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Etiqueta: déficit fiscal

“La dictadura de los propietarios”. Parte II: Hay gatos sobre el techado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Bajo la llovizna de un Macondo moderno, gris y ajado, hay gatos agazapados sobre el techado. Así de insólito. Son los mismos contadores de presas que, designados por cinco millones de almas cándidas, tejen sin tregua laberintos de paquetes fiscales.

Mientras el pueblo reza febril, con rosarios en mano, ciento cincuenta y seis corporaciones juran ante el altar tributario que en 2025 no cosecharon ni un grano de ganancia. Todavía no nos han pedido donaciones. No las necesitan porque tiene la fuerza de la ley y el imperio de la Constitución. Esa alquimia de la nada revela el pelaje invisible de estas bestias y explica, con zarpas de sombra, el lento desmoronamiento de nuestra patria.

Los cazadores de impuestos habitan un limbo de trajes grises donde el tiempo, que aquí mide cuarenta años exactos, no envejece sus colmillos, sino que los afila. Se deslizan por las costuras del país como sombras con portafolios, introduciendo los dedos en los bolsillos ajenos con la precisión de un cirujano y el apetito de una jauría insaciable que come sin saciarse jamás.

Al terminar el festín, se disuelven en la penumbra de las oficinas públicas. Juran que velan por la sagrada paz social, mientras su mandíbula invisible tritura el pan de los de abajo para que la vieja y eterna dictadura de los propietarios no pierda ni un solo grano de su trono. Hoy la pobreza y miseria alcanza el ochenta por ciento de quienes confiaron en que sus casas estarían libres de roedores.

Bajo la pálida bruma de un reloj que se detuvo en el calendario de los vencidos, las sombras de medio siglo flotan como botes sin agua sobre un pavimento que aprendió a bostezar. Las ratas, con levita de terciopelo gris y contabilidad exacta, miden los latidos de la medianoche y cuentan los cuerpos ajenos que se desdoblan como sábanas en el asfalto. No tienen casa. Otros lavan con rapidez el Range Rover de la señorita precisada por el fiestón, mientras el güililla de la esquina decora con rosas y crisantemos los colores de su hambre y su tristeza.

Los ingresos del pan y del milagro se disuelven antes de tocar el fondo del bolsillo, mientras las familias compran el aire del día siguiente con la firma temblorosa del fiado.

La salud y las letras públicas habitan en los mapas antiguos, custodiadas por puertas de humo que no abren cuando el cuerpo tose polvo. Y el reloj sin manecillas, nadie sabe quién las compró, allá arriba, en los escritorios del viento, el porvenir cruza los brazos y se niega a parir un mañana. Ningún mapa guarda la ruta para el tiempo que viene. A este otro proyecto país todos temen. Los asusta y siguen encargando su diseño a la misma minoría.

I.- Sin peligro a dictadura: Se hizo costumbre que los cambios tributarios entre 1980 y 2018 muestren cómo el peso de las reformas fiscales recayera principalmente sobre los trabajadores, bajo el argumento de equilibrar, definitivamente, las finanzas públicas para tener mejores servicios y profundizar nuestra democracia.

Era cuestión de que los proyectos de reformas fiscales bajaran de Zapote hasta Cuestas de Mora para constatar el funcionamiento en su máximo esplendor de la división de poderes republicanos. ¡Qué felices éramos!

Durante la primera administración de Oscar Arias (1986-1990) hubo reformas a los impuestos de consumo y la renta. Siguió el gobierno de Rafael Ángel Calderón F., tras aceptar cada una de las exigencias del FMI, en cuanto un duro “ajuste” fiscal que todos recordamos, sobre todos aquellos que en esa época vivían de un salario.

La Administración de Figueres Olsen (1994-1998) no fue la excepción, ya que pactó políticamente con otros grupos económicos para elevar el impuesto de ventas al 15 % durante año y medio.

El gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) siguió el mismo camino que las administraciones anteriores cuando impulsó la llamada Ley de Simplificación Tributaria (Ley 8114). Esta norma unificó los impuestos a los combustibles para eliminar así otros gravámenes menores.

Los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla (2002-2006 y 2010-2014) intentaron aprobar sus propias versiones de paquetes fiscales, pero la Sala Constitucional los frenó. Nadie protestó y todos coincidimos en que los hombres y mujeres de toga eran independientes por bien del país.

La Sala Constitucional anuló en marzo de 2006 el trámite de la reforma fiscal de Abel Pacheco por “vicios de procedimiento”. Los magistrados corrigieron la plana a los legisladores de entonces al señalar el uso indebido de una vía rápida que impidió la votación requerida y omitió las consultas obligatorias a instituciones clave del Estado.

La misma Sala anuló en abril de 2012 el plan de reforma fiscal (Ley de Solidaridad Tributaria) de la administración de Laura Chinchilla porque sus magistrados, según su sentencia, determinaron que hubo vicios esenciales de procedimiento cometidos por los diputados durante su trámite en la Asamblea Legislativa.

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) mantuvo las mismas medidas tributarias de las administraciones pasadas de liberacionistas y socialcristianos, pero con mayor dureza. Estas reformas no se habrían aprobado sin el apoyo de ambos partidos. En resumen, recargó a los trabajadores y asalariados con más impuestos indirectos.

