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Etiqueta: pobreza

Gatos desatan en Costa Rica masacre desde los techos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Desde sus tejados de zinc comido por la bruma, los gatos sin collar observan el banquete. No perdonan. Sus presas, criaturas tan cándidas que olvidaron cómo huir, ya son apenas un eco transparente en los portones de las fábricas. Solo los grandes dinosaurios de su misma sangre se salvan del zarpazo, flotando en el aire espeso del privilegio.

Mueven los hilos del oro extranjero y secan los arroyos de la ayuda pública con un parpadeo, mientras abajo, en el asfalto, la gente paga por el aire que respira. Las estructuras del tributo son de piedra milenaria y a los dueños del reloj nadie los toca. Que pague el rebaño, rezongan los gatos desde la luna, si de todos modos ya nacieron con el yugo al cuello.

La pequeña casta de felinos invisibles administra el compás de la miseria exacta. Miden la desigualdad con números fríos y urnas de cartón, convertidos en dueños del tiempo y de la sombra. Dejo constancia, que aun así, la dignidad existe.

III.- El talón de Aquiles: Este es definitivamente uno de los frentes de fragilidad más preocupantes del modelo económico costarricense, si seriamente pensamos en un ‘plan país’ después de 40 años de paquetazos y paquetitos fiscales.

La innegable y alta dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, dentro de ella, la abrumadora concentración en un solo socio, mantienen a nuestro país en una posición de vulnerabilidad extrema.

El vínculo económico de Costa Rica con Estados Unidos constituye una realidad estructural profunda que se manifiesta de forma primordial en su IED, rubro en el cual el país ostenta un liderazgo mundial al captar un 58 % de sus proyectos de capital estadounidense.

En 2024, el flujo desde EE.UU. representó el 78% de toda la IED que recibió el país. Incluso en 2025, tras una caída, sigue siendo el origen del 51%.

Sectores de oposición atrincherados históricamente en el neoliberalismo repiensan ya otra reforma fiscal que omite la participación directa de diversos actores sociales y productivos avasallados en los últimos 40 años. (Ver Universidad 26/7/2026). Esta propuesta ignora un aspecto central: la falta de atención a las dinámicas del comercio cautivo.

En 2024, el 46.7% de las exportaciones y el 40.6% de las importaciones costarricenses fueron con Estados Unidos. La brecha en las tasas de interés entre ambos países puede originar cambios abruptos en el tipo de cambio, con impactos directos en la competitividad y el bolsillo de los costarricenses más humildes

Otro verdadero desafío no radica meramente en la importación de las debilidades estructurales de Estados Unidos, sino en cómo estas se intensifican al traspasarse a nuestra economía. Lejos de actuar como un ancla de estabilidad, el modelo estadounidense transmite y potencia sus propias fragilidades hacia nuestro entorno.

Dichas vulnerabilidades estructurales inciden negativamente en el proteccionismo y la política arancelaria. Un ejemplo evidente es la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Costa Rica, elevado al 15% en 2025.

Esta situación altera de forma estructural las condiciones del intercambio comercial de bienes. Asimismo, la volatilidad geopolítica asociada a este proteccionismo introduce un factor de riesgo que repercute negativamente en la estabilidad económica nacional.

De esta manera, el aumento de los conflictos geopolíticos y su expresión geoeconómica, como la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, generan incertidumbre y frenan la inversión.

Igualmente, debemos considerar la reconfiguración de las cadenas globales de suministros. Esto incluye la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, las tensiones petroleras impulsadas por la guerra de Trump en Medio Oriente y la volatilidad del bloque regional al que insisten en mantenernos ligados.

Todos los paquetes fiscales dieron duro a los más vulnerables. (Foto tomada de colectivo La kanaya).

El 10% más rico del que nos hablan las publicaciones especializadas en el tema, es el resultado de los beneficios sin parar otorgados desde hace 40 años. Acumulan aproximadamente entre el 50% y 51.5% de los ingresos y la riqueza total disponibles, mientras que el 1% más rico acapara por sí solo cerca del 35.3% de la prosperidad del país.. Los datos son públicos. Es cuestión de consultarlos.

Manejan nuestro dinero a su antojo, incluyendo los sagrados fondos de pensiones. Les sobra para financiar al gobierno central con un generoso 13,98%, consentir a los acreedores extranjeros con un 3,89% y dejar que las empresas en el exterior ayudadas con plata tica se olviden de pagar impuestos acá. Para rematar semejante obra maestra, los premiamos regalándoles 36 mil millones de colones al año por estar cómodamente fuera de nuestras fronteras.

Ay, democracia, divino tesoro: donde eliges entre la nada y los peores cada cuatro años.

