El proyecto de Ley #24.805 presentado en la Asamblea Legislativa busca realizar una reforma constitucional para incluir a los principios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la Constitución Política. Actualmente, los principios de la CCSS son enlistados en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus respectivas reformas, no obstante, en la Constitución Política no se mencionan estos principios y la CCSS solo se incluye como una institución encargada de brindar los servicios de salud.
Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a la CCSS de las ideas y tendencias lucrativas de privatización que rodean a la institución. El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) invita a apoyar este proyecto de ley y la importancia de mantener a la CCSS como una institución al servicio de la salud de los costarricenses.
De acuerdo con Fabio Villalobos, médico de la CCSS y miembro del Movimiento Patriótico por Costa Rica, los principios de la CCSS son relevantes ya que constituyen la igualdad, la equidad, la solidaridad, la universalidad y la obligatoriedad de la institución. Para ver el mensaje completo consulte en este enlace.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) condena enérgicamente la aprobación de la vía rápida al proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica, una vergonzosa alianza de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, varios diputados independientes, todos bajo la dirección del gobierno de Rodrigo Chaves.
Denunciamos este retroceso histórico como un golpe directo a los derechos humanos de la clase trabajadora costarricense. Esta intentona por extender las jornadas laborales, disfrazada de modernización y “voluntariedad”, representa una regresión de más de 100 años en las conquistas laborales que con sangre, sudor y lucha fueron conquistadas por el movimiento obrero nacional e internacional.
Este proyecto, además de inhumano, es inconstitucional y contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, como lo han señalado con contundencia destacados juristas y expertos laboralistas. Las supuestas reformas introducidas por el PLN son cosméticas, decorativas y un fraude legal, destinadas a lavar la cara del proyecto, sin eliminar su carácter profundamente regresivo y explotador.
Rechazamos el mito de la «voluntariedad» del trabajador. En una relación laboral existe una asimetría de poder, y lo que se disfraza de elección libre es en realidad una imposición del patrono. La supuesta consulta laboral planteada no garantiza ni transparencia, ni independencia, ni protección contra la coacción patronal. Se trata de un mecanismo fraudulento para imponer jornadas inhumanas bajo presión y amenaza de despido.
UNDECA denuncia que esta embestida legislativa es producto de la presión ejercida por los grandes intereses empresariales de UCCAEP, que han torcido la voluntad política de partidos que históricamente decían defender al pueblo. Hoy se delatan como fieles servidores del capital.
Advertimos al pueblo trabajador: esta no es una reforma laboral, es una agresión directa a nuestros derechos, nuestra salud, nuestras familias y nuestra dignidad, eliminando el pago de horas extra, modificando la jornadas diurna, mixta y nocturna.
Llamamos a la movilización social, sindical y popular en defensa de la jornada de 8 horas, una conquista irrenunciable de la clase trabajadora, protegida por la Constitución Política, el Código de Trabajo y convenios internacionales de la OIT.
¡Ningún retroceso! ¡La jornada de 8 horas no se toca! ¡No al fraude laboral disfrazado de voluntariedad! ¡Sí a la dignidad, la salud y los derechos humanos del pueblo trabajador!
San José, Costa Rica 27 de junio de 2025
UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social Por la defensa de la salud, la dignidad y los derechos de la clase trabajadora.
Se anuncia con bombos y platillos que los diputados del Partido Liberación Nacional y del “oficialismo”, que está representado por los diputados que titiritea la diputada experta en enseñar a mentir ministros y altos miembros del gobierno, junto con los del partido Unidad Social Cristiana, que como partido ha renunciado a los principios sociales de la doctrina social de la Iglesia Católica, de los que hacían su bandera y muchas veces su discurso político, se pusieron de acuerdo para aprobar por la vía rápida el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de trabajo, que quieren imponerse en el país de 12 horas diarias, cuatro días a la semana. A ellos se sumaron Eli Feinzaig y Fabricio Alvarado, con sus diputados.
Quieren aprobar por debajo, “secretamente”, metiendo gato por liebre, el Proyecto de las jornadas de trabajo esclavista, para lo cual están mezclando la discusión de este trámite reglamentario con la aprobación de otros proyectos de ley. Todo en paquete.
