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Etiqueta: agua

Tala de árboles y construcción sin permisos dentro del humedal de la naciente La Estrella

Municipalidad de Naranjo y MINAET de Grecia no tomaron a tiempo cartas en el asunto, ahora deberán asumir su responsabilidad legal frente a los delitos ambientales que están sucediendo.

Vecinos informan acerca de tala de árboles dentro de la zona protegida de la naciente La Estrella en El Rosario de Naranjo, al parecer las construcciones sin permiso y sin acato a las leyes ambientales del país, han derribado árboles dentro del humedal de la naciente, causando daños irreparables al talar árboles centenarios, patrimonio natural del país.

A pesar de que tanto autoridades de la Municipalidad de Naranjo como del MINAET de Grecia ya poseen conocimiento del tema y han recibido denuncias como las interpuestas en el MINAET de Grecia, ambas autoridades no han tomado cartas en el asunto, ahora tras este daño dentro del humedal de la naciente deberán rendir cuentas como corresponsables de los hechos y enfrentar la amplia normativa ambiental que protege a las nacientes y a sus zonas protegidas.

Vecinos del Rosario de Naranjo hacen un llamado a ambientalistas, organizaciones, personas interesadas en el tema en general, a brindar apoyo para enfrentar esto que está sucediendo ya que las autoridades oficiales no lo están haciendo y se continúa destruyendo el medio natural.

La naciente La Estrella, está ubicada en El Rosario de Naranjo, unos 300 metros después de la Escuela Santa Margarita a mano izquierda sobre carretera, se accede a través de la calle al Rosario de Naranjo.

Fotografías: Vecinos de la comunidad.

Información enviada a SURCOS por Édison Valverde Araya.

Día mundial del Agua en Costa Rica: nunca antes el líquido vital ha estado más en riesgo

(Bloque Verde, 22 de marzo 2023) En la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, las Naciones Unidas propuso la fecha del 22 de Marzo como el Día Mundial del agua. Tres décadas se cumplen de que el planeta celebra la fecha y nunca había estado más amenazada el agua en Costa Rica.

El país que más usa agroquímicos en el mundo parece estar decidido a continuar con este desdeñoso mérito. Costa Rica importa más de diecinueve millones de toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos anualmente, de los cuales en su inmensa mayoría son catalogados como altamente peligrosos o directamente están prohibidos en otras partes del mundo. Es decir, somos el basurero planetario de plaguicidas que otros no quieren.

La factura de esto es evidente, se reportan oficialmente más de 22 acueductos comunitarios contaminados con plaguicidas en el país. Los responsables (importadores de venenos, casas comerciales, empresas agroexpotadoras, Sistema Fitosanitario del Estado) no se han responsabilizado por el daño causado y más bien dicen ser objeto de acoso por parte de comunidades y organizaciones sociales que reclaman la contaminación.

Pareciera que haber elevado el Derecho al Agua a nivel constitucional, en la legislatura anterior, a sido letra muerta y hay mucho por hacer desde las instituciones del Estado para garantizar este derecho . El Laboratorio Nacional de Aguas sigue siendo un “cuchitril” (así descrito por sus mismos funcionarios) sin capacidad de análisis de los agroquímicos que hoy amenazan el agua de la gente. En cambio solo pueden detectar 24 moléculas de agrovenenos de las caso 250 que ingresan al país.

La contaminación con mercurio en Crucitas no solo amenaza la salud de miles de personas en Cutris de San Carlos, sino que además podría estar ya presente en el Río San Juan y en los humedales del de Barra del Colorado y Tortuguero (afluentes de San Juan). Mientras tanto el Gobierno de Rodrigo Chaves sigue desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional que le ha dicho que debe de sanear la contaminación por mercurio en la zona. En lugar de eso plantea un Decreto de Emergencia que no solicitaría en nada esta situación.

En la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente 23.511. Iniciativa que dista de lo que el país necesita en materia de conservación de las fuentes de agua y dejaría el camino zanjado para un mayor dominio del sector privado sobre el agua en Costa Rica de paso eliminando cualquier espacio de participación.

