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Etiqueta: soberanía nacional

Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.

Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.

Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.

Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.

Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.

Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.

El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.

Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.

Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.

Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.

EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.

Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.

Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.

Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.

Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.

Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.

La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.

Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.

Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.

También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.

La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.

Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.

Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.

Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.

Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.

La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos. Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.

Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.

Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.

¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?

Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.

Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.

Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.

Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

Zurdos… pero no vendidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En aquellos amargos días de la Guerra Fría, y todavía en vigencia el vergonzoso segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución, que de hecho y de derecho proscribía la existencia del partido comunista, endilgar a alguna persona o movimiento el adjetivo de… comunista!! era casi condenarlo al ostracismo, pues imperaba la política del miedo, ser comunista era casi ser hermano del «mismitico» demonio; todo gracias a las heridas dejadas por la guerra civil de 1948 y los acomodos internacionales de la Guerra Fría. Pero hoy todo eso ha pasado, seguir con ese telele de comunista o «zurdo» es trasnochado y anacrónico.

Por eso cuando del ministro de Justicia don Gabriel Aguilar dijo que tenía «identificados a los zurdos de closet que ya tenemos identificados y se reunieron un día de estos», no solo fue una ofensa a la libertad que debe imperar en una democracia, sino una demostración de su conocida inmadurez, ignorancia o prepotencia política, digna de la mejor causa fascista.

Vamos a tratar de explicarle algo, talvez entienda. Después de acabada la Guerra Fría a fines de la década de los años 80, ya no tiene sentido hablar ni ideológica ni históricamente de comunismo; el mundo se dividió entre un capitalismo salvaje (como lo llamó Juan Pablo II, para que no crea que es una calificación comunista) defendido por aquellos que dentro del llamado neoliberalismo y la globalización, querían un mercado libre, un mundo financiero desbocado y totalmente desregulado, sin un Estado que le pusiera límites a sus ambiciones, obviamente ellos agruparon a la vieja derecha. Frente a ellos surgieron movimientos, de muy distinto origen ideológico, opuestos a los planes de entrega de los diferentes países, se organizaron para luchar contra las desregulaciones, la venta de activos del Estado, la entrega de recursos naturales, los favores fiscales a favor de empresas extranjeras y, sobre todo, para evitar la pérdida de muchos logros y leyes sociales que habían costado hasta sangre de miles de trabajadores. En Costa Rica, esas luchas llevaron a que socialistas, socialdemócratas, social cristianos (los de verdad), comunistas, cooperativistas, sindicalistas y diferentes grupos ciudadanos nos uniéramos a luchar por Costa Rica en acontecimientos como el famoso COMBO DEL ICE y luego contra el TLC, sin don Gabriel, todos esos éramos zurdos…y lo seguimos siendo, a mucha honra.

¿Y quiere saber dónde nos reunimos?… ¡En la calle!, el pasado 6 de agosto tomamos la Plaza de la Democracia, la avenida segunda y muchos otros sitios a lo largo y ancho del país; ese día luchadores contra el COMBO y el TLC nos reencontramos, nos volvimos a ver de frente, nos saludamos y abrazamos; ¿pero sabe que fue lo más hermoso?, no solo estábamos aquellos que dimos esas luchas hace 25 años, no, estaban miles de jóvenes que muchos creímos no se interesaban por la Patria y con su presencia nos dijeron: están equivocados, aquí estamos.

Si don Gabriel, doña Laura y Rodrigo Chaves, Costa Rica no está sola, el 70% de costarricenses que no votaron por ustedes ni hemos dejado que su odio hacia la Patria nos contamine, estamos en la lucha porque nosotros si amamos a Costa Rica. No somos de los que aceptamos pactos secretos de escudos militares, o agencias de espionaje, ni acompañamos a quienes encabezan movimientos antidemocráticos y fascistas en América Latina, que hacen peligrar nuestros valores. Por ejemplo, el presidente Trump dijo que la Doctrina Monroe marca la política exterior de Estados Unidos y que por eso el dominio de ese país en el hemisferio occidental no se discute. Pues aquí no vamos a permitir que viejos conceptos ya superados de imperialismo, vengan a arrebatarnos lo que es nuestro y la paz.

Si, hoy a los costarricenses que defendemos la Constitución, las leyes, las instituciones que nos dan el Estado Libre de Derecho, la soberanía nacional y la paz nos pueden llamar zurdos… ¡pero no vendidos!!

