El próximo jueves 22 de mayo a las 8:30 am, continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del expediente 24.414 para la privatización del ICE.
¡Es urgente la presencia en barras para hacer presión contra esta amenaza!
¡El ICE no se vende, el ICE se defiende
En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.
Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.
Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.
Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?
Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.
El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.
El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.
Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.
No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).
El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).
Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.
Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.
Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.
Jamás. Eso no ha existido nunca, ni existirá. Todos los sistemas de electricidad privatizados dan cuenta del lucro mercantil por encima del servicio público, de abusos tarifarios, de gobiernos cómplices, pusilánimes y protectores de las empresas privadas a las que, de manera deliberada y voluntaria, entregaron los servicios de generación y distribución de electricidad.
El reciente apagón en Europa, y más que todo en España, Portugal y el sur de Francia, debe servirnos de modelo para reconocer el fracaso de los modelos privatizados. En España el 80% del mercado eléctrico pertenece a los privados desde que la subasta de este servicio público inició con los neoliberales (apodados socialdemócratas) con Felipe González dirigiendo la carreta y se consolidó durante la presidencia de José María Aznar. Más allá de los discursos embrutecidos y las mentiras por parte de una parte de la prensa de ese país, tan absurdas como que hay que aumentar el gasto militar para estar seguros y que el apagón fue un “ciberataque” perpetrado por Putin, lo cierto es que ese apagón no es más que la confirmación de que los sistemas privados no saben y no quieren planificar y se ocupan en exclusiva de acaparar ganancias sin importar la calidad del servicio.
Ese apagón y el proyecto 23.414 de “armonización” eléctrica en Costa Rica van en la misma dirección, porque en un mercado de subastas, como el que nos quieren imponer, la ausencia de planificación y la preponderancia total del mercado de lucro controlado por el mejor postor, es lo que nos espera si en la Asamblea legislativa el Ejecutivo y sus secuaces de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y otros partidos aprueban ese proyecto para consumar la muerte del ICE como institución de servicio público. Al frente quedarán los consumidores dependientes de su capacidad monetaria para comprar en el mercado privado.
A pesar del asedio al que es sometido, el ICE sigue garantizando inversión social que no es rentable. Por ejemplo, hace unas semanas, en el camino entre Coto Brus y Abrojo Montezuma, territorio Ngäbe, había empleados del ICE dando mantenimiento a los tendidos eléctricos, como lo hacen en todo el país. En otra gira a Alto Laguna de Osa/territorio Ngäbe llegamos al fin del camino donde está el poste 841/127 que es el penúltimo de un tendido eléctrico de más de 10 km que el ICE construyó. Las comunidades jamás hubieran podido pagar solas su costo millonario. Fue una combinación de aportes de la población indígena y de inversión del ICE. En Vista de mar, otra comunidad Ngäbe de Punta Burica, desde 2023 la gente le está pidiendo al ICE construir un corto tramo de línea eléctrica de medio kilómetro, cuyo costo estimado por el ICE es de ¢19.631.100. Se trata de una necesidad urgente de más de doce familias, incluidos los y las estudiantes que en las madrugadas salen caminando hacia el Liceo Rural de Conte. Si se aplicaran criterios de “rentabilidad” a una necesidad como esa, se atentaría contra la esencia misma del ICE que sigue dotando de servicio público de electricidad a cientos de comunidades. En el Plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040 (ICE, julio 2023) se aporta un dato impensable para cualquier país de América Latina y del mundo: entre 1998 y 2021 el ICE instaló 5.110 paneles solares en lugares rurales de acceso complicado. Esto incluyó 4.112 paneles residenciales, 467 en escuelas, 55 en liceos rurales. Otros 43 en EBAIS, 79 en puestos fronterizos de seguridad, 48 para teléfonos públicos administrados, 159 en puestos de áreas silvestres protegidas. Según el ICE fueron 380 las comunidades beneficiadas.
