La doctrina de la muerte y la doctrina de la vida: Canoa, Fuenteovejuna y Zapote

Luis Ernesto Araya Vargas
Antropólogo e investigador

Hace poco vi la película mexicana Canoa: memoria de un hecho vergonzoso (1976), del guionista, director y cineasta Felipe Cazals Siena, basada en la triste historia de una masacre, entre muchas, de funcionarios universitarios y estudiantes en Hispanoamérica bajo la doctrina de muerte de la “Seguridad Continental”. Sucedió el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, entonces un poblado de hablantes de náhuatl a 12 km de la ciudad de Puebla, capital del estado. Existe abundante documentación en prensa gráfica y documental. Les invito a verla si tienen la fortaleza.

Desconocía el hecho, y vinieron a mi memoria imágenes del 7 de agosto de 1995 frente a Casa Presidencial, en Zapote, San José, Costa Rica. En esa ocasión, según denuncias de la época, fue la policía política del régimen de “Chemise”, el CIP, la que se lanzó contra los manifestantes de la huelga del magisterio, luego de utilizar estrategias de contrainsurgencia y contrainteligencia para provocar la violencia. Sus víctimas también fueron del sector educativo: sindicalistas, jubilados, profesores, estudiantes, etc.

Esta compulsión violenta o misoginia opresiva es característica de regímenes autoritarios como el costarricense, de corte policial, que por un lado obvia las necesidades de infancias, adultos mayores, mujeres, hombres y otras minorías para sustituirlas por las de transnacionales, complejos extractivistas militares y mafias de contrabandistas regionales. Cuando las políticas públicas se vuelven en contra de la población es porque han sido asimiladas por la máquina continental del terror genocida y la dominación implementada por élites locales que permiten la infiltración de distintos parias en la institucionalidad al atacar los pilares del Estado de derecho, único garante de la “paz social”.

Podemos explicar este fenómeno de disociación cognitiva de la población, que no es capaz de notar la afectación tan grande a su soberanía, pues está sometida por el terror y el aparato mediático que la manipula. La soberanía nacional incluye la alimentaria, la económica, la educativa, la territorial y la cultural, todas necesarias para una identidad pluricultural integral.

En San Miguel Canoa observamos cómo se vilipendia el concepto de “soberanía del pueblo” debido a que la retórica del odio subvierte los contenidos de “lo bueno”, “lo aceptado” y “lo divino” a través de la coerción, trabajando junto al aparato de control ideológico. A través de un proceso continuo de genocidio cultural de más de 500 años, se arrebata la cultura nahua a los locales para transformarlos en “consumidores salvajes”, tan necesarios en las sociedades capitalistas, seres apáticos en el día a día. El analfabetismo en este caso es una condición previa de la dominación que facilita la deformación de la comunidad en muchedumbre asesina.

El concepto de “soberanía popular” o “soberanía del pueblo” fue acuñado por la academia en referencia a la obra literaria Fuenteovejuna, de Lope de Vega. La violencia ejercida sobre la comunidad u opresión no es nueva. Es una enfermedad social del poder presente en 1968 en Canoa, México; en 1995 en Casa Presidencial, Zapote, Costa Rica, y también en el municipio de Fuente Obejuna, Córdoba, España, en 1476.

Lope de Vega tuvo como fuente principal la Chrónica de las tres Órdenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara (1572), de Francisco de Rades y Andrada, complementada con la tradición oral de la España del siglo XV. Sobre la represión de 1995 en Costa Rica existe abundante información en medios de prensa escrita, así como recursos de hábeas corpus presentados a favor de las víctimas.

De igual manera, existe la intención de mantener el tema de las detenciones de 1995 alejado de la opinión pública, no solo por sus implicaciones políticas, sino porque el país carece de mecanismos efectivos que defiendan a las víctimas de la represión política y del abuso sistemático de sus derechos humanos, lo que favorece a las élites autoritarias y a la impunidad. Por ejemplo, no existe un reglamento o normativa que haga efectivo el Protocolo de Estambul, que permitiría sentar responsabilidades penales y civiles en casos de terrorismo de Estado.

Por supuesto que existen mafias en el poder que gustan de dejar estos portillos abiertos para operar impunemente, lo que es evidente en los tres casos abordados. Aunque el agente de la opresión como actor llega a desarrollar sus propias características en cada contexto, el análisis histórico nos permite profundizar en los antecedentes de la violencia, aproximándonos a las dinámicas actuales.

El ataque a la libertad de expresión y a los derechos culturales y humanos fundamentales de activistas y periodistas en el país, como Sylvia Ziesing, Erick Sojo (de Radio Zurquí) o Kevin López (Kevlo), es constante y, a mi juicio, obliga a cientos a refugiarse mes a mes, creando una crisis humanitaria de la que pocos hablan y de la que las autoridades son generadoras e invisibilizadoras.