Sumado a esto, otro proyecto de ley, expediente 22.709 que legalizaría los pozos y los desvíos de ríos ilegales. Con 46 diputados a favor y seis en contra, el plenario legislativo aprobó en primer debate en enero pasado el proyecto de ley de amnistía que permitirá a los grandes productores a agropecuarios y hoteleros a legalizar el robo de agua.

Por último saludamos a las comunidades como Cipreses de Oreamuno en Cartago que ha realizado una campaña ejemplar y esperanzadora para defender el derecho al agua limpia y libre de agroquímicos, enfrentando la aplanadora y asedio de los señores del veneno y la desidia de la mayoría de instituciones públicas.

Evento paralelo – Conferencia 2023 de la ONU sobre el agua

Únase a nuestro evento paralelo en la Conferencia 2023 de la ONU sobre el Agua ante la urgencia de traer nuevas voces para desafiar las estrategias corporativas para el agua y proponer alternativas sistémicas.

Esta sesión será liderada por representantes de la justicia del agua y coaliciones en diferentes cuencas de América Central, suroeste de EUA y Oriente Medio.

El propósito de la sesión es crear espacios seguros para cuestionar con valentía, pero con compasión y proponer alternativas a la creciente influencia de las corporaciones en la política global del agua y a nivel de la cuenca.

Fecha: martes 21 de 2023 9:00 – 10:30 AM EST (7:00 – 8:30 AM Centroamérica) (Interpretación en español, francés y árabe).

ID de la reunión Zoom: 847 9975 8467 Código de Acceso: 725373

Concejo Municipal de Belén aprueba nueva tarifa hídrica sin conocer si hogares seguirán subsidiando otras categorías

  • Rebajas proyectadas no alcanzan ni la mitad del aumento aprobado en 2022

  • Concejo Municipal aprobó la tarifa con tan solo unas pocas horas de haberse recibido el estudio

  • Fracción de Unión Belemita justifica voto negativo

Tras casi un año de haber aprobado un aumento de entre el 60% y el 100% en la tarifa del agua, el Concejo Municipal validó los nuevos estudios recibidos menos de 6 horas antes del inicio de la sesión municipal 05-2023 del pasado martes 24 de enero.

Estos estudios se habían solicitado para enmendar los errores cometidos con la tarifa vigente, que, entre otros aspectos, pusieron a pagar un aumento mayor a quienes menos consumen, y uno menor a quienes más consumen.

VER VIDEO:

Sin embargo, pese a una rebaja planteada en algunos casos del -23,9% y de -10,3%, quedaron dudas pendientes que no fueron respondidas antes de votar apresuradamente la validación de los estudios, motivo que llevó a la fracción de Unión Belemita a votar en contra.

Desde Unión Belemita se pidió que se aclarara con exactitud si la tarifa domiciliar estaría subsidiando a otros tipos de tarifas como la reproductiva, que es las de los comercios que utilizan el agua para sus procesos productivos.

El estudio realizado por ANC Consultores, -misma empresa que había realizado el estudio el año anterior- no presentó el dato de cuanto porcentaje de ingreso representa cada una de las tarifas, cuestión que no permite verificar si un tipo de tarifa estaría subsidiando a otra.

También se consultó por las inversiones que proyecta hacer el Acueducto municipal por más de mil millones de colones, debido a que las mismas no venían especificadas en el estudio de ANC Consultores.

Esta situación impidió corroborar que ninguna tarifa este subsidiando a otra, tal cual, y como había aprobado el Concejo Municipal en el punto primero del encuadre que debía tener la nueva tarifa del agua en Belén

https://youtu.be/KU21ZvaFv-E.
Ilustración 1Pliego tarifario vigente. Tomado del estudio de ANC Consultores.
Ilustración 2 Nuevas tarifas propuestas. Tomado del estudio de ANC Consultores.

Reacciones

Las y los regidores de Unión Belemita reiteraron que están de acuerdo con las rebajas, pero hacía falta aclarar las dudas y evaluar con la información completa si este rebajo realmente era el suficiente para hacer justicia y permitir unas finanzas saludables al Acueducto.

‘’Saludo el hecho de que haya una rebaja en la tarifa domiciliar de 23,9% en el bloque de 0-15 metros cúbicos y de 10,3% en el bloque de 16-25, sin embargo, me da temor que aprobemos estoy hoy mismo sin tener la respuesta de estas preguntas que tenemos en este momento’’. Afirmó el regidor Ulises Araya.

