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Etiqueta: ICE

Laura se viste con ropas ajenas

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Luis Amador

Muy lindos los discursos de la señora presidenta en Europa. Se ha vestido con las mejores ropas de la historia de Costa Rica, pero no le sienta bien ni le luce, porque son ropas ajenas. Son ropas tomadas de la historia de nuestro país, esa historia que su partido desconoce y contradice.

Habla de las energías limpias a pesar del intento por demoler el Instituto Costarricense de Electricidad que ha recibido el impacto de este y otros gobiernos que ya no creen en el proyecto valiente que lo echó a andar. Habla de una solidaridad social cuando ni los rubros sociales ni la gente han sido prioridad de este gobierno, sino que por el contrario los presupuestos sociales en salud, educación, pensiones y otros han sido asfixiados.

Habla de la defensa del ambiente, cuando sabemos que esta defensa se sostiene muy a pesar del ideario chavista. Habla de empleos dignos cuando sabemos lo que pasa con el agricultor, el ganadero y otros.

Esta Costa Rica que Laura Fernández Delgado está exhibiendo en Europa es la misma Costa Rica que han pretendido olvidar y que nos han dicho que no existe. Es la Costa Rica que han pretendido presentar como una fantasía y como una dictadura de 70 años. Claro que había que hacerle ajustes y correcciones urgentes, porque algunos ya la venían destruyendo. Pero no son Rodrigo Chaves ni Laura Fernández quienes están remozando la Costa Rica que nos heredaron los abuelos.

Se han puesto las ropas de nuestra Costa Rica excepcional y no les lucen ni les quedan bien porque son ropas usurpadas a la historia.

Se están vistiendo con ropas robadas a una Costa Rica en la que no creen.

El terror que (sí) fue

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La noche del 31 de octubre la habitual celebración estadounidense de Halloween estuvo salpicada por un exabrupto más proveniente de la Casa Blanca.

Como si causara algún tipo de humor o chiste, el presidente Donald Trump publicó un video producido por ICE, en el que se apreciaban tomas de arrestos de personas migrantes a manos de sus agentes, entre otras atrocidades.

Al ritmo de Thriller, de Michael Jackson, se aprecian imágenes de la actuación de esa “milicia armada”, como la llama el medio laSexta. Además, incluye imágenes de los centros de detención para migrantes con un irónico mensaje: “¡Feliz Halloween de parte de tus amigos del ICE!»

Esto forma parte sin duda alguna de la implementación de una política del terror y el ensañamiento, que se ha hecho sentir contra personas por su color de piel, origen, nacionalidad y género en Estados Unidos.

Sin embargo, algo pareciera estar cambiando en el escenario, pues lo que precisamente representa las voces contrarias al fascismo y sus prácticas simbólicas como estas del gobierno estadounidense están emergiendo y ganando espacios en distintos ámbitos.

En un claro mensaje de que el imperio del miedo pareciera estar pronto a llegar a su fin, los resultados de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos han mostrado claramente la reconfiguración en aquella sociedad. Entre otras cosas, la guerra con Irán y las duras políticas migratorias han pasado factura y muy cara.

Pareciera ser que el famoso Escudo de las Américas al cual Costa Rica se adhiriera alegre y torpemente comienza a debilitarse. Y que la noche del martes 3 de noviembre el imperio del miedo tuvo ante sí su propia película de terror.

Esperemos que sea el principio de su debacle.

Hace 75 años un tico hizo lo que California apenas intenta hoy

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Welmer Ramos González
Economista

Hay estadistas y hay administradores. Los administradores gestionan lo que existe. Los estadistas transforman lo que es posible. Costa Rica tuvo, en José Figueres Ferrer, el más grande estadista del siglo XX latinoamericano. Y hoy, cuando miramos a nuestros dirigentes con la esperanza de encontrar, aunque sea un destello de esa visión, lo que vemos es, con demasiada frecuencia, el reflejo gris del miedo a pensar distinto.

