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Etiqueta: derechos de las mujeres

Colectivo feminista denuncia retrocesos en políticas de protección a las mujeres y alerta sobre crisis de violencia en Costa Rica

Feministas Picos Rojos Costa Rica advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia de género, al señalar la eliminación del Departamento de Violencia de Género del INAMU, la ineficacia de los «Puntos Violeta» y el aumento de los femicidios.

13 de julio de 2026. El colectivo Feministas Picos Rojos Costa Rica denuncia “con profunda preocupación” el deterioro sistemático del Estado Social y Democrático de Derecho en el país, el cual afecta de manera directa y desproporcionada la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.

A través de un manifiesto público, la organización señala que las decisiones políticas actuales están desmantelando las capacidades institucionales históricas de Costa Rica. Entre los retrocesos más graves destacan la eliminación del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la ineficacia de alternativas recientes como los «Puntos Violeta», mecanismos que han dejado desprotegidas a cientos de víctimas en un contexto nacional crítico.

La organización resalta que estas medidas ocurren en medio de una crisis de violencia extrema. Las cifras registradas muestran un preocupante incremento en los delitos de odio contra las mujeres, contabilizando 36 femicidios y 78 muertes violentas en investigación al cierre del periodo anual 2025, lo que equivale al asesinato por razones de género de una mujer aproximadamente cada cinco días.

Asimismo, el colectivo alerta sobre el impacto a largo plazo de la eliminación de los programas de educación para la afectividad y sexualidad en el sistema educativo, así como el alarmante auge de discursos misóginos y de violencia política emitidos desde las más altas esferas del poder público.

«Defender las políticas de igualdad significa proteger la democracia. Una sociedad que tolera la violencia hacia las mujeres y debilita su red de protección deja de garantizar derechos para todas las personas», puntualiza el manifiesto. Feministas Picos Rojos Costa Rica exige al Estado costarricense el cumplimiento inmediato de sus obligaciones jurídicas internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, para frenar la impunidad y asegurar la vida de las ciudadanas.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Cuando-retroceden-los-derechos-de-las-mujeres.pdf

Manifiesto de las Mujeres por el Derecho de Acceso a la Justicia

Gerardo Castillo Hernández

«La voz de las maestras no podía ser silenciada por decretos ni bayonetas» (Lyra, 1919).

El 7 de julio de 2026, diversas organizaciones sociales y de mujeres levantaron su voz en defensa del Poder Judicial y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. Lo hicieron con la urgencia de quien sabe que la justicia no es un lujo, sino un derecho que se desvanece cuando los presupuestos se recortan y las instituciones se debilitan.

La mujer, que históricamente ha cuidado la vida en medio de la violencia y ha sostenido la democracia en medio del silencio, aparece aquí como la pastora que defiende el rebaño de derechos frente al lobo del poder. Su voz es memoria y resistencia, como lo fue la de Carmen Lyra en la huelga de 1919, cuando afirmó que la protesta era un acto de dignidad y que la educación no podía ser neutral frente a la injusticia (Lyra, 1919).

El manifiesto denuncia que los recortes al Poder Judicial amenazan directamente el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres víctimas de violencia. Señala que la reorganización del Instituto Nacional de las Mujeres y la reducción de recursos públicos forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional. En un país donde los femicidios y otras formas de violencia aumentan, la respuesta no puede ser menos Estado, menos protección, menos justicia. La respuesta debe ser fortalecer las capacidades institucionales, no desmantelarlas.

Las firmantes formulan cinco demandas claras al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a otras instituciones: garantizar recursos, fortalecer servicios especializados y proteger a las defensoras de derechos humanos. Pero más allá de las demandas concretas, el manifiesto convoca a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía a defender el acceso a la justicia y la independencia judicial como patrimonio común.

El documento trasciende la agenda específica de las mujeres y entra en el corazón del debate democrático: la división de poderes, la independencia judicial frente a presiones políticas, la defensa del presupuesto público destinado a la justicia y la crítica al discurso político que busca desacreditar instituciones. Butler (2009) recuerda que la precarización de la vida comienza cuando se socavan las estructuras que garantizan derechos; Sen (1999) advierte que sin libertad de expresión y sin instituciones fuertes no hay desarrollo humano ni democracia sustantiva; Harari (2018) alerta que las democracias pueden morir no por golpes de Estado, sino por erosión lenta de sus instituciones.

El sindicalismo encuentra aquí un espejo. El acceso a la justicia laboral, constitucional y administrativa depende de un Poder Judicial con recursos suficientes. Los sindicatos han defendido históricamente la institucionalidad democrática y la independencia de los poderes públicos como garantías para los derechos sociales y laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras enfrentan simultáneamente violencia de género, discriminación laboral y dificultades para acceder a mecanismos de protección judicial. La lucha por la justicia de género es también lucha por la justicia laboral y sindical.

