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Etiqueta: abuso de autoridad

La zonificación territorial costera comienza con el conocimiento histórico de la zona

Bernardo Archer Moore

El Ayuntamiento de Talamanca ha aprobado recientemente un “Plan de Ordenación Territorial Costera” que fue elaborado con total desprecio por la historia de la costa.

El nivel de apatía llegó al punto de ni siquiera saber cuáles propiedades pertenecen legalmente al Municipio y mucho menos preocuparse por identificar aquellas que cuentan con escrituras públicas debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad que legitiman la posesión privada y en consecuencia excluidos del patrimonio del Estado que les corresponde administrar.

Esta conducta sin duda se encuadra dentro del rango de “ABUSO DE AUTORIDAD” por parte de los funcionarios públicos involucrados en el proceso de aprobación final (INVU, ICT y Concejo Municipal de Talamanca).

Todos aquellos que actuaron para socavar los derechos fundamentales a la posesión de la propiedad privada, en algún momento tendrán que rendir cuentas ante las autoridades responsables de la tutela de esos derechos frente la limitada autoridad del Estado.

A quienes, engañados por su propia soberbia, creyeron que la supremacía del Estado y sus funcionarios públicos es infinita, les tengo una sorpresa entre planos.

¿Te imaginas qué? El área planificada (ZONIFICACIÓN) de este llamado “PLAN REGULADOR COSTERO” ni siquiera cuenta con un Plano o Croquis Topográfico a disposición de los ciudadanos afectados, que identifique claramente la propiedad del Estado (los 200 metros de la ZMT). De esta manera cada persona puede identificar si está incluida o no.

Pero lamento decirlo, estoy casi seguro de que los concejales y Regidores que han dado su voto de aprobación a este “Plan Regulador de Costero” en nuestra representación, ni siquiera pueden decirnos dónde comienza y termina la ZMT en cada área costera de nuestra Cantón, mucho menos los 50 metros de la “zona pública e “inalienable”.

Si me creen equivocado, los desafío a que vengan a Cahuita y demuestren lo contrario en compañía de nuestro síndico y concejales. De lo contrario «CALLADITOS SON MÁS BONITOS».

12 de abril: celebración del Día de la Autonomía Universitaria

Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR

El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.

Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.

El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.

Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.

Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.

A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.

Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.

La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.

Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Jefe de Recursos Humanos presentó denuncia penal contra Catalina Crespo y Mario Zamora

La denuncia fue presentada por presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros.

Jueves 11 de agosto del 2022. El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, y Mario Zamora Cordero, Director del Despacho, por posibles delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros.

En cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el Sr. Rojas Angulo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, transparencia y Anticorrupción por presuntos actos irregulares e ilegales cometidos por Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, y Mario Zamora Cordero, quien al momento de los hechos fungía como Director del Despacho de Crespo.

Los delitos denunciados tienen relación con faltas al Deber de Probidad, incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícitos.

Es importante señalar que cada uno de esos actos fueron debida y oportunamente advertidos por el Sr. Rojas Angulo directamente al Despacho de Crespo, sin embargo, nunca fueron atendidos como en derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas para que obedeciera, se callara y acatará las ordenanzasdel Director del Despacho presuntamente emitidas con órdenes superiores.

El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría, es conocedor de las numerosas advertencias que ha realizado el Jefe de Recursos Humanos para que los procedimientos se ajusten a derecho, cuando se ha incurrido en nombramientos sin el cumplimiento de requisitos, el pago prolongado de recargos injustificables, el favorecimiento a asesores y allegados al Despacho, los traslados forzosos de directores y funcionarios sin una justificación específica, las insinuaciones infundadas de corrupción, entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral.

No estamos ante un conflicto interno entre el funcionariado y la Defensora de los Habitantes y su despacho, no estamos ante un conflicto personal, cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón: estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales.

Punto y Seguimos…

Detalle de audiencia en Tribunal de Flagrancia sobre caso de estudiante

Marcela Zamora Cruz compartió en redes digitales el siguiente detalle:

Iniciada la audiencia, la defensora pública argumenta excepciones previas, en particular expone que su representado el 18 de setiembre de 2018 presentó denuncia por el delito de abuso de autoridad y se abrió un expediente para esta causa y que lo importante es que las personas denunciadas en esta causa son los mismos testigos que tiene el Ministerio Público presentados para acreditarle la agresión con arma (piedras) y la resistencia agravada, por lo que la defensa pública solicita que se acumule la causa de la denuncia por abuso de autoridad con la causa penal que se estaba viendo en ese momento.