Don Pepe no era un hombre sin errores. Era, al contrario, profundamente humano. Pero entre sus errores nunca se contaron la avaricia, la codicia ni el egoísmo. Esos espantos, que tanto daño hacen a la política, nunca le afectaron. Tenía un norte fijo, claro y obstinado: el bien común. No el bien de los poderosos, no el bien de los que ya tenían, sino el bienestar de todos los habitantes de este país. Con ese faro encendido, pensaba y repensaba. Dudaba y volvía a pensar. Y cuando actuaba, lo hacía con una valentía que hoy parece de otro mundo.

Democratizó el crédito cuando nadie en América se atrevió. El crédito era caro, clasista y empobrecedor. Los bancos intermediaban con el dinero del pueblo y prestaban barato a los ricos, caro a los pobres. Figueres determinó que eso era inaceptable y nacionalizó la banca. Por cuarenta años, las pequeñas y medianas empresas pagaron tasas similares a las que pagaban los grandes capitales. La gente dejó de trabajar para quien le prestaba y comenzó a trabajar para sí misma. Ni el más ardiente socialista de América Latina se atrevió a tanto, y sin embargo fue una medida que impulsó el desarrollo con crédito barato para producir y construir vivienda, no para el consumo. Cuando en los años ochenta el sistema financiero se abrió al libre mercado, la usura volvió de inmediato: la crisis de las financieras y la ruina de miles fueron el primer fruto amargo de soltar lobos entre las ovejas.

Financió el Estado cuando el Estado lo necesitaba. Tras la guerra civil de 1948, las arcas estaban vacías. Don Pepe impuso un impuesto del diez por ciento sobre los grandes capitales. Hoy, casi ochenta años después, el mundo apenas comienza a discutir algo parecido: California votará mañana para intentar imponer el cinco por ciento a las grandes fortunas. La mitad de lo que don Pepe impuso, con décadas de retraso. Mientras tanto, en Costa Rica vemos crecer el PIB y bajar la recaudación, vemos decenas de empresas que facturan más de cien millones de dólares al año y declaran pérdidas ante el fisco de manera consecutiva, vemos los Panamá Papers repletos de nombres conocidos. ¡Qué falta hace don Alberto Martén en Hacienda y don Pepe de presidente!

Electrificó el país con justicia. El 8 de abril de 1949, el Decreto-Ley N.º 449 le dio vida al ICE. Pero no a un ICE para las ciudades rentables. A un ICE solidario: las ganancias de las zonas urbanas financiarían la electrificación rural donde no había negocio. Para todos, al costo, en todo el país. Hoy ese modelo —que Puerto Rico envidia mientras espera meses a que una empresa privada le restaure la luz tras un huracán— está en la mira de quienes quisieran convertirlo en negocio. Don Pepe ya sabía que hay sectores donde los lobos no pueden entrar.

Abolió el ejército siendo el general victorioso. Ganó la guerra y disolvió su propio ejército. Convirtió los cuarteles en museos y la plata del ejército la destinó a escuelas. Le dio rango de cuarto poder del Estado al Tribunal Supremo de Elecciones para blindar la democracia. Aprobó el voto femenino y la ciudadanía plena para la población afrocostarricense. Hizo de Costa Rica un refugio para los perseguidos políticos de América.

Y lo hizo escuchando. No tenía miedo de rodearse de personas que pensaban diferente. Tomó las reformas buenas de sus propios enemigos y las elevó a rango constitucional, sí, las de Manuel Mora y Rafael Ángel Calderón Guardia. No llegó al poder para instaurar el odio, sino para poner a todos a trabajar juntos.

Eso es liderazgo. No la amalgama ideológica que hoy se disfraza de prudencia. No el silencio calculado frente a las ideas incómodas. No el miedo a parecer diferente, a que le critiquen, a que el debate los incomode.

Don Pepe no conoció ese miedo. Y por eso algunos costarricenses le agradecemos tanto.