IV.- Narcotráfico, pobreza y desigualdad:

No son simples felinos de callejón; Aquel plumaje dorado de la sospecha aleteó siempre sobre los escritorios de la fiscalía cuando el general Quintero perdió su libreta dorada, el sargento Gamboa, el capi Diablo y el teniente Campana, juraron haber visto en la entrada a misa a un gato persignarse con una pata de oro macizo.

Son gatazos de bigotes encerados y miradas felinas que ronronean en una frecuencia capaz de acabar con cualquier moneda de un manazo.

Durante calendarios enteros, estos animales de seda y alcurnia han enterrado sus fortunas bajo torres invisibles. Están allí por si alguien quiere ser como ellos. Sus activos, amasados con el polvo blanco de los sueños rotos, se esfuman en el aire como un aroma a azahar podrido cada vez que la ley intenta acariciar sus lomos.

Cualquier dato preciso sobre el narcotráfico en la economía no existe ni ha existido. Interesa cuidar el secreto bancario; ese sí importa como parte la institucionalidad.

¡Puro cuento! Esos números exactos sobre la plata sucia en la economía solo salen de la boca de los que ya se imaginan con puesto de diputado, juez, fiscal o asesor. Con exactitud no se conoce ni interesa, porque habría que investigar el verdadero negocio de la droga en Estados Unidos y Europa.

Cuando era ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, precisó y aclaró lo que había dicho en una entrevista anterior: en Centroamérica se lavan 14.000 millones de dólares y a Costa Rica le tocarían 4.359 millones. Como él mismo dijo: “Cambia la magnitud, pero no la importancia del tema”.

Asimismo, según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, Costa Rica lidera Centroamérica en flujos ilícitos de capitales por tributación internacional y precios de transferencia. Basado en datos del Global Financial Integrity y un cálculo del Icefi para 2014, esto genera una evasión del impuesto sobre la renta del 6.0% del PIB, equivalente a 3.024 millones de dólares. (Diario Extra; 20/11/2019).

El 10% más privilegiado de la población concentra aproximadamente la mitad de la riqueza y de los ingresos nacionales, una disparidad estructural que evidencia la urgente necesidad de consolidar mecanismos de redistribución más justos y equitativos para el desarrollo nacional. Sin controlar las causas del faltante fiscal todo se reducirá a falacia económica.

Como queda planteado líneas atrás, la pobreza en Costa Rica no es un problema de todos por igual: es el resultado de un sistema favorecido por décadas de exoneraciones, evasión y contrabando. entre otros.

Solo como recordatorio, el «gasto tributario» —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios fiscales— se mantiene en un nivel crítico y debería ser un tema central en todos los debates públicos, dejando de pensar ya en este zutano o aquel fulano iluminado para venir a salvarnos. ¡No ocurrió en 40 años ni ocurrirá! Es tarea conjunta de los trabajadores y otros actores ser protagonistas en la reconfiguración del nuevo país que queremos.

Ya los verán. El municipio aguarda impasible la resurrección de los ríos secos y la bendición de los puentes cuánticos que solo existen en la cartografía electoral del 2030, mientras los benefactores de nuestra tierra infértil llena de rocas ya lustran sus mejores discursos para salvar su sagrado status quo con marchas de fantasmas bien desayunados con caviar de bueno y jamón serrano.

El 1 % más adinerado concentra aproximadamente el 35.3 % de la riqueza nacional, posicionando a Costa Rica entre los países de América Latina con mayor desigualdad en la distribución del capital.

Este panorama se refleja en el coeficiente de Gini, que históricamente ha oscilado entre 0.45 y 0.52. Esto evidencia los problemas estructurales de la democracia más antigua del continente, los cuales fueron expuestos en las líneas anteriores

Para los entendidos en la materia, el coeficiente Gini nos da a conocer el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. Se expresa en una escala del 0 al 1 (o del 0 al 100 si se multiplica por cien), donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad máxima.

La desigualdad aumentó hasta 2020 y alcanzó su punto más alto con un coeficiente de Gini de 0.492 (en una escala de 0 a 1). Año a partir del cual se registra una reducción de la desigualdad, pasando desde su punto más alto (49.2 en 2020) hasta los 45.5 en 2025.

Esta propensión a la baja se confirma con los datos oficiales del INEC, que en 2024 reportaron el coeficiente de Gini más bajo desde que se tiene registro.

En América Latina y el Caribe, esta tendencia muestra una dirección incierta tras la pandemia. Aunque en 2019 se registró una mejora notable con 39.9 puntos, el indicador repuntó a 42.4 en 2024 y apuntaba a un nuevo incremento de 45.9 para 2025.

Como señalan diversos estudios, estas cifras evidencian una profunda divergencia regional en la recuperación postpandemia.

Sin pretender una única interpretación, esta mejora del Índice de Gini en Costa Rica — pasó de 0.492 en 2024 a una proyección de 0.455 para 2025— podría obedecer a un fenómeno real, pero a la vez limitado y frágil.

