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Etiqueta: soberanía nacional

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Lidiando con Washington: diplomacia y autodeterminación

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El encuentro de Xi Jinping con Donald Trump y los discursos de Trump, y del presidente de Irán y de la presidenta de Venezuela ante la ONU plantean una pregunta: ¿cómo lidiar con Washington sin renunciar a decidir el propio rumbo? La “estabilidad estratégica” convive con amenazas y acuerdos desiguales. Trump habló de “aniquilar” a Irán y reivindicó la operación estadounidense en Venezuela y el acceso posterior a su petróleo.

China tiene una capacidad económica y política que le permite negociar como gran potencia. Xi propuso cooperar, encauzar la competencia y gestionar las diferencias; también pidió reanudar las negociaciones con Irán. Beijing busca estabilidad para desarrollarse. Aquí la autodeterminación se expresa en poder dialogar, disentir y mantener opciones propias, sin que el otro dicte el desenlace.

Irán enfrenta una amenaza más inmediata. Masoud Pezeshkian defendió en la ONU la seguridad de su país y el uso pacífico de la tecnología nuclear, sin cerrar una salida negociada. Su firmeza recuerda que amenazar con destruir al interlocutor altera el sentido de la diplomacia. ¿Qué garantías permitirían negociar sin convertir la supervivencia en moneda de cambio?

Venezuela ensaya otra respuesta. Delcy Rodríguez agradeció la disposición de Trump a cooperar y destacó el acuerdo energético, a la vez que reclamó soberanía y ausencia de injerencia. La reconstrucción y el ingreso de recursos pueden hacer razonable negociar. Pero Trump presenta el petróleo como fruto de la victoria de las cañoneras. Importa entonces saber quién decide las ventas, administra los ingresos y puede revisar los compromisos. Una mejora económica no despeja el costo político del acuerdo.

Lidiar con Washington exige diplomacia; llamarla defensa de la autodeterminación requiere algo más.

La prueba está en el margen para rechazar exigencias, conservar socios y controlar los recursos, en las garantías frente a la fuerza y en la participación efectiva de cada pueblo en decisiones que comprometen su futuro.

Costa Rica en el contexto de las relaciones internacionales debe tener dignidad, no debe bajar la testuz gubernativa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.

En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.

A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.

Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.

Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.

Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.

En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.

Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.

El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.

La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.

Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.

De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.

Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.

Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.

Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.

En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.

Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.

Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.

Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.

De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.

Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.

Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.

El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.

Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.

Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?

¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?

¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?

Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.

El valor de sobrevivir

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Después del 3 de enero 2026, comenzó a circular con fuerza, y continúa circulando, una idea que merece ser discutida seriamente desde la izquierda, y es que Venezuela debió responder a la intervención militar de EEUU con una guerra abierta, sin importar el costo, y que, llegado el caso, se debía combatir “hasta la inmolación”.

La frase puede sonar heroica y despertar sentimientos legítimos de dignidad, soberanía y rechazo al imperialismo. Pero una cosa es defender la soberanía de un país, y otra muy distinta confundir soberanía con el sacrificio de su pueblo.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana seria, hay que decirlo sin rodeos, una guerra convencional entre Venezuela y EEUU habría significado una derrota militar prácticamente segura para Venezuela, y podía haber transformado esa derrota en una catástrofe nacional. No se trata de rendirse ante el imperialismo, sino de distinguir entre resistencia y suicidio político.

El 3 de enero de 2026, EEUU realizó una operación militar en Venezuela, capturaron y secuestraron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Reuters informó que EEUU había atacado el país y que Donald Trump incluso habló de que el Estado norteamericano administraría Venezuela durante una transición. La operación provocó condenas internacionales y preocupación en Naciones Unidas por el precedente que representaba.

Pero una cosa es esa agresión y otra declarar una guerra convencional contra EEUU. La pregunta debe hacerse con los pies en la tierra, ¿qué habría ocurrido?

Es conocido que EEUU posee una superioridad militar enorme en aviación, marina, inteligencia satelital, drones, guerra electrónica, logística, armamento de precisión y experiencia militar. Venezuela sencillamente no podría igualar esas capacidades; reconocerlo no es ser “proimperialista”; es reconocer una realidad.

