Privatización eléctrica: Costa Rica ante la encrucijada del expediente 23.414

La Asamblea Legislativa discute el expediente 23.414, la llamada “Ley para la armonización del sistema eléctrico nacional”. Expertos en política energética advierten que, tras este término amable, se esconde una propuesta de privatización del servicio que hoy administra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En el reciente episodio del podcast «Fuera de la caja», producido por el CIEP UCR, se conversó con Alberto Gutiérrez, investigador y experto en ecología política de la energía, quien explicó detalladamente los alcances y riesgos de esta iniciativa.

Propuesta del nuevo proyecto de ley

La iniciativa plantea la creación de una nueva autoridad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) encargada de la planificación y operación del sistema eléctrico. En esta entidad, y de forma ineludible, tendrían asiento representantes de los generadores privados, una fórmula que, alertan sus críticos, podría diluir la autonomía técnica y abrir la puerta a conflictos de interés.

Por otro lado, el proyecto sustituye el esquema de compra planificada del ICE por un mercado mayorista basado en subastas competitivas. Según estudios comparativos en América Latina, este modelo ha conducido a una alta volatilidad en las tarifas y a cortes de suministro más frecuentes.

Finalmente, la ley permitiría a empresas nacionales y extranjeras exportar electricidad directamente al mercado regional. De este modo, parte de las utilidades que hoy retornan al Estado y se invierten en infraestructura y subsidios quedarían en manos de esas compañías.

Antecedentes en la región: Panamá

En los años noventa, Panamá privatizó su sistema eléctrico. Dividieron la empresa estatal y la vendieron a precios bajos. Después de eso, las tarifas subieron mucho, hubo más cortes de luz y muchas comunidades rurales quedaron sin acceso al servicio. Incluso hubo protestas, como en Colón, donde la gente llevó sus electrodomésticos dañados a la calle para denunciar y expresar su descontento ante el mal servicio.

Implicaciones para Costa Rica

De acuerdo con Gutiérrez, privatizar significa transferir al sector privado funciones y activos que hoy son de propiedad pública, convirtiendo la electricidad en un bien sujeto a la lógica del mercado. Hoy Costa Rica disfruta de una de las tarifas más bajas de Centroamérica y cobertura casi universal, con niveles de confiabilidad que convierten los apagones en eventos excepcionales. De aprobarse el expediente 23.414, advierten los analistas, se corre el riesgo de encarecer el servicio y de dejar desatendidas las zonas de menor rentabilidad, replicando las desigualdades ya vistas en la región.

Asimismo, la soberanía sobre el sistema eléctrico podría verse comprometida al subordinar las decisiones técnicas a los intereses de grandes empresas que buscarán maximizar sus ganancias.

Para profundizar en este debate, puede escuchar el episodio 5 del podcast «Fuera de la caja», titulado “Privatización Eléctrica: ¿Qué está en juego en Costa Rica?”, disponible en Spotify. De igual forma, puede acceder a este enlace: https://ucr.cr/r/o5R2c