La pregunta de fondo es clara: ¿puede una democracia garantizar derechos cuando las instituciones encargadas de protegerlos pierden capacidad de actuación? La respuesta sindical es contundente: los derechos laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical, la igualdad de género y la protección frente a la violencia dependen de instituciones fuertes, independientes y accesibles. Defenderlas no significa renunciar a exigir eficiencia o transparencia; significa reconocer que las reformas deben fortalecer el Estado de Derecho y ampliar el acceso a la justicia, no reducirlo.

El manifiesto de las mujeres nos recuerda que la justicia no es un privilegio ni una dádiva: es el suelo común sobre el que se construye la democracia. Y cuando ese suelo se agrieta, toda la ciudadanía —trabajadores, estudiantes, mujeres, sindicatos— debe levantar la voz. Porque como escribió Orwell (1949), “la libertad consiste en decir lo que otros no quieren escuchar”. Y hoy, lo que no quieren escuchar es que sin justicia independiente no hay democracia, y sin democracia no hay derechos.

Referencias

Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

Lyra, C. (1919). Discurso en la huelga contra la dictadura de los Tinoco.

Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.

Organizaciones y personas demandan proceso participativo en la reorganización del INAMU

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

COMUNICADO SOBRE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INAMU

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INAMU, A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS Y A LAS MUJERES DE COSTA RICA

CONSIDERANDO:

Que el INAMU fue creado como el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, con el mandato de ejercer la rectoría de las políticas públicas de igualdad, promover la incorporación del enfoque de género en la institucionalidad pública y velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Que Costa Rica ha asumido obligaciones nacionales e internacionales que exigen contar con una institucionalidad sólida, especializada y con capacidad de rectoría para avanzar hacia la igualdad sustantiva y erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, conforme a la Constitución Política, la Ley de Creación del INAMU, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que durante 2024 y 2025 se desarrolló un amplio proceso de Auditoría Social sobre el INAMU, impulsado por el Equipo Central de Auditoras Sociales, con el acompañamiento de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, en el que participaron aproximadamente quinientas mujeres provenientes de todas las regiones del país y de los territorios indígenas, mediante un ejercicio democrático, participativo y transparente.

Que dicho proceso de auditoría social generó conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional del INAMU, sustentadas en la experiencia y conocimiento de mujeres diversas, organizaciones y liderazgos territoriales.

Que, pese a ello, la propuesta de reorganización institucional nunca fue presentada oficialmente a las participantes en el proceso de Auditoría Social antes de su implementación, desconociendo este proceso legítimo de participación ciudadana y contraloría social.

Que las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y activistas feministas hemos sido informadas de las múltiples irregularidades que rodean el proceso de reorganización institucional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que se encuentra en marcha.

CONSTATAMOS:

Que la propuesta de reorganización institucional que ya se está ejecutando, nunca fue socializada ampliamente con el personal de la institución ni con las organizaciones de mujeres. Y que tampoco fue entregada al Equipo Central de Auditoras Sociales ni a las mujeres participantes en el proceso de auditoría social realizado durante 2024-2025, y se hizo caso omiso de las reflexiones, conclusiones y propuestas de ésta.

Que la reorganización institucional actualmente en marcha deteriora la función rectora del INAMU como ente responsable de conducir las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, y que se desconoce la información que demuestre que su aplicación fortalecerá la rectoría política y técnica del INAMU, incluyendo una regionalización que efectivamente lleve a las regiones servicios integrales, especializados y suficientes para la atención de las necesidades y demandas de las mujeres en su diversidad.

Que de acuerdo con el marco normativo que regula los procesos de reorganización institucional destaca de manera prioritaria que los mismos deben estar técnicamente justificados y que su ejecución implique una mejora medible en cuanto al cumplimiento de la misión y visión institucionales y, en este caso también, en la prestación de servicios institucionales.

Que en este caso ninguno de estos objetivos se cumple. Por el contrario, observamos que esta reorganización implica:

– Un proceso de des-especialización y despolitización institucional del mecanismo especifico, creado por ley y amparado en el derecho convencional y supraconstitucional, para el adelanto de las mujeres.

– Un proceso de burocratización interna que lentifica los procesos internos concentra poder de decisión y provoca una pérdida de capital humano y técnico.

Que durante los últimos años la institución ha experimentado una deslegitimación progresiva a nivel de la opinión pública, lo que contribuye a profundizar la desprotección que vivimos las mujeres.