En la encrucijada de la historia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.

La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.

Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.

Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.

Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.

Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

La soberanía reside exclusivamente en la Nación (artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica) – ACODEHU

Escrito en . Publicado en Derechos.

6 de agosto, 2026
San José, Costa Rica

Costa Rica se ha consolidado históricamente como uno de los referentes democráticos más estables y respetados de América Latina y del mundo. Este prestigio no es producto del azar, sino el resultado de una construcción cívica e institucional fundamentada en principios inquebrantables que protegen las libertades civiles y garantizan el Estado de Derecho. La salud de la democracia costarricense reposa sobre una serie de pilares constitucionales y culturales que aseguran que el poder siempre esté al servicio del ciudadano y nunca en su contra.

El principio fundamental que rige el sistema político costarricense es que la soberanía reside exclusivamente y esencialmente en la Nación. Este concepto, consagrado de manera explícita en nuestra Constitución Política, establece que el poder supremo no pertenece a ningún individuo, líder mesiánico, élite económica o fuerza militar, sino al conjunto de las personas ciudadanas. Es la Nación, en su totalidad, la única fuente legítima de autoridad.

De este principio se desprende que los gobernantes son meros depositarios de la autoridad, elegidos temporalmente para administrar el Estado, pero carecen de poder propio o absoluto. La soberanía popular significa que las grandes decisiones del país, la conformación de sus leyes y la elección de sus representantes provienen de la voluntad inalienable del pueblo, ejercida a través del sufragio universal, igual, directo y secreto.

Para garantizar que la soberanía popular no sea usurpada, el diseño institucional de Costa Rica se erige sobre la estricta independencia de poderes. El Estado se estructura en la clásica división tripartita: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A estos se suma, con rango de poder de la República en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esta separación no es únicamente nominal, sino funcional y orgánica. Funciona mediante un sistema de pesos y contrapesos diseñado para evitar que cualquier rama del gobierno acumule una influencia desmedida. El Poder Legislativo debate y aprueba las leyes, el Ejecutivo las implementa y administra el país, y el Judicial vela por su cumplimiento y correcta interpretación. Ningún poder puede delegar sus funciones propias ni invadir las competencias de los demás, lo que crea un equilibrio constante que frena cualquier intento de abuso o concentración de autoridad.

Un pilar innegociable de esta arquitectura democrática es el respeto absoluto a las resoluciones del Poder Judicial. En una verdadera democracia, la ley está por encima de los hombres, y son las personas jueces(as) y magistradas(os) quienes tienen la última palabra en la interpretación normativa. En Costa Rica, la creación de la Sala Constitucional en 1989 reforzó este pilar, permitiendo a cualquier ciudadano defender sus derechos fundamentales de forma rápida y accesible.

El acatamiento de los fallos judiciales, independientemente de si favorecen o contrarían los intereses del gobierno de turno, es obligatorio. Las autoridades gubernamentales, desde la Presidenta de la República hasta la persona funcionaria de menor jerarquía, están sometidas al escrutinio legal y deben obedecer sin dilación lo dictaminado por el Poder Judicial. Este respeto a la judicatura es lo que materializa el Estado de Derecho, garantizando que el país se rija por leyes objetivas y no por arbitrariedades políticas.

El poder político en Costa Rica no es un cheque en blanco; está permanentemente subordinado al control popular. La democracia costarricense entiende que el voto cada cuatro años no es suficiente para garantizar la representatividad. Por ello, existen mecanismos de control político y social que mantienen a los gobernantes bajo el escrutinio público. La movilización nacional del día de hoy, jueves 6 de agosto de 2026, es una exigencia de garantía al respeto de lo resuelto por la Sala Constitucional y la independencia de poderes.

El control popular se ejerce a través de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho de petición y la participación ciudadana activa en organizaciones civiles y audiencias públicas.

Los principios detallados anteriormente —la soberanía nacional, la separación de poderes, el respeto irrestricto a los fallos judiciales y el riguroso control ciudadano— conforman un ecosistema político que es diametralmente opuesto y estructuralmente distante de cualquier forma de dictadura, tiranía o autoritarismo.

