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Etiqueta: conflicto armado

Atreverse a pensar atreverse a opinar

Escrito el . Publicado en Derechos.

Por Carlos Meneses Reyes

Un pasaje inédito del conflicto armado interno colombiano se viene sucediendo en El Catatumbo, en el Departamento de Norte de Santander, limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela. El Frente Nor Oriental de Guerra, que opera en el Norte de Santander, inicio el viernes 18 de enero del corriente año de 2.025, una ofensiva en 7 municipios (Convención, El Carmen, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra, Tibú), afectando las áreas metropolitanas de Cúcuta y Ocaña, incluido el sur del Cesar. En un inusitado despliegue de fuerza y pie militar se dieron a la tarea de atacar a las unidades armadas del Frente 33 de las Farc, que hace parte de la atomización de las antiguas Farc-ep desmovilizadas, correspondiendo como estructura del Estado Mayor de los Bloques (EMB); comandada por alias “Calarcá” y que tiene como vocero a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, cuya delegación gubernamental preside Camilo González.

La ofensiva comenzó con enfrentamientos armados directos hablándose de bajas en las huestes de las farc y no de los atacantes elenos. Procedieron, las unidades del ELN, lista en mano, a ubicar y retener a dirigentes de los municipios citados y en cada uno de esos municipios impusieron ordenes de comparendo, allanamientos a viviendas de colaboradores, simpatizantes del Frente 33 de las Farc, sin distinción de grado de familiaridad de esos buscados. Esto generó caos y traumatismo, optando los pobladores de esa región a movilizarse a las cabeceras de los municipios y de allí gravitar hacia los municipios de Cúcuta, Ocaña y Tibú, adonde han llegado miles de desplazados, trayendo imágenes desgarradoras de cuerpos de combatientes muertos, en una horrorosa muestra dantesca de desolación y destrucción, que conlleva a este relator proponerse a evitar señalar cifras precisas de muertos, desmovilizados y retenidos… De igual manera, son innumerables las caravanas de canoas, con máximo de 20 pasajeros, acompañados de colchones, enseres, alimentos, cobijas, que raudos navegan, por el río Catatumbo y afluentes, a refugiarse en Venezuela.

Resultan incontables las fuentes documentales y testimonios recolectados que permiten, con detalle y precisión, el recuento de los hechos, debido al fluir de las redes sociales, chateos y material, sin fin, que se han logrado recolectar; entre ellos un seriado de entrevistas, videos y comunicados que las fuerzas agresoras del ELN han publicitado, coordinadamente, al respecto.

Bosquejo del rutinario papel desempeñado por Otty Patiño como alto consejero para el fin del conflicto armado

El señor Otty Patiño, desde el inicio de su gestión pareció desconocer las temáticas e instrucciones aplicables a la búsqueda alterna de solución de un conflicto. Acudió a la costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. Concibió la aplicación de una estrategia de dividir, prime faciae, al interlocutor. Un manejador de soluciones alternas jamás puede concebir que está frente a un contrincante. Ese ha sido su mayor desacierto. La estela de malas actuaciones se puede particularizar. No es el tema del presente artículo asumir el análisis del rotundo fracaso infligido al desarrollo de las conversaciones con las facciones de las Farc. Comenzó con el aglutinamiento del Estado Mayor Central de las Farc (EMC). Por una acción de control territorial de esa fuerza armada y el incidente que concluyó con la muerte de una gobernadora indígena, aconsejó al señor presidente, de romper las conversaciones con el bloque que lidera alias Iván Mordisco. Ello ha agudizado el conflicto en todo el sur occidente colombiano. Siendo que el Frente del Magdalena Medio de las Farc, que incluía el Frente 33 en El Catatumbo y hacían parte de la estructura del EMC y del citado dirigente traído a menos, la labor del representante Camilo González quedó circunscrita a menos de la mitad; sin que ello hubiera implicado manejo alguno de solución por parte del Alto Consejero, ni que se hayan mostrado resultados de solución del conflicto armado con esa facción. Por el contrario, la labor divisoria del Alto Consejero del Gobierno Nacional, ubica al citado Frente 33 Farc, no en el EMC, sino en un nuevo Estado Mayor de los Bloques (EMB), comandado por alias Calarcá. Esto es físico burocratismo. Y resulta de exigencia metodológica hacer énfasis en el ítem tratado para abordar lo critico de la situación, en tratándose con el manejo de las conversaciones con el ELN y que resulta con causal con la horrible situación que padece la población catatumbera.

No faltan elementos de fondo para que un analista popular de opinión, pueda concluir y tener claridad, sobre el giro de la agudización de las contradicciones en el seno del pueblo armado, en el vasto territorio de El Catatumbo. Objetivamente, todo apunta al desastre de manejo que tiene Otty Patiño, como alto consejero del presidente G. Petro, en el fin del conflicto armado, que durante su gestión lo ha es agudizado. La respuesta de los Comisionados Oficiales del gobierno progresista – liberal, ante la denuncia de Otty Patiño que el ELN decidiera atentar contra Álvaro Jiménez, el asesor gubernamental del gobierno ante los del grupo paramilitar del Clan de Golfo; en el sentido que es falso y sin fuente real tal afirmación, constituye un revés político para el conflictivo asesor Otty Patiño, que ha debido renunciar o ser removido, por lo ineficaz de su gestión. Es el Alto Consejero Otty Patiño quien ha vertido en un mismo recipiente el conflicto armado interno y el conflicto social. Con esa Carta Pública buscaba implicar al ELN en los derroteros de la política de «paz total» con la delincuencia común, borrando diferencias en el carácter de trato y manejo político con los rebeldes e insurgentes. Téngase todo lo aquí escrito como una opinión de carácter político, esencialmente. En la controvertida carta pública de Otty Patiño, afirma que es el ELN el que busca su destitución. Falso. Durante la Asamblea Nacional de Delegados de Organizaciones Sociales y Movimientos Políticos, llevada a cabo en la UN de Colombia, el año pasado, se ventilo esa necesidad. Se impone el análisis con causales de fondo. Y esa temeraria acusación aplica la inteligencia que quien critique su mala gestión, sea aupado por el grupo insurgente. Mala calaña.

Aunque si es tema del presente artículo abordar la falta de cautela, recato y pudor del Alto Consejero, al señor presidente, para la solución del conflicto; dable es precisar aspectos temáticos.

En el itinerario del desarrollo de las Conversaciones del Gobierno Progresista con el ELN, se han dado seis fases o sesiones. También logrado 28 acuerdos, ninguno aplicado; pese a que se estableció la dinámica de “acuerdo firmado, acuerdo implementado”. Existe el llamado “Pacto Territorial Para El Catatumbo”, cual Acuerdo de compromiso por el Estado. El Alto Consejero lo aplaza. A eso se le llama lo impúdico de una gestión de un funcionario tal.

Para Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, hay varios pecados cometidos por la oficina del comisionado de Paz, Otty Patiño. La situación deja en evidencia «la incapacidad de este gobierno y su oficina de paz para haber ajustado el enfoque y método con el proceso con el ELN a medida que este se le salía de las manos o cogía otros rumbos. Un proceso de paz no se logra con solo retórica, voluntarismo y sin método».

La labor divisoria del Alto Consejero se materializa ante lo del Departamento de Nariño…Fue palpable que resultó ser un error priorizar y darle juego al frente Comuneros existiendo una mesa de conversaciones instalada de carácter nacional con el ELN. Es procedente que de existir un grupo que quiera avanzar en conversaciones hacia el fin del conflicto, sea acogido y vale atraerlo. Pero hacerle ese ejercicio al ELN, demuestra lo equivoco de esa estrategia y desde entonces se malograron las conversaciones con el ELN, que de por sí siempre venían tensas. No iban a quedarse callados y el primer batazo consistía en alertar al gobierno nacional que ese grupo de Nariño eran infiltrados y traidores a su causa. Es más, el Gobierno mismo se dividió alrededor de eso. Vera Grabe e Iván Cepeda, que estaban tratando de llevar a la mesa nacional, estuvieron en desacuerdo con lo de Nariño, que fue más una idea de Otty Patiño. Pero más aún: ¿qué logro ha materializado esa estrategia?, como no sea la aspiración a que hasta el año 2,026 se logrará una “acuerdo de desmovilización” con ese grupo denominado hoy de los bolivarianos. Asalta la inquietud que una vez desmovilizados sea el mismo ELN nacional el que entre a copar esos territorios “dejados” con la seguridad que no van a permitir que sea el narcoparamiltarismo el que los cope, tal como les enseña la experiencia con lo sucedido al desmovilizarse las antiguas Farc-ep.

