La urgencia democrática del diálogo social (II)

Manuel Hernández

En un artículo anterior, que lleva este mismo título, presenté una semblanza de la gobernanza de la emergencia sanitaria, con sus implicaciones económicas y sociales, destacando la importancia y la imperiosa necesidad de un proceso de diálogo social, que con vocación política transformadora comprenda amplios sectores y colectivos de nuestro país.

Pues resulta que el Gobierno de la República lanzó en estos días una iniciativa con una sugestiva denominación, aunque nada provocativa, titulada: “Costa Rica escucha, propone y dialoga.”   

Hay algunos que afirman y hasta celebran que, por fin, el Gobierno está impulsando un proceso de diálogo social.

Pero, lo primero, sin ánimo de ser aguafiestas, que tenemos que plantearnos es si esta iniciativa, tan publicitada, constituye efectivamente un ejercicio político de diálogo social real.

1.- ¿Qué es Diálogo Social?

Tratemos de despejar esta ecuación partiendo de la premisa que la democracia supone una pluralidad de intereses divergentes.

Nos dice la filósofa alemana Hannah Arendt que la política representa la experiencia de compartir un “mundo común”, por parte de una diversidad de sujetos.

Aquí es donde el diálogo social, particularmente en escenarios de crisis, juega un papel importante, en orden a reconocer las capacidades de los distintos actores para asumir, enfrentar y procurar la solución compartida de las situaciones conflictivas que alteran la convivencia social y la estabilidad política.

El diálogo social es un instrumento esencial de la democracia plural, un cauce de participación democrática de los distintos actores que asumen la representación de intereses que se aprecian socialmente legítimos.

Hay que resaltar que el diálogo social es un fenómeno esencialmente político, una opción de interlocución política de los agentes públicos, sociales y productivos, en la construcción y definición, pactada si fuera posible, de las cuestiones sociales y económicas que resultan de interés general o del bien común.

En fin, el diálogo social es un mecanismo de gobernanza democrática, que se diferencia de los esquemas unilateralistas y autoritarios de administración de las crisis o conflictos que regularmente sobrevienen en las sociedades.

2.- La iniciativa “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Varios países del viejo continente, por ejemplo, Italia y España, y de América Latina, Argentina y Uruguay, desde el advenimiento de la pandemia, promovieron y articularon instancias de diálogo social, particularmente en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Si algo tiene de exitoso la gobernanza de la pandemia en Uruguay, por cierto, en manos de un gobierno muy a la derecha del nuestro, precisamente radica en esa apuesta política por el diálogo social.

Por contrario, en nuestro país, no es sino hasta ahora, cinco meses después que irrumpió el fatídico virus y se declaró el estado de emergencia sanitaria, que el Gobierno de la República lanzó al vuelo aquella iniciativa. Tanto tiempo después que la pandemia terminó de destruir nuestro tejido productivo y social, que nos llevó a duplicar la tasa de desempleo en menos de seis meses.

¿Pero, en qué consiste y cuáles son los alcances de esta iniciativa?

Analicemos la iniciativa gubernamental, tratando de establecer un orden sistemático, recurriendo a tres dimensiones: temática-funcional, la participación de los sujetos y finalmente, la dimensión procesal.

i.- La dimensión temática y funcional

La oferta gubernamental invita a las personas y organizaciones interesadas   remitir sus propuestas acerca de tres ejes que constituyen la agenda de la iniciativa: 1) Finanzas Públicas y el acuerdo con el FMI, 2) Reactivación Económica y 3) Creación y Protección del Empleo.

La agenda baja a la llanura ya encorsetada, con una temática numerus clausus, restringiendo que la ciudadanía pueda colocar en la agenda pública otros ejes temáticos.

Desde el punto de vista funcional, se convoca a la ciudadanía a presentar propuestas relacionadas con la ejecución de decisiones políticas tomadas de antemano y no a concertar la definición de estas políticas.