En una dictadura, el poder se concentra en una sola figura o cúpula; en Costa Rica, el poder se dispersa y equilibra. En un régimen autoritario, los tribunales de justicia son herramientas subordinadas a la persona dictadora para perseguir opositores; en Costa Rica, es deber del Poder Judicial proteger al ciudadano incluso frente al propio Estado. Mientras que las tiranías desprecian la voluntad popular y censuran la crítica, la democracia costarricense se nutre del debate abierto y reconoce que la autoridad emana únicamente de la Nación.

En conclusión, el modelo de Costa Rica demuestra que el verdadero poder de un Estado no radica en la fuerza o la imposición, sino en el respeto a la ley y en la firme protección de las garantías institucionales, asegurando así un clima de paz, libertad y dignidad para todas las personas habitantes. Que la Presidenta de la República llame «golpe de Estado», por el resultado de una resolución de la Sala Constitucional, es un peligroso irrespeto al artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica, un atentado contra el orden Constitucional y una muy mala señal de autocracia, en tanto hace tal calificativo porque no le gusta al Poder Ejecutivo ese resultado de una resolución Sala Constitucional o porque no les favorece.

JUNTA DIRECTIVA
ACODEHU

Nicaragua y el anuncio electoral de Daniel Ortega: ¿soberanía y derecho de legítima defensa?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González | Julio de 2026

Defender la soberanía frente a la amenaza externa es un derecho. Ninguna potencia debe imponer regímenes, sancionar pueblos o militarizar el continente.

El anuncio de Ortega sobre el muro legal electoral contra el golpismo debe interpretarse dentro de una coyuntura en la que la amenaza intervencionista estadounidense ha aumentado objetivamente.

El Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823, el Escudo para las Américas, la operación militar contra Venezuela, la coerción energética sobre Cuba y la recientemente inaugurada campaña internacional contra el “terrorismo de extrema izquierda” forman una estructura de presión hemisférica real.

Negarla implicaría ignorar documentos oficiales, operaciones militares, sanciones y mecanismos de vigilancia ya puestos en marcha.

¿Se produce así una espiral: Estados Unidos amplía las nociones de terrorismo y amenaza compartida para justificar su primacía regional; el Gobierno nicaragüense amplía las nociones de golpismo y traición para justificar el cierre interno?

¿Cada polo utiliza los excesos del otro como prueba de la necesidad de sus propias medidas excepcionales?

¿Es posible defender inequívocamente la soberanía de Nicaragua frente a sanciones, operaciones encubiertas o agresiones extranjeras y, al mismo tiempo, sostener que la soberanía pertenece a la sociedad en su conjunto, no solamente al Gobierno?

¿Es posible garantizar que las elecciones ninguna potencia extranjera pueda capturarlas y que ningún poder interno pueda cancelarlas?

Venezuela bajo asedio

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Álvaro Fernández González, Julio de 2026

Comprender la realidad venezolana exige mirar más allá de las decisiones del gobierno y situarlas en el contexto de una profunda pérdida de soberanía.

El país enfrenta hoy una forma de colonialismo que ya no depende de la ocupación militar, sino del control sobre sus recursos estratégicos mediante sanciones, restricciones financieras y mecanismos externos que condicionan el acceso a los ingresos generados por su propio petróleo.

En ese escenario, muchas decisiones gubernamentales que generan controversia deben analizarse como respuestas adoptadas bajo condiciones excepcionales.

Es legítimo debatirlas y criticarlas, pero resulta insuficiente interpretarlas como una simple renuncia al proyecto bolivariano sin considerar la presión permanente ejercida por Estados Unidos sobre la economía y las instituciones venezolanas.

Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en las disputas entre gobiernos, la Administración Trump y la de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otra realidad continúa desarrollándose en cientos de comunas y organizaciones populares.

Asambleas vecinales, consultas comunitarias, proyectos autogestionados y espacios de participación mantienen viva una experiencia de democracia desde abajo que constituye uno de los principales legados de la Revolución Bolivariana.

Por ello, reducir el presente venezolano a la supuesta derrota del chavismo significa ignorar la persistencia de un tejido social organizado que sigue defendiendo la soberanía, la participación popular y la justicia social.

Las contradicciones existen y son objeto de debate dentro del propio movimiento, pero la discusión central continúa siendo otra: cómo preservar un proyecto político y una sociedad organizada frente a una estrategia de asfixia económica y subordinación geopolítica.