El problema aparece cuando algunos sectores hablan de “resistir hasta la muerte” como si una guerra fuera una escena de película heroica en la que unos pocos se sacrifican y el pueblo finalmente obtiene la victoria. Las guerras reales no funcionan así; mueren también el trabajador, la campesina, el maestro, el jubilado, el niño que necesita un hospital y la familia que simplemente quiere vivir en paz.

Se destruyen hospitales, carreteras e instalaciones eléctricas; se paralizan transportes y empleos; se interrumpe el suministro de alimentos; aumenta la inflación y se producen desplazamientos masivos. Por esto, ante quienes hablan de “inmolación”, habría que hacer una pregunta sencilla, ¿quiénes se inmolan? Casi nunca son quienes pronuncian esta consigna desde un despacho o cualquier otro escenario. Son los hijos de los trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los sectores populares, precisamente quienes ya han soportado años de crisis.

Segun una investigación que hicimos, debemos aprender de algunas lecciones de la guerra. La historia reciente ofrece ejemplos que deberían ser obligatorios para cualquier izquierda que quiera hablar seriamente de imperialismo.

En Irak, EEUU ganó rápidamente la guerra convencional de 2003, derrotó al ejército iraquí y ocupó Bagdad. Pero la victoria militar no resolvió el problema. La ocupación, la insurgencia y los conflictos posteriores provocaron enormes costos humanos, económicos y sociales. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown, ha estimado más de 940.000 muertes directas asociadas a las guerras posteriores al 11 de septiembre en distintos países, además de las muertes indirectas producidas por la destrucción de sistemas sanitarios, economías e infraestructura. La lección no es que Irak debió rendirse, es otra, una guerra puede derrotar a un ejército y destruir al mismo tiempo a una sociedad.

Libia resulta todavía más relevante para Venezuela, porque ambos países poseen enormes recursos petroleros. Antes de la guerra de 2011, Libia producía alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. Durante el conflicto, la producción cayó drásticamente y su economía sufrió una enorme contracción. La caída de Gadafi tampoco significó el final del conflicto, llegaron la fragmentación política, las milicias, los enfrentamientos internos y las disputas por el control del petróleo. El petróleo, por tanto, no protege a un país de la guerra. Puede convertirlo, precisamente, en un objetivo estratégico.

En el caso de Venezuela, ¿Qué habría ocurrido con su petróleo? Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, pero el petróleo no sale de la tierra por sí solo. Para producirlo hacen falta trabajadores especializados, electricidad, oleoductos, carreteras, puertos, refinerías, transporte e infraestructura. Una guerra prolongada habría puesto en peligro todo este sistema. Y la contradicción sería enorme, quienes quisieran defender la soberanía sobre el petróleo podrían terminar destruyendo la capacidad material necesaria para producirlo. Y el petróleo continúa teniendo un enorme valor geopolítico. Reuters ha informado que, después de la operación de enero, Washington buscó ampliar su acceso no solamente al petróleo venezolano, sino también a otros recursos minerales.

Precisamente por esto había que actuar con inteligencia. Los recursos estratégicos deben defenderse, no convertirse innecesariamente en víctimas de una guerra que Venezuela difícilmente podía ganar.

Otro punto fundamental es que una guerra no habría sido una confrontación entre “chavistas y gringos”. Habría ocurrido sobre territorio venezolano, donde viven más de 30 millones de personas, donde hay chavistas, opositores, personas que no votan, ciudadanos cansados de unos y de otros, trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y familias que simplemente quieren vivir y sacar adelante a sus hijos. ¿Todos ellos tendrían que morir para demostrar una posición política?

Esto no puede ser un programa de izquierda. La izquierda nació, entre otras cosas, para defender la vida y la dignidad de los trabajadores y de los pueblos, no para convertirlos en carne de cañón. Además, una guerra prolongada podría destruir al propio Estado. Y cuando las instituciones pierden el control del territorio, el vacío puede ser ocupado por bandas criminales, milicias, grupos paramilitares, estructuras de narcotráfico o caudillos regionales. Venezuela ya enfrenta problemas relacionados con economías ilegales, grupos armados y fronteras complejas. Una guerra difícilmente habría mejorado esta situación.

La experiencia de Irak y Libia, demuestra además que hay una diferencia entre ganar una batalla y ganar una guerra, y una diferencia todavía mayor entre ganar una guerra y construir un país después de ella.

