Ir al contenido principal

Etiqueta: inseguridad

La valoración del Gobierno del presidente Chaves disminuye, mientras que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia reina en Costa Rica

El aumento sostenido de la inseguridad y la delincuencia se mantiene como el problema que más preocupa a las y los costarricenses, según la última encuesta de opinión del CIEP de la UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.

Resultados de la I Encuesta Trimestral de Opinión Pública del CIEP UCR

Ante la crítica situación de inseguridad que vivimos en el país, las personas tienen cada vez menos confianza en la capacidad del actual Gobierno para poder resolver esta problemática

Asesinatos por encargo (sicariatos), en los que no solo se matan entre delincuentes, sino que también incluyen víctimas colaterales; una creciente actividad del narcotráfico que aumenta los casos de corrupción; robos y asaltos; el aumento en los casos de femicidios, etc.; esos son los temas que observamos, leemos y escuchamos día a día en los noticieros nacionales.

Sumemos a esta lista de hechos terribles el aumento en el costo de la vida, la disminución de la inversión pública en los servicios sociales, los altos precios de los fármacos, las irreconocibles rutas del arroz y el preocupante estado de la educación, entre otras aristas.

Resulta lógico entonces que exista un descenso drástico en la valoración positiva que presentaba la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, misma que pasó del 63 % en el mes de noviembre del 2024 a 54 % para este mes de abril del 2025.

Asimismo, la aprobación de la gestión del actual Gobierno también se redujo de un 57 % que ostentaba en noviembre pasado, a un 50 % en abril del presente año.

Estos datos y otros más de gran relevancia para el análisis de la realidad nacional se encuentran en la Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública, que elaboró el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), y que fueron publicados este miércoles 2 de abril.

Resultados preocupantes

Para la población de Costa Rica, el principal problema continúa siendo la inseguridad y la delincuencia e inclusive esta valoración alcanza su punto más alto, al obtener un 43,7 %; además, la mayoría de las personas también mostraron poca o ninguna confianza en que el Gobierno liderado por Rodrigo Chaves pueda resolver, de alguna forma, esta situación. Un 74,3 % de las personas encuestadas muestra un disgusto con la gestión actual del Gobierno, lo que significa un aumento del 12 % en comparación con los resultados ofrecidos en noviembre del 2024.

Solo un 25,7 % dijo tener alguna o mucha confianza en el Gobierno para la solución de estos problemas.

Cuadro 5

Aunado a estos resultados, la población afirmó percibir que la educación ha desmejorado, pues el 50 % manifestó que ese sector está peor; esta medida inclusive aumentó en 10 puntos porcentuales con respecto a la que se obtuvo en mayo del 2024, cuando este indicador marcó 40 %. También bajó el porcentaje de personas quienes sienten que la educación ha mejorado, al pasar de 34 % en mayo del año pasado a 28 % en abril del 2025.

Otro de los indicadores que muestra la más reciente encuesta de opinión del CIEP UCR es que las personas perciben que la calidad de la educación ha disminuido. Foto Anel Kenjekeeva.

Otro indicador negativo es el de la percepción de la seguridad, en concordancia con los resultados de la inseguridad y delincuencia como el mayor problema del país.

Una aplastante mayoría del 78 % dijo que la situación de la seguridad está peor que hace un año, cuando este indicador marcó un 65 % (aumento del 13 %); mientras que la percepción de que está mejor disminuyó del 15 % en el 2024 a 12 % en este 2025.

Cuadro 8 y 9

Mientras tanto, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan en febrero del 2026, las y los costarricenses siguen mostrando una actitud fría hacia esa campaña política.

Y es que, el 87 % de las personas encuestadas dijeron que no tienen ninguna simpatía partidaria, en contraposición al 13 % quienes sí manifestaron seguir a una agrupación política.

Al consultársele a ese 13 % sobre su afinidad con un partido político específico, el 4 % contestó que el Partido Liberación Nacional (42 personas); 3 % el Partido Progreso Social Democrático (32 personas); 1 % el Partido Unidad Social Cristiana (11 personas); 1 % el Frente Amplio (8 personas); y 0,5 % el Partido Liberal Progresista (5 personas).

Este es un excelente ejemplo de que esta campaña política del 2026 no se caracteriza por la afinidad partidaria, sino que prevalecerá la imagen del candidato o candidata, o sea, la persona más que el partido político”, comentó al respecto el Dr. Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP  y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

Otro indicador que aclara el panorama sobre cómo se comporta la población del país ante las próximas elecciones es el de la intención del voto: al realizar la consulta sobre por quién votará en las próximas elecciones, tres de cada cuatro personas (73 %) respondieron que sí lo harán pero que todavía no saben por quién.

“Es importante aclarar que en este trabajo estadístico no le damos las opciones de respuestas a quienes encuestamos. Aun así, vemos que entre la polarización política que caracteriza a Costa Rica en este momento de la historia, en cuanto a la intención de voto de la ciudadanía, más bien se da un fenómeno de despolarización, pues la gran mayoría no sabe por quién va a votar”, agregó Alfaro.

¿Cuál institución pública tiene la mejor valoración?

Finalmente, la Universidad de Costa Rica se mantiene como la mejor institución pública en cuanto a la valoración y evaluación de las labores que realizan, y es la única entidad estatal que sobrepasa la calificación de 8 en un total de 10, al obtener un 8,1 %.

Le siguen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con un 7 %; el Banco Central con un 6,8 %; el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con un 6,7 %; el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Policía con un 6,6 %; y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con un 6,2 %.

De últimos en esta calificación, se encuentran la Asamblea Legislativa con una valoración del 4,5 %; y los Partidos Políticos con 3,6 %.

Cuadro 7

Para crear la Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública del 2025 del CIEP entrevistó a ciudadanas y ciudadanos costarricenses que tuvieran teléfono celular, una característica que abarca al 97.5 % de la población del país.

Para ello, se utilizó un marco muestral del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), al que se le aplicó un muestreo aleatorio para completar un total de 1001 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años.

Este trabajo se hizo entre el 24 y el 27 de marzo del presente año donde se utilizó un nivel de confianza del 95 %. Los responsables de este estudio calculan un error muestral máximo de ±3 puntos porcentuales.

Además, aclaran que cualquier generalización que se realice al utilizar los resultados de esta encuesta debe aplicarse únicamente hacia la población que cuenta con un teléfono celular y no a la totalidad de la población.

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

La Costa Rica que dejan

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Un buen ciudadano debe irse planteando ya cuál será la Costa Rica que dejará el gobierno de Rodrigo Chaves que está a un año y dos meses de finalizar su periodo constitucional, porque de esos resultados estará condicionado el futuro del país.