La principal lección es clara. Para comprender Venezuela no basta con juzgar las decisiones de sus dirigentes.

Es necesario observar también la capacidad de su pueblo para sostener, incluso en medio del asedio, las formas de organización que mantienen viva la aspiración de una democracia popular y de una verdadera independencia nacional.

Referencia:

“Before the Earthquake- Venezuela’s Uncomfortable Reality with Andreína Chavez Alava”.

La fábula del zorro y sus gallinas esterilizadas

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Rafael A. Ugalde Q.*

Aunque parezca inaceptable, en pleno siglo de los avances tecnológicos, se sabía con más de una semana de antelación que Estados Unidos, actuando como el viejo zorro que es, entró en todos los gallineros encontrados a su paso para acallar cualquier cacareo entre sus asustadizas aves, ya esterilizadas y sin capacidad de posturas, desde hace años.

Un cable filtrado del secretario de Estado Marco Rubio reveló presiones de Washington para censurar y evitar en el seno de Las Naciones Unidas el debate sobre el bloqueo económico contra Cuba y sus inhumanos efectos. (Ver: https://espanol.almayadeen.net/noticias/politica/2204025/ee–uu–intenta-imponer-mordaza-global-en-onu-ante-debate-).

Según dicha información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un cable diplomático a sus embajadas para presionar a gobiernos de todo el mundo e impedir que Naciones Unidas celebre una sesión para debatir sobre la agresión económica a la que Washington somete a Cuba.

La fuente original proviene del estadounidense diario The Nation – fundado en 1865 y editado en Nueva York – cuando reveló los pormenores del cable filtrado, el cual confirma las denuncias de Cuba sobre la política agresiva de Estados Unidos que incluye un cerco energético.

Según el artículo, el documento ordena a las embajadas estadounidenses presionar a sus países anfitriones para oponerse al debate solicitado por Cuba en la Asamblea General de la ONU.

La reunión de la ONU se realizó el pasado 7 de julio y a pesar de los intentos de la delegación estadounidense de evitar el análisis del tema, el debate recibió el respaldo de 136 naciones, con solo nueve votos en contra y 30 abstenciones.

Costa Rica votó en contra de abrir el debate, en torno sí esta práctica que incluye medicinas y comercio, abarcando energéticos, atenta contra el Derecho Internacional y los derechos humanos.

Con plena sumisión diplomática a Washington, votaron igual que nuestro país, los mismos Estados Unidos, Argentina, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, encabezó la delegación de su país, anunciando que presentará una denuncia formal contra las acciones agresivas de Washington, incluido el cerco energético que ha puesto en riesgo servicios esenciales como la salud, la alimentación y el transporte, agregó.

Las naciones Unidas discutirán los estragos ocasionados a Cuba por el antijurídico bloqueo comercial. Nuestro país apoyó al estadounidense. (F. Prensa Latina).

Diversos medios de prensa recogieron la versión del jefe de la diplomacia cubana, que calificó como «un acto de guerra» el cerco energético impuesto por Estados Unidos contra la isla caribeña.

Durante su intervención, el canciller cubano afirmó que las restricciones han agravado la crisis energética que enfrenta el país y reiteró el llamado de La Habana para que se levanten las sanciones estadounidenses.

Tras el triunfo diplomático cubano, un periódico digital suizo recogió declaraciones del canciller Rodríguez, en el sentido que el « Gobierno de Estados Unidos impone a Estados soberanos que abandonen su relación con Cuba no por interés propio ni por desventajas comerciales, sino por el dictado de un régimen ajeno, que se supone que no tenga jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras», apostilló; (ver: https://www.swissinfo.ch/spa/ee.uu.-se-opone-sin-%C3%A9xito-a-debate-sobre-bloqueo-a-cuba-en-la-asamblea-general-de-la-onu/91712237).

El diplomático caribeño hizo también referencia a la reacción fúrica de la Casa Blanca poco después de conocer la aplastante derrota propinada por la Asamblea General de la ONU aquel 7 de julio.

Los diplomáticos norteamericanos acreditados en la ONU recurrieron al viejo relato para matizar la arcaica justificación a favor del bloqueo. Acudieron a la argucia que Cuba tiene cientos de presos políticos, no respeta los derechos humanos etc.