Los grandes empresarios y los medios de comunicación—tradicionalmente vinculados al sector exportador de materias primas y a la importación de mercancías con valor agregado— respaldaron al unísono la decisión de la administración Alvarado de implementar medidas de ajuste en las finanzas públicas. El proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2017 y se aprobó como la ley Nº 9.635 el 3 de diciembre de 2018. Sus restricciones al gasto público impactan el financiamiento de la formación universitaria, secundaria, salarios, sanidad pública, jubilaciones, financiamiento de la justicia e infraestructura, entre otros aspectos. ¡Qué gran logro fiscal: ahorraron tanto que hasta mataron la salud y la educación públicas! Acabaron con nuestra malicia indígena.

II.- El mercado y la falta de un “proyecto país”: ¿Quienes luchan por legitimarse como vocería de la llamada “oposición” o “alternativa” democrática estarán dispuestos a desdicharse de todo lo que nos han venido aplicando en materia fiscal?

Al contraponer la democracia a la dictadura, la defensa de un modelo que impuso cargas insoportables a las mayorías en beneficio de pequeños sectores durante cuatro décadas es indefendible. Así lo revelan los propios testimonios de estos grupos (La Nación, 2 de agosto de 2026, págs. 4-5). Intentar justificarlo frente a la democracia es inaceptable.

Sin embargo, en el fondo persiste una especie de confrontación profunda entre Dinosaurios de la misma especie: por un lado, las élites políticas y económicas formadas durante las cuatro décadas de modelo neoliberal, que aguardan un eventual retorno demócrata en Estados Unidos para restablecer su hegemonía; por el otro, aquellos sectores determinados a blindar el statu quo del Estado corporativo frente a la contingencia y los vaivenes de los procesos electorales estadounidenses.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión de impuestos, el fraude y el contrabando significan pérdidas por el orden de ¢2,6 billones al año, lo que equivale a un 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2018 —año clave debido a la citada reforma—, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, junto con su vínculo con el déficit, se presentan como fenómenos separados. Por tanto son estimaciones.

Así, los datos clave sobre la evasión y la elusión fiscal en porcentaje del PIB para 2018 fueron del 4.6% (según estimaciones del FMI).

En tanto, el «Hueco Fiscal» (o presupuestario específico) fue de 2.25% en agosto de 2018.El costo de las exoneraciones fiscales fue de 5.6%|, habiendo un déficit financiero anual costo de las exenciones fiscales según el Ministerio de Hacienda de 6%.

Otras fuentes, como declaraciones públicas dadas por el presidente de entonces, Carlos Alvarado, mencionaban una cifra cercana al 6% del PIB . Estas estimaciones reflejan los impuestos que se dejan de recaudar por estas prácticas.

El Hueco Fiscal – término que se usó en 2018 para referirse a un bache presupuestario específico de ₡900.000 millones, equivalente al 2.25% del PIB -se atribuyó a una falta de previsión del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para cubrir vencimientos de deuda a corto plazo.

Año

Hueco Fiscal (%del PIB)

Porcentaje de Exoneraciones (% del PIB)

Otros Beneficios / Déficit (% del PIB)

2018

2.25%

5.6%

6.0% (Déficit financiero anual)

Estimaciones del Ministerio de Hacienda, dan cuenta que entre 2018 y 2023, en Costa Rica, las exoneraciones fiscales (gasto tributario) rondaron en promedio entre el 4% y el 4,8% del PIB anual (superando los ¢2 billones por año), mientras que la evasión e incumplimiento tributario se estimó entre el 5,1% y casi el 6% del PIB (cerca de ¢2,5 billones anuales).

El Gobierno Central cerró el año 2025 con un déficit financiero de 3,4% del PIB, una cifra menor al 3,7% registrado en 2024. Además, el país mantuvo un superávit primario positivo de ₡487.920 millones, lo que equivale al 0,9% del Producto Interno Bruto, según los diversos datos consultados.

De esta manera, un cementerio de trámites y credenciales fiscales sepulta a quienes llevan media vida sobreviviendo al fuego fatuo de la «dictadura democrática», esa mariposa de mil cabezas que promete patria y entrega un terreno baldío, estéril y repleto de rocas. En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios, los esqueletos de las escrituras notariales cobran pulso para recordarnos que aquí nadie es dueño de nada, salvo del derecho a firmar su propio desalojo bajo la bendición de un notario que sonríe desde el fondo del espejo.

En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios abordaremos los problemas estructurales que hemos pagado quienes tenemos algunos años sobreviviendo en perfecta “dictadura democrática”. Entrecomillado porque lo dijo otro que bien conoce sobre el tema.

OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

INGRESOS TOTALES

6,45%

6,42%

6,20%

6,01%

5,70%

Ingresos Tributarios

5,56%

5,74%

5,49%

5,32%

5,01%

Impuesto a los ingresos y utilidades

2,23%

2,19%

1,94%

1,89%

1,81%

Sobre importaciones

0,14%

0,14%

0,14%

0,15%

0,14%

Sobre exportaciones

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

IVA

1,95%

2,07%

2,05%

2,02%

1,87%

Interno

1,25%

1,33%

1,31%

1,28%

1,20%

Aduanas

0,70%

0,74%

0,75%

0,73%

0,67%

Selectivo de Consumo

0,17%

0,23%

0,27%

0,24%

0,21%

Interno

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Aduanas

0,16%

0,22%

0,26%

0,23%

0,20%

Otros ingresos tributarios

0,97%

1,11%

1,08%

1,02%

0,97%

Contribuciones sociales

0,46%

0,48%

0,49%

0,49%

0,49%

Ingresos no tributarios

0,40%

0,18%

0,19%

0,18%

0,17%

Transferencias

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

GASTOS TOTALES

7,21%

7,26%

7,55%

7,10%

6,98%

Gastos totales sin intereses

5,41%

5,36%

5,55%

5,31%

5,15%

Gastos corrientes

6,85%

6,84%

7,08%

6,68%

6,53%

Remuneraciones

2,48%

2,40%

2,47%

2,36%

2,35%

Bienes y Servicios

0,22%

0,21%

0,20%

0,20%

0,21%

Intereses

1,81%

1,90%

1,99%

1,79%

1,83%

Deuda Interna

1,51%

1,53%

1,52%

1,38%

1,47%

Deuda externa

0,30%

0,37%

0,47%

0,41%

0,36%

Transferencias

2,34%

2,33%

2,41%

2,32%

2,13%

Sector Privado

0,84%

0,80%

0,78%

0,74%

0,71%

Sector Publico

1,50%

1,48%

1,63%

1,57%

1,42%

Sector Externo

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Gastos de Capital

0,36%

0,41%

0,46%

0,41%

0,45%

Inversión

0,14%

0,20%

0,15%

0,13%

0,12%

Transferencias

0,22%

0,21%

0,31%

0,28%

0,33%

Transferencias con recurso externo

0,06%

0,00%

0,02%

0,04%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Desastrosa gestión hacendaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Estados Unidos anuncia un aumento del impuesto a los productos ticos hacia ese importante mercado, sin que importe lo determinado en el TLC vigente entre nuestros países. Imposición trascendental pues vemos que el año pasado el 47 % de todas las exportaciones de bienes nacionales, fue dirigido hacia ese mercado, por un total de US$10.797 millones.

El nuevo impuesto será del 12,5 %, en sustitución del 10 % anterior, por lo cual los exportadores nacionales en particular, y las finanzas nacionales en general (ahora en profunda crisis por, entre otros, una disminución en la recaudación de impuestos), sufrirán efectos inmediatos.

Además, producto de esa inamistosa medida, no se descarta el traslado de industrias estadounidenses que gozan de nuestro régimen de zona franca, hacia suelo norteamericano, algo que desde Washington se ha anunciado como objetivo final.

En fin, el déficit fiscal aumenta, en medio del destructivo alto valor del colón generador de desempleo y salida de empresas del mercado, la devastadora deuda de ¢4 billones del Ministerio de Hacienda con la Caja, el encarecimiento de servicios públicos, el creciente número de pensionados, el abandono que sufren estudiantes de primaria y secundaria, quienes, si no desertan se gradúan con inmensas deficiencias por lo cual se esfuman sus expectativas por incorporarse a una fuerza laboral al menos medianamente calificada.

Y es que el descalabro de la tal «economía jaguar» es deprimente, mientras Costa Rica retrocede en casi todos los campos, con excepción del narcotráfico y los asesinatos por encargo, mientras los habitantes esperamos con ansias que los nuevos gobernantes empiecen a tomar en serio su deber de gobernar.

Libro “El fetichismo del déficit fiscal” de Guillermo Zúñiga disponible en línea

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El libro “El fetichismo del déficit fiscal”, de Guillermo Zúñiga, está a la venta en Amazon. Este libro busca criticar el uso del déficit fiscal como mecanismo de control del gasto público.

Por medio de lo que Guillermo Zúñiga llama “fetichismo del déficit”, el libro también se propone desmitificar cinco ideas comúnmente aceptadas sobre el equilibrio fiscal, impuestos y el gasto público. Además, propone devolverle el estatus de ciencia social a la economía, por medio de tres enfoques del rol del Estado en la economía.

El libro se encuentra a la venta en Amazon, con un descuento temporal del 80% y con el valor de 1 dólar estadounidense (510 colones aproximadamente) con el descuento. El costo del libro sin descuento está en 5 dólares estadounidenses (2550 colones aproximadamente).

Además, se encuentra en la plataforma de lectura Kindle, también perteneciente a Amazon, y se puede leer en su modalidad de subscripción ilimitada.

Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves: un fracaso compartido

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Si no se los sabe examinar con la suficiente agudeza y sentido crítico, los datos o indicadores económicos pueden resultar engañosos, y, al cabo, podría ocultar más de lo que revelan. Así ocurre con ciertas estadísticas fiscales que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, publicita mes a mes.

Resulta que, si excluimos los pagos por intereses de la deuda, tenemos un superávit: los gastos exceden de los ingresos, cosa que no se veía desde hace 15 años ¡Albricias! Al sumar los intereses, reaparece el déficit. Pero, incluso en tal caso, don Nogui nos repetirá la cancioncita: es el déficit fiscal más bajo que se registra desde hace muchos años.

Todo lo cual es cierto, pero eso solo nos cuenta una partecita chiquitita de la verdad.

Tengamos en cuenta, para mejor ubicar el asunto, que nuestra conversación versa sobre una estrategia de políticas frente al problema fiscal que, en su momento, fue liderada por Carlos Alvarado y el PAC, y la cual contó con un amplio apoyo multipartidista en la Asamblea Legislativa (excepto Villata y el FA), incluyendo al PLN, el PUSC y los partidos evangélicos.

Todo lo cual, como ustedes recordarán, se concretó en la Ley 9635, aprobada en diciembre de 2018. Lo cual, tiempo después, se amplió con la Ley del Empleo Público.