¿Qué pasaría si a cada una de esas inversiones le aplicamos un criterio de mercado; de rentabilidad, para decidir si se realiza o no? Evidentemente serían imposibles si fueran empresas privadas las responsables porque su fin es su ganancia. La otra pregunta inmediata y obligada es si estas mismas inversiones las seguirán haciendo los “agentes” privados cuando estemos sometidos a un mercado de subastas, como lo estaremos si aprueban el proyecto 23.414.
Entre los aspectos más letales del proyecto en contra del carácter público del servicio eléctrico se incluyen la “planificación indicativa” y el “mercado de subastas”. De la primera se habla insistentemente en los artículos 3, 6, 8, 9 y 13. En el primero de estos artículos 3 (Definiciones) se dice que “debe contemplar la integración de la generación distribuida, la participación del sector privado y la promoción de la inversión en infraestructura energética”. La planificación indicativa recaerá en el MINAE, un ministerio que del todo no tiene las potestades técnicas que tiene el ICE, pero pasa a convertirse en superministerio rector (ver artículos del 3 al 9 entre otros), anulando las potestades técnicas del ICE y asegurando la viabilidad política del mercado privado de subastas de la electricidad.
Totalmente diferente al patrón actual, en el 23.414 se establece en el artículo 9 que “la planificación indicativa no identificará proyectos renovables específicos y serán los agentes generadores los que propondrán sus proyectos en las subastas de capacidad, donde se escogerán los proyectos más convenientes para el SEN”. Además se reafirma que será el MINAE el responsable de “la planificación Indicativa de la generación, distribución y transmisión eléctrica, la administración de la demanda y la operación del Sistema Eléctrico Nacional”. La nueva visión de mercado privado de subastas queda blindada en el artículo 14 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” que establece que “las fuentes -de generación- pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta y deben de cumplir con los tramites de conexión establecidos en la legislación nacional y regional y los requisitos establecidos por la ARESEP”.
La desaparición de la planificación técnica que ejerce el ICE se dibuja en todo el proyecto pero con especial claridad se concreta en los artículos 13, 44, 45, 51 y 53. En el artículo 45 “Subastas de energía” se establece que “en esta subasta todos los agentes generadores participan de manera abierta, al igual que todos los distribuidores y los grandes consumidores y comercializadores”. Es decir, el añejo sueño de colocar en igualdad de condiciones a todos los agentes del mercado: ICE y privados de todo tipo, se cumplirá con este proyecto hecho ley. Algunos de estos agentes son generadores y consumidores de alta tensión, como APM Terminals, Holcim, Florida bebidas, los ingenios Taboga y El viejo, y además algunos como Florida ice and farm Co. y FIFCO (Cervecería Costa Rica) son “grandes contribuyentes” que por 5 y 6 años han declarado “cero ganancias”, según el Ministerio de Hacienda. En España es un puñado de empresas las que controlan el mercado con la anuencia plena del gobierno que no pasa de anunciar que pedirá cuentas. Hasta fondos buitres de Black Rock operan negocios de electricidad privada. Esa subasta ha sido implacable.
Para Costa Rica la subasta privada del mercado eléctrico se refuerza en el artículo 51 del 23.414 que establece que los “precios topes para las subastas de energía y de capacidad” dependerán “de las condiciones de los precios en el mercado de electricidad, durante períodos de alta demanda, con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de precios excesivos en el mercado”. Esto de “proteger” resulta hasta chistoso pues todo el proyecto apunta a la desregulación y pérdida de fijación de costos y tarifas diferenciadas para asegurar el acceso universal a la electricidad, que es lo que históricamente ha garantizado el ICE con inversión social que no resulta rentable. No hay en este proyecto ni un artículo, renglón o palabra que apunte a bajar las tarifas como demagógicamente dicen sus defensores y hasta entidades privadas como la Asociación Costarricense de consumidores de energía y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así lo han afirmado (ver Actas de la Comisión de Energía). Lo que sí se garantiza es que los “agentes” privados multiplicarán sus ya abultadas billeteras gracias a que se consolidarán sus negocios en el país y en el mercado centroamericano al que podrán exportar electricidad. En el caso de España también se sobrepuso el lucro privado a las necesidades sociales.
