La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines Costa Rica, hace pronunciamiento acerca del expediente N°21.182 para la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas, que se mantiene en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Con ello, indican “consideramos que este proyecto de ley es un retroceso en los derechos laborales y que vendría a ensanchar y agudizar sobre manera el acceso a los derechos de los trabajadores, favoreciendo únicamente a un sector empresarial que poco le importa la salud y las implicaciones sociales que provocará hacer que los trabajadores trabajen jornadas ordinarias de 12 horas”.
Instan al claro entendimiento de las necesidades y derechos de las personas trabajadoras del país, tomado en cuenta: las condiciones laborales a las cuales se enfrentan miles de costarricenses, así como el impacto que generaría dicha modificación a los trabajadores, las deficiencias que se establecen en el Ministerio de Trabajo para garantizar los derechos de las y los trabajadores. Por ello, enfatizan, se debe incluir el posicionamiento de este sector dentro de esta dinámica porque este sería la población mayor afectada.
A pesar de ser un día destinado a la protección de uno de los elementos fundamentales del medio ambiente como son los humedales, con mucha tristeza, molestia, coraje, indignación, vergüenza e impotencia Costa Rica ha dejado pasar una oportunidad única e importante para ser congruente con su imagen de país verde y decidió el congreso dejar vencer el plazo para la para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ conocido como Acuerdo de Escazú”.
Este acuerdo tenía como propósito Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio. Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente de nuestra región. Su proceso de negociación contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como con la participación activa de la sociedad civil.
Es vergonzoso que Costa Rica, país en el que se firmó el acuerdo para hacer realidad este avanzado proyecto se negara a firmarlo porque tuvo una votación unánime en el primer debate, que luego la Sala Constitucional anuló y obligó a iniciar el proceso el cual debía de cumplirse dentro del plazo de cuatro años y simple y sencillamente dejaron que ese plazo venciera. Una incongruencia total.
País verde que niega la participación ciudadana en materia de ambiente. País verde que impide que se abran opciones para un desarrollo de la legislación ambiental y la protección que requiere para ser más amigables con el ambiente.
No hubo voluntad política y posiblemente si hubo intereses económicos y personas interesadas para que esto no se diera.
Con 11 votos a favor y 41 en contra, enterraron el “Acuerdo de Escazú”. En contra representantes de Nueva República y de la Unidad Social Cristiana junto al Liberal Progresista y Liberación Nacional allanaron el camino para evitar que Costa Rica participe de un acuerdo ambiental que fue, incluso, elaborado en Costa Rica y aprobado ya por grandes economías, como la de Chile, Argentina, Panamá y otras.
Lo peor de todo es que se archivó sin que se diera un solo debate en torno a su conveniencia o no. Simplemente dejaron pasar el tiempo y ya. Cientos de organizaciones ambientales trataron de que se les escuchara y que por lo menos se abriera un debate mediante la aprobación de la ampliación del plazo, pero no fueron escuchadas.
Muy lamentable y es urgente buscar los mecanismos de derecho internacional para tratar de revivir este acuerdo y pueda ser ratificado por Costa Rica.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
Según informaron distintos medios de prensa, el pasado 1ero de febrero la Asamblea Legislativa de Costa Rica optó por no mantener en la corriente legislativa el expediente correspondiente al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, puesto a su conocimiento desde el mes de febrero del 2019 (véase por ejemplo cable de la agencia EFE replicado en Swissinfo y esta nota muy completa cuya lectura integral se recomienda publicada en el medio digital Delfino.cr).
Al vencerse el plazo cuatrenial, este expediente pasa a ser definitivamente archivado, a menos que el Poder Ejecutivo costarricense decida presentarlo de nuevo en la corriente legislativa: se estima que esta posibilidad no ocurrirá con las actuales autoridades que tomaron posesión en mayo del 2022.
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe y consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental.
En marzo del 2022, una cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación al desarrollo (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI) reafirmó que el Acuerdo de Escazú se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa).
Un hecho insólito
Cabe precisar que fue sin Costa Rica que el Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados Parte, siendo Argentina y México los Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor: el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas, con un instrumento de ratificación adicional (Chile) depositado en junio del 2022, y otro pendiente (Colombia) luego de aprobarse por parte de ambas cámaras de su congreso y ser sancionado por el Presidente colombiano en noviembre del 2022 (véase nota nuestra al respecto).