La cuestión incluía medidas para incrementar los ingresos y recortar los gastos, contando con la regla fiscal como su arma más poderosa, así como una grosera transformación en los sistemas de contratación y remuneración del personal. En el proceso, y con la complicidad de la Sala Constitucional, se violentaron principios constitucionales de autonomía, a la vez que se imponía un régimen burocrático autoritario y centralizado, que hacía de Hacienda y MIDEPLAN, dos superministerios.

Al cabo de casi 5 años, estamos siendo arrastrados por algunas tendencias sumamente problemáticas:

1) En materia de ingresos, la reforma ya dio lo que podía dar. Tocó techo, pegó con cerca y ello se manifiesta en un marcado declive en el dinamismo de los ingresos recaudados.

2) En materia de gastos, se está ocasionando -tal cual era previsible- un brutal desmantelamiento de la institucionalidad pública, y, en consecuencia, un marcado deterioro de los servicios, con consecuencias sociales y humanas realmente devastadoras.

3) La Ley del Empleo Público, incluso sin haberse implementado a plenitud, ya está dando gravísimos problemas. El director el OIJ lo ilustraba en una entrevista reciente: el OIJ ha venido perdiendo personal altamente calificado, y hoy se le dificulta contratar el personal que necesita, porque esta ley impone salarios que no son competitivos. Este mismo problema sin duda se sufre en todo el sector público, incluida la Caja.

4) La inversión pública está paralizada. Un titular en La Nación de hoy lo ilustra: “Construcción pública atraviesa su periodo de contracción más prolongado en 31 años” (dicen “31 años” porque corresponde al período para el cual hay datos. Posiblemente sea la contracción más prolongada de la historia). Imposible modernizar la economía y levantar su productividad de esa forma. Imposible reactivar así el empleo.

La estrategia de Carlos Alvarado, que es la misma de Rodrigo Chaves, es un fracaso total. Vamos de cabeza al abismo. Es urgente rectificar.

Costa Rica en el espejo de Grecia: crisis fiscal, deuda pública y pagos por intereses

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Escuché en un programa de radio una comparación que parecía establecer una similitud o paralelismo entre Costa Rica y Grecia (la de Europa, no el bello cantón alajuelense), en asuntos atinentes a la cuestión fiscal, la deuda pública y los pagos por intereses de la deuda. Ese era un símil muy frecuente hace algunos años. Hoy, aunque menos habitual, no deja de circular. Creo que es una comparación que puede resultar fértil, pero la cual exige suma cautela, ya que, desde diversos e importantes puntos de vista, son casos disímiles.

Empecemos por recordar que en Grecia hubo una deliberada falsificación de los datos, realizada por el gobierno conservador de Konstantinos A. Karamanlis, para lo cual contó con la cómplice y delincuencial colaboración de Goldman Sachs, uno de los gigantes neoyorkinos de la banca de inversión. Cuando Yorgos Papandréu, del Partido Socialista, asumió el poder en 2009, dio a conocer la realidad: el déficit fiscal no era del 3,7% del PIB, según la mentira del gobierno anterior, sino cercano al 13%.

No solo había una mentira, sino que el déficit era mucho más alto del que jamás hemos tenido en Costa Rica. De hecho, en el período reciente, el nivel más alto registrado -cercano al 8%- se alcanzó en el contexto de la pandemia, o sea, en el año 2020. Además, y relativamente al tamaño de su economía, la deuda pública de Grecia era, y sigue siendo, mucho mayor que la nuestra: al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, se encontraba en los alrededores del 145-150% de su PIB. Hoy, 13 años después, y luego de un larguísimo período de mortificante y destructiva austeridad fiscal, todavía excede del 170%, o sea, más de 20 puntos por encima de donde estaba al inicio de la crisis ¿podría haber mejor forma de comprobar el fracaso de las políticas de austeridad? En nuestro caso, la deuda pública alcanzó un 68% en 2021, y ahorita andamos en los alrededores del 62-63%.

Pero hay una diferencia fundamental, habitualmente menospreciada e incomprendida, incluso por el común de nuestros más reconocidos economistas: Grecia carecía de una moneda propia. Siendo parte de la Zona Euro, no podía gestionar su propia moneda y dependía de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Su deuda, por ello mismo, era totalmente vulnerable a los ataques especulativos de los inversores, en especial los fondos de cobertura, cuyo negocio consiste en apostar a la ruina de empresas, inversores e, incluso, países.

En la cúspide de la crisis de la deuda europea, en julio 2012, Mario Draghi, presidente del BCE en aquel momento, pronunció, en Londres, las palabras milagrosas: «dentro de su mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente». Es muy discutible que lo haya hecho “dentro de su mandato”. Todo indica que fue más allá, puesto que el BCE fue creado bajo el influjo de la ortodoxia dominante del Bundesbank, o sea, el Banco Central de Alemania, y, por lo tanto, fuertemente orientado al combate de la inflación y muy poco más. Pero, y en todo caso, lo importante es que Draghi, y el BCE, lo hicieron, y, entre otras cosas, eso impidió la quiebra de España, y la implosión del euro, aunque no las brutales políticas de austeridad que agravaron y prolongaron la crisis innecesariamente.

Aunque maltrecha y golpeada, Costa Rica todavía tiene una moneda nacional, y, todavía, la mayor parte de nuestra deuda está en colones: un 75% del total, aunque hay que reconocer que esto se ve artificialmente favorecido por la fuerte baja del dólar en los últimos 15 meses, lo cual disminuye el peso de la deuda en moneda extranjera. Si la tasa de cambio dólar-colón estuviera hoy a su nivel de junio 2022, la parte de la deuda en colones sería algo más baja: un 73%, y el peso de la deuda total, como proporción del PIB, estaría en los alrededores del 65-66%.