Esta mezcla de intereses muestra que la jornada de trabajo esclavista no es válida ni justa. Indica que la quieren poner a discutir limitando el tiempo de discusión, eliminando a la brava mociones que se puedan interponer contra ese proyecto de ley, que es lo que se busca con el trámite de la vía rápida, evidenciando con ello el contenido negativo de ese proyecto de ley, y poniendo de relieve la perversidad de sus proponentes contra los trabajadores en general, que son los que van a salir afectados en caso de aprobarse la jornada de 12 horas diarias obligatorias de trabajo.
La jornada de 12 horas existe autorizada en el país pagando, de la hora nueve a la hora doce, esas cuatro horas extras sobre la jornada ordinaria, un 50% más, por cada hora trabajada, del valor de esas primeras 8 horas de trabajo. Al eliminar el pago extra perjudican a los trabajadores en sus ingresos mensuales, en el pago de aguinaldo que les corresponde y su futura pensión. Al no pagar esa jornada extra, al eliminarla de facto sobre los trabajadores que serán obligados a trabajar la jornada d, 12 horas, lo que se está implementando en la realidad es una JORNADA FORZOSA, que está prohibida por la legislación nacional e internacional. No es una modalidad laboral lo que se quiere establecer, es una forma de trabajo forzoso lo que se está diseñando como sistema de trabajo nacional en la ramas de actividad económica y productiva que se va a aplicar esta jornada esclavista.
Con el acuerdo tomado por los diputados para el trámite rápido de aprobación del proyecto de ley de la jornada forzosa de 12 horas, lo que han declarado, efectivamente, es que están confabulando por debajo la posibilidad de meter, en una aprobación de bulto, de varios proyectos de ley, el de la jornada de trabajo de las 12 horas. ¿Por qué tienen miedo de discutir ese Proyecto de Ley en trámite ordinario? Porque efectivamente saben en la discusión por el trámite ordinario, no ganan esa discusión. Lo que necesitan es imponerla a la fuerza, porque así los están manipulando y obligando los intereses esclavistas que representan esos diputados y sus partidos políticos.
¿Por qué tienen miedo los proponentes de esta jornada esclavista que el proyecto de ley se discuta por la vía ordinaria, por la vía normal de discusión de todos los proyectos de ley? También tiene miedo de que ese proyecto de ley se discuta en los meses cercanos, a partir de setiembre y octubre, a la campaña electoral, porque temen que en ese ambiente el tema de la jornada de 12 horas, que no lo han podido justificar, se pueda convertir en un tema de discusión electoral que pueda afectar a estos partidos y la elección de sus futuros diputados, tal vez, también de sus candidatos presidenciales.
Si los diputados no quieren llegar al período de la campaña electoral para discutir este proyecto de ley, son los sindicatos y las organizaciones sindicales y sociales en general los que están obligados a llevar la discusión a la palestra pública y enfrentar a los diputados y sus partidos con los trabajadores y con los electores.
Son los sindicatos los que deben emplazar a los partidos políticos, uno por uno, que ya están inscritos electoralmente sobre si apoyan o no el establecimiento de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias.
También deben enfrentar a los candidatos presidenciales, que ya existen, y los que surjan posteriormente, para que se pronuncien sobre este modelo de trabajo forzado y esclavista que quiere imponerse, para saber cuáles de ellos están en el camino de debilitar más, o de terminar de acabar con el Estado Social de Derecho, que se viene minando desde hace varios años.
En las últimas horas, el candidato Álvaro Ramos de Liberación Nacional, ha sido obligado a pronunciarse a favor del trámite rápido de discusión parlamentaria de la jornada esclavista y forzada que quiere establecerse. Así, Álvaro Ramos no está significando ninguna renovación en Liberación Nacional. Con su cambio de opinión, puesto que ya se había pronunciado a favor del trámite ordinario y no por el rápido, muestra también cuales sectores políticos y empresariales están dominando en Liberación Nacional, y está mostrando que este partido ha dejado de lado sus viejas banderas social demócratas, izando a plenitud sus nuevas posturas de neoliberalismo, que harán que el candidato Álvaro Ramos en nada se distinga de los otros candidatos como Eli Feinzaig, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo, Fernando Zamora, Natalia Díaz y los candidatos de los partidos jaguares, aliados y continuadores del actual presidente Rodrigo Chaves, como son Laura Fernández, Luis Amador, Francisco Gamboa. En la perspectiva pareciera que solo los candidatos presidenciales del Partido Frente Amplio, Ariel Robles; y del partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar son los que están en contra de la jornada esclavista de las 12 horas. Todavía no he oído pronunciarse sobre este extremo a la candidata del Partido Acción Ciudadana, Claudia Dobles.