Se explicaría por factores coyunturales como la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y el aumento del ingreso real en los estratos bajos y medios. El impacto de la economía ilegal en esta métrica es marginal y no cuantificable en las encuestas de hogares, donde solo se declaran ingresos lícitos; de hecho, las ganancias criminales tienden a concentrarse en cúpulas y ensanchan la desigualdad real.

La paradoja la resolvemos si comprendemos que el país mejora la distribución del ingreso mientras deteriora la calidad de sus servicios públicos.

Asimismo, tenemos que la bonanza reciente proviene de sectores como las zonas francas, que generan riqueza, pero no tributan de la misma forma, lo que ha llevado a que el gasto social caiga del 10.1% del PIB en 2020 al 8.5% en 2025. Ambas tendencias son dos caras de una misma moneda: un modelo que estimula el bienestar privado en el ingreso, pero desfinancia el bienestar público.

El llamado «ingreso en especie» (programas sociales) y los subsidios directos han sido históricamente un pilar fundamental para reducir la desigualdad en Costa Rica, y su reciente disminución ayuda a entender la paradoja que estamos planteando. Las transferencias monetarias y los subsidios (como becas, bonos de vivienda o apoyo a redes de cuido) tienen un efecto directo y potente en la distribución del ingreso.

Su impacto es doble: Incrementan el ingreso disponible al poner dinero directamente en los bolsillos de los hogares más pobres. Apaciguan la pobreza, porque sin estos ingresos, sería significativamente mayor. Un estudio de 2025 señaló que, sin los ingresos indicados la pobreza en Costa Rica sería del 77%, lo que subraya la importancia crítica de todas las fuentes de ingreso, incluidas las transferencias.

El problema es que, en los últimos años, estos programas han sufrido recortes significativos Los datos trascendidos en distintos momentos y procedentes de diversas fuentes, muestran una contracción clara y documentada en los principales programas de asistencia social durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El presupuesto para programas de pobreza se redujo en aproximadamente ¢50.000 millones entre 2022 y 2023. La inversión social total pasó de ¢769.000 millones en 2022 a ¢718.000 millones en 2023, su nivel más bajo desde 2019

Esta tendencia a la baja ha continuado, ya que el gasto social como porcentaje del PIB pasó del 10,1 % en 2020 al 8,5 % proyectado para 2025. El Ejecutivo insiste que se ha dado un mejor uso a estas partidas sociales transparentando los excesos y lujos con los fondos públicos.

Así, el programa de becas para estudiantes en situación de pobreza pasó de ¢113.000 millones a ¢85.000 millones entre 2022 y 2023.Es decir, se eliminaron 113.739 becas en un solo año. En relación con la Red de Cuido, los críticos de Chaves señalan una caída en la atención a menores, bajando de 30.360 niños en 2020 a 26.000 en 2023, lo que representa una pérdida de 4.360 cupos.

Además, la cantidad de soluciones habitacionales entregadas se redujo de un promedio de 12.000 por año a 9.320 en 2024. Aunque las cifras maquillen el ingreso y reduzcan el Gini, los sectores vulnerables resienten servicios públicos en caída libre. La seguridad social se debilita, la educación se limita a suplir la demanda de las multinacionales y los recortes en ciencia, cultura y tecnología destruyen el ascensor social. Así, al sepultar el futuro de la niñez y blindar la pobreza hereditaria, Costa Rica se encamina a un abismo competitivo frente a la región.

Ahora que los dos grandes bandos del poder económico discuten un nuevo ajuste de impuestos, urge preguntar a quienes están fuera de toda ecuación: ¿cómo sería el proyecto de país que sueñan los sindicatos, la juventud, los barrios y los jubilados para los próximos 40 años? Algún día nacerá.

Los hechos históricos y económicos están allí. Muestran que tanto el oficialismo como la fragmentada oposición recurren a la misma estrategia: avivar el fantasma del comunismo y la dictadura. El agarrón de mechas es artificial, algo así como una cortina de humo para ocultar su responsabilidad compartida en la consolidación del modelo económico actual, evitando asumir un debate real sobre los problemas estructurales que afectan al país.

De momento, una verdad grita a voces: las reformas fiscales siempre fueron una trampa. Juraron que viviríamos mejor, pero solo nos usaron para exprimirnos el bolsillo. Esa es la verdad. Históricamente, los ricos y todos los gobiernos de turno se reparten el botín. ¿O acaso es falso?

Un verdadero desarrollo nacional – toda una generación extravío este postulado – no busca destruir la empresa privada ni frenar la creación de riqueza, sino reorientar el rumbo económico. Se trata que, así como el mercado enriqueció a estas cúpulas ahora el Estado articule ese mismo mercado con justicia social, priorizando a las mayorías vulnerables sin caer en falsas alarmas ideológicas con que nos tienen asustados desde 48. Alguien entendido en esas cosas dijo que este Macondo con mar y electricidad era una “dictadura democrática”.