Los indicadores objetivos señalan que:

En educación tenemos la menor inversión de los últimos años, con lo cual nuestra nueva generación, los niños y niñas, muchachos y muchachas tendrán un rezago educativo y con ello incapacidad para incorporarse al desarrollo humano. También se puede hablar de los centenares de colegios y escuelas que están con orden sanitaria de cierre, de los programas educativos cerrados que mutilan a los estudiantes de la educación afectiva e igualitaria.

La inversión social es la más baja de los últimos 14 años, lo cual ha significativo recortes en las becas Avancemos, comedores escolares, transporte o vivienda barata para los trabajadores, sea un retroceso en cuanto al derecho a la igualdad y el acceso a mejores condiciones de vida.

La Caja del Seguro Social vive en un caos por la negligencia, la impericia y la mala fe de las máximas autoridades que ha nombrado este Gobierno. Las filas de espera crecen y crecen, la inversión en infraestructura está detenida por razones inexplicables y la atención sanitaria por falta de especialistas se deteriora cada vez más.

Los regímenes de pensiones están al borde del colapso porque la cuota patronal no se paga, aunque la ley lo exija, pero al ministro de Hacienda esto poco le importa.

La inversión en infraestructura, carreteras, puentes, Ebais, puertos, etc., es la menor de los últimos años. No se sabe de ningún proyecto nuevo que el gobierno de Chaves esté dejando planteado o en proyecto, teniendo en cuenta que, en el país, la finalización de las obras lleva entre 8,10 o más años, estamos condenando al país a que por lo menos en una década no tengamos un solo hospital nuevo, un puerto, un aeropuerto, puentes, o nuevas carreteras que descongestionen el colapso vial que vivimos. La improvisación y la miopía del gobierno de Chaves costará 10 o más años para recuperarse.

La inseguridad es un problema que el gobierno de Chaves no puede controlar. Ha mostrado su total incapacidad y lo único que acierta a decir es que la responsabilidad es de otros. Mientras tanto el narcotráfico se apodera de barrios y lugares e infiltra a las policías e instituciones del Estado. Antes Chaves se volvía permisivo ante los homicidios porque según él, “se matan entre ellos”, pero actualmente caen inocentes y hasta jefes del OIJ, sin que el presidente reaccione; más aún, el ministro de Hacienda no gira recursos para combatir la delincuencia con la benevolencia de Chaves.

Si no se combaten las causas de la delincuencia, porque se disminuye la inversión social, y tampoco se previene el crimen o se reprime porque tampoco se gira presupuesto a las policías, la conclusión es que estamos haciendo un favor a la delincuencia organizada.

El costo de la vida sigue subiendo sin que se apliquen medidas para detenerlo, el precio de las medicinas es prohibitivo y así las condiciones de vida del pueblo se van deteriorando.

La lista se haría muy larga e impropia de este espacio. El abandono del ambiente, la gentrificación, la vivienda, el empleo, la destrucción del ICE, los grandes negociados corruptos, el crecimiento de la deuda pública externa de manera irracional que empeña nuestra soberanía, la destrucción de la producción arrocera en beneficio de los importadores, y tantas cosas más en muchos otros campos.

Pero de lo más relevante que se le puede achacar a este Gobierno es que ha dinamitado todas las relaciones entre los poderes del Estado, que los ha puesto a pelear, que se ha burlado de la división de poderes y de los mecanismos de control de los dineros públicos. Además, de haber fanatizado, vuelto intransigentes, dogmáticos, intolerantes e incondicionales a una parte muy importante de la sociedad. Restaurar las relaciones respetuosas, positivas, francas y de buena fe, va a llevar su tiempo.

Son 4 años perdidos, con mucho escándalo, pero sin logros. No se puede gobernar a gritos e insultos para ocultar una falta de un programa estratégico y positivo del país.

Para desgracia nacional al final de esta Administración quedará una Costa Rica en escombros. Llevará su tiempo la reconstrucción.

A propósito del tope, perdimos los estribos

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

                Perder los estribos es un dicho de sabiduría popular que hace alusión al montador de caballo quien, por exceso de confianza o descuido, en una estampida de la bestia pierde los estribos al no tener bien puestos y afianzados los pies dentro de los mismos. Por lo general, al perder el estribo, el montador se cae del caballo. El golpe puede ser mortal dependiendo de la velocidad y la altura de la bestia; un caballo pura sangre, del que ostentan sus dueños, por lo general, reúne ambas condiciones.

                Don Ernesto era un hacendado con porte de gamonal, y sí que lo era. De tez blanca, casi rojiza, de robusta caballera, de mirada altiva y palabra cortante. Su hacienda parecía no tener límites. Cuando salía de su hacienda montaba un caballo blanco que lucía unos aperos finos y sofisticados. La montura de color café con incrustaciones metálicas doradas, trabajadas artesanalmente, hacían resaltar las pecheras de color cobrizo, adornadas con medallones de cuero con muy finos trazos de talabartería. Luciendo una camisa blanca y un sombrero negro de lona, era motivo de admiración y hasta de envidia para los otros gamonales del pueblo. No daba muestras de simpatía alguna. Cero saludos para los transeúntes. Erguido, sobre los lomos de aquel animal pura sangre, no alcanzaba sino a auscultar con su mirada interior el fuego de la pasión de saberse dueño de tanta grandeza; una estela de narcisismo, casi enfermizo, le poseía y le conducía, inevitablemente, por los caminos de una arrogancia sin límites. Las calles se hacían pequeñas. Y el pueblo era insuficiente para dar cabida a tan distinguida presencia. Todo parecía opacarse cuando aquel hombre en su caballo aparecía en escena. Sin duda, había fuerza y vitalidad en aquella gallarda personalidad, que se incrementaba en cada paso que daba el caballo. Parecía como si ambos, el hombre y la bestia, se fusionaban para mostrar que la grandeza no es solo propiedad de los dioses y, mucho menos, de las diosas.

                Tiempo después, don Ernesto, montando un modesto caballo, llegaba hasta el comisariato de uno de sus viejos empleados de la hacienda a pedirle que le vendiera la comida. Se acabó la hacienda, el ganado y los caballos pura sangre. Ahora, se limitaba a comprar algunos cerdos para llevarlos a vender a La Villa. Don Ernesto perdió los estribos, y el golpe, aunque no fue mortal sí lo condujo a vivir modesta y hasta precariamente.