El Gobierno de Cuba lleva registrados daños por el bloqueo estimados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 por el orden de $8.103 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento del 7% respecto al periodo anterior y eleva el impacto acumulado histórico a más de $178.700 millones de dólares a precios corrientes.

¡Este zorro no cambia las mañas ¡!Tampoco sus gallinas!

*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López.

Crucitas: despacio porque precisa. La historia capítulo por capítulo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por José Luis Amador

La palabra Crucitas está escrita en oro

Lo menos que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es informarse bien. Que mire, que venda ya, que yo se la compro. ¡Nada de eso trajo el barco! O nos informan bien o no vendemos. No es maní, no son meneítos. Son millones de dólares.

Existe una situación de crisis ambiental y social en Crucitas que debe resolverse. Pero esto no puede hacerse a golpe de mazo y tambor, porque puede caerse en los mismos errores que se cometieron hace 20 años, con el consecuente impacto sobre la gente, sobre el medio ambiente. Y sobre el negocio.

Crucitas tiene una historia que usted debe saber. Yo le voy a contar una parte. En sus discursos, el gobierno actual tergiversa esta historia y ha querido hacernos creer que fue un personaje y un partido político en solitario, por capricho y como si fueran magos, quienes se opusieron al proyecto minero y nos metieron en el atolladero en el que estamos ahora. Esto es solamente una parte de la historia. Deme un chance y le cuento el cuento hasta donde investigué. Usted buscará el resto. ¡Ojalá busque bien!

El proyecto minero

En 1993 la empresa Industrias Infinito obtuvo un permiso de exploración para el área de Crucitas. La empresa realizó perforaciones y estudios para determinar la existencia y tamaño de potenciales depósitos de oro.

En 1999 presentó ante la Dirección de Geología y Minas una solicitud de concesión minera en un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris, la cual fue otorgada en 2001.

Reacción de los ecologistas y un presidente

La minería a cielo abierto es un negocio “furris” y de gran impacto ecológico. No son túneles, ni tajos como alguna gente cree. Son lagunas y desiertos químicos. Implica eliminar toda la capa boscosa, echar abajo árboles y animales, eliminar la parte orgánica del suelo y hacer excavaciones profundas, extraer toda la roca y triturarla. Hacer grandes lagunas donde el material se mezcla con cianuro para obtener el oro. Todo ello con alto riesgo de secuelas ambientales, de contaminación de acuíferos y otros. Los expertos lo explicarán mejor que yo. Pero lo cierto es que la inminente acción de Industrias Infinito causó enorme oposición en diversos sectores de la sociedad costarricense. Nos dejaban un inmenso impacto ambiental y muy poca ganancia. Solo un 2 % de lo extraído.

En el 2002 grupos ecologistas interponen el primer recurso de amparo contra las operaciones de Industrias Infinito. Paralelamente, el entonces pre-candidato presidencial Abel Pacheco presentó un recurso ante el MINAE. Ya en la presidencia Abel Pacheco estableció por decreto una “moratoria nacional” contra la minería metálica de oro a cielo abierto. Todos los trámites relacionados con el proyecto minero de Infinito Gold debían suspenderse. A pesar de ello, al parecer, el Ministerio de Ambiente, la SETENA, ni la Dirección de Geología y Minas, suspendieron los procedimientos a favor de la empresa minera.

2004 Sala IV anula concesión

En 2004 la Sala Constitucional, declaró «con lugar» un recurso de amparo contra el otorgamiento de la concesión minera por haberse dado sin tener un estudio de impacto ambiental previo. Además, la Sala anuló esa primera concesión “por violentar el derecho a un ambiente sano”.

2005 SETENA otorga viabilidad al proyecto

Ese año, paradójicamente, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Crucitas. Tendría un área total de 305,90 hectáreas y un plan de extracción de 21 hectáreas cada año. Industrias Infinito utilizaría un proceso químico por medio de tanques de cianuración. Su pretensión era producir 4000 toneladas diarias de material para extraer 90000 onzas de oro por año. Esto es aproximadamente 3000 kilogramos de oro por año.

