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Etiqueta: Áreas Silvestres Protegidas

Presunta deforestación ilegal dentro del Refugio Maquenque y la Trocha Fronteriza

  • Actividades de extracción de madera se dan bajo y amparo de un decreto de 2016
  • Vecinos temen que se esté talando bosque ilegalmente

 

FECON, 27 de junio 2018. Vecinos del Cantón de Sarapiquí han denunciado desde enero del presente año la posibilidad de que el permiso de sacar madera caída en Áreas Silvestres Protegidas este fuera de control y con poca fiscalización por parte de funcionarios públicos. Así lo denunció Néstor Mata, regidor de la Municipalidad de Siquirres, y miembro del Consejo Regional del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central.

Existe un decreto que permite el aprovechamiento de madera caída emitido al momento de la emergencia nacional provocada por el Huracán Otto hace año y medio. El Decreto N° 40099-MINAE del 27 de diciembre de 2016 menciona que “establece las regulaciones para que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en su condición de Administración Forestal del Estado (AFE), él través de sus oficinas ubicadas en los sitios comprendidos en la declaratoria de Emergencia Decreto Ejecutivo N° 40027-MP, evalúen y tramiten en forma expedita las solicitudes para el aprovechamiento, de los árboles caídos o partes de éstos con secciones aprovechables ocasionados por el Huracán Otto, en terrenos de bosque, de uso agropecuario, de plantaciones forestales, de Sistemas Agroforestales o árboles plantados individualmente.”.

La Federación Para la Conservación de la Naturaleza mediante una carta dirigida al Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez solicitando información al respecto de estas denuncias de posible abuso de la extracción y una lista sobre las personas solicitantes de estos permisos de explotación.

Según dice la carta de FECON “…estamos muy alarmados debido a que hemos recibido múltiples denuncias sobre extracción de madera irregular en muchas fincas en la zona del Refugio Mixto Maquenque. Agradecemos nos comente sobre los controles que existen para que el decreto N° 40099-MINAE se esté dando de forma responsable y sin dañar el bosque de la zona”.

 

Información al teléfono: 8310 3002.

 

Enviado por FECON.

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Frente por la Vida: Carta al Presidente Alvarado en solicitud de veto Proyecto Ley AGUA contra Áreas Silvestres Protegidas

Reciba cordiales saludos de las organizaciones que integramos el FRENTE POR LA VIDA.

Por este medio le solicitamos encarecidamente que ejerza su poder de veto para frenar el Expediente N° 20447 “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONEXAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa.

Dado que con esta ley se autoriza con tan sólo un decreto de interés, cualquier tipo de explotación de agua potable dentro de todas las de Áreas Silvestres Protegidas, es nuestro criterio que este proyecto es una iniciativa altamente dañina y peligrosa, pues permite al AyA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, intervenir, afectar e inclusive destruir áreas silvestres protegidas por leyes ambientales, como lo son nuestros Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Humedales RAMSAR, las cuales actualmente están oportuna y sabiamente protegidas por diversas leyes.

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta completa.

Solicitud de veto Proyecto 20447 v4

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por María Elena Fournier.

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Embalse de Río Piedras y la politiquería de alto impacto ambiental

  • Amenaza sísmica del embalse no ha sido estudiada
  • Compensación de biodiversidad no está garantizada
  • Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
  • Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste

 

Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.

Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.

Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.

Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”

Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.

El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.

Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.

Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”

Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.

Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.

El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.

Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.

Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.

 

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.

 

Información:

Henry Picado, teléfono 87609800

Jorge Lobo,teléfono 86868649

Gadi Amit: 88268216

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado por FECON.

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El silencio tóxico

  • Desde hace 8 años el CICA ha evitado publicar datos sobre la contaminación de agua por agroquímicos usados por piñeras

 

FECON, 15 de junio 2018. La prestación de resultados por parte del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR sobre contaminación de plaguicidas en agua de la Zona Norte de Costa Rica fue el resultado de un proceso de presión política para que salieran a la luz pública algunos de los datos que este centro aparentemente se negaba a publicar. Esto se dio como resultado de la presión ejercida sobre el CICA desde el despacho del diputado José María Villalta.

Esta información fue recabada desde 2015. Para ese momento el CICA ya tenía evidencia de que el agua de estas comunidades estaba contaminada no lo reportó hasta el 14 de junio de 2018. Este silencio de tres años puede estar costando a muchas personas su salud. Un centro de investigación financiado con fondos públicos tiene el compromiso ético-profesional de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas.

Desde 2015 el CICA tiene datos que confirman que alguno de los puntos de muestro están contaminados con bromacil (herbicida), ametrina (herbicida), diuron (herbicida), metalaxil (fungicida), carbendazim (fungicida) y hexazinona (heribicida) pero no los había hecho públicos. Lo más grave es que algunos de los 32 sitios maestreados son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.

Este centro de investigaciones no sólo ha ocultado información sobre contaminación de agua por agroquímicos en comunidades de la Zona Norte, sino que esta práctica es reiterada. El CICA también se ha negado a publicar otros datos sobre contaminación en una de las cuencas más importantes de nuestro país, el Río Grande Terraba y el Humedal Terraba-Sierpe. La FECON tiene conocimiento que esto datos han sido recopilados desde 2012 sin ver la luz pública. Uno de los ecosistemas de humedal protegidos por el Convenio RAMSAR.

Este tipo de prácticas es una grave falta moral y ética departe de funcionarios públicos que deciden engavetar información clave para el debate nacional sobre el fenómeno de expansión piñera que el país tiene a cuestas.

En FECON hemos sido enfáticos en denunciar en el pasado que existen 5.566 hectáreas deforestadas por las piñeras de forma ilegal, un área equivalente al Parque Nacional Carara. Además se reportan 74 piñeras identificadas por el Centro Nacional de Alta Tecnología de CONARE que desde 2015 por violar la Ley Forestal siguen impunes. También hemos reportado que existen más de 1.112 hectáreas de piña sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas.

Se debe señalar que las consecuencias económicas de la expansión descontrolada de la piña ya estan siendo pagadas por las comunidades y el Estado costarricense. Se calcula ₡2.500 millones de colones cuesta el acueducto nuevo de Milano de Siquierres ya que el viejo se los contaminó una piñera hace más de quince años. Por esta situación el AyA ha desembozado durante este tiempo alrededor de USD$5.000.000 para abastecer agua mediante cisterna a comunidades donde la Piña contaminó sus acueductos comunitarios.

La totalidad del costo social y ambiental de la expansión piñera se desconoce. El país está permitiendo que esta industria devaste gran parte de la riqueza natural y ahora incluso amenaza las fuentes de agua de las comunidades vecinas a sus plantaciones. Por eso se necesita una institucionalidad académica comprometida para investigar de forma responsable los impactos de la industria piñera.