                Durante décadas, los costarricenses celebramos y hasta ostentamos de un país que lucía logros importantes en progreso social, paz y democracia que lo distinguía y diferenciaba de las naciones hermanas de Centroamérica, y hasta de algunas de las más avanzadas del continente. Era justo reconocer y destacar esos avances y logros, pero no sobreestimarlos y exhibirlos con ostentación y narcisismo. Sin embargo, algunos con porte de gamonal y otros haciendo barra desde la gradería, parecían rondar los límites del éxtasis, al celebrar con efusión y algarabía la excepcionalidad del país. Y para cerrar con broche de oro, más tarde los analistas internacionales nos asignaban los primeros lugares en el índice de los países más felice del mundo.

                Hoy, la bestia desbocada, ofuscada y a rienda suelta no alcanza a encontrar la ruta. Los caballistas que se mostraban como maestros de la equitación, no han dado la talla. Han venido cayendo en picada, en cada intento. Algunas de sus acciones y políticas, especialmente las que han contribuido a profundizar la desigualdad y precariedad social, la polarización, la violencia y la inseguridad, han dado al traste con su liderazgo, así como con las instancias político-partidistas que los han llevado al poder. Es más que evidente este comportamiento creciente y acumulativo, con cada nuevo proyecto político la situación empeora. El país, al igual que don Ernesto, perdió los estribos.

Efectivamente, al perder los estribos, da tumbos y sin ruta continúa sufriendo males endémicos para los cuales solo se ensayan medicinas paliativas. Lo peor de todo, es que se continúa celebrando, y hasta con arrogancia, que somos un país pujante en lo económico, sin deparar en que se trata de un crecimiento económico concentrado y excluyente. Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, testarudamente marchamos hacia el precipicio, pensando que se va hacia la cima del mundo. Perdimos la ruta que nos marcaron los forjadores de la Gran Reforma Social de los años 1940 y de la Segunda República de los años 1950, ambas resultado de una convergencia entre movimiento popular por la justicia social y lideres políticos con visión de Estado Social de Derecho, desde diversos frentes ideológico-políticos. Además, con muy buena disposición para el diálogo y la concertación democrática.

                Sí, las evidencias son abundantes de que perdimos los estribos, tanto en aspectos fundamentales como educación, salud, seguridad, derechos laborales, ambientales, ecológicos y culturales, como en una gestión democrática dialogal y participativa. Hay que abocarse con urgencia a recuperarlos, socar las riendas y volver a la ruta adecuada: la de la Costa Rica que supo apostar con sabiduría por educación y salud universales de calidad, derechos laborales para el trabajo digno y decente y una economía socialmente solidaria, equitativa y ambiental y ecológicamente sostenible.

                Las propuestas para retomar los estribos y conducir al país por una ruta segura hacia la prosperidad social y económica en democracia tienen que superar el discurso político populista, que se ha dedicado a ofrecer paraísos y buscar chivos expiatorios, creando falsos enemigos del pueblo y propiciando la polarización y la violencia social.

Reiteramos en la necesidad de un acuerdo pluripartidista para encausar una próxima contienda electoral que sea ejemplo de la buena política, es decir, la que da prioridad al análisis y debate sobre las propuestas concretas, dejando de lado los ataques personales y las descalificaciones. De continuar con la politiquería barata del populismo no vamos a recuperar los estribos y la caída puede ser mortal.

UCR. La inacción del Gobierno del presidente Chaves mantiene sin cambios la valoración ciudadana

A la gestión del Poder Ejecutivo le quedan dos años para cumplir con las promesas de campaña política; sin embargo, los grandes problemas del país siguen sin solución, y esto preocupa a la población. Foto Laura Rodríguez, UCR.

El tercer informe del 2024 de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP UCR indica que el nivel de confianza entre la población, sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas, continua baja.

La incapacidad del Poder Ejecutivo de lograr avances positivos en los grandes problemas del país, y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, queda nuevamente en evidencia.

Así se desprende del informe correspondiente al tercer trimestre del presente año de la Encuesta de Opinión Pública, del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP UCR).

La situación del país es preocupante

Específicamente, el porcentaje de personas quienes afirmaron que no tienen ninguna confianza en cuanto a la capacidad del Gobierno de resolver el principal problema del país, es de 31 %.

Les siguen quienes manifestaron poca confianza con un 39 %, y un 18 % para las que dijeron tener alguna confianza. Apenas el 12 % manifestaron que tienen mucha confianza.

Y es que la Inseguridad y la Delincuencia continúan siendo, desde hace un año, el principal problema para las personas en Costa Rica, con un 32 %; le siguen la Corrupción con 13 %, y la Mala Gestión del Gobierno, con 12 %.

“Los resultados recientes revelan que las valoraciones positivas y negativas de la gestión del Gobierno actual y del Presidente mantienen porcentajes similares, con lo evidenciado en encuestas recientes. En específico, con respecto a la medición de abril de 2024, la gestión del Gobierno mantiene el respaldo de la mitad de la población. Por su parte, el 25 % de las personas encuestadas en septiembre de 2024 expresa evaluaciones negativas de la gestión del Gobierno. Esta cifra también se mantiene invariable”, se detalla en el texto del informe del CIEP UCR.

Rechazo a la denominada Ley Jaguar

Mientras que el Poder Ejecutivo ideó un proyecto con el cual reforzar la percepción de su gestión, cuya principal apuesta era la proposición de realizar un referéndum que tenía como objetivo la aprobación o rechazo de la Ley Jaguar, esto no tuvo el efecto deseado.

En la Encuesta del CIEP UCR aparece un apartado en el que se le preguntó a las personas consultadas si aprobaba o no la eliminación o reducción de los controles hacia las acciones del Presidente, que en resumen es lo que contenía dicha Ley.

Las respuestas fueron las siguientes: el 49 % estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa opción, mientras que el 38 % sí lo estaba, y un 13 % dijo estar neutral.

“Esto quiere decir que, aun en condiciones de un alto respaldo al Presidente, la iniciativa de modificar o eliminar controles a las decisiones y acciones de los mandatarios de la República no es respaldada por la mayoría de la población. Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad a apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral”, apunta el texto del informe.

Precisamente, si se analizan las características sociodemográficas que tiene el apoyo que recibe el presidente Rodrigo Chaves, se obtiene que dicho reconocimiento proviene de aquellas personas con edad de 55 años o más, que son del género masculino, con un nivel educativo de secundaria, y que viven en las provincias de Guanacaste y Limón.

Director del CIEP UCR; Dr. Ronald Alfaro Redondo, sobre situación del país.

La creciente violencia en contra de las mujeres

Finalmente, esta nueva encuesta del CIEP UCR incluyó un capítulo en el que se refiere a la percepción de la violencia que experimentan las mujeres en Costa Rica.

“Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, al 14 de agosto del 2024 se han registrado 40 muertes violentas de mujeres, de las cuales 14 ya fueron clasificadas como femicidios y 23 están pendientes de designación. En contraste, en el 2023 se reportó un total de 22 femicidios. Estas cifras sugieren una tendencia al aumento en los casos de femicidio en el país”, se cita en el texto del informe.

Asimismo, las y los expertos del CIEP UCR citan el más reciente informe del Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación del CICOM-UCR, en el que se afirma que son las mujeres quienes experimentan un mayor discurso de odio en las redes sociales, especialmente aquellas que trabajan en puestos políticos y en medios de comunicación.

En el 2023, la mayoría del Plenario Legislativo aprobó una moción de llamado de respeto dirigida al presidente Rodrigo Chaves, por los comentarios realizados sobre una diputada. Según 41 representantes de diferentes fracciones, dichos comentarios constituyeron una agresión que legitima prácticas machistas de violencia”, ejemplifica el texto del informe.

Con respecto a este tema, el 90 % de las personas consultadas en la Encuesta respondieron que sí perciben un aumento en la violencia en contra de las mujeres en Costa Rica, en comparación con años atrás.

Investigadora del CIEP UCR; M.Sc. Daniela Chacón Mendoza, sobre la violencia de género.

Esta Encuesta, que elabora cada tres meses el CIEP UCR, se realizó del 2 al 6 de septiembre, y la modalidad que se utilizó es de entrevista telefónica. Se aplicó a personas mayores a 18 años, que cuentan con teléfono celular, la selección de la muestra es aleatoria, y se realizaron 1 012 entrevistas. El margen de error de la encuesta es de más o menos tres puntos porcentuales, al 95 % de confianza.

Informe Encuesta de Opinión Pública del CIEP UCR Setiembre 2024

 

Otto Salas Murillo
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

La “justicia por sus propias manos”: 5 factores explican casos de violencia

Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional

UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.

Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.

Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:

  1. Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
  2. Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
  3. También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
  4. La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
  5. Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.

Riesgos

En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.

Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.

“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.

Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.

San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.

Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.

¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.

Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.

“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.

Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.

Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Discursos populistas y de odio destruyen la institucionalidad del país

El tema de la inseguridad no se debe valorar solo desde la violencia física, sino a partir de la violencia simbólica y estructural que se interrelacionan.

Rosaura Chinchilla, jueza del Poder Judicial, indicó que los discursos de populismo imperantes en América Latina, incluida Costa Rica, se podrían clasificar en furia, enojo y baja densidad; donde el enojo apela a la destrucción de la institucionalidad, esencial para combatir la inseguridad, así como incitar a la violencia y fortalecer temas de mano dura en las diferentes regiones. Asimismo, en nombre del populismo de baja intensidad se promueven modificaciones meramente normativas y cosméticas que no atacan los orígenes y causas reales de la inseguridad.
Chinchilla explicó que una de las manifestaciones populistas imperantes en Latinoamérica son las relacionadas con la promulgación de penas severas. En ese sentido, la jueza acotó que a inicios de los 90 en la región se duplicaron las penas de 25 a 50 años y se crearon penas únicas para la población penal juvenil. “Dos décadas después, la criminalidad sigue en aumento y se demostró que esos discursos son inútiles; no obstante aún se apela a ellos. Los temas de mano dura de autoritarismo instaurados en la región se reflejan como reformas cosméticas.

Por otra parte, la jueza agregó que una disminución en la educación, en las políticas de empleo y en el uso de espacios de recreación para las comunidades, entre otros, impacta de forma severa en los otros órdenes, lo cual se debe combatir.

Para Chinchilla, el tema de la seguridad en el país debe abordarse desde una perspectiva general y global, que incluya la política social y económica. “No se puede abarcar de forma aislada, sin tener relación con la educación e inversión social, porque los estaríamos afrontando mal”, dijo la jueza.

Dichas aseveraciones se externaron por Chinchilla en el marco del foro: “Inseguridad ciudadana y violencia en Costa Rica”, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y conducido por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). También participaron como panelistas Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, Patricia Vargas, magistrada de la Sala III y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Modernizar las leyes

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, expresó que en medio de la crisis de inseguridad que se vive en la actualidad no se ha perdido la esencia democrática, dado que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado de Derecho y por eso el reclamo de modernizar las leyes.

“Hace pocos días capturamos en alta mar un navío con dos toneladas de droga que venía para Costa Rica. Y justamente el capitán de ese navío había sido detenido en el 2018, trasegando una tonelada también hacia nuestro país. Esto nos indica que las leyes pensadas en la resocialización del delincuente están siendo utilizadas por el crimen organizado para acortar las penas, los tiempos en prisión y además seguir delinquiendo. Es decir, las medidas resocializantes no cumplen con el objetivo para el que fueron diseñadas”, afirmó Zamora.

El jerarca de Seguridad Pública llamó la atención a la Asamblea Legislativa para que el núcleo duro de la legislación que debe aprobarse es la que no avanza. “Se avanzan en leyes no contradictorias, las cuales no generan mayor conflicto y con eso nos engañamos solos, creyendo que se toman las medidas necesarias para resolver la situación, cuando las verdaderas medidas resolutivas están todavía en un impase, sin avanzar en la corriente legislativa”, señaló Zamora.

Mencionó que más allá de una nueva Constitución se requieren leyes penales adaptadas a la realidad criminológica actual, pues se cuenta con un Código Procesal Penal vigente elaborado en 1998, en otra realidad distinta, cuando no había sicarios, ni criminalidad organizada en el país.

Randall Zúñiga, director del OIJ, instó a los estudiantes universitarios a incrementar la investigación académica en materia de seguridad en Costa Rica.

Apostar por la educación

Patricia Vargas, magistrada de la Sala III, comentó que el hecho de pensar que la delincuencia se resuelve con más leyes es limitar la búsqueda de respuestas que permitan a la sociedad recuperar la tranquilidad y tratar de alguna manera de resolver esas causas estructurales. “Hay que entender que la represión sin prevención no funciona. Usted puede endurecer las leyes y penas ya existentes, hasta crear nuevos delitos y la delincuencia permanecerá en este país”, resaltó la magistrada.

Vargas precisó que más bien es necesario apostar por medidas que permitan superar las brechas sociales y de exclusión social, así como abrir espacios para que todas las personas puedan avanzar. “Si pensamos que a través de la represión se soluciona el problema es una apuesta equivocada e incluso peligrosa porque puede generar el desencanto de la ciudadanía en esa respuesta que a la larga sabemos que no dará los resultados deseados” subrayó Vargas.

La magistrada considera que en cambio apostar por la educación garantizará una sociedad más igualitaria para las futuras generaciones. “Si tenemos una educación débil, tendremos menos oportunidades para la sociedad. Por eso necesitamos invertir en educación, seguridad y prevención.”