¿Quiénes ponen este cascabel al gato?

Nos duelen los guanacastecos

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Freddy Pacheco León
Julio 2026

Más allá de las estadísticas que, decía don Pepe, «a veces se usan para mentir», la pobreza en nuestra adoptada provincia es inhumana, injustificable. Una cuarta parte de sus habitantes no tienen ingresos suficientes para cubrir la escuálida canasta básica, por lo cual con costos sus familias alcanzan a tener más de una comida digna al día.

Sin la merecida educación de calidad que se les niega desde temprana edad, los jóvenes pamperos parecen nadar en un mar de desesperanza, donde ya su esfuerzo es desalentador pues se torna improductivo. Sin tener asegurada la tortilla familiar, se ven obligados a abandonar las derruidas escuelas y peores colegios, para buscar dónde «camaronear» con el fin de ayudar con la comidita de sus hermanitos, sus padres, abuelitos y ellos mismos… si es que lo logran.

A ellos, cual, si solo fuesen una estadística, con desprecio los «técnicos» politiqueros del gobierno les llaman NINIS, porque ni estudian ni trabajan, ocultando que eso no es culpa de ellos y sí de las autoridades que se les acercan solo en campañas electorales, para aprovecharse de su desesperante miseria. «¡Tome esta platita y este arroz con pollo, para que nos acompañen a aplaudir a una reunión política!», les dijeron. «¡Hay que acabar con los corruptos que les han robado hasta lo que no tienen!», les agregaron.

Pero pasada esa «fiesta» democrática, en que el partido ganador pagó ¡más de ¢800 millones! a quien supuestamente les hizo las banderas, los que aplaudieron sin saber qué estaban celebrando, regresaron a sus humildes viviendas de latas de zinc, a esperar, inútilmente, por el cumplimiento de las promesas de plaza pública repetidas una y otra vez hasta el cansancio.

Aunque muy pocos pueden aspirar honradamente a mejorar su nivel de vida sin una sólida educación, aumenta cada día el número de los que se suman a los «analfabetos por desuso» que abundan en todo el país, y que no podían faltar, en lo que fuere el viejo Partido de Nicoya del que solo se acuerdan los 25 de julio de cada año. Situación determinante para tales hermanos guanacastecos, pues es casi imposible encontrar trabajos bien remunerados y permanentes que les permitan salir de la amarga pobreza, si se les sigue despreciando perversamente.

Al lado del desarrollo turístico ahora cada vez más “exclusivo” (aunque también en crisis por el alto valor del colón con respecto al dólar provocado por incompetentes economistas) que se nutre del más fantástico ramillete de playas extraordinarias, languidecen desdeñadas dos actividades sumamente importantes: la agricultura y la ganadería intensiva. Miles de hectáreas de tierra fértil, sufren erosión por sequías e inundaciones, ante la negativa gubernamental manifiesta de desarrollar la infraestructura que cambiaría ese panorama de desolación. Mientras la mayor parte del agua dulce del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, después de generar la energía eléctrica más barata del país en tres centrales del ICE, fluye irresponsablemente hacia el golfo de Nicoya, vía río Tempisque, el proyecto «Agua para Guanacaste» es obstaculizado por quienes tienen el deber de desarrollarlo. Ante esa realidad, el añorado Dr. Francisco Vargas Vargas, del genuino «Partido Confraternidad Guanacasteca» fundado hace casi 90 años, pampero enérgico, decidido, de pura cepa, ya habría denunciado enérgicamente esa inhumana farsa exhibida por los que, cada año, irrespetuosamente juran estar interesados. Proyecto cínicamente «inaugurado» tres veces en igual número de años, con discursos y música de marimba, para luego del show (como sucederá este año otra vez) regresar al valle central a burlarse de los ilusos que una exdiputada con exagerado poder en Casa Presidencial llamó de manera infame, «los básicos que todo lo creen».

Lo lamentamos mucho pues no es difícil imaginar el desarrollo que experimentaría Guanacaste con la incorporación por riego de más de 16.000 hectáreas a la producción agropecuaria, así como con llevar agua potable a unas 65 comunidades organizadas en Asadas, al tiempo que se impulsarían proyectos de turismo sostenible que sustituirían la extracción de fuentes de agua subterránea. Agua suficiente que sería igualmente bienvenida por una mayoría de pequeños y medianos emprendedores hoteleros, que desde hace años esperan por el líquido vital para desarrollar sus proyectos.