En el caso de Costa Rica, es la primera vez que se observa semejante ausencia por parte de un Estado que lidera la negociación de un instrumento internacional y que le da el nombre de uno de sus cantones: es ausente al no estar entre los primeros Estados en ratificarlo y es de igual forma ausente al no figurar en el grupo de Estrados que le dan vida jurídica para lograr su entrada en vigor (11 Estados requeridos en el caso del Acuerdo de Escazú).
Se trata de una situación totalmente anómala e insólita, y sobre todo desconocida hasta la fecha en la práctica diplomática internacional. Tanto dentro como fuera de Costa Rica, la inconsistencia con la imagen internacional proyectada es absoluta.
En el ámbito interno, la incongruencia de varios partidos políticos es más que evidente al recordarse que en febrero del 2020, este mismo instrumento internacional fue aprobado en primer debate con 44 votos a favor y 0 en contra (véase tablero con detalle de los votantes del 13 de febrero del 2020): raramente se ha observado en Costa Rica tan súbito cambio de parecer de diversas agrupaciones políticas, las cuales se retiraron en mayo del 2022 de aquella legislatura (2018-2022) sin brindar ninguna explicación al respecto.
Las lagunas persistentes del ordenamiento jurídico en materia ambiental
Es totalmente erróneo sostener que el Acuerdo de Escazú no aporta nada nuevo al marco legal existente costarricense, tal y como escuchado por parte de las actuales autoridades costarricenses para justificar su no aprobación.
Entre muchos ejemplos de omisiones legales en Costa Rica que busca precisamente solucionar este tratado regional de vanguardia, la indefensión de las personas que defienden el ambiente constituye una persistente realidad. Una valiosa publicación titulada «Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica» documenta una realidad muy alejada de la imagen de democracia verde y pacífica promovida internacionalmente por el Estado costarricense en los últimos 30 años. Incluso, un informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomendaba expresamente a Costa Rica ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total vulnerabilidad que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (véase nota nuestra al respecto).
Otro aspecto que busca regular este tratado internacional, como por ejemplo el acceso a la información en materia ambiental, es objeto de lagunas persistentes que obligan a ciudadanos y a organizaciones costarricenses a recurrir sistemáticamente a los tribunales de justicia para obtener información que entidades estatales les niegan. El mismo recurso a la justicia nacional se puede observar en materia de consulta y de participación de comunidades potencialmente afectadas por un proyecto de cierta envergadura: sobre este preciso punto, Chile recientemente estableció un mecanismo siguiendo precisamente los lineamientos del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial del SEA – Servicio de Evaluación Ambiental – al respecto).
La conflictividad socioambiental en aumento registrada en Costa Rica en los últimos tiempos evidencia las diversas carencias de su actual marco normativo en materia ambiental (y los reiterados informes del Estado de la Nación así lo documentan).
A modo de conclusión
Más allá del desconocimiento que parecieran tener algunos jerarcas sobre el carácter incompleto del marco legal en materia ambiental en Costa Rica y de las razones esgrimidas por las actuales autoridades ambientales costarricenses para justificar su posición, es muy probable que el archivar el Acuerdo de Escazú dañe sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior.
Tal y como se indicó en una nota publicada por el Semanario Universidad este mismo 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú, «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.
La delegación de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La comparecencia se dió en el marco de la investigación legislativa «Realidad de los Pueblos Indígenas» expediente N° 23303 que realiza dicha Comisión.
Los voceros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur se refirieron a las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica, a la luz de los Informes que la CLSS ha elaborado para los años 2020 y 2021 y que la Comisión Legislativa conoce.
Las exposiciones se centraron en los temas de Espiritualidad e Identidad, Tierra – Territorios, Organizaciones Propias y Gobernanza y Seguridad.
Los voceros se refirieron al desconocimiento por parte de la institucionalidad pública de la cultura, historia e identidad de los Pueblos Originarios, lo que genera tratos discriminatorios y racistas.
También recordaron, con pruebas, que el Estado de Costa Rica es responsable por la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos, como por ejemplo, en el caso de la ocupación ilegal de sus Territorios por parte de personas no indígenas.
Señalaron, además, que se han dado reiteradamente agresiones masivas o en turbas contra estos pueblos, lo que denota una organización y financiamiento de estas agresiones. El asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz del pueblo Bribri de Salitre (2019) y Jerhy Rivera Rivera del pueblo Brörán de Térraba (2020) son ejemplos de la inacción y complacencia del Estado.
En esta semana se está desarrollando el juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera en los Tribunales de Pérez Zeledón; asesinato que se dió en medio de un ataque masivo al Territorio Brörán, mientras Rivera defendía procesos de recuperación de tierras.
