Oposición al Proyecto de Ley para Garantizar la Sana Convivencia Entre las Personas Menores de Edad y sus Progenitores

Nosotras, integrantes del colectivo Mujeres por Costa Rica, manifestamos nuestra total oposición al proyecto de ley 23421 “LEY PARA GARANTIZAR LA SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y SUS PROGENITORES”, presentado por los diputados Fabricio Alvarado y Lesly Bojorges.

Según las consideraciones del proyecto de ley, el objetivo es proteger el interés superior de las personas menores de edad en caso de separación o divorcio, basado en el principio de la sana convivencia de sus progenitores. El argumento manifiesto para presentar este innecesario proyecto es evitar que la persona (mayoritariamente mujeres), que tiene la custodia de hijos e hijas menores de edad, influya negativamente en la imagen del otro progenitor con falsedades y, por lo tanto, limite su derecho a tener una sana relación con ambos y sus familias.

Las reformas presentadas, por el proyecto mencionado al Código de Familia y Niñez y Adolescencia, abre portillos legales peligrosos, especialmente para las mujeres y también hombres sometidos a situaciones de violencia física y psicológica, al obligarlos a establecer una “sana convivencia”, desprotegiendo tanto a las personas violentadas como a las hijas e hijos.

La ley propiciaría una vida familiar construida, una vez más, sobre el silencio de la mujer, sobre una falsedad. En otros países se ha observado que los agresores aprovechan legislaciones similares para confundir e interferir en los juicios en los que la mujer pide protección de la justicia.

Incluso hay situaciones en las que el agresor manipula a los hijos e hijas contra la madre, circunstancia que en varios países se llama “violencia vicaria”. Si la madre debe silenciar los maltratos, el agresor puede aprovecharse de esa manera para perpetuar la violencia contra ella y sus hijos.

Nosotras consideramos que las reformas planteadas por el proyecto no resuelven el problema que busca corregir, por el contrario, lo agrava. La solución debería ir por el fortalecimiento del PANI dotándolo con los recursos y los instrumentos legales necesarios.

¡¡Ya basta de violencia contra las mujeres!!