2008 Arias Sánchez y su infinito amor

IND. INFINITO encuentra todo el apoyo del gobierno de Oscar Arias. En 2008 el Gobierno Arias ordenó revivir la resolución anteriormente anulada por la Sala Constitucional y otorgar de nuevo la concesión a Industrias Infinito, pese a que todavía estaba vigente la moratoria emitida por Pacheco. Y para evitar dudas de su infinito amor, ese mismo año O. Arias y el ministro de Ambiente Roberto Dobles, derogaron el decreto de moratoria minera emitido por el expresidente Pacheco.

Pero lo más poético estaba por venir, ya que Arias y Dobles firmaron un decreto declarando el proyecto minero Crucitas «de interés público y conveniencia nacional». Ese mismo día, contra toda pretensión ambientalista, se aprobó la corta de árboles en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario y de plantaciones, en los terrenos de la empresa minera.

Y como en todas partes se cuecen cariñitos, en 2008, – según informó La Nación- Ronald Mannix, el multimillonario dueño de Industrias Infinito, ofreció un donativo de 250 000 dólares a la Fundación Arias para la Paz del presidente Óscar Arias Sánchez. Años más tarde esto motivó la apertura de una investigación penal. Pero finalmente, el caso fue desestimado. En su momento, toda esta información estuvo en los diarios. Aunque todavía se puede ver en Wikipedia, de donde hemos tomado toda la información de este texto.

La reacción ecologista

Tal y como he manifestado anteriormente, en sus discursos, el actual gobierno chavista tergiversa esta historia y ha querido hacer creer que fue Edgardo Araya y un partido político quienes en solitario y por capricho se opusieron al proyecto minero, pero esto no es cierto. Amplios sectores de la ciudadanía costarricense se unieron para luchar contra Industrias Infinito y el gobierno de Oscar Arias y su afán de arrasar miles de hectáreas de bosque, dejando enormes estanques de cianuro y otros químicos, a cambio de muy poca ganancia para los costarricenses (un 2%). Embarcándonos en un pésimo negocio social ambiental y económico. Fueron meses de marchas, largas caminatas, tiendas de campaña y gente valiente durmiendo frente a Casa Presidencial manifestando su repudio a este pésimo negocio.

En octubre de 2008, el abogado Edgardo Araya, representando a gran cantidad de ciudadanos y grupos ambientalistas, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra Industrias Infinito S.A., la SETENA y el MINAET, solicitando la suspensión de la corta de árboles como medida cautelar, la cual fue acogida por ese tribunal, mismo que ordenó además la no aplicación del decreto de Arias que había declarado «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero.

De aquí hasta al 2010 hubo un largo estira y encoge donde ambientalistas y sectores populares dieron una férrea y desigual lucha contra la empresa minera ahora unida con el gobierno de los Arias.

La reacción del arismo (sigue el ping pong)

Por increíble que parezca, el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (ASOCRUCITAS), todos juntos, acuerparon a la empresa minera Infinito ante los tribunales en contra de las demandas populares y ecologistas, y presentaron oposición a sus argumentos.

2010 tribunal rechaza las pretensiones de Arias e Infinito

En 2010 el tribunal rechazó las pretensiones del gobierno y la empresa minera, ahora unidos. Según los jueces, la resolución auspiciada por Arias, que revivió el permiso de explotación en 2008, era nula, pues todavía estaba vigente el decreto de moratoria emitido por el expresidente Pacheco. El tribunal ofrece muchas razones entre ellas, afectación al recurso hídrico subterráneo, especies silvestres amenazadas y destrucción de caminos. Por si fuera poco, el tribunal rechaza el decreto de Arias y Robles que declaró el proyecto minero «de interés público y conveniencia nacional». Este tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no realizó un procedimiento para determinar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. El decreto de Arias y Dobles presentaba escasez de argumentos, no hizo referencia a documentos, estudios, u otros elementos técnicos que justificaran la conveniencia nacional de la mina.

Tribunal solicita procedimiento penal contra Arias y Dobles

El tribunal condenó a Industrias Infinito, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala de árboles; ordenó al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito y comunicar la sentencia al MINAE para que iniciara un procedimiento administrativo contra tres de sus funcionarios. Pide comunicar al Ministerio Público para que se determinara si era procedente seguir causa penal en contra de Óscar Arias, Roberto Dobles y otros.