El escenario nacional no es muy halagüeño en posibilidades electorales hacia un nuevo gobierno. Pareciera que por ahora todo se encarrila hacia la continuidad del actual gobierno en todas las esferas del quehacer político nacional.
Las jornadas 4/3 dañarán física, emocional y sicológicamente la vida personal, familiar y comunal de los trabajadores, reduciendo además sus ingresos, actuales y futuros.
Las jornadas 4/3 agravarán la crisis de injusticia, desigualdad y frustración que en su desesperación ha llevado a los electores, a los votantes, a las posturas político-fascistas que se están instaurando en el país con el chavismo incrustado. Las jornadas 4/3, hundirán más al país en una crisis donde el populismo autoritario lleva las de ganar.
Las jornadas 4/3, hundirán más al país en una crisis donde el populismo autoritario lleva las de ganar.
ACCEDER – Carta a la Asamblea Legislativa: Condena pública a la negativa de exigir el cese del genocidio en Gaza y de proteger la ayuda humanitaria
El martes, una mayoría legislativa rechazó una moción que giraba en torno a exigir a Israel un alto inmediato al fuego y al genocidio en Palestina. Fue rechazada precisamente por mencionar la realidad: existe un genocidio en marcha. En su lugar, aprobaron una moción genérica sin peso ni sentido.
Desde ACCEDER redactamos una carta para exigir a la Asamblea Legislativa reconsidere su posición cómplice y omisa con el genocidio y, en su lugar, rectifique su posición mediante la aprobación de la moción que fue anteriormente rechazada.
Cada día que pasa se perfila mejor el panorama electoral hacia febrero. Los partidos políticos en proceso de inscripción ya están saliendo del huevo. El Tribunal Supremo de elecciones va sacando su tarea, avalando los que están con todos los trámites de inscripción en forma.
¿Cuántos partidos nacionales tendremos inscritos para la próxima campaña electoral? ¿25 como en la elección pasada, 13 como en la del 2018, 13 como en la del 2014, 9 como en la del 2010, 7 en la del 2006?
En todas las campañas tenemos partidos políticos tradicionales y nuevos. Los tradicionales los que ya han participado en varios procesos electorales, o que al menos repiten una elección. Los nuevos los que se inscriben por primera vez. Así de simple. En los tradicionales están los más viejos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, que también eligen diputados desde el 2006. Le siguen en antigüedad Acción Ciudadana, el de Fabricio Alvarado.
Si se trata por elección de diputados, donde hay una mayor cantidad de partidos inscritos, en la elección del 2006 y la del 2010, ocho partidos eligieron diputados, en la del 2014 y 2018, nueve partidos eligieron diputados, en la del 2022, con 26 partidos participando para diputados, solo seis partidos eligieron diputados.
En estos procesos electorales, que estoy mencionando, desde el 2006, que estoy comentando el número de partidos que eligió diputados es el siguiente.
En la elección del 2006 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.
En la elección del 2010 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.
En la elección del 2014 solo dos partidos eligieron 10 o más diputados y solo uno Liberación Nacional, eligió 18.
En la elección del 2018 solo 3 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 17.
En la elección del 2022 solo 2 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 19.
Esta es la realidad electoral de los últimos cinco procesos electorales, y del comportamiento, más o menos estable del electorado.
A partir de la elección del 2014 se rompió la tradición y el comportamiento electoral. Llegó a la Presidencia de la República un nuevo partido, Acción Ciudadana, rompiendo el bipartidismo tradicional que tenían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de ganar la Presidencia. En la elección del 2018, nuevamente Acción Ciudadana se impone como el partido ganador, y por primera vez Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedan fuera de llegar a la segunda ronda. En la elección del 2022, de nuevo se produce una ruptura con la elección presidencial y se produce una sorpresa con el triunfo de un nuevo partido político, que no había participado en procesos electorales anteriores, el Partido Progreso Social Democrático, con un candidato, Rodrigo Chaves Robles, que era un “perfecto desconocido” político en el país por haber vivido fuera de Costa Rica más de 30 años, que había regresado para incorporarse al Gobierno de Carlos Alvarado, por un breve período de seis meses como Ministro de Hacienda, y sorprendió en la campaña electoral agitando problemas sensibles que lo identificaron con la ciudadanía electoral decepcionada de las prácticas de gobiernos anteriores, de sus ejercicios gubernativos políticos, especialmente dominado por el bipartidismo tradicional.
