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Etiqueta: administración pública

La distribución de las actividades económicas según la MIP: una nueva confirmación de su concentración en la GAM

German Masís

Recientemente, el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica ha realizado un esfuerzo para la actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica, la cual permite conocer el panorama contemporáneo de la producción nacional.

El uso de la MIP facilita el análisis sobre la composición por actividad económica y muestra los movimientos de producción y valor agregado, a lo largo de un período determinado, que ocurren entre los distintos sectores que componen una economía.

El trabajo realizado permite obtener una descripción de la red de producción nacional y de la red de comercio, ubicarlas geográficamente y asignar a cada cantón las distintas actividades económicas, además de conocer las actividades económicas líderes.

Como es bien conocido, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Como es de esperarse, se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Cabe destacar que el comercio es predominante en casi todo el país.

Estos resultados denotan que la administración pública está altamente concentrada en el centro del país, donde el cantón de San José representa alrededor de un 52 %. Ello es similar para otros servicios, nuevamente con San José el cantón principal (37 % de la producción) y manufactura donde Alajuela y San José producen el 40 % a nivel nacional. Por su parte, la construcción y educación y salud (las últimas dos conjuntamente) se encuentran más distribuidas a lo largo del país, sin embargo, la mayor concentración sigue presentándose en la GAM, con San José a la cabeza (13 % y 16 % de cada actividad respectivamente). Por último, la actividad de transporte está dominada por San José y Alajuela, 42 % de la actividad entre ambos cantones.

Otra actividad que resulta vital es la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales. Con la excepción de San José, es una actividad líder en el resto de cabeceras de la Gran Área Metropolitana (GAM). Este es un indicativo de la importancia de la manufactura de alta tecnología para el país, así como la relevancia de la inversión extranjera directa que en gran medida se concentra en este tipo de empresas.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existe algún desarrollo de los servicios en las regiones Periféricas.

Mientras que, en actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos de banano, la piña y la ganadería; de la GAM solo los cantones de Cartago y Alajuela tienen importancia en la producción agrícola. Bagaces sería el cantón más importante en la producción de energía y suministro de aguas con un 12%.

La producción agrícola por cultivos se encuentra concentrada en unos pocos cantones, como ha sido en las últimas décadas, así la producción de banano está concentrada en los cantones de Matina, Pococí y Siquirres, la de piña en San Carlos, Sarapiquí y Pococí, la de melón en Carrillo, Nandayure y Orotina, la caña de azúcar en San Carlos, Puntarenas y Montes de Oro, la de palma aceitera en Corredores, Aguirre y Parrita, la de café en Desamparados, Heredia y Tibás, la de ganadería en Abangares, San Carlos y Cartago, la de arroz en Liberia, Cañas y Parrita y la de papa en Oreamuno, Cartago y Alvarado, siendo que la agricultura de exportación se concentra en los cantones fuera de la GAM y sólo el café, la papa y en parte la ganadería se desarrollan en cantones que son parte de la GAM.

Por su parte, la distribución cantonal de las compras del producto de distintos agregados de actividades económicas, revela que el cantón de San José acapara las compras de la mayoría de las actividades, con excepción de la agricultura, donde Alajuela es el líder. En actividades como construcción, manufactura y educación y salud, la concentración de las compras es muy alta en el cantón de San José que acapara el 34 %, 23 % y 41 % respectivamente de las compras totales del producto de dichas actividades.

El detalle para los cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago es relevante por la magnitud esperada de transacciones que ocurren en dichas cabeceras de provincia. Las principales actividades económicas en San José son comercio (16.46 %), actividades de banca e intermediación monetaria (10.12 %) y administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad (8.14 %), para un total de 34.72 %.

En Alajuela un 43.49 % lo contabilizan la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (24.14 %), el comercio (11.52 %) y las actividades de banca e intermediación monetaria (7.83 %). Para Heredia las principales actividades son la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (16.71 %), el comercio (13.09 %) y las actividades de banca e intermediación monetaria (12.75 %), con un 42.55 % de la actividad económica. Por último, en Cartago un 43.17 % de la actividad económica es la suma de actividades de banca e intermediación monetaria (18.60 %), comercio (13.23 %) y fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (11.34 %).

Mediante el ejercicio para la construcción de la red de transacciones, es posible realizar análisis sobre la importancia de cantones específicos en la producción y en la demanda intermedia a nivel nacional.

En general la red de producción se encuentra bastante integrada en sus conexiones, donde en promedio cada cantón se conecta con 75 cantones tanto en compras como en ventas. Dota y Hojancha serían aquellos más desconectados para ambos rubros de compras (46 y 52 respectivamente) como ventas (52 y 45 respectivamente). Por su parte, Alajuela, Desamparados, San José, Escazú, Goicoechea, Grecia, Guácimo, Heredia, Limón, Palmares, Paraíso, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Ramón son los cantones con más conexiones por compras hacia todos los cantones. Mientras, por el lado de las ventas, son 31 cantones los que poseen conexiones con todos los demás.

Las cabeceras de provincia junto con los cantones de la GAM poseen una alta importancia; por su parte, la mayoría de los cantones en la periferia (zonas costeras y limítrofes con Panamá y Nicaragua) son generalmente de menor importancia para el comercio interno. Algunas excepciones son el cantón de Garabito importante en turismo y Corredores importante para el comercio con Panamá, por lo cual son activos en la compra-venta de insumos con el resto del país.

Entre las conclusiones del estudio de la MIP, se señalan las diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, el comercio es predominante en casi todo el país y el transporte está dominado por San José y Alajuela; la administración pública está altamente concentrada en el centro del país y la educación y salud se encuentran más distribuidos a lo largo del país, aunque existe una mayor concentración en la GAM.

La distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

Modificar la orientación de las políticas concentradas en la GAM no ha contado con la voluntad política y la planificación necesaria, por lo que únicamente se han realizado tenues intentos de incorporar algunos cantones fuera de la GAM a las oportunidades de desarrollo e inversión.

El presente estudio sugiere “que continuar con la atracción de firmas multinacionales, pero con destino fuera de la GAM, no solo brindaría más oportunidades de empleo en la zona, sino además mayor integración comercial.

Ello requiere análisis de qué determinantes mejoran la competitividad y el atractivo de los cantones. Más esfuerzos en infraestructura, como la ampliación de la carretera Limonal-Cañas, entre otros y en educación, como la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje son necesarios”.

Agrega que “una opción puede ser equiparar el terreno y brindar más oportunidades a cantones fuera de la GAM para la atracción de este tipo de inversión”, además de que “estos resultados sirven para la formulación de políticas en aras de limitar las diferencias estructurales entre cantones dentro y fuera de la GAM. (Brenes, C. et al, documento de trabajo 01,20121, Banco Central de Costa Rica).

Precisamente, la actual Ministra de Trabajo, mencionó respecto a la actividad económica y el empleo, que “el crecimiento económico, la generación de empleo, la distribución de la riqueza ha estado concentrada en la Gran Área Metropolitana (GAM), y con presencia mayoritaria en algunos pocos cantones. Este ha sido una situación histórica en el país y que esperamos resolver a partir del desarrollo productivo de los territorios.