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga y Fuchilanga le arrió a Burundanga

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cuando en junio del 61 nacía el presidente Chaves, ya la afamada rumba interpretada magistralmente por Celia Cruz se extendía como pólvora no sólo por el Caribe nuestro, sino además por el resto de América Latina y parte de Estados Unidos.

El título de esta sabrosa y cálida melodía, del músico cubano Oscar Muñoz, nos pone en presencia de un desorden, de un gran desorden sin ton ni son. Digamos, una confusión inútil que distrae de lo verdaderamente importante. Donde Borondongo con pellizcos, empujones y pescozones, carente de ideas y liderazgo, no hace por donde poner orden. De modo que, ante un escenario de semejante naturaleza, ni nuestra energía ni atención se posa sobre lo urgente y lo importante. De manera que una contagiosa y sonora canción caribeña, de orígenes africanos, en su letra nos traslada a un escenario, que resulta hasta violento e irrespetuoso, pues se reparten culpas entre unos y otros sin que nadie sea capaz de reconocer sus propios errores. Esa imagen de empujones, golpes, majonazos, ofensas e infidelidades, se parece mucho a la forma en que quieren conducir mi país.

Todos desearíamos que la patria se pareciera más a una hermosa historia inacabada de éxito y bienestar, que a un baile como el planteado por Celia Cruz, donde los invitados sean Borondongo y sus compinches. No es arriándonos unos a otros como vamos a salir avante. El tiempo continúa su marcha inexorable y no es un bien infinito con el cual siempre podamos contar. Los problemas nacionales se agravan y en el horizonte no se avizoran soluciones a los mismos. Al contrario, quienes fueron llamados a construir soluciones y buscar salidas, pierden el tiempo, se distraen con nimiedades y andan siempre buscando culpables por los yerros cometidos. O peor aun pensando en la campaña electoral que se avecina, sin haber comenzado siquiera a gobernar. Nunca ha sido más necesario que ahora, un liderazgo visionario, producto de sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia y humildad.

Faltan poco más de 400 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones. Por eso me detengo para compartirles algunas reflexiones en torno a algunos de esos problemas que empiezan a tornarse agobiantes y que desencadenan intensas frustraciones en la ciudadanía nacional, sobre los cuales hay una ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo. Me refiero: al desorden propiciado en materia ambiental, la indescifrable ruta de la educación semejante a un monumental laberinto y la sangrienta inseguridad convertida en terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Desorden en materia ambiental… es deliberado? La gestión del MINAE en estos dos años ha sido errática, desenfocada y criminalmente omisa. Las últimas semanas hemos sido testigos como arrecian las denuncias ante talas ilegales en áreas de conservación y se movilizan las comunidades defendiendo lo propio. Sobre todo, en el litoral del Caribe sur costarricense, donde el actuar de la municipalidad de Talamanca y el SINAC quedan debiendo mucho y levantando sospechas. Lo cual podría ser la punta del iceberg de la involución que experimentamos en materia ambiental.

Un país que se precia de ser verde, de venderse en el mundo por tantos aciertos acumulados por esta generación y las que nos antecedieron, para convertir al país en un abanderado mundial de la protección ambiental y de la biodiversidad, con un 25% de cobertura boscosa en el territorio nacional, lideres en la búsqueda del carbono neutralidad, generación eléctrica limpia, protección de los mares y océanos, protagonista mundial contra el cambio climático, legislación robusta y existencia de órganos para garantizar una adecuada gobernanza; enfrenta ahora varios peligros, pues instancias de control han sido debilitadas adrede. El SINAC, con las actuales autoridades ha perdido capacidad para salvaguardar la rica biodiversidad que nos ha sido heredada y nos corresponde resguardar. Su debilitamiento y el del tribunal ambiental, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que retrocedamos mucho en lo que hemos logrado en los últimos 50 años. Desde mayo de 2022 se han girado nuevas normas, directrices y lineamientos que desregulan al sector y propician una conducta cada vez más desregulatoria en contra del medio ambiente. Controles que se diluyen, mientras sierras, hachas y tractores destruyen manglares, áreas protegidas y quebradas en nombre de un progreso y desarrollo mal entendidos. Guacamayas, lapas, monos y perezosos parecieran estorbar a una nueva ola de turismo invasivo dentro de zonas costeras y bosques protegidos. Grandes camiones con hermosos y robustos troncos circulan ahora por nuestras vías, ahora con mayor libertad, sobre todo en las madrugadas y fines de semana. Valientemente la comunidad del Caribe sur limonense decidió alzar la voz y exigir a las autoridades judiciales, detener la barbarie de investigar a profundidad el otorgamiento de permisos de uso del suelo, otorgados siniestramente por la Municipalidad de Talamanca y autoridades del SINAC. Esta justa y cívica lucha que emprenden las comunidades en contra de odiosos y espurios intereses de empresarios y testaferros locales en la zona, deben servirnos de norte en la protección de nuestros recursos naturales. Un afán desmedido de riqueza que transforma el bosque y la natura para ubicar cientos de casas de descanso, chalet y desarrollos inmobiliarios turísticos para unos pocos, a costa de sacrificar lo que la naturaleza tardó cientos de años para regalarnos una belleza escénica inigualable y hogar de cientos de especies, no debe ser propiciado desde los órganos llamados a ejercer gobernanza y desarrollo de políticas ambientales. Nuestro bosque y fauna silvestre, necesita de aliados y buenos costarricenses que detengan esta barbarie. Estas conductas depredadoras del ambiente que vemos en Gandoca Manzanillo, Cahuita y áreas cercanas, deben ser detenida y no aceleradas como pareciera ocurrir en Talamanca. En el caso de zonas boscosas cercanas a la costa, planes de manejo amañados, permisos municipales fraudulentos y burlas a la legislación ambiental, han dado al traste con la conservación del bosque y la protección del hábitat de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles. El infame debilitamiento de SETENA y el desmantelamiento del tribunal ambiental al cercenarle recursos humanos y materiales hacen que dichas dependencias se atasquen, fallen más de una vez y se tornen torpes y lentas. Ante la comisión de hechos irregulares, indiferencia y desidia de las autoridades competentes, entiéndase ministro, viceministros, directores de áreas de conservación; ha sido el Ministerio Público y la misma Sala Constitucional, quienes nos devuelven la esperanza al frenar ese tipo de atropellos y felonías, al dictar un alto a la tala y destrucción de recursos bióticos. La inacción de SINAC y desacato ante lo que la Sala ha ordenado desde hace 5 años para delimitar correctamente las áreas sujetas a protección y deslindar las que corresponden al ámbito privado y que requieren de algún grado de manejo mínimo, nos hace sospechar, del por qué las autoridades de turno no han actuado apegados a la ley y más bien parecieran plegarse a intereses espurios de jerarcas y empresarios deseosos de vender terrenos con esa naturaleza exuberante, al mejor postor. Ante la codicia y ambición desmedida de algunos y la presencia de funcionarios públicos inescrupulosos, insisto, han sido los tribunales, el ministerio público y parte de la misma Asamblea Legislativa quienes han alertado sobre semejantes despropósitos.