El método materialista dialéctico nos permite el análisis objetivo del caso concreto y de la situación concreta. Se alimenta de la información objetiva, cierta, veraz. De manera que si se inocula elementos subjetivos y prejuicios pre concebidos a ese material de definición pues se llega a una conclusión errada. Eso es lo que sucede con la caracterización del conflicto armado interno y con el actor rebelde de estirpe esencialmente política. Al reducirlo todo al narcotráfico y al predominio de rutas para su comercialización, embalan el agudo conflicto de la lucha de clases en Colombia, cuya expresión directa es la lucha armada, en un galimatías de acomodos y conveniencias para la perpetuación de la salida militar; resultado de un lenguaje oficial impropio, de frases, generadores de confusión. Le endilgan a la insurgencia armada todos los males habidos y por haber. Conocedores que el insurgente armado es un delincuente político, lo elevan a la categoría de “narcotraficante” a sabiendas que el narcotráfico existe en Colombia con posterioridad al surgimiento de la lucha armada. Que el narcotráfico es un fenómeno del capitalismo y que la lucha armada tiene como egida la destrucción del Estado capitalista y, en consecuencia, por principio no son “narcotraficantes”. Reconocen la conexidad del delito político. Por ende; siendo que el insurgente armado viola todo el código penal, pues también lo viola en relación con el narcotráfico y su economía subterránea que infecta a todos los estadios y niveles de la sociedad colombiana. Entonces es cuando desvirtuando la técnica de búsqueda de la solución del conflicto, le imponen a la insurgencia la exigibilidad de otra conducta y un Alto Consejero para el fin del conflicto armado interno, logra es intensificarlo.

Los efectos políticos adversos

Circulan opiniones que señalan a Otty Patiño como el gestor de la agudización del conflicto armado y el propulsor de dos escenarios de guerra durante este gobierno: El Cauca y ahora El Catatumbo. La desautorización a la Carta Pública de los delegados del Gobierno en la Mesa con el ELN, debía producir el efecto político de su destitución o renuncia; pero no, es premiado con el rompimiento de Conversaciones y fin de la mesa con el ELN.

La prensa intoxicante opositora, aplaude al unísono, la decisión del presidente G. Petro U, de cancelar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. La derecha militarista osa pedir al señor presidente, en boca del gobernador de Antioquia, que también cese las conversaciones con las facciones de las farc. En tanto los líderes y voceros comunales del Catatumbo, clamando porque sea en las Mesas de Conversación y Diálogo, con el gobierno, que se busque solución a la contradicción existente entre el ELN y las Farc. En este escenario de fracaso en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, el creador de toda esta situación, Otty Patiño, permanece impoluto: sin pecado ni mancha. ¡Cese al fuego con todas las insurgencias Ya! Es el clamor nacional al orden del día.

Existe el 1er Acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y el ELN de participación de la Sociedad Civil en el fin del conflicto armado. Es fundamental la instalación de Mesas de Participación de las dos guerrillas enfrentadas, la sociedad civil y el Alto Gobierno. Se impone el Alto Al fuego bilateral con todas las insurgencias o rebeldes.

ANALISIS DEL CONTEXTO ACTUAL.

  1. El control de la extensa frontera colombo-venezolana, por parte del ELN, incide en el factor geopolítico,
  2. No va a permitir el ELN que al desmovilizarse el Frente 33 Farc, el territorio sea copado por elementos ligados al narcotráfico; al paramilitarismo y la corrupción en las Administraciones locales del Catatumbo.
  3. La ofensiva guerrillera en El Catatumbo, no está desligado de la espada de Demóstenes que amenaza la integridad soberana de intervención norteamericana al vecino país. Tampoco del próximo debate electoral 2.026, buscando evitar la acción del narcoparamiltarismo en el poder y el control electoral, bajo la egida de un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino imperante y tomado esto, como efecto político subsiguiente, de la organización político- militar que, al parecer, está en capacidad de cumplir sus objetivos de única organización rebelde en esos territorios.
  4. Ya existe Acuerdo Nacional del ELN y el Estado colombiano de participación de la Sociedad Civil en la búsqueda del fin del conflicto armado interno. Lo procedente y consecuente es implementar ese Acuerdo.

Se impone el cese al fuego bilateral nacional

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Se requiere de diferenciaciones y precisiones para abordar el tema álgido del fin del conflicto armado interno colombiano, con todas y cada una de las insurgencias actuantes en el territorio de Colombia y en el momento coyuntural, en el que un gobierno de inspiración popular rige los destinos del país.

El ataque del ELN a una guarnición militar del ejército nacional en Saravena, Arauca, califica como atentado o saboteo de una fuerza beligerante por parte de insurgentes armados. Se expresa la calidad de ese ataque dentro de las acciones insurgentes al aparato estatal, que una fuerza beligerante, desconoce y busca destruir. Esto conforme a la estructura denominativa del Derecho Internacional (DI); en tratándose de conflictos armados internos. Eso de “terrorismo” se atribuye a una ficción mediática a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas y en modo alguno encausa dentro del cuerpo normativo internacional. La alusión, a que a 900 metros de la instalación militar atacada funciona una Escuela, pues habilita la denuncia a la no observación por el Estado- parte, a la diligencia y cuidado que no deben funcionar establecimientos educativos cerca a guarniciones militares, y, por consiguiente, no atribuible a carga para el sector insurgente. Sobre esto se debatió y hubo claridad en el extracto de las negociaciones con las antiguas Farc, que concluyó en los Acuerdos de la Habana y del Teatro Colon, años de 2.016 y 2.017

El no a las imposiciones unilaterales

Intentando expresar un criterio objetivo riguroso corresponde extraer, que la separación que he intentado hacer para el entendimiento de dos situaciones totalmente identificadas, como lo son el conflicto armado interno y el conflicto social en Colombia; se determina en forma expresa y clara, que tanto el desarrollo de las conversaciones con el Estado Mayor Central de las Farc- EMC; junto con la Segunda Marquetalia y las adelantadas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia-E.L.N, yerran, en la aplicación y atención clara al carácter insurgente y con estatus de rebeldes, de esas organizaciones. El que se dediquen a acciones delincuenciales es propio de la esencia de ellos…

Ahora bien, los sucesos del pasado 8 de septiembre contra una comunidad indígena en el municipio de Tumaco, por parte de la fuerza de tarea conjunta Hércules del ejército, que, al mando de un general, abrió fuego, sin atender al principio de distinción, contra la población indígena Awua desarmada, de Inda Sabaneta; luego que la tropa intentó entrar a la fuerza al territorio indígena; resulta similar al accionar del grupo insurgente EMC-Farc, contra un autoridad indígena y que trajo consigo el cese de conversaciones, para el fin del conflicto armado con ese sector insurgente. En el agresivo comportamiento del ejército colombiano, murieron dos indígenas y siete más resultaron heridos. Al igual que la respuesta de la insurgencia armada EMC-Farc contra la comunidad indígena; la del ejército colombiano obedeció a oposición de los indígenas Awa a que vehículos blindados del ejército ingresaran a su sagrado territorio comunal.

En eso del gobierno del cambio, todo apunta a un comportamiento, con calificación y acción, que lo diferencie de los gobiernos anteriores. Pero no parece ser así. El manejo conduccionista de lo noticioso, continua, al igual que sucedía con la acción y efecto, que, bajo la egida contra insurgente del Terrorismo de Estado, redundaba en el simplismo calificativo del síndrome de la fracasada guerra imperialista contra el narcotráfico y que, en conjunto, determina la motivación de la oficialidad castrense, en su “guerra” de micrófonos y de declaraciones, con el sobado y gastado argumento, que el trasfondo del escenario, en las regiones, es la pelea o enfrentamiento, por las “rutas del narcotráfico”. Más le afecta la humedad al pato que a la insurgencia continuar denominándola narcotraficantes. Esto pareciere de apariencia inocente; pero resulta malvado, puesto que afecta al factor metodológico de trato y manejo del análisis concreto de la situación concreta. Un presupuesto falsario para abordar lo magnánimo del fin del conflicto armado interno en Colombia, no puede continuar girando sobre previsión de planes falsos. Ello no augura un desenlace feliz en los propósitos que alienta a la nación colombiana.

Pero la realidad es otra. La dinámica de las actividades políticas en los territorios, ha conllevado al empoderamiento de las masas movilizadas, en torno a las soluciones concretas de sus problemáticas. Son las mismas masas las que han colocado “en cintura” el accionar de presencia tradicional de las fuerzas armadas (o militarización) en las zonas del conflicto armado interno y se han opuesto a ello, acudiendo a acciones de desobediencia civil; a ejercicio soberano popular de impedir la presencia del ejército, cuando ello implica el enfrentamiento inminente de las fuerzas rebeldes con la de la oficialidad estatal y a toda costa y con acciones concretas, neutralizan, hasta a centenares de soldados, impidiendo los inminentes enfrentamientos o acciones armadas que implican el desalojo y el éxodo de sus regiones o de los territorios ancestrales, en tratándose de la población indígena. No se puede ocultar que tanto el campesinado, como sujeto de derechos actuante; así como las comunidades indígenas, con su ejercicio constitucional, entran en contradicciones, con los miembros armados de la oficialidad estatal y con los irregulares rebeldes e insurgentes. Este aspecto de intereses contrarios, no ha sido objetiva y correctamente abordado tal como es: de agudas contradicciones en el seno del pueblo.