Don Pepe no gobernó para la historia. Gobernó para la gente; y esa distinción, hoy casi extinta, es exactamente lo que más nos hace falta.

Estética de lo horrendo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Son feos. Digo. Corporalmente.

Tienen patillas pronunciadas o barbas sospechosamente simétricas. Son anaranjados o de facciones desiguales que hacen lucir sus dentaduras como corredores desordenados. Visten la tosquedad del protocolo de la comunicación y la propaganda extremista de los años cuarenta del siglo anterior.

Eso es lo que son. Esa representación del poder mediante la mueca, la burla y el cinismo. Una observación de cerca a toda su teatralidad evidencia esa fea estética del poder que hoy campea por América Latina. Y más acá.

Feos, locos, desencajados.

Pero lo que sorprende, si es que algo sorprende ya en un país como Costa Rica, es la fealdad física de quienes detentan el poder (ellos mismos se han encargado de afear sus facciones a través de la mueca, la máscara, el insulto) sumada a la fealdad de espíritu que los caracteriza en su ejercicio político.

Ahí sí son feos con ganas.

Lo voy a decir con todas las palabras posibles: la fealdad y pobreza de espíritu mostrada por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa no tiene comparación alguna.

Recién se conoce la dimensión del drama migrante costarricense con dos personas fallecidas este 2026 en sus condiciones de detención por parte de ICE. La última de ellas falleció a falta de atención médica y acceso a alimentación adecuada, lo que produjo voces de indignación de varios sectores locales.

Lo que se solicitó en plenario fue solamente un acto simbólico de homenaje para esta persona, a lo que la bancada oficialista se negó en su mayor parte.

La estética del horror termina fusionando caras y cuerpos con sus espíritus. A esa representación acudimos hoy. Que esa fealdad absoluta no pueda cristalizar su proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática costarricense.

Una pequeña luz hermosa de resistencia y rebeldía se viene prendiendo. Ante la fealdad, la belleza.

Que así sea.

Centros de Datos: grave amenaza socioambiental para Bagaces y para Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente- FECON
Setiembre 2026

Recientemente se ha dado a conocer un proyecto para establecer un centro de datos para inteligencia artificial en Bagaces, Guanacaste. Se trata de Palo Negro AI & HPC Campus, una iniciativa impulsada por la empresa Cosfin Energía S.A., intencionada para atraer inversiones transnacionales para el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés). Asimismo, el proyecto contempla también la producción local de aproximadamente 120 megavatios (MW) de energía eléctrica para abastecer la demanda del centro de datos, lo que podría implicar la instalación de nuevos proyectos de generación eléctrica de capital privado en la zona para esta finalidad.

Un centro de datos (o “data center”) es una instalación especializada, diseñada para albergar servidores donde se almacena y procesa enormes volúmenes de información de grandes empresas tecnológicas. En palabras simples, es un conjunto de megabodegas llenas de computadoras que permanecen encendidas de manera continua, 24/7. Durante los últimos años ha habido una explosión de centros de datos alrededor del mundo, asociado al auge de la inteligencia artificial y al crecimiento del uso de servicios en la “nube”. Cada vez más, aparecen noticias y estudios sobre los graves impactos socioambientales de los centros de datos, los cuales han provocado conflictos sociales en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Uruguay, Indonesia, Malasia, entre otros.

Los centros de datos para inteligencia artificial son consumidores masivos de agua, energía y materiales y, en la misma medida, son productores de enormes cantidades de desechos. Por sus características, estas infraestructuras demandan energía de manera permanente e intensiva, para mantener encendidas las computadoras y aires acondicionados. Asimismo, utiliza enormes volúmenes de agua para enfriar las instalaciones, las cuales emiten calor por el uso de las máquinas. Un informe reciente, publicado por la Universidad de las Naciones Unidas, ofrece algunas estimaciones de la huella ecológica de los centros de datos a nivel mundial, las cuales resultan escalofriantes:

  • La energía eléctrica consumida por los centros de datos en 2025 es equivalente al consumo eléctrico total de la población de África Subsahariana (1.300 millones de personas) durante 2,6 años.
  • La huella hídrica de los centros de datos en 2025 fue de 4,5 trillones de litros de agua, suficiente para satisfacer las necesidades básicas de agua para consumo humano para 600 millones de personas. Para 2030, se estima que la huella hídrica podría alcanzar los 9,3 trillones de litros de agua.
  • Las infraestructuras de inteligencia artificial podrían generar hasta 2,5 millones de toneladas métricas de desechos para 2030, equivalente a 250 “Torres Eiffel” cada año.

Conforme se expanden los centros de datos por el mundo, van dejando tras de sí un impacto devastador en aquellos territorios en donde se instalan. Comunidades sin agua, aumentos abruptos en tarifas eléctricas, apagones e instabilidad en la corriente eléctrica, contaminación del agua, contaminación sónica, son algunos de los efectos nefastos de estas infraestructuras. Asimismo, se ha alertado sobre la falta transparencia de las grandes empresas tecnológicas en relación con sus impactos ambientales. En muchos países, las compañías han firmado contratos “confidenciales” con los gobiernos, de manera que hasta el momento se desconoce el verdadero impacto de sus operaciones en las diferentes localidades. Lo que se conoce es a partir de denuncias realizadas por poblaciones afectadas.

Pareciera ser que, frente al desastre producido por los centros de datos en el Norte global, sobre todo en Estados Unidos (país que concentra alrededor del 50% del total mundial y donde el tema se ha hecho muy mediático y controversial), se está dando una tendencia a “exportar” estas infraestructuras hacia el Sur global, fenómeno del cual Costa Rica no escapa. En las últimas semanas, se ha informado en diferentes medios que el país aspira a posicionarse como un “hub” de centros de datos a nivel regional, cuya demanda se estima podría triplicarse durante la próxima década. Más allá de un anuncio, ya hay acciones concretas en esta dirección, por ejemplo, la firma de un convenio de cooperación entre el gobierno y Google para estimular el desarrollo de centros de datos.

Volviendo a Bagaces, todo indica que el proyecto Palo Negro va en serio. Actualmente se encuentra en fase de prefactibilidad, sin embargo, sus promotores ya han iniciado comunicaciones y gestiones con las instituciones públicas correspondientes, entre ellas, con el ICE y la Municipalidad. Inclusive, recientemente el alcalde se reunió con la embajadora de Estados Unidos, en donde conversaron sobre la “atracción de inversión estadounidense” en el cantón. Por el otro lado, la población bagaceña no tiene información clara y fidedigna sobre este proyecto y mucho menos sobre los posibles impactos que pueda provocar. Las negociaciones entre la empresa y las autoridades se han dado “a puerta cerrada”, lo cual indica que se repite aquí el secretismo que se ha denunciado alrededor de centros de datos en otros países.

En este momento hay gran preocupación y angustia entre la población bagaceña alrededor de este proyecto. Algunas personas han empezado a organizarse y a exigir un debate público informado, crítico y transparente, más allá de las promesas vacías de “desarrollo” que se ofrecen. La principal preocupación tiene que ver con el agua. Recordemos que este cantón ha enfrentado en tiempos recientes un grave problema de abastecimiento de agua potable debido a contaminación por arsénico, el cual, después de una larga lucha, se resolvió parcialmente con la construcción de un nuevo acueducto. Las y los bagaceños se preguntan, con toda razón, de dónde se va obtener el agua para el posible centro de datos, cuánta agua se pretende extraer y si esta extracción podría amenazar el abastecimiento para las comunidades, en una región ya de por sí muy afectada por la sequía y el cambio climático.