La riqueza natural de nuestro país es para el disfrute de sus hijos, proteger la belleza escénica y conservar nuestra biodiversidad. Nuestra institucionalidad ha actuado para frenar semejantes desmanes y excesos contra la naturaleza e infames formas de enriquecimiento de algunos, que, escondidos taimadamente, pretenden llenar sus bolsillos, sabiendo que les queda poco tiempo. Aquí no hemos visto que esta bronca se la coma nadie en Zapote, donde más bien ha habido un silencio sepulcral. Impulsar nuevos reglamentos en SETENA, flexibilizar normas y proteger intereses del sector constructor agronegocios e inmobiliario, como lo han evidenciado las investigaciones llevadas adelante por parte del Ministerio Público, OIJ y auditorías internas en SINAC y SETENA en el sonado caso COMEJEN, sacan a la luz pública la pudrición y ruindad de algunos pocos a quine pudieron comprar, pero no así hacer mella en el alma del pueblo costarricense que aún resiste y combate la corrupción. Ya hemos visto cómo funcionarios sinvergüenzas, haciéndose de la vista gorda y siguiendo órdenes de quien sabe quién, dejan atrás un estudio elaborado desde 2017 y permiten que arrasen con el 40% del área de humedales, desapareciendo en este lapso 92 hectáreas de humedales en Talamanca. Todo ello ocurre cuando el ministro impulsa una reforma para que desaparezcan órganos del sector y concentrar en su figura, mayor poder y celeridad en los trámites, donde el criterio técnico pasaría a un segundo o tercer plano, y prevalecería el político. Ojo, nos miran nuestros niños y jóvenes de cómo estamos jugando y decidiendo hoy ¡sobre su futuro!

Siempre en materia ambiental y en la forma en que gestionamos el recurso hídrico, hemos sido testigos de la absoluta incapacidad de los jerarcas de turno para lidiar con los problemas de abastecimiento de agua potable para importantes sectores de la población costarricense, que recurren cada vez más a la protesta pacífica al enfrentar severos racionamientos del preciado líquido. La descoordinación a lo interno del AyA y de ésta con Asadas y acueductos municipales, es monumental. Desde noviembre de 2020 quedó listo un empréstito con el BCIE por 399 millones de dólares, que respondia a satisfacer las necesidades y problemas de abastecimiento de aguas en la GAM, Liberia, Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela y San Ramón, tras un estudio bien cimentado. Desde finales de 2021, no hay ningún avance en este tema. Miles y miles de costarricenses seguirán padeciendo racionamiento y brutales cortes en el suministro de agua. Allí hay una solución técnica y presupuestaria, solo se requiere de alguien que tome la decisión más acertada y no nos distraiga con tristes y descolorido espectáculo semanales de alaridos, gemidos y ronroneos guturales.

Si hay dos cosas de las cuales los ticos nos jactamos por su impacto en nuestro nivel de vida y valor primordial que le damos, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación. No hay nada más que el costarricense lo sienta como suyo, como propio. Es por ello por lo que en lo educativo la administración Chaves Robles tiene una oportunidad única e inigualable de constituirse en el gobierno que salvó la educación pública o el que dilapidó tan importante e histórica oportunidad. Por lo hecho hasta ahora, el presidente Chaves y su equipo serán recordados por destinar 56 mil millones de colones menos en el presupuesto 2024 para educación. Este presupuesto y el del año anterior está cada vez más lejos del 8% del PIB constitucional. En esta oportunidad el presupuesto para este año equivale a un 5,2% del PIB. Lo cual dramáticamente se traduce en agudizar los ya severos problemas de infraestructura existentes, equipamiento insuficiente, menos contratación de docentes, sobre todo en educación especial, y menos recursos para comedores escolares y transporte estudiantil y escuálidos presupuestos para Juntas de Educación y Administrativas. Durante el periodo 2015-2020 el presupuesto MEP fue en promedio un 25% del presupuesto nacional. Este año equivale a 20,6%, lo cual constituye verdaderamente una tragedia nacional. No atender los graves y acuciantes problemas que enfrenta la educación pública nos lleva al borde del despeñadero y sobre todo segar la posibilidad de formación para miles y miles de niños y jóvenes sobre todo provenientes de zonas costeras y fronterizas. El presupuesto cercenado debe ser restituido en el corto plazo. La brecha digital debe ser atendida satisfactoriamente, hay que limpiar el calendario escolar de tanta actividad pues hay más de 100 y que de alguna manera impacta el desarrollo normal de lecciones. Hay que cuidar la salud mental de profesores y estudiantes, y generar una amplia discusión sobre el currículo y la importancia de la educación cívica en primaria y secundaria. Esta es la mayor empresa que ha de acometer la próxima administración.

En cuanto a la inseguridad -otro de los graves problemas que no ha sido atendido con la diligencia que amerita- hemos sido testigos desafortunadamente estos dos últimos años, han sido los de mayor cantidad de muertes violentas en el país, asociadas al uso de armas de fuego, sicariato y crimen organizado. Curiosamente hay un descenso en robos, hurtos y delitos contra la propiedad, pero en muertes violentas por armas de fuego y femicidios, las cifras son alarmantes. El año pasado más de 900 homicidios y este año las cifras no ceden. Y ahí penosamente se ha dejado de hacer mucho, una omisión casi cómplice y criminal. Ante la inexplicable decisión política de retirar la Policía de Control de Drogas (PCD) desde setiembre del pasado a la fecha, de puertos y fronteras; los decomisos de cocaína han caído en un 55%, o sea 47 toneladas menos, y no es que haya menos drogas trasegadas, sino hemos perdido capacidad operativa para enfrentar el fenómeno droga. La mayoría de las últimas capturas ha sido gracias a operativos del OIJ. Durante este año los decomisos de cocaína, marihuana y sobrevuelos en áreas conflictivas, como Talamanca han disminuido drásticamente, pues no posee además colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, pues allí no disponen de aeronaves suficientes y tan sólo hay un avión activo y 20 pilotos desocupados. Entiendan costarricenses, ¿cuál país en el mundo se da el lujo de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico con una de sus dos manos atadas? ¿Por qué esa decisión irracional de retirar la PCD de zonas fronterizas? El ministro Zamora y subalternos nos deben varias explicaciones. Este cuerpo policial, vital para enfrentar el narcotráfico y sus escuelas, requiere al menos de 100 plazas más, que no las vemos aún por ningún lado. ¿Cuántas vidas más, de víctimas colaterales o de jóvenes y niños serán necesarias ofrendar más para que las autoridades del ejecutivo reaccionen?

