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Etiqueta: derecho a la protesta social

Comunidades de Guadalupe y Tibás se solidarizan con Hatillo en lucha por el agua

Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora. 


Comunicado Guadalupe por el agua

El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico. 

Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.

Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen. 

Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.

Unidos por el Agua – Guadalupe

Martes 18 de marzo 2024


Comunicado Tibás por el agua

Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:

  1. Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua. 
  2. El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
  3. Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
  4. El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
  5. Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.  

Por lo tanto:

  1. Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
  2. Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
  3. Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua. 
  4. Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
  5. Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.

Tibás por el agua

Martes 18 de marzo 2024

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, como también lo es la protesta social

San José, lunes 18 de marzo de 2024

Denuncia pública a la opinión nacional e internacional

El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.

Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en  un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.

Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.

Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública.  En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el  pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.

Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.

Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.

Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual  el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.

Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.

¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!

LA DEMOCRACIA DE LA CALLE TAMBIÉN ES UN DERECHO

PROTESTAR ES UN DERECHO NO UN DELITO

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.

Gran protesta nacional contra las políticas del gobierno que destruyen el Estado Social de Derecho en Costa Rica

Comunicado
Miércoles 13 de septiembre, 2023.

  • Organizaciones sociales y productivas convocan movilización nacional el próximo 25 de octubre 2023.

  • Motivamos a otros sectores y frentes de lucha para que ejerzan el derecho a la protesta social

  • Nos movilizamos en contra las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho, a su vez por la defensa de Por una Costa Rica próspera, libre, inclusiva y solidaria y en armonía con la naturaleza.

Diversas organizaciones sociales y productivas que participan en la ‘’Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo’’ convocan para el próximo 25 de octubre a una marcha nacional con expresiones regionales, contra las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho en Costa Rica. La hora salida será a las 9:00 am, hacia casa presidencial, y oportunamente se darán a conocer los detalles del lugar de salida de la movilización en San José.

Esta convocatoria busca enmarcarse y ampararse a partir de lo establecido por al artículo 50 de la constitución política de Costa Rica, donde se señala que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales. (ART. 50)

Lideres y lideresas de las organizaciones, ven con preocupación la coyuntura política a nivel nacional, el cómo avanza desde el Poder Ejecutivo y Legislativo iniciativas que atentan contra los cimientos del Estado Social de Derecho costarricense, en particular, las garantías sociales y derechos laborales, afectaciones directas a los servicios sociales como es la Educación Pública, Salud Pública, Vivienda Popular y Seguridad Social, así como la Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Asimismo, preocupa a las organizaciones sociales y productivas los temas en materia de transición y protección energética, crisis climática, la promoción de la venta de activos del Estado, el debilitamiento de las instituciones públicas del país, el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta básica, precarización y pocas oportunidades de acceso a vivienda, el desempleo y el incremento de la inseguridad ciudadana e inseguridad alimentaria.

Otros temas que motivan la movilización nacional, es la crisis relacionada a los derechos humanos, reflejada en la crisis migratoria, la violación a derechos humanos claves a poblaciones históricamente excluidas y el retroceso en derechos laborales, culturales y artísticos que hemos alcanzado como país y que han contribuyen a la equidad social, algo que en muchas décadas nos llenó de orgullo ante el mundo.

La realidad en nuestro país es cada vez más adversa en términos de cerrar las brechas históricas de desigualdad social, según datos del Estado de la Nación (2022) el indicador del coeficiente de Gini alcanzó en el 2021 el nivel más alto desde 1987 (0,524), lo que nos muestra dificultades en el poder adquisitivo de los hogares, lo que representa el incremento de la pobreza frente a sectores que se hacen cada vez más ricos en nuestro país, no es para menos que la población en pobreza extrema creció de forma preocupante, pasando de un 6 % en abril a un 8 % en diciembre del año 2022, Según el informe Análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica.(2022), este mismo informe indicó que una de cada cuatro personas en Costa Rica (el 24,9 %) se ubicó bajo la línea de pobreza.

El país enfrenta la crisis educativa más compleja de los últimos 40 años, se refleja con uno de los presupuestos más bajos en la historia, a pesar de que la constitución política establece debe ser de un 8% del PIB, generando mayor incertidumbre de cómo y con cuáles recursos se deberá enfrentar la alarmante estadística que reveló del Estado de la Educación (2023) indicando que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad, así como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado.