En resumen, las necesidades de comunidades como Alto Laguna y Vista de mar nunca podrían atenderse bajo criterios de “rentabilidad” opuestos a la inversión social, pública, solidaria y a precios justos. Eso es “Estado social eléctrico”. No es “gasto” si no inversión indispensable para que la gente tenga más calidad de vida, y a eso el ICE ha ayudado por sus fines y principios demarcados desde el 9 de abril de 1949 cuando fue aprobada su ley constitutiva. A pesar de las múltiples crisis que el ICE sigue enfrentando, y de que buena parte de sus directivas han sido parte y cómplices de una especie de zonchos que lo sobrevuelan como si fuera carroña, sigue siendo una institución pública que obligatoriamente tenemos que seguir defendiendo ante quien sea.
FECON. El pasado lunes 28 de abril de 2025 se vivió el mayor apagón eléctrico en la historia de España, el cual se extendió también a algunas partes de Portugal y Francia. Un apagón masivo que afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas, provocando graves interrupciones en transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. A raíz de ello, el gobierno de ese país declaró emergencia nacional.
Algunos medios y redes sociales atribuyeron este incidente a “oscilaciones atmosféricas” o incluso a un “ataque cibernético”, ignorando el elefante en la habitación: un sistema eléctrico privatizado que opera en función de los intereses de un oligopolio corporativo, en detrimento de la sociedad en su conjunto.
España privatizó su sistema eléctrico en la década de 1990 y hoy paga muy caro las consecuencias. Desde entonces, se ha instaurado un auténtico cártel corporativo que controla los diferentes segmentos (producción, distribución y comercialización) del sistema eléctrico. De esta manera, el oligopolio conformado por Endesa, Naturgy (antes Unión Fenosa), EDP e Iberdrola se asegura beneficios millonarios mediante tarifas eléctricas abusivas, financiadas por el Estado y por los consumidores.
Ahora bien, ¿por qué los apagones son consecuencia directa de un sistema eléctrico privatizado?
Una característica fundamental de estos sistemas es que no existe una planificación centralizada de la producción y distribución de electricidad, sino que ambas están determinadas por la oferta y demanda de agentes privados. A esto se le conoce como “planificación indicativa”, un esquema en el cual el sistema eléctrico está organizado según las fuerzas del mercado, es decir, según los intereses de las grandes corporaciones.
Este modelo liberalizado de planificación indicativa puede provocar, en determinados momentos, una sobreproducción de electricidad que el sistema no tiene capacidad de absorber, generando así una saturación y un colapso generalizado. Esta es la verdadera causa del apagón en España —lo mismo que sucedió en Chile el pasado 25 de febrero— y lo mismo que, desgraciadamente, ocurre de manera cotidiana en otros países centroamericanos.
En Costa Rica, no estamos acostumbrados a este tipo de incidentes. El país cuenta con un sistema eléctrico bastante robusto, confiable y estable, gracias a que la producción y distribución de electricidad están organizadas mediante una planificación centralizada y ordenada, a cargo del ICE. En el modelo costarricense, dicha planificación responde a criterios técnicos, mientras que en los modelos privatizados responde a los intereses particulares de los inversionistas.
Este modelo está en riesgo con el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (No. 23.414), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Entre sus puntos medulares, se propone la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), un mercado mayorista —privado— de electricidad, que funcionaría con la misma lógica de los sistemas ya fracasados en otros países.
Aprendamos de las desastrosas experiencias de privatización alrededor del mundo. Ahí están las evidencias claras de lo que nos podría esperar si se aprueba el proyecto de Ley de Armonización. Este es un proyecto de ley anacrónico, que busca imitar lo peor y desmantelar lo que hasta ahora ha funcionado bastante bien.
Mientras en Costa Rica se pretende privatizar el sistema eléctrico, en otros países (como España) sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho y, más bien, plantean la necesidad de re-estatizarlo.
