Frente al repliegue de derechos: la interseccionalidad como estrategia política

Por Rodrigo Campos Hernández

Las recientes decisiones en materia de política exterior y derechos humanos en Costa Rica no son hechos aislados. Forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración política que exige ser comprendido en toda su complejidad.

El momento político que atraviesa Costa Rica no puede ser leído únicamente como una sucesión de decisiones aisladas en materia de política pública o política exterior. Lo que estamos presenciando es, más bien, una reconfiguración del campo político y simbólico en el que históricamente se han sostenido las luchas por los derechos humanos en el país.

En este contexto, el debilitamiento de espacios internacionales de diálogo en materia de derechos, el desplazamiento de prioridades hacia agendas de seguridad y la erosión progresiva del lenguaje de derechos humanos no afectan a un solo grupo en particular. Sus efectos son múltiples, acumulativos y profundamente interrelacionados.

Es aquí donde la interseccionalidad deja de ser una categoría descriptiva para convertirse en una necesidad política.

No estamos frente a luchas separadas. Las afectaciones que hoy experimentan las personas LGBTIQ+, las mujeres, las personas trabajadoras, las poblaciones migrantes o quienes dependen de la educación y la salud públicas no ocurren en compartimentos estancos. Son expresiones diversas de una misma transformación estructural que redefine prioridades, redistribuye poder y reorganiza las condiciones de inclusión y exclusión en la sociedad.

Insistir en respuestas fragmentadas frente a procesos que son, en sí mismos, estructurales, no solo resulta insuficiente, sino que contribuye —aunque sea involuntariamente— a la reproducción de las mismas condiciones que se pretende transformar.

La interseccionalidad, en este sentido, no debe entenderse como una suma de identidades o como un catálogo de reivindicaciones particulares, sino como una forma de comprender la realidad que permite identificar los puntos de convergencia entre distintas formas de desigualdad y, a partir de ello, construir estrategias comunes.

Esto implica un desafío inmediato para las organizaciones sociales: abandonar el sectarismo como forma de posicionamiento político.

El sectarismo fragmenta, debilita y limita el alcance de cualquier lucha. En cambio, la articulación —aunque más compleja— amplía la capacidad de incidencia, fortalece la legitimidad y permite disputar el sentido de lo público desde una base más amplia.

No se trata de diluir las demandas específicas de cada grupo, sino de reconocer que ninguna de ellas puede sostenerse plenamente en aislamiento.

La historia reciente de Costa Rica ha demostrado que los avances en derechos han sido posibles cuando distintas fuerzas sociales, institucionales y políticas han logrado converger, aun en medio de diferencias. Hoy, frente a un escenario que tiende a reconfigurar esas conquistas, esa lección adquiere una renovada vigencia.

La interseccionalidad, entonces, no es solo un marco analítico. Es una estrategia.

Una estrategia que exige diálogo, apertura, capacidad de escucha y, sobre todo, voluntad de construir en común.

Si el momento actual se caracteriza por la reorganización de la hegemonía, la respuesta no puede ser la dispersión de las resistencias.

Debe ser, por el contrario, su articulación consciente, sostenida y estratégica.

Hoy más que nunca, las organizaciones sociales están llamadas a dar un paso adelante:

• a reconocerse mutuamente,

• a construir agendas compartidas,

• a coordinar acciones más allá de sus diferencias,

• y a asumir que ninguna lucha será suficiente si se libra en soledad.

El tiempo que viene no admite fragmentación. Exige claridad, compromiso y acción colectiva.