Por ejemplo, en el tema del Acuerdo de financiamiento con el FMI, la exposición de motivos de la invitación advierte lo siguiente: “que la vulnerabilidad de las finanzas públicas (…), agravada por la emergencia sanitaria, obligan a un acuerdo de financiamiento con el FMI”.

Es decir, a buen entendedor con pocas palabras: aquí no hay ningún espacio de interlocución, ni siquiera propositivo, porque anticipadamente se determinó que no hay otra alternativa, que se define obligada, que no sea necesariamente aprobar el Acuerdo con el FMI; aunque sea con todas las implicaciones que sabemos que tendrá en (contra) la institucionalidad pública.

La participación de la ciudadanía, entonces, queda circunscrita a la remisión simbólica de propuestas en aquellos exclusivos temas previamente escritos en el libreto oficialista, acompañada de foros poéticos que quedan en el limbo, sin que se definan espacios formales de negociación o concertación, destinados a pactar acuerdos, que constituyan la base de políticas concretas que se materialicen, ex post, en actos de gobierno, programas de acción o proyectos de ley.

ii.- La dimensión de los sujetos intervinientes

En teoría pueden participar, en abstracto, todas aquellas personas físicas o jurídicas con interés de remitir las correspondientes propuestas.

Se trata de una participación socialmente difusa, que no se articula con instancias orgánicas de intervención políticamente activa de actores sociales que ostenten suficiente legitimidad reconocida, para asumir la representación de los intereses plurales y diversos de la sociedad.

Esta difuminación de los sujetos intervinientes enerva el desarrollo de un proceso de interlocución e intercambio político con actores socialmente legitimados.

Esta carencia política afectaría sustancialmente la propia legitimidad del proceso. La efectividad de un verdadero proceso de diálogo social depende mucho de la legitimidad de los actores sociales.

Por otra parte, en esa nebulosa tampoco queda claro cuál es el rol que asumirá el Gobierno, en tanto que poder público.

No pareciera que asumirá una actoria política, cuya función instrumental queda minimizada a la de un simple anfitrión o coordinador “neutral”.

En otras palabras, el Gobierno no tendría el status de interlocutor del pretendido diálogo multipartito, con el que otros agentes sociales pudieran negociar y pactar acuerdos.

iii.- La última dimensión concierne a las reglas adjetivas del proceso.

En un proceso de diálogo que se estime democrático, normalmente lo primero que se pacta son precisamente las reglas del proceso.

En la iniciativa que se comenta las reglas también vienen prefabricadas.  

Quienes tengan interés de participar, deberán someterse, de manera incondicional, a las reglas fijadas unilateralmente de previo.

Tampoco se disciplina una hoja de ruta transparente, ordenada y estructurada de las fases o etapas del sinuoso proceso.

No existe definición o claridad de los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que conlleven a compromisos de los actores involucrados, y mucho menos que garanticen su cumplimiento.

En conclusión, no puede sostenerse que el Gobierno esté convocando a un  verdadero diálogo social, destinado a desarrollar un proceso de interlocución con los actores sociales, que ostenten la legítima representatividad de los  diferentes sectores y colectivos, enfocado a discutir y concertar los grandes consensos políticos, de carácter transformador, que el país urgentemente demanda, en una sociedad estructuralmente marcada y dividida por la creciente desigualdad de todo tipo, que ya la conocíamos, pero que ha sido desnudada en toda su crudeza por la inclemente pandemia.

Veremos, eso sí, hasta dónde nuestra devaluada democracia puede llegar a sostenerse y soportar tanta injusticia social y desigualdad.

En definitiva, una caricatura de diálogo social, una desesperada y oportunista iniciativa de buzón de sugerencias on line, palabras más, palabras menos, como acertadamente la calificó un dirigente sindical.

Todo refleja que el Gobierno no sale del autismo y la ceguera política que ha sellado su modelo de gobernanza: “Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.”  (Ensayo sobre la ceguera, Saramago)

20/08/2020