‘’Yo no sé si ese 23,9% es un alivio tan grande o no, porque la tarifa subió más de un 100%. Hoy vemos que presentan un documento, pero no vienen las dudas planteadas y al menos a mí ya me pasó una vez, me fui por defender el Acueducto, lo voté y resultó un absoluto desastre porque matamos a todo el mundo con la tarifa. Todos sabemos lo que estamos pagando que es un bombazo de plata y ahora que nos digan que es un 23,9%, pero para mí yo no puedo decir si es un pequeño o un gran alivio. Yo de mi parte si quiero leerlo y analizarlo como debe de ser’’. Reiteró la regidora María Antonia Castro.

‘’Creo que es importante que se aclaren todas esas dudas para no cometer los mismos errores en que se incurrieron la vez pasada, también es importante recordar que se tiene que hacer una audiencia con todos los vecinos para saber si están de acuerdo o no. Por eso para mí es importante que se quede en estudio para que los compañeros del Acueducto traigan todas las respuestas y así se apruebe con todo resuelto’’. Advirtió la regidora Marjorie Torres

‘’Creo que las dudas que se han externado son válidas, razonables que todos los belemitas merecen conocer, entonces yo estaría de acuerdo con que se nos mande esa información, especialmente la de los posibles subsidios, en el menor tiempo posible para poder analizarlo con toda la información completa, esa es la sugerencia de este servidor, yo sin esa información no estaría dispuesto a dar el voto positivo’’. Propuso el regidor Luis Rodríguez.

Pese a las peticiones de las regidurías de Unión Belemita de dar al menos una semana de tiempo para que las dudas pudieran ser aclaradas, una mayoría de 3 a 2, decidió dejar avalados los estudios y por consiguiente dar por aprobada la nueva tarifa, misma que ahora tendrá que seguir el procedimiento de audiencia pública y posteriormente ser publicada en el diario oficial La Gaceta con lo que la misma cobrará vigencia.

Contexto

Ante una propuesta de aumento tarifario por parte de la Administración municipal el Concejo Municipal había aprobado una tarifa que significó aumentos en algunos bloques tarifarios de hasta el 100%.

Posterior a unas cartas recibidas por el Concejo Municipal de parte de los vecinos Alexander Porras y William Murillo, indicando errores e injusticia tributaria, el Concejo Municipal decidió posponer la entrada en vigor de la tarifa en un primer momento, pero en un segundo momento y dado que la Administración no había entregado las respuestas a los vecinos, la fracción de Unión Belemita propuso en la sesión 21-2022 del 7 de abril del 2022, extender un mes más la prórroga para que entrara en vigencia la tarifa. Esta propuesta fue rechazada por parte de las fracciones del PUSC y el PLN ocasionando así que entrara en vigencia la tarifa actualmente vigente.

Finalmente, cuando se genera consciencia entre estas fracciones de que efectivamente los estudios de soporte de la nueva tarifa estaban malos, se presenta la propuesta de realizar unos nuevos estudios para enmendar los errores en la tarifa del agua y en los acuerdos de referencia 2834-2022 y 3324-2022 se aprueba el encuadre que la tarifa debía tener, a saber:

  1. Ningún sector debe subsidiar a otro, salvo en la tarifa social. 2. Que se actualicen todos los usos del agua, no solo algunos. 3. Costos ascendentes para aquellos usuarios que más agua potable usan.

San Antonio de Belén, 1 de febrero del 2023

 Ver articulo 34, pagina 119: https://www.belen.go.cr/documents/20181/124620/28-2022.pdf 

 Ver articulo 24, pagina 74: https://www.belen.go.cr/documents/20181/124620/33-2022.pdf 

Plaguicidas en Costa Rica: “El agua y su cuido como bien común”

Conversatorio

El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se realizó en la Asamblea Legislativa el conversatorio titulado, “Plaguicidas en Costa Rica: el agua y su cuido como bien común”, con un énfasis en la problemática de la contaminación producida por los plaguicidas en el agua de consumo, y sus consecuentes implicaciones para la salud humana. Tiene la finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento a las posibles rutas de acción entre todos aquellos grupos y personas que tengan el compromiso de conservar y cuidar el agua, en seguimiento además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el interés individual de conservar y mantener este recurso. 

