(Bloque Verde, 22 de marzo 2023) En la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, las Naciones Unidas propuso la fecha del 22 de Marzo como el Día Mundial del agua. Tres décadas se cumplen de que el planeta celebra la fecha y nunca había estado más amenazada el agua en Costa Rica.
El país que más usa agroquímicos en el mundo parece estar decidido a continuar con este desdeñoso mérito. Costa Rica importa más de diecinueve millones de toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos anualmente, de los cuales en su inmensa mayoría son catalogados como altamente peligrosos o directamente están prohibidos en otras partes del mundo. Es decir, somos el basurero planetario de plaguicidas que otros no quieren.
La factura de esto es evidente, se reportan oficialmente más de 22 acueductos comunitarios contaminados con plaguicidas en el país. Los responsables (importadores de venenos, casas comerciales, empresas agroexpotadoras, Sistema Fitosanitario del Estado) no se han responsabilizado por el daño causado y más bien dicen ser objeto de acoso por parte de comunidades y organizaciones sociales que reclaman la contaminación.
Pareciera que haber elevado el Derecho al Agua a nivel constitucional, en la legislatura anterior, a sido letra muerta y hay mucho por hacer desde las instituciones del Estado para garantizar este derecho . El Laboratorio Nacional de Aguas sigue siendo un “cuchitril” (así descrito por sus mismos funcionarios) sin capacidad de análisis de los agroquímicos que hoy amenazan el agua de la gente. En cambio solo pueden detectar 24 moléculas de agrovenenos de las caso 250 que ingresan al país.
La contaminación con mercurio en Crucitas no solo amenaza la salud de miles de personas en Cutris de San Carlos, sino que además podría estar ya presente en el Río San Juan y en los humedales del de Barra del Colorado y Tortuguero (afluentes de San Juan). Mientras tanto el Gobierno de Rodrigo Chaves sigue desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional que le ha dicho que debe de sanear la contaminación por mercurio en la zona. En lugar de eso plantea un Decreto de Emergencia que no solicitaría en nada esta situación.
En la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente 23.511. Iniciativa que dista de lo que el país necesita en materia de conservación de las fuentes de agua y dejaría el camino zanjado para un mayor dominio del sector privado sobre el agua en Costa Rica de paso eliminando cualquier espacio de participación.
Sumado a esto, otro proyecto de ley, expediente 22.709 que legalizaría los pozos y los desvíos de ríos ilegales. Con 46 diputados a favor y seis en contra, el plenario legislativo aprobó en primer debate en enero pasado el proyecto de ley de amnistía que permitirá a los grandes productores a agropecuarios y hoteleros a legalizar el robo de agua.
Por último saludamos a las comunidades como Cipreses de Oreamuno en Cartago que ha realizado una campaña ejemplar y esperanzadora para defender el derecho al agua limpia y libre de agroquímicos, enfrentando la aplanadora y asedio de los señores del veneno y la desidia de la mayoría de instituciones públicas.