Pero no, ¡qué va! “como es para los guanacastecos fácilmente engañados, no hay que preocuparse mucho”, seguramente piensan, pues en Zapote las evidentes prioridades presupuestarias que se dicen tener en San José y resto del Área Metropolitana, no pueden incluir a Guanacaste, por lo cual, tampoco se le presta atención a las vías de comunicación hacia Puntarenas, ¡ya colapsadas y a punto de interrumpirse!, así como a la carretera hacia Cañas, y otras rutas secundarias fundamentales para el bienestar de los despreciados guanacastecos.

¿Que si nos duelen los guanacastecos?, pues claro que sí. Inevitable es ese sentimiento al evidenciar el maltrato que reciben en «agradecimiento», paradójicamente, a haber tomado la grandiosa decisión de incorporar su riqueza natural y cultural a la gran Patria tica en 1824.

Portada: pintura de Miguel Alan

Cuando una presidenta confunde gobernar con advertir: La cárcel mental del poder

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.

Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.

Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.

Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.

Ese es el verdadero escándalo.

La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.

Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.

La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.

Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.

Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.

Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.

Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.

Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.

Revelador de una pedagogía basada en el miedo.

Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.

Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.

Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.

Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.

Ha fracasado el poder.

Los pobres ¿electores de derecha?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

1 Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

En los recientes procesos electorales de nuestra América se discute y se interpreta el papel desempeñado por los pobres, a quienes acusan, como siempre, de ignorantes, sin conciencia, conservadores y sumisos al poder totalitario por haber contribuido al triunfo electoral de explotadores, mafiosos, corruptos, tiranos, que privatizan la función pública, transgreden la Constitución de la República que liquidan la institucionalidad, centralizando y concentrando ilegal y dictatorialmente el poder estatal.

Ante esta situación y condición política existente en Costa Rica, Perú y Colombia, entre otros espacios nacionales, ¿los pobres son culpables?, ¿acaso los sectores medios, desempleados, funcionarios públicos, intelectuales, pensionados, empleados privados, periodista, militares, partidos políticos, entre otros, son espectadores inocentes de los resultados de los procesos y fraudes electorales, de la complicidad burocrática en las transgresiones a las funciones públicas que se realizan cotidianamente?

No, los pobres no son ignorantes ni complacientes con el totalitarismo, son sobrevivientes en la precariedad, inestabilidad o del chantaje laboral, de salarios insuficientes, de la vulnerabilidad ante la criminalidad, la salud pública, de la regresión cognoscitiva o de la inmunidad e impunidad del poder económico y político. Los pobres no se imaginan ricos ni pensar como ellos, pero al estar imposibilitados de perder lo que les permite subsistir, algunos son coaccionados. El culpabilizar por su condición a los pobres se ha interiorizado en los estereotipos y prejuicios de la estupidez colectiva, en contextos que históricamente han culpado a los débiles, enfermos, manifestantes, dominados, explotados o los asesinados.

En la actualidad la agudización del hambre, miseria, represión y guerras guardan correspondencia con el enriquecimiento de pocos en la aldea global, dueños de las nuevas tecnologías y de los negocios mundiales que también son protagonistas de la actual e inmensa regresión cognoscitiva. La expresión tecnológica actualizada de la estupidez, representada por la inteligencia artificial (IA), en nuestros días está siendo usada en las guerras, fraudes electorales y en la sustitución de millones fuentes de trabajo que en otros tiempos convirtieron el trabajo humano en una labor mecánica o robotizada, como es la formación académica. El absurdo de los dueños, creadores y difusores y creyentes de la IA afirman regresivamente que es superior a la inteligencia humana, tendencia que sustituirá las relaciones sociales a relaciones entre cosas hacia la extinción. El entusiasmo actual para que la máquina realice labores personales, sin intervención humana, se va transformando en tragedia.

El sistema imperante recrea incesantemente las condiciones para la reproducción ampliada de la riqueza privada, comprometiendo desde hace siglos a los empobrecidos del mundo a la mecanización newtoniana que persiste hacia la sustitución radical del trabajo a todos los sectores subalternos, no solo con su esfuerzo, subsistencia, pensamiento y actuación, también con su salud y vida, en contextos de inseguridad y miedo. Luego, la tendencia hacia la paulatina erradicación de los subalternos transcurre haciendo irrelevante y sustituible técnica y formalmente, su voluntad, decisión y acción política y electoral. Entonces, serán los pobres culpables de haber sido electos como presidentes a ignorantes y autócratas en Costa Rica, Perú y Colombia.

Comiendo del mismo plato

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Erika Henchoz Castro

Primer día de mayo: jornada de felices coincidencias —o sospechosamente felices—, tanto políticas como verbales.

Nada más cercano a Un mundo feliz que ese coro de alusiones expresadas libremente o escritas, proclamadas, casi coreografiadas por el nuevo equipo de congresistas en el recinto parlamentario.