El documento titulado «Cronología de las Jornadas Patrióticas contra el Combo del ICE del año 2000», elaborado por Jorge Mora Portuguez, presenta un análisis detallado y cronológico de uno de los movimientos sociales más importantes en la historia reciente de Costa Rica.
La investigación está estructurada en dos capítulos principales. El primero ofrece un análisis de los actores y de la coyuntura del Combo, subdividido en cuatro secciones que abordan desde la metodología utilizada hasta las nuevas tendencias del movimiento popular.
En la primera sección, el autor presenta las variables metodológicas para la selección de actores y para el análisis comparativo. La segunda sección clasifica la coyuntura del Combo en cinco etapas evolutivas: el aislamiento, la transición de la incredulidad a la tempestad, la huelga general, la comisión mixta del ICE y el nacimiento de la CONAES.
La tercera sección desarrolla un análisis detallado de actores seleccionados, centrándose en la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y el movimiento popular en Siquirres, examinando variables como el conocimiento del tema del ICE, el acceso a la información y las dinámicas de movilización implementadas. La cuarta sección analiza las nuevas tendencias, considerando las condiciones subjetivas y objetivas presentes en el proceso.
El segundo capítulo ofrece una cronología minuciosa del Combo del ICE, dividida en cuatro momentos: los comienzos, el nuevo siglo, el aumento de la acción popular y el levantamiento popular contra el Combo.
En la introducción, Mora Portuguez explica que, durante marzo y principios de abril del 2000, Costa Rica vivió un estallido social sin precedentes en respuesta al llamado «Combo del ICE», un conjunto de propuestas legales impulsadas por el gobierno para desmantelar el Instituto Costarricense de Electricidad y privatizar las comunicaciones y la energía.
Este movimiento representó la convergencia de diversos sectores sociales —sindicatos, movimientos ambientales, estudiantiles, de mujeres, grupos campesinos, cooperativas y organizaciones comunales— que se articularon bajo un esquema de red policéntrica para enfrentar las políticas neoliberales que venían golpeando a los sectores más vulnerables.
El 4 de abril del 2000, el movimiento popular logró una victoria histórica, obligando a los partidos tradicionales a retirar el proyecto de ley ya aprobado en primer debate y forzando al Estado a generar un espacio de encuentro con la sociedad civil en el Parlamento.
El documento concluye destacando que este triunfo permitió a los movimientos sociales costarricenses pasar de una fase defensiva a una etapa de equilibrio estratégico de fuerzas, con efectos visibles en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas progresistas y en la posterior lucha contra el Tratado de Libre Comercio.
Para acceder al documento completo «Cronología de las Jornadas Patrióticas contra el Combo del ICE del año 2000» en formato PDF, puede descargarlo aquí.
La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.
Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.
Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.
La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.
El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.
La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.
El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.
29 de marzo de 2025
La decisión de parar la discusión del proyecto de Ley de “Armonización”, 23.414, no elimina los riesgos de la privatización de la electricidad pública de Costa Rica.
Nuestra prioridad es seguir trabajando para repensar el ICE y el modelo de electricidad empezando por y el carácter de lo público, el respeto y la protección de los derechos de los ecosistemas y de las comunidades y definir qué haremos con el negocio privado de la electricidad. Otro tema que es extremadamente prioritario es la discusión sobre cuál es la transición energética que nuestro país y en general las sociedades necesitamos: ¿una orientada por los negocios, amparada en la falacia de “verde” y “sostenible” como discurso, o una verdaderamente adecuada a las energías como un derecho fundamental de todas las personas?
Un modelo de electricidad incluyente obliga a incluir las organizaciones sociales y las comunidades en el debate, pero también sumar elementos hasta ahora descuidados u olvidados como los derechos jurídicos de los ríos y los ecosistemas.
Sabemos y es evidente que esta tregua electoral es totalmente insuficiente y que vendrán uno o muchos más proyectos en la misma dirección nefasta de desaparecer el modelo eléctrico público que tenemos. Ahora «paran» por cálculo electoral, pero nuestra pregunta es si el PLN, como dice, quiere un diálogo con otros actores sociales o si, como ha sido por décadas, pactará con ACOPE y las Cámaras empresariales otro texto que por el fondo avance en la privatización en favor de los negocios que benefician directamente las empresas de sus integrantes.
Las organizaciones ecologistas y sindicales que desde hace años insistimos y empezamos a reunirnos en distintas comunidades del país y en la Asamblea Legislativa con la diputada Sofía Guillén y otras del FA, reconocemos que este momento de triunfo parcial y temporal en la defensa del ICE más bien nos compromete y obliga a mantenernos alertas permanentemente en defensa del modelo eléctrico público justo y solidario que la sociedad costarricense requiere y que ha sido deteriorado con todas las acciones de privatización a medias que ya sufre la electricidad en Costa Rica.
Diversas organizaciones sociales y ambientales convocan a las barras del público de la Asamblea Legislativa para estar presentes en un momento crucial para el Proyecto 23.414 «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».
La Comisión de Energía decidirá la continuidad o suspensión de la discusión del mencionado proyecto, por lo que se invita a los movimientos sociales a participar.
El encuentro está programado para el jueves 27 de marzo a las 7:30 de la mañana en las barras de la Asamblea Legislativa.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran Fecon, Ríos Vivos, Proal, Comunidades ECOlogistas La Ceiba, Acotel, Bloque Verde y Bloque Azul, FEUCR, y Talamanca Siempre Verde.
El expediente legislativo 23.414, que pretende profundizar la privatización de la electricidad pública del país sigue su curso en la Asamblea Legislativa, gracias a un texto sustitutivo del PLN. Ese texto fue aplaudido y acogido por el oficialismo chavista y el PUSC, y mantiene todos los peores objetivos de las versiones originales como desmantelar el sistema de planificación ordenada y centralizada, crear un mercado de subastas para someter la generación a la competencia y permitir la exportación de electricidad privada usando todas las redes del ICE.
De aprobarse, ese proyecto pondrá en riesgo todos los ecosistemas, empezando por los ríos para construir muchas más represas hidroeléctricas privadas y destruirá el modelo eléctrico público con sentido solidario para atender zonas remotas y a precio justo. En resumen, es sustituir un modelo universal por otro que garantizará los negocios privados a costa del servicio social de la electricidad. Con ese nefasto objetivo es que, en vísperas de la convención electoral verdiblanca la bancada del PLN y el chavismo se dan la mano.
Según el presidente del PLN “Cualquier proyecto de ley que genere conflictos entre sectores sociales y productivos puede afectar la credibilidad de nuestro partido en un momento tan sensible como este”. Para FECON ese cálculo político revela que el PLN olvidó su aporte en la creación del ICE, y niega que al menos dos expresidentes han disfrutado de negocios con la electricidad privada.
Si el PLN pretende tener alguna credibilidad lo que debe hacer es ayudarnos a eliminar el proyecto que pactó con Rodrigo Chaves para destrozar el ICE. Al PLN y a su presidente, señor Ricardo Sancho, les decimos que el país no necesita ninguna “tregua” ni negociar otro texto privatizador, si no el archivo definitivo del expediente 23.414. Les exigimos que dejen en paz al ICE y al servicio público de electricidad y de paso que recuperen algo de su memoria histórica
Para nuestras organizaciones y comunidades es urgente reforzar la organización, movilización e incidencia política ante el proyecto 23.414 que de aprobarse destruirá al ICE. En esa dirección hemos organizado el encuentro de organizaciones sociales y ecologistas “¿”ARMONIZAR” O DESMANTELAR EL MODELO ELÉCTRICO PÚBLICO DE COSTA RICA?, que se realizará el próximo 5 de abril de 2025.
FECON, Federación Ecologista de Costa Rica.
Las organizaciones interesadas en realizar trabajo comunitario con este afiche pueden solicitarlo al correo alianza.por.una.vida.digna@gmail.com o bien al WhatsApp 88429818 e incluiremos su logo.