Otro aspecto de la falsaria mass media impuesta, consiste en que los agudos enfrentamientos armados se dan entre fuerzas rebeldes, entre sí (calificadas como rebeldes por el gobierno, puesto que fungen en mesas de conversaciones, por separado); dándole a las fuerzas armadas estatales el papel de meros espectadores. Pareciere que, por arte de magia, hubiere desaparecido el factor paramilitar del escenario del conflicto armado interno colombiano. Sabido es que en la medida en que opere una acción contrainsurgente, en Colombia, va de la mano el accionar de las huestes paramilitares, para la “lavada de cara” al ejército estatal, en lo que concierne al mantenimiento y respeto de los Derechos Humanos. Con anterioridad he citado, como referente, el espíritu de la Ley 1.908 de 2.018; resultado de una concepción contrainsurgente del Estado colombiano, que, al asimilar a las organizaciones criminales comunes, en el raudal autónomo que concede la caracterización de los grupos armados insurgentes y rebeldes, con el de las denominadas bandas criminales o grupos armados organizados, se efectuó, en la práctica, una legalización del paramilitarismo en Colombia. Al “pan pan y al vino vino” que cuando se registran choques armados entre algunas de las insurgencias y denominaciones de “autodefensas gaitanistas”; o “clanes del golfo”, etc., etc., se esta ante el mismo juego, de lo no ha mucho llegó a denominarse “la sexta división del ejército” colombiano; aludiendo al recurso contrainsurgente estatal del uso del paramilitarismo. No es que, por obra y gracia de la desmovilización de las antiguas Farc y los acuerdos de paz firmados, el paramilitarismo dejó de actuar en Colombia. “Dejémonos de eso!” exclama el campesino catatumbero, enseñado en identificar que el cordón umbilical del actual paramilitarismo, continúa atado a las fuerzas armadas estatales, sin excepción, en cuanto perdura con la permanencia de la doctrina militar de seguridad “del enemigo interno”. Esa esencia contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales continua, en tanto, perdure, el conflicto armado interno en Colombia. No se maquilla con decretos y cambios de personal u oficialidades…

Insisto en que eso de los denominados “procesos de paz” no encaja. Que Colombia transita por un proceso de solución política para el fin del conflicto armado interno. Ese proceso precisa darse con todas y cada una de las insurgencias existentes o que surgieren. Lo de Paz Total es una aspiración. Aplica a una metodología asequible para un fin ultimo en beneficio de todos los habitantes. Esta dentro del amplio campo y acepción de lo posible. Corresponde, por el momento, despejar el camino de las conversaciones consensuadas y de no imposiciones, para tomar pista en el enrumba miento de la temática y contenido de fondo, de ese ejercicio dialectico, que significa el logro de objetivos y alcances de conquistas, para llegar a la etapa sublime del fin de conflicto armado interno, en Colombia y que como colombianos y colombianas, apremiamos vivir en la construcción de una sociedad próspera sin el asomo del recurso de la lucha armada, en forma definitiva.

Persistir en el cese al fuego bilateral

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El ataque del ELN a una guarnición militar del ejercito nacional en Saravena, Arauca, califica como atentado o saboteo de una fuerza beligerante por parte de insurgentes armados. Se expresa la calidad de ese ataque dentro de las acciones insurgentes al aparato estatal, que una fuerza beligerante, desconoce y busca destruir. Esto conforme a la estructura denominativa del Derecho internacional (DI); en tratándose de conflictos armados internos. Eso de “terrorismo” se atribuye a una ficción mediática a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas y en modo alguno encausa dentro del cuerpo normativo internacional. La alusión, a que a 900 metros de la instalación militar atacada funciona una Escuela, pues habilita la denuncia a la no observación por el Estado- parte, a la diligencia y cuidado que no deben funcionar establecimientos educativos cerca a guarniciones militares, y, por consiguiente, no atribuible a carga para el sector insurgente.

Se requiere de diferenciaciones y precisiones para abordar el tema álgido del fin del conflicto armado interno colombiano, con todas y cada una de las insurgencias actuantes en el territorio de Colombia y en el momento coyuntural, en el que un gobierno de inspiración popular rige los destinos del país.

Colombia es un país de múltiples conflictos que demarcan el derrotero de su vida política e institucional. Se mencionan los siguientes conflictos: 1. El conflicto armado interno. 2. El conflicto social. 3. El conflicto económico. 4. El conflicto político. 5. El conflicto ecológico.

Me detendré sobre los dos primeros citados:1. El Conflicto Armado Interno. Caracterizado por una guerra civil no declarada. Se extiende desde el cenit de la hegemonía conservadora, resultado del triunfo de las huestes conservadoras y la derrota del ejercito liberal en la Batalla de Palonegro, en mayo de 1900 y resultado de la Guerra de Los Mil días (1899 a noviembre de 1902). Se toma como punto de referencia histórico el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 09 de abril de 1948. Inicio con el pasaje de la violencia liberal conservadora que conllevó a las primeras guerrillas liberales campesinas para enfrentar el poder hegemónico conservador. Esta fase fue transformada en el luctuoso periodo del llamado Frente Nacional, consistente en que las oligarquías liberal-conservadoras, llegan a un acuerdo político para repartirse, milimétricamente, el funcionamiento burocrático del Estado colombiano, excluyendo las expresiones políticas del movimiento popular, del sindicalismo urbano y agrario en ascenso; de las fuerzas políticas socialista y comunistas, expresadas en movimientos y partido político. Esto generó una casta burocrática privilegiada, que engendró situaciones, motivo de mayor detenimiento. El enfrentamiento bipartidista cesó y se incrementó la agudización de la lucha de clases en Colombia. Ello trajo consigo el surgimiento del movimiento guerrillero de inspiración comunista, en Colombia, alentado por la escisión del movimiento socialista internacional de 1963; apareciendo primero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc (“línea Moscú”) en 1964. Luego El Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N(“línea cubana”) en 1965. Y en el año de 1967, hace presencia el Ejército Popular de Liberación-EPL (“línea china”). Todos los citados, inspirados bajo un programa político de concepción socialista; de no participación electoral y abstención beligerante y activa. Para el año de 1970, como resultado de un fraude electoral, surge la guerrilla, predominantemente urbana y de extracción de clase pequeño burguesa, conocida como el M-19; sin un ideario socialista. De manera, que la fase de conflicto armado interno en Colombia se extiende desde el año 1948 al presente, en una sumatoria de 76 años.

2.El Conflicto Social. Es un término de contenido sociológico. Como conflicto refleja un proceso de oposición o contradicción de intereses tangibles, no satisfechos, en un núcleo humano. Cuando se agudiza esa contradicción entre grupos relevantes, resaltan estatus; recursos de poder entre oponentes, que buscan dañar o eliminar, al contrario; lo cual trasciende de lo individual y/o grupal y afecta el funcionamiento y estructura propia de la sociedad. Como prolegómenos del actual conflicto social en Colombia, corresponde ubicar la contradicción surgida entre el campo y la ciudad, resultado del prolongado periodo de violencia bipartidista, que trajo consigo el éxodo desmesurado de población campesina, que fue asentándose en cinturones de miseria en las grandes y medianas ciudades, crecidas al azar, sin planificación alguna. Luego el imperio del narcotráfico, de las economías ilícitas y el funcionamiento paralelo de una economía subterránea en Colombia. Se fue consolidando un efecto de falta de oportunidades; de arraigos inequitativos; de situaciones de injusticia y condiciones precarias; de desarrollo desigual, en todos los aspectos. Siendo estos efectos citados verdaderos caldos de cultivo de enfrentamiento en lo social; contribuyó, a ese escenario de conflicto, el surgimiento del narcotráfico, que permeo todos los estratos de la sociedad colombiana, con sus secuelas de miseria, desastre humanitario y mínima convivencia de permisividad social.

Lo relevante en ambos conflictos mencionados

He de destacar lo caracterizado de cada conflicto, sobresaliendo, en torno a la efectividad o mejor complejidad jurídica que de ellos emanan, la importancia de diferenciar el uno del otro. Así, el conflicto armado interno obedece a una caracterización de tipificación particular, en torno al contenido del Derecho Internacional (DI). Por ende, al abordarse este conflicto resalta lo extra legal y extra constitucional vernáculo, explicable en el denominado bloque de constitucionalidad para la asimilación y aplicación en cada país. Con respecto al conflicto social, este ajusta al marco jurídico nacional; superpone a la conducta de individuos y no de grupos o colectividades; en cuanto concierne abordarlo para su manejo, trato y solución. Del conflicto armado interno se deriva una conflictividad de tipo político, toda vez que su surgimiento obedece a causas originadas en el ejercicio de lo gubernamental y trasciende a escalas de enfrentamiento militar, resultado de agudas contradicciones. Y de una motivación de carácter esencialmente político. No sucede lo mismo con el conflicto social, parejo a ruptura de la armonía en el conglomerado colectivo, por conductas de comportamiento individual; en “el que”, a sabiendas, transgrede la ley; el orden legal y de convivencia social; independiente de motivaciones políticas, puesto que su valoración encausa en una conducta delictiva común. Es la propia profilaxis de la sociedad, expresada en el órgano estatal, la que aplica las medidas de protección y prevención, bajo la egida imprescindible de la aplicación de la ley, el sometimiento de los delincuentes comunes y su consecuente castigo.