Unos sí, otros también: todos coinciden. Coinciden en la pobreza, en el hambre, en la naturaleza herida, en la delincuencia y en la urgencia de velar y atender la educación con mayúscula y bien tildada. Coinciden, sobre todo, en una agenda que dicen será por y para la Patria.

¡Ese será el norte a seguir! Dicen.

Algunos con buen verbo, otros con buen galillo, y unos pocos —los menos porque siempre sucede— con argumentos sólidos. Todos lanzan sus dardos al tablero de la democracia. Hay quien apunta mejor. Hay quien tiembla menos.

Algunos tendrán mejor pulso, mejor visión de las cosas o mayor pasión y conocimiento de la nuestra historia.

Pero, aun así, ¡cómo se parecen!

Mismo traje. Mismo color. Mismo gesto ensayado en sus teléfonos inteligentes.

Tal vez sea el único día del cuatrienio en que visten idénticos: blanco, azul y rojo, como si la patria pudiera coserse en la tela.

Mucho protocolo.

Y en esas cincuenta y siete curules —incómodas, dicen, pero codiciadas— todos caben en la misma forma, en la misma pose, en la misma promesa.

Yo pienso —y por eso escribo— que algunos miran con más limpieza que otros. Que hay rostros nuevos y otros demasiado conocidos. Que no todos cargan el mismo peso de ideas.

Pero queda la pregunta, terca:

¿a cuántos les incomoda, de verdad, la voz de un campesino?
¿a cuántos les duele el silencio largo de un pueblo indígena que lleva décadas esperando ser visto?

La respuesta no está hoy.

Llegará cuando las fracciones hablen. O callen. Cuando voten. Cuando se levanten. Cuando coincidan… o dejen de coincidir.

Porque al final, todo —todo— se decide en el plenario.

Y ahí, ya no basta con parecer iguales.

Una estética fugaz

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En días pasados un medio de comunicación costarricense me solicitó un análisis acerca de la presencia de cierta cultura narco en nuestra sociedad.

Ese ha sido un tema de consulta recurrente en los últimos años dada la masificación de ciertas prácticas vinculadas con esa actividad delictiva. Pero también se explica por la comprobación empírica de que en efecto el país está flanqueado por grupos y estructuras criminales de muy diverso espectro que controlan territorios, muchos de ellos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Hablamos del orden de lo sociocultural, allí donde emergen las semióticos y las simbólicas que acompañan consumo y conductas asociadas.

Debemos decirlo: nuestra sociedad se ha transformado aceleradamente, así como los ejes que sostenían lo permitido, lo posible.

Al hablar de una narcocultura hacemos referencia a la instalación de ciertas estéticas y comportamientos. Todos ellos afincados en cierta frugalidad y temporalidad limitada.

Una sociedad así dispuesta ha entrado en un delirio sin retorno. Porque le abrió las puertas a una actividad cuyas consecuencias aún se experimentan en entornos cercanos.

No es a la práctica a lo que debemos prestarle atención. Es a las razones estructurales que permiten su funcionamiento en un contexto de quiebre como el actual. Prestemos atención a sus expresiones. Es allí donde las juventudes están encontrando sentido. Ni más. Ni menos.

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

Escrito en . Publicado en Seguridad.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Sobre la libertad: dos instrumentos para garantizar la existencia y evitar su amenaza

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Daniel Raventós / pressenza

La Renta Básica de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza sería un instrumento para garantizar la existencia material —condición republicana para la libertad—. La RM sería un instrumento para evitar que las grandes fortunas acaben con la existencia material y con la libertad de la inmensa mayoría. Es una cuestión, efectivamente, de libertad.

¿Qué no se ha dicho sobre la renta básica (RB)? Desde la filosofía, la economía, la econometría, la sociología, el derecho, la política, y mediante vídeos, artículos, cómics, películas y libros, la RB ha sido explicada, divulgada y extendida. A mediados de octubre escuché la siguiente conversación en la facultad de Economía de la UB entre dos estudiantes. Uno comentaba que “la propuesta de la RB ya es muy conocida”, el otro contestaba: “sí, lo que hace falta es que se ponga en funcionamiento”. Tengo mis dudas de que realmente la RB sea conocida entre la población digamos europea en general. Que lo es de una forma muchísimo mayor que a finales del siglo pasado no hay la menor duda. Cuando a principios del año 2001 se constituyó la asociación Red Renta Básica, ahora hace nada más y nada menos que casi un cuarto de siglo, nadie de los presentes podía ni imaginar que la RB fuera motivo de debate público en muchos países del mundo como lo es hoy en día, pero de constatar esta evidencia a asegurar que es “ya muy conocida”, creo que hay un gran recorrido aún.