También denunciaron que la Mesa Técnica Interinstitucional sobre pueblos indígenas que creó la actual administración, es una «mesa más» sin rumbo claro, sin sustento económico y con un gran desconocimiento de la realidad de estos Pueblos.
Por último señalaron, que la resolución de la Sala Constitucional del 19 de octubre anterior, afirma contundentemente que toda persona no indígena que adquirió tierras dentro de los territorios indígenas es poseedor de mala fé, no tiene derecho a indemnización alguna y todas esas compras y ventas son absolutamente nulas; queda como camino que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos priorizados en cada territorio por organizaciones propias, y que en materia judicial las resoluciones se apeguen a lo establecido por la Sala Constitucional.
Compartido con Surcos por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Mediante un formulario, organizaciones, colectivos o agrupaciones e individuos suscriben carta a diputados y diputadas que pretende hacer un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que favorezcan una discusión acerca del Acuerdo de Escazú, sana, abierta y basada en evidencia, voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente, mantengan en la corriente legislativa dicho expediente y ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
SURCOS comparte el siguiente documento a solicitud del presbítero Luis Alejandro Rojas.
P . CECOR 120 -2022.
San José, 23 de diciembre de 2022.
Señoras Diputadas y señores Diputados miembros de la Comisión Especial Permanente de Ambiente. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Señora Cinthya Díaz Briceño. Jefa de Comisiones Legislativas. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Estimados señoras y señores:
Agradecemos el oficio AL-CPEAMB-0354-2022, del 20 de diciembre recién pasado, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, jefa de Área Comisiones Legislativas, mediante el cual nos brindan la oportunidad de expresar nuestro criterio con relación al Expediente legislativo 23.383, que contiene el proyecto de Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo. Para nosotros, representa una oportunidad de contribuir al debate democrático de tan importante tema, el cual nos atañe profundamente.
Entre las dimensiones de la Iglesia Católica en Costa Rica, está la de ser una entidad de la sociedad civil costarricense comprometida fuertemente con el fomento del desarrollo humano integral. Entre sus múltiples acciones, su servicio a los niños y jóvenes constituye un aporte a la sociedad en materia de prevención del delito y de la adicción a las drogas, por cuanto inculca valores y contribuye a un sano proceso de crecimiento y maduración.
También contamos con servicios en la recuperación de personas adictas drogas. Numerosas parroquias y grupos católicos atienden a personas en situación de calle, la inmensa mayoría de las cuales ha llegado a ese doloroso estado como consecuencia del trastorno de consumo de sustancias psicoactivas. Los sacerdotes y personas consejeras en nuestras parroquias brindan apoyo emocional y espiritual a innumerables familiares de personas hundidas en el consumo de drogas. Desde esta múltiple colaboración con el Estado y la sociedad costarricenses en los esfuerzos de prevención, atención y acompañamiento a personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares, manifestamos que el inmenso problema de salud pública que representa la adicción a sustancias psicoactivas, así como el de seguridad derivado del narcotráfico en todas sus escalas, no solo no nos es ajeno, sino, por el contrario, nos atañe grandemente.
A continuación, exponemos los aspectos medulares de nuestro punto de vista y recomendaciones relacionadas con el proyecto en discusión. Agradecemos la amable atención de ustedes a la presente. Con toda consideración,
MONS. JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA. Obispo de Ciudad Quesada, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Puede descargar el documento completo en este enlace o bien en el vínculo siguiente:
¿Qué resultados han tenido y de qué han servido los informes que han brindado las diferentes comisiones investigativas que se han formado en la Asamblea Legislativa? Desde que tengo memoria, esas comisiones para lo que han servido es para hacer de la lucha político electoral un circo y un show y no han producido ningún resultado positivo para el país.
Muchas de esas comisiones se han formado para investigar actuaciones de gastos, de inversiones improductivas, de acciones de funcionarios públicos, de decisiones de alcaldes, ministros y hasta el presidente de la República. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Podríamos los costarricenses sentirnos complacidos por los resultados de esas comisiones? Desde luego que no. En realidad, no han aportado nada. Han servido en muchos casos para linchar y despedazar a personas que por lo general tenían aspiraciones políticas y lo mejor era quitarlos del camino.
Lo que sí es real y completamente cuantificable son los miles de millones de colones que hemos tenido que pagar los costarricenses para que grupos de diputados confirmen esas comisiones que no producen nada.
Además, en muchos casos estas comisiones afectan en mucho las investigaciones que en ocasiones efectúa el Ministerio Público y eso en lugar de ayudar afecta negativamente posibles acciones que conduzcan a sancionar penalmente a responsables de actos de corrupción.