DEMANDAMOS:

  1. La suspensión de la implementación de la reorganización institucional en el INAMU hasta que exista un proceso amplio, transparente y participativo de diálogo con las organizaciones de mujeres y con el personal de la institución liderado por un agente externo e imparcial.
  2. La publicación íntegra del estudio técnico que fundamenta la reorganización institucional del INAMU.
  3. La habilitación de un espacio de diálogo e interlocución con las nuevas autoridades del INAMU en torno al proceso de reorganización institucional ya en marcha.
  4. La garantía plena del respeto de los derechos laborales de todas las personas funcionarias del INAMU.
  5. La instalación de una comisión de vigilancia social de este proceso de reorganización institucional, en el que participen mujeres de todas las regiones del país y que hayan participado en la auditoría social realizada en 2024-2025.
  6. El acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes a este proceso.

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con el fortalecimiento del INAMU como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres y como institución rectora de las políticas públicas de igualdad de género.

Las organizaciones sociales, de mujeres y feministas, de derechos humanos y activistas independientes abajo firmantes permaneceremos vigilantes sobre el rumbo de este proceso de reorganización institucional, defenderemos y velaremos por una institucionalidad pública fortalecida de cara a la defensa de nuestros derechos como mujeres y como ciudadanas.

Siguen las firmas de personas y organizaciones, las cuales pueden consultarse descargando el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/COMUNICADO-SOBRE-REORGANIZACION-INSTITUCIONAL-DEL-INAMU.pdf

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa

El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará el foro “El impacto de la traición institucional: la (in)justicia ante la denuncia de Marulín Azofeifa”, un espacio de reflexión sobre las implicaciones institucionales, sociales y de género derivadas del proceso de denuncia impulsado por la exdiputada Marulín Azofeifa.

La actividad se desarrollará el lunes 8 de junio en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunirá a especialistas en estudios de género, psicología, sociología y comunicación para analizar los desafíos que enfrentan las personas denunciantes de violencia de género y el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia.

Entre las panelistas se encuentra Marisa Batalla Chacón, comunicadora especializada en violencias de género y asesora del equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa.

También participará Montserrat Sagot Rodríguez, socióloga y exdirectora del CIEM, reconocida por su trayectoria académica e investigativa en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.

El panel contará además con la intervención de Paola Brenes Hernández, psicóloga e investigadora del CIEM, quien aportará elementos de análisis sobre las dimensiones psicosociales e institucionales vinculadas a este tipo de procesos.

La moderación estará a cargo de Paula Rivera Calderón, estudiante de Psicología y Sociología y asistente del CIEM.

La actividad se inscribe en el contexto del debate público generado por la denuncia presentada por Marulín Azofeifa contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las discusiones sobre el tratamiento institucional de las denuncias relacionadas con violencia y hostigamiento de carácter sexual, así como sobre los obstáculos que enfrentan las personas denunciantes para acceder a mecanismos efectivos de justicia y reparación.

El foro busca contribuir a la reflexión crítica sobre las respuestas institucionales ante este tipo de denuncias y sobre las consecuencias que dichas respuestas pueden tener para las personas afectadas y para la confianza ciudadana en los sistemas de protección y justicia.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Lugar: Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

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  1. Adilia Solis

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  42. Jeannette Cordero Gamboa

  43. José Solano Solano

  44. José Solano-Saborío

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  47. Laura Gómez Vasquez

  48. Laura Rodríguez Rodríguez

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  50. Lauren Josefa Agüero Umaña

  51. Lidiette Cruz Sibaja

  52. Lidiette Sequeira

  53. Lorena Camacho

  54. Lorena Villalobos Varela

  55. Lucia Sansonetti

  56. Luis Alberto Incer Arias

  57. Luis Ángel Céspedes Rodríguez

  58. Lynn Jacob Segev

  59. Macarena Barahona Riera

  60. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

  61. Marcela Zamora Cruz

  62. Marco Antonio Hidalgo Molina

  63. Marco Vinicio Fournier Facio

  64. Margarita Salas Guzmán

  65. María Bolaños Aguilar

  66. María del Carmen Cruz

  67. María José Gavilan Echeverria

  68. Mariana Ramírez Sandí

  69. Marta Arroyo Bonilla

  70. Marta Jiron Manzanares

  71. Marta Solano Arias

  72. Maureen Esquivel Camacho

  73. Melissa Cruz Cordero

  74. Meylin Vargas Varela

  75. Milagro Leitón Vega

  76. Miranda Lynette Budny Sequeira

  77. Nadya Blanco Guzmán

  78. Natalia Solís Rojas

  79. Nia Salas

  80. Noemy Serrano Corrales

  81. Nuby Ordóñez Ugalde

  82. Oscar Valverde Cerros

  83. Pamela Bojorge Ortega

  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

Bloque Opositor Político o Alianza Política Opositora

Vladimir de la Cruz

En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.

Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.

El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.

En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.

En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.

Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.

Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.

La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.

Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.

Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.

Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.

También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.

Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.

Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.

Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.