Asi mismo, supongamos, hipotéticamente, que después del 3 de enero una parte importante de las Fuerzas Armadas y sectores civiles hubieran decidido continuar la lucha. En una primera etapa, las principales capacidades militares venezolanas habrían sido neutralizadas y las instalaciones estratégicas atacadas. La producción petrolera y la economía se habrían reducido, mientras aumentaban los desplazamientos de población. Posteriormente podría haber surgido una resistencia prolongada basada en sabotajes, ataques y enfrentamientos locales. EEUU podría ganar las grandes batallas y, aun así, encontrar dificultades para estabilizar el país. Pero aquí aparece una cuestión que suele olvidarse, Venezuela también se convertiría en un caos. Con el tiempo, una resistencia inicialmente política podría fragmentarse. Aparecerían disputas por territorios, contrabando, combustible, minería ilegal, narcotráfico, armas y control de recursos. Lo que comenzó como una lucha por la soberanía, podría terminar convertido en una lucha por el territorio.

Asi mismo, los países vecinos tendrían fuertes incentivos para buscar una salida. Colombia y Brasil enfrentarían nuevas olas migratorias; otros gobiernos latinoamericanos presionarían por una negociación, mientras potencias como China y Rusia intentarían limitar la expansión de la influencia estadounidense. Finalmente, Venezuela podría encontrarse ante dos caminos, una negociación política con garantías internacionales o una fragmentación mucho más peligrosa, con un Estado debilitado, millones de desplazados y una economía petrolera incapaz de recuperar su capacidad anterior. ¿Sería una victoria? No creemos.

Incluso si una resistencia prolongada obligara finalmente a EEUU a retirarse, habría que preguntar ¿qué quedaría de Venezuela? miles, o potencialmente decenas de miles de muertos, millones de desplazados, infraestructura destruida, hospitales y escuelas deteriorados, una economía devastada y una sociedad más violenta. Y no llamaríamos a esto una victoria revolucionaria.

Por otro lado, si algo debería enseñar la experiencia latinoamericana es que la soberanía no consiste únicamente en tener un ejército. También significa tener comida, hospitales, escuelas, electricidad, industrias, trabajadores, científicos, campesinos produciendo, instituciones funcionales y una economía capaz de sostener al país, y todo esto también es independencia.

Una estrategia que, en nombre de la independencia, terminara destruyendo estas capacidades sería contradictoria. La defensa de Venezuela debería buscar, ante todo, proteger las condiciones que permitan a su pueblo seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Para ello, pueden ser necesarias distintas formas de acción: la resistencia popular, la defensa de la soberanía, la denuncia del imperialismo, la solidaridad de otros países y la movilización internacional.

Pero “morir todos antes que ceder” no es un programa político, es una consigna de desesperación. Una revolución que necesita destruir a su propio pueblo para demostrar que es revolucionaria, ha dejado de preguntarse para quién hace la revolución.

Hay una izquierda latinoamericana que conoce profundamente la palabra resistencia. Cuba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Colombia y Argentina conocen el significado de enfrentar poderes enormes. Pero precisamente por esto deberíamos saber también que la vida humana tiene un valor político superior, al de cualquier consigna.

Aquí llegamos a una cuestión más incómoda, ¿qué está haciendo hoy el gobierno venezolano después del 3 de enero? ¿Está sobreviviendo? ¿Está resistiendo? ¿Está negociando? ¿Está tratando de ganar tiempo? Probablemente exista un poco de todo. Después de una agresión de semejante magnitud, la política deja de ser una cuestión de consignas, nimiedades y se convierte en una cuestión de supervivencia. Sobrevivir no necesariamente significa rendirse. Resistir no necesariamente significa disparar. Negociar no necesariamente significa traicionar.

Un gobierno puede intentar conservar las instituciones, el territorio, la población, la economía, la industria petrolera y las relaciones internacionales, mientras mantiene abierta la posibilidad de que Venezuela vuelva a decidir su propio destino. Desde esta perspectiva, aquello que algunos consideran “falta de radicalidad” podría ser una forma diferente de resistencia.

Lo fácil habría sido disparar y convertir el país en un campo de batalla. Lo difícil es evitarlo, no destruir las instalaciones petroleras, no provocar una nueva ola gigantesca de migración, no entregar el país al caos de las armas y no permitir que una confrontación política termine transformándose en una guerra entre venezolanos/as. Esto también es resistencia.

