La Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Centroamérica y el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos protagonizados por el Ministerio Público guatemalteco.
Este viernes 17 de noviembre, inició con una nueva persecución penal y captura de una treintena de personas académicas, políticas del Movimiento Semilla e integrantes de la sociedad civil, quienes han tenido roles protagónicos en el enfrentamiento de lo que se denomina “pacto de corruptos” y a favor de la democracia en su país.
En horas de la tarde, el proceso se extendió con solicitudes de antejuicio contra el presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como contra diputados y diputadas electas.
Como comunidad universitaria denunciamos que el llamado caso “Toma de la USAC: botín político” pretende criminalizar acciones de protesta legítimas que, integrantes de la vida universitaria guatemalteca protagonizaron en defensa de la autonomía universitaria y contra de la corrupción en la elección de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Entre las personas detenidas se encuentran Marcela Blanco, la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla y estudiante de la Universidad Rafael Landívar. También, el Dr. Eduardo Antonio Velázquez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y académico de la USAC, así como, el estudiante de la USAC Camilo García.
Nos unimos a las múltiples voces que denuncian este evidente acto de criminalización y amedrentamiento del pensamiento crítico y el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Además, alertamos del duro golpe que significan estas capturas para la autonomía universitaria en nuestra región centroamericana.
Por último, no podemos dejar de señalar el abuso de las potestades del Ministerio Público para intervenir en las decisiones tomadas en las urnas y legítimamente, por el pueblo guatemalteco.
Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.
Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.
El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.
Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.
El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.
Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.
FIRMAN La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) American Jewish World Service (AJWS) BeJust Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) RFK Human Rights American Friends Service Committee (AFSC) Luis von Ahn Foundation International Service for Human Rights (ISHR) Comisión Internacional de Juristas Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Latin American Working Group (LAWG) Protection International (PI)
Las Américas, 18 de septiembre de 2023.Las organizaciones internacionales firmantes nuevamente rechazamos las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala que buscan obstruir el proceso electoral que dio como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.
El 12 de septiembre, por cuarta ocasión, el Ministerio Público realizó allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó y registró el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y abrió cajas donde se encontraban boletas electorales, con lo cual violentó la cadena de custodia de los votos que había garantizado el TSE. Los magistrados y magistradas del TSE plantearon un amaro para tratar de frenar las diligencias del MP porque violan la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.
A pesar de las reiteradas muestras de preocupación expresadas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, diversos Estados y las manifestaciones ciudadanas, la fiscal general Consuelo Porras continúa abusando de su poder y extralimitándose en sus funciones, y sigue criminalizando y acosando al TSE y al partido Movimiento Semilla.
Por ello consideramos que, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, programada para hoy, se debe aplicar la Carta Democrática que, en su artículo 20, faculta a los países del hemisferio a realizar una apreciación de la situación y promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es importante recordar que, en la pasada sesión del Consejo Permanente del 1 de septiembre, el propio Estado de Guatemala reconoció que el Ministerio Público ha intimidado al TSE y al partido Movimiento Semilla, y no se han tomado acciones para detener esto.
La fiscal general Consuelo Porras sigue utilizando el Ministerio Público con fines políticos y está generando una crisis innecesaria en el país. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el Ministerio Público debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, sin embargo, la fiscal general está violando las normas nacionales e internaciones. Además, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y su reelección en 2022 fue seriamente cuestionada por presionar a miembros de la comisión de postulación para que la incluyeran en el listado del cual la nombró el presidente Alejandro Giammattei.
Las organizaciones internacionales nos unimos a las voces de la población guatemalteca que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y la destitución inmediata de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso porque están abusando de su poder, violentando la Constitución y poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es importante que se garanticen las condiciones jurídicas y políticas adecuadas para que pueda continuar el proceso de transición y las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024.
Señor Luis Almagro Lemes Secretario General Organización de Estados Americanos-OEA Washington, D.C.
Excelentísimo Dr. Almagro:
La Misión Observatorio Transnacional de Mujeres y las organizaciones firmantes, realizamos un ejercicio de Observación electoral, avalada por el Tribunal Supremo Electoral de la República Guatemala (#DCOOP-O-807-08-2023), los comicios realizados el 20 de agosto del 2023. Mismo que se ha extendido debido a las condiciones políticas que están amenazando la garantía de los derechos de la ciudadanía que se expresó en las urnas, dando como resultado un 60 por ciento de votos a favor del partido Movimiento Semilla.
Expresamos nuestra profunda preocupación y consternación por las acciones realizadas por el Ministerio Público, reconocidas como indebidas incluso en la Resolución del cuerpo rector Interamericano que usted dirige, la Organización de Estados Americanos, OEA, emitida el 1 de septiembre 2023, Referencia: E-038/23. Lamentablemente, el pasado 12 de septiembre, las acciones de judicialización han escalado a una violación flagrante de los derechos cívico-políticos de la población guatemalteca. Estas acciones contravienen la Ley Electoral y de Partidos Políticos que tiene rango constitucional. En ningún artículo faculta a otra autoridad a revisar las cajas que contienen el material utilizado en las votaciones —votos emitidos, votos en blanco, padrón con las firmas de las y los ciudadanos que emitieron su sufragio y actas originales firmadas por las Juntas receptoras de votos.