El mayor peso de la deuda en colones ha sido una ventaja a nuestro favor, porque ello ha atenuado las posibilidades de sufrir ataques especulativos desde el exterior. Contradictoriamente, algo de eso, o sea, algo de tales arremetidas especulativas, se ha vivido a la interno, lo cual reiteradamente se ha visto reflejado en presiones para que el Ministerio de Hacienda ofrezca tasas de interés más rentables, sobre sus emisiones de bonos en colones. Y, de hecho, históricamente hemos pagado tasas irrazonablemente altas sobre esas emisiones de deuda interna. Así, el año pasado pagamos una tasa de aproximadamente un 8%, o un poco más, lo cual resulta una verdadera locura.

De ahí que, en el bienio 2021-2022, pagáramos, por concepto de intereses, un monto cercano a los cuatro billones de colones (cuatro millones de millones), lo cual supera en un 50% el presupuesto anual dedicado a educación, y en más del 40% el total de la deuda del gobierno con la Caja, la cual, como bien sabemos, la administración de Rodrigo Chaves se niega ni siquiera a reconocer.

Claramente la política basada en recurrir a endeudamiento externo como instrumento para bajar los pagos por intereses, en la que se viene insistiendo desde hace unos 5 años, ha fracasado ruidosamente. Cuando, por otra parte, al crecer la parte de la deuda en moneda extranjera, también se acrecienta nuestra vulnerabilidad frente a eventuales ataques especulativos.

Y, entre tanto, y paradójicamente, funcionamos con base en un dogma, bien establecido y al parecer irrompible, que impide que el Banco Central colabore de ninguna forma concebible con el Ministerio de Hacienda, para amortiguar las presiones especulativas que surgen a lo interno de la economía costarricense, y que elevan de forma inaceptable las tasas de interés. Aclaro: no digo que sea esto lo único que debería hacerse, pero sí enfatizo que es una de las herramientas a las que deberíamos echar mano.

Aquí bien vale recordar la frase de Mario Draghi, pronunciada en 2012, a la que hice referencia previamente, cuando advirtió que el Banco Central Europeo (BCE) haría lo necesario para impedir lo que de otra manera iba a ser el derrumbe definitivo de la Zona Euro. Reitero la advertencia: no se trata de establecer comparaciones antojadizas y arbitrarias: ni nuestro Banco Central es el BCE, ni Costa Rica es Europa, ni nuestra situación actual es la de la Zona Euro en aquellos momentos.

Pero un detalle debemos recuperar y destacar: potencialmente el Banco Central posee herramientas que le permitirían incidir sobre los pagos por intereses, y reducir así, siquiera en parte, la magnitud desorbitada que estos alcanzan. No lo hace esencialmente porque seguimos bajo el poderoso influjo de implacables fantasmas ideológicos.

Pero todavía hay un segundo detalle que no debemos olvidar: el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad en Grecia. En un contexto ciertamente diferente, y aunque no tan brutales en nuestro caso, esas políticas también en Costa Rica vienen causando grave daño. También en este aspecto estamos atrapados por perniciosos espectros ideológicos.

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Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2023/09/costa-rica-en-el-espejo-de-grecia.html?m=1

La Unión Europea agrega a Costa Rica a su lista de paraísos fiscales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

La Unión Europea incluyó este martes a Costa Rica, entre otras naciones, a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran 16 territorios además de nuestro país, a añadidos a: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.

La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Costa Rica entra en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE.

Los niveles de corrupción en Costa Rica, que además ubican al país entre las 10 naciones con mayor aumento de la desigualdad social DEL MUNDO, producto no solo del favorecimiento fiscal a unas cuantas familias que son exoneradas (como por ejemplo los importadores de arroz), sino también por la multimillonaria evasión y elusión que ese mismo sector empresarial realiza contra las arcas del Estado, provocando el Déficit Fiscal que tiene en crisis económica al país.

EL ROBO de impuestos del gran sector empresarial es impresionante, se estima que solo en 2018 cerró con una evasión de 650.264 millones de colones.

El informe de la Contraloría General de la República de ese año, y de gran transcendencia, indicó que uno de cada tres contribuyentes (grandes empresarios) inscritos declaró impuesto neto menor o igual a cero. Entre estos están los más grandes millonarios del país como la Cervecería Costa Rica (FIFCO) y transnacionales ubicadas en el país como Telefónica (que pasó a ser Liberty) y Claro, entre muchas otras.

La deuda en mora por el impuesto de ventas en 2017 alcanzó 71.220 millones y creció en más del 150% de 2010 a 2017, ahora imagínense como estará en 2023.

Al inicio de su mandato, Rodrigo Chaves indicó a un medio de comunicación nacional que «hay que acabar con los monopolios y las políticas públicas para grupos empresariales privilegiados, a la vez que se debe impulsar la reactivación económica, la industria y la conectividad de Costa Rica con el mundo.», pero el monopolio de Riteve pasó a ser el monopolio de Dekra y los importadores de arroz se «pegaron la lotería» cuando Chaves les exoneró de pagar impuestos con el timo de bajara el precio para los consumidores, pero fueron los empresarios los que se llevaron el privilegiado monto de más de 7.000 millones de colones a sus bolsillos, impuestos que deberían estar en la Hacienda pública para invertir en el país.