A las puertas del próximo proceso electoral tenemos una proyección parecida de gran cantidad de partidos políticos nacionales y provinciales en posibilidad de presentarse ante el electorado.
En el siglo XX, se han experimentado las segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, cuando los electores no le dan los votos suficientes al partido ganador en la Presidencia. Solo el Partido Liberación Nacional ganó, sin segunda ronda, las elecciones del 2006 y 2010. Ello se debió, entre otros factores a los candidatos liberacionistas de esas campañas electorales, Oscar Arias y Laura Chinchilla. Liberación Nacional estuvo a punto de ganar el gobierno, en la segunda ronda, con José María Figueres, en el 2022, quien había ganado la primera vuelta electoral.
Las segundas rondas electorales ya se quedaron instaladas en la realidad nacional, lo que no es obligatorio para cada proceso electoral, que siempre es una sorpresa, que puede resultar como apretar un jabón, que nadie sabe para donde sale.
El otro elemento que es gravitante en los procesos electorales es el de la reelección de partidos políticos en el gobierno. Esto solo lo ha logrado Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 y 1974, en 1982 y 1986, y En el 2006 y 2010, el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión, 1998 y 2002 y el Partido Acción Ciudadana, en el 2014 y 2018. Al Partido Progreso Social Democrático no lo veo repitiendo gobierno…pero cualquier cosa puede suceder en política.
En mi opinión no veo, por ahora, que estas tendencias electorales de los últimos cinco procesos electorales vayan a cambiar sustancialmente.
Lo que veo, por ahora, es el riesgo de un partido, Liberación Nacional, con un candidato electoral más fuerte que sus tradicionales, para las próximas elecciones que le da posibilidad de acariciar la Presidencia y de mantener la mayoría de los diputados que hasta ahora ha sostenido, entre 17 y 24 diputados. Esto estará en relación directa a los candidatos que ofrezca, con la nueva cara presidencial que tiene, y con el programa electoral que agite.
El Frente Amplio en posibilidad de aumentar su número de diputados, de los seis actuales a una decena por lo menos, sobre todo si la lista la encabeza alguien como su dirigente político José María Villalta. Su candidato presidencial lo pueden sacar de sus actuales diputados, que buena imagen pública tienen.
A los otros partidos políticos parlamentarios y hacia las elecciones no les veo todavía una buena proyección. La Unidad Social Cristiana en este momento ni se siente. Su candidato presidencial está en la estratosfera, no está presente en nada ante los grandes y graves problemas que hay en el país, además con planteamientos políticos y económicos sociales sumamente conservadores, que no le van a ayudar nada en su campaña.
El partido Liberal Progresista es un desastre parlamentario y organizativamente pareciera ser lo mismo. Eli Feinzaig obligadamente tendrá que ser el candidato para tratar de mantener alguna presencia política como partido, si es que quiere tener un partido como proyecto político y personal. Si no asume este reto pasará como un fisco electoral. Su planteamiento parlamentario no le ha permitido destacar como un líder en capacidad de ofrecer un proyecto renovador costarricense. Se quedó en el conservadurismo y el retroceso social.
Fabricio Alvarado seguirá jugando a la presidencia, pero no lo veo aumentando su número de diputados. Los electores cautivos de sus templos religiosos le votarán, pero se le han movilizado a las “tiendas” del actual inquilino de Zapote y hacia las que él oriente en búsqueda de votos para sus partidos jaguares.
