Solicitan a Contraloría General investigar ala Municipalidad de Osa por permisos de construcción en la Fila Costeña

• Solicitud formal por el otorgamiento de permisos sin revisión de la normativa y fragilidad ambiental en la zona

Osa, 29 de octubre de 2025. La Contraloría General de la República (CGR) recibió solicitud de una investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC) -adscrita al Comité Local del CBPD- mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio el pasado 30 de septiembre de 2025 (oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0329-2025).

La solicitud de investigación se fundamenta en un posible incumplimiento del deber de resguardar los recursos naturales que forman parte de la Hacienda Pública, y busca determinar eventuales responsabilidades administrativas, incluyendo sanciones y la posible cancelación de credenciales a funcionarios o autoridades municipales que hayan contravenido el marco de fiscalización ambiental.

Un territorio clave bajo presión

La Fila Costeña o Brunqueña, está formada por una fila montañosa de altísimo valor ambiental y social. Alberga decenas de nacientes que abastecen de agua potable a comunidades como Dominical, Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, Bahía Ballena y Uvita, Ojochal, Tres Ríos y Coronado, entre otras.

En la zona se registran 60 aprovechamientos de agua -58 nacientes, un pozo y una toma superficial- administradas por 18 ASADAS, que sustentan además el desarrollo turístico e inmobiliario del cantón (GG-2025-02239).

Sin embargo, la expansión descontrolada de construcciones en pendientes y zonas boscosas amenaza gravemente la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del territorio. Paradójicamente, la propia industria turística e inmobiliaria se convierte en su principal amenaza, pues al extenderse hacia las partes altas pone en riesgo las fuentes de agua, los bosques, la costa y la vida marina de la que depende su rentabilidad y su propia existencia.

El diagnóstico del SINAC (2018) identificó que el 68% de los parches de cobertura forestal son menores a dos hectáreas y que la fragmentación del corredor biológico alcanza el 70%. Su comparación con estudios recientes, indica que el número de parches de bosque ha disminuido en un 30% desde entonces.

La presión inmobiliaria se ha disparado en el cantón, alcanzando un récord de 533 permisos de construcción solo en 2022. En comunidades como Ojochal, entre 2016 y 2024 se tramitaron 643 permisos, con un aumento pronunciado entre 2020 y 2024, cuando se tramitaron 482; además investigaciones académicas (Leiva, 2025) muestran que el 70% de las propiedades están en manos extranjeras.

Un estudio de la Universidad Nacional (Morera.2009), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario, muchas sin permisos ni estudios técnicos, generando deslizamientos, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua, con impactos directos sobre el Parque Nacional Marino Ballena.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmó en su Informe de Obras sin Permiso 2024 que 35% de las construcciones en Osa operan sin licencia municipal.

Respuesta comunitaria

Ante esta situación, la Comisión Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD), ha impulsado un proceso de participación ciudadana y control social del territorio, mediante un Acuerdo Comunal que articula diversas exigencias como moratoria en los permisos de construcción, actualización integral del Plan Regulador Cantonal, una Categoría de Manejo Especial de Protección en la Fila y una Mesa de Diálogo Ciudadana.

Esta iniciativa contó con el respaldo de las firmas de las personas participantes en la actividad de rendición de cuentas “Sosteniendo la Fila Costeña”, realizada en el marco del Festival del Océano 2025, donde se exigió a la Municipalidad de Osa el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y la rendición de cuentas ante la comunidad.

Pese a ser invitada, la Municipalidad se ausentó del espacio y luego desestimó un año después las peticiones comunitarias, alegando falta de competencia institucional y trasladando la responsabilidad a otras entidades. Además, ha sostenido que la situación se resolverá con un Plan Regulador Cantonal que lleva más de tres décadas sin concretarse y que, de aprobarse, llegaría tarde y podría no ser efectivo ante el deterioro ya causado.

Ante este panorama, la CAC gestionó el apoyo del diputado Ariel Robles Barrantes, quien remitió solicitudes formales de información a la Municipalidad, el AyA, el MINAE y la Contraloría General.

Las respuestas de las instituciones evidencian vacíos críticos de información: se desconoce la capacidad hídrica de las nacientes de la Fila Costeña, el estado de los bosques y la afectación a los radios de protección.

A ello se suman denuncias por tala ilegal, cambio de uso de suelo y construcción en zonas de protección. No existen estudios sobre niveles freáticos ni identificación de zonas frágiles, pese a que la combinación de deforestación, terraceo y apertura de caminos incrementa la erosión y la sedimentación de ríos y costas.

“La Fila Costeña no aguanta más”

Según la CAC, “lo expuesto es solo una síntesis de la problemática. A la falta de planificación y control se suma la ausencia de un Plan de Manejo Integral de Residuos, en un cantón donde la población y el turismo crecen aceleradamente”.

La organización hace un llamado urgente a regular la industria inmobiliaria y el modelo de turismo de lujo que presiona los ecosistemas costeros y montañosos.

Finalmente, el grupo comunal expresó su esperanza en que la intervención de la Contraloría marque un punto de inflexión:

“Confiamos en que esta investigación sea una oportunidad para que el Estado actúe en defensa del interés público, proteja el patrimonio natural y garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Desde la comunidad continuaremos haciendo valer nuestros derechos ciudadanos hasta lograrlo.”

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.