Lo concreto en el caso colombiano

Lo elemental diferenciatorio conviene explicarlo, en Colombia, por la particular situación de los variados conflictos, que como a nación la aquejan y que fueron mencionados en cinco aspectos o temas. No es dable calificarlos, mediante clasificaciones de prioridad. No se puede caer en ese mecanicismo. Todos los citados son de álgida importancia e igual atención. Para todos y cada uno de ellos, debe existir métodos y políticas de acción para su solución total.

No se puede decir que Colombia transita por un proceso de paz. En realidad, vale mencionar, que Colombia transita por el fin del conflicto armado interno y de sus variados conflictos en forma definitiva. Destaca la denominada política gubernamental de “paz total” como ambiciosa aspiración del actual gobierno progresista-liberal de cambio.

Desafortunadamente, ante la disyuntiva de solución del conflicto armado interno y paralelamente, de superación a la agudización del conflicto social, la mala praxis conllevó a que se haya vertido, en un mismo recipiente, la solución de ambos conflictos, es decir, el conflicto armado interno y el conflicto social. Lo anterior ha traído notorias dificultades en el manejo de la situación. Personalmente llegué a pensar que convenía designar a un alto consejero gubernamental, experto en soluciones alternativas de conflicto, de bagaje en conocimientos socio-jurídicos; así como en el conocimiento, aplicación y manejo de figuras del derecho penal moderno, para la obtención del sometimiento a la justicia de la delincuencia común.

Se parte del presupuesto que los actores del agudo conflicto social en Colombia, lo constituyen actores individualmente considerados. Independiente que asuman nombres y/o estructuras organizativas, no se produce ficción alguna, que los excluya de responsabilidad penal individual; que determina al sujeto individualizado en un accionar, cuyas voluntades convergen para realizar colectivamente un programa criminal. Esa asociación es un delito autónomo que existe por sí mismo cuando se presentan sus elementos constitutivos esenciales, con independencia de los delitos que se cometan por su causa. Esa relación o elemento: independencia-causa, es determinante en la caracterización de la constante jurídica de calificación de los delitos así cometidos, como delitos comunes. Por consiguiente, el sindicado, actor, o reo, es un delincuente común; a quien se le atribuye la carga de responsabilidad penal; sin ambages, rodeos, calificativos, consideraciones o enredos, que conlleven a intrincados laberintos, que buscan el desvió hacia la impunidad.

Pero fue a partir de la expedición de la Ley 1908 de 2.018, que predomina una tendencia contrainsurgente en el Establecimiento, tendiente a asimilar a las organizaciones criminales comunes en el raudal autónomo que les concede caracterización propia a los grupos armados insurgentes y rebeldes, que fundamentan su razón de ser en el Derecho Internacional (DI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esas bandas no son parte del conflicto armado interno. Comenzaron por darles el nombre de bandas emergentes; bandas criminales (las bacrim); bajo un sobrenombre general de grupos armados organizados (GAO) o grupos delincuenciales organizados (GAO); también como el de grupos armados organizados residuales (GAOR), que son lo mismo. Se dice que obedece a una concepción de doctrina militar, de habilitar el accionar congénere estatal de los grupos paramilitares, en el escenario de actores con connotación política. Es decir, el espíritu de la Ley 1908 de 2.018, institucionaliza o legaliza al paramilitarismo, que encauza es en el conflicto social y no en el conflicto armado interno; incluso, llegándoles a llamar o asimilándolos a grupos equiparados como aliados estratégicos de los grupos rebeldes. Esto no corresponde a un desface o ignorancia crasa sobre la materia; como si a una pretendida acción contrainsurgente de deslegitimar el carácter internacional de la organización político-militar rebelde. Los alzados en armas e insurgentes, están inspirados en la destrucción del Estado Constitucional vigente. Grosso modo, el accionar de un grupo rebelde, insurgente, alzado en armas no va contra un gobierno de turno en particular, sino contra la existencia misma de ese Estado contra el que acciona.

El mismo espíritu de la citada ley aplica es para la sujeción a la justicia ordinaria de las organizaciones criminales y sabido es que las organizaciones armadas rebeldes e insurgentes, si son sometidas, derrotadas militarmente, dejan de existir y esto está bien lejos de suceder en el escenario colombiano. Por ello se impone- pese a la obtusa posición de la derecha militarista- la salida política para el logro definitivo del fin del conflicto armado interno con el total de las diversas insurgencias actuantes.

El no a las imposiciones unilaterales

Intentando expresar un criterio objetivo riguroso corresponde extraer, que la separación que he intentado hacer para el entendimiento de dos situaciones totalmente identificadas, como lo son el conflicto armado interno y el conflicto social en Colombia; se determina en forma expresa y clara, que tanto el desarrollo de las conversaciones con el Estado Mayor central de las Farc- EMC; junto con la Segunda Marquetalia y las adelantadas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia-E.L.N, yerran, en la aplicación y atención clara al carácter insurgente y con estatus de rebeldes, de esas organizaciones. El que se dediquen a acciones criminales es propio de la esencia de ellos…

Demasiado costo político ha significado para el gobierno, el rompimiento del cese al fuego con el EMC-Farc. Todo, en resumen, por la exigibilidad de otra conducta al ente insurgente, resultado del lamentable ataque de unidades del EMC-Farc, a la población civil indígena con el resultado trágico de la muerte de una autoridad indígena. Su accionar fue, desde todo punto de vista, violatorio al DIH y han de responder ante la jurisdicción internacional por cargos contra lo reglado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Ahora bien, los sucesos del pasado 8 de septiembre contra una comunidad indígena en el municipio de Tumaco, por parte de la fuerza de tarea conjunta Hércules del ejército, que, al mando de un general, abrió fuego, sin atender al principio de distinción, contra la población indígena Awua desarmada, de Inda Sabaneta; luego que la tropa intentó entrar a la fuerza al territorio indígena; resulta similar al accionar del grupo insurgente EMC-Farc. En el agresivo comportamiento del ejército colombiano, murieron dos indígenas y siete más resultaron heridos. Al igual que la respuesta de la insurgencia armada EMC-Farc contra la comunidad indígena; la del ejército colombiano obedeció a oposición de los indígenas Awa a que vehículos blincados del ejército ingresaran a su sagrado territorio comunal.

Pero la decisión abrupta de la contraparte gubernamental resultó ser impracticable, en tratándose del campo de búsqueda de solución alternativa del conflicto. Es en momentos tan álgidos como se demuestra la capacidad de los negociadores de la contraparte estatal y a fuer de argumentación, resultó contrario al mandato constitucional de la búsqueda de la paz…

Ya es el momento de entrar en razón acercando nuevamente a la mesa de conversaciones a los voceros designados del E.M.C-Farc, para transitar, otra vez, por la consecución del cese al fuego bilateral con ellos.

Similar yerro ocurre con el tratamiento dado por la contraparte gubernamental en el escenario de las conversaciones con el ELN. De inexplicable dilación la no exclusión de una fuerza rebelde – como lo es el ELN – en la forzada clasificación legal de delincuencia común organizada (GAO). Los voceros gubernamentales, en la mesa de conversaciones, han hecho caso omiso a tal solicitud. Sobrevino el plazo del cese al fuego bilateral, y la responsabilidad estatal en cabeza de un ineficiente y conflictivo alto consejero para la paz, del gobierno del presidente G, Petro, ha entrabado la rueda al funcionamiento de una reanudación de conversaciones con esa importante fuerza insurgente. Se dio el lamentable ataque de unidades del Ejecito de Liberación Nacional de Colombia – ELN, a la base militar en Saravena, Arauca. El señor presidente lo equiparó al ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía, durante el auge del Terrorismo de Estado, anunciando que el fin del ciclo de conversaciones con esa fuerza insurgente se cierra con un pasaje de sangre. La suerte del fin del conflicto armado interno en Colombia no puede ser echado por la borda. Seria incurrir en violación constitucional a la búsqueda de la paz. Los tales “gestos de paz” no pueden continuar siendo una imposición unilateral, por fuera de la meza, al igual que en gobiernos anteriores y en eco de resonancia a la imposición de la mass media alienante.