Del caso del presidente Chaves Robles es políticamente interesante. No puede reelegirse él, porque tiene impedimento constitucional para hacerlo. Pero, se quema por hacerlo. Cómo él no puede, ha impulsado la creación de varios partidos políticos nuevos para que “continúen” su proyecto político desmantelador del Estado Social de Derecho del país. Ya ha logrado que tres de sus partidos estén debidamente inscritos, lo que le da margen de actuar en las elecciones, directamente si se lo propone, o indirectamente como lo viene haciendo los miércoles, y cada vez que puede, en su forma beligerante de su discurso político contra toda la institucionalidad y contra todos los partidos políticos, que le puedan ofrecer oposición y que le impidan que sus “jaguares” logren elegir sus 40 o 38 diputados como desea para de esa forma acabar, desde la Asamblea Legislativa con toda la institucionalidad democrática nacional e instaurar su régimen autoritario, despótico, tiránico, sin controles institucionales, que le permitan actual libremente y con la billetera abierta del Estado en los negocios propios o de sus amigos políticos, nacionales y extranjeros.
La figura del “jaguar” como emblema político ya la tiene uno de sus partidos. Ha provocado la ira de la diputada mentirosa que es la titiritera, o marionetista, de todo ese grupo político, que es la que mueve y articula a la marioneta que tiene en Zapote, porque tenía reservada esa figura del “jaguar” para otro de sus partidos inscritos.
Pero este no es un problema. Electoralmente los partidos del presidente y de su marionetista pueden tener todos su “jaguar” como emblema, para que sea más fácil su identificación grupal. El Tribunal Supremo de Elecciones no podría negar ese emblema salvo que el que lo inscribió primero impugne su uso. Pero, como todos son coyotes de la misma loma, que pertenecen a la misma condición de manada de animales “jaguar”, que pertenecen a la misma red de intereses políticos, no tienen por qué tener problemas con usar ese emblema. Además, están considerando constituir una coalición con esos jaguares. Demás está decir que en las papeletas electorales muchos partidos tienen banderas muy similares en sus colores.
El tema principal de los “jaguares” es si tendrán posibilidad de repetir gobierno, como lo hizo el partido Acción Ciudadana. Con el nombre del Partido Social Democrático, con el que fue electo Rodrigo Chaves pareciera que no hay posibilidad alguna. Ya está buscando candidato entre los “chavistas” de gobierno, sin que su eventual candidato el exministro Amador represente al presidente Chaves o sea su continuador.
En las tiendas “chavistas” eso todavía no está decidido, porque no es él quien decide esa candidatura, la que será definida por el grupo que económicamente le ha apoyado desde la campaña electoral del 2022, junto con la marionetista de Cuesta de Moras. Podría ser definido ese candidato en el Cantón de Santa Ana, como ya se rumora.
El proyecto de los 38 o 40 diputados “jaguar” que se quieren elegir por parte del gobierno y de su presidente no es fácil lograrlo. Las “pintas” que hay en esos partidos jaguar, disputando esos puestos, al margen de lo que decida la marionetista y el animal de Zapote, el Jaguar mayor, son de la casa de los sustos.
El próximo Congreso, Asamblea Legislativa, va a necesitar, este es el reto para todos los partidos, candidatos de mucha calidad política, personal, profesional. Eso es lo que se requiere para la Costa Rica a partir del 2026, si se quiere avanzar hacia la modernización de todo el aparato institucional del país, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, y hacia una Costa Rica más próspera, más justa, más democrática.
El peso de la elección nacional va a girar, así lo veo, alrededor de los candidatos a diputados, para que al apoyarlos a ellos se apoye al candidato presidencial que los proponga.
La elección del presidente siempre va a tener la luz y el foco principal, pero está demostrado electoralmente que los electores, los votantes, quiebran, parten, su voto para que desde la Asamblea Legislativa se ejerzan y lleven controles sobre el actuar del Poder Ejecutivo.
¿Variará esto hacia una super mayoría legislativa, parlamentaria, como se propone Rodrigo Chaves, impulsando sus animales, sus jaguares?
El Presidente de la República, como miembro de un Poder Supremo, debe ser juzgado mediante un procedimiento penal especial. En teoría, se supone que algunas de las máximas autoridades de un Estado, deben gozar de este privilegio para evitar que, de manera fácil y expedita, puedan ser cuestionadas y removidas de la función pública que ejercen. El tema no es pacífico pues se critica que estos procedimientos especiales se pueden prestar para fomentar protecciones extraordinarias, opuestas al principio de igualdad y muy cercanas a la impunidad. Pero eso es lo que está dispuesto por la Constitución y las leyes que nos rigen, y deben ser aplicadas mientras estén vigentes.