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Información al teléfono: 87609800

 

Ilustración: Raquel Mora

Enviado por FECON

Impacto del narcotráfico sobre la gobernanza participativa y los cambios en los usos de suelo

«… los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social…»

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.
Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.

San José, Costa Rica, 16 de mayo de 2018. Con el fin de esclarecer las razones que llevan a la formación de rutas de tránsito de cocaína en las áreas silvestres protegidas y el impacto generado sobre la gobernanza de la conservación, la Universidad Estatal de Texas, la Universidad Estatal de Oregon y la Fundación Neotrópica, presentaron este miércoles su más reciente investigación sobre los impactos del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Dicha investigación corresponde al Proyecto PEGASuS: bajo el enfoque de la gobernanza participativa para conservar los servicios ecosistémicos y a biodiversidad, financiado por Future Earth, con el fin de identificar el ligamen entre la deforestación anómala y las nuevas rutas de tráfico de drogas en la región del Corredor Biológico Mesoamericano.

La investigación se centra en tres casos de estudio: Guatemala, Honduras y Costa Rica, bajo los objetivos principales de: 1) Evaluar los impactos del tráfico de cocaína sobre los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en América Central a través de indicadores ambientales y económicos; 2) Caracterizar las amenazas a la gobernanza en las áreas silvestres protegidas; 3) Involucrar a actores sociales, gestores de las áreas, investigadores, creadores de las políticas en el refinamiento de la evaluación; y 4) Promover la formación de un observatorio de las consecuencias del tráfico de drogas sobre las áreas protegidas de América Central.

Como parte de la comprobación, el trabajo se centra en las siguientes cuatro hipótesis sobre el impacto del tráfico de drogas en la gobernanza ambiental:

  1. Promueve transformaciones extractivistas del paisaje: El aumento que se da del narcotráfico en América Central acelera actividades extractivistas tales como la ganadería y la minería;
  2. Se aprovecha de los modelos verticales y de mercado de la gobernanza: la narcoactividad capitaliza aquellas actividades no participativas que tienden a dejar el espacio para efectos de control de territorio, tal es el caso del turismo y las plantaciones forestales;
  3. Produce impactos asimétricos en la gobernanza ambiental: los efectos del narcotráfico se darán sobre las áreas protegidas según las condiciones intríncecas de cada uno de los territorios, tales como historia ambiental, institucionalidad, entre otros;
  4. Debilita las coaliciones de conservación: El modelo del narcotráfico no solo genera impactos a nivel de las actividades que promueve, sino también sobre las coaliciones sociales, colocándolas en peligro.

“El elemento fundamental que no se ha capturado en análisis previos siendo importante para la conservación de la región, es el efecto sobre la gobernanza”, señaló Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.

Así mismo, Jennifer Devine, profesora asistente de la Universidad Estatal de Texas, sostiene que los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social “en el caso de un área protegida donde el Estado no tiene mucho poder, como el caso de la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala, la forma de gobernanza más eficaz para proteger la biodiversidad es la gobernanza comunitaria de las concesiones forestales”.

Por su parte, David Wrathall, profesor asistente del departamento de amenazas naturales en la Universidad Estatal de Oregon, destaca que “en el caso de Honduras el modelo de gobernanza participativa es débil, se debe invertir en él. Las comunidades están pagando un precio muy alto, varios comunitarios han sido ejecutados por defender sus territorios en las áreas protegidas. Las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, ellos son los más afectados”. Por otro lado, además asegura que “existe un fenómeno de tránsito y de blanqueo de ganancias ilícitas que se queda en las comunidades para gastar en ciertas inversiones, tal como la ganadería que tienen un alto impacto ambiental”.

Los investigadores subrayan que las implicaciones directas sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan un efecto diferente. En Guatemala y Honduras existe una disputa por el control del territorio, la capitalización de actividades económicas (ganadería, palma, minería, turismo) e inclusive los gobiernos municipales. Por su parte, en Costa Rica se presenta degradación de los servicios ecosistémicos tras la utilización de las áreas silvestres como sistemas de bodegaje, reabastecimiento de combustible y cambio de medio de tránsito.

“El tejido social se erosiona y la gente comienza a tener temor, consideramos que sí hay impactos ambientales que debemos tomar en cuenta si queremos conservar la sostenibilidad de las áreas”, indicó Aguilar. “La solución es la misma, invertir para que no se debilite, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), deberá tener un acompañamiento adecuado de Guardacostas, Dirección de Policías de Fronteras”, esto para el caso específico de Costa Rica, ya que Guatemala y Honduras carece de instituciones como el SINAC que ejerzan injerencia directamente en las áreas silvestres protegidas.

Las áreas protegidas son el blanco perfecto para que las organizaciones de tráfico de drogas establezcan territorios de control dentro de los países de tránsito, más allá del alcance de los esfuerzos de interdicción liderados por el estado, implementando estrategias como socavar las alianzas de gobernanza de conservación existentes, oponerse a las normas y reglas existentes, alterar los beneficios esperados del pago por servicios ecosistémicos entre otros. Estas organizaciones están estableciendo modelos alternativos de gobernanza de los recursos que desafían la autoridad de las agencias de conservación en la región.

Además, en muchos casos las áreas silvestres protegidas coinciden con territorios fronterizos y zonas marinas internacionales, condiciones que facilitan el tránsito de sustancias ilícitas. Ejemplo de ello son los puntos de entrada de drogas de Centroamérica (por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Río Plátano que limita con la costa expansiva de Honduras) y puntos de salida (por ejemplo, el parque nacional Laguna del Tigre en la esquina noroeste de Guatemala, inmediatamente adyacente a la frontera con México) y en el Parque Nacional Corcovado en el sur de Costa Rica, muy cercano a la frontera con Panamá.

Lo agravante de esta realidad es que la afectación va mucho más allá del impacto ambiental sobre las áreas silvestres protegidas, es la factura que esto implica en términos de seguridad para los funcionarios gubernamentales que velan por la protección de estos espacios. A esto se suma la violencia que ha cobrado vidas humanas, catalogando a la región centroamericana como una de las más peligrosas a nivel mundial para activistas ambientales, los afrodescendientes y los indígenas.

La siguiente fase de investigación consistirá en una serie de trabajos de campo en Honduras y Guatemala.

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.
Cambios uso de suelo.

Comunicado enviado por Fundación Neotrópica.

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Política Nacional de Humedales: Hechos y no palabras

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Hoy el gobierno presentó una política sobre los humedales en nuestro país para lo cual hizo una importante inversión de fondos públicos. ¿Qué propone? ¿Su protección? En este país necesitamos palabras respaldadas con hechos y no más letras muertas. ¿Qué acciones ha hecho el actual gobierno como antecedentes a esta normativa?