Lo anterior es solo una aproximación de la realidad nacional, ya que los sectores sociales y productivos reconocen que la crisis actual que enfrente el país es en términos democráticos, políticos, sociales, económicos y ambientales, por lo tanto dentro de sus componentes le lucha para la unidad nacional se encuentran muchas necesidades, amenazas y demandas alrededor de: Soberanía y seguridad alimentaria como la amenaza de la Alianza Pacifico, Salud Pública y sus listas de espera, Ambiente y Energía, Arte y Cultura, Democracia y Autonomías institucionales, Derechos Humanos, Acceso a Vivienda, Inseguridad Ciudadana, Creación de oportunidades, Justicia económica y Justicia tributaria.

Las organizaciones denuncian que el Gobierno de Rodrigo Chaves y sus alianzas en la Asamblea Legislativa buscan debilitar el Estado Social de Derecho mediante políticas ruinosas, sin fundamento científico, con altas violaciones democráticas y constitucionales, que favorecen solo a un pequeño sector económico en el país, además busca renunciar a las responsabilidades establecida para el Estado según el art 50 de la Constitución Política.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hace un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país, en especial al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos en Costa Rica.

A continuación, se adjunta formulario de inscripción de organizaciones sociales y productivas que quieran unirse a la convocatoria e iniciativa nacional.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5USksNejPfcKNyV1uUg4cV4PQBHtu_q7lQegGka7VEkfQ/viewformç

Para mayor información y contactos con vocerías de los sectores:

8400 3435
mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

Consejo Universitario UNA apoya al movimiento estudiantil ante irrespeto del presidente sobre el derecho constitucional de protesta

Mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-247-2023, los concejales de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, en el cual brindan su total apoyo al Movimiento Estudiantil, ante las desafortunadas manifestaciones del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el acto de celebración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio de 2023.

En relación con los hechos suscitados, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional repudia la violencia verbal, la promoción del odio y el irrespeto a los derechos constitucionales. A su vez condenan el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en la manifestación pacífica realizada por estudiantes de secundaria sobre las pruebas estandarizadas el 7 de agosto de 2023 en Casa Presidencial a quienes se les privó por algunos minutos de sus derechos constitucionales de libre tránsito y a la protesta.

De esta forma, el Consejo Universitario repudia la forma de actuar del gobierno y del presidente de la República en particular, pues sus expresiones no respetan su investidura como máximo representante del pueblo costarricense y violentan los derechos humanos.

ACUERDO COMPLETO

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

UNA-SCU-ACUE-247-2023

15 de agosto de 2023

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE EL IRRESPETO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Ante las desafortunadas manifestaciones del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República en el acto de celebración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio de 2023, en contra del movimiento estudiantil, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional repudia la violencia verbal, la promoción del odio y el irrespeto a los derechos constitucionales.

A su vez condenamos el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en la manifestación pacífica realizada por estudiantes de secundaria sobre las pruebas estandarizadas el 7 de agosto de 2023 en Casa Presidencial a quienes se les privó por algunos minutos de sus derechos constitucionales de libre tránsito y a la protesta.

Externamos nuestra preocupación ante las prácticas cada vez más constantes por parte del presidente Chaves de rechazo, burla, odio y desprestigio a quienes piensan distinto, y en este caso en específico resulta inaceptable ese tipo de conductas hacia la comunidad estudiantil de nuestro país.

El Consejo Universitario repudia la forma de actuar del gobierno y del presidente de la República en particular, pues sus expresiones no respetan su investidura como máximo representante del pueblo costarricense y violentan los derechos humanos.

Exigimos a la presidencia de la república que se aleje de las intenciones de polarizar a nuestro país, no se emitan discursos de odio y por sobre todo que se fortalezca el respeto a la tradición democrática que nos identifica, al Estado de Derecho y a la institucionalidad pública.

La universidad como institución de educación y conciencia crítica de la sociedad en general y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional en particular demanda respeto y rechaza de manera absoluta toda manifestación de violencia verbal, física y simbólica.

Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Absolutamente cierto

Herbert E, Contreras Vásquez.

Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.

Nuestro PIB anual supera los $64.000.000.000,00 de USD, ver siguiente enlace.

https://datos.bancomundial.org/country/CR

Esto significa no menos de $1.000,00 mensuales per cápita o $5.000,00 mensuales por familia aportando a la producción de riqueza nacional.