Es por esto que debemos enfocar nuestro trabajo en el desarrollo de los territorios, es decir, conociendo las fortalezas regionales impulsamos el desarrollo económico a partir de esas fortalezas y generar no sólo puestos de trabajo en los territorios, (…) buscar articular de forma bien calibrada los modelos de desarrollo y producción en los territorios para que el nacimiento de nuevos puestos de trabajo se pueda dar en todo el país y no solo en la GAM, como ha sido mayormente”. (CRHoy,29-1-2021).

 

Imagen destacada de Semanario Universidad.

El Derecho de la función pública del enemigo

“Quien gana la guerra determina lo que es norma, y quien la pierde ha de someterse a esa determinación” (G. Jakobs)

Manuel Hernández

En el complejo ciclo de desarrollo y consolidación del neoliberalismo económico, particularmente en los dos últimos años, acicateado por la crisis económica y fiscal del país, los poderes político-corporativos hegemónicos concertaron una potente y rabiosa legislación que trastoca los derechos individuales y socava los derechos colectivos de ciudadanía social de las personas que laboran en la Administración Pública.

Este ciclo comporta un deslizamiento gradual de la democracia hacia el autoritarismo político, que ha tenido un giro violento en estos dos años, que termina derrumbando las reglas pactadas de la institucionalidad democrática.

En este artículo se ensaya un análisis del contenido y alcances de esta legislación emergente y de excepción, que configura la categoría que denomino el Derecho de la función pública del enemigo.

Se utiliza esta categoría, derivada de la teoría del Derecho penal del enemigo (G. Jakobs), para examinar, desde un punto de vista crítico, esta legislación emergente y permanente, cuya imposición determina un giro de tuerca que consuma una reestructuración global del modelo o subsistema de las relaciones de trabajo de la Administración Pública. Una nueva institucionalidad, regresiva y de carácter autocrática, que coloca a los sindicatos en un serio predicado, comprometiéndolos a asumir un histórico desafío.

1.- La necesidad y pertinencia de una superestructura política-jurídica funcional al modelo de acumulación capitalista neoliberal

Aproximadamente, desde hace unas cuatro décadas, en nuestro país, se viene de manera progresiva, paso a paso, aunque no de manera rígidamente lineal, pero si en la misma dirección, aguijoneado por el Consenso de Washington (1989), desarrollando y consolidando el neoliberalismo económico.

Este modelo corresponde a una ya prolongada fase de reestructuración o ajuste estructurales del modo de producción capitalista, que responde a las nuevas exigencias de acumulación y explotación, no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de los recursos de la naturaleza.

Este modelo de acumulación está radicado en la globalización de la economía y la producción, la financiarización de la economía, la automatización, la desregulación de los mercados, incluyendo la flexibilización del “mercado” de trabajo, la reestructuración de los procesos de producción, la reducción del déficit fiscal, del gasto público y la privatización de los servicios públicos (Williamson).

El neoliberalismo se sustenta en una lógica de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene por objetivo reconstituir la hegemonía del capital en el proceso de producción y reproducción social, recurriendo a la mayor explotación posible de los recursos de la humanidad en su conjunto, que requiere menos derechos de libertad, derechos sociales, canales de mediación entre el capital y el trabajo y menos democracia (Noguera Fernández).

Estas políticas implican que el Estado asuma el “imperativo de la austeridad” (Luistig); en síntesis, más Mercado y menos Estado, el mantra de la ideología neoliberal, la esencia de la nueva Lex Mercatoria.

Pero este modelo de acumulación exige necesariamente una superestructura política- jurídica que fisiológicamente le sea funcional; es decir, de un conjunto de aparatos ideológicos de dominación (los famosos AIE de Althusser), que se adecuen a esta fase de desarrollo del capitalismo y aseguren el cumplimiento normativo y coactivo de aquellos objetivos.

En Costa Rica, esta superestructura política-normativa se empezó a gestar desde las primeras cartas de intenciones firmadas con el FMI (1982, 1984), la saga de los PAES 1, 2 y 3, firmados con BM, todos con la rúbrica socialdemócrata del PLN (1985, 1989, 1995), la aprobación del TLC (2007), la aprobación de los 22 comités para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de cuya agenda destaca la reestructuración del empleo público y la Administración Pública.

Más reciente, en el último par de años, bajo el pretexto de la crisis fiscal, se aprobó aceleradamente una legislación “laboral”, con un núcleo duro que se basa en dos caras de la misma moneda: la desposesión de los derechos laborales de las personas que trabajan en la Administración Pública, y el menoscabo de sus derechos colectivos de ciudadanía.

Esta legislación emergente, excepcional, de excepción no temporal, sino permanente, que se articula en ese devenir del proceso de profundización de las reformas estructurales, tiene como sustrato la construcción ideológica del funcionario público antisocial forjada por los poderes fácticos.

Resulta aquí didáctica la siguiente afirmación de Chomsky:

“Cuando se trata de construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica, seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de que se le puede vencer, quizá se lo consiga despachar rápido y lanzar así otro suspiro de alivio.”

Esta cita de Chomsky refleja muy bien el proceso doméstico de construcción social y representación cultural del funcionario público, como enemigo de la ciudadanía, cuya violenta campaña, política y mediática, para destruir sus derechos individuales y de ciudadanía social, ha sido intensa y visceral en estos años.

Partiendo de esta construcción cultural negativa, el discurso político y mediático entronizado transfiere convenientemente la responsabilidad de la crisis fiscal a los funcionarios públicos, estigmatizados como parias que sacrifican los recursos públicos, “secuestradores de quirófanos”[1]; cuyos discursos destilados en cicuta llegan al extremo de desacreditarlos y tratarlos como hordas de acosadores sexuales y sátiros de menores de edad.[2]

En esta coyuntura, esa legislación que se promulgó responde a una combinación de varios factores: a la radical defensa, desde aquella racionalidad neoliberal, de la agenda de los intereses económicos del poder corporativo hegemónico, a la irracionalidad visceral de los sectores ultraderechistas y antidemocráticos, y también a una buena dosis de ignorancia política.

Lo cierto es que a merced de la crisis económica y fiscal, esos espurios intereses han encontrado un terreno fértil para empoderar su agenda y amalgamar una legislación de excepción, permanente, fundida principalmente en dos leyes, y una más que estaría próxima a ser también ley de la “República”, de la República oligárquica corporativa de ellos, a saber: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018), Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020) y (Proyecto) Ley Marco de Empleo Público (que por el curso vertiginoso de los acontecimientos y el alto grado de consenso político concitado, me adelanto a ponerle, no el número de ley, pero si el año de promulgación: 2021).

Estas tres leyes de amplio espectro (que en este artículo de opinión asumo como tales) vienen a la postre a configurar el tridente neoliberal que denomino: el Derecho de la función pública del enemigo, que disciplinan, no solo el régimen de las condiciones de empleo, sino, además, la actividad principal de los sindicatos en el ámbito de la Administración Pública.