El conversatorio fue organizado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa en conjunto con su despacho y contó con la participación de un panel conformado por la consultora del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Sra. Rebeca Alvarado Prado; el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Ricardo Morales Vargas; el coordinador del Programa de Vigilancia para la Calidad del Agua para el Consumo Humano del Ministerio de Salud, el Sr. Alvin Badilla Mora; el coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas (LAREP) y a la vez quién es también el subdirector del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el Sr. Clemens Ruepert, y en representación del Frente Eco Cipreses, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez. 

La consultora Rebeca Alvarado Prado expusó y socializó las implicaciones y afecciones para la salud humana del uso de agroquímicos; enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, intoxicaciones leves o agudas, toxicidad crónica, enfermedades respiratorias, endocrinas, parkinson, cáncer de mama, de tiroides, de ovario, de pulmón, entre otros. Comenta que el diazinon, glifosato y paraquat son los principales plaguicidas causantes de las intoxicaciones; menciona que la principal profesión relacionada con las intoxicaciones son peones agrícolas, principalmente de cultivos piñeros. Recomienda y considera que a nivel país se deben de generar los mecanismos mediante los cuales se proteja a la población que trabaja y utiliza los distintos plaguicidas y hace una mención además de las implicaciones económicas para el Estado del mal uso de los plaguicidas. 

El Sr. Ricardo Morales Vargas, junto con el Sr. Alvin Badilla Mora, expusieron la problemática de los plaguicidas en el agua para el consumo humano. Señalan que el riesgo que el recurso hídrico pueda contaminarse es sumamente alto en el país. Mencionan que actualmente hay acueductos clausurados en varias zonas del país, debido a la contaminación por plaguicidas. Se señala una baja capacidad técnica para la vigilancia y monitoreo en todos los acueductos del país, ante causas técnicas y presupuestarias. Plantean retos como poca claridad en la ejecución de la ley debido a una mala interpretación de las distintas leyes en torno al tema, mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional y la poca cantidad de muestreos que se han realizado a las fuentes hídricas, lo que no permite conocer en totalidad las zonas y poblaciones afectadas y utiliza como ejemplo los casos de la Asada de Cipreses y Santa Rosa con clausura en el abastecimiento de agua potable. 

El Sr. Clemens Ruepert menciona la importancia que tiene la ciencia y la investigación a la hora de tratar las implicaciones del uso de los plaguicidas y como forma de avanzar en beneficio de la salud y de los recursos. Además, opina que la forma de abordar la problemática es mediante la prevención. Dirige un mensaje que debe de haber mayor claridad a la hora de abordar la problemática y las implicaciones para el recurso hídrico.

Finalmente, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez quien representa y comparte la problemática que enfrenta la sociedad civil, en especial la zona de Cipreses, en la que mediante la organización y lucha de ciudadanos civiles han logrado avances en la mejora del agua, recursos como la interposición de recursos de amparo. Sin embargo, menciona la gran problemática no solo para la salud pública de miles de personas, sino también lo difícil y complicado de la red institucional para la resolución de la contaminación hídrica a causa de plaguicidas. Mencionó el gran daño en las fuentes hídricas en Cipreses, en las que mediante diferentes análisis se han encontrado altas moléculas contaminantes. 

Compartimos el conversatorio completo:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Confraternidad Guanacasteca: “Gobierno de Rodrigo Chaves condenado por Sala Constitucional”

En Sentencia 2023 – 000483 de las nueve horas quince minutos del trece de enero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, de los 7 magistrados.

En el POR TANTO se lee:

“Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria”

“Se declara con lugar el recurso.”

“se ordena a Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia y a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, …, que dentro el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde respuesta al recurrente sobre la gestión presentada en fecha 01 agosto 2022.”

“Se le advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, …”

La gestión interpuesta por GADI AMIT presidente de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, reclama la falta de respuesta del señor Presidente de la República a una carta que se le envió y recibió en Casa Presidencial el día 1 de agosto de 2022.

El tema consultado es el agua, pozos ilegales y otros relacionados.