Los mecanismos de la barbarie genocida utilizan lo mediático-ideológico para evitar que la verdad salga a la luz, pues el diálogo hace que el pus se evacue de las heridas abiertas para que puedan cicatrizar y el cáncer de la violencia desaparezca de las comunidades afectadas por el extractivismo. Son los agentes de la dominación quienes ejercen el control político manipulando el poder hegemónico dentro de las instituciones sociales (ideológica, militar, económica), creando la cortina de humo que anula la empatía.

En Canoa: el sacerdote y su cofradía de inescrupulosos, autoridades municipales, la policía y los pequeños propietarios de parlantes instalados en las esquinas del pueblo. El poder represivo delegado, desconcentrado y distribuido entre quienes operan en la impunidad. El 7 de agosto de 1995, día de San Cayetano, frente a Casa Presidencial en Costa Rica, los agentes de la dominación fueron la administración del expresidente José María Figueres Olsen, “Chemise” o “Chema”, cuyo ministro de Seguridad era J. D. Castro; los antimotines y la policía política del Centro de Investigación Policial, antecedente de la actual DIS. En la obra literaria de Lope de Vega, Fuenteovejuna, los agentes de la dominación son los Reyes Católicos, por voluntad divina, el burgués, el juez y el comendador mayor de la Orden de Calatrava.

Estos agentes atrofian las dinámicas comunitarias en donde la soberanía integra los tejidos del núcleo familiar, para someter a los individuos por coerción y manipulación. Para esto deben destruir lo comunitario, por lo que es relevante revisar los casos de Canoa y Fuenteovejuna, al ser arquetípicos y uno antítesis del otro. Además, comparten raíces culturales.

La comunidad española se libera de la opresión ostentando la soberanía y destruyendo la impunidad a través del levantamiento popular, mientras que en México el genocidio cultural, profundizado por centurias de continuismo, ha permitido la implementación de una mezcla de “caudillismo” religioso con “Seguridad Continental” a la mexicana.

En Canoa, el pueblo originario se encuentra encadenado por la retórica de la doctrina de la muerte, que se modifica según el enemigo creado, utilizando los principios de manipulación extractivista a medida. El diablo, los demonios y los universitarios o los funcionarios “comunistas” son personajes del constructo hegemónico fantástico y consolidan una cosmovisión deforme o aberrante, donde divinidades e inframundo forman parte del discurso planificado de la distopía para subvertir la verdad.

Su discurso está dirigido a quienes no tienen la costumbre de leer y contrastar la información o están coludidos con la represión. La esencia de la soberanía popular o “soberanía del pueblo” se manifiesta en las actividades comunitarias que reivindican lo propio y fortalecen el arraigo o vínculo con la tierra y la historia común. Son las comunidades las que empoderan a sus integrantes frente a la “tiranía” de la gentrificación y el genocidio cultural implementado por burócratas, funcionarios o representantes de transnacionales que poseen un acceso desmedido al poder. No se puede ignorar la posición comunitaria en las dinámicas de la dominación, pues el actor principal de la reivindicación es la comunidad y es, en su defecto, la víctima de la opresión.

A más de 500 años el uno del otro, los sucesos reflejan un conflicto entre el microcosmos comunitario y lo autoritario impuesto por una cultura hegemónica dominante, cuyo impacto fragmenta a los Estados nación al atacar su núcleo social. Los pueblos de Abya Yala e Hispanoamérica sufren el genocidio cultural cuando se despoja de la conciencia histórica a sus comunidades vulnerables y abandonadas.

Los genocidios no son exclusivos de pueblos “primitivos”, como en la retórica evolucionista civilizatoria de Occidente, que intenta justificarlos cual actos del positivismo liberador que llevan al “salvaje” de su estado indigno y retrasado a estados avanzados, sino que afectan efectivamente a las sociedades Estado dominantes, que se autodestruyen al eliminar sus únicas fuentes de cultura comunitaria. Son sociedades necrófilas y decadentes que naturalizan la violencia.

Recordemos que el presidente de Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026, amenazó con “aniquilar” a la nación de Irán si no alcanzaba un acuerdo con ellos, y es sabido que las negociaciones no solo son constantemente saboteadas por los ocupantes en Palestina, sino que él mismo ha faltado a acuerdos recientes sin dejar de hostigar militar y económicamente.

En Canoa, perdido en las faldas de La Malinche, famoso volcán, si antes llegó el conquistador con perros alanos, centurias después llegarían el sacristán Enrique Meza Pérez, la policía y demás funcionarios para continuar el despojo de tierras y costumbres durante la dictadura del PRI y de Gustavo Díaz Ordaz, quien, paradójicamente, también era originario de Puebla y acostumbró reprimir a la oposición ejerciendo un control político absoluto, como hizo al masacrar a unos 1400 estudiantes en la lucha del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Así como el fanatismo religioso se alimenta de miseria, la manipulación ideológica lo hace de la ignorancia, que beneficia las actividades “clandestinas” de caudillos locales y mafias burocráticas, estas enfrentadas al poder estatal, al federal y a las comunidades de México.