2.- La configuración del Derecho de la función pública del enemigo

Antes de desarrollar el contenido y alcance de esta propuesta que planteo, es pertinente advertir que esta denominación la tomé prestada de la teoría del derecho penal del enemigo (G. Jakobs, 1985), cuya trasposición al derecho laboral, particularmente al ámbito del derecho de la función pública, mutatis mutandi, resulta jurídicamente sostenible.[3]

Esta teoría tiene un potencial expansivo (García Amado), que permite utilizarla como categoría critica de análisis, que facilita la comprensión de los (dis)valores antidemocráticos y juicios políticos que impregnan las leyes que de seguido se examinarán.

La configuración de este anunciado régimen jurídico de excepción de la función pública se basa en una legislación de tres patas:

2.1.- El disciplinamiento del desempeño, la productividad laboral y las remuneraciones de las y los funcionarios públicos

En uno de los contextos económicos más difíciles de nuestra historia republicana, con una fuerte resistencia social, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018).

Esta ley tiene una impronta neoliberal incuestionable, compuesta por tres ejes: materia tributaria, regla fiscal y remuneraciones de las y los funcionarios públicos.

Tratándose de este último eje, la ley, por una parte, diseñó un nuevo modelo para disciplinar la gestión del desempeño de los servidores, y por otra parte, una regulación de contención de sus remuneraciones.

El modelo de evaluación de desempeño ordena la actividad laboral y la productividad de los funcionarios, quienes quedan sometidos, manu militari, a un esquema rígido, jerarquizado, unilateralista, vinculado al cumplimiento de una rigurosa métrica de índices y metas cuantitativas, que no necesariamente garantiza el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, disciplinó sus remuneraciones, porque nominalizó y congeló, ad perpetuam, los sobresueldos y complementos salariales.

La legislación produce una desvalorización de la fuerza de trabajo y un estancamiento de largo plazo de las remuneraciones, que de manera gradual perderán su valor real adquisitivo; en un círculo nada virtuoso, porque su efecto contradictorio causará una reducción de la demanda agregada y la contracción de los niveles de consumo.

A la vez, este régimen se complementa con las medidas extraordinarias que contempla la Regla Fiscal, que se aplicarán a partir de 2022, que producirán un congelamiento total de los salarios, con el consecuente empobrecimiento de amplias capas de funcionarios y funcionarias.

Podemos afirmar que esta ley consiste en una herramienta de política económica y fiscal, en una técnica de sujeción de la organización de la prestación de la fuerza de trabajo, la productividad y el control de las remuneraciones de los servidores públicos; además de las ostentosas restricciones que impone en materia de negociación colectiva de los salarios.

2.2.- El disciplinamiento del conflicto colectivo y la huelga en los servicios públicos

A consecuencia de las protestas sociales y la huelga general convocada por los sindicatos, a finales de 2018, contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo movimiento se extendió hasta por tres meses, se produjo una violenta y comatosa reacción de las patronales, los partidos políticos y el Gobierno.

La protesta social fue reprimida e impulsó frenéticamente un proyecto de ley, tendiente a reformar el Código de Trabajo, en materia de huelga, en una nueva escalada de estigmatización y hostilidad contra las personas funcionarias públicas.

Aquel constructo social del funcionario público, transmutado en enemigo de la sociedad, quedó reflejado en el discurso de uno de los más enconados diputados promoventes del proyecto:

“(…) La víctima de esa utilización [de la huelga] fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la ley suprema del país:”

La contrarreforma laboral, consumada en la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020), en términos generales, por un lado, estableció sustanciales restricciones al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos, y por otra parte, generalizó la prohibición de la huelga, a expensa de una concepción indiscriminada de los servicios esenciales, que no se adecua a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.

La ley constituye un autoritario dispositivo de control social que priva a los sindicatos de la principal medida de poder de presión colectiva de las y los trabajadores.

2.3.- El disciplinamiento de la relación de empleo y la autonomía colectiva

No obstante el impacto de grueso calibre causado por aquellas dos leyes, la superestructura jurídica-política necesaria no estaba todavía completa, perfeccionada; requiriéndose para esto, es decir, para consolidar “el bloque histórico” (Gramsci), además, una regulación totalizante de la relación de empleo público y la prohibición absoluta del derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Este imperativo normativo, en el marco de adhesión del país a la OCDE, y ahora en la coyuntura de la crisis profundizada por la pandemia de la Covid-19, convertida en justificante para solicitar otro préstamo a FMI, se pretende cumplimentar con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Empleo Público (Exp. N° 21336).

Esta nueva iniciativa, para honrar sus compromisos con uno de los comités de OCDE, la presentó el Poder Ejecutivo en 2019 y está actualmente dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a la espera del trámite de las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El proyecto tiene 4 objetivos cardinales inescindibles: político, fiscal, (anti) sindical y otro enfocado en la reestructuración y reorganización de la Administración Pública[4].

El primer objetivo, de carácter político, tiende a una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, que se instrumenta con las múltiples y exorbitantes competencias que se le atribuyen a MIDEPLAN.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y transforma en un supraministerio, que tendrá bajo su dominio centralizado y absoluto la gobernanza política y la regulación normativa de los principales componentes de la relación de empleo público, prácticamente en todo el ámbito de la Administración Pública, que enerva todo espacio a la negociación colectiva.

El segundo objetivo, de carácter fiscal, se instrumenta particularmente con el esquema de salario único global; que ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nominalizó y congeló los sobresueldos y complementos salariales, por lo que podría considerarse la antesala del salario global.

El tercer objetivo del proyecto es de orden antisindical, porque excluye del ámbito de la negociación colectiva, todos aquellos componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, cuya regulación le compete en exclusiva y de manera excluyente al nuevo monstruo político MIDELEVIATAN, con un poder soberano sobre las condiciones laborales de los mortales servidores públicos.

Esta proscripción de la negociación colectiva en la función pública hunde sus raíces en la dogmática administrativista del Siglo XIX, que tiene su antecedente en la Filosofía del Derecho de Hegel, que reduce a la persona/funcionaria pública a un status de servidumbre, sometida a un régimen estatutario, cuya relación de empleo la determina unilateralmente el Estado, excluyendo absolutamente cualquier participación de los actores que representen sus intereses.[5]

Así, con esta tercera pata de la mesa, se estaría consolidando el ciclo de regulación neoliberal del trabajo en la función pública -que no significa necesariamente que con la Ley Marco de Empleo Público se vaya a cerrar este ciclo-, mediante la constitución de un poder-ministerio hegemónico, que regimienta la relación de empleo, complementado por la prohibición generalizada de la huelga y la negociación colectiva en la Administración Pública.

3.- Alcances e implicaciones del Derecho de la función pública del enemigo

Ese arpón normativo de tres puntas, clavado en el corazón de la función pública, da lugar, de acuerdo con la terminología de Lévi-Strauss y Durkheim, a un “hecho social total”, por las implicaciones que en su conjunto produce este régimen en el tejido político, social, jurídico e institucional.

