Freddy Pacheco León

Algo muy importante para los costarricenses, es sentir que sus gobernantes, aunque se pudieren equivocar, sean, además de prudentes, competentes. Conocedores de las normas legales básicas que nos rigen desde hace decenas de años, por lo menos, para que con su accionar despierten en la población un sentimiento de seguridad; de que el barco no va a la deriva acercándose a un arrecife coralino de escasa profundidad.

Comentamos lo anterior pues los actos conducentes a destrozar la «cabeza» de la Caja Costarricense del Seguro Social, obviamente vienen acompañados de decisiones sin sustento, como el que resumimos a continuación.

Resulta que en dictamen de la Procuraduría General de la República del 14 de enero del 2002, sobre una sustitución no realizada del representante del sector cooperativo en la junta directiva de la Caja, se lee que al existir un cargo titular vacante, dicha junta «no puede sesionar válidamente». Ello en referencia a que, en la Caja, como en otras juntas directivas, se aplica el llamado «quórum estructural», referido al «número de miembros del órgano colegiado que deben estar presentes durante las sesiones para su validez». Así, de faltar tan solo un miembro, no se cumple el requisito del quórum estructural y como consecuencia, no se puede sesionar legalmente.

Pues bien, ante algo tan básico, no comprendemos cómo la presidenta ejecutiva de la Caja, señora Marta Esquivel, ha informado formalmente que esperará el nombramiento del representante del Poder Ejecutivo para contar con el quórum mínimo y reiniciar las sesiones.

Con esa muestra de imprudencia e incompetencia gubernamental, sentimos que al suspender a cinco directivos, el poder ejecutivo, otra vez mal asesorado jurídicamente, no se percató de las consecuencias de dejar a la Caja sin una junta directiva legalmente estructurada, y por ende, sin poder sesionar, aunque la señora Esquivel y el presidente Chaves, piensen lo contrario.