«Calladita No es más bonita»… podcast de la Defensoría

El hostigamiento sexual en el empleo

La Defensoría de los Habitantes lanzó un nuevo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, el cual se crea desde la convicción que el silencio no puede seguir siendo cómplice de la violencia contra la mujer.

En esta nueva edición se aborda la temática del hostigamiento sexual en el empleo y entornos seguros, con la participación de las expertas Lilliana Castro López e Ivania Solano Jiménez, funcionarias de la Dirección de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

El sector público arrancó el 2026 con 33 denuncias por hostigamiento sexual en enero, lo que equivale a un reporte cada 24 horas, lo que enciende las alertas a nivel institucional para acelerar las acciones en materia de prevención y atención de esta manifestación de violencia, donde la mayoría de las denunciantes son mujeres.

El nuevo capítulo está disponible en:

Youtube: https://youtu.be/HeSBBhJY7xs

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3peXEm4wZa1DOog8DkB4bd?si=Gao8dQ-yTpGeG7g0qB41MQ

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

El Podcast contará con la participación de mujeres sobrevivientes de violencia, familiares de víctimas de femicidio, así como mujeres expertas y técnicas en la materia, quienes aportarán no sólo sus conocimientos, sino también sus testimonios, experiencias y propuestas para la prevención y erradicación de este flagelo.

Manifiesto por el honor, la responsabilidad y el compromiso público

Este es un momento de trascendencia en la historia de Costa Rica. El próximo 8 de mayo no representa, simplemente, un cambio de mando político, sino la culminación de años de resistencia, lucha y valentía de miles de mujeres que desafiaron un sistema diseñado para silenciarlas.

Hoy, el panorama político del país se transforma: por primera vez, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Asamblea Legislativa estarán en manos de mujeres. Esto se suma a una conformación parlamentaria con el mayor número de diputadas en nuestra historia -31 diputadas y 26 diputados- y a instituciones clave lideradas por la visión femenina en la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, este hito no debe leerse como un trofeo individual ni como una meta alcanzada para el regocijo personal.

Ocupar estos puestos es un acto de justicia histórica, pero, sobre todo, es un compromiso ineludible.

A las mujeres que hoy asumen estas altísimas responsabilidades les recordamos: ustedes se apoyan sobre los hombros de muchas mujeres. Están ahí porque otras antes fueron perseguidas, ignoradas y subestimadas mientras exigían el derecho al voto y a la representación. Su presencia en el poder las obliga a honrar esa lucha. No es solo un tiempo de celebración; es un llamado al compromiso absoluto. Su gestión debe ser el reflejo de una política más humana, equitativa y valiente. Tienen en sus manos la oportunidad —y el deber— de legislar y gobernar para todas las personas que habitamos este país, tomando en consideración las particulares situaciones de las mujeres. Deben garantizar que las puertas que hoy se abren de par en par, jamás vuelvan a cerrarse para ninguna mujer en Costa Rica. El honor de ocupar el puesto sea equivalente al valor de su servicio al país.

Colectivo Mujeres por Costa Rica
Por el honor, la responsabilidad y el compromiso público
Mayo del 2026.

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.

“¡9 años cambiando el rollo!”: MUSADE relanza campaña nacional por los derechos de las mujeres en su 40 aniversario

En el marco de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el lanzamiento oficial de la campaña “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres”, una iniciativa que acumula 9 años de trabajo continuo (desde 2018) en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la transformación de patrones socioculturales que la perpetúan.

Esta campaña no es un esfuerzo reciente: es el resultado de casi una década de sensibilización, formación, acompañamiento comunitario e incidencia, que hoy se fortalece y amplía como parte de la conmemoración de los 40 años de trayectoria de MUSADE. La actividad de lanzamiento se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo, a las 10:00 a.m., en modalidad bimodal, marcando el inicio de una agenda de acciones durante todo el año, orientadas a movilizar a la ciudadanía y a posicionar la urgencia de construir una sociedad libre de violencia.

La campaña hace un llamado directo a la población a cuestionar las creencias, actitudes y prácticas que normalizan la violencia, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad. Asimismo, invita a hombres, mujeres, juventudes e instituciones a asumir un rol activo en la prevención de la violencia.

“Son 9 años insistiendo en lo mismo: la violencia no es normal, no es privada y no es aceptable. Hoy, en nuestro 40 aniversario, reafirmamos ese llamado con más fuerza: cambiar el ‘rollo’ es una responsabilidad colectiva”, señaló la organización. A lo largo del año, la campaña incluirá actividades comunitarias, procesos formativos, acciones culturales, espacios de diálogo y una estrategia de comunicación que buscará amplificar voces, visibilizar realidades y promover cambios concretos en la vida cotidiana.

MUSADE invita a instituciones públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa, que apuesta por una transformación profunda y sostenida hacia una cultura de paz y equidad.