El fiscal se opuso a la solicitud de acumulación de causas, sin embargo el Juez acepta la excepción de acumulación de causas, por lo que el expediente se traslada a la Fiscalía de Goicochea para que valore la acumulación de causas.

De esta manera, si el Ministerio Público estima, considerando ambas causas, que existe delito por parte de Steven Castillo, podrá acusarlo formalmente pero esta vez, en la vía Penal Ordinaria.

Por esto recibimos con alivio que la denuncia interpuesta por Steven Castillo, sea parte de los elementos que tiene que incorporar la Fiscalía para decidir si acusa formalmente a Steven.

Sin embargo, es importante mantenerse alertas, porque tanto Steven, como Estíbaliz, Emanuel y Carlos tienen causas penales en etapa de indagatoria y aunque no tienen acusación formal, están en un proceso judicial.

Por esto, hacemos un llamado a exigir a la Fiscalía que desestime las 4 causas por indignas e injustas.

¡Ni terrorista, ni delicuente! ¡Estudiante consciente!

 

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

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Nuestra policía debe ser civilizada, no militar

Flora Fernández Amón

 

Estos incidentes de la noche de este 12 de setiembre merecen hagamos un alto en el camino.

La Policía Nacional no está recibiendo el entrenamiento de una policía civilizada sino militar.

La forma en que actuaron así lo demuestra.

Como ciudadanía seria y responsable, debemos exigir que ni un solo policía más sea entrenado en la antigua Escuela de las Américas en Estados Unidos (hoy llamada Whinsec pero que es la misma porquería).

La forma en que actuaron en las inmediaciones de la UCR, deja mucho que desear y pone en evidencia que de continuar con policías tan mal entrenados, podríamos entrar en un círculo de violencia imposible de erradicar.

Hago un llamado vehemente al Presidente de la República Carlos Alvarado, para que gire instrucciones al Ministro de Seguridad para aceptar sólo asistencia en capacitación policial que se aleje por completo del entrenamiento militar toda vez que el ejército fue abolido desde hace casi 70 años.

 

Imagen tomada de http://www.voxpopuli.pw

Enviado por Flora Fernández.

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Trabajar y trabajar…

Marlin Ávila

Marlin Ávila
Marlin Ávila

 

En Honduras el gobierno del Partido Nacional en gobierno, desde que trasladó a su líder de la presidencia del Congreso Nacional a la presidencia de la República, ha colocado en su programa, como uno de sus principales ejes, el combate a la corrupción.

Desde enero de 2014, en la toma pública de la más alta investidura, hasta mediados del presente mes, parecía creíble su discurso y compromiso a los oídos del público menos informado. Aunque los analistas críticos encontraban hechos contradictorios a la promesa de transparentar la gestión pública, desde que se prohibiera la entrega de información a la mayoría de secretarias del gobierno. La utilización de un convenio con Transparencia Internacional (TI), como «caballito de batalla» para justificarse públicamente, sin que se conozcan los informes hechos por TI hasta la fecha, excepto lo que dicen algunas ONG locales afiliadas a ésta. Lo que analistas saben es que en las instituciones del Estado sigue habiendo negligencia, apatía por resolver los problemas fundamentales, ineficiencia, impunidad, corrupción y abuso de autoridad. Que pocas cosas funcionan sin que se tenga que hacer pagos bajo la mesa. Sigue el paracaidismo, el nepotismo y el cobro al funcionario público para financiar al partido en el poder.

El nuevo eslogan del Presidente de la República «trabajar, trabajar, trabajar» tiene un buen efecto en las clases media alta y alta. Donde hay mucha holgura de tiempo. La clase media y media baja, como la clase trabajadora, trabaja tanto o más, cuando tiene un empleo. Especialmente ahora que se irrespetan los derechos laborales. Pero sabemos que dos tercios de la fuerza laboral empleada esta en el sector informal y sub empleada. Este amplio sector no puede trabajar el mes completo, y tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica. Si los empleados a tiempo completo ganaran tanto como un ministro seguramente se dispondrían a «trabajar, trabajar, trabajar», no digamos si tuviesen una partida confidencial, una tropa militar que les cuide y autos blindados, helicópteros y un avión de lujo.