Si dividimos los costos de producción en tres factores:

  1. Riesgo de inversión, capital financiero del emprendedurismo.
  2. Costo de propiedades, maquinaria, equipo, herramientas e insumos (agua, energía, materias primas y logística).
  3. Mano de obra o planillas: sueldos y salarios.

Aquí vemos sin espacio de discusión, la explotación y esclavitud descarada.

El pueblo percibe menos de la quinta parte de la riqueza nacional y tiende a disminuir esta proporción de participación por medio de leyes que han hecho retroceder un siglo atrás los derechos sociales y laborales conquistados.

Valga mencionar las leyes de prohibición de huelgas, prohibición de manifestaciones, empleo público, una ley de impuestos (eufemísticamente llamada de Justicia Tributaria) y la Ley 4 x 3 en discusión; que eliminaría el pago de horas extras a los trabajadores del sector más dinámico de nuestra economía en las zonas francas.

Hay que agregar que la planilla nacional antes de los años 80 absorbía, un 50% del PIB; hoy es menos de su cuarta parte.

La moraleja es que la «pobreza» de Costa Rica es un mantra que nos repiten sin cesar nuestros desgobernantes para sostener la explotación de los ciudadanos costarricenses a favor de los capitalistas de siempre.

La pregunta medular es: ¿Quo Vadis Costa Rica?

La muerte anunciada de una democracia

Foto: riial.org

XVI Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA
Resolución sobre Costa Rica

Rel UITA

La política del actual gobierno de Costa Rica abandona su responsabilidad económica con la seguridad social; prohíbe el derecho a la protesta y limita la libertad de prensa.

Ante esta realidad, la XVI Conferencia Regional reunida en São Paulo entre elaboró una resolución que entre otras cosas denunciar ante la OIT la grave situación de incumplimiento del Estado costarricense con los convenios de seguridad social y libertad sindical.

Lea la resolución ACÁ.

 

Información tomada de http://www.rel-uita.org/

Organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia en Perú

130 organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia: 

UN PLAN NACIONAL POR LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO COMO SALIDA A LA CRISIS POLÍTICA NACIONAL RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y ELECCIONES ESTE 2023.

Ante los recientes y graves acontecimientos suscitados en el país las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro reconocimiento y saludamos el ejemplo de coraje y dignidad de los pueblos, gremios, organizaciones de jóvenes, mujeres, movilizadas en gran parte del territorio nacional en defensa de la vida, libertad, la dignidad y la democracia que clama por una respuesta política ciudadana.

Nos sentimos parte de las luchas de nuestros pueblos. Estamos por un nuevo pacto político que nos represente a todos y a todas sin exclusión Con estos esfuerzos esperamos contribuir a la posibilidad de abrir un cauce democrático para un nuevo proyecto político de los excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del patriarcado, que durante siglos han sido postergados.