En Costa Rica presenciamos en la actualidad el transcurso de un enjuiciamiento de esta naturaleza. Conforme lo hemos ido conociendo, existió una denuncia penal contra el Presidente Chaves; el Fiscal General –por mandato legal- llevó a cabo personalmente una Investigación Inicial y ha concluido que hay elementos suficientes para levantar una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia.
Aquí da inicio una de las fases especiales a las que nos referimos. Se requiere un antejuicio en el que la Corte votará si, en efecto, nos encontramos ante la comisión de uno o varios delitos (ateniéndonos estrictamente a la descripción de hechos que hace el Fiscal), y si procede el pase o traslado del asunto a la Asamblea Legislativa para que ésta, a su vez decida, por mayoría calificada de 38 votos, si se levanta elfuero que protege al Presidente, y corresponde regresar el asunto a sede jurisdiccional, esta vez a la Sala Tercera de la Corte Suprema, encargada de instruir la causa y dictar sentencia. El derecho a la doble instancia está garantizado por un recurso ante el Pleno de la Corte.
Para esta etapa de antejuicio, tanto en sede de Corte como en sede legislativa, no corresponde hacer juicios de culpabilidad o inocencia; tampoco procede valorar la prueba aportada, ni si ésta es decisiva, pertinente o suficiente.
Como puede verse, nos enfrentamos a un procedimiento complejo, que mezcla elementos políticos con elementos jurídicos, razón por la cual vale la pena detenerse en las debilidades y riesgos que alberga nuestro régimen para el juzgamiento de miembros de supremos poderes, y advertir acerca de ciertos riesgos o vicios a los que podemos vernos arrastrados.
En primer lugar, los juzgadores, en este caso Magistradas y Magistrados de Corte, han jurado cumplir con la Constitución y las leyes. Sus decisiones han de regirse estrictamente por el contenido de estas normativas y no se vale hacer cálculos (personales o de grupo), ni siquiera en función de valoraciones subjetivas de lo que puede ser más justo o más oportuno.
En segundo lugar, sea lo que sea que decidan estos altos jueces, la legitimidad política de lo que resuelvan, sólo puede radicar en las buenas razones que le den, tanto a las personas involucradas en el conflicto, como sobre todo a la comunidad ciudadana que espera, no sólo que las decisiones se tomen, sino que éstas resulten razonablemente convincentes.
Nos vemos entonces obligados a considerar algunas de las debilidades y vicios de nuestro sistema. Las magistraturas, titulares y suplentes, son nombradas por la Asamblea Legislativa, órgano político por excelencia. Existe el peligro que el magistrado (a) titular “saque la calculadora” y empiece a preocuparse por su próxima reelección, o por el efecto que su decisión pueda tener en uno u otro sector partidario; o más grave aún, existe el riesgo de que el magistrado (a) suplente considere seriamente si la decisión a tomar afectará sus legítimas aspiraciones de llegar a titular. Tampoco podemos descartar, en el peor de los casos, la existencia del juez (a) venal, aquél que tiene afinado su olfato para congraciarse, en toda circunstancia, con el poder de la clase política.
En esta trama de sutilezas y detalles (donde se oculta el diablo), también hay que vigilar con atención, quiénes de los llamados a dictar decisiones, se ausentan, se enferman o se inhiben, y por cuáles motivos. De nuevo sólo las buenas razones serán validadas por un público que no coma cuento.
En fin, pensando más a futuro, para mitigar estas falencias, riesgos y vicios de nuestro sistema, deberíamos reformar el procedimiento para juzgar a miembros de supremos poderes. Si bien puede mantenerse un procedimiento especial para definir si se levanta el fuero, lo más sano sería que el juzgamiento en sí esté a cargo de las autoridades judiciales competentes conforme el procedimiento ordinario, y no vernos en la riesgosa situación de ver magistrados(as) juzgando presidentes, ministros, diputados y hasta compañeros de magistratura.
La jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica. No hay necesidad de estar impulsando un proyecto de Ley que establezca de manera precisa una jornada ordinaria de 12 horas diarias, como se pretende en la Asamblea Legislativa.