La falsa promesa de Rodrigo Chaves de «acabar» con la evasión y el contrabando (con la instalación de escáneres), quedó en eso, falsas promesas. Mientras tanto los LADRONES de impuestos se hacen más y más ricos, mientras los pobres, más pobres.

Por eso digo, el PLN, el PUSC, el PAC (con todos sus aliados legislativos Nueva República, Liberales, etc.) y ahora el PPSD de Rodrigo Chaves, son exactamente lo mismo, parásitos y depredadores.

 

Imagen ilustrativa.

Dos “magníficas” noticias económicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Paulino Vargas Solís

Nos anticipa el Banco Central que, al concluir este año, la inflación habrá caído por debajo del 4%, pero, además, nos confirma tan importante entidad pública, que el año pasado se registró un “superávit primario” en las cuentas del gobierno.

Son grandes nuevas, ¿cierto? La verdad, tengo mis dudas.

Empecemos por el segundo aspecto mencionado. Aclaremos, primero, una cosa: decir que hay “superávit primario” no equivale a decir que hay “superávit fiscal”. El “superávit primario” se da si los ingresos exceden de los gastos, pero sin incluir en esos gastos los intereses de la deuda pública. Aunque esto aparenta ser un detalle técnico, en realidad es una burda estratagema ideológica, cuyo propósito es enfocar los recortes y tijeretazos en “todo lo demás”, excepto los pagos por intereses.

Posteriormente sí se consideran los intereses. Volvemos, entonces, a hacer la resta: ingresos menos gastos, pero, ahora sí, incluimos los intereses. Sucede, entonces, que el “superávit primario” se transfigura en “déficit fiscal” (o “déficit financiero”, como le llaman también). Los intereses son los que se encargan de hacer que los números positivos pasen a ser negativos.

Pero aquí lo relevante es que los pagos por intereses son sagrados e intocables. El “dios mercado” decide las tasas de interés, y estas deciden cuánto deba pagarse. Nada más se diga al respecto. Recordemos que ya de previo los machetazos habían caído sobre “todo lo demás”. Algunos ejemplos de “todo lo demás” son: becas estudiantiles, comedores escolares, servicio 911, vivienda popular, albergues infantiles, hogares para personas mayores, instalaciones educativas, etc. etc.

O sea: cuando alguien celebra el tal “superávit primario”, lo que está celebrando es esa salvaje operación de recorte.

Y en cuanto a la inflación: siempre fue clarísimo que el origen de esta era externo, o sea, que era una inflación importada. Por ello mismo, siempre fue clarísimo que, en cuanto la inflación internacional empezara a ceder, también cedería en Costa Rica. Exactamente eso es lo que estamos observando.

Pero lo absurdo de esto es que el Banco Central nos ha sometido a una innecesaria, y perfectamente prescindible, dieta de latigazos, al forzar a una grosera alza de las tasas de interés, lo que, en este contexto, equivale a castigar a Pedrito, por travesuras que hizo Juancito.

Queda claro lo que es bueno para el Banco Central, es dañino para la gente.

Carta de SITRAHSAN al presidente Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Excelentísimo Señor presidente Rodrigo Chaves.

Su persona cuando fungió como ministro de Hacienda, desarrolló una serie de estrategias para mejorar los indicadores fiscales y en su teoría de una planificación tributaria nacional, obtendría en mayor o menor grado incidencia favorable de esos indicadores.

La inflación, el déficit fiscal, la evasión, tema al que se refirió recientemente en un medio de comunicación, y muchos tópicos más ocuparon su atención.

Hoy con la investidura como nuestro presidente, goza de la popularidad y aceptación de muchos y humildes costarricenses, al observar su determinación y coraje para resolver los mal llamados “cuellos de botella” que tienen estancada esta gran nación.

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No dudamos que, con su experiencia, como director de una gran orquesta, busque el camino adecuado para llevarnos a los indicadores sociales que ocupa un país en vías de desarrollo, situación desde hace años o lustros pretendida pero difícilmente alcanzada.

Lamentamos en mucho el engranaje jurídico para lograrlo que debe atravesar, pero no dudamos que ciertamente, sin el vil decreto, pueda lograr dicho cometido. Hay medidas administrativas que, con el fundamento jurídico actual, permiten a pesar de las potenciales trabas, seguir avanzando. Nosotros les llamamos, medidas administrativas sobre el marco jurídico vigente.

No obstante lo anterior en el Sindicato SITRAHSAN, como en muchas organizaciones sociales de esta gran nación, nos preocupa el confort de sectores financieros, los cuales hoy día se evidencia el cumplimiento de un delito de “lesa humanidad” y siguen impunes, abrigados en la prescripción pero sobre todo, en la no fiscalización oportuna, porque aquella entidad sea física o jurídica, que violente o eluda el control fiscal y no pague los tributos de una operación financiera, pues simplemente está robándole al pobre, al enfermo en medicina idónea para el tratamiento de su patología, le está robando a las escuelas o la educación misma, por no darles los recursos o nombrar los docentes necesarios, porque al final esos actos reprochables, también tienen consecuencia en que favorecen en mucho la oferta privada y eso no se vale. Por ejemplo, si no hay aulas y la aglomeración de estudiantes supera los 35 en cada aula, muchos pretenderían quizás, mejorar el conocimiento de sus hijos en colegios privados con una atención más personalizada, entre otros flagelos como la seguridad y la salud.