Entonces, tenemos que en un período de tiempo muy corto, a ritmo de una legislación motorizada (Carl Smith), se está armando este excepcional Derecho de la función pública del enemigo, conformado por un tridente neoliberal, de tres potentes y filosos picos: la Ley de Finanzas Públicas, la contrarreforma legal en materia de huelga y la virtual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público; salvo que algo extraordinario sobrevenga y se descubra la vacuna que nos salvaguarde de esta implosión neoliberal.

Se puede sostener que este disciplinamiento totalitario de la relación de empleo público, y el encierro normativo en el que se está metiendo a los sindicatos, privados del ejercicio de las acciones colectivas que le son inherentes, corresponde a una “explosión neofascista” (Cornel West), que simboliza al funcionario público como enemigo del bien común, que legitima que sea meritorio de una legislación de excepción, en términos de “defensa social”, opuesta a la legislación laboral, incluso a la legislación administrativa ordinaria.

En realidad, la construcción de ese patrón del otro, como enemigo de la sociedad, del orden público, del bien común, no es nada novedosa de este siglo XXI, cuyos antecedentes se remontan a los fascismos de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que contemporáneamente asumen renovadas expresiones matizadas por el neoliberalismo económico.

De esta forma, se construye una nueva forma de cohesión social del poder, basada en una “nueva forma de obediencia” y control social construido por las clases dominantes, que favorece la conformación de un Estado penal policial, “que reprime duramente las resistencias que puedan surgir como fruto del malestar social ocasionado por la pérdida de derechos, a la vez que genere miedo, para evitar que se reproduzcan.” (Noguera Fernández)

Esta nueva subjetividad del trabajo, encarnada en el enemigo, legitima que las funcionarias públicas sean excluidas del ordenamiento jurídico, “la expulsión de la ciudadanía del trabajo” (Pérez Rey y Adoración Guamán), mediante la imposición de un régimen autoritario diseñado para destruir sus derechos y combatir a las organizaciones gremiales que representan sus intereses, limitando o privándolas de sus derechos de representación y las funciones colectivas que le son esenciales, sin las cuales los sindicatos quedan reducidos a simples caricaturas jurídicas asociativas, desposeídos de todo poder social, gremial y contrahegemónico.

Esta regulación normativa de excepción, producida en corto plazo, obedece a una estrategia de choque, que forma parte del proyecto neoliberal, la cual marca una ruptura del ordenamiento, liquida el pacto político y social, en una suerte de quiebre constitucional totalmente incompatible con el sistema democrático y los derechos fundamentales.

En definitiva, este totalitario régimen estatutario, ex lege, institucionaliza un nuevo modelo, o más propiamente un subsistema de relaciones laborales de la Administración Pública, pero con consecuencias disciplinares que trascienden la “fabrica” pública y se extienden en su conjunto al sistema de relaciones laborales, como un “hecho social total”.

Este modelo define “una nueva matriz de disciplinamiento laboral más eficiente”, afincada en una “red de dispositivos” normativos de control o mecanismos heterónomos de dominación social, que fortalecen el poder de dirección patronal, refuerzan la relación asimétrica de trabajo, repelen toda manifestación del conflicto social y suprimen cualquier cauce de mediación democrática entre el Estado-Patrono y sus servidores.

Pero no olvidemos que todo “campo” de dominación contiene espacios o reductos de resistencia. Como señala Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia.”

Por último, este modelo de relaciones laborales en la función pública, representa un serio desafío para los sindicatos, que no queda la menor duda que se están jugando la piel y el presente.

Este desafío lo tendrán que asumir los sindicatos, de una vez, con pensamiento crítico, en tiempo real, con la finalidad de construir una estrategia alternativa que resista el furioso embate y se restablezca la supremacía del Estado Social y Democrático.

1° de enero de 2021

[1] /La Nación, 27/09/2018

[2]/ La Nación, 27/11/2020

[3]/ Günther Jakobs opone el derecho penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo. Esta teoría, que se ancla en la filosofía de Kant, sostiene que en la sociedad existen individuos que por la sola peligrosidad de las actividades que realizan, se justifica un trato penal represivo de excepción e intenso, como enemigos que hay que separar de la comunidad, protegiéndola frente a ellos. A estos individuos el Estado no debe tratarlos como personas, sino combatirlos como enemigos. Esta teoría ha sido utilizada eficazmente para combatir el terrorismo, la inmigración y los movimientos de resistencia contras las políticas neoliberales.

[4]/ En un artículo titulado “Los objetivos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público” desarrollé este tema, publicado en Surcos Digital, el 20/12/2020.

[5]/ En un artículo titulado “La dogmatica de la Procuraduría General en materia de negociación colectiva en la función pública”, publicado en el Semanario Universidad, de 10/12/2020, analicé el contenido y alcances de la concepción autocrática de relación estatutaria que encierra el proyecto de ley.

 

Día internacional contra la corrupción, 9 de diciembre

José Manuel Arroyo Gutiérrez , Exmagistrado y profesor Catedrático UCR

En el debate público se ha difundido, a veces incluso desde voces autorizadas, el que no existe un concepto claro de lo que debe entenderse por “corrupción”. Tales afirmaciones solo traen confusión y desconcierto a la hora de tratar el tema y, en última instancia, le hacen un pésimo favor a la necesaria respuesta que desde la Administración Pública y el sistema penal debe tener este fenómeno. Por eso resulta imperativo dibujar con claridad los límites y alcances de la corrupción y dejar claro, tanto para el lenguaje común como para el técnico-jurídico, de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto.

Desde el campo jurídico-penal, la cuestión resulta de enorme importancia, en virtud de las exigencias derivadas del principio de legalidad: la necesaria descripción en la ley de las conductas prohibidas para que todo ciudadano y ciudadana la conozca; la obligada claridad, precisión y circunstanciación con que debe hacerse esa descripción conforme una buena técnica legislativa; y el resguardo indispensable que, por esa vía, debe hacerse de las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Pero es de sobra conocida la constante tergiversación que se hace del término “corrupción”, la mayoría de las veces con aviesas intenciones, cosa que también ocurre con otros conceptos en las discusiones cotidianas, en los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en las frenéticas redes sociales. Se tacha de “corrupto” a cualquiera y con cualquier pretexto, igual que se lo llama “terrorista”, “dictador”, “facho”, “nazi”, “stalinista”, “mafioso”, “fundamentalista” y un largo etcétera.