Sobre la contestación del segundo estudiante, no tengo la menor duda, se trata de ponerla en práctica. Pero ¿cuáles son las dificultades o los obstáculos que lo impiden? Varios, pero hay uno por encima de todos: la oposición cuando no abierta beligerancia de algunos partidos de izquierda —izquierda, en sentido muy lato—, porque la animadversión de los partidos de la derecha, con alguna excepción puramente anecdótica, siempre ha sido clara y diáfana. Si bien la opinión de sus votantes no coincide con la posición oficial de estos partidos, las cosas son así. Realidad que ha sido también tratada con cierto detalle en muchas ocasiones por diversos autores y autoras.

Lo que no acostumbra a merecer la atención de muchas personas defensoras de la RB es el tipo de medidas que deberían acompañar a la RB. Pequeña y redundante aclaración: el tipo de medidas que deberían ser compañeras de la RB dependerá de las opiniones sociales, económicas y políticas que sustentan la propuesta. Un liberal en sentido europeo que apoye la RB, hay algunos sí, o una persona socialista —si bien usando más propiamente las palabras debería decir una persona simpatizantes o militante de algún partido socialista de los que hay ahora— que simpatice con la RB, que también  hay alguna, estas personas digo apoyarán un tipo de propuestas junto a la RB muy diferentes a las que pueda defender una persona partidaria del republicanismo socialista o socialismo republicano. Como me incluyo en esta opción, me gustaría tratar en este artículo una medida “hermana” a mi entender de la RB que ya empieza a “ser popular” aunque no todavía al mismo nivel de la RB ni por conocimiento, ni por justificación técnico-científica. Me refiero a la llamada renta máxima (RM). Y para ello voy a utilizar parcialmente y con algunos datos más recientes lo que se trató en un capítulo de En defensa de la Renta Básica.

La definición estricta de la RM sería una tasa marginal impositiva del 100 % a partir de determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. Sabido es que la riqueza está mucho más desigualmente repartida que la renta. En Europa, el 10 % más rico posee más del 55 % de los activos; en Estados Unidos, ese porcentaje supera el 70 %. El 1 % más rico concentra más del 20 % y del 40 %, respectivamente.

Cuando se habla de RM normalmente se refiere a lo ganado como ingresos (“renta”) en un año. La propiedad formaría parte de impuestos relacionados con el patrimonio o la riqueza, definida como toda propiedad inmobiliaria, mobiliaria, financiera y de cualquier otra modalidad excepto la vivienda habitual. Esto quiere decir varias cosas. Puede defenderse una RM y también un impuesto a la riqueza que recibe distintos nombres como “impuesto a las grandes fortunas”, por ejemplo. Pero conceptualmente son diferentes. La RM se refiere a lo que una persona gana en un período de tiempo, como ya se ha dicho a las rentas obtenidas. Adicionalmente, puede defenderse por razones democráticas republicanas que las grandes concentraciones de propiedades tengan un límite. Grandes concentraciones de riqueza y grandes rentas van relacionadas, obviamente la riqueza ayuda a incrementar la renta y la renta ayuda a incrementar la riqueza.

Apuntaba en un artículo con Jordi Arcarons algunos datos del reino de España. El 5 % superior de la población con mayor renta concentra más del 41 % del total y el 2 % superior más del 28 % del total. En cuanto a riqueza: el 5 % superior acumula prácticamente el 73 % del total, mientras que el 2 % superior concentra más del 44 %.

Un ejercicio interesante es analizar qué sucede en la intersección del 5 % superior conjuntamente en renta y riqueza. La población auténticamente rica. En este caso, tan solo un 3,8 % de la población total acumula simultáneamente poco más del 20 % de la renta total y muy cerca del 44 % de la riqueza neta total. Y si descartáramos a los que disponen de patrimonios inferiores a 500.000 euros —los menos ricos entre los ricos—entonces algo menos del 1 % de la población total —poco más de 415.000 personas—  seguirían concentrando el 8,3 % de la renta total y más del 32 % de la riqueza neta total. En estas cantidades y porcentajes no se incluye todo lo escondido o evadido de forma semi o directamente fraudulenta, solamente lo que está registrado de forma legal. Estas 415.000 personas, o este menos del 1 % de la población, es más rico de lo que dicen los números oficiales, claro, pero con los oficiales ya son muy ricos.

El problema de las grandes fortunas no es solamente la gran desigualdad que suponen respecto a una gran mayoría de la población. Las grandes fortunas, las grandes concentraciones de propiedad, son una amenaza a la democracia, y desgraciadamente más que una amenaza. Como también pensaron los fundadores de la primera república moderna en 1776. Efectivamente, como muchos autores han insistido, los founders temían que si las grandes desigualdades se hacían inmensas el experimento republicano democrático fracasaría. Y fracasó. Louis Brandeis, Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1916 a 1939, lo expresó de forma difícilmente superable hace un siglo: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.

