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Etiqueta: Alberto Gutiérrez Arguedas

Privatizar los sistemas eléctricos: un pésimo negocio

Publicado el . Publicado en Análisis.

Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo y científico social
Universidad de Costa Rica / Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario

Actualmente se discute en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente No. 23.414. En pocas palabras, se trata de un proyecto ley intencionado para la privatización del sistema eléctrico nacional, de la misma envergadura y alcances del infame “Combo del ICE”, derrotado en las calles hace 25 años en una de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Costa Rica.

En términos técnicos, este proyecto de ley tiene tres elementos básicos, que en su conjunto implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional:

  1. Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Se trasladan las funciones de operación y coordinación del sistema eléctrico nacional del ICE al ECOSEN, una nueva entidad adscrita al MINAE. Con ello se politiza en el mal sentido de la palabra las decisiones y planificación estratégicas sobre el sistema eléctrico y se abre las puertas a conflictos de intereses y dinámicas viciadas de “juez y parte”, pues en dicha entidad tendrían representación los generadores privados de electricidad.
  2. Creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). Se crea un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado, en donde la electricidad es una mercancía que se transa entre agentes privados. Con ello se elimina la planificación operativa que actualmente ejerce el ICE, la cual garantiza que las decisiones y planes estratégicos sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos y a las necesidades sociales, no a intereses particulares.
  3. Exportación de empresas privadas en el mercado eléctrico centroamericano. Se autoriza que los generadores privados exporten directamente en el mercado eléctrico regional, lo cual actualmente solo puede hacer el ICE. Ello es problemático porque, bajo el esquema actual, las ganancias del ICE por exportación de electricidad se rebajan de las tarifas de los usuarios, mientras que si exportaran las empresas privadas esas ganancias serían para el lucro de estas, sin beneficio para la colectividad.

Lejos de ser una novedad, lo que propone este proyecto de ley es la vieja receta privatizadora de los años 1990. En aquellos años, al mismo tiempo en que se impulsaba el “Combo del ICE”, los demás países centroamericanos también impulsaron reformas legales para privatizar sus sistemas eléctricos, como parte de los programas de ajuste estructural. Honduras lo hizo en 1994, El Salvador y Guatemala en 1996, Panamá en 1997 y Nicaragua en 1998. A diferencia de Costa Rica, en donde la lucha social logró frenar la privatización, en los demás países sí se concretó.

El proyecto de ley de “armonización” busca cumplir un ansiado sueño de las clases dominantes: completar la privatización del sistema eléctrico de Costa Rica, la cual quedó “a medias” desde los años 1990. Quieren conseguir lo que no pudieron hace 25 años, utilizando los mismos argumentos de aquel entonces: que la apertura del sector eléctrico reducirá las tarifas, que modernizará la gestión y, en general, que mejorará la calidad del sistema eléctrico. Pero, ¿será cierto que privatizar el sistema eléctrico trae todos esos beneficios? La experiencia de los demás países centroamericanos dice lo contrario. Veamos.

En cuanto a las tarifas, a pesar de ser el país más caro de la región, Costa Rica mantiene la tarifa eléctrica más barata. Según datos de 2022, el precio del kilovatio/hora (kWh) en este país fue de $0,15, mientras que en Panamá y en Nicaragua fue de $0,17, en El Salvador $0,24, en Honduras $0,26 y en Guatemala $0,28. En algunos de estos países el pago de la tarifa eléctrica representa una pesada carga en las economías familiares y, de hecho, ha sido motivo de conflictos sociales. Por ejemplo, en el contexto de las grandes protestas en Panamá en 2022, el rebajo de la tarifa eléctrica fue uno de los ocho puntos prioritarios que el movimiento social presentó ante el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo.

Desde el punto de vista de la calidad del sistema eléctrico, los resultados de las privatizaciones han sido igualmente decepcionantes. Costa Rica se mantiene como el país con mayor índice de cobertura eléctrica (99,4%), seguido de El Salvador (97,9%), Nicaragua (97,3%), Panamá (94,3%), Guatemala (89,2%) y Honduras (85,7%). Lo mismo puede decirse de la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico: los apagones y picos de corriente, prácticamente desconocidos en Costa Rica, son una realidad cotidiana en otros países, provocando perturbaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, en la ciudad panameña de Colón se han dado protestas contra la empresa de distribución eléctrica, en donde las personas, indignadas, han arrojado a la sede de la empresa sus electrodomésticos dañados.

Lo mencionado anteriormente revela que, contrario a las promesas, las privatizaciones no han traído buenos resultados en Centroamérica. Lo que sí han hecho es abrir un nicho de negocios sumamente lucrativo, del cual se han aprovechado un conjunto de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Y aquí está el meollo del asunto: cuando se privatiza un sector estratégico como la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. Por lo tanto, ya no está en función de satisfacer las necesidades sociales sino de las posibilidades de negocio que pueda ofrecer. Aquellas actividades que no resultan lucrativas (por ejemplo, la electrificación de zonas rurales) son deliberadamente descuidadas.

En la coyuntura política actual, es fundamental prestar atención y aprender de la experiencia de otros países, pues pueden dar una idea lo que nos esperaría en caso de aprobarse el proyecto de “armonización”. Este proyecto de ley es anacrónico, pues en otras latitudes más bien se está discutiendo la necesidad de re-estatizar las empresas de electricidad que fueron privatizadas, debido a sus desastrosos resultados. Tal es el caso de Alemania, que en 2022 nacionalizó la empresa eléctrica Uniper, en el contexto de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania.

En conclusión, el motivo por el cual quieren privatizar el sistema eléctrico de Costa Rica no es porque no funcione bien. Al contrario: lo quieren privatizar porque funciona muy bien y por consiguiente es un jugoso botín del cual la oligarquía local y las empresas transnacionales se quieren apropiar. El momento actual nos invita a luchar, pues una vez que se privatiza el sistema eléctrico, es muy difícil revertirlo. Hay mucho en juego.

Referencias

Centroamérica 360º (2023). ¿Quiénes pagan la factura eléctrica más cara en Centroamérica? Centroamérica 360º Disponible en: https://www.centroamerica360.com/economia/quienes-pagan-la-factura-electrica-mas-cara-en-centroamerica/

ElDiario.es (2022). Alemania nacionaliza la eléctrica Uniper por 8.500 millones. ElDiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/alemania-nacionaliza-electrica-uniper-8-500-millones_1_9556221.html

Gordón, I. (2022). Mesa única del diálogo acuerda ocho puntos para negociar con el Gobierno. La Estrella de Panamá. Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mesa-unica-dialogo-acuerda-ocho-puntos-negociar-gobierno-IKLE474084

Guillén, S. (2024). La ruta del apagón y la privatización del ICE. Semanario Universidad. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/opinion/la-ruta-del-apagon-y-la-privatizacion-del-ice/

Rojas, M. (2022). Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2021. Ciudad de México: CEPAL.

Sánchez, D. (2023). Colonenses se cansan de las fluctuaciones y protestan en Ensa. Critica. Disponible en: https://www.critica.com.pa/nacional/colonenses-se-cansan-de-las-fluctuaciones-y-protestan-en-ensa-451655

Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2022-2040: nuevas (y viejas) amenazas sobre territorios, comunidades y el propio ICE

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Gutiérrez Arguedas (Universidad de Costa Rica/Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario)
Simon Granovsky-Larsen (Universidad de Regina, Canadá)

Recientemente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicó un informe ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación Eléctrica para el período 2022-2040, cuya versión completa está próxima a ser publicada, según se indica en dicho informe. Los Planes de Expansión del ICE son documentos institucionales oficiales, en donde se trazan las líneas estratégicas de política pública en relación con la expansión de infraestructura eléctrica a futuro. De manera preocupante, este nuevo plan recicla viejas amenazas a territorios, comunidades y el propio ICE, al mismo tiempo que coloca en el escenario la posibilidad de nuevos riesgos. El propósito de este artículo es advertir sobre algunas de estas amenazas, como un insumo para el debate público.

El nuevo plan de expansión contempla varias medidas para el aumento en la oferta eléctrica, entre estas: la remodelación de plantas eléctricas existentes, la construcción de nuevas plantas, así como la renovación de contratos de compra de electricidad a plantas privadas. Algunas de estas medidas se muestran sensatas y razonables para atender la demanda eléctrica, mientras que otras parecieran responder a intereses particulares sin una justificación adecuada. En el presente artículo haremos referencia a tres aspectos preocupantes en el nuevo plan de expansión: (i) la inclusión del proyecto hidroeléctrico Diquís, (ii) la compra de electricidad a generadores privados y (iii) la expansión intensiva de proyectos eólicos.

Un primer aspecto preocupante es ver en la lista de proyectos candidatos (p.21) al proyecto hidroeléctrico Diquís, un megaproyecto de 646 megavatios -MW- ubicado en la Zona Sur del país, el cual impactaría directamente el Territorio Indígena Térraba, habitado por el pueblo bröran. Hace más de una década este mismo proyecto provocó un enorme conflicto y enfrentó fuerte oposición de este pueblo, acuerpado por un conjunto de organizaciones sociales y ambientales de todo el país. A raíz de tan fuerte oposición, en 2018 el ICE anunció la suspensión indefinida (no definitiva) de este proyecto. Si se concreta este plan de reactivar el Diquís, es de esperarse un clima de crispación y conflicto socioambiental semejante. También aparecen otros cuatro proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos de gran tamaño (como el proyecto RG-430, de 156 MW).

En segundo lugar, inquieta la insistencia en la compra de electricidad a generadores privados, la cual ha mostrado ser innecesaria y nociva, para el ICE y para la sociedad costarricense en general. Estos contratos representan una pesada carga sobre las finanzas del ICE, el cual tendría capacidad de generar dicha electricidad en sus propias plantas, a un costo menor. En numerosas ocasiones se ha denunciado sobre esta problemática, la cual ha sido reconocida por autoridades como la Contraloría General de la República. De hecho, con base en recomendaciones técnicas de la Contraloría (Informe DFOE-AE-IF-00009-2019), en 2020 el ICE decidió no renovar cinco de estos contratos, lo cual provocó una reacción virulenta de parte de los generadores privados. Por lo visto, la presión política ejercida por estos surtió efecto, pues el documento es explícito al indicar como una medida prioritaria la “conveniencia en recontratar las plantas de generación privada existentes cuyos contratos vencen en el corto y mediano plazo” (p.24).

El tercer aspecto preocupante es la planificación de “una altísima penetración de energía solar y eólica en todo el período” (p. 29). Se pretende instalar nuevos proyectos con capacidad de generar 1.495 MW de energía solar y eólica entre 2022 y 2035, una capacidad casi cuatro veces mayor a la actual (5.4 MW solar y 390 MW eólica). Hasta la fecha casi no ha habido discusión política y académica en Costa Rica en relación con los impactos de proyectos eólicos, sin embargo, con base en experiencias vividas en otros países, hemos visto cómo la expansión de este tipo de proyectos -sobre todo los que incluyen grandes inversiones de capital extranjero- está asociada con un conjunto de daños sociales y ambientales, sobre los cuales queremos advertir.

Nuestra propia investigación en Panamá nos mostró de primera mano la amenaza que puede representar un proyecto eólico. Los vecinos de un proyecto de 66 MW en la región central de ese país (que está aprobado para una expansión a 110 MW en fases futuras) han visto severamente restringidos tanto su acceso al agua como su libre movimiento por el territorio. De acuerdo con una abogada local que realizó una encuesta a los campesinos sobre sus contratos con la empresa eólica: “lo que pudimos concluir es que ellos fueron totalmente engañados.” Los campesinos no sabían que sus contratos, que inicialmente ofrecían US $400 al año en ganancias de alquiler a cambio de albergar un aerogenerador, también incluían cláusulas para ceder la totalidad de su terreno para uso futuro de la empresa, o que los contratos podían extenderse por 40 años sin el consentimiento de la persona que firmó el contrato.

Con la construcción en marcha, los vecinos también se sorprendieron al encontrar un perímetro resguardado por guardias de seguridad privados que impiden el acceso a los terrenos tradicionalmente utilizados por la comunidad; solamente la persona firmante del contrato puede tener acceso sin tener que pedir permiso a la empresa. Además de los cambios en el uso de la tierra, los residentes afirman que el suministro local de agua se ha reducido a la mitad debido a una combinación de cementación de torres, construcción de carreteras sobre nacimientos de agua y deforestación.

Los proyectos de energía eólica no necesariamente tienen que causar tales daños, pero relatos similares en México, Colombia, Brasil y España demuestran que el caso panameño no está aislado. Una gestión ambiental cuidadosa podría evitar impactos negativos en el suministro de agua, mientras que procesos transparentes de negociación de contratos podrían evitar escenarios de comunidades despojadas de derechos y acceso a la tierra.

Hasta el momento, los proyectos eólicos existentes en Costa Rica no han generado procesos de conflicto evidentes (como sí los ha habido, en gran cantidad, con proyectos hidroeléctricos). Sin embargo, si este plan de expansión se impone bajo los mismos mecanismos de expropiación engañosos que hemos visto en otros países, es de esperarse que estos conflictos comiencen a ocurrir. En aras de garantizar una gestión responsable de los proyectos de energía eólica, es vital contar con vigilancia ciudadana, transparencia empresarial y marcos regulatorios sólidos antes de adjudicar las concesiones. El momento de ser cautelosos es ahora, antes de que comience una rápida ola de contrataciones y construcciones de proyectos eólicos en Costa Rica.

Las amenazas del nuevo plan de expansión eléctrica que aquí exponemos están inscritas en un contexto más amplio de amenazas generalizadas al modelo eléctrico público, solidario y universal que ha tenido Costa Rica desde mediados del siglo pasado. En la coyuntura política actual se está impulsando un conjunto de proyectos de ley (expedientes No. 22.561, 22.701 y 23.414) que proponen una reestructuración integral del sector eléctrico, en dirección a una mayor privatización y liberalización del mismo. Ello resulta muy preocupante porque, al privatizar un bien y un servicio estratégico como lo es la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía, cuya prioridad ya no es la atención de las necesidades sociales sino el lucro privado.

La experiencia de los demás países centroamericanos -los cuales privatizaron sus industrias eléctricas en la década de 1990- debería servir de advertencia para Costa Rica. Luego de casi tres décadas, se puede verificar que las privatizaciones han traído grandes fortunas para las empresas privadas -nacionales y transnacionales- del sector, sin embargo, del punto de vista de la calidad del sistema eléctrico y el servicio a los usuarios, sus resultados han sido muy cuestionables. A ello debemos sumar los graves impactos socioambientales y violaciones a los derechos humanos asociados con la expansión de proyectos eléctricos, promovidos e impulsados bajo una lógica mercantil.

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En la COP27, la industria hidroeléctrica vuelve a arremeter contra los ríos y pueblos del mundo

Publicado el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo, docente e investigador UCR
Coalición Ríos por el Clima/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 16 de noviembre de 2022, en la ciudad egipcia Sharm el-Sheij, se llevó a cabo la 27° Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como es costumbre desde hace 27 años, durante este evento se reúnen los principales agentes de la gobernanza ambiental mundial (gobiernos nacionales, organismos internacionales, think tanks, asociaciones de negocios, así como algunas organizaciones de sociedad civil) para discutir y definir políticas supuestamente direccionadas a revertir la crisis climática global.

Es digno de reconocer todos aquellos esfuerzos científicos y políticos que se preocupan por entender y atender la crisis climática, más aún en tiempos donde han proliferado en diversas partes del mundo tendencias políticas abiertamente negacionistas. Sin embargo, la triste realidad es que las COP muy poco han hecho para alcanzar el objetivo que dicen perseguir: se estima que la mitad del total de emisiones históricas globales de gases de efecto invernadero (GEI) se ha lanzado a la atmósfera en los últimos 25 años, es decir, desde que existe este aparato de gobernanza del clima, cuyos resultados podemos calificar como decepcionantes.

Las COP han sido cooptadas por el capitalismo verde, es decir, por un paradigma que busca hacer compatible la cuestión ambiental/climática con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado. Dentro de este paradigma, uno de los ejes centrales es el impulso a las energías renovables, erróneamente llamadas energías “limpias”. Se habla de una supuesta “transición energética”, en la cual las renovables sustituirían a los combustibles fósiles (que representan el 80% del consumo energético global), de manera que haya una reducción en la emisión de GEI causantes de perturbaciones climáticas.

Efectivamente, en la última década se ha dado un crecimiento muy significativo de las energías renovables a nivel mundial: hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, entre otras. Lo que no se dice es que este crecimiento de las renovables no ha implicado una sustitución de la energía fósil: en el mismo período se verifica un aumento sistemático en la extracción y consumo de petróleo, así como en la emisión de GEI. La supuesta transición energética a las renovables no ha avanzado en un cambio sustancial del modelo energético ni de los modos de producción y consumo dominantes, y se mantiene prisionera de la ortodoxia del crecimiento económico ilimitado.

Bajo el capitalismo verde, se utilizan supuestas preocupaciones ecológicas como pretexto para abrir nuevos nichos de acumulación de capital, siendo el sector de las energías renovables uno de los más lucrativos. El caso de la hidroelectricidad, principal fuente de energía renovable en el mundo, es particularmente ilustrativo de estas tendencias. Luego de haber recibido numerosas críticas y cuestionamientos por sus graves impactos socioambientales, en la última década se verifica un nuevo boom hidroeléctrico global, esta vez, asociado a la gobernanza del cambio climático y el discurso de las energías “limpias”. Un estudio reciente estima que existen unas 60 mil grandes represas a nivel mundial y más de 3.700 planeadas o en construcción, en un planeta en el cual apenas una tercera parte de los ríos aún fluyen libres sin estas barreras.

En el contexto de la COP27 la industria hidroeléctrica se hace presente, golpeando la mesa y exigiendo a los políticos y otros líderes globales a “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”. De acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia Internacional de Hidroelectricidad –IHA- publicado en vísperas del evento (https://www.hydropower.org/news/ihas-message-to-leaders-at-cop27), dicha agencia envió una delegación liderada por un miembro de su junta directiva (quien además fue director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA), a través de la cual buscan impulsar el desarrollo a gran escala de la hidroelectricidad y otras renovables, “necesarios para abordar el cambio climático y la seguridad energética”.

La participación de la IHA -en conjunto con la Organización de Hidrógeno Verde, el Consejo Mundial de Energía Eólica y el Consejo Mundial de Energía Solar- buscó ejercer presión para acelerar la planificación y las aprobaciones para el despliegue masivo de infraestructuras para energías renovables. Asimismo, proponen el lanzamiento de la Alianza Global de Energía Renovable, una articulación de actores político-empresariales de las diferentes ramas de este sector que “apoyará conjuntamente los esfuerzos para abordar el cambio climático con una voz más fuerte y alineada”. También abogan por mecanismos financieros que incentiven este tipo de proyectos. Según el comunicado, además de la COP27, dichas propuestas serán presentadas durante la Asamblea General de la ONU, en setiembre 2023.

El discurso de las energías “limpias” emanado desde el capitalismo verde no se preocupa por establecer límites o regulaciones a los insostenibles patrones de extracción y consumo energético actuales. En vez de ello, insiste en la necesidad de aumentar exponencialmente la capacidad para explotar energías renovables: según IHA es necesario duplicar la capacidad hidroeléctrica global para 2050 en aras de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Reclama la industria hidroeléctrica: “esto no se puede lograr mientras los proyectos tardan más de 5 años solo para ser aprobados”, presionando para que haya menores controles y mecanismos de fiscalización para este tipo de proyectos.

Mucha agua ya ha corrido por las turbinas hidroeléctricas en el mundo. Ampliamente conocidos y estudiados son los graves impactos socioambientales provocados por las represas: millones de personas desplazadas de manera forzosa, alteraciones irreversibles en los ciclos hidrológicos, pérdida de biodiversidad e, inclusive, emisiones masivas de GEI producto de la inundación de amplias extensiones de tierra y bosques. Por estas razones, desde hace varias décadas se ha conformado un vigoroso movimiento mundial contra represas, con participación de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y de derechos humanos, sector académico, entre otros. A la lista de impactos debemos sumar la persecución y asesinato de cientos de activistas en defensa de los ríos alrededor del mundo, en su mayoría impunes.

Desde la Coalición Ríos por el Clima/Rivers for Climate Coalition se hace un llamado a que los acuerdos climáticos globales dejen de apoyar a las represas. En el contexto de la COP27, ello se traduce en tres reivindicaciones concretas: (1) que se excluya las represas hidroeléctricas de los esquemas de compensación de carbono (artículo 6 del Acuerdo de París), (2) que se exija que los países tomen en cuenta las emisiones de GEI de las represas y embalses al calcular las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) establecidas en dicho acuerdo, y (3) que se excluya de las NDC todas las represas hidroeléctricas que violenten la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (https://actionnetwork.org/petitions/undam-the-united-nations-2).

Las represas han privatizado y acaparado las aguas de los ríos en pocas manos, en perjuicio de los pueblos del mundo que históricamente han convivido y han hecho uso de los ríos como bienes comunes. Contrario a las exigencias de la industria hidroeléctrica global, desde la ciudadanía crítica y activa clamamos por la protección de los ríos que aún fluyen libres sin estas barreras y –por qué no- por restaurar aquellos que han sido represados.

*Nota: Los datos citados en este artículo fueron extraídos de las siguientes fuentes:

-BP (2019). BP Statistical Review of World Energy. 2019, 68th edition. Londres: BP. 

-Grill, G., Lehner, B., Thieme, M. et al. (2019). Mapping the world´s free-flowing rivers. Nature, 569, 215-221.

-Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.

-Saxe-Fernández, J. (2019). Capitalismo histórico y contemporáneo (1750-presente): formación social vinculada al colapso climático antropogénico en curso. En: Saxe-Fernández (Coord.). Sociología política del colapso climático antropogénico. Ciudad de México: UNAM, pp. 39-85.