En nuestros pandémicos días resulta particularmente retorcido el mal uso del concepto “corrupción”, con intenciones políticas en un ámbito muy basto y de manera especial contra quien ejerce alguna forma de autoridad pública, colgándole este rótulo descalificador a lo que son simples negligencias, errores de todo tipo, meras diferencias de criterio o puntos de vista contrarios. En su peor versión, el poderoso instrumento de la descalificación por “corrupción” ha servido para que los verdaderamente corruptos arremetan contra quienes los denuncian, acusan o condenan formalmente. Ha servido para que se responda con procesos judiciales o disciplinarios desde la trinchera de la oposición ideológica; o para que se hayan afianzado las estrategias de las noticias falsas (bulos o fake news) tipo Trump o Bolsonaro; o se ha utilizado el proceso penal para liquidar a los adversarios políticos (Lawfare) como el caso en perjuicio de Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Se trata de aplicar una perversa estrategia para crear la sensación de que todo es corrupción y todos somos corruptos, estrategia que busca hacer pasar lo efectivamente descompuesto de manera desapercibida y desviar la atención de lo que en realidad importa. La peor parte la llevan funcionarios y funcionarios honestos como policías, fiscales y jueces que cumplen con sus deberes; medios de comunicación veraces y valientes; organizaciones políticas que han levantado a mano contra la corrupción y ciudadanos indignados ante evidentes abusos y podredumbres.

Las consecuencias fácticas de estas manipulaciones son especialmente graves en el campo del derecho y la justicia. Se erosiona la información de calidad –vital en una democracia- y se dañan también de manera irreparable la credibilidad en las personas inocentes, las autoridades probas, los procedimientos sancionatorios correctos y las instituciones públicas en el ámbito de sus legítimas competencias. En fin, tan grave es no perseguir la verdadera corrupción como señalar de tal lo que no lo es.

Abandonar ese universo de la imprecisión, la mentira y la especulación es indispensable para ubicar las cosas en sus justos términos. Un análisis de lo general a lo particular, tomando los puntos de referencia más amplios que han intentado definir los límites y alcances técnicos del concepto de corrupción, nos debe llevar necesariamente a las dos convenciones internacionales anticorrupción que más nos atañen: la primera en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA-1997) y la segunda en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU-2003). Luego se requiere un análisis más concreto, que señale cómo se reflejan esos lineamientos internacionales en la legislación interna, de la mano de las categorías fundamentales de la teoría del delito, para destacar todas aquellas cuestiones que resulten relevantes y de interés en la comprensión del tema propuesto. Por último, deben incluirse algunos de los aspectos que consideramos más sobresalientes en la evolución que ha tenido la organización y funcionamiento de los instrumentos internacionales contra la corrupción en el ámbito nacional o doméstico.

Es correcto afirmar que no existe un concepto de “corrupción” concretado en un tipo penal. Las fuentes más confiables para definir y delimitar este fenómeno son las citadas convenciones internacionales contra la corrupción; en nuestro caso, la Convención Interamericana (1997) y la Convención de Naciones Unidas (2003). En ellas encontramos el contenido del tema entendiendo que debe hacerse un listado de “actos de corrupción”, ubicados en una serie de figuras o tipos penales diversos, que nos dará los límites y los alcances de este término.

A lo interno de nuestro ordenamiento, las directrices convencionales en materia de corrupción están contenidas en el Código Penal, Título XV (Delitos contra los deberes de la función pública), Sección II (Corrupción de Funcionarios), Sección III (Concusión y Exacción), Sección IV (Prevaricato y Patrocinio Infiel) y Sección V (Peculado y Malversación); además de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Capítulo V (Delitos), artículos del 45 al 58) y más recientemente la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas No. 9699.

Estamos hablando, por otra parte, de tipos penales que tutelan, en lo fundamental, dos bienes jurídicos: la probidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio o erario público.

Si bien el énfasis está dado en los delitos que puede cometer un funcionario público en ejercicio de su cargo, el concepto de sujetos activos de las diferentes tipologías penales involucradas, incluyen en muchas de ellas a personas particulares circunstancialmente relacionadas con actividades estatales o con bienes públicos y, por tanto, equiparables al funcionario como potenciales autores o partícipes en conductas prohibidas. Asimismo, en virtud de la aplicación de la Parte General del Código Penal, son de previsible imposición las normas ampliativas de la participación criminal como la Comunicabilidad de la Circunstancias (art 49 CP).

En su mayoría son conductas delictivas que se sancionan ya como delitos de peligro concreto, independientemente de si el beneficio o ventaja indebidos, el abuso o la desviación, el provecho propio o para un tercero etc., se han materializado en un resultado.

Los “actos de corrupción”, en todas sus modalidades son por naturaleza dolosos, es decir, cometidos con conocimiento y voluntad del agente activo. Están excluidas, en principio, todas las acciones o conductas cuyo fundamento punitivo radica en la simple violación a un deber de cuidado (delitos culposos). Están excluidas también todas aquellas conductas que, aunque perpetradas por funcionarios públicos o personas equiparables, no tienen como propósito la percepción para sí o para un tercero de beneficios indebidos de cualquier índole (patrimonial, administrativo, judicial, social, político, etc.). Tal es el caso del mero Abuso de Autoridad (art. 338 CP). Quedan fuera, finalmente y en sentido estricto, las formas delictivas con legislación específica de tráfico de sustancias prohibidas y blanqueo de dinero, aunque por supuesto pueden tener vasos comunicantes en fenómenos como el tráfico de influencias o las figuras de blanqueo y encubrimientos (Ley No. 77856 y sus reformas).

El principal aspecto en el que el Estado costarricense está en deuda tiene que ver con la corrupción privada. Si bien es cierto se ha legislado y reglamentado en orden a controles administrativos y bancarios en el marco del crimen organizado relacionado con blanqueo de dineros y capitales, es lo cierto que algunas recomendaciones internacionales de índole penal como la necesaria tipificación del peculado, malversación o el tráfico de influencias de personas particulares, sobre otras personas también particulares y respecto de bienes o patrimonios privados, no han sido ni propuestos ni legislados en Costa Rica.

Las recomendaciones convencionales y la evolución de este tema han puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Costa Rica recientemente (2019) se ha dado cabida a este instituto jurídico, aunque es nuestro criterio que el asunto, por coherencia constitucional, debió resolverse mediante la responsabilidad administrativa o civil y no punitiva.

Publicado en el Semanario Universidad, enviado a SURCOS por el autor.

Municipalidad de Montes de Oca incursiona en nueva forma de hacer gestión pública

  • Escuela de Administración Pública ofrece servicios desde su Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública llamado Idea Pública

 

Gabriela Mayorga López,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Municipalidad de Montes de Oca incursiona en nueva forma de hacer gestion publica

La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) estrenará los servicios de su Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública llamado Idea Pública, el próximo 27 de octubre, en un proceso que se realizará entre los funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca y la sociedad civil del cantón.

El objetivo de Idea Pública es ofrecer a las organizaciones de gobierno nacional y local una opción de utilizar metodologías creativas con componentes de participación ciudadana, que permitan encontrar soluciones innovadoras a diversos problemas.

En el caso de la Municipalidad de Montes de Oca, se trabajará el cómo diseñar la construcción de la ciudad futura, en cuanto a servicios e infraestructura, la atención de la población más vulnerable, participación joven en el gobierno local, el tema ambiental y empleo.