Desde el pasado 10 de agosto 2016 se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).

Este decreto ya es objeto de una acción de inconstitucionalidad en Sala IV presentada por el ambientalista y especialista Álvaro Sagot y Allan Astorga que fue coadyuvada por FECON.

El decreto tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, canal seco, empresas chinas y grandes empresas constructoras, que gozan de un monopolio de la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.

Con el cuestionado decreto, este gobierno insiste en invadir con tractores las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios de progresividad y de no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado. Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas y la necesidad de construir infraestructura.

Las acciones contra los humedales de la actual administración no se restringen a este caso, la Ruta 257 es otro ejemplo en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari (FECON, 11-7-2016). También el caso de la ampliación de la Ruta 32, es ilustra esta contradicción. Aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.

Las incoherencias en política pública no acaban ahí, porque el gobierno fue quien propuso otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT (FECON, 17-2-15).

Los hechos hablan más que las intenciones que podría tener una nueva política. Desde el inicio este Gobierno antepuso la infraestructura y por ello ha privilegiado las desregulaciones, la flexibilidad y la protección de los proyectos privados por sobre la protección del patrimonio natural del pueblo de Costa Rica. La política de humedales llega muy tarde y al final del mandato, como pidiendo perdón por los pecados y en pleno año electoral; y con la certeza de que la siguiente administración emitirá una política distinta al respecto, nuevamente con los fondos públicos por los que tanto reclaman.

 

(*)Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR, presidencia@feconcr.org

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Carta abierta a Costa Rica: tres proyectos amenazan áreas silvestres protegidas

Rolando Portilla Pastor

 

Durante los últimos 18 años, diferentes organizaciones y personas del sector ambiental hemos dado una muy fuerte lucha por evitar proyectos de infraestructura de gran escala dentro de nuestras zonas de conservación absoluta, como son los Parques Nacionales y Reservas Biológicas y por mantener el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como los únicos usos permitidos en estas áreas, según lo establece la legislación ambiental actual. Desde el año 1998 aproximadamente, han sido reiterativos y sistemáticos los esfuerzos de diferentes sectores por abrir estas áreas protegidas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, sobre todo de tipo energético. Este aspecto, como recordarán, fue uno de los puntos ambientales fundamentales en la lucha contra el Combo ICE en el año 2000 y que al final logramos ganar.

Han sido múltiples los intentos vía proyectos de ley para buscar modificar la legislación y autorizar la explotación comercial dentro de los Parques Nacionales. Las arremetidas contra estas áreas continúan hoy en día y probablemente continuarán en el futuro, buscando erosionar gradualmente su fundamento filosófico y su conceptualización histórica. No ha sido nada fácil poder seguir manteniendo estas áreas protegidas para la conservación absoluta ante las presiones crecientes de sectores desarrollistas y liberales. La protección inalterada de ese 12% del territorio nacional que comprenden esas áreas lo hemos sostenido entre todos, y debemos seguirlo sosteniendo en el futuro.

Debe entenderse que conservación absoluta no significa vitrinas intocables donde no se permiten del todo las actividades humanas, sino áreas que por su importancia ambiental, ecológica o paisajística, limitan o restringen a un mínimo dichas actividades, usualmente en la línea del turismo ecológico y la investigación.

En estos momentos, tres proyectos de ley amenazan seriamente la estabilidad y futuro de estas áreas silvestres protegidas:

  • El proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17742), en su artículo 64.
  • El proyecto de ley para autorizar al ICE a desarrollar proyectos geotérmicos dentro de Parques Nacionales en Guanacaste (expediente 19233)
  • El proyecto de ley para modificar la ley general de caminos públicos y permitir la construcción de carreteras en todas las áreas silvestres protegidas, incluyendo Parques Nacionales (expediente N° 19899)

En cuanto al Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el artículo 64 del mismo autoriza al AyA a desarrollar proyectos de acueductos dentro de todos los Parques Nacionales y Reservas Biológicas del país.

ARTÍCULO 64.- Aprovechamiento de aguas en áreas silvestres protegidas

“Por razones de interés público declarado para el abastecimiento poblacional, podrán otorgarse permisos de uso de agua cuya toma se encuentre dentro de un área silvestre protegida. En áreas silvestres de protección absoluta se prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones, salvo los permisos que se podrán otorgar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el abastecimiento poblacional, cuando mediante estudio técnico se demuestre que no hay otra fuente alternativa disponible”. (El subrayado no es del original).

Algo que en principio no pareciera significativo, resulta enormemente relevante y de fondo. El peligro como en otras ocasiones, es el precedente que se está creando, al socavar o erosionar el concepto que ha imperado de los Parques y Reservas Biológicas como zonas para la conservación absoluta, algo que podríamos denominar como “erosión conceptual”.

Hay que entender que un proyecto de acueducto puede ser desde una simple toma de aguas con una pequeña tubería, hasta un proyecto de gran escala que incluya estructuras de concreto para la toma, desarenadores, plantas de tratamiento, lagunas de oxidación, tuberías de diámetro considerable, canales, caminos de acceso, movimientos de tierra, entre otros, es decir, hablamos de obras de infraestructura de gran escala. Además el hecho de que la autorización sea solo para el AyA y en los casos donde no haya otra opción disponible, no le resta ni magnitud ni relevancia al grave precedente que se está creando. Es una apertura, un cambio de paradigma, una nueva conceptualización de estas áreas silvestres protegidas, el inicio de esa erosión conceptual antes señalada, significa en el corto plazo, una nueva visión de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, en el largo plazo, representa sin duda la destrucción física de estas áreas.

Este planteamiento, por exagerado y alarmista que pueda parecer, tiene toda una lógica de fondo, que trataré de explicar brevemente. ¿Por qué es tan peligrosa esa apertura? Porque roto el paradigma, después de los proyectos de acueductos, vendría la geotermia (como se verá más adelante), después seguirían las hidroeléctricas, luego la explotación forestal, con sus planes de manejo “sostenibles”, el turismo de gran escala “sostenible”, las carreteras, el gas natural o el petróleo y hasta la minería, todo desarrollado bajo supuestos conceptos y perspectivas de sostenibilidad. Como ustedes bien saben, ahora casi todo puede etiquetarse como sostenible, no es difícil, así que esa no es ninguna garantía. De seguir ese rumbo, a mediano plazo, de los Parques Nacionales como los conocemos hoy en día, no quedaría más que el recuerdo.

Se aduce que todos esos proyectos se desarrollarían siguiendo las mejores normas y prácticas ambientales. Llevo 20 años trabajando en el área de planificación eléctrica del ICE, gran parte de ellos en estudios ambientales y conozco perfectamente los niveles de afectación de los proyectos de infraestructura, por más sostenibles que sean. A pesar de los esfuerzos y logros a nivel de país, estamos muy lejos de lograr un verdadero desarrollo sostenible fuera de las áreas protegidas, basta con ver el modelo de desarrollo depredador y expansionista que en general domina nuestro país, tanto en ciudades como en zonas rurales, para comprender que estamos inmersos en un patrón de crecimiento insostenible, confirmado por los estudios e informes del Estado de la Nación. Bajo ningún concepto deberíamos exportar ese modelo y esa visión de desarrollo sostenible que vemos en nuestras ciudades y campos a nuestros Parques Nacionales, hacer eso sería firmar la sentencia de muerte de estas ASP. Permitir peligrosos precedentes legales, va en el camino de la exportación gradual de ese modelo destructivo.

El proyecto Reventazón del ICE, recientemente construido, es un proyecto hidroeléctrico de gran escala realizado, con un alto nivel de cumplimiento de criterios y aspectos de sostenibilidad, puede decirse un proyecto modelo en calidad ambiental a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no quisiera pensar en un proyecto como ese dentro de un Parque Nacional o una Reserva Biológica, inimaginable, pero lamentablemente hacia eso iríamos con estas aperturas.

Los proyectos geotérmicos Miravalles y Pailas, también del ICE, se han desarrollado en forma bastante armoniosa con el ambiente, y algunas zonas de los proyectos presentan con el tiempo una recuperación forestal y ecológica importante, sin embargo uno no quisiera ese tipo de desarrollos dentro de los Parques Nacionales, mucho menos en forma generalizada. Sería lamentable en el futuro ir caminando por un Parque Nacional y tener que encontrarse con tuberías de gran tamaño, pozos emanando vapor, casas de máquinas, caminos de penetración, tomas de aguas u otras estructuras, por muy “sostenibles” y ambientalmente bien manejadas que sean. La mayoría de los costarricenses no quieren este cambio radical en la conceptualización de estas áreas protegidas. Parques Nacionales y Reservas Biológicas son sinónimo de naturaleza y paisajes inalterados, y esa visión debería prevalecer en el futuro.

Un caso típico de lo que ha significado el desarrollo sostenible dentro de áreas protegidas lo constituye el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en la zona Atlántica. En sus inicios, era un verdadero refugio, con poca intervención humana. Poco a poco se fue cargando de permisos, concesiones, planes de manejo, etc. Hoy es poco lo que queda de ese refugio. Podemos tener la certeza de que eso mismo pasaría en los Parques Nacionales, si seguimos la ruta de exportar desarrollo sostenible a los mismos.

Igualmente hay muchas otras zonas del país, hasta hace poco con áreas boscosas y con gran valor ecológico, que han tenido que ceder ante ese supuesto “desarrollo sostenible” y hoy son sitios en franca degradación ambiental. Por eso, no debemos aceptar ni quedarnos tranquilos con que nos digan que van a desarrollar los proyectos de infraestructura dentro de los Parques bajo los principios del desarrollo sostenible y con las mejores prácticas ambientales, sencillamente porque el desarrollo sostenible, como es entendido y puesto en práctica hoy en día, es incompatible con la visión, objetivo y concepto de los Parques Nacionales como los hemos establecido y respetado hasta ahora, como zonas para la conservación absoluta.

Al final, como puede deducirse por lo planteado, todo se limita a algo muy simple: el concepto de Parque Nacional que se tenga, eso es todo, y es una decisión país fundamental, no una decisión de unos pocos ni de un sector. La gran pregunta que todos debemos hacernos es: ¿Cuál es el concepto de Parque Nacional que queremos para el futuro? ¿Queremos mantener el concepto que ha imperado hasta ahora, fundamentalmente para la conservación, con todos los beneficios ambientales y económicos que esto ha significado, o por el contrario queremos un cambio , como afirman algunos, hacia un “concepto moderno de Parque Nacional”, que permita proyectos de infraestructura de tipo sostenible. Creo que después de lo explicado anteriormente, no es difícil entender el significado y connotación que tiene la palabra “moderno” en este caso.

De las cosas más graves de todo esto es que ese artículo 64 del proyecto de ley del recurso hídrico no estaba en el proyecto original que se presentó por iniciativa popular, publicado en La Gaceta el 13 de octubre del 2009; el mismo fue introducido posteriormente, lo cual no es correcto desde ningún punto de vista. No se vale cambiar el proyecto de ley original en un tema tan relevante y fundamental para el país como es la apertura generalizada de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas al desarrollo de proyectos de infraestructura. Un cambio de esa magnitud, merece una amplia discusión nacional sobre el tema, nunca meterlo en la forma inconsulta en que se hizo. Eso es una barbaridad, y constituye sin dudas un engaño al pueblo y a todos los que apoyaron el proyecto de iniciativa popular. Algo tan grave sencillamente no se puede dejar pasar.

Por otra parte, el citado artículo 64 del proyecto de ley es totalmente innecesario, dado que la legislación ambiental vigente, por medio del artículo 38 de la LOA, considera ya la posibilidad de reducir la superficie de las áreas protegidas (desafectar áreas), tal y como se está haciendo con la Reserva de Lomas de Barbudal, para el proyecto de agua potable de Río Piedras. Nuestros legisladores en los años 80’s, en forma muy visionaria, previeron ya la posibilidad de que para casos específicos y de conveniencia nacional, se pudieran modificar algunos límites de las ASP, dejándolo plasmado en la legislación. Entonces, si el AyA tiene identificadas poblaciones que necesariamente requerirían captar agua de Parques Nacionales o Reservas Biológicas, puede hacerlo vía artículo 38 de la LOA, para cada caso específico, y reponer las áreas afectadas por otras equivalentes, para mantener la integridad superficial de estas áreas protegidas. No se requiere entonces impulsar una apertura generalizada de todos los Parques Nacionales y Reservas Biológicas como lo hace el proyecto, esta es totalmente innecesaria y altamente riesgosa.

Pero, como se indicó, el proyecto de ley de gestión del recurso hídrico no es la única amenaza para los Parques Nacionales, ya que existe otro proyecto de ley en trámite (expediente 19 233), para autorizar proyectos geotérmicos dentro de Parques Nacionales y otras áreas protegidas en las áreas de conservación Guanacaste y Arenal, impulsado por los diputados Otón Solís y Javier Cambronero, del PAC, que espera en fila para ser discutido, y contra el cual también tendremos que dar la lucha en corto tiempo. Es increíble que esto venga del partido que prometió en campaña no apoyar este tipo de aperturas en Parques Nacionales. En un foro en la UCR al final de la campaña política, la actual viceministra de ambiente, Patricia Madrigal, ante una consulta personal que le hice, confirmó categóricamente ese compromiso. Pero parece que en este tema, por lo menos en lo que concierne a estos dos diputados, ese compromiso no vale y entonces “con Costa Rica si se juega”. Hay varias cosas que se podrían criticar a este Gobierno, pero la mayor de todas es la incongruencia entre lo que se prometió en campaña y lo que se está haciendo en algunos campos, este es un claro ejemplo de ello. Lo que sí es definitivo es que la lucha por la defensa de los Parques Nacionales, parafraseando a don Pepe, es “la lucha sin fin”, y ahí seguiremos, defendiendo principios y valores de lo que creemos firmemente que es lo correcto.

Y como si esto fuera poco, aparte de estos dos proyectos, ya se nos anuncia una nueva amenaza, una puñalada más, otro proyecto de ley para permitir carreteras de todo tipo dentro de las áreas protegidas, incluyendo Parques Nacionales. Este es el expediente N° 19899 que pretende modificar la ley general de caminos para flexibilizar las restricciones y permitir al MOPT construir caminos y carreteras libremente dentro de todas las ASP. Véase entonces que la posición que asumimos no es exagerada ni alarmista, hay amenazas evidentes y letales en contra de los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas. No estamos inventando ni viendo fantasmas que no existen, la intención es más que clara y los resultados los sufriremos nosotros y las futuras generaciones.

En lo que respecta al proyecto de ley del Recurso Hídrico, es una lástima, porque el mismo presenta muchos aspectos positivos para una gestión integrada y participativa del recurso. Reconozco el enorme esfuerzo que personas y grupos han hecho para impulsar este proyecto de ley, y la necesidad que tiene el país de contar una nueva legislación en materia de recurso hídrico, pero su aprobación no debe darse nunca a costa de algo tan importante y valioso como nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas.

Se vienen tiempos muy duros para las áreas silvestres protegidas, con arremetidas muy fuertes de sectores desarrollistas y economicistas, que solo pueden ver recursos para la explotación comercial o industrial dentro de estas áreas. Eso aparte de todos los problemas ya conocidos que enfrentan estas áreas, como cacería ilegal, saqueo de madera, narcotráfico, minería de oro, condiciones de los guarda-parques, calidad de las instalaciones, entre otros. El sector ambiental de nuestro país debe actuar unido y comprometido para enfrentar todos estos ataques.

En épocas en donde se habla de la necesidad de cambios, cambiemos para mejorar, para lograr estados de mayor armonía, de respeto a la naturaleza y de verdadero manejo sostenible. Por el contrario, cambios para autorizar cada vez más permisos para obras de infraestructura dentro de Parques Nacionales, como el que proponen los proyectos de ley señalados, no van en la línea de fortalecer y mejorar los Parques Nacionales, los van a destruir, como concepción filosófica y como ecosistemas.

Compañeros y compañeras, compatriotas, muy respetuosamente los invito a oponerse categóricamente a que este proyecto de ley del recurso hídrico se apruebe incluyendo esa dañina y destructiva apertura generalizada de nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas y que hagamos los esfuerzos para lograr los cambios necesarios en el texto. Se escuchan ideas y propuestas Y con mucha sinceridad lo digo, si no puede cambiarse ese artículo 64 del proyecto de ley para que no afecte Parques Nacionales, lo mejor que puede pasar, por el beneficio del país, es que el proyecto de ley no se apruebe del todo. Igualmente los motivo a oponerse categóricamente a los otros proyectos de ley que pretenden autorizar proyectos de geotermia (19233) y de carreteras (19899) dentro de Parques Nacionales. No puedo esperar menos que una reacción fuerte y decidida del sector ambiental para enfrentar este atropello contra uno de los tesoros naturales más grandes con que cuenta nuestro país, patrimonio de las actuales y futuras generaciones.

Así como Martin Luther King, tengamos todos un sueño, que los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas de este país, puedan ser conocidos, apreciados y disfrutados por todos sus visitantes en el futuro, como zonas para la naturaleza y el paisaje inalterado, con todas sus maravillas y misterios, del mismo modo que nosotros lo hemos hecho todos estos años. Qué estas áreas silvestres protegidas se conviertan en un verdadero factor de crecimiento y superación personal y social, que colaboren en el surgimiento de una nueva conciencia y sensibilidad para la transformación gradual del estilo de vida en nuestro país y en el planeta.

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Compartido con SURCOS Digital por Marcos Chinchilla Montes.

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Tratan de votar apresuradamente geotermia en Parques Nacionales

La Comisión de Asuntos Agropecuarios está tratando a escondidas de votar un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233), presentada por los diputados Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. Al parecer el nuevo texto sería acogido unánimemente pero contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas.

El texto sustitutivo contaría con el apoyo del PUSC, PLN, ML, PAC y parte del FA. Quedan en evidencia profundas contradicciones, en un debate ambiental en campaña electoral (5-3-14) tanto el PLN como el PAC se mostraron opuestos a explotación de energía geotérmica en Parques Nacionales (ver nota) y ahora se desconocen los compromisos de campaña (Pacto Ambiental) de fortalecer la integridad de las áreas silvestres protegidas y “vetar cualquier intento de eliminar, segregar, o reducir en tamaño o categoría de manejo las áreas silvestres protegidas, o de abrirlos a la explotación de sus recursos naturales y culturales, en apego al principio de no regresión en materia ambiental”.

La propuesta también es contradictoria con lo expuesto por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera en la Cumbre sobre el Clima, donde indicó que “…Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los parques nacionales”(ver más). Además se han mostrado rotundamente opuestos están:  Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Escuela de Biología de la UCR, Área de Conservación Arenal Tempisque, Foro de Guanacaste, FECON y SITRAMINAE

El proyecto sustitutivo de ley 19 233 sigue planteando modificar los límites de Áreas Silvestres Protegidas del país, para FECON hay suficientes criterios, jurisprudencia y precedentes para rechazar dicha propuesta, que también reñiría el Artículo 3 de la Convención para la Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Además contraviene el Art 12 de la Ley 6084 que asegura que “No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio”.

También resulta imposible cumplir el “Principio de no regresión” (Art. 3,f.) dado que se permitiría la sustitución de terrenos, y esto, en sentido estricto, significa reducir el área original del ASP. El proyecto es contradictorio con el Artículo 50 de la Constitución Política pues se abrirá un precedente destructivo e irreversible en materia de seguridad ecológica.

El cambio de límites de parques nacionales o de cualquier otra ASP no garantiza que los fines de protección de ecosistemas se mantengan, otro territorio no compensa y no es garantía de que los valores ecosistémicos sean al menos similares a los que se perderán. El proyecto además tiene roces importantes en el principio precautorio y de objetivación.

La compensación no es una simple suma y resta de terrenos con la intención de que “cualquier modificación a los límites de las áreas protegidas debe garantizar que no se reduce su área total”, lo cual sí ocurrirá. Menos posible será cumplir el supuesto de que “serán compensadas con la integración de nuevas áreas de igual tamaño en las zonas contiguas a la ASP, manteniendo o idealmente aumentando el valor de conservación#, dado que cada ASP tiene valores ecosistémicos únicos. Esas condiciones hacen imposible cumplir “Principio de compensación” (Art. 3,f) del proyecto.

SINAC juez y parte. No se puede entregar una competencia de emitir una autorización especial (Art1.)para el aprovechamiento de los recursos de la energía geotérmica que se encuentran ubicados en terrenos que forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) Parque Nacional Rincón de la Vieja, Parque Nacional Guanacaste, Volcán Tenorio y Volcán Arenal al mismo tiempo que se le paga por un canon de aprovechamiento o servicios eco sistémicos( Art.19). Además el canon de la por será solo para la producción de energía eléctrica de un 2% de los ingresos brutos anuales que obtenga cada proyecto geotérmico por sus ventas de energía eléctrica. Como lo señalo la Contraloría: “También, se debe considerar que dicho canon deja por fuera todas las actividades exploratorias que se ejecuten dentro de las zonas con resultados negativos y por ende que no conducirán a la explotación final del recurso, que es lo que se consigna como hecho generador de la obligación” (Contraloría en el oficio DFOE-AE-0569, 17 -10-2014).

Si no hemos aprendido a hacer una gestión sostenible de los recursos que están fuera de las ASP es difícil creer en cualquier tipo de intervención en áreas protegidas que sí lo sean. Además los parques nacionales significan mayores ganancias por concepto de turismo y servicios que brindan que por cualquier otra proyección que se haga por concepto de explotación energética. Para finalizar, en una coyuntura global que nos pone frente al dramático cambio climático ¿cómo no apostar por seguir resguardando las ASP de toda forma de explotación?

Informes: Mauricio Álvarez M, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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“Eco paradero” desalojado: Albergue de animales será oficinas de APM Terminals en Moín

Por Mauricio Álvarez M

Presidente FECON y profesor UCR

“Eco paradero” desalojado- Albergue de animales serán oficinas de APM Terminal en Moín

El lugar de Jairo Mora, la base de trabajo para el cuido de tortugas y otras especies en Moín, cedió al “progreso” del nuevo muelle. Lo que albergaba vida silvestre ahora albergará instalaciones para la construcción del muelle.

Las piezas empiezan a calzar y hasta sobra señalar. Lo que era impensable toma sentido. El conjunto multimillonarios proyectos para Moín hace pensar en un poderoso tejido de influencias políticas y de intereses económicos enormes, ante los cuales cualquier acción de protección de los ecosistemas de la zona, se convierte en un obstáculo. Los hechos y acciones hablan por sí solos.

Las inversiones proyectadas para Moín suman cerca de US$ 5.000 millones de dólares para obras como una mega-marina, la ampliación del muelle petrolero, una nueva refinería, incluida la exploración de hidrocarburos, otro megapuerto de transferencia del contenedores, un sistema ferroviario, la modernización portuaria, la terminal de importación y almacenamiento del gas natural (ver más).

Para completar estos negocios el gobierno promovió y aprobó la ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA (impugnada por FECON Y SITRAMINAE), para desafectar áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y 8 zonas más, sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados, facilitando la industrialización de la Costa Caribe Norte.

Jairo Mora y sus datos hacen peligrar megainversiones. Mora trabajó de manera sistemática desde 2012 y logró identificar en Moín alrededor de 1474 nidos de tortugas baula, lo que demostró que esa playa se convirtió en uno de los sitios de mayor anidación en el país, más que una zona protegida como el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, donde se encontraron algo más de 200.

Los gobiernos, lejos de asumir la protección de ese sitio, permiten su devastación: obras como la carretera de la ruta 257 que corta el humedal para conectar el pretendido megapuerto, que significa al menos la tala de 1399 árboles según la Setena ( ver Decreto ejecutivo N° 38172 -MINAE-MOPT). Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).

Para los abogados de SETENA el proyecto significa la mutilación del área protegida, y para esto requieren de una ley especial con base en la Ley Forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Por razón similar, la Procuraduría de la República debe resolver la nulidad absoluta presentada contra la viabilidad otorgada por SETENA al proyecto Marina de Moín dado que afectaría el Humedal Cariari, contraviniendo lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas (ver más).

No se le puede buscar más simbolismos, la impunidad que ronda en nuestro país queda explícita. En ese lugar no quedarán ya ni rastros de tortugas ni huellas de Jairo Mora. La suerte está dada: no queda más que exiliar la vida silvestre que resguardaba el lugar para llevarla a otro donde tenga una mejor oportunidad de sobrevivir, ¿es ese el destino también para quienes cuidan la Naturaleza y quieren vivir para contar la historia?

 

Ver más de Eco Paradero y su trabajo en https://www.facebook.com/paradero.ecotour

 

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No a la geotermia en parques nacionales, defendamos áreas protegidas

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María Elena Fournier,

Grupo Yiski

El diputado por el Partido Acción Ciudadana, PAC economista Ottón Solís ha presentado un Proyecto de Ley No. 19.233 Autorización al ICE para aprovechamiento de Energía Geotérmica en Áreas Protegidas o sea nuestros Parques Nacionales. La Gaceta No. 170, jueves 4 setiembre, 2014.

Estamos absolutamente en contra de cualquier proyecto de ley que atente contra las Áreas Silvestres Protegidas, ASP en este caso Parques Nacionales para su explotación, exploración, etc., son áreas que no se deben alterar por ningún motivo, menos para satisfacer las necesidades lucrativas económicas y de exportación de energía para comercializar por las transnacionales de la energía del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) u otros que son parte del CAFTA entre otros tratados de libre comercio y en dónde nos quedarán solamente la alteración y destrucción de ecosistemas únicos que no se recuperarán.

Además abrirá un gran portillo para otros proyectos como minería, explotación del recurso hídrico, hoteles, etc.

Anexamos nuestro Manifiesto Ecológico Político de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas como nuestra firme posición de no a la intervención de las ASP de Costa Rica presentado una vez más al Ministro Dr. Edgar Gutiérrez E. recientemente.

Por favor divulgar y hacer llegar su posición en contra, a todas las y los diputados de la Asamblea Legislativa.

 

Ma. Elena Fournier S.

Presidenta

Asociación Conservacionista YISKI

Tel. 22 97 0970

 

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE NUESTROS PARQUES NACIONALES Y RESERVAS BIOLÓGICAS COMO ZONAS DE CONSERVACIÓN

Actualizado agosto 2014

Graves amenazas se ciernen sobre los Parques Nacionales y Reservas Biológicas por la presión para el desarrollo de proyectos de infraestructura comercial, turismo descontrolado, desarrollo energético, agroindustrial y minería en estas áreas. Se da en forma generalizada una falta de conciencia y sensibilización sobre la enorme importancia actual y futura que representan estas áreas para nuestro país, no solo como elemento de desarrollo económico, sino como factor de protección del suelo, agua, aire, biodiversidad, belleza escénica y como promotoras de una mejor calidad de vida y del desarrollo mental y espiritual de nuestra población

CONSIDERANDO

  1. Que los científicos estiman que actualmente se ha alcanzado una extinción de entre 50 y 300 especies cada día, y entre 4.000 y hasta 90.000 especies cada año. Además se prevé que en los 50 próximos años el ritmo de extinciones será 10 veces mayor al actual, por lo que el objetivo de conservar parte de los territorios de los países como áreas bajo conservación, es fundamental en aras de evitar o reducir esos niveles de extinción de especies.
  1. Que existen graves amenazas que se ciernen sobre los Parques Nacionales y Reservas Biológicas por la presión para el desarrollo de proyectos energéticos, de infraestructura comercial, turismo de alto impacto, desarrollo agroindustrial y minería en estas áreas.
  1. Que los parques nacionales fueron creados para mantener en el estado más inalterado posible muestras representativas de ecosistemas, es decir con un fin de conservación y no de explotación comercial o agroindustrial (hidroeléctricas, minería, petróleo, forestal etc).
  1. Que ante el desconocimiento científico existente sobre el comportamiento de la mayoría de los ecosistemas, debe privar el principio precautorio. Es decir, no debemos intervenir o explotar ecosistemas que apenas estamos empezando a conocer o que son del todo desconocidos.
  1. Que no dependemos del potencial energético ubicado dentro de Parques Nacionales para satisfacer la demanda eléctrica nacional futura ni internacional contemplada en el Plan Mesoamericano (antes Plan Puebla Panamá).
  1. El potencial hidroeléctrico dentro de Parques Nacionales es 780 MW, lo que representa apenas un 8,3% con respecto al potencial con proyectos identificados. Mientras, el potencial energético por fuentes geotérmicas es 875 MW que representan un 9,7%; de los que los únicos campos que pueden desarrollarse sin un conflicto absoluto con parques son Miravalles y Rincón de la Vieja (Pailas y Borinquen). Estos campos tienen un potencial de 300 MW, de los cuales ya están en operación 195 MW..(Plan de la Expansión de la Generación Eléctrica. Período 2014-2035. Abril 2014).
  1. Que existen proyectos hidroeléctricos en etapas iniciales (identificación) planteados por el ICE dentro de Parques Nacionales, que eventualmente, se desarrollarían en el futuro. El 70 % de los mismos se ubican dentro del Parque Nacional La Amistad, declarado por Naciones Unidas como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Que las características topográficas, bioclimáticas y ecológicas de esta área la convierten en un sitio donde el uso debería ser únicamente la conservación y nunca el desarrollo de proyectos de infraestructura comercial, agroindustrial o minera.(revisar datos del proyecto manejo cuenca binacional río Sixaola.
  1. Que a la fecha, no ha sido posible, a pesar de todas las gestiones realizadas por distintos sectores sociales y de así establecerlo la legislación nacional, lograr que el Estado costarricense formule una política estatal e institucional, de “no desarrollo de proyectos comerciales, mineros, o agroindustriales, energéticos y turístico de alto impacto en Parques Nacionales y Reservas Biológicas”.
  1. Que tanto en el MINAE como en el ICE, se maneja una actitud evasiva, al decirse que se respeta la legislación existente, cuando en el fondo se busca la forma de poder cambiar esa legislación para permitir el desarrollo de proyectos en estas áreas, es decir, se maneja una posición ideológica aperturista, expansionista y confusa.
  1. Que existen estudios científicos como la propuesta GRUAS, que establecen que es preciso ampliar las áreas actuales bajo la categoría de Parque Nacional y Reserva Biológica, de un 11,6 a un 19,5 %, con el fin de poder dar mayor viabilidad a la conservación de su biodiversidad. Por tanto, no solo es preciso por lo tanto mantener las áreas actuales en la condición inalterada sino aumentarlas en un 7,9 %.
  1. Adicionalmente, se debe limitar la expansión de monocultivos y proyectos agroindustriales, turísticos, energéticos y mineros en las zonas de amortiguamiento de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas.
  1. Que la coyuntura política mundial y nacional (globalización, privatizaciones, TLC´s, Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá, etc), donde prevalece una visión neoliberal, intervencionista, economicista y expansionista del desarrollo, hace que cualquier precedente para la apertura y explotación comercial de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, sea extremadamente peligrosa, porque justificaría la posibilidad de establecer una cadena de actividades productivas comerciales (explotación maderera, hidroeléctricas, geotermia, petróleo, carreteras, puertos, minería, turismo de alto impacto, agroindustria, etc ), que llevarían a la degradación progresiva y destrucción de estas áreas protegidas.
  1. Que la no apertura de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas al desarrollo de infraestructura comercial, agro industrial, turística a gran escala, energética y minera, entre otras, ha sido un elemento defendido fuertemente por la sociedad costarricense. La legislación ambiental costarricense es reflejo de esa voluntad y por medio de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, la Ley Forestal y el Código de Minería entre otros, se impide el desarrollo de infraestructura comercial e industrial en estas áreas protegidas.
  1. Que el desarrollo de una nueva conciencia personal y social y de una mejor relación ser humano – naturaleza, depende en gran medida de la existencia de áreas silvestres protegidas, bajo conservación estricta, como son los Parques Nacionales y Reservas Biológicas.
  1. Que en el año 2003 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Coneléctricas, en donde entre otras cosas, se permite que MINAE concesione “las aguas de dominio público del territorio nacional”, sin ninguna restricción, por lo cual permite proyectos de desarrollo eléctrico cooperativos dentro de Parques Nacionales. En ese momento, se dio un compromiso escrito de gran parte de los diputados, para aprobar bajo dispensa de trámites, un proyecto de ley alternativo que corrigiera las deficiencias ambientales de la Ley de Coneléctricas. Ese compromiso ha quedado en el olvido.
  1. Que el MINAE vía decreto ha propuesto la privatización solapada de las áreas silvestres protegidas por medio de la Concesión de Servicios No Esenciales a través de “comanejo”. Esa propuesta amenaza con convertir a nuestros parques nacionales en centros comerciales administrados por fundaciones u ONG’s, alejándolos de los objetivos fundamentales de conservación, que deben mantenerse y muy distante de los intereses de las comunidades aledañas.
  1. Que existen propuestas apoyadas por el MINAE para abrir los Parques Marinos (Isla del Coco, Marino Ballena, Cahuita entre otros ) a la explotación pesquera comercial por medio de planes de manejo. Que estas propuestas intentan trasladar a las áreas marinas las pésimas experiencias en manejo y administración ocurridas en tierra con los planes de manejo forestales.
  1. Que existen proyectos avanzados para la generación de energía geotérmica mutilando Parques Nacionales.
  1. Que en las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas se están promoviendo estructuras productivas débiles y focalizadas en los monocultivos con altos impactos ambientales; ejemplo de ello es la expansión piñera cerca del Parque Nacional La Amistad.
  1. Que en el Parque Nacional Isla del Coco se construyó ya un proyecto hidroeléctrico, se construye otro y se pretende construir un tercer proyecto hidroeléctrico. Además se planea la instalación de radares para servir a actividades como el control del narcotráfico y otros menesteres distintos del ambiental, situación abiertamente difundida en distintos medios de prensa nacional e internacional.

 

Por tanto

Manifestamos al Gobierno de la República, a la Asamblea Legislativa, a las instituciones del Estado y opinión pública:

  1. Se debe respetar la legislación nacional existente que actualmente impide el desarrollo de proyectos de explotación comercial, agroindustrial, energética, minera y turística de alto impacto en Parques Nacionales y Reservas Biológicas, tanto terrestres como marinos. Solo se deben permitir actividades de ecoturismo, investigación y educación ambiental. Desistir de la constante presentación de propuestas que vía proyectos de ley, reglamentos, decretos, estrategias o políticas sectoriales, pretenden lograr la apertura de estas áreas al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial, agroindustrial, energéticos, mineros y turísticos de alto impacto, entre otros.
  1. Se exija al MINAE y el ICE establezcan una política estatal e institucional dirigida a no desarrollar proyectos de infraestructura energética comercial o industrial ( hidroeléctricas, geotermia, petróleo etc ) en parques nacionales y reservas biológicas.
  1. Se desarrollen acciones y estrategias que lleven a la consolidación de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, sobre todo: mecanismos sanos para el apropiado financiamiento, cancelación de tierras no pagadas, equipo humano y técnico para su protección, para que las mismas puedan ser mantenidas como zonas para la conservación, evitándose así peligrosas privatizaciones o aperturas de estas áreas, cuya administración debe estar en manos del Estado costarricense bajo la supervisión de los entes correspondientes.
  1. En esta línea atender las propuestas que distintos grupos han realizado para la obtención de recursos financieros que permitan la consolidación y operación apropiada de estas áreas, sin necesidad de otorgar concesiones comerciales a privados o fundaciones.
  1. Se incluya en forma explícita, la no explotación de infraestructura comercial, agroindustrial, energética, minera y turística de alto impacto, entre otros dentro de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, en los tratados de libre comercio que se aprueben en el futuro y se promuevan esas reformas en los ya aprobados.
  1. Se formule y apruebe en forma inmediata una ley que corrija la Ley de Coneléctricas No. 8345 en materia ambiental, en especial en el punto que permite el desarrollo de proyectos cooperativos dentro de Parques Nacionales.
  1. Se incorpore un artículo en nuestra Constitución Política para elevar a rango constitucional la protección y conservación de nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas, de modo que no sea posible en el futuro vía leyes o tratados internacionales, modificar dicho estatus y permitir el desarrollo de proyectos para la explotación de infraestructura comercial, agroindustrial, energética, minera y turística de alto impacto, entre otros en estas áreas.
  1. Se prohiba el establecimiento de monocultivos y otras actividades con altos impactos ambientales en las zonas de amortiguamiento de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas.
  1. Se declare el acceso al agua como un derecho humano libre de comercialización y se mantenga al SENARA, AyA, como entes rectores del agua.
  1. Se inicie un diálogo nacional amplio y participativo sobre el modelo de desarrollo energético de nuestro país para los próximos 50 años, con miras a establecer una concertación nacional bajo un marco de acuerdos común entre Gobierno, instituciones del Estado y Sociedad Civil. Someter finalmente estos acuerdos a un gran referendun nacional sobre modelo de desarrollo energético.
  1. Se articulen esfuerzos de trabajo conjunto en las Areas Silvestres Protegidas entre el SINAC y el Programa de Voluntariado de la UCR y otras universidades estatales.
  1. Se fortalezcan, consoliden y amplíen las áreas de los Parques Marinos evitando la explotación pesquera comercial dentro de los mismos.
  1. Se rechacen, no se ejecuten y eliminen todos los mandatos y dominios militares estadounidenses u otros, para el “control y protección ” de los recursos naturales estratégicos, a través del “Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica” y la “Alianza para el Desarrollo Sostenible”, que son parte del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá, PPP), apoyado por organizaciones pseudoecologistas, entre otras. (revisar)
  1. Revisar los proyectos hidroeléctricos ya establecidos y en construcción dentro del Parque Nacional Isla del Coco con miras a garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Suspender de inmediato los trámites de construcciones futuras de más proyectos hidroeléctricos en ese y otros parques nacionales.
  1. Acompañar al radar que se pretende instalar en la Isla del Coco, una radio de onda marina que permita alertar a las embarcaciones detectadas su posición con respecto a la zona protegida y pedirle su identificación y retiro del área protegida de la Isla del Coco.
  1. Los guardaparques del Parque Nacional Isla del Coco deben ser los encargados del manejo del radar y de la radio de onda marina; recibir la capacitación necesaria para evitar la presencia policial permanente en el Parque Nacional.
  1. Establecer la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima.

 

Por: ASOCIACION CONSERVACIONISTA YISKI

 

María Elena Fournier Solano, presidenta, 2297- 0970, yiski@ice.co.cr

Rolando Portilla Pastor, . miembro Yiski, MSc. Manejo Recursos Naturales, rportilla23@yahoo.com.mx

 

Por: COMITÉ AMBIENTAL DE MIRAMAR, Sonia Torres Arguedas, 2639-7735,soniatorres@ice.co.cr

 

Grupo Ambientalista Tivives

Daniel Portuguez Porras, 83892361, tivives78@gmail.com

 

Este Manifiesto fue presentado en mayo 2006 al Ministro MINAE Ing. Roberto Dobles con más de 1000 firmas de respaldo de docentes y estudiantes de la UNED, ITCR y UCR.

 

Enviado a SURCOS Digital por Ma. Elena Fournier S.

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