Quizás incluso sea una de las formas más difíciles, porque es mucho más fácil pronunciar “hasta la muerte” que asumir la responsabilidad de que millones de personas tengan comida, medicinas, electricidad, empleo y seguridad. Por supuesto, las decisiones del gobierno pueden y deben ser criticadas. Se pueden cuestionar sus errores, negociaciones, silencios y contradicciones. Pero hay que tener cuidado con exigir desde fuera y desde dentro una guerra, cuyos costos pagarían principalmente todos/as los venezolanos/as.

La pregunta no debería ser si un gobierno está dispuesto a morir. La pregunta es si el pueblo tiene posibilidades de seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Compañeros y compañeras, no necesitamos mártires, necesitamos futuro. Quizás aquí esté la diferencia entre una izquierda que solamente quiere tener razón y una izquierda que realmente quiere transformar la realidad.

El heroísmo puede producir mártires. La política debería producir futuro. Venezuela no necesita convertirse en una gigantesca tumba antiimperialista. Necesita estar viva, ser soberana y tener capacidad para reconstruirse. Necesita que su petróleo pueda financiar educación, salud, vivienda e infraestructura; que su clase trabajadora tenga futuro; que sus jóvenes puedan quedarse porque quieren, y que la soberanía sea una realidad económica, social y política, no solamente una bandera.

Frente a quienes dicen que Venezuela debió responder al 3 de enero con una guerra hasta la inmolación, la pregunta correcta no es quién tuvo más coraje. Es otra, ¿Qué estrategia habría permitido preservar la soberanía venezolana, proteger a su población y mantener abierta la posibilidad de reconstruir el país? Si una estrategia puede dejar millones de desplazados, destruir la economía, paralizar la producción petrolera, devastar infraestructura y convertir al país en un escenario permanente de guerra, hay que tener el valor de decirlo, esto no es una estrategia revolucionaria; es una apuesta al desastre, al caos.

La izquierda latinoamericana debe ser suficientemente antimperialista para denunciar una intervención extranjera, pero también suficientemente racional para no convertir esa denuncia en una invitación al suicidio colectivo. Porque el objetivo de una revolución debería ser que el pueblo viva mejor, no que muera solamente con una consigna heroica en los labios.

Irak, Libia y las guerras interminables de las últimas décadas nos enseñan que ganar una batalla puede ser relativamente fácil; reconstruir un país después de haberlo destruido puede tomar generaciones.

Venezuela no necesita una generación perdida, necesita sobrevivir. Y sobrevivir, en determinadas circunstancias históricas, también puede ser una forma de resistencia. Por esto, quizá la palabra más importante hoy no sea inmolación, sino paciencia. No se trata de ignorar los problemas ni de justificar cada concesión o cada decisión del gobierno. Se trata de mirar el bosque y no perderse en los árboles; de entender que preservar las fuerzas sociales, económicas y políticas de un país puede ser más importante que satisfacer la necesidad inmediata de demostrar quién es más radical. No necesitamos demostrar quién está dispuesto a morir, necesitamos demostrar quién tiene la capacidad de construir. Venezuela necesita futuro.

Los faroles y antorchas de la Independencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

Del 24 de abril 1970 a la faroleada del 14 de setiembre 2026

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

De los jóvenes del 70 a los jóvenes del 2026:

Venimos de ALCOA, de la solidaridad con luchas obreras y campesinas, de la solidaridad con Chile, del Combo del ICE, del NO al TLC, del no al paquete fiscal, del grito por la paz y por la democracia.

Y hoy gritamos:

¡No al régimen autoritario!

El 24 de abril de 1970 no fue solo una fecha marcada en el calendario, fue la manifestación de una decisión de lucha en defensa de la soberanía de la Patria. Aquella gesta contra el contrato-ley ALCOA-Estado de Costa Rica no perteneció a ningún grupo político, sino a una fuerza colectiva de 81 organizaciones en un gran Pacto Patriótico.

En este entendimos que la Patria no se entrega y se firmó un manifiesto de convocatoria y lucha. Fue una jornada unitaria en defensa de la bauxita, del agua, de la ecología y de los pueblos originarios que serían desplazados frente a un contrato que pretendía hipotecar nuestra Soberanía Nacional y arrasar todo el Valle del General.