La SENTENCIA fue redactada por el Magistrado Cruz Castro

III.- HECHOS PROBADOS.

1. El día 01 de agosto de 2022, el recurrente remitió al correo electrónico:

despacho.presidente@presidencia.go.cr; un oficio dirigido al presidente de la República, en la que manifestó en lo que interesa: «(…)

Básicamente solicitamos criterio del señor Presidente Chaves

“sobre el proyecto, en la Asamblea Legislativa, expediente 22709, Proyecto «Amnistía para el Ordenamiento de Pozos no Inscritos y Otorgamiento de Concesiones para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico en Actividades de Producción Agropecuaria» (…)

En la Motivación del proyecto 22709, se menciona empresas que exportan productos agrícolas, principalmente frutas, piña, melón, sandía, banano, cuyo principal componente es AGUA. Y lo hacen sin tener derechos al uso legal de este recurso hídrico. Lo roban.

Cometen el delito de Usurpación de agua artículo 226 Código Penal.

Los compradores- de frutas piden – CERTIFICAR el producto y los exportadores no pueden. Están engañando a sus clientes. Por el buen nombre de Costa Rica, la imagen en el exterior, esto es un pecado mayor.

Uno de los puntos esenciales de la promesa electoral de este gobierno fue, terminar con la corrupción.

Entonces solicitamos una clara posición ante esta grave situación.

“Durante el gobierno anterior, se hizo una amnistía similar, pero vía Decreto Ejecutivo No. 41851-MPMINAE-MAG. En realidad, se han hecho 3 amnistías de pozos ilegales vía Decretos. Una en 2002, otra en 2010 y la tercera en 2019.”

Eso no ha solucionado el problema.

“Dice SENARA DIGH- 027-2022 ente técnico competente en este tema. Asunto: Criterio sobre el Expediente Legislativo No. 22.709, «AMNISTÍA PARA ELORDENAMIENTO DE POZOS NO INSCRITOS Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

1. Se continuaría promoviendo e incentivando la perforación ilegal de pozos incumpliendo lo que se establece en la Ley de Aguas, ya que la perforación ilegal es una práctica muy común en el país. 2. Los tres anteriores procesos de amnistía no desincentivaron la perforación ilegal y más bien han colaborado a que se continúe con esta mala práctica, a la espera del siguiente decreto de amnistía que les permita inscribir los pozos ilegales. 3. No se solicita la información técnica del pozo como la profundidad de perforación, armado, diámetro de la tubería, análisis de calidad de agua, por lo que este registro no aporta información para valorar la viabilidad de explotación del pozo perforado y así mismo realizar investigaciones hidrogeológicas. 4. No se justifican cuáles son los caudales a solicitar y concesionar, no existe un estudio técnico que justifique la extracción del agua del acuífero. 5. No se solicita estudios de uso del suelo alrededor del pozo y por lo tanto no se puede evaluar las condiciones de riesgo a la contaminación a la que puede estar expuesto el acuífero debido a la explotación del pozo y por las actividades agropecuarias que se desarrollan en su entorno. 6. Según el artículo 3 el pozo será inscrito y de manera concomitante será concesionado y en el artículo 8 se indica que el solicitante podrá mantener el aprovechamiento del agua en las condiciones en las que viene haciéndolo, por lo que esta amnistía estaría permitiendo el aprovechamiento de pozos que legalmente no cumplen con los lineamientos de ley y/o técnicamente no deberían ser explotados por los riesgos a la afectación de la calidad o cantidad del agua subterránea, condición bajo las cuales fueron denegados pozos presentados en las tres amnistías pasadas. 7. Con las condiciones establecidas en el decreto se corre riesgo que entren a solicitud de inscripción pozos que ya fueron rechazados en las amnistías pasadas, que fueron denegadas las solicitudes de perforación y/o que se encuentran con orden o proceso de cierre. Por lo anterior, la DIGH del SENARA cree que no es conveniente para la sostenibilidad del recurso hídrico que se lleve a cabo el proyecto de ley del Expediente N.º 22.709 que tiene por objeto establecer una amnistía para inscribir los pozos que, a fecha de su entrada en vigencia, no se encuentren registrados ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía.

¿Qué responde el señor Presidente a este pronunciamiento de SENARA?

