Freddy Pacheco León, PhD
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no solo ofrece a la comunidad una cobertura eléctrica cercana al 50% que alcanza a todos los rincones del país, sino que, además, es casi en su totalidad de origen renovable. Y es así, por disposición histórica de sus fundadores y primeros desarrolladores, que lo decidieron mucho antes de que planetariamente se recomendara el uso de energías renovables, en virtud de las medidas que hay que implementar para enfrentar las causas y consecuencias del cambio climático.
Además, gracias a su internacionalmente reconocida eficiencia y eficacia, y al hecho de que se trata de una empresa estatal que funciona sin fines de lucro, sus tarifas son las menores del istmo centroamericano, para beneficio de habitantes y sector productivo. De ahí el prestigio bien ganado del ICE y el cariño de que goza entre los costarricenses.
Sin embargo, ahora que Costa Rica se está estrenando como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que originalmente era conocida como el “club de los países ricos” por haber sido fundada por EUA, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, Portugal, Austria, Grecia, Turquía, Luxemburgo e Islandia, ha recibido de manos de su actual presidente, el australiano Mathias Cormann, un “Estudio Económico” fechado 2023, pero ¡con información de hace una década!, por lo menos en lo que se refiere al ICE.
Si se tratara de un informe sin importancia el censurable fallo no tendría especial trascendencia, pero al tratarse de un diagnóstico, o sea un documento sistemático, evaluativo, que permite producir hipótesis y acciones con objetivos ideológicamente orientados, mal haríamos en desdeñar su contenido.
Aparte de señalar, casi en forma de lamento, que la participación de la generación de electricidad del sector privado permitida está limitada al 30%, destaca que tiene barreras contractuales con el ICE como las que exigen que la participación extranjera en las empresas no supere el 65%, obviando eso sí, que por muchos años el ICE se ha visto obligado legalmente a comprar energía del lucrativo sector privado, a precios más altos que los de su producción.
El tinte tendencioso de esas anotaciones, se reafirma cuando afirma sin ambages, que “el desempeño operativo del ICE es mediocre”, cuando se le compara con instituciones pares y que los precios de la electricidad han sido más altos que en los países centroamericanos, usando para ello, información del Banco Mundial recabada hace diez años, y no la que se tiene a disposición pública en diversas fuentes.
Así pues, siguiendo la lógica procesal de la información anotada, se plantea inmediatamente la hipótesis derivada de esa falacia, para afirmar que el rompimiento del monopolio en “la operación de la red de transmisión”, y la apertura de la competencia en la “generación y el suministro minorista”, “puede generar grandes beneficios en forma de innovación y precios más bajos”. Seguido, como era de esperar, por la liturgia economicista que como letanía repite que se “debería considerar flexibilizar las restricciones y los límites existentes a la participación del sector privado, incluidos los relacionados con la propiedad extranjera, como una forma de estimular la innovación y la competitividad y enfrentar los próximos desafíos para el sector eléctrico”.
Es cierto que nuestro país, como lo es Chile, el primer país latinoamericano afiliado a la OCDE, está muy lejos de alcanzar los índices de desarrollo exhibidos en el grupo de los países fundadores, y que es necesario fortalecer la planificación y la ejecución de acciones orientadas hacia un desarrollo social y económico, que nos permita avanzar hacia la toma de decisiones dirigidas hacia el combate de la pobreza y la desigualdad. Pero es fundamental que ese desarrollo al que aspiramos, no solo sea visto como crecimiento económico, sino que ha de ser sostenido, sostenible, incluyente, que conlleve una transformación estructural que no se limite a la fusión de entidades gubernamentales sin ton ni son, como lo estamos viendo en proyectos de ley.
La aspiración ha de ser la de corregir desequilibrios, mitigar tensiones sociales ampliando la participación democrática. Lo sucedido lamentablemente en Chile, después de tantos años de ser miembro de la OCDE, se podría evitar en Costa Rica, pero para ello, se habrá de sustentar las hipótesis y acciones en información real, válida, actualizada, útil, y no en lo que, lamentablemente, estamos leyendo en ese estudio de la OCDE.