Otro tema preocupante es el de la energía. El centro de datos demandaría una enorme inyección de energía eléctrica, priorizando el uso corporativo por sobre las necesidades sociales y amenazando con afectar la calidad y estabilidad del sistema. Si miramos el escenario nacional, esto tiene relación con el proyecto de ley de armonización eléctrica, el cual propone permitir las compraventas directas de electricidad entre generadores privados y grandes consumidores (en este caso, el centro de datos). Es decir, el proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de este tipo de megaproyectos, que implican un consumo energético voraz.

En este momento crítico, desde el movimiento ecologista manifestamos nuestro apoyo a las y los bagaceños que están iniciando esta lucha contra el centro de datos Palo Negro. No aceptamos que este país se convierta en una zona de sacrificio socioambiental para este nuevo extractivismo digital de las grandes corporaciones tecnológicas.

CGR ordena al ICE cesar el uso de alianzas empresariales para ejecutar contratos directos entre entes públicos

Escrito en . Publicado en Derechos.

El órgano contralor determinó que el ICE recurrió sistemáticamente a asociaciones con empresas privadas para cumplir contrataciones amparadas en la excepción de contratación directa entre entidades públicas, trasladando a terceros la ejecución sustantiva de los servicios. La CGR giró órdenes tanto al ICE como a diez instituciones contratantes.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó, mediante dos investigaciones relacionadas, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizó de forma irregular la figura de «asociación empresarial» o «alianza estratégica» —habilitada por la Ley N.° 8660 para que el ICE compita en el mercado abierto de telecomunicaciones— como mecanismo para ejecutar contrataciones directas con otras entidades públicas, amparadas en la excepción de contratación entre entes de derecho público (artículo 2 inciso c) de la derogada Ley N.° 7494 y artículo 3 inciso b) de la vigente Ley General de Contratación Pública N.° 9986).

Los hallazgos quedaron plasmados en dos órdenes emitidas el 28 de julio de 2026 por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: la DFOE-CIU-ORD-00002-2026, dirigida al ICE y a diez entidades que lo contrataron directamente, y la DFOE-CIU-ORD-00003-2026, centrada en la gobernanza interna de las 16 alianzas empresariales vigentes del sector telecomunicaciones del ICE.

Empresas privadas ejecutan lo que el ICE debía hacer por sí mismo

Según la CGR, la excepción de contratación directa entre entes públicos exige que la entidad contratada —en este caso el ICE— posea la idoneidad técnica para ejecutar el objeto contractual por sí misma, cubriendo al menos el 50% del objeto bajo la normativa anterior o el 70% bajo la ley vigente. Sin embargo, el análisis de dieciséis acuerdos comerciales reveló que, en la práctica, empresas como Corporación FONT S.A., Grupo CESA-Control Electrónico, SONDA Tecnologías de Información, Continex Continental, SWAT Consulting Services, Componentes El Orbe, Productive Business Solutions (PBS), SPC Internacional, GBM de Costa Rica y el Grupo GEA asumieron el suministro, instalación y mantenimiento del hardware y software, mientras el ICE se limitó a labores de coordinación, facturación y traslado de fondos al socio comercial.

La Contraloría documentó casos concretos con diez instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, con los proyectos EDUS y REDIMED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Museo de Arte Costarricense (MAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Upala, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En la mayoría de los casos, el ICE suscribió el acuerdo comercial con la empresa privada después de haber sido ya adjudicado en el contrato directo con la entidad estatal, lo que la CGR interpreta como evidencia de que el ICE no contaba, de previo, con la capacidad técnica requerida para prestar el servicio.

Márgenes de pérdida y falta de control interno

La orden dirigida específicamente al ICE (DFOE-CIU-ORD-00003-2026) profundiza en fallas de gobernanza corporativa. La CGR encontró que, en varios acuerdos, el socio privado recibió entre el 65% y el 88% de los beneficios económicos —mientras el ICE asumía la mayor parte del riesgo—, y que al menos seis acuerdos comerciales presentaron márgenes de utilidad por debajo del costo de capital estimado por el propio ICE (9,3%-10% en dólares) o de la tasa de utilidad media del sector calculada por la SUTEL (13,43%). En el caso del acuerdo con Componentes El Orbe S.A., el ICE registró nueve meses consecutivos de pérdidas mientras trasladaba cerca del 83% de los ingresos al socio comercial, y aun así este recibió una calificación de desempeño del 100% en su evaluación semestral, ya que la rúbrica utilizada no consideraba la implementación real del servicio al cliente final.