Con base a estas consideraciones, solicitamos de manera urgente convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para emitir una resolución que aborde las acciones que obstaculizan el proceso de transición democrática. Que, además, irrespetan la soberanía popular, vulneran la institucionalidad y colocan en grave riesgo la paz social en Guatemala y la Región.
La consolidación de la democracia es una responsabilidad colectiva. Agradecemos su gestión frente al máximo organismo multilateral Interamericano que usted dirige para tomar acción inmediata.
Nosotras, Representantes de las Organizaciones abajo suscritas:
Latinas en Poder (Red Transnacional). AfroAmérica XX1. Asociación Civil Colectivo para la Participación de la Infancia y Juventud. Asociación de Mujeres Alas de Mariposas. Asociación\Ixoqib’ MIRIAM. Asociación Política de Mujeres Mayas. Asociación Pop Noj´. Escuela de Formación Política para Mujeres Afrodescendientes y Garifuna. Fundación Tierra Nuestra. Livingston Emprende. Red de Mujeres Landivarianas. Voces de Mujeres. Alianza por la Madre Tierra. Asociación de Mujeres de El Salvador, CONAMUS. Asociación de Mujeres Rurales. Católicas por el Derecho a Decidir. RACDES, Red Ambientalista de El Salvador. Semillas de Libertad. Asociación de Mujeres Afrodescendientes. Madre Tierra. Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres. Asociación de Mujeres Afrodescendientes (EUA). Asociación de Mujeres Garífunas y Mixtas. Panes de Coco. Red de Mujeres MIMNPAW. Cafami. Caminantas. Circulo Feminista Jurídico. Las Vanders. Red de Mujeres Zoques. Red Nacional de la Defensa de la Milpa y Biodiversidad. Red SurAmericana para las Migraciones Ambientales. Con las Amigas y en la Casa Observadoras de la Ley de Aborto. Mujeres Migrantes. Voz Alternativa.
El respaldoal proceso electoral. Población, organizaciones e instituciones
Luego de la manifestación del sábado 2 de setiembre y de otras muestras de apoyo a los resultados electorales del 20 de agosto; así como de distintas muestras de rechazo hacia los corruptos, se puede decir que en lo que respecta al respaldo popular, el proceso para cumplir con lo que manda la Constitución Política, cuenta con apoyo suficiente.
Por otro lado, la camarilla corrupta “judicializadora”, no cuenta, o sólo contaría de manera parcial, con el apoyo de fuerzas internas como el Cacif; y por su parte, las fuerzas militares no dan muestras de apoyarlos.
Los representantes de los 48 Cantones mostraron su preocupación puesto que los procesos legales se están aplicando de forma ilegal y los que están haciendo esto es un pequeño grupo y quieren tener la cooptación del Estado a través del congreso.
La organización Magisterio de Alta Verapaz en Resistencia, en el mismo sentido se está pronunciando en contra de “el pacto de corruptos”, contra el saqueo de Guatemala, en contra de obstaculizar y destruir la voluntad soberana del pueblo y a favor de la “incipiente y frágil” democracia que el pueblo está ejerciendo.
La organización Unidos por la Democracia, se pronunció también en defensa de la democracia y los principios constitucionales, ante las arbitrariedades y violaciones cometidas por juez y fiscales.
Por otro lado, lo que expresó el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa, va en el sentido de afirmar que en la democracia, las elecciones se debe respetar, y, por lo tanto, el gobierno electo asume la representación de la soberanía del país, que le fue delegada por el pueblo de Guatemala.
En ese sentido, las interferencias a este proceso desdicen de la democracia y hacen preguntarse sobre el carácter y la voluntad democrática de entidades y funcionarios que actúan intentando encharcar el proceso electoral, por medio de actividades que no parecen legítimas ni democráticas.
Las voces del Movimiento Semilla se pronuncian y gestionan lo correspondiente.
Por su lado, también hacen lo mismo otros actores, organizando manifestaciones de protesta frente a distintas instituciones como el Ministerio Público.
Las redes sociales han jugado un papel primordial en la circulación de información. La fiscal Consuelo Porras en un intento de criminalizarlas, solicitó un amparo que le fue rechazado.
Por estos medios, en las últimas horas, ha circulado información atribuida a la periodista Berta Mendoza, referida a que el juez Fredy Orellana habría recibido 22 millones de quetzales, por hacer su parte en la tarea de persecución en contra de Semilla.
El respaldo internacional
Si vemos lo mostrado en instancias internacionales, tanto europeas como interamericanas, dicho proceso también cuenta con ese apoyo.
La Unión Europea
El representante de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y diputado del Parlamento Europeo Jordy Cañas manifestó su mensaje en cuanto a que las lecciones y el proceso electoral, muestran el profundo compromiso de la población guatemalteca con la democracia y con el sistema electoral.
En cambio, las amenazas que han envuelto el proceso electoral lo han puesto en riesgo; y se debe respetar la democracia y sus procesos y en ese sentido los resultados electorales.