“Zapatero a tus zapatos” cada quien debe dedicarse especialmente a aquello para lo que se le ha elegido y los señores y señoras diputados deben abocarse especialmente a legislar y producir leyes que permitan el adecuado desarrollo del país y que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República.
Las recomendaciones de esas comisiones no son ni obligatorias ni producen efectos en las acciones a tomar por parte de los otros poderes de la República. Por ende, en la mayoría de los casos, sus actuaciones y resultados son lo que el pueblo conoce como “un saludo a la bandera” o “una producción de humo””, es decir, no afectan ni positiva ni negativamente.
Aún tenemos a un magistrado que una comisión legislativa indicó que debía de renunciar y que no se eligiera más, esto hace más de cuarenta años, ese es un monumento a la ineficacia de dichas comisiones.
Dios quiera que los que ocupan cargos en la Asamblea Legislativa se dediquen a lo que les corresponde y no tomen cada situación que se presenta para crear comisiones. Ya hay comisiones permanentes que deben sacar los mejores proyectos para bien del país. Dedíquense a eso por el bien de todos.
La presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S., ha hecho un llamado urgente dirigido a CONARE para que se pronuncie respecto al Acuerdo de Escazú para que Costa Rica lo ratifique y firme, según comenta, de no hacerlo, esto sería una gran pena y vergüenza internacional enorme en caso de archivarse dicho Acuerdo en la Asamblea Legislativa.
Plantea que es un tema de derechos humanos, el ampliar y actualizar su contenido, acorde a la realidad neoliberalista o de “capitalismo salvaje” actual. Insta a no “dar la espalda” como se hizo anteriormente ante el “combo fiscal” en la que no se dio respaldo a los y las docentes. Según comenta, “la Patria nos llama, es responsabilidad constitucional, nuestra también”.
Destacar además que la presidenta de dicha Asociación ha hecho llamados anteriores dirigidos hacia las y los diputados, y hacia el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) a darle la importancia que el proyecto del Acuerdo de Escazú requiere, y sus implicaciones para el país.
El próximo 31 de enero 2023 se vence el tiempo que tiene el Acuerdo de Escazú para ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Lo cual significa un revés en materia de política ambiental para el país.
A pesar de que todas las bancadas legislativas señalan que no aporta nada nuevo a la legislación vigente, muestran su desinterés y rechazo, amparados en que retarda una supuesta «reactivación económica» ¿Qué tipo de reactivación económica representa en donde las garantías ambientales la pueden retrasar? ¿Qué tipo de actividades económicas están pensando?
Por esta razón, aprovechamos la oportunidad que brinda el Estudio del IDESPO-UNA titulado «Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica» para reflexionar sobre ¿Qué incomoda a los sectores opositores al Acuerdo de Escazú?
El Estudio de IDESPO-UNA nos llama la atención sobre el fuerte apoyo que existe por parte de las personas consultadas a los principios que constituyen el Acuerdo de Escazú. Estas dimensiones son parte fundamental de cualquier política ambiental tales como acceso a la información de proyectos, mecanismos inclusivos de participación ambiental, derechos de las personas a un ambiente sano (esto incluye la defensa de la vida de las personas defensoras) o velar porque las actividades económicas-productivas no deterioren el ambiente.
Lo cual nos lleva a preguntarnos tanto los sectores que se oponen y el gobierno actual ¿Qué tipo de política ambiental apoyan?
El diputado Fabricio Alvarado, jefe de la fracción parlamentaria del partido Nueva República, el partido de los grupos fundamentalistas de los neopentecostales, dice en La Nación que estudiarán con lupa el proyecto de ley de JUSTICIA MENSTRUAL por si pretenden colar algún componente de la “ideología de género”.
El diputado Fabricio Alvarado está investigando si la Regla o la Menstruación es un asunto de género o no y si a través de la Regla se puedan introducir elementos de esa malvada política de género que lo único que pretende es lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
Estamos atentos, porque a lo mejor Fabricio descubre que la Regla no es exclusiva de las mujeres o que de alguna manera inventa la eliminación definitiva. Es algo tan impropio de la naturaleza -dirá- que hasta pudiera ser una maldición divina.
El proyecto busca abaratar el precio de los productos de higiene menstrual y además que se provean en los centros penales, y en escuelas y colegios a aquellas estudiantes que no puedan comprarlas. Trata, en fin, de promover la higiene menstrual.
Pero todo lo que huela a mejorar la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, es sospechoso para los fanáticos de Nueva República.