Tomando en cuenta estos elementos, veamos el caso de Costa Rica durante la represión de 1995 y la imposición directa de los poderes hegemónicos opuestos al Estado de bienestar. Llegarían a despojar de derechos adquiridos a la masa trabajadora, entonces sometida junto con la soberanía nacional, para justificar las incongruencias del neoliberalismo criollo.

En Canoa, el “sacerdote”, por medio del matonismo y la manipulación económica del pueblo náhuatl, logró convertirse en el “cacique” o “caudillo”, cosa común en esa nación tan vasta y llena de territorios ingobernables. El fenómeno caudillista suele aparecer en esas zonas donde el Estado no tiene presencia o es meramente nominal. Por otro lado, el “caudillo” costarricense de 1995 fue José María Figueres Olsen, máximo sacerdote de la cofradía PLN, que, como el PRI, se mantiene en la política. Pero no nos detengamos analizando a estos personajes de película de terror autoritario.

En Canoa se habían instalado altoparlantes al tope de altos postes para pregonar a la población ideas extremistas. Estos medios, utilizados por fanáticos religiosos, son antecesores de los medios masivos y de las redes sociales. Sirvieron para atizar el linchamiento colectivo y el asesinato de Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz, todos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, y de Lucas García, poblador que dio refugio a los jóvenes en su casa, y de su hermano Bernardo García.

Una analogía moderna de los altoparlantes de Canoa la encontramos en los noticieros y en las redes sociales, que trabajan junto a la infraestructura de vigilancia y control del poder en Occidente. Para los costarricenses todo se pone peor si contrastamos esta alarmante realidad con el hecho de que el Poder Judicial tiene una tasa de impunidad altísima, debido a que los procesos judiciales no se finalizan o no se investigan del todo en más de un 95,5% de los casos.

En el caso costarricense, con la reforma impulsada por el Gobierno de José María Figueres, siendo ministro de Trabajo Farid Ayales, se despojó a los trabajadores, que tan duro habían trabajado, de derechos sobre el Fondo de Pensiones del Magisterio. Lo mismo que quieren hacer con el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones). Así como se esfuma la vida de los trabajadores, los tagarotes de la opresión económica y la especulación siguen enriqueciéndose.

En los casos costarricense y mexicano se utiliza la opresión como arma política contra miembros de la comunidad, estudiantes y funcionarios de la educación, que se convierten en víctimas. La impunidad de estos hechos hace que la violencia sea difusa pero constante, cumpliendo eficazmente el objetivo de su diseño: el terror social.

En un amplio espectro de violencia sistémica, que en Canoa llegó al ensañamiento, el linchamiento y el asesinato, y que en Costa Rica se expresó en agresiones, detenciones y violencia policial, ambos casos coinciden en víctimas y mecanismos represivos. Varían en otros elementos del contexto histórico, pero aplican la dominación de igual manera contra manifestantes y funcionarios educativos por igual. Se nota la existencia de objetivos puntuales, y a nivel macro las oleadas represivas coinciden en estrategia.

En las manifestaciones chilenas de 2019 y en las colombianas del Paro Nacional de 2019 y el estallido social de 2021, cientos de personas fueron atacadas con escopetas y balas de goma, y perdieron sus ojos debido a la gravedad de las heridas. Este ensañamiento es inculcado por asesores extranjeros. Los ciclos de la violencia que refuerzan la dominación se aplican como políticas de “shock” desde la cabeza de la hidra hasta las comunidades.

Tanto la masacre de Canoa, en Puebla, como la represión frente a Casa Presidencial en 1995 siguen impunes. No se ha juzgado a los ejecutores ni a los actores intelectuales de la represión. De igual manera, existe un encubrimiento que evita traer a la luz los hechos. Los eventos tuvieron como objetivo someter a la población y atacar a los funcionarios universitarios o estudiantes, pues estos denuncian los abusos del autoritarismo. Mientras las autoridades están coludidas o son inoperantes, los represores sostienen el genocidio cultural, perpetuando la impunidad y la descomposición social.

El ejercicio de fortalecer la memoria histórica define nuestro futuro, pues nos permite corregir errores del pasado, y es pertinente ahondar en los eventos de la huelga del magisterio de 1995 en Costa Rica para comprender la realidad actual del país; sin embargo, será contenido de otro texto. Es importante resaltar que, comparando la violencia política en el continente, podemos reconocer patrones que nos ayudarán a prevenir las lacras de la violencia social.

Imagen: Extracto de la película Canoa.