Por eso cabe preguntarse: ¿cuál debería ser el límite razonable de la riqueza personal en una sociedad democrática? ¿Un millón de euros? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cuánto necesita realmente alguien para vivir con comodidad, incluso con lujo, sin poner en riesgo la libertad del resto? Una persona que innova, que trabaja duro para aportar a la sociedad un montón de ventajas, que sabe adelantarse a los negocios, que tiene una gran capacidad de iniciativa, que se arriesga y todas estas virtudes que los chearleaders de las grandes fortunas acostumbran a ofrecer, ¿necesita más de un millón, dos, tres, cuatro como recompensa? Se trata de una discusión democrática que aún no se ha iniciado y que no puede resolver ninguna persona supuestamente experta (¿experta en qué, en realidad?).

Una RM, recordemos que esta se refiere a la renta no a la riqueza, puede incluso ligarse a la suerte parcial de los que están muy por debajo de la distribución de la renta. Por ejemplo, la RM podría ser un múltiplo del salario mínimo interprofesional, como propone Sam Pizzigati. ¿100 veces? ¿50? ¿200? No importa aquí tanto el múltiplo sino la idea. Si soy una persona ganadora de renta de las más elevadas y sé que lo que gane a partir de 100 (o 50 o 200) veces el salario mínimo interprofesional tendrá una tasa marginal impositiva del 100 %, estaré interesado que la cantidad a partir de la cual se multiplica por 100 (o 50 o 200) sea mayor. No es lo mismo ganar 100 (o 50 o 200) veces sobre 800 euros que sobre 1.500, claro. Otra aproximación distinta, pero con la misma intencionalidad, podría ser el salario medio.

La cantidad de RM que puede permitirse desde la perspectiva de la libertad republicana no es algo que pueda ser fijado al margen del debate público y del momento histórico al que nos refiramos. Republicanamente no puede admitirse la acumulación de grandes riquezas por la injerencia que maquinan estas fortunas para interferir en la existencia material de la gran mayoría de la población, por la capacidad de estas grandes fortunas de comprar-influir-presionar-manipular gobiernos (solamente las grandes fortunas disponen de posibilidad material para sobornar-manipular a políticos o para influirles decididamente para favorecer sus intereses) y, ligado con lo anterior, por la destrucción que supone para las democracias. Como escribía junto a María Julia Bertomeu:

“[H]ay un argumento republicano contundente para justificar una renta máxima, a saber: puesto que la riqueza y la propiedad privada son un producto esencialmente político y social, una república democrática debe ser capaz de diseñar algunos instrumentos —como una renta máxima— que eviten que ésta quede concentrada en unas pocas y confiscatorias manos, y debe impedir también que estas manos puedan disputarle a la república su capacidad para definir el bien común y para garantizar una vida republicana y democrática normal, para todos”.

Otro aspecto básico de la RM es que no está pensada especialmente para recaudar. Sin menospreciar las posibilidades recaudatorias, está pensada principalmente para reducir la desigualdad. En EEUU, debido a impuestos del 90 % a las grandes rentas, “desde finales de los años treinta hasta principios de los setenta, disminuyó la desigualdad de la renta”, como explican Saez y Zucman. Recuérdese que Franklin D. Roosevelt, si bien no consiguió su propósito inicial de establecer una RM del 100 %, sí logró implantar una tasa marginal del 94 % para rentas por encima de los 200.000 dólares anuales (de 1936, actualmente equivaldrían aproximadamente a 4,6 millones de dólares). Estas tasas marginales máximas se mantuvieron durante décadas, alcanzando un promedio del 81 % desde 1944 hasta 1981 y excediendo, entre 1951 y 1963, el 90 %. También en el Reino Unido, que llegó a tener desde 1941 a 1952 tasas marginales máximas que llegaban al 98 %.

Ya Aristóteles —muy benevolente con los ricos y muy crítico de la democracia ática de los pobres libres en la que vivió— era de la opinión de que la riqueza debe estar limitada a lo que permita una existencia digna (“hay un límite [a la riqueza] aquí como a las demás artes”) (Pol. 1256b). Ningún político actual cercano al poder —cuando se está lejos es más fácil— ha dicho nada semejante aún para vergüenza de la política.

La RB de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza sería un instrumento para garantizar la existencia material —condición republicana para la libertad—. La RM sería un instrumento para evitar que las grandes fortunas acaben con la existencia material y con la libertad de la inmensa mayoría. Es una cuestión, efectivamente, de libertad.

Lo diré de otra manera. La RB garantiza la existencia material: es el piso de la libertad. La RM evita que unos pocos destruyan esa libertad con su poder económico: es el techo de la libertad. Ambas, en definitiva, son instrumentos republicano-socialistas esenciales para asegurar la existencia y proteger la libertad de todos.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/11/sobre-la-libertad-dos-instrumentos-para-garantizar-la-existencia-y-evitar-su-amenaza/