En el mundo, la jornada de ocho horas diarias se logró, como resultado de la lucha de los trabajadores europeos y estadounidenses a finales del siglo XIX.
Las huelgas generales que agitaron los Estados Unidos en la década de 1880-1890 establecieron, por las huelgas realizadas en 1886, especialmente en la ciudad de Chicago el reconocimiento y establecimiento de esa jornada para el 80% de los trabajadores que se habían movilizado en esas luchas.
En 1888 el movimiento obrero de los Estados Unidos se aprestó a continuar esa lucha el 1 de mayo de 1890 para asegurar la jornada de ocho horas en todos los Estados Unidos.
El 1 de mayo de cada año se discutía, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo del año siguiente. Por ello, la huelgas para que el 1 de mayo de 1886 y de 1890 se negociara los contratos de trabajo, en estado de huelga, con la consigna de las ocho horas como jornada diaria de trabajo.
En 1889 dos congresos obreros de trabajadores socialistas en Francia se sumaron a la convocatoria de las huelgas y luchas que se realizarían en 1890. El Congreso de trabajadores reunido en la Sala Petrelle acordó, además, declarar y establecer el 1 de mayo de cada año, como un día internacional de lucha de los trabajadores, donde cada año, ese día, se pudiera hacer un balance de las luchas realizadas y trazar una agenda de nuevas luchas para el año venidero. Ese es el significado que tiene el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores.
Desde entonces se realiza y celebra el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, en el cual se reivindican derechos laborales y sociales, se defiende como parte de las demandas la jornada de ocho horas, se lucha por alza de salarios, como elementos centrales de las movilizaciones obreras y de los trabajadores, junto a la defensa de los derechos de organización sindical, de huelga y de negociación colectiva.
En Costa Rica la lucha internacional de la jornada de ocho horas de 1886 fue seguida por la prensa diaria que se publicaba, dando detallada información de las luchas que se iban haciendo.
La Encíclica papal Rerum Novarum de 1891 recogió estas luchas y la Iglesia Católica se pronunció a favor de la jornada de ocho horas, del derecho de organización sindical, del derecho de huelga y del derecho a un justo salario. El Obispo de Costa Rica Bernardo Augusto Thiel, en 1893, recogiendo los lineamientos de la Encíclica, en su Carta Pastoral No. 30, se pronunció en igual sentido.
A principios del siglo XX los intelectuales Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, autor de la Letra del Himno Nacional, Carmen Lyra, entre otros, fundadores del Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsaron la gestación de la Confederación General de Trabajadores, en 1913, y en mayo de ese mismo año, convocaron a la celebración del primer Primero de Mayo, como día internacional de lucha de los trabajadores en Costa Rica. Desde entonces se ha celebrado y realizado esa fecha, y se han organizado marchas de trabajadores. Excepcionalmente, en pocos años no se celebró en la calle.
En 1918 trabajadores de la madera, ebanistas y carpinteros realizaron luchas para obtener la jornada de ocho horas de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, al terminar la I Guerra Mundial, hoy organismo parte de las Naciones Unidas, estableció en su Primer Convenio, en 1919, la jornada de trabajo como un derecho universal de los trabajadores, ratificado por Costa Rica el 1 de marzo de 1982.
En 1920, huelgas en el sector de Obras Públicas, lograron en febrero la jornada de trabajo de ocho horas con un reconocimiento al derecho de huelga y de organización sindical. Resultado de esa lucha, se impulsaron huelgas ese año en diferentes sectores de la producción y de la economía y, en diciembre, el gobierno hizo el decreto estableciendo la jornada de ocho horas de trabajo en todo el país. La jornada no se cumplió plenamente y en el programa del Partido Reformista, en 1923, como en el del Partido Comunista, de 1931, se clamó por el cumplimiento de esa jornada.
En la década de 1940-1950, durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, en el contexto de la crisis internacional provocada por la II Guerra Mundial, se aprobó la Reforma a la Constitución Política de 1871, para introducir en ella, el capítulo de las Garantías Sociales, y el Código de Trabajo, también aprobado ese año.