Esa memoria hoy respira a través de los testimonios de quienes entonces tenían entre 13 y 25 años. Es conmovedor recordar a miles de jóvenes que, desde su colegio religioso en San José, tras discutir sobre el proyecto ALCOA, decidieron unirse a las manifestaciones, venían de todo el país, de la provincia de Heredia y Alajuela y de colegios públicos de San José. En sus recuerdos podemos presenciar aquel desfile de miles de estudiantes que rompieron esquemas para sumarse a las marchas, luciendo con orgullo sus uniformes colegiales aquel glorioso 24 de abril. Eran estudiantes de secundaria, jóvenes adolescentes valientes llenos de convicción y patriotismo. Eran Universitarios, eran trabajadores.

Algunos fueron expulsados de sus instituciones por su beligerancia patriótica y hubo jóvenes trabajadores que caminaron con decenas de muchachos desde diferentes puntos del Valle Central hasta la Asamblea Legislativa, para unirse al clamor nacional y así recorrieron barrios y unieron jóvenes. Tenemos en la memoria igualmente a los dirigentes golpeados y encarcelados aquel 24 de abril.

Sus voces y las de miles que hoy confirman con orgullo: «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad civilista y de nuestras elevadas convicciones patrióticas.

Hoy esa memoria nos devuelve una imagen clara: si en 1970 el recurso por defender era el suelo, la bauxita y la soberanía, hoy nos toca defender las universidades y la educación pública. Nos toca defender la Caja Costarricense de Seguro Social y los ideales democráticos republicanos que un régimen autoritario pretende destruir, socavando con ello el Estado Social de Derecho.

El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el dictado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, representa una nueva forma de dominación y un quebranto a la cultura nacional que debilita nuestra soberanía intelectual, social y la autonomía universitaria. Desfinanciar la universidad pública resulta hoy tan dañino como lo hubiera sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente. Disminuir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, de la educación pública y de los programas sociales es una afrenta a Costa Rica, especialmente a las juventudes.

La historia nos enseña que el protagonismo de los estudiantes de secundaria y universitaria es vital. Aquellos jóvenes de 1970 luchamos por el país que heredarían; los estudiantes de hoy deben comprender que el FEES no es un privilegio de pocos, sino la garantía de que cualquier joven de zona rural o urbana tendrá una silla esperándolo en la educación superior.

La lucha por la educación pública, por la división de poderes y los ideales republicanos al igual que la lucha contra ALCOA, debe trascender ideologías. Es un punto de encuentro nacional, una defensa del ascenso social y un acto de profundo patriotismo.

Al igual que aquellos jóvenes de colegios católicos y públicos y las universidades que se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra los ideales republicanos no es un error de juventud, es, tal y como lo demostró la Generación del 70, la forma más alta de patriotismo.

A levantar los faroles y la TEA de Juan Santamaría.

San José, 7 de setiembre 2026

Lo suscribo, soy «Generación 70».

Édison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir.

Lenin Chacón Vargas,

Alfonso Chase Brenes,

Habib Succar Guzmán,

Oscar Madrigal Jiménez,

Ana Mercedes Rodríguez,

Gloria Valerin,

Arturo Furnier Facio,

Macarena Barahona Riera,

Mario Alfaro,

Vladimir de la Cruz de Lemos,

Manuel Monestel,

Francisco Barahona Riera,

Ines Virginia Gutiérrez Moya,

Alex García Cruz,

Nieves Barahona Riera,

Israel Guillen González,

German Chacón Araya,

MGL,

Héctor Ferlini-Salazar

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.

Depositarios de la ley, no dueños de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

“En una república, los votos otorgan un mandato temporal, no un poder absoluto. El imperio de la ley existe para blindar la libertad ciudadana frente a los impulsos y los decretos del mandatario de turno.”

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Una defensa del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional frente a la peligrosa normalización del autoritarismo discursivo y la opacidad estatal.

En el debate político contemporáneo de Costa Rica, ha comenzado a arraigarse una peligrosa confusión conceptual sobre la naturaleza del poder en una democracia. Con alarmante frecuencia, quienes ejercen las magistraturas del Poder Ejecutivo tienden a asumir que el respaldo mayoritario obtenido en una elección los faculta para situar su voluntad por encima de los controles institucionales, retratando las resoluciones judiciales, las advertencias de la Contraloría o el control parlamentario como «obstáculos» que impiden gobernar. Ante esta retórica de la confrontación, se vuelve imperativo regresar a las bases jurídicas que sostienen nuestra República y recordar una verdad fundamental: el gobernante no es el dueño del Estado; es, simplemente, su administrador temporal.