  1. Rechazamos la actuación autoritaria y violenta, el atropello a la libertad y la violación a los derechos humanos, como respuesta al legítimo derecho a la protesta ciudadana y sus justas demandas democráticas, de parte del gobierno. Esta peligrosa deriva autoritaria ha significado hasta el momento 56 fallecidos, 9 menores de edad, 46 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 912 heridos, detenciones ilegales, durante las cuales se ha agredido a detenidos y violentado sexualmente a las mujeres, así como más de 100 personas investigadas sin garantías de un debido proceso.
  1. Para justificar la violencia del Estado, con el apoyo de los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder, generan un escenario de guerra interna al que buscan legitimar acusando a ciudadanos, y ciudadanas a las y los dirigentes sociales y gremiales de terroristas. Esto lo hacen sin pruebas que lo sustenten y obviando conscientemente que estas organizaciones indígenas y populares no sólo fueron afectadas y violentadas por el terrorismo, que les costó la vida a cientos de dirigentes populares en defensa de sus organizaciones y de la democracia y, fueron uno de los artífices más importantes de la derrota del senderismo criminal.
  2. Criticamos el desempeño de las fiscalías y del poder judicial por incumplir su función de defensa de los derechos, negándose a recibir los habeas corpus, así como al no hacerse presentes de manera oportuna en los momentos que se reprime a la población movilizada, dejando en el desamparo a los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos, que vienen siendo desmanteladas al reducirlas de 12 a 7 y que sean estas las encargadas de investigar los crímenes contra la población movilizada y no las de crimen organizado.
  3. Rechazamos con firmeza los hechos de vandalismo cometidos por infiltrados y por grupos violentistas que actúan en las marchas y manifestaciones pacíficas para desprestigiarlas. Exigimos que la PNP cumpla con su responsabilidad de identificar y detener a los responsables de estos hechos, así como que actúe cumpliendo la normatividad nacional y los estándares internacionales establecidos para el control del conflicto social.
  1. La presencia de sectores tradicionalmente ignorados como las organizaciones indígenas y campesinas, así como amplios sectores de la sociedad, especialmente de las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad, nos compromete a todos a dialogar sobre la plataforma política que los articula y convoca, así como construir una agenda nacional de corto y mediano con mecanismos, objetivos y estrategias claras. Sólo así lograremos ampliar y reconstruir un espacio político con legitimidad e iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 
  2. Esta es la ruta para enfrentar y revertir la clara amenaza conservadora y autoritaria que busca imponer en nuestro país su agenda ideológica contra los derechos de todos y todas, así como un régimen vertical y excluyente, al servicio de los poderes fácticos. Es desde la solución de las demandas políticas de la población movilizada, que se debe articular integralmente las diversas agendas regionales, generando propuestas para los temas críticos que permitan cerrar las brechas estructurales que están en la base de las masivas movilizaciones en gran parte de las regiones del país. 
  3. Esta agenda nacional y descentralizada, debe tener como base esencial la defensa del derecho a la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo pleno como pilares esenciales de nuestra sociedad, así como la defensa de los derechos civiles y políticos, los de las mujeres, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Para darle contenido democrático y sostenibilidad, esta agenda debe construirse mediante el diálogo y la concertación entre la población y sus organizaciones, los gobiernos regionales y locales, así como con los múltiples actores económicos, sociales, medioambientales y culturales de cada uno de los territorios.
  4. Frente a la gravedad de la crisis que estamos atravesando como componentes de la sociedad civil proponemos con carácter de urgencia:
  1. Renuncia de la presidenta Dina Boluarte 
  2. Adelanto de elecciones al 2023, sin cambios en el JNE y la ONPE. Se debe realizar la primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en noviembre y el cambio de ambos poderes del Estado antes del 31 de diciembre. 
  3. Ni un muerto más. Reconocimiento y garantía para el ejercicio del derecho a la protesta sin criminalizarla y en cumplimiento de los estándares internacionales.
  4. Renovación de la Mesa Directiva del Congreso para que se elija una presidencia con un mínimo de legitimidad ciudadana para conducir el proceso electoral y la transición hacia nuevas autoridades. 
  5. Referéndum para que el pueblo decida iniciar un proceso Constituyente.
  6. Cambio de mandos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales, y reforma policial. 
  7. Impulso a la articulación nacional de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada, para fortalecer su capacidad de negociación con los poderes del Estado de la agenda que vienen exigiendo desde hace semanas como la salida política a la crisis. Rechazamos todo intento de obviar esta agenda y acotar el diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social. 
  8. Apelamos a los diversos organismos internacionales, así como a instituciones con legitimidad como la ANGR o las universidades nacionales, para que asuman un rol activo de mediadores entre la sociedad movilizada, con el Gobierno y el Congreso, para abordar las demandas políticas urgentes.
  9. Asumimos el compromiso de participar con nuestras propuestas y desde nuestras posiciones, en un amplio diálogo nacional desde los territorios de cara a la instalación de un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y mediano plazo. 
  10. Acompañaremos y participaremos en diálogos y reuniones con organizaciones y representantes sociales, económicos y políticos en los diversos territorios para concertar propuestas y acordar prioridades en las agendas de desarrollo. Coordinar y hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las articulaciones sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de diálogo regional representativos y autónomos. 

Finalmente llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a realizar el monitoreo y veeduría de la investigación de las muertes de las más de 56 personas, de los cientos de heridos/as, y de las violaciones a su dignidad de las mujeres detenidas en San Marcos y durante las protestas e investigaciones sobre derechos humanos, a la vez de reiterar que se adopten las políticas públicas eficaces para reparar a las víctimas de estos recientes hechos.

Y exhortamos a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y pronunciándose ante los graves acontecimientos que se viven en nuestro país, a fin de evitar que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta se profundicen.

Lima, 26 de enero de 2023

Articulación de Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad.