Es dable argumentar, que la finalidad del presente análisis es el llamado conmensurado y respetuoso al gobierno nacional para que destrabe la mesa de negociaciones con el E.L. N, decretando la salida de esa organización político-militar de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Que se aplique, a contrario sensu, el Parágrafo de la Ley 1908 de 2.018 que dice así: “En todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la clasificación previa del Consejo de Seguridad Nacional” y concluyo afirmando: es falso que se trate de una oportunidad para el E.L.N, se trata es de una oportunidad para la Nación colombiana.

Y por qué la actitud de “oídos sordos” a la petición de La Segunda Marquetalia, en el sentido que su máximo dirigente conocido como “Iván Márquez” disponga de una conmutación o cambio a la orden de extradición que pesa sobre él. Resulta viable, en ejercicio soberano nacional, que esa petición proceda. Huelga asomar el calificativo de los delitos conexos. Y también, como simple ciudadano alertar, que si está conmocionada la opinión de la Provincia de Ocaña y del Catatumbo, con la aparición o resurgimiento de una facción, o nuevo frente guerrillero, del Ejército Popular de Liberación -EPL, asuma la Dirección de Inteligencia Nacional la verificación de tal infundio; o si de patraña o realidad se tratare, se aplique la agilidad gubernamental en que sean llamados a sumarse- desde ya- al torrente de la solución definitiva del conflicto armado interno en Colombia.

En eso del gobierno del cambio, todo apunta a un comportamiento, calificativo y acción, que lo diferencie de los gobiernos anteriores.

Respuesta del rector de la UCR ante el genocidio en Gaza

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Costa Rica ha logrado una imagen de país pacífico desde la época post colonial.

Desde nuestros inicios de vida independiente, la paz ha jugado un rol muy importante en la creación de nuestra identidad por lo que el ciudadano costarricense asumió esta posición como característica de su idiosincrasia. Así debutó su reconocimiento internacional como tierra pacífica, donde se resuelven los conflictos por vías legales, democráticas y sin intervenciones o amenazas militares.

El premio Nobel al expresidente Oscar Arias y los pactos en los que se cimienta la postura costarricense, pacto social y con la naturaleza, además de la eliminación del ejército, le han fortalecido dicha imagen. Podríamos concordar además que históricamente este pequeño país siempre ha abogado por la paz mundial, ha sido visto como un país modelo, el cual inspira a otras naciones en cuanto a su cultura de paz sostenible.

A pesar de dichas circunstancias, al país le ha resultado un tanto complejo tomar una postura concreta con respecto al conflicto armado mantenido hasta el momento entre Israel y la Franja de Gaza. Si bien es cierto Costa Rica ha abogado por la paz, también ha manifestado su apoyo y solidaridad al estado de Israel, condenando el ataque de Hamas. Esto refleja en parte lo complejo de las relaciones diplomáticas. Algunos especialistas consideran que la inclinación del apoyo a Israel podría ser resultado de la presión ejercida por intereses económicos.

Sea cual sea la intención que se baraja en la posición asumida por nuestro país no podemos pasar por alto que lo que está sucediendo en Gaza es una crisis humanitaria de gran magnitud y extremadamente desalentadora. Por consiguiente, en mi opinión, Costa Rica debe mantener una posición de rechazo ante estos ataques y ser parte de esa presión internacional que demanda un alto al fuego en esa zona y restablecimiento de la paz y estabilidad de los afectados.

Reflexiones contundentes sobre el conflicto Israel-Gaza: reseña de la conferencia en la Universidad de Costa Rica

Escrito el . Publicado en Derechos.

Por José Daniel Gamboa Araya

La conferencia «Historia y Desinformación: Perspectivas Críticas sobre el Conflicto Israel-Gaza», celebrada en la Universidad de Costa Rica, fue un evento de gran relevancia que tuvo lugar el 13 de marzo. El acto inaugural estuvo marcado por un emotivo tributo a la memoria del Dr. Roberto Marín, un momento que destacó el compromiso y la dedicación a la causa de la justicia, la paz y los estudios de alto valor académico sobre la franja de gaza.

Durante la conferencia, se abordaron temas delicados y controvertidos relacionados con el conflicto en la Franja de Gaza. Algunos ejes temáticos en los que giró la conversación fueron tales como las Acciones legales de Sudáfrica y Nicaragua: de la cual se destaca la iniciativa liderada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para frenar la violencia en Gaza y la demanda presentada por Nicaragua contra Alemania por su apoyo militar a Israel. También el desprecio de Israel por las medidas provisionales: Se señaló el continuo desprecio de Israel por las medidas provisionales ordenadas por la CIJ el pasado 26 de enero para garantizar la seguridad y el bienestar de los palestinos en Gaza. Entre otros, como la inacción y complicidad de algunos Estados, la respuesta de Israel y las presiones diplomáticas y los objetivos de las acciones legales en contra de Israel. El discurso general fue claro y contundente, señalando el genocidio perpetrado y los crimenes de guerra por parte de Israel en esta región y destacando el papel de Estados Unidos como actor clave en estos acontecimientos. Se analizaron las causas subyacentes del conflicto, así como el impacto de la desinformación en la percepción pública.

El evento tuvo una duración de dos horas y quince minutos, durante las cuales los ponentes ofrecieron análisis y reflexiones fundamentadas. La conferencia proporcionó una plataforma importante para el debate informado y el intercambio de ideas entre la comunidad académica y el público en general de mucho provecho y desde una perspectiva profesional sobre dicho conflicto que se encuentra constantemente en tela de juicio.

Para aquellos que no pudieron asistir, la conferencia está disponible para su visualización en el siguiente enlace de Facebook y YouTube: 

Facebook: https://www.facebook.com/posgradosociologia/videos/765575538852088

YouTube:

La Mesa Redonda analiza con Vladimir de la Cruz entrevista de Carlson a Putin

Escrito el . Publicado en Derechos.

Este programa es una conversación sobre una variedad de temas, incluida la entrevista que el famoso periodista Carlson le hace al presidente ruso Vladimir Putin sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se destaca la entrevista de Carlson con Putin, la cual se centra en cuestiones como el apoyo de Estados Unidos al separatismo en el Cáucaso Norte y la respuesta de Putin a las acusaciones de apoyar a los neonazis en Ucrania. La conversación profundiza en esta realidad como un conflicto Intercapitalista de seguridad nacional en términos militares, aborda sus implicaciones, particularmente entre Rusia y EE.UU., y el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial en relación con las tensiones geopolíticas actuales.

Los oradores también abordan la importancia de las influencias socialistas y comunistas en el pasado de Rusia y su impacto en la economía global y las relaciones internacionales, particularmente en los contextos europeo y asiático. Discuten el surgimiento de grupos neofascistas en ciertos países europeos y cómo la referencia de Putin a la postura antinazi de su padre durante la Segunda Guerra Mundial sirve como un recordatorio simbólico de los conflictos históricos. La conversación enfatiza las complejidades de las ideologías políticas y la dinámica en evolución de las relaciones internacionales, con un enfoque en cómo los eventos pasados ​​continúan dando forma a las narrativas y tensiones actuales.

Además, los ponentes analizan las posibles implicaciones de las acciones militares de Rusia, como la anexión de Crimea, sobre la seguridad regional y el panorama geopolítico más amplio. Discuten las preocupaciones sobre la militarización de ciertas regiones y la creciente incorporación de países a alianzas militares, destacando las luchas de poder y las alianzas en curso después de la Segunda Guerra Mundial. La conversación subraya la importancia del contexto histórico para comprender los conflictos actuales y las intrincadas relaciones entre las naciones en un mundo globalizado.

En general, el programa proporciona información sobre las tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos, los ecos históricos de conflictos pasados ​​en las narrativas actuales y las complejidades de las relaciones internacionales en un mundo que cambia rápidamente. La discusión profundiza en los matices de las ideologías políticas, las acciones militares y los legados históricos que continúan dando forma a la dinámica entre las naciones e influyen en la seguridad y la estabilidad globales.

Programa Mesa Redonda:

Entrevista a Putin:

Gaza / Israel: inminente voto de una nueva resolución del Consejo de Seguridad

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

«More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days – that is over 115 a day, every day, for weeks and weeks. Based on these figures, children account for forty per cent of the deaths in Gaza. This is unprecedented. In other words, today, the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child.

“We are also receiving reports that more than 1,200 children remain under the rubble of bombed out buildings or are otherwise unaccounted for».

UNICEF Executive Director, briefing at UN Security Council, November 22, 2023

Según se informa en medios de prensa internacionales, este 18 de diciembre, el voto de un proyecto de resolución presentado por Estados Árabes Unidos se ha pospuesto para este 19 de diciembre, en aras esta vez de lograr que Estados Unidos no objete con su veto el texto (véase nota de prensa de The Guardian).

Como es sabido, Israel no acepta la idea de un cese al fuego en su ofensiva militar sobre Gaza iniciada el 7 de octubre pasado, en respuesta al ataque sufrido ese mismo día en su territorio perpetrado por el Hamás.