Nuestra Carta Magna es categórica al respecto. El artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica estipula con claridad meridiana que «la soberanía reside exclusivamente en la Nación». Esto significa que el pueblo es el único y verdadero «soberano». Las personas que ocupan la presidencia, los ministerios o las curules legislativas no adquieren una soberanía propia; son meros delegados.

Bajo esta lógica constitucional, es imperativo advertir que el hecho de que el partido actual en el poder se denomine «Pueblo Soberano» constituye una simple etiqueta electoral y una estrategia de nomenclatura partidaria; bajo ninguna circunstancia significa que dicha agrupación pueda encarnar o monopolizar a «al soberano». Pretenderlo, como se asoma en ocasiones en el discurso oficial, rozaría incluso el supuesto del artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual tipifica como “traición a la Patria” cualquier intento de usurpar la soberanía nacional.

En este contexto es importante recordar que el andamiaje constitucional costarricense se blindó contra el absolutismo mediante el artículo 105, el cual delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa, y el célebre artículo 11, que consagra el Principio de Legalidad y la rendición de cuentas: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”

La transitoriedad es, por lo tanto, una condición indispensable de la legitimidad democrática. Quien gana una elección no recibe una corona, sino un mandato a plazo fijo con reglas de juego preestablecidas. El ejercicio del poder en una república exige comprender que la alternancia en el gobierno y el respeto a las minorías no son concesiones benévolas del mandatario de turno, sino garantías que protegen a los ciudadanos frente al abuso. Cuando un gobernante utiliza el lenguaje de la ofensa, el secreto de Estado como refugio para la opacidad o la descalificación sistemática de los jueces del Poder Judicial, está violentando el pacto cívico que juró defender al asumir el cargo. La fuerza de Costa Rica nunca ha residido en la estridencia de personalidades mesiánicas, sino en la solidez de sus instituciones de control.

La historia enseña que las democracias rara vez colapsan por golpes de Estado abruptos; se marchitan desde adentro cuando la ciudadanía normaliza la degradación del lenguaje oficial y acepta la premisa de que la «mano dura» justifica el debilitamiento de la legalidad. Atacar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que «no dejan trabajar» es una falacia autoritaria.

Un ejemplo concreto de este desencuentro institucional se evidencia en las recurrentes manifestaciones de la presidente Laura Fernández, quien, amparada en el porcentaje obtenido en las urnas, ha cuestionado públicamente a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que sus magistrados responden a intereses continuistas, sugiriendo incluso que la judicatura debería someterse a votación popular. Esta retórica oficialista pretende subordinar la independencia técnica y judicial al veredicto de las mayorías electorales, ignorando que los tribunales existen precisamente para aplicar el derecho con neutralidad y blindar las garantías fundamentales frente a los impulsos políticos del gobierno de turno.

Los frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se concentre en unas solas manos, garantizando que el diseño de las políticas públicas responda al interés nacional y no al capricho o al beneficio de una corporación o un partido específico. La fiscalización que realiza la prensa, la legislación que elabora la Asamblea Legislativa, su ejecución a cargo del Poder Ejecutivo y los límites que imponen los tribunales de justicia no son bloqueos al desarrollo: son la esencia misma de nuestra democracia y la vida en libertad.

Nuestro país ha construido su excepcionalidad internacional y su paz social sobre la convicción de que nadie está por encima de la ley. En este sentido, la ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de mantener una vigilancia cívica activa y no dejarse seducir por narrativas que buscan dividir al país en un río revuelto de odios y polarizaciones.

Este próximo mes de la patria es el momento oportuno para recordar que las notas de nuestro Himno Nacional y su consigna de «Vivan siempre el trabajo y la paz» requieren coherencia en el ejercicio público.

En el contexto de turbulencia y confusión que hoy vivimos, se hace imperativo exigir a los gobernantes temporales estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda, y recordar, con firmeza republicana, que el verdadero soberano sigue habitando pacíficamente en cada ciudadano de este país.

Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.

Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.

Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.

Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.

Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.

Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.

El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.

Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.

Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.

Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.

EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.

Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.

Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.

Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.

Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.

Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.

La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.

Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.

Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.

También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.

La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.

Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.

Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.

Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.

Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.

La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos. Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.

Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.

Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.

¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?

Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.

Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.

Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.

Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

Zurdos… pero no vendidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En aquellos amargos días de la Guerra Fría, y todavía en vigencia el vergonzoso segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución, que de hecho y de derecho proscribía la existencia del partido comunista, endilgar a alguna persona o movimiento el adjetivo de… comunista!! era casi condenarlo al ostracismo, pues imperaba la política del miedo, ser comunista era casi ser hermano del «mismitico» demonio; todo gracias a las heridas dejadas por la guerra civil de 1948 y los acomodos internacionales de la Guerra Fría. Pero hoy todo eso ha pasado, seguir con ese telele de comunista o «zurdo» es trasnochado y anacrónico.

Por eso cuando del ministro de Justicia don Gabriel Aguilar dijo que tenía «identificados a los zurdos de closet que ya tenemos identificados y se reunieron un día de estos», no solo fue una ofensa a la libertad que debe imperar en una democracia, sino una demostración de su conocida inmadurez, ignorancia o prepotencia política, digna de la mejor causa fascista.

Vamos a tratar de explicarle algo, talvez entienda. Después de acabada la Guerra Fría a fines de la década de los años 80, ya no tiene sentido hablar ni ideológica ni históricamente de comunismo; el mundo se dividió entre un capitalismo salvaje (como lo llamó Juan Pablo II, para que no crea que es una calificación comunista) defendido por aquellos que dentro del llamado neoliberalismo y la globalización, querían un mercado libre, un mundo financiero desbocado y totalmente desregulado, sin un Estado que le pusiera límites a sus ambiciones, obviamente ellos agruparon a la vieja derecha. Frente a ellos surgieron movimientos, de muy distinto origen ideológico, opuestos a los planes de entrega de los diferentes países, se organizaron para luchar contra las desregulaciones, la venta de activos del Estado, la entrega de recursos naturales, los favores fiscales a favor de empresas extranjeras y, sobre todo, para evitar la pérdida de muchos logros y leyes sociales que habían costado hasta sangre de miles de trabajadores. En Costa Rica, esas luchas llevaron a que socialistas, socialdemócratas, social cristianos (los de verdad), comunistas, cooperativistas, sindicalistas y diferentes grupos ciudadanos nos uniéramos a luchar por Costa Rica en acontecimientos como el famoso COMBO DEL ICE y luego contra el TLC, sin don Gabriel, todos esos éramos zurdos…y lo seguimos siendo, a mucha honra.

¿Y quiere saber dónde nos reunimos?… ¡En la calle!, el pasado 6 de agosto tomamos la Plaza de la Democracia, la avenida segunda y muchos otros sitios a lo largo y ancho del país; ese día luchadores contra el COMBO y el TLC nos reencontramos, nos volvimos a ver de frente, nos saludamos y abrazamos; ¿pero sabe que fue lo más hermoso?, no solo estábamos aquellos que dimos esas luchas hace 25 años, no, estaban miles de jóvenes que muchos creímos no se interesaban por la Patria y con su presencia nos dijeron: están equivocados, aquí estamos.

Si don Gabriel, doña Laura y Rodrigo Chaves, Costa Rica no está sola, el 70% de costarricenses que no votaron por ustedes ni hemos dejado que su odio hacia la Patria nos contamine, estamos en la lucha porque nosotros si amamos a Costa Rica. No somos de los que aceptamos pactos secretos de escudos militares, o agencias de espionaje, ni acompañamos a quienes encabezan movimientos antidemocráticos y fascistas en América Latina, que hacen peligrar nuestros valores. Por ejemplo, el presidente Trump dijo que la Doctrina Monroe marca la política exterior de Estados Unidos y que por eso el dominio de ese país en el hemisferio occidental no se discute. Pues aquí no vamos a permitir que viejos conceptos ya superados de imperialismo, vengan a arrebatarnos lo que es nuestro y la paz.

Si, hoy a los costarricenses que defendemos la Constitución, las leyes, las instituciones que nos dan el Estado Libre de Derecho, la soberanía nacional y la paz nos pueden llamar zurdos… ¡pero no vendidos!!