Para plantear “soluciones fuera de caja” a estos retos, se invitó a estudiantes de colegios del cantón, que en conjunto con los funcionarios municipales, facilitadores de la UCR y estudiantes de Administración Pública estarán a cargo de implementar procesos de desing thinking –una metodología que se ha popularizado por generar importantes beneficios en el diseño de soluciones con innovación centrada en las personas–.

La docente de la Escuela de Administración Pública y promotora de Idea Pública, la profesora Adriana Núñez Picado, explicó que esta nueva forma de entender y solucionar la gestión pública responde a la línea del concepto de gobierno abierto, que busca generar procesos más transparentes, colaborativos y participativos.

Municipalidad de Montes de Oca incursiona en nueva forma de hacer gestion publica2
La actividad con la Municipalidad de Montes de Oca se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. el próximo 27 de octubre. Se espera la participación de entre 60 y 80 personas entre población civil del cantón, funcionarios municipales y observadores del proceso.

“Es un nuevo modelo de trabajo, más creativo no un proceso jerárquico donde el ciudadano es solo un receptor del servicio y no un agente creativo que propone soluciones”.

La actividad con la Municipalidad de Montes de Oca se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. el próximo 27 de octubre. Se espera la participación de entre 60 y 80 personas entre población civil del cantón, funcionarios municipales y observadores del proceso.

UCR ofrece el servicio

A través del proyecto Idea Pública y desde este 2017 la Escuela de Administración Pública de la UCR está abierta a recibir solicitudes de servicios. Cualquier entidad de gobierno que esté interesada en probar las metodologías y encontrar soluciones creativas a los retos futuros, pueden ponerse en contacto.

La oferta de Idea Pública incluye el trabajo previo para la definición de los problemas a trabajar y la implementación de la metodología en talleres de trabajo, en estos procesos participan docentes pero sobretodo estudiantes de la carrera. Por su parte, la contraparte debe costear los gastos en materiales y alimentación.

Los interesados pueden llamar a la Escuela de Administración Pública 2511-5660 y contactar con Adriana Núñez, escribir al correo ideapublica.eap@ucr.ac.cr o contar vía el facebook /IdeaPublica

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Estudiantes de administración pública ayudan a diseñar políticas cantonales

Paola Guzmán Pérez,

Periodista CICAP, UCR

UCR Estudiantes de administracion publica
Fotografía muestra visión general del auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

A través de un trabajo conjunto entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y organizaciones comunales, más de 100 estudiantes de Administración Pública han capacitado a 1.200 líderes comunales y brindado acompañamiento en el diseño de proyectos de base comunitaria, tales como asociaciones de desarrollo, uniones cantonales de desarrollo y federaciones de uniones cantonales.

Lo anterior se ha logrado por medio del Programa de Desarrollo Municipal (PDM) que funciona en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR y el Trabajo Comunal Universitario de la Escuela de Administración Pública. El trabajo ha permitido vincular a los más de 110 estudiantes en el desarrollo de proyectos de alcance nacional.

Durante el último año, los estudiantes se enfrentaron a proyectos relacionados con el desarrollo de planes estratégicos en diversos temas municipales, la elaboración de políticas públicas cantonales con metodologías participativas y la colaboración en actividades de gestión de proyectos de alta complejidad.

Desde su creación en el 2014, el PDM funciona como laboratorio para que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus cursos, y ayudar a la resolución de problemas y casos reales de las organizaciones relacionadas al ámbito municipal y comunal.

Con el acompañamiento de funcionarios especializados en el trabajo con el sector municipal y comunal, los estudiantes han tenido la oportunidad de apoyar la creación de nuevos esquemas de servicios y participar en proyectos de alcance nacional.

Entre los proyectos más significativos se encuentran el desarrollo del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo de la Municipalidad Montes de Oca, y el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad (PNDC), elaborado con y para las comunidades en conjunto con todas las Federaciones de Uniones Cantonales, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (CONADECO).

UCR Estudiantes de administracion publica2
Estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica participaron durante el 2016 en una diversidad de proyectos.

También, como parte del Programa Nacional de Capacitación para el Régimen Municipal, impulsado por del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), los estudiantes han asumido parte de la gestión de proyectos de capacitación para funcionarios municipales.

Esfuerzos conjuntos

Sumado a los proyectos que desarrolla el PDM, gracias a una alianza con la Escuela de Administración Pública, los estudiantes que matriculan el Trabajo Comunal Universitario “Empoderamiento de la Sociedad civil para potenciar el desarrollo local” (TC-462), también pueden participar en la capacitación y acompañamiento de líderes comunales para el desarrollo de proyectos específicos.

“Es un TCU que brinda nuevas experiencias y le permite a los estudiantes acercarse a la realidad comunal de nuestro país, algo que no se puede aprender desde las aulas. Este proceso les permite sensibilizarse ante esa realidad, comprender las dificultades que enfrentan los pobladores y convertirse en facilitadores de su proceso de mejora”, señaló Orlando Hernández, Coordinador del Programa de Desarrollo Municipal del CICAP.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Instituciones Públicas del país reciben apoyo de CICAP para desarrollo de proyectos

40 años de historia le han permitido asesorar, apoyar y brindar capacitación a instituciones de todo el país

 

Elizabeth Rojas Arias,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Instituciones publicas del pais
Gran cantidad de funcionarios públicos y municipales han recibido capacitación en el CICAP durante los últimos 40 años (foto CICAP con fines ilustrativos).

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR ha venido trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instituciones públicas del país, y el desarrollo de proyectos para la mejora de los servicios públicos que se ofrecen a los costarricenses.

Con proyectos de investigación, consultoría y capacitación en todo el país, el Centro se ha convertido en un referente nacional en temas de administración pública y un aliado de los altos mandos de las instituciones para lograr las transformaciones que requieren y el avance de políticas públicas de interés nacional.

Sólo en el 2015 el CICAP apoyó a 19 instituciones en el desarrollo de 25 proyectos relacionados con el diseño, e Implementación de sistemas de gestión, acompañamiento en la Implementación en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, estudios de clima y cultura organizacionales, control interno, fortalecimiento organizacional, estudios de mercado, entre muchos otros.

Desde su creación en el 2008, el área de Asesoría y Consultoría del Centro ha presentado propuestas y trabajado con más de 100 instituciones para el desarrollo de proyectos que abarcan temas desde fomento del emprendimiento, hasta reorganización de estructuras institucionales.

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Algunos de los logros más importantes del CICAP en cuatro décadas de capacitación e investigación en el campo de la administración pública (ilustración Jorge Carvajal).

La Política Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Fortalecimiento del INCOFER, el Proyecto Hogares Conectados de Fontel, una mejor gestión de la red vial cantonal del país, la disminución del abandono escolar por medio del proyecto Proeduca del Ministerio de Educación son proyectos que cuentan con la huella del CICAP.

Recientemente, el Centro participó en la implementación de la primera Agenda Nacional de Evaluación elaborada por el Mideplan y construyó la metodología para el desarrollo del Índice de Transparencia del Sector Público para la Defensoría de los Habitantes.