En el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos
La Secretaria Ejecutiva de la CIDH, mostró su preocupación en ese mismo sentido, pues el 28 de agosto, el TSE oficializó el resultado electoral del 20 y ese mismo día el registro de ciudadanos suspendió la inscripción del partido Semilla, en cumplimiento de una orden del juzgado sétimo de primera instancia penal, en el marco de una investigación de la fiscalía especial contra la corrupción. Lo que contravendría, primero, la decisión de la Corte Constitucionalidad; segundo, tendría por finalidad impedir la toma de posesión de la presidencia y la vicepresidencia, por parte de los integrantes del partido electo y para otros cargos públicos; y tercero, esta decisión habría sido ordenada sin cumplir con las causales y el proceso de la ley electoral y los partidos políticos, lo cual constituye una sanción arbitraria y desproporcionada que restringe la libertad de asociación y derechos políticos y socaba el estado de derecho; derivado esto, desde la instrumentalización del derecho y la falta de independencia del Ministerio Público.
A su vez, el jefe de la misión electoral de la OEA, Heladio Loizaga, expresó su reconocimiento a la población guatemalteca, respaldó la actuación del Tribunal Supremo Electoral, a las juntas receptoras de votos; en un contexto marcado por la extrema judicialización, la desinformación, la polarización y las amenazas a la institucionalidad electoral, incluso por otros órganos del Estado.
La embajadora de Costa rica, Alejandra Solano, mostró su preocupación también por la excesiva judicialización del proceso electoral en Guatemala, la que ha producido una grave polarización.
Así mismo, expresó su preocupación sobre que ésta y otras acciones legales estén generando inseguridad jurídica y atentando contra la integridad del voto soberano emitido en las urnas.
Las relaciones con Estados Unidos
Como potencia continental y mundial, este país no respalda a la camarilla corrupta, como queda visto de acuerdo con la “Lista Engel”.
Como se sabe, esta Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, aprobada en el 2020, busca frenar la corrupción, en los países de esta subregión centroamericana, para incidir lo que ésta pueda causar en la migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos.
La “Lista Engel”, tiene entre sus propósitos, sancionar a personajes de la vida pública involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.
El secretario de estado Antony Blinken, envió al Congreso de EE. UU. dos listas en las que se incluye a la fiscal general Consuelo Porras y al secretario general del ministerio público Ángel Pineda.
Claridad sobre el estado de cosas
Si vemos la información, ésta a la vez que comporta el apoyo al proceso democrático, comporta también el rechazo y límite a sus obstáculos. Las cosas están dadas de tal manera, que no se puede el uno sin el otro.
El peso y el sentido de los factores están puestos y sin equívocos indican un camino.
La camarilla de la corrupción está acorralada y en solitario. Muestra vergonzosa de eso es que el secretario general de la OEA supervisará la transición de gobierno.
Por parte de la población hay claridad sobre que son pocos, y son “un grupito”
El vehículo es Semilla, el camino es hacia la democracia, el protagonista es el pueblo
La semilla fue sembrada y está germinando. La unión de esfuerzos constituye insumos para que crezca robusta.
Derrotar y salir adelante de todos los traspiés y trampas leguleyas, se constituyen en logros desde ya, y día a día consolidan el proceso con miras a asumir el 14 de enero con fortaleza y rostro de dignidad.
El pueblo es el que ya está en camino. El gobierno informal adquiere fuerza desde las calles con los ojos, oídos, manos y pulmones la población y sus expresiones.
La batalla en el organismo legislativo
Derrotar también las trampas en el interior del congreso, es una tarea que se impone.
Este organismo del Estado tiene leyes y reglamentos internos, que regulan su funcionamiento y el de sus órganos, presidencia, secretarías, comisiones. Es necesario conocer estas regulaciones y exigir su manejo según mandato.
Ya ha sido señalado por integrantes de este organismo, los manejos impropios por su Junta Directiva, ignorando iniciativas de ley o manejando a su conveniencia el uso de la palabra; cometiendo ilegalidades y arbitrariedades, por ejemplo, al “saltarse” la Ley electoral y de Partidos Políticos, siendo ésta una ley constitucional.
Este tipo de maniobras, entre otros propósitos, busca aislar al presidente de los diputados de su partido y en este sentido, reducir al mínimo su capacidad de gestión y su respaldo; evitar que éstos conformen una bancada, con lo que esto conlleva y entorpecer su desempeño en general en el organismo legislativo.
Poder real y poder formal
En esta “nueva primavera democrática”, es consustancial tener claros los alcances que el pueblo pueda lograr en el poder real y en el poder formal.
Por lo pronto, en el ámbito del poder formal, los logros se están alcanzando.
En el ámbito del poder real, es necesario un diálogo franco con los actores locales, así como con Estados Unidos, como se dijo arriba, como potencia continental y mundial.
Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala
Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.
A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.
Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.
Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.
Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.
Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.
Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.
Organizaciones firmantes: American Jewish World Service (AJWS) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Impunity Watch La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Latin America Working Group (LAWG) Plataforma Internacional contra la Impunidad