La Contraloría también halló expedientes desordenados, sin foliar ni digitalizar formalmente, y un caso —el acuerdo con Datasys Group (AC-023-19)— que ni siquiera había sido reportado al órgano contralor. Asimismo, constató la ausencia de cláusulas anticorrupción específicas en los contratos, pese a que la versión más reciente del reglamento interno del ICE ya las contempla.

Cinco riesgos identificados por la Contraloría

En la orden dirigida a las entidades contratantes, la CGR resume cinco riesgos derivados de este esquema: el ingreso de empresas privadas al manejo de fondos públicos sin pasar por ningún proceso competitivo; la distorsión del mercado al excluir a otros posibles oferentes; la imposibilidad de que la entidad contratante evalúe la idoneidad legal y técnica del «socio» que en realidad ejecuta el servicio; la evasión de la formalidad contractual, pues el contrato lo firma solo el ICE y no el aliado privado; y el debilitamiento de las garantías, ya que el tercero que presta el servicio sustantivo no asume responsabilidad contractual directa ante la institución pública.

La CGR aclaró que no cuestiona la potestad del ICE de suscribir alianzas estratégicas para competir en el mercado abierto de telecomunicaciones, ni descarta la subcontratación de servicios accesorios o especializados; el problema señalado es específicamente el uso de estas figuras dentro de contrataciones amparadas en la excepción entre entes públicos.

Las órdenes de la Contraloría

Al Consejo Directivo del ICE se le ordenó:

  • Cesar de inmediato el uso de asociaciones empresariales con privados en contrataciones directas entre entes públicos, e instruir formalmente a sus dependencias internas (plazo: 28 de agosto de 2026).

  • Establecer mecanismos de control que garanticen que el ICE ejecute por sí mismo al menos el 70% del objeto contractual en futuras contrataciones directas, limitando la subcontratación a labores accesorias bajo los procedimientos ordinarios de la Ley N.° 8660 (plazo: 27 de noviembre de 2026).

  • Fortalecer la gobernanza y el control documental de las alianzas vigentes, e incorporar protocolos anticorrupción (plazo: 31 de agosto de 2026).

  • Elaborar, junto con la Gerencia de Finanzas, un estudio técnico y financiero de los acuerdos vigentes con márgenes bajos o negativos, con miras a aplicar medidas correctivas (plazos: 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026).

A las diez instituciones contratantes (Asamblea Legislativa, CCSS, AyA, ICT, INAMU, INS, MINAE, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Upala y MAC) se les ordenó establecer controles para verificar la idoneidad técnica y legal del ICE antes de recurrir a la excepción de contratación directa, y definir planes de transición que garanticen la continuidad de los servicios brindados a la ciudadanía (plazos entre el 21 de setiembre y el 27 de noviembre de 2026).

La CGR advirtió que, de incumplirse lo ordenado, se aplicará el artículo 69 de su Ley Orgánica (Ley N.° 7428), que contempla la suspensión o destitución del funcionario responsable en caso de desobediencia reiterada.

Puede descargar los dos informes de la CGR desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026011978.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026012083.pdf

El lado oculto de la “armonización” eléctrica

Escrito en . Publicado en Derechos.

José Luis Amador.

José Luis Amador

Los políticos empresarios y sus afines dicen que hacen falta más empresarios privados produciendo energía porque, el ICE, por sí solo, no puede producir y financiar la energía que está requiriendo el país. Pero el problema es que ya existe una ley de cogeneración eléctrica, donde estos empresarios han estado generando y vendiendo energía al ICE a precios exorbitantes, haciendo un gran negocio, por cierto. Pero ese no es el punto.