Ante este listado de problemas que nos roban la paz y la esperanza, no debemos ceder. El espíritu costarricense de superación y de luchar por un futuro mejor, nos ha marcado por más de 200 años. Ante los desmanes y politiquería con que desde Zapote pretenden gobernar, mintiendo un día y otro también, los órganos que nos representan y sobre los cuales descansa nuestro horizonte democrático, han respondido. Órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, imponen el imperio de la ley, aunque al presidente no le guste. Gobernar no es asunto de gustos, es ser consciente de un mandato popular que se delega con un plazo perentorio para la búsqueda del bien y la felicidad de los demás. Desgastarse atacando a la institucionalidad es como emprender una batalla contra molinos de viento. Peor aún cuando se hacen berrinches cual amante despechado.

No es dividiendo al país, pues a nadie conviene esa ruta. El arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía orienta a toda una nación hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.

A pesar de ser electo en abril de 2022, el presidente Chaves obtuvo menos votos, que Carlos Alvarado (1 200 000 en abril de 2018) y el mismo Luis Guillermo Solís (1 400 000 abril 2014). Sin embargo, gobierna no sólo para el millón de costarricenses que votó por él. Es el presidente de todos, hasta el 30 de abril de 2026.

Presidente, no somos sólo una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres, sino somos una sociedad además donde hay cada vez más violencia. Usted y ambos expresidentes tuvieron que gobernar sin poseer mayoría en el Legislativo. Sin embargo, ellos fueron capaces de encontrar las vías del diálogo y la negociación para sacar avante la tarea.

El tiempo transcurre y es momento oportuno para seguir el sabio consejo de Abambelé “porque entre hermanos se vive mejor”.

14-VII-24

La UCR continúa siendo la institución pública mejor valorada por la población

Esta encuesta del CIEP UCR se aplicó del 29 de abril al 06 de mayo del presente año, a personas mayores de 18 años con teléfono celular, y se contabilizaron 1 000 entrevistas. Tiene un margen de error de ± 3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Foto Anel Kenjekeeva, UCR

Datos presentes en la Encuesta de Opinión ECP y CIEP UCR de mayo 2024

Esta Universidad es la única entidad que alcanzó y superó el 8 % de aprobación, entre todas las instituciones estatales de Costa Rica

La Universidad de Costa Rica (UCR) se mantiene en el primer lugar e inclusive mejora su porcentaje de aprobación general entre la ciudadanía, pues pasó de 8, 1 % en setiembre del 2023 a 8, 5 % en mayo del 2024.

Esta información se desprende de la Encuesta de Opinión Pública de Mayo del 2024, que elabora la Escuela de Ciencias Políticas (ECP UCR) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP UCR), y que se publicó este miércoles 8 de mayo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio de Educación (MEP) también fueron calificados por encima del 7 % en ese orden e igualmente aumentaron sus respectivas calificaciones, aunque sin llegar al 8 %.

En contraposición, tanto la Asamblea Legislativa como los Partidos Políticos son los que se posicionan con las valoraciones más bajas, y a la vez disminuyeron ese mismo porcentaje con respecto al apoyo que habían obtenido en el mes de setiembre del 2023. Por un lado, el Congreso de la República tuvo una disminución de 0, 3 %, mientras para los Partidos Políticos fue de 0, 5 %. Esta última opción fue la que se quedó con la nota más baja: 3, 9 % (ver recuadro).

El respaldo a la labor del Gobierno y las principales preocupaciones ciudadanas

Por otra parte, el apoyo popular hacia el presidente Rodrigo Chaves se mantiene estable, a pesar de los múltiples problemas que ha enfrentado en dos años de mandato, como la creciente inseguridad, las constantes renuncias en su gabinete, los escándalos por corrupción, y la crisis por el acceso al agua potable, entre muchos otros.

Un 55 % de las personas en Costa Rica le dan una valoración positiva a la gestión de Rodrigo Chaves Robles, lo que muestra un crecimiento de dos puntos porcentuales en comparación a la medición hecha en enero del 2024.

Asimismo, las calificaciones negativas hacia su labor presidencial también se mantuvieron igual a las que se identificaron a inicios del presente año, con un 27 % de desaprobación.

Un aspecto que destaca, en cuanto al apoyo con que cuenta el Mandatario, es que dentro del análisis sociodemográfico que se le aplicó al conjunto de personas que aprueban su gestión, resalta que ese respaldo proviene de manera predominante de personas jóvenes con edades entre los 18 y 34 años, en su mayoría hombres, con nivel educativo máximo de secundaria, y que viven en las provincias de Heredia y Limón, principalmente.

El Dr. Ronald Alfaro Redondo, profesor y coordinador de esta Encuesta, agregó que se les pidió a las personas encuestadas que compararan la expectativa que tenían al inicio de la gestión de Chaves Robles, con el desempeño actual, para que evaluaran específicamente si el trabajo es peor, igual o mejor de lo que pensaban al principio.

“La Encuesta muestra que el 30 % siente que el desempeño es peor de lo que se imaginaron, mientras que un 55 % dicen que superó sus expectativas. Pero además, el 14 % afirmó que la gestión del gobierno de Chaves coincide con su pensamiento inicial”, detalló Alfaro.

Y dentro de las diversas problemáticas que afectan al país, las personas consultadas mantienen a la dupla de la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación (41, 8 %), sentir que se mantiene desde septiembre del 2023. Inclusive, si se compara con el dato que se presentó en la Encuesta de enero de este año (38, 3 %), ese porcentaje aumentó en 3, 5 %.

En el segundo lugar aparece el costo de la vida y situación económica, con 11, 2 %, y en la tercera posición está el tema de la corrupción (10, 2 %), seguido de cerca por la mala gestión del Gobierno con 10 %.

A su vez, ante la consulta sobre el nivel de confianza en cuanto a la capacidad que tiene el Gobierno para lograr solucionar el mayor problema de Costa Rica, un 28 % dijeron no tener ninguna confianza; 45 % mostraron poca confianza; 18,2% se sintieron con alguna confianza; y 9,2 % manifestaron tener mucha confianza.

Seguidamente, ante la pregunta sobre cómo valora la situación de la corrupción en el país, en comparación con hace un año, el 65 % de las personas encuestadas eligieron que está peor, mientras que el 18 % dijo que se mejoró en ese aspecto; y un 15 % dice que lo percibe igual.