Suscriben:

  • ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS-ANC
  • 13 BRUJAS
  • ADECEP/PURISAK
  • WARMYKUNA
  • ADEPROSACO 
  • ALTERNATIVA CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL Y EDUCACION POPULAR
  • AMUNETRAP
  • ANCIJE-SAN MARTIN
  • APDES
  • ARTICULACIÓN FEMINISTA MARCOSUR
  • CENTRO FLORA TRISTÁN
  • ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAMBAYEQUE – ADOSCIL
  • ASOCIACION AMAR C
  • ASOCIACIÓN ARARIWA 
  • ASOCIACIÓN CIVIL JAPIQAY, MEMORIA Y CIUDADANÍA 
  • ASOCIACIÓN CULTURAL LUPUNA – ARTES AMAZÓNICAS 
  • ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA
  • ASOCIACIÓN DE MUJERES PERUANAS AFECTADAS POR LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS, AMPAEF 
  • ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES ECOLÓGICOS DE QUEBRADA VERDE
  • ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS DE SALUD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.
  • ASOCIACIÓN HUMANIDAD LIBRE
  • ASOCIACIÓN PERLAS DE YURA
  • ASSOCIAZIONE STUDIO3R DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE
  • AVEF-LIMA-CALLAO-AMPAEF
  • BRIGADA VOLUNTARIA DE SALUD
  • CADEP JOSE MARÍA ARGUEDAS-CUSCO
  • CANAL DE TV YOLI TV HUARAZ – PERIODISTA RADIO GRTE. INTEGRACIÓN HUARMEY 
  • CECYCAP 
  • CEDAL-CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO
  • CEDER
  • CEEPIP
  • CENDIPP
  • CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA (CAAAP)
  • CENTRO ANDINO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN – CADEP – JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
  • CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
  • CENTRO DE DESARROLLO ANDINO SISAY
  • CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – CEMPDIS 
  • CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ASESORÍA POBLACIONAL CIDAP 
  • CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER MICAELA BASTIDAS _ TRUJILLO
  • CENTRO LOYOLA AYACUCHO
  • CENTRO WAMAN WASI
  • CEPRODEP
  • CIPCA 
  • CIUDADANÍA ACTIVA 
  • CLADEM PERÚ
  • COLECTIVA MUJER Y PODER 
  • COLECTIVO SONQO WARMI 
  • COMITÉ DE DEFENSA DEL AGUA- IQUITOS  
  • COMITÉ NACIONAL DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO
  • CONADES JUVENIL
  • CONSEJO DE EDUCACIÓN POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- PERÚ COOPERACCIÓN
  • COORDINADOR DE DESPLAZADOS DE LIMA SUR
  • COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS- CNDDHH
  • COORDINADORA NACIONAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DEL PERÚ. (CN. FAVIDEFO-PERÚ)
  • CUT-SM
  • DESSOS
  • EMPODERADXS
  • EQUIPOS DOCENTES AULAS ABIERTAS
  • ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL
  • ESTUDIOS AMAZÓNICOS
  • FARTAC
  • FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PERU – FENTAP 
  • FÉMINAS PERÚ
  • FENMUCARINAP-SM
  • FOMENTO DE LA VIDA- FOVIDA
  • FORO REGIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS FORDES AREQUIPA 
  • FORO SALUD 
  • FÓRUM SOLIDARIDAD PERÚ
  • FREDEPA
  • FRENTE DE DEFENSA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 
  • FRENTE DEFENSA DEL DISTRITO DE ISLAY
  • FUNDAVAL
  • GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
  • GIMCC 
  • GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
  • GRESP PERU
  • GRUPO GÉNERO Y ECONOMÍA 
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Información compartida con SURCOS.

Comunicado del Comité por la Absolutoria Definitiva de Orlando Barrantes

Hoy jueves 27 de octubre del 2022 es un día memorable, se emitió un comunicado del Comité en el cual se indica que se logró la Absolutoria Definitiva del señor Orlando Barrantes y donde se menciona lo siguiente: “Gracias porque juntxs demostramos al Tribunal que no hay fronteras cuando se trata de defender la justicia social y el derecho a la protesta social”.

Absolutoria definitiva para Orlando Barrantes

SURCOS comparte comunicado del Comité por la Absolutoria Definitiva de Orlando Barrantes:

«Gracias por estar junto a Orlando, su familia y nosotrxs. 27 de octubre 2022. Después de 22 años de infame judicialización, lograda ABSOLUTORIA DEFINITIVA para ORLANDO BARRANTES».