El asunto es que ahora quieren más.

Ahora van por todo.

El problema es que, con su deseada ley, los empresarios dejan de ser cogeneradores y pasan a dirigir el negocio eléctrico. Ahora, las funciones de planeación y administración del negocio eléctrico, que por mandato de la Constitución han estado exitosamente en manos del ICE, pasarán de manera solapada al control de los empresarios privados.

Con esta ley el ICE se convierte en un actor secundario mientras se está entregando la rectoría del negocio a los intereses privados y afines. Esto echa por tierra los principios de servicio público y precio al costo establecidos por la constitución y garantizados por el ICE. Los únicos beneficiados serán los empresarios y los “grandes consumidores”.

Actualmente, las ventas de energía a Centroamérica las hace el ICE y los recursos así obtenidos se aplica a la institución lo que redunda en baja de las tarifas. En la nueva ley los empresarios privados podrán vender directamente a Centroamérica o a grandes consumidores, obteniendo para sí los beneficios que antes se distribuían colectivamente en provecho del usuario. Lo que antes era para el usuario ahora es para el empresario.

Depende de usted ciudadano. Si gentilmente y por puro amor a los políticos empresarios como Oscar Arias, José Ma. Figueres y otros generadores privados, entregamos esta Institución del Estado que tanto nos ha dado y sigue dando, y dejamos que se convierta en un cascarón al servicio de los grandes empresarios,

Una suculenta e innecesaria dádiva del pueblo costarricense a los generadores privados: ticos con corona.

Todo un retroceso histórico.

En la imagen podemos apreciar la represa de la planta Cachí, una de las grandes obras del ICE.

Conferencia analizará riesgos del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en la Sede de Occidente de la UCR

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La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica realizará la conferencia “Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica”, una actividad que abordará las implicaciones de la iniciativa legislativa que actualmente genera un amplio debate en distintos sectores sociales, académicos y comunitarios del país.

La exposición estará a cargo de Alberto Gutiérrez Arguedas, docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente, en San Ramón. Además, será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

La conferencia se realiza en un contexto de creciente discusión nacional sobre el denominado proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, iniciativa que ha sido cuestionada por organizaciones sociales, sindicatos, gobiernos locales y sectores académicos que consideran que debilitará el modelo eléctrico solidario construido por Costa Rica durante décadas.

En las últimas semanas, diversas municipalidades del país han aprobado acuerdos manifestando su rechazo a la propuesta legislativa, mientras organizaciones ciudadanas han advertido sobre posibles efectos en la planificación energética, el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gestión pública del servicio y el acceso universal a la electricidad. Estos sectores sostienen que la discusión trasciende aspectos técnicos y constituye un debate sobre el modelo de desarrollo y el futuro de un servicio considerado estratégico para el país.

La actividad organizada por la Sede de Occidente busca contribuir al análisis informado de esta discusión mediante una exposición académica sobre los alcances y riesgos que, según sus críticos, podría implicar la aprobación del proyecto.

Detalles de la actividad

Conferencia: Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica
Expositor: Alberto Gutiérrez Arguedas
Cargo: Docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)
Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Sede de Occidente, San Ramón
Transmisión: Canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

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Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país?

Escrito en . Publicado en Derechos.

En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?

El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»

Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.

Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».

El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.

¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.

El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:

  • la planificación energética,

  • la operación del sistema,

  • el despacho eléctrico,

  • y la administración del mercado.

El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.

Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.

Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.

¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:

  • pérdida de planificación centralizada,

  • mayor dependencia del mercado,

  • menor capacidad de respuesta ante crisis,

  • y eventuales problemas de abastecimiento.

No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.

Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:

  • insuficiente discusión técnica,

  • ausencia de estudios tarifarios sólidos,

  • falta de evaluación integral de impacto,

  • y limitada participación ciudadana.

Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.

El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?

De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.

Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.

La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?

Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.

El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.

Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias

Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia