• Conmemoran a personas asesinadas en Costa Rica por defender la naturaleza y los Derechos Humanos

• Aprobación del Acuerdo de Escazú es deuda ante la sistemática impunidad en delitos por pérdida de vidas de activistas

(Bloque Verde, 05/06/2021) En los muros de la nueva Asamblea Legislativa se vieron los rostros de ecologistas y defensores del territorio víctimas de asesinatos, en el país que hoy se autodenomina el paraíso de la conservación de la naturaleza y que se niega a adoptar medidas concretar para protegerles.

Se logró apreciar frente a la Asamblea las caras de Jehry Rivera, Sergio Rojas, Diego Armando Saborío, Jairo Mora, Kimberley Blackwell, David Maradiaga, Jaime Bustamante, Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jorge Aguilar, Óscar Quirós, Antonio Zúñiga y Olof Wessberg. En esto últimas tres décadas se han registrado al menos 25 atentados contra personas defensoras del ambiente, de estos 13 han resultado en pérdidas humanas.

En el Día Mundial del Ambiente declarado así desde 1972 a raíz de la primera cumbre internacional sobre cambio climático, la sociedad costarricense está en deuda con quienes con sangre han pagado muchos de los honores que hoy se presumen en temas ambientales. Hoy 49 años después de la famosa “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” el movimiento ambiental clama por justicia ante las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de la naturaleza, los ecosistemas y los pueblos que los habitan.

El pasado 3 de junio, Luis Diego Hernández, Fiscal Ambiental Adjunto en conferencia de prensa señaló que el país vive un incremento de la participación del crimen organizado en actividades destructivas relacionadas principalmente con la agroindustriales, el tráfico de fauna silvestre, la construcción de pistas para aterrizaje dentro de áreas protegidas para uso de los narcotraficantes y la expansión inmobiliaria sobre ecosistemas frágiles como Zona Marítimo Terrestres o humedales. Esto sin duda es un factor de riesgo importante para las personas que defiende la naturaleza.

La proyección de los rostros en las paredes de la Asamblea Legislativa de activistas ambientales que perdieron la vida es un reclamo ante la impunidad en la que se sumergen estos crímenes. La intención es poner en evidencia que el conjunto de leyes costarricenses no contiene herramientas claras y efectivas para proteger la vida de los que defienden ecosistemas enteros.

Según Angélica Alvarado Barrantes, del Movimiento Ríos Vivos: “la pandemia es una realidad, pero no es posible que la indignación y la rabia no nos mueva a exigir justicia por los compañeros y compañeras amenazadas, violentadas y asesinadas por defender la vida y el territorio. Es inaceptable que un grupo de diputados usen argumentos falsos para oponerse a la ratificación del Acuerdo de Escazú, que justamente es un instrumento que pretende garantizar el acceso a la justicia”.

Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.