2010 Asamblea Legislativa vota por unanimidad para prohibir la minería a cielo abierto

2015 Finalmente este año Industrias Infinito salió de Crucitas y en noviembre de ese año, el Tribunal Contencioso ordenó que la empresa, el SINAC y el Estado pagaran 6.4 millones de dólares por daño ambiental en un plazo de seis meses. Claro que duele todavía este triunfo de los ambientalistas contra el Gobierno de Arias y la empresa minera.

2014 juicios internacionales

En 2014 Industrias Infinito demandó a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) reclamando 400 millones de dólares, por incumplimiento del Estado costarricense. estas y otras demandas de la empresa minera que se siguieron dando hasta el 2025 Dichosamente no prosperaron. Básicamente lo que protegió a Costa Rica fue el decreto de moratoria contra minas a cielo abierto emitida por el presidente Pacheco de la Espriella, lo que impidió a la desarrolladora obtener el permiso de explotación. Esta actitud de Pacheco se dio en concordancia con los movimientos ambientalistas de ese periodo histórico.

2026 algo tenemos que hacer hoy con Crucitas

Crucitas está siendo objeto de la invasión de oreros. Muchos sostienen que este no es un fenómeno espontáneo, sino que ha sido planeado y financiado. Se dice que no son ni artesanales ni espontáneos. Sabemos que hay necesidades de unos e intereses de otros.

Por su parte el gobierno tiene una propuesta en donde el país solo obtendrá un 5% de las ganancias y siguen presentes los riesgos ambientales. La estrategia del Gobierno está acompañada por un mensaje que dice “tienen que tomar esta opción ya, porque esto urge y los que objeten esta propuesta son antipatriotas, comunistas y vagabundos” (Usted conoce la cantinela).

Pero como le dije, lo mínimo que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es ir con calma e informarse bien. Espero que estas líneas inconclusas le hayan servido de algo porque a mi me costaron su rato. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia: cinco fracciones en la asamblea se sientan a pensar.

Este 26 de junio nos dicen que las cinco fracciones de la Asamblea se sentarán a dialogar en una mesa de análisis en busca de la mejor opción. ¿Y por qué no? Es la mejor noticia que nos han dado. Cuando se tiene un buen negocio, no se dilapida. Se va despacio, porque precisa.

Usted lo sabe… y yo también.

Imagen: Una mina de oro a cielo abierto.
La selva ha sido sustituida por una hermosa laguna de aguas de cianuro. El bus de los turistas se cambió por un tractor triturador y ya no hay lapas. Este gigantesco sacrificio ambiental, si se hiciera, merece una recompensa muy grande y bien pensada para el país y la sociedad costarricense, con visión social y de futuro.

Municipalidad de San José acuerda rendir homenaje a 19 soldados zapoteños que participaron en la Campaña Nacional de 1856

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Municipalidad de San José aprobó, en su sesión del 16 de junio de 2026, una moción presentada por el Concejo de Distrito de Zapote para rendir homenaje póstumo a 19 soldados costarricenses, originarios de esa comunidad, que participaron en la Campaña Nacional de 1856 contra la invasión filibustera encabezada por William Walker.

La iniciativa permitirá la realización, en una fecha que será definida posteriormente, de un acto cívico conmemorativo en la comunidad de Zapote en reconocimiento a estos patriotas que formaron parte de uno de los episodios más significativos de la historia nacional.

La Campaña Nacional de 1856-1857 constituye uno de los acontecimientos fundacionales de la identidad costarricense. En ella, personas de distintas regiones del país participaron en la defensa de la soberanía nacional frente a las fuerzas filibusteras lideradas por William Walker, cuya intención era extender su dominio sobre Centroamérica. La memoria de quienes participaron en esa gesta ha sido preservada mediante diversas iniciativas cívicas, educativas y comunitarias a lo largo de los años.

La Asociación Cívica y Cultural de Zapote expresó su satisfacción por la aprobación de la moción y agradeció al alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, así como a la síndica Marilyn Astorga Molina, por el respaldo brindado a la propuesta.

Según indicó la organización, el acuerdo facilitará la realización de una actividad conmemorativa en honor de los 19 soldados zapoteños que participaron en la defensa del país durante la Campaña Nacional, fortaleciendo la memoria histórica de la comunidad y el reconocimiento de quienes contribuyeron a la defensa de la soberanía costarricense.

Imagen ilustrativa: https://museojuansantamaria.go.cr/campana-nacional/