Instituciones autónomas como IFAM, ICE, CCSS, ministerios; municipalidades y bancos estatales, son sólo algunas de las instancias estatales que han aprovechado la experiencia del Centro en gestión de proyectos para la puesta en marcha de iniciativas de gran envergadura.

El desarrollo del Programa Nacional de Capacitación para el Régimen Municipal, la elaboración del Índice de Gestión de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación y el apoyo en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad son algunos de los proyectos que el equipo de trabajo del Programa de Desarrollo Municipal ha elaborado desde su creación.

Las capacidades de gestión implementadas por el CICAP en los últimos 40 años le ha permitido idear y ejecutar proyectos de distinta naturaleza para resolver las necesidades y retos de instituciones públicas, de la economía social y de organizaciones sin fines de lucro.

 

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Analizan estado, políticas públicas e internacionalización en América

En XII Conferencia anual del INPAE

 

Elizabeth Rojas Arias,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Analizan estado
La inauguración de la XII Conferencia INPAE 2016 se realizó en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), su directora Dra. Mayela Cubillo Mora ofreció un discurso de bienvenida (foto Karla Richmond).

Académicos y estudiantes de Argentina, México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Costa Rica expondrán y analizarán diversas ponencias este lunes 23 y martes 24 de mayo acerca del estado, las políticas públicas y la internacionalización en la décimo segunda Conferencia anual de la Red INPAE.

Esta organización es la que aglomera especialistas de varias universidades de América relacionados con la educación en la Administración Pública.

En la Universidad de Costa Rica, nos representa en el Consejo Directivo del INPAE el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, quien en su discurso inaugural de la conferencia hizo hincapié en la importancia que tiene para los países de América Latina este tipo de encuentros.

Esta es una excelente oportunidad, afirmó Murillo, para intercambiar opiniones y conocer nuevas tendencias en temas relacionados con la administración y la gestión pública. “Los numerosos y diversos flujos transfronterizos que vincula cada vez más lo nacional con lo internacional constituyen hoy una constante en el estudio y análisis de todos los fenómenos sociales, políticos, jurídicos, culturales y geopolíticos” añadió.

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El Dr. Carlos Murillo Zamora director del Doctorado en Gobienro y Políticas Públicas de la UCR durante el acto de inauguración de la XII Conferencia de INPAE entregó un ejemplar de los libros Políticas de estados subnacionales del Dr. Fernando Isuani de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Avances y retos de la evaluación de políticas públicas en gobiernos subnacionales del Dr. Pablo Sanabria de la Pontificia Universidad Javeriana, a los miembros de la mesa (foto Karla Richmond).

El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington dio la bienvenida a los participantes extranjeros y destacó la relevancia de este tipo de encuentros para fortalecer la administración de lo público en los países del continente.

“Nuestra América, continente de gran diversidad y una lamentable desigualdad, requiere de acciones que le permitan integrar su potencial y la hagan levantarse como el sitio de oportunidades que realmente es” dijo el Dr. Jensen.

Agregó que lo público sin duda alguna es una conquista social e histórica, hecho que debe motivar a la naciones a cuidar este legado.

De manera que “las luchas de antaño y las actuales prevalezcan sobre intereses de grupos poderosos que no nos representan a todos y todas de manera igualitaria” considera el rector y para “que cada persona crezca en su propio país y que sus derechos sean respetados tanto en la fronteras nacionales como en los espacios transnacionales”.

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El Dr. Henning Jensen Pennington reconoció la incidencia y el valor de la red INPAE para los países del continente (foto Karla Richmond).

Durante los dos días de la Conferencia de INPAE se desarrollará un amplio abanico de temas por medio de 24 ponencias que abordan entre otros, aspectos de: salud, desarrollo sustentable, innovaciones pedagógicas, protección infantil, modernización de la gestión pública, migración y derechos indígenas.

También se tratarán tópicos relacionados con la gerencia pública, la diversidad sexual, las transformaciones urbanas, el gobierno abierto y su vinculación con la rendición de cuentas y la gestión pública municipal.

Otros tema de actualidad en la Conferencia son el Proceso de internacionalización del país y las reformas necesarias para el ingreso a la OCDE, además Pedagogía de los derechos humanos como política internacional.

Destacan dentro del programa las ponencias de Carolina Muñoz de la Universidad de Chile, quien hablará de la Educación continua universitaria: desafíos para la universidad actual.

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La Dra. Palmira Ríos, presidenta de INPAE recordó que esta red se creó en el año 2003 con el propósito de compartir los hallazgos e investigaciones en las diversas universidades del continente sobre temas como gobierno abierto, estados subnacionales, administración pública e internacionalización (foto Karla Richmond).

Isidoro Felcman, de Flacso Argentina disertará acerca de los Aportes para reflexionar sobre el destino de la gestión pública después de la crisis financiera global del 2008; y Dulfary Calderón de la Universidad Nacional de Colombia presentará la ponencia que trata los Desafíos de las políticas públicas en el posconflicto colombiano.

Durante el acto inaugural de la Conferencia del INPAE, la directora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública CICAP, Dra. Mayela Cubillo Mora manifestó que la internacionalización, globalización, e integración son tendencias que han procurado la instalación del capitalismo a escala planetaria.

Mi llamado, dijo la directora del CICAP es a “preservar para los estados nacionales un espacio de decisión autónoma, deliberada y responsable como condición

sine qua non para minimizar los efectos regresivos y desestabilizantes de esos fenómenos sobre el funcionamiento de la sociedad nacional”.

Contribuir con el análisis de estos temas tan trascendentales es una de las misiones del INPAE concluyó la Dra. Cubillo.

La conferencia de la Red Inter-americana de Educación en Administración Pública se realiza en el auditorio del CICAP, centro de investigación que ha sido uno de los auspiciadores de este encuentro, junto con la Escuela de Administración Pública, el Programa de Posgrado en Administración Pública y la Escuela de Ciencias Políticas.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Universidades Públicas serán centro de capacitación para funcionarios del Gobierno Central

Elizabeth Rojas Arias, Periodista Oficina de Divulgación e Información

Paola Guzmán Pérez, Periodista Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública

Universidades Públicas serán centro de capacitación para funcionarios del Gobierno Central
El Cicap cuenta con aulas y auditorios construidos especialmente para ofrecer capacitación al sector público del país (foto Anel Kenjekeeva).

Con el objetivo de mejorar la administración de los recursos financieros del sector público y asegurar el cumplimiento de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, el Gobierno decidió este año tomar una serie de medidas que permitan racionalizar la ejecución del gasto público.

Una de estas disposiciones es la contratación de servicios de capacitación en las Universidades estatales.

En la Universidad de Costa Rica, desde hace cuarenta años, ha venido realizando esa labor el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap).

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La directora del Cicap Dra. Mayela Cubillo hizo énfasis en la importancia de que las instituciones públicas pasen a un sistema de competencias que va desde la inducción y el reclutamiento hasta la evaluación del desempeño (foto Archivo ODI).

Su directora la Dra. Mayela Cubillo Mora considera que esta propuesta del Gobierno es relevante porque asegura la calidad de los cursos.