Actuaciones de fraude de simulación, señaladas dentro del injusto penal, impunes no es de recibo Señor Presidente, precisamente, porque a nuestro Ministerio en mucho llegan a dirigirlo banqueros de carrera, y se blindan con normas que hasta con el secreto bancario juegan, y en muchos casos, los obligados tributarios ante la Administración tributaria, presentan estados con un espejo de quiebra, pero cuando ostentan condiciones financieras, presentan un estado de solvencia, liquidez y apalancamiento como la mejor empresa saludable del ramo.

Señor Presidente, las fiscalizaciones a los “poderosos” casi no llegan; algo parece estar mal y debe investigarse, no puede ser quizás que con el estribillo “ facilitación del comercio” no se fiscalice en rojo ni el uno por ciento en materia de comercio internacional, y a lo interno, tengamos un promedio de no menos de 18 mil declarantes por cada auditor fiscal, segregado en mucho en GTs, para un auditor significan 50 o más casos asignados, con capacidad de no más de ocho fiscalizaciones integrales al año de esas 50 grandes empresas tributarias, y si obtiene una simple razón numérica, es de una vez cada seis años poder volver a fiscalizar esa GT, dándole quizás oportunidad, de que lo determinado en la auditoria, se nos vaya diluyendo en el siguiente año, y cuando volvemos a auditarla, ese periodo ya está prescrito, como sucedió con un Banquero, Ex Ministro, según señalan las redes sociales.

Requerimos tecnología, si claro, pero como el TicA al principio dio resultados maravillosos, pero luego se maleo, porque el obligado a pagar los impuestos es vivillo, no ve que eso le genera grandes ganancias, la probabilidad de llegarle a una empresa no supera el 2,5% de riesgo subjetivo, si cambiamos eso, le está dando el Gobierno y con la complacencia de Políticos que no legislan o blindan, una probabilidad de éxito del 97,5% para el delito tributario, la evasión o el fraude mismo, al no poder contratar más personal en fiscalización o mejorar la norma legal.

Señor Presidente, no basta la tecnología sin recurso humano capacitado y bien pagado, no podemos; sólo pensar que auditar las pulperías de barrio es donde está el problema, es donde están los “ huevos de oro” o “clavos quizás “ disfrazados en mucho de normas jurídicas insuficientes en su alcance o competencia, también en sectores blindados en mucho por compadrazgo político, quizás a partir de la amistad de un Ex Director de Aduanas o de Tributación, en fin, nombran Directores que vienen, aprenden y se emiten normas o directrices que luego ellos mismos objetan con conocimiento de causa, ante una operación de control fiscal. Sugerimos aquí se instaure la cláusula de confidencialidad del funcionario Hacendario, de tal manera, que no pueda ejercer actuaciones contra el Estado mismo, si gozó del nombramiento en el Ministerio de Hacienda.

Señor Presidente, tenemos personal nombrado de carrera muy solventes en conocimiento técnico y profesional, pero muchas veces no se les permiten desarrollarse o realizar las actuaciones de la mejor manera, por una legislación tributaria complaciente, por ello; la reforma tributaria es necesaria, para fortalecer la actuación, no con más impuestos, pero si con mejores determinaciones y actuaciones del profesional mismo, en la búsqueda de la verdad real, ante una declaración jurada del sujeto pasivo, y pueda sin mayor dilación hacer efectivo, por tratarse de materia tributaria, hacer más efectivo e inmediato el proceso de determinación y cobro de los tributos determinados al descubierto. Debe revisarse la cuantía de expedientes y montos que representan los expedientes en Cobros Judiciales de este Ministerio. No esperamos se asuste cuando tenga ese detalle.

Señor Presidente, el ROP se está desapareciendo, son billones lo que señalan la estadística, pero creemos eso es mero papel, y estamos frente al ROBO del siglo, mediante artimañas de inversiones fraudulentas o quizás una malversación de fondos y eso debemos detenerlo, y aunque el CONAFIC sea un ente desconcentrado de su actuación como Presidente, permite recurrir al recurso de lesividad en defensa de todos los Costarricenses, y pretender dejar sin efecto acuerdos como el nombramiento de la señora Rocío Aguiar y la posibilidad que los operadores de Fondos de Pensión inviertan en el extranjero esos recursos.

Hay cosas, que pueden salvar al trabajador mismo; las amenazas de un marco jurídico regulatorio para el funcionario público, actor público que se ha visto amenazado constantemente por la “prensa canalla” dejándole como si fuera un mal crónico en la sociedad, debe desaparecer, acaso el médico de la CCSS es malo, el enfermero en la CCSS es malo, el misceláneo de la CCSS es malo, el Policía es malo, el misceláneo en la escuela pública es malo, el chofer de la ambulancia es malo, o el maestro es malo quizás, en fin la pandemia demostró la valía de estos servidores y ellos con recursos limitados que el Estado proveyó, pudieron cumplir a cabalidad esa obligación con la patria, quizás muchas muertes de inocentes se pudieron evitar y el dolor de un hijo al ver a su madre o padre que hoy falta en su casa, porque el Sector Político fue tolerante y no legislar para no tener recursos suficientes y fiscalizar a los “peces gordos” y eso generó la carencia de recursos. Si hubiéramos tomado responsablemente el tema, en materia Tributaria y de control fiscal Costa Rica estaría volando.

