parte de un reforzamiento en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos, el personal incluye agentes, técnicos y funcionarios administrativos que trabajarán desde las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José”. (Gente Opa).

Esta participación supuestamente se enmarca dentro del tratado llamado Escudo de las Américas, firmado por Costa Rica en Miami.

Lo primero que habría que aclarar es que ese llamado Tratado no ha sido aprobado por ninguna autoridad nacional y por ende no puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En esta condición las actividades de los agentes de la DEA y el FBI están al margen de la Ley, están actuando ilegalmente con la complicidad de las policías del país, en especial de una del Poder Judicial.

Además, habría que discutir si la presencia de esas agencias, supuestamente civiles o policiales, están actuando contra la Constitución y en especial el artículo 12 que se refiere a la abolición del ejército y la existencia de cuerpos policiales nacionales.

Lo dramático del asunto es que la DEA y el FBI y por supuesto la CIA están participando como policías en activo, forman parte en operativos, como lo dice el director del OIJ, y los oficiales del OIJ trabajan permanentemente con ellos, lo cual indica que son los oficiales de la DEA los que dirigen los operativos y participan activamente en ellos.

La otra gran discusión que surge a raíz de esta participación es hasta dónde llega la soberanía nacional, si estamos siendo cómplices de una ocupación pasiva de nuestras policías por parte de una fuerza que es dirigida desde la Embajada de Estados Unidos, tal y como se consigna también por parte de los mismos diplomáticos estadounidenses.

Es evidente que las fuerzas del narcotráfico son enormemente poderosas y son una multinacional que opera desde paraísos como Dubái y centros bancarios ubicados en Estado Unidos y que en consecuencia es necesaria la coordinación entre las fuerzas de varios países para enfrentarlo. La colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico es necesaria y conveniente. El problema es hasta dónde debe llegar esa cooperación; la posibilidad que está en desarrollo en el país es la de entregar las policías preventivas y represivas a las agencias extranjeras, lo cual violenta la soberanía nacional, o realizar una labor de coordinación, cooperación e intercambio de inteligencia, pero sin que esas policías estén subordinadas a la DEA o al FBI.

El otro aspecto es el político. Es evidente que el narcotráfico se ha convertido en la perfecta excusa de EEUU para intervenir abierta y directamente en los asuntos internos de los países, incluyendo en sus procesos electorales. Es totalmente paradójico que mientras el gobierno de EEUU no realiza un trabajo eficiente en su propio territorio, desarmando, deteniendo y desmantelando los carteles gringos, no persigue el lavado de dinero y no educa a su población en el no uso de las drogas, obligue y participe directamente en el combate al narco en los países de América Latina. Debería pregonar con el ejemplo; antes de dar consejos a otros, debería aplicarlos en su país.

Estoy seguro de que muchos fanáticos chavistas están felices con que Costa Rica se convierta en una colonia y que ella toda sea una base militar y creer que el problema del narco se combate con más policías y cárcel, más intervención extranjera, aunque por otro lado condenemos a los jóvenes a la deserción escolar, la falta de comida en los comedores y el abandono constante de las necesidades de los jóvenes y madres costarricenses.

Pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que la pérdida de nuestra soberanía, con el pretexto de la lucha contra el narco, solo agregará un problema más en el futuro.

Por el momento tengamos claro que nuestras policías están condicionadas y probablemente hasta dirigidas por la DEA y el FBI desde la Embajada en Pavas.

Venezuela salió perdiendo

Por Nacho Montes de Oca / pressenza

Tras el ataque militar a Venezuela en enero de este año, Estados Unidos saqueó frenéticamente los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo y el oro. Estados Unidos compra y vende petróleo venezolano a través de cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense, fiscalizando por la fuerza los ingresos originalmente destinados a Venezuela y permitiendo que Venezuela utilice solo una pequeña parte para comprar bienes a precios elevados en EEUU como un requisito obligatorio.

Los mecanismos de liquidación y uso de los ingresos por venta de petróleo no son transparentes. El ministro de Energía de EEUU, Chris Wright, declaró públicamente que se vendieron al menos U$S 150 millones de barriles de crudo venezolano desde el 3 de enero. Incluso a un precio medio previo al conflicto en Oriente Medio de U$S 60 por barril, los ingresos por ventas de petróleo deberían haber sido de U$S 9.000 millones. Sin embargo, según informes de los medios, Venezuela solo recibió hasta ahora U$S 500 millones de dólares. Además, el ministro del Interior de EEUU, Doug Burgham, afirmó públicamente que había llegado a los EEUU oro por valor de U$S 100 millones procedentes de Venezuela, pero no se reveló si Estados Unidos le pagó ese monto a Venezuela.

Bajo las sanciones y bloqueos prolongados de Estados Unidos, la inflación de Venezuela se disparó un 475% en 2025, un 71% en lo que va de año y registra un aumento anual esperado del 271,6%. En abril de este año, en términos anuales, el dólar estadounidense subió un 403% frente a la moneda oficial venezolana. El nivel de vida de las clases media y baja, cuyos principales ingresos están en moneda local, fueron afectados gravemente.

Aunque el gobierno venezolano afirma utilizar parte de los ingresos de la venta de petróleo para subvencionar los medios de vida de la población debido al control estricto de parte de Estados Unidos, la actual escasez de divisas es grave y la idea de «sembrar el petróleo» no mostró resultados reales.

En 2026, Venezuela es escenario frecuente de diversas protestas y huelgas, con trabajadores industriales, profesores universitarios y otros grupos que exigen continuamente aumentos gubernamentales en salarios y pensiones. El 9 de abril, algunos sindicatos venezolanos organizaron una marcha de cientos de trabajadores activos y jubilados en la capital, Caracas, exigiendo salarios mínimos y pensiones más altos. Durante el proceso, estallaron enfrentamientos físicos con la policía y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y otros medios para hacer cumplir la ley. El día 16, el Sindicato Nacional de Sindicatos de Venezuela organizo otra manifestación en la capital, con varios representantes sindicales presentando peticiones a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela respecto a estas demandas, convocando elecciones dentro del año, mayores ingresos de los trabajadores, contención de la inflación y la liberación de presos políticos.