Breve puesta en contexto

El borrador inicialmente propuesto de resolución circula en redes desde varios días (véase enlace) y busca ordenar un cese al fuego humanitario a ambas partes: ello ante el drama dantesco al que Israel somete a la población civil de Gaza día tras días, y ello desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. En este borrador de texto, es probable que la expresión «calls for the urgent suspension of hostilities to allow safe and unhindered humanitarian access and for urgent steps towards a sustainable cessation of hostilities» (en la parte final del Párrafo Operativo 2 / OP2) sea la que provoque mayores objecciones por parte de Estados Unidos, al sentirse obligado (aún) a apoyar la idea (cuestionable y cuestionada) de Israel de continuar su ofensiva militar.

Precisamente, este 18 de diciembre, la ONG Human Rights Watch en un comunicado de prensa (véase texto completo) ha denunciado a Israel por recurrir al peor recurso al que un Estado puede someter a una población civil en el marco de un conflicto armado: la hambruna.

Con relación a esta nueva iniciativa de Emiratos Árabes Unidos, se trata de una nueva gestión de carácter urgente, luego del solitario veto de Estados Unidos observado el pasado 8 de diciembre en el seno del Consejo de Seguridad: en aquella ocasión, el texto – también propuesto por Emiratos Árabes Unidos – contó con 13 votos a favor y una sola abstención (Reino Unido).

Este veto norteamericano originó la aprobación de un texto muy similar con una abrumadora mayoría en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 12 de diciembre: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría observada en la Asamblea General de Naciones Unidas«. El tablero de la votación registrada detalla el aislamiento mayor de Israel (y de Estados Unidos), con tan solo 8 votos (Austria, Guatemala, Liberia, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Nauru y República Checa) que acompañaron a ambos votando en contra; mientras que votaron a favor 153 Estados y 23 optaron por abstenerse.

Algunos aspectos de la tragedia que se vive en Gaza

Según el último informe de situación al 18 de diciembre realizado por Naciones, Unidas (véase documento), se lee que:

«According to the MoH in Gaza, between 7 October and 18 December afternoon, at least 19,453 Palestinians were killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, about 52,286 Palestinians have been injured, according to the MoH. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery. Between 16 December and 18 December, ten Israeli soldiers were killed because of the fighting in Gaza, including one soldier who died as a result of injuries sustained on 14 December. According to the Israeli military, since the start of the ground operations, 129 soldiers have been killed in Gaza, and 704 have been injured.»

Recientemente se leyó en Francia por parte de un reconocido experto y ex militar galo especialista en efectos de bombardeos aéreos, que el saldo mortífero en Gaza podría ser muy superior. Utilizando el número de bombas que Israel oficialmente reconoce haber largado desde los aires sobre Gaza desde el 7 de octubre, indica en sus últimas reflexiones que publica en su blog (véase su nota completa del 16 de diciembre, titulada «Israël contre le Hamas, un carnage y compris pour les otages? «) que:

«Avec au moins 450 bombardements (aériens et tirs d’artillerie) par jour, cela représente au minimum un nombre de victimes équivalent puisque ces tirs sont par nature très meurtriers. Les dégâts sont considérables : 63 jours par 450 tués = 28,000 morts au minimum, soit une « fourchette » probable de 25 à 35 mille morts, auxquels il faut rajouter 3 à 4 fois plus de blessés, donc un total de plus de 125,000 morts et blessés après 9 semaines de bombardements (et une semaine de trêve)«.

Este 17 de diciembre, fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que describió como un «baño de sangre» el hospital de Al-Shifa en Gaza (véase comunicado de prensa) ante la imposibilidad de los médicos y enfermeros de atender correctamente a los numerosos pacientes graves que llegan continuamente a este centro hospitalario.

Revelaciones recientes en Estados Unidos

Realizada el 12 de diciembre una votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, es interesante observar que fue el día siguiente que una gran cadena norteamericana de noticias reveló que, según un informe interno de Estados Unidos, gran parte de los bombardeos en Gaza son realizados por Israel desde el 7 de octubre con artefactos que no cuentan con ningún mecanismo de precisión moderna, denominados «dumb bombs» (véase artículo de CNN titulado «Nearly half of the Israel munitions dropped on Gaza are imprecise «dumb bombs» US intelligence assesment finds«, cuya lectura se recomienda). Una entrevista con dos ex militares norteamericanos sobre esta revelación (véase texto) permite conocer más de la práctica de los bombardeos aéreos y de lo inédito que resulta la opción usada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre.

Se trata de una revelación que viene a desdecir el argumento oficial israelí de supuestas «bombas inteligentes» usadas por Israel en Gaza, y que viene a confirmar, desde la perspectiva del derecho penal internacional, la comisión reiterada de crímenes de guerra por parte de Israel, al usar este tipo de artefactos en una zona tan densamente poblada como Gaza. No es la primera vez que argumentos contundentes de Israel resultan falaces: este artículo de The Guardian del 17 de noviembre y este reportaje posterior publicado en The New York Magazine hacen ver que el supuesto «centro de operaciones» del Hamás debajo del hospital Al-Shifa en Gaza nunca se encontró.

Finalmente el programa CheckNews del periódico Libération en Francia recientemente (11 de diciembre) ha logrado demostrar que muchos de los relatos oficiales en Israel sobre el acto perpetrado el 7 de octubre por el Hamás no se logran verificar, pese a haber sido abundantemente difundidos en diversos medios de prensa israelíes e internacionales (véase artículo titulado: «Israël, 7 octobre. Un massacre et des mystifications«, reproducido por la ONG francesa AURDIP).

En el referido informe de situación al 18 de diciembre realizado por Naciones Unidas se lee que:

«The following are among the deadliest incidents reported on 17 and 18 December:

– On 17 December, at about 19:00, at least 55 Palestinians were reportedly killed, including more than 15 children, many others injured, and more than 100 reported as missing when several houses in a residential block were reportedly hit in Old Gaza Street, Jabalya city, North Gaza.

– On 17 December, at about 11:30, 14 Palestinian were reportedly killed, and tens injured, when the Al Hinnawy School in western Khan Yunis, southern Gaza, was reportedly struck.

– On 17 December, at about 19:00, 17 Palestinian were reportedly killed, and tens were injured, when several areas in eastern Khan Yunis, southern Gaza were reportedly struck«.

No está de más señalar esta reciente iniciativa de un Senador en Estados Unidos con el fin de aplicar a Israel el mismo tipo de condicionamientos a la exportación de material militar norteamericano a otras latitudes, invocando la sección 502 B de la Foreign Assistance Act de 1961.

Estados Unidos: una maniobra inicial para ganar tiempo en el Consejo de Seguridad

Los diplomáticos en Nueva York y los analistas y comentadores internacionales tienen muy presente aun lo que ocurrió el 18 de octubre en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos sorprendió a gran parte de los observadores y a varios integrantes del Consejo de Seguridad al vetar una resolución propuesta por Brasil que había sido objeto de varias largas jornadas previas de negociación. Muchos Estados pensaban que Estados Unidos ya no objetaría el texto acordado, al contemplar en su última versión las objeciones norteamericanas. El texto de aquella resolución vetada se encuentra al final de nuestra nota titulada «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil», e incluye el calificativo de «terrorista» al referirse al ataque perpetrado por el Hamás el pasado 7 de octubre, incorporado a petición de Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, aquel veto de Estados Unidos del 18 de octubre puede considerarse como una sutil maniobra dilatoria de manera a otorgarle a Israel un tiempo prudencial para lograr alcanzar sus objetivos en Gaza, 10 días después del ataque que sufrió en su territorio por parte del Hamás. Las declaraciones de varios delegados haciendo ver su sorpresa y su profunda molestia ante el veto ejercido por Estados Unidos pueden ser revisadas en el acta de sesión S/PV.9442 del 18 de octubre.

No obstante, al 18 de diciembre, se han cumplido ya no10 días, sino 71 días desde el 7 de octubre, sin que Israel logre en lo más mínimo alcanzar sus pretendidos objetivos militares: la estructura militar del Hamás sigue operando en Gaza, así como sus principales jefes, al tiempo que los rehenes israelíes en posesión del Hamás no han logrado ser localizados y mucho menos recuperados por las fuerzas militares israelíes. Tres de ellos fueron ultimados por las mismas fuerzas militares israelíes, pese a salir de los escombros con una bandera blanca y pidiendo auxilio en hebreo (véase muy completa nota publicada en TimesofIsrael). Con respecto a este episodio, el precitado experto militar galo indicó (véase su nota) que:

«Quant aux trois otages dont l’armée israélienne a annoncé qu’elle les avait tués accidentellement, il convient d’insister non pas sur l’erreur de Tsahal mais sur l’incompatibilité entre l’opération militaire qu’elle mène actuellement – une offensive de grande intensité et en tir libre –, avec une opération de recherche et de sauvetage d’otages (de type search and rescue). Ces trois otages tués par Tsahal ne sont pas un accident, mais la conséquence d’une telle opération militaire, de dévastation«.