Le solicitamos al señor Presidente informarnos sobre sus planes y medidas sobre el manejo del agua.

La sostenibilidad del recurso hídrico es esencial para garantizar el futuro del país. Y con el cambio climático no podemos garantizar el régimen de lluvias y las aguas que tendremos disponibles. Solo podemos controlar el volumen de aguas que usamos o extraemos. Si se legalizan esos pozos, hoy perforados y explotados ilegalmente, sin estudios y seguridad de que no afecten acuíferos, otros derechos y servicios públicos, se estaría hipotecando el futuro del país, para entregarlo a manos de quienes violaron las leyes. El agua es el ÚNICO medio de producción, en manos del estado, que puede y debe ser planificado para servir de regulador, para asignarlo en volumen y condiciones determinadas a los diversos sectores económicos y sociales de Costa Rica, según un objetivo del país deseado. Desde el punto de vista social, usarse donde es prioritario (agua potable). Desde el aspecto económico definir o privilegiar en cantidad y costo, los cultivos de canasta básica o pequeños agricultores u otros criterios. Donde está el problema. El problema está y es la Dirección de Aguas de MINAE, que no cumple con sus deberes y obligaciones de controlar la perforación y explotación de pozos ilegales, morosos o con concesiones vencidas. (…)».

Sobre todo esto, preguntamos y ahora debe responder el gobierno.

Nosotros como ambientalistas comprometidos, defendemos el principio de agua para todos los habitantes a un precio justo y equitativo. Queremos sostenibilidad del recurso hídrico.

Como estamos seguros de lo que afirmamos y porque tenemos documentos que confirman que la administración del agua en el MINAE está incumpliendo con las leyes vigentes y entregando la mayoría del agua regalada a unos pocos “amigos”, grandes y poderosos, podemos informar que se están tramitando dos denuncias penales, sobre este problema.

Expediente 22- 000178-1218-PE contra el ex diputado CRUIKSHANK SMITH y otros por APOLOGIA DEL DELITO Y ASOCIACIÓN ILICITA.

Expediente 22- 000018-1955-PE contra JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN director de aguas de MINAE desde hace 34 años, por grave VIOLACIÓN A LEY DE AGUAS.

Está pendiente de sentencia una Acción de Inconstitucionalidad Expediente 22-001372-0007-CO que aportaría al ESTADO recursos frescos por más de 600.000 millones de colones anualmente.

Esperamos que este 2023 nos traiga un poco de justicia y un verdadero ordenamiento en el manejo del agua en Costa Rica.

Daremos a conocer las respuestas, cuando las recibamos.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

ANEXO

  • SENTENCIA SALA IV
  • GACETA da curso ACCION INCONSTITUCIONALIDAD

Agradeceremos mucho toda divulgación y ecos que le den a este comunicado.

Sus muestras de apoyo serán bien recibidas en cuenta BCR Confraternidad Guanacasteca, Sinpe Móvil 8826-8216

SURCOS comparte los documentos aportados por la Asociación Confraternidad Guanacasteca:

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.

Agua en la COP27: sigue disputa entre negocios y derechos de los pueblos

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.

El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.

LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”

En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.

Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).

En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.

En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.

SIN AGUA Y MÁS POBRES

Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:

  • “2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.
  • Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua.
  • Más de la mitad de la población -4.200 millones de personas- carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
  • 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
  • El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua”.

Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.

En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).

Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.

Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.

En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.

NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA

Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índice NQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.

Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sin agua a pueblos enteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como Costa Rica, la agroindustria del monocultivo de piña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigados con tóxicos.

Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?

Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:

  • Excluir de cualquier línea de financiamiento la explotación de agua para la industria hidroeléctrica, pues mientras ésta no se reconozca como energía sucia y contaminante, la tercera parte de los ríos del planeta que quedan libres, podrán ser represados o drenados.
  • Garantizar que las industrias energéticas y agroindustriales sean controladas y del todo excluidas de territorios vulnerables, y que respeten los derechos de los ecosistemas, de la gente, del agua y de los ríos. Europa, por ejemplo, no deja de hablar de “compromisos” pero se está “re-carbonizando” y pospuso el cierre de minas de carbón de 2030 hasta 2049.
  • Impedir que se legisle, facilite y justifique la explotación del agua para cualquier negocio privado de uso productivo como los monocultivos extensivos, o el megaturístico de los llamados “polos” de desarrollo, que en muchos casos conllevan al establecimiento de enclaves de inversión externa, o bien privados nacionales.
  • Asegurar que el agua y los servicios sociales derivados de ella sean reconocidos y operados efectivamente como un derecho humano. Esto implica que los Gobiernos y la institucionalidad internacional controlen y limiten cualquier negocio local, nacional o global, que no cumpla este requisito.
  • Es impostergable que el agua sea distribuida con equidad, solidaridad y entregada sin costo a la gente más pobre que no pueda pagarla. Todas las vías de privatización son peligrosas, pero en este momento merece cuidado especial la transacción de “futuros del agua”, se si bien se localiza geográficamente, es un negocio global que amenaza la totalidad de fuentes de agua del planeta.
  • Los usos prioritarios del agua deben iniciar con la protección de los ecosistemas, seguida del consumo humano, la producción para la seguridad alimentaria y otros usos de carácter colectivo y solidario.
  • Una urgencia prioritaria en todo el mundo es iniciar la eliminación del negocio del agua embotellada que no es más que una estafa que ha servido para privatizarla, y es, además, un foco de conflictos en los que los pueblos y los ecosistemas generalmente pierden ante los gobiernos y las empresas privadas.

UCR: Guanacastecos luchan por agua de calidad

Un proyecto de Acción Social promueve una cultura de vida alrededor del agua

Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

El agua es indispensable para la vida, pero al hablar de vida no solamente se refiere a la humana. La vida del planeta debe pensarse como un solo ecosistema con múltiples y maravillosas formas; y pese a la vorágine extraccionista algunas siguen sin explorarse e incluso existen especies sin descubrirse.

Y uno de los recursos que incide en la salud planetaria es el agua, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera como el epicentro del desarrollo sostenible y un elemento clave para el crecimiento socioeconómico, la energía, la producción agrícola y la supervivencia de los ecosistemas globales.

Incluso, el agua es el eje de muchos de los Objetivos del Desarrollo de la Agenda 2030, sobre la que la Universidad de Costa Rica, mediante diversos proyectos, adquirió un compromiso institucional para contribuir a su alcance. Uno de esos es el denominado “Lo que cuenta el agua en la Región Chorotega” (EC-587), un esfuerzo de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) que se ejecuta en la Sede Regional de Guanacaste (SG-UCR).

El EC-587 se orienta a fortalecer la participación comunitaria y los procesos educativos, ya que son herramientas que permiten modificar los patrones de integración social en la resolución de conflictos socioambientales. Además, mediante la formación de profesionales en la carrera de Salud Ambiental, de la Escuela de Tecnologías en Salud, de la Facultad de Medicina de la UCR, se busca que sigan contribuyendo a los procesos comunitarios en aras de un mayor desarrollo social, económico, ambiental y en el aseguramiento de las condiciones sanitarias básicas.

Según el magister Yordan Brenes Vargas, coordinador del EC-587, una de las metas es evidenciar que el agua es un elemento común en las comunidades para que las personas disfruten de una salud integral y al mismo tiempo sea un factor de crecimiento económico en sus regiones. Y como parte del mismo, y que consideró un insumo significativo para continuar los procesos sociocomunitarios, se produjo una serie de audiovisuales que abordan los problemas que enfrentan comunidades en los cantones de Cañas, La Cruz, Abangares, Hojancha y Santa Cruz, de la mano de la comunicadora Hannia Rodríguez Jiménez y el realizador Pedro Murillo Rodrigues, ambos destacados en la Unidad de Comunicación de la VAS.

Aunque entre los poblados existen distintos desafíos, cada uno presenta sus particularidades. “En Los Andes, del cantón de La Cruz, participamos en un proceso para fomentar la organización del acueducto comunitario; en Hotel, ubicado en Cañas, uno problema grave era la contaminación de las fuentes por arsénico, sin duda requería una solución en la calidad del agua. Por su parte, en Colorado, Abangares, la dureza del líquido es un reto por superar, ya no es potable debido a los altos niveles de minerales y sales debido a la cercanía de la costa”, explicó Brenes.