Al respecto añadió que el Cicap ha venido haciendo algunos cambios en los cursos que ofrece para que el enfoque sea por competencias y con una metodología constructivista. “En nuestros cursos se dio un giro hay una parte teórica, una parte del saber hacer y una parte de actitudes y valores, con una pedagogía constructivista, en donde el profesor sea más un facilitador en el aula” dijo Cubillo.

Este tipo de capacitación, agregó, es más participativa con el fin de que los alumnos puedan aportar sus experiencias de trabajo en diversas instituciones y sea un aprendizaje más coletivo.

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La UCR cuenta con un edificio en la Ciudad de la Investigación para impartir cursos de educación continua (foto Rafael León).

La Dra. Cubillo Mora manifestó que además de los cursos, el Cicap ofrece asesoría para que los departamentos de recursos humanos de las diferentes instituciones públicas puedan contar con un diagnóstico acerca de los temas de capacitación que requiere su personal.

Queremos dar capacitación en lo que se necesita, dijo la directora del Cicap para ello es importante que el sector público invierta en un buen diagnóstico de las necesidades de capacitación “tomando en cuenta hacia dónde van las ocupaciones lo que necesita la institución, el país, los requerimientos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.

Por otra parte, la directora del Cicap comentó que este centro ya cuenta con los equipos e infraestructura para ofrecer en el futuro los cursos en forma virtual o semi presencial, con el fin de llegar a más lugares del país.

Además del Cicap, en la Universidad de Costa Rica existen muchas instancias académicas y de investigación que ofrecen cursos técnicos y especializados en diversas áreas del saber que permitirán mediante la educación continua satisfacer gran parte de los requerimientos de capacitación de las instituciones públicas.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Apuntes sobre el acontecer en Tortuguero

Oscar M Solano Aguilar

 

Parte dos: Parque Nacional genera más de ¢20 350 000 anuales pero mal funciona con severas limitaciones

Apuntes sobre el acontecer en Tortuguero parte 2
Panorámica del poblado.

 

2500 a 3000 turistas extranjeros. Cada uno paga $15 de ingreso. Del contingente de turistas nacionales que pagan entrada no indagué.

Lo cierto es que según me han afirmado fuentes muy confiables, tres guarda parques no guardan los parques, venden tiquetes. Eso porque solo una funcionaria estaría contratada para la boletería. Un sitio muy deteriorado por cierto.

Es tan numerosa la visitación que abren a intervalos por media hora para vender tiquetes ya que los turistas deben entrar por grupos y permanecer 2 horas dentro del parque, salir y dar paso a los que siguen. A veces esperan hasta una hora en la fila para la adquisición del tiquete.

Pero hay una solución en el teatro del absurdo. Los tiquetes pueden ser comprados anticipadamente en San José o el día antes en la boletería cuando por la tarde ya la afluencia es menor. Para que los turistas hagan la fila nuevamente el día siguiente y les sellen el tiquete. ¿Tercermundismo o culto a la estulticia en los tiempos de la informática y chips con lectores que descuentan automáticamente?

Consecuencias: mala imagen, cansancio de turistas a quienes se les pone cuesta arriba sus vacaciones y estancia. También trabajadores fatigados y quien sabe de qué humor. Depredación por cacería furtiva y pesca ilegal ya que guarda parques se dedican a vender boletos, no a cumplir las funciones para las que fueron contratados.

O sea, más de ¢20 millones de colones anuales se van a la caja única y no se revierten correctamente en la autogestión del parque para mejoras de infraestructura, tecnología, más empleo porque se requiere de más funcionarios. Con lo anterior mejores servicios, más cuido de flora y fauna, más visitación y todos ganaríamos.

Claro que un porcentaje ha de servir para amortiguar las necesidades de parques y reservas sin visitantes. Eso es obvio. Más eso no es justificante racional para explicar el impedimento a que del pastel, al lugar que genera los ingresos se le asigne los recursos idóneos en infraestructura, humanos y de logística y vigilancia.

Pero no. Constituye el asunto otra evidencia de que quienes administran la cosa pública, ya sea funcionarios políticos que se hacen elegir o técnico-profesionales no están en nada.

Bueno, si están en algo. Porque todo da para la retórica en el discurso de quien se ufana desde el púlpito o la oficina “de lo carga” que es su administración o gestión, pero ni siquiera conocen los lugares. Menos los problemas, a los pobladores y las necesidades, pero toman decisiones que se para el sol a verlos.

 

Enviado a SURCOS Digital por Oscar Solano.

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Apuntes sobre el acontecer en Tortuguero

Oscar M Solano Aguilar

Parte uno: 70 toneladas de desechos reciclables acumulados

Apuntes sobre el acontecer en Tortuguero parte 1-2
Planta de Tratamiento.

 

Me debía este viaje. Lo he postergado durante años aun añorando conocer tan paradisíaco lugar. Ingresamos el miércoles.

Por la tarde cruzamos el río para visitar el poblado. Sembrado de casas deterioradas, suciedad  y pobreza. Lugar de contrastes que repite el fenómeno de la inequidad.

Abundancia de recursos se generan aquí donde ingresan constantemente turistas. Los hoteles, cerca de catorce, son fuente de empleo. También de impuestos municipales: ¢300 000 por cada hotel y algunos más que eso. Súmele lo que se produce por la venta del material y los impuestos a las otras actividades comerciales y la población general. El total no lo sé. Ha de superar con creces los cinco millones mensuales.

Con la visita de turistas se genera abundantes desechos sólidos. Todos los hoteles clasifican y segregan para enviarlos a un local donde se compactan y almacenan temporalmente para ser enviados al área metropolitana.

Apuntes sobre el acontecer en Tortuguero parte 1
Letrero en La Planta de tratamiento de desechos.

El local ya rebasó su capacidad. Hace bastante que no llega el transporte para su siguiente destino. Un rótulo responsabiliza al alcalde de Pococí. Según decires, porque la municipalidad no ha cancelado al servicio privado de transporte (“tercerizado”).

Que se investigue por los expertos. Mi asunto es cuestionar cuál es la causa por la que en la función pública, aún con la generación de los recursos suficientes por impuestos y el producto de la venta del material reciclable, sumados a la conciencia empresarial y popular, existe una traba burocrático-política y compromiso del jerarca a cargo para que las cosas funcionen.

Apuntes sobre el acontecer en Tortuguero parte 1-3

Sobrarán las voces que aprovechando tal circunstancia dirán: es propio de la “parálisis de la Administración Pública y de lo ineficiente que es la misma”.

Sí el jerarca antes laboró en el sector privado y posiblemente fue víctima como ciudadano de esa anquilosis que a lo mejor le generó inconvenientes, quizá con ello críticas al sector público, entonces yo me pregunto: ¿Es la Administración Pública y son las instituciones lo que no funciona, o serán los funcionarios? ¿En virtud de qué condición una persona se considera competente para hacerse elegir y no cumplir con sus funciones diligentemente?

 

Enviado a SURCOS Digital por Oscar Solano.

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