A modo de conclusión

Día tras día desde el 7 de octubre del 2023, es la población civil indefensa de Gaza la que sufre bombardeos incesantes y continuos, confirmándose que lo que Israel está llevando a cabo es una acción punitiva colectiva contra una población civil, a modo de represalia por el ataque sufrido el 7 de octubre perpetrado por el Hamás en territorio israelí.

Israel está perdiendo los apoyos con los que siempre ha podido contar dentro de Naciones Unidas en este mes de diciembre del 2023: el simple hecho que Australia y Canadá votaran a favor de la resolución adoptada el 12 de diciembre, así lo evidencia.

Es probable además que la desconfianza se haya ido instalando en el seno de varios Estados usualmente cercanos a las autoridades israelíes; desde la misma Israel, los cuestionamientos son cada vez mayores por parte de las familias de los rehenes y buena parte de la población: remitimos en particular a este artículo publicado el 17 de diciembre en Magazine+917 (Israel) titulado «‘The hostages weren’t our top priority’: How Israel’s bombing frenzy endangered captives in Gaza«.

Tal y como concluíamos nuestras reflexiones sobre el abrumador voto del pasado 12 de diciembre observado en Nueva York,

«Con esta abrumadora mayoría obtenida en favor de un cese del fuego humanitario este 12 de diciembre, precedida por la carta del secretario general de Naciones Unidas dada a conocer el 6 de diciembre en igual sentido, y por el solitario veto de Estados Unidos observado el 8 de diciembre en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se confirma el aislamiento total de Israel. A la vez, estos resultados colocan al principal aliado de Israel (Estados Unidos) en una posición indefendible ante la opinión pública internacional, así como ante la misma opinión pública norteamericana«.

 

Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia (UNED) Costa Rica, ante el conflicto Palestino Israelí

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CONSIDERANDO:

  1. El evento armado ocurrido el pasado 7 de octubre mediante el cual la organización Hamás atacó a un grupo de personas de la población civil israelita, provocando la muerte de poco más de 1000 ciudadanos y ciudadanas.
  2. La respuesta desmedida, a ese suceso, por parte del Gobierno y Ejército israelí, con los ataques militares contra la población palestina en búsqueda de los responsables de Hamás, han provocado la muerte de más de 17.000 personas, la mitad de ellas, niños y niñas.
  3. Como respuesta, al acto del 7 de octubre en su contra, el gobierno y el ejército israelí, con conocimiento previo de las acciones violentas e indiscriminadas, declararon que no se someterían a ningún Tratado Internacional de Guerras, ni a Tribunales Internacionales de ningún tipo, ni aceptarían que ninguna autoridad política o militar de Israel fuera llevada a estrados judiciales internacionales.
  4. Que, las acciones militares y bélicas que realiza el Gobierno y el Ejército israelí en la Franja de Gaza, se llevan a cabo contra una población totalmente atrapada en su pequeño territorio, de 320 kilómetros cuadrados, considerado como uno de los territorios más densamente poblados del mundo, con casi 6000 habitantes por kilómetro cuadrado. Con lo cual las acciones contra las instalaciones y edificios habitacionales provocan más muertes, por la forma hacinada en que viven sus casi tres millones de habitantes. Por lo anterior, se ha llegado a denominar el territorio de Palestina como la “Cárcel a cielo abierto” más grande del mundo.
  5. Que, el Derecho Internacional Humanitario, como legislación supranacional normativa, establece, que las partes en un conflicto armado, deben elegir métodos o medios para hacer la guerra dentro de ciertos límites, que impiden que las poblaciones y bienes civiles, como tales, no serán objeto de ataques militares, aun cuando se crea que cierta infraestructura civil es utilizada con fines bélicos, por lo que no podrán ser tampoco sujetos de bombardeos masivos; situación que no está siendo respetada en los enfrentamientos armados contra la población que vive en Gaza y contra las instalaciones de infraestructura habitacional, hospitalaria, educativa y religiosa de Gaza.
  6. Que, los datos suministrados por la agencia de la ONU, que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina por un futuro digno, (UNRWA, por sus siglas en inglés), y la UNICEF, expresan que un niño o niña muere cada 15 minutos en Gaza, como consecuencia de las acciones armadas que ejecuta Israel en su persecución del grupo armado Hamás, que más de 370.000 niños y niñas han sufrido alguna lesión provocada por el conflicto armado, aparte de los que han quedado en la orfandad, han perdido familiares cercanos y han sufrido la destrucción de sus hogares y comunidades.
  7. Que, la destrucción, por los ataques aéreos y terrestres que ha realizado el Ejército israelí, según la UNICEF, ha dañado más de 250 escuelas y destruido por completo a un poco más de 25 centros educativos. Y, que, los recintos escolares que aún quedan en pie son utilizados como refugios y atienden a más de 280.000 personas desplazadas. Impidiendo el desarrollo del curso lectivo para miles de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la Franja de Gaza.
  8. Que, de acuerdo con UNICEF, el 96% del acuífero de Gaza se encuentra contaminado, por lo que la ONU advirtió, este mes de noviembre, que al agotarse las fuentes de agua en toda la Franja de Gaza, se podrían generar aún más miles de muertes en niños y niñas por deshidratación severa y agravar más a la población con otras enfermedades.
  9. Que lo actuado anteriormente al cese de fuego, con la suspensión de servicios como la electricidad, el agua, los combustibles, las medicinas, los alimentos y otros insumos, que Israel proveía para el sostenimiento de la vida en Gaza, a raíz de la guerra, se consideran crímenes de guerra.
  10. Que, forzar a los gazatíes a abandonar la Ciudad de Gaza, previo a los bombardeos del ejército de Israel, constituye un crimen contra la humanidad al privar a sus ciudadanos y ciudadanas de sus lugares de origen sin la garantía de retorno, lo que ha sido condenado por la ONU.
  11. Que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su Artículo 6, define “Genocidio” de la siguiente manera:

“Artículo 6

Genocidio

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

  1. a) Matanza de miembros del grupo;
  2. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
  3. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
  4. d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
  5. e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Por lo anterior, la Benemérita Universidad Estatal a Distancia (UNED) Costa Rica, acuerda lo siguiente:

  1. Condenar vehemente el ataque del grupo militar Hamás, realizado el 7 de octubre pasado en Israel. Así mismo, rechazar y desaprobar la reacción militar desmedida de Israel contra Palestina, hasta el día de hoy que no se ha llegado a un acuerdo definitivo al cese al fuego entre ambas partes, especialmente del ejército de Israel que tiene la iniciativa y el dominio del escenario por el cual se han cobrado miles de vidas inocentes de la población civil Palestina.
  2. Condenar y rechazar, como forma de lucha política, todo tipo de actos terroristas, de cualquier naturaleza que sea.
  3. Condenar y rechazar los actos de secuestros de personas como métodos político-militares de lucha.
  4. Condenar y rechazar cualquier práctica de torturas, y de vejaciones contra personas detenidas.
  5. Condenar y rechazar las desapariciones físicas de detenidos políticos y militares.
  6. Condenar y rechazar las ejecuciones sumarias de detenidos políticos y militares.
  7. Condenar y rechazar como forma de vida política todo tipo de organización estatal terrorista.
  8. Condenar y rechazar los actos de bombardeo aéreo, y de artillería terrestre, ejecutados por el Gobierno y el Ejército israelí, orientados a destruir las bases escolares, hospitalarias, de sanidad y salubridad en general, de suministros de agua potable, de abastecimiento de electricidad y de obras de infraestructura, puentes, carreteras, caminos, que provocan un aislamiento criminal sobre la población que no permite casi ninguna posibilidad de alimentación e hidratación.
  9. Condenar y rechazar el muro de la indignidad humana que aísla a toda la población de Palestina.
  10. Condenar el cerco aéreo, terrestre y marítimo impuesto por Israel, a los palestinos de la Franja de Gaza, que les impide la llegada de suministros humanitarios enviados por organismos internacionales y les impide la salida voluntaria de ese escenario de guerra.
  11. Condenar y rechazar los actos militares desproporcionados de parte del gobierno y del ejército israelí que han provocado en la población palestina de la Franja de Gaza, una matanza en la que la mitad de los fallecidos son niños y menores de edad, y personas sometidas a cuidados hospitalarios.
  12. Señalar que en la Franja de Gaza los actos militares y bélicos cometidos por el gobierno y el ejército israelí, vulneran sistemáticamente los derechos humanos de la población civil envuelta en ese escenario de guerra, en especial por pertenecer a poblaciones en condición de vulnerabilidad como lo son la niñez, adolescencia, vejez, discapacidad y género.
  13. Pedimos y apoyamos el cese del bombardeo indiscriminado, y se establezca de manera definitiva, el cese del fuego criminal para evitar un genocidio, que se produciría por órdenes del primer ministro de Israel y de los altos jefes militares de su Ejército, contra la población civil de Palestina.
  14. Que apoyamos el esfuerzo político diplomático que se ha realizado, de una tregua en las operaciones militares, que ha permitido poner en libertad a una buena parte de los casi 250 secuestrados por el grupo Hamás, y a una buena parte de los casi 800 presos políticos palestinos, que incluyen menores de edad, que están en las cárceles israelitas.
  15. Que los detenidos por la ocupación israelita en la franja de Gaza, no deben ser sometidos a ningún tipo de vejación humana para respetar íntegramente los derechos humanos y la dignidad humana.
  16. Que apoyamos todos los esfuerzos internacionales que se realizan para poner fin militar a esta masacre que se está realizando contra el pueblo palestino.
  17. Que apoyamos la paz mundial, y regional, como la mejor forma de convivencia de los pueblos, por un mundo mejor.
  18. Que apoyamos la tesis de que el Pueblo Palestino debe tener su propio Estado Palestino, con su propio gobierno autónomo, independiente y soberano.
  19. Que en el territorio que hoy ocupa Israel y los habitantes de la Franja de Gaza deben constituirse, con intervención de la Organización de las Naciones Unidas, dos Estados, en igualdad de condiciones, el Estado de Israel y el Estado de Palestina.
  20. Que apoyamos las gestiones, que se impulsan internacionalmente, para llevar a la Corte Penal Internacional de Justicia a los responsables políticos y militares de la masacre que se están cometiendo contra el pueblo palestino por parte de las autoridades políticas y militares de Israel.
  21. Que Israel debe dejar, y debe abandonar, los territorios que desde 1967 viene ocupando, en la región de Palestina;
  22. Que Israel debe cesar sus procesos de colonización y expulsión de palestinos de sus tierras.
  23. Que Israel debe someterse a acatar los mandatos y resoluciones que, sobre estas tierras ocupadas y colonizadas palestinas, ha señalado y resuelto la Organización de las Naciones Unidas.
  24. Que apoyamos todos los esfuerzos político-diplomáticos que se realizan en procura de un efectivo y definitivo cese al fuego de carácter humanitario que permita hacer llegar, a las partes que sufren el conflicto armado, la ayuda humanitaria necesaria; y facilitar que la niñez y adolescencia puedan continuar con su formación, que se ha visto injustamente interrumpida.
  25. Que apoyamos todas las acciones y políticas internacionales que buscan lograr que la ayuda humanitaria llegue adecuadamente a todas las personas en el conflicto, que así lo necesiten, que comprende alimentos, medicinas, educación, profesionales de salud, de ingeniería o cualquier otro tipo de ayuda humanitaria que permita reestablecer con eficiencia y celeridad los servicios básicos a la población civil de la Franja de Gaza para asegurar la subsistencia vital y conservar así la vida.
  26. Que apoyamos todas las acciones internacionales que se orientan, rigiéndose por los valores y el derecho internacional humanitario, a no permitir el uso desproporcionado de la fuerza y las armas; que solicitan dejar por fuera de los ataques militares a la población civil, en particular a la niñez y adolescencia, a la vejez y mujeres de ambas partes en conflicto.
  27. Que apoyamos las gestiones internacionales que se hacen para que se abran todos los pasos fronterizos con la franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria y, para que los niños o niñas, adolescentes, personas adultas mayores heridas o enfermas sean evacuadas y se acompañen por sus familiares.
  28. Que apoyamos los esfuerzos y acciones que se realicen, con apoyo internacional, para la reconstrucción de edificios como escuelas y hospitales para reestablecer la mejor atención posible a la población civil; así como las labores de recuperación del agua potable y medio ambiente, que han sido perjudicados por este enfrentamiento armado.
  29. Que cese el desplazamiento forzado de personas provocado por la ocupación militar en la Franja de Gaza y cualquier otro tipo de crimen de guerra que atente contra los derechos humanos de la población civil en ese lugar.
  30. Incentivar a la comunidad universitaria a generar espacios de discusión académica, de análisis y educativos sobre esta temática.
  31. Dar la mayor difusión al presente pronunciamiento.

Acuerdo firme de la Sesión del jueves 7 de diciembre del año 2023

Guatemala: Corte IDH ordena dejar sin efecto trámite de iniciativas de ley de amnistía para crímenes del conflicto armado

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • La resolución del más alto tribunal de derechos humanos de la región señala que de seguir adelante con la tramitación de las iniciativas que pretenden amnistiar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, constituiría un desacato y tendría un impacto irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Guatemala y Costa Rica. 27 de octubre de 2023. En una resolución dada a conocer el lunes 23 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas de protección del derecho al acceso a la justicia otorgadas a víctimas de 14 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y ordenó al Estado de Guatemala que cese el trámite de las iniciativas de ley que pretenden establecer una amnistía, o que las deje sin efecto, en caso de que alguna resulte aprobada.

La Corte IDH se refiere a los proyectos de Ley 5920, que se encuentra en estudio en la Comisión de Gobernación y la Comisión de la Defensa Nacional, y 6099, que fue aprobado con dictamen favorable por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Desde entonces, ha sido remitida en dos oportunidades para su consulta ante la Corte de Constitucionalidad, siendo rechazada por incumplimiento de los requisitos legales.

Ambas iniciativas de Ley son variaciones de la iniciativa 5377 de Ley de Amnistía que se tramitó en 2019 y fue archivada por la CC en 2021, debido a que vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos Molina Theissen, Bámaca Velásquez y la Masacre de Las Dos Erres.

En su resolución, el Tribunal considera que en tanto las iniciativas de Ley imponen la revisión de oficio de condenas por delitos cometidos durante el conflicto armado, así como de cualquier proceso penal o investigación en curso relacionada con delitos cometidos durante este, se pone en peligro la justicia ya obtenida o en camino para las víctimas y se aseguran beneficios inmediatos para sindicados, imputados y condenados, quienes podrían acceder a una libertad inmediata. Advierte además que, al continuar con la intención de aprobar esta clase de amnistías que procuran la impunidad, Guatemala estaría incurriendo en desacato de la resolución de la Corte Interamericana de 12 de marzo de 2019, que ordenó el archivo de la iniciativa 5377 por estas mismas razones.

Otro aspecto por destacar es que la Corte IDH se refiere a los obstáculos que han enfrentado los operadores de justicia a cargo de este tipo de casos cuando han logrado avances en el procesamiento y sanción de los responsables. Abogados, fiscales y jueces se han visto sujetos a actos de intimidación, acciones judiciales, así como campañas de desprestigio y estigmatización, como en el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio; y en el del juez Pablo Xitumul, quien llevaba el proceso por desaparición forzada en contra de Marco Antonio Molina Theissen. En consecuencia, la Corte considera que estas circunstancias excepcionales generan un alto riesgo de que a nivel interno no se pueda ejercer un adecuado control judicial en caso de aprobarse dichas iniciativas de ley.

Para las organizaciones integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH contra Guatemala, que agrupa a representantes, víctimas y familiares, la resolución de la Corte IDH llega en el momento oportuno pues no se debe permitir el avance de leyes pro-impunidad. “A la luz de sus obligaciones internacionales, el Estado guatemalteco debe llevar a cabo los procesos penales con todas las garantías, especialmente la debida diligencia, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Argumentos a favor de la extinción de la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes para mantener “la paz” son inadmisibles.

“Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia, es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”, señaló Gisela De León del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lea la resolución completa aquí

Integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento:

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achi (ADIVIMA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH)

Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Familia Molina Theissen

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Pedro Chitay (Caso Chitay Nech)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)

Representantes en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar)

La Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala está conformada por personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Corte IDH, con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal interamericano al Estado de Guatemala.

El Partido Acción Ciudadana ante la amenaza de escalada de violencia del conflicto en Gaza

Escrito el . Publicado en Derechos.

San José, Costa Rica, 13 de octubre del 2023

El Partido Acción Ciudadana se suma al llamado que hacen las NNUU y sus agencias para que se suspenda la orden de evacuación de la población civil y no combatiente del norte de Gaza según lo ha demandado el gobierno de Israel.

La población civil y no combatiente de Gaza se encuentra sometida a un bombardeo indiscriminado y sufre los devastadores efectos de un bloqueo total impuesto por Israel que les impide el acceso a alimentos, agua potable y energía cuya escasez pone en riesgo la vida de millones de seres humanos.  Estas condiciones constituyen una violación flagrante a los principios y normas del Derecho Internacional humanitario. También imposibilitan un desplazamiento masivo como el que Israel demanda de forma perentoria, dada la precariedad en que se encuentra la población y los miles de personas heridas que se hacinan, sin ser atendidos adecuadamente, en los saturados centros médicos de Gaza.

El Partido Acción Ciudadana se suma de esta manera a las voces de la Comunidad Internacional que alertan sobre las funestas consecuencias humanitarias que tiene el bloqueo total de Gaza, así como las que tendría la realización de masivas operaciones militares terrestres en una de las zonas más densamente pobladas del mundo.

Comisión Política
Comité Ejecutivo Nacional

Imagen ilustrativa.