Además, “queremos visibilizar que las problemáticas del recurso hídrico en la región, porque las personas solo piensan en la sequía, pero existe de fondo un problema de la cantidad y calidad, y estas producciones audiovisuales parten de la voz de las personas que viven los problemas en sus propias comunidades”, agregó el profesor Brenes.

DESAFÍOS INMEDIATOS

De acuerdo a las personas gestoras del proyecto EC-587, cada comunidad tiene sus propios retos y preocupaciones para tener acceso a agua potable de calidad. En lo primero, la crítica recurrente es que la distribución del líquido no es equitativa y no se reparte según las necesidades de cada poblado. “Se priman otros usos al consumo humano, que debería ser el primero de los criterios; mientras en algunos barrios no hay líquido en otras regiones las empresas dedicadas a la actividad turística tienen suficiente”, explicó Brenes.

Asimismo, en la región Chorotega la ausencia de infraestructura y las pocas inversiones del Estado son parte del olvido, que son anotadas como promesas electorales que gobierno tras gobierno y finalmente quedan en el papel. Otras de las principales preocupaciones expresadas por las personas es la falta de acompañamiento técnico en cuanto a los procesos y tecnologías más adecuadas para llevar agua de calidad a cada casa. Igualmente, y no menos importante, es la ausencia de financiamiento para que los acueductos comunitarios (Asadas), especialmente los más pequeños, puedan enfrentar las compras de insumos, equipos y tecnologías.

Otra de las preocupaciones de las actuales dirigencias es cómo incentivar la participación ciudadana, más allá del pago de los recibos mensuales, más bien que “la gente se identifique con las Asadas, en torno a una cultura del agua y el cómo hacer el relevo generacional, porque la mayoría está dirigida por personas adultas y muy pocos jóvenes muestran interés en integrarse a estas organizaciones, se explica en parte por la cultura adultocentrista que impera en el país”, detalló el investigador.

LA CULTURA DEL AGUA

Con los videos producidos con el acompañamiento de la VAS se inició la fase de devolución de la experiencia recogida en dichos audiovisuales, incluso se logró montar una obra de teatro y se ha dado acompañamiento en temas de agua a tres comunidades para trascender a otros aspectos de la gestión comunitario y la administración del recurso hídrico.

“Continuamos en contacto con las administraciones de Asadas, y otras instancias como municipalidades que han estado presentes en este proceso. La idea es ampliar ese mapeo de actores vinculados a la problemática del agua. Estamos empezando con unas entrevistas para profundizar como las personas perciben el vínculo comunidad-cultura-agua, en la línea de ‘nada de nosotros sin nosotros’, ya que el componente participativo es el fuerte de este proyecto”, detalló el coordinador.

Brenes recalcó que la idea es que las estrategias en la gestión del agua surjan de las mismas personas, y que con el apoyo institucional se logren mantener a lo largo del tiempo. “El tema de la participación es complejo, no solo es convocar a las comunidades; pero por otra parte instituciones, como la SG-UCR, tenemos recursos muy limitados, pero estamos muy comprometidos en darle seguimiento a este proyecto.

MÁS ALLÁ DEL GUANACASTE

Gracias a recursos obtenidos en Fondos de Regionalización, el EC-587 se propuso replicar la experiencia lograda en Guanacaste en la región Caribe. Como un primer paso, se producirán una serie de videos en tres comunidades ya identificadas en Cariari, Guápiles, en el cantón de Pococí, y el distrito de Sixaola, en Talamanca, labor que se logrará gracias a estudiantes de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva (ECCC), de la UCR.

“La idea contó con apoyo del sociólogo José Luis Fournier Rodríguez, colaborador del proyecto y que es oriundo de la región Caribe y a los contactos de otros proyectos de la VAS que están en esa zona; así logramos escoger estas comunidades, que al igual que las que trabajamos en Guanacaste, presentan problemáticas relacionadas con la calidad del agua”.

Aunque existen recursos limitados, el equipo coordinador del proyecto espera hacer la devolución durante el año 2023. El EC-587 integra el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, del sociólogo Fournier y de la master Luisa Rojas Zamora, salubrista ambiental especializada en Ciencias y Gestión del Agua.