Estos privilegios que tiene el Presidente por su investidura, aunque llegue a equivaler a los privilegios de una realeza europea, se asume que son para el buen cumplimiento de sus deberes constitucionales. A toda persona que llegue a ocupar esa alta investidura le corresponde dar lo más y mejor de sus capacidades. No obstante, si es lo suficientemente inteligente y capaz, no tendría que solo trabajar y trabajar, puesto que para ello tiene un innumerable número de asesores, secretarios, asistentes y, puede disponer de los mejores cuadros profesionales del país e incluso asesores extranjeros.

Ser un activista político es algo muy diferente a ser un verdadero estadista. Un estadista sabe la inconveniencia y los riesgos de controlar los otros poderes del Estado. Un estadista de calidad no gobierna en base al miedo, pero en base a consensos.

Todavía hay tiempo para reparar errores.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Peligrosa intolerancia de la Municipalidad de Talamanca contra ambientalistas

Acto de xenofobia y ataque contra la libertad de expresión

 

Con un comunicado oficial a través de su página oficial en una red social y por tanto usando recursos públicos, la Municipalidad de Talamanca atacó, intimidó y censuró a ciudadanos del cantón que han presentado denuncias ambientales.

Los activistas viven en el Caribe Sur y han realizado denuncias por daños ambientales ocasionados a los bosques, humedales y vida silvestre de la zona costera del cantón de Talamanca, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Ante el atropello el abogado ecologista José María Villalta interpuso un recurso de amparo que busca condene al Alcalde de la Municipalidad de Talamanca a reparar e indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, una retractación pública y abstener se incurrir en el futuro en violaciones similares en el fututo. Además de se investigue la posible comisión del delito de abuso de autoridad por parte del Alcalde de la Municipalidad de Talamanca.

Para los ecologistas no se puede tolerar la censura del ejercicio de derechos fundamentales para denunciar daños causados al ambiente y principio de igualdad. Resulta doblemente reprochable que por razón de su nacionalidad o su trabajo de denuncia se encubra el odio y la xenofobia llegando al extremo de «invitarlos» a abandonar el cantón, “y preferiblemente el país” su hogar desde ya hace varios años.

En síntesis, el comunicado oficial de la Municipalidad de Talamanca constituye una amenaza velada y promueve la intolerancia contra quienes presentan denuncias ambientales, abonando a que se comentan actos tan extremos como el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval.

 

Muchos casos y antecedentes

La rica y diversa zona del Caribe Sur ha sido escenario de varios casos de amenazas de muerte en el caso de la escritora Ana Cristina Rossi por su trabajo literario y de denuncia de destrucción del refugio Gandoca Manzanillo o el sufrido por activistas locales en la lucha anti-petrolera.

Tampoco es nueva la práctica de amenazar o demandar por parte de extranjeros, como en la lucha contra la contaminación de la empresa productora de tilapias que había saturado las cañerías de aguas negras y contaminaba con malos olores el centro de Cañas como represaría la empresa denunció penalmente a los extranjeros que acompañaron la lucha (2000).

 

Enviado a SURCOS Digital por Fecon.

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UCR deplora ingreso de fuerza policial al campus de la UNAM

Aboga por el respeto a la autonomía universitaria

Rectoría UCR

UCR deplora ingreso de fuerza policial al campus de la UNAM
Campus de la Universidad Autónoma de México.

El pasado sábado 15 de noviembre, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resultó herido, luego de que miembros de la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México, ingresaron al campus para atender una denuncia, según lo difundido por medios de comunicación aztecas. Ante la molestia de los estudiantes por la presencia policial, se presentó una disputa que provocó que las autoridades dispararan al aire para dispersar al grupo de universitarios que se encontraba en el recinto.

La Universidad de Costa Rica se solidariza con la UNAM y deplora cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la seguridad e integridad de las personas. Así mismo hace un llamado para que prevalezca el derecho a la libertad de expresión y la protesta se lleve a cabo sin violencia, dentro de los principios legales.

El abuso de autoridad y el uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de la comunidad universitaria es un hecho lamentable que atenta contra la autonomía universitaria y va en contra de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad.

La UCR manifiesta su rechazo a todo tipo de criminalización del ejercicio de los derechos legítimamente constituidos, entre ellos el derecho a disentir y protestar.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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