Señor Presidente; debemos instaurar un nuevo concepto en la Hacienda Pública, denominado CODIGO PROCESAL TRIBUTARIO, donde los funcionarios del Ministerio de Hacienda, tengamos más competencia territorial o material y atribuciones para que ese ocho por ciento del PIB que se estima es fraude, evasión o contrabando disminuya, ese dinero alguien se lo está embolsando, y se está haciendo millonario a costa del Estado mismo, no es posible observar millonarios en pasarela y saber que viven de cero fiscalizaciones o de vulnerar la norma tributaria, y ostenten en sus mansiones vehículos en ediciones limitadas o de gran valía, o sus yates aparcados esperándolos para atender como reyes su estructura paralela.

Señor Presidente; no estamos en contra de los inversionistas, sanos inversionistas, los que promueven el trabajo de miles de Costarricenses, los que con su visión quizás, desarrollan un proyecto turístico de primer mundo, pero tampoco se vale que se le exonere todo o que simple, como es amigote de “Juan Pérez” ( nombre figurativo) se le brinden todas las facilidades para invertir y después que el país mismo le ofrece un clima político estable y mano de obra calificada, el Estado mismo no tenga garantía del pago de las cargas sociales, y burlen el régimen jurídico con simulaciones constantes que sirven para evitar ser condenados o que el país mismo, no tenga la posibilidad jurídica de aplicar medidas cautelares para garantizar esas deudas, aunque hoy la Ley lo señala, los funcionarios no son suficientes y muchos empresarios se van y dejan cualquier cantidad de “perros amarrados”, hasta las prestaciones de los empleados se van en sus valijas.

Señor Presidente, mucho por hacer ciertamente, muchos sectores que debe volver su mirada, pero el Sector social sindical no es su enemigo, somos vigilantes muchas veces de las “ argollas” incrustadas quizás en una organización publica, que se sirven en bandeja de plata, somos denunciante de actos dolosos, y muchas veces caemos mal por eso, porque muchos dicen, no nos dejan trabajar, y no es eso, es que quizás tengamos más arraigado el nacionalismo mismo, que amamos tanto a nuestra patria, que un “vivazo” nos provoca reproche, porque no es bueno a nuestra óptica, que salgan del país el viernes y regresen el domingo en la tarde, y esa actuación sea reiterada y nadie los investigue, y quizás son personas que ostentan un poder solapado, porque debemos también señalar, que mucho alto funcionario, llegó ahí por méritos propios, sacrificio y amor a la camiseta, y nuestro respeto hacia ellos siempre, no todo está perdido, pero que hay algunas “fichas” en el camino, eso debemos confirmarlo y detenerlo.

Como siempre deseamos éxitos en su gestión, el balance de la deuda, depende en mucho de la estrategia de los eurobonos y la venta de activos según percibimos de los medios de comunicación, pero nosotros desde años atrás hemos propuesto responsablemente, una sana administración tributaria, el golpe a los deudores principalmente hipotecarios es alto con la tasa básica pasiva, podemos de otras maneras obtener ingresos frescos, y es promoviendo la producción local, el trabajo y aquellos sectores que gozan de exoneración, revisarlos para readecuar ese balance.

Por último, recordar el estribillo actual y que palabras más o menos usted dijo en un medio de comunicación creemos, no estamos mal, lo que estamos es mal administrados, no requerimos más impuestos, lo que debemos es recuperarlos.

De nuestra parte decirle, o reiterarle, el frio no está en las cobijas de los proyectos como empleo público o desembolso del ROP, al parecer esas son simples desviaciones mediáticas.

El suicidio de los sindicatos

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de los verdaderos problemas del país.

Miguel Sobrado. 19 agosto, 2019*

Afectar la salud y provocar el malestar de los asegurados, en un momento cuando se responsabiliza a los privilegios pagados a los empleados públicos del déficit fiscal del Gobierno Central y el mal funcionamiento del Estado, no parece cuerdo ni inteligente.

Por ese camino terminarán por destrozar las organizaciones sindicales y su capacidad de incidir en los cambios que necesita el país para superar el patrimonialismo del sistema o capitalismo de cuates, donde se incuba la corrupción y contagia a casi todo el aparato público.

El movimiento sindical, tanto del sector privado como público, debe poner su atención en garantizar servicios públicos eficientes y de buena calidad. Que nos sirvan a todos para el mejoramiento de la sociedad y la continuidad y estabilidad institucionales.

Hay que encontrar las causas en el sistema, que, muy acertadamente, Denise Dresser llama “capitalismo de cuates”, como he explicado en artículos anteriores.

Hay que preguntarse por qué las medicinas son más caras en nuestro país que en gran parte del mundo; por qué las carreteras son más caras, su construcción más lenta y pagamos más por el cemento, el transporte público y los créditos.

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de las verdaderas causas sistémicas.

El sindicalismo, si quiere permanecer como lo que debe ser, un movimiento social que defiende sus legítimos intereses y propicia el cambio, pero no procura privilegios, debe recuperar las banderas solidarias de la salud y el buen servicio público y jamás recurrir al maltrato de los enfermos, que son trabajadores igual que ellos.

Actuar de manera irresponsable, como lo hicieron durante la huelga de la Caja Costarricense de Seguro Social, es ignorar el clima de repudio que generan sus acciones y su debilidad estratégica en la actual coyuntura, en la cual los medios han logrado ubicarlos como responsables de la crisis nacional. Es poner la cabeza bajo la guillotina en el momento en que el verdugo está listo para dejarla caer.

miguel.sobrado@gmail.com

El autor es sociólogo.

* El autor comparte con SURCOS esta reflexión dada su actualidad.