Finalmente, en el tema de la educación, un 40 % de las personas consideran que está peor que hace un año; un 34 % dijo sentir que ha mejorado; y el 21 % contestó que no tuvo cambios.

Otros temas importantes que son analizados en esta Encuesta de la ECP y el CIEP son: el conocimiento y frecuencia en el uso de la inteligencia artificial; la valoración de la situación del agua en Costa Rica; y la simpatía partidaria.

Otto Salas Murillo
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Informe crítico sobre inseguridad y desarrollo turístico e inmobiliario en el litoral de Guanacaste

Informe crítico sobre inseguridad y desarrollo turístico e inmobiliario en el litoral de Guanacaste según datos de 2023 ¿amenazas al desarrollo o producto de un modelo de desarrollo desigual? 

Un texto escrito por Esteban Barboza Núñez y publicado en el 2024 por el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible, de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), en su introducción menciona que el tema de la seguridad en el turismo siempre ha ocupado un lugar preponderante en la agenda de los Estados, los inversionistas, los desarrolladores, y los turistas mismos.

Atentados terroristas, epidemias, pandemias, guerras, desastres naturales, delincuencia, crimen organizado, y otros eventos inusitados pueden tener graves consecuencias adversas en un destino turístico específico, o bien a nivel sistémico, señala el informe.

Agrega que un destino sin turistas no puede funcionar; y la inseguridad o una imagen negativa en ese rubro definitivamente tienen efectos devastadores en el destino como tal, debido a la disminución drástica de turistas e inversionistas (Boyakye, 2010).

A partir de estas premisas, continúa el autor, el objetivo de este informe crítico es explorar la relación entre seguridad y exclusión en el sistema turístico del litoral de la provincia de Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, a partir del análisis de los principales índices de inseguridad del año 2023, según el Organismo de Investigación Judicial.  Para conseguir tal objetivo, en primera instancia se revisa y discute los principales indicadores y estadísticas de criminalidad en la región para el año 2023, un año récord en homicidios, robos, hurtos y asaltos, entre otros delitos. 

Entre los capítulos de este texto del investigador y académico de la UNA Esteban Barboza Núñez, se encuentran: Seis indicadores de inseguridad, Seguridad y turismo, La construcción del litoral guanacasteco como destino turístico, y Cuando el frío no está en las cobijas.

Le invitamos a descargar el documento compartido con SURCOS por el autor.

Detrás de los colores: Costa Rica, fracturas y descomposiciones

Abelardo Morales Gamboa (*)

Nadie es profeta en su propia tierra…

Abelardo Morales Gamboa.

Si algo nos indicaban los resultados de las recientes elecciones municipales no era solo el arcoíris con el que se colorearán las municipalidades a partir de mayo próximo, sino cómo esa configuración política está expresando un rápido deslizamiento político ideológico del país hacia la derecha y al conservadurismo, por un lado, y al ensanchamiento de las brechas sociales, de las desigualdades y las exclusiones, y, quizás, de peligrosas fracturas territoriales, por el otro; sin que este resultado ni el rumbo en el resto de los escenarios políticos esté marcando ningún giro esperanzador para el futuro del país.

Ese resultado manifiesta la caída tendencial, de largo plazo, del bipartidismo histórico que marcó la alternancia entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, tanto a nivel nacional como provincial y local. De 84 alcaldías, juntos ganaron 49, o sea el 58 por ciento de los municipios. El PLN resultó ser el más castigado, pero el PUSC apenas logró hacer un reacomodo territorial de sus votos para alcanzar 5 alcaldías más que en 2020, pues en número de votos a nivel nacional no creció, sino que perdió más de un centenar de votos. Fue la aritmética local la que le ayudó.

Sin duda, en cada periodo electoral se producen reacomodos que pueden cambiar los mapas, algo parecido a la activación que se observa con los enjambres sísmicos. Pero en esos huecos que van dejando localmente los cambios de las hegemonías cacicales, no emergen salidas políticas que contengan respuestas esperanzadoras a los caldos de cultivo de la descomposición social, ni siquiera remaches a las fracturas y menos frenos al acercamiento acelerado a los abismos. Ni el PLN y mucho menos el PUSC escapan a la derechización política y al conservadurismo. Y las otras opciones que esperábamos más progresistas están estancadas o quizás también en caída.

Ese deslizamiento, casi sin freno, a un abismo de crisis ha sido causado por una intensa acumulación de tensiones sociales, de los cuales situaciones como el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad, la desconfianza social en las instituciones son sus irrupciones en la superficie. Pero esa misma crisis expresa un deterioro de la conciencia cívica, de la crítica y de la rebeldía social frente al statu quo.

Nos falta preguntarnos sobre la (re) configuración territorial del poder y de la dominación en Costa Rica a partir del juego de fuerzas en la escala local. Para eso habrá que leer lo que ocultan las banderas que colorearán a cada municipalidad, pero también más allá y, sin caer en maniqueísmos ni determinismos, conjeturar un poco sobre el movimiento de las dinámicas locales. No hay leyes físicas para explicar esto y nos falta investigación social sobre esos escenarios.

También posiblemente las banderas nos dirán muy poco, sobre todo porque el abstencionismo tiene una oculta que no sabemos cómo colorear. Pese a que alcanzó el 68 por ciento, la estadística electoral en vez de colorearlo, lo sombrea bajo el sofisma de la poca conciencia y compromiso cívico de los abstencionistas. Los abstencionistas, creo yo, nos están diciendo otras cosas y quizás son evidentes, pero eso no estuvo ni está en la agenda de los partidos. Algunos apostaron por mantener el abstencionismo a raya y moverse dentro de círculos de electores manipulables.

Todo lo anterior es la expresión no de una sino de múltiples fracturas. Estamos viviendo sobre un enjambre socioterritorial que políticamente no se termina de acomodar, pero como en la sismografía se van acumulando tensiones y generando simultáneamente una liberación de energías que podría ser gradual o llevarnos a una catástrofe. También no podemos obviar que la cartografía política posiblemente esté expresando las distorsiones de la fragmentación derivada de la división territorial por cantones, cosa que no parece solucionarse en breve pues abundan caudillos locales con sueños imperiales y diputados que convierten la creación de nuevos cantones en moneda de cambio.

En fin, como mera especulación final agrego que quizás debamos seguir preparándonos para otros posibles nuevos remezones, la rebatiña que está protagonizando el refrito que nos gobierna apenas parece anunciarnos que todavía tendremos que ver mucho más de aquí a las próximas elecciones.

(*) Sociólogo, comunicador social e internacionalista.