En las Garantías Sociales como en el Código de Trabajo se estableció la jornada de ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria, con posibilidad de extenderla por un máximo de cuatro horas diarias, reconociendo en esas jornadas extraordinarias un sobrepago de un 50% adicional al valor de cada hora ordinaria. De manera que, por ejemplo, si una hora de trabajo se paga a 1000 colones, para un total de 8000 colones al día, por cada una de las horas extraordinarias se pagaría a 1500 colones cada una, para un total de 6000 colones adicionales a la jornada ordinaria, obteniéndose un salario completo de 14000 colones por día.
En aquellos días del Gobierno de Calderón Guardia, 1940-1944, existió hasta 1945, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que reunía a los jóvenes, intelectuales y otras personalidades que se identificaban con la Social Democracia. De ellos, Otto Fallas Monge, Rodrigo Madrigal Nieto, Abel Castro Hidalgo, Luis Alberto Monge Álvarez, Mario Rodríguez Rodríguez y Rodrigo Odio González redactaron un Proyecto de Código de Trabajo, que fue presentado, tiempo después, a la Junta de Gobierno Fundadora de la II República, en cuyo artículo 158 establecieron que la jornada ordinaria de trabajo no podría ser mayor de ocho horas diarias, y en el artículo 162 establecieron que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podía exceder las doce horas al día. En el artículo 160 señalaron claramente que la jornada extraordinaria debía ser pagada con un 50% adicional al valor de la jornada ordinaria. Este Proyecto de Código no se aprobó. Se mantuvo el de 1943, que reguló en los términos ya dichos, que se llevó a la Constitución Política, en su artículo 58, la jornada de 8 horas ordinaria y la extraordinaria de 4 horas, reconociendo y obligando el pago del 50% adicional por cada hora de trabajo extraordinario. Se señaló claramente, en su artículo 59, “todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”, que no tienen nada que ver con este régimen de jornadas laborales. Las excepciones están establecidas en la misma Constitución y el Código de Trabajo, que tienen que ver con regulaciones de trabajo de mujeres, de niños, en condiciones insalubres y peligrosas, entre otras.
Esta es la legislación vigente en el país. Es la legislación que debe cumplirse y respetarse en Costa Rica
Desde entonces este régimen de jornadas se aplica en Costa Rica. Puede haber empresas y patronos que no las cumplan, lo que queda para los Tribunales de Justicia en la materia laboral resolver si así se denuncia, o ante el Ministerio de Trabajo si ante ese Ministerio así se evidencia y denuncia. Aún así, toda empresa que quiera operar en el país, nacional o extranjera, y todo patrón nacional o extranjero, sabe esta obligación laboral al iniciar sus actividades empresariales, productivas o patronales.
Si vienen empresas extranjeras al país se ven obligadas a cumplir estos extremos de la legislación constitucional y laboral costarricense. Todas las que han venido así lo han hecho. Cuando se pide información para venir a invertir al país así también se les da a conocer. A ninguna empresa, empresario o inversionista se le puede ofrecer algo que en materia laboral no existe en el país. Los que vienen e invierten acatan y se someten a estas disposiciones laborales, de la misma manera como lo hacen los costarricenses que invierten y desarrollan empresas en el extranjero, que tienen que adaptarse y cumplir las leyes de esos países.
Las transformaciones de la economía mundial que repercuten en el país no alteran sistemas de trabajo y de jornadas existentes. En Costa Rida hay empresas y actividades económicas que trabajan de manera continua las 24 horas. Esto es permitido y es real su existencia. En ellas trabajan tres turnos de trabajadores de 8 horas, o bien dos turnos de 12 horas de trabajadores, si así lo pactan y si así se les reconoce el pago extraordinario. Esto no es ilegal ni inconstitucional.
¿Por qué entonces quieren modificar la jornada tope de ocho horas diarias, para extenderla a una jornada tope de 12 horas diarias, eliminando el carácter de las cuatro horas extraordinarias, sobre las ocho ordinarias? Simplemente, para no pagar el 50 % adicional que se debe pagar por esas horas extraordinarias. Simplemente, para ahorrarle al patrono, al empresarios, al inversionista, nacional o extranjeros, ese pago. Simplemente, equivale a aumentarle la ganancia y su riqueza a ese empresario, inversionista o patrono, y a la vez reducirle el salario o ingreso al trabajador, con las repercusiones que esto tiene al aguinaldo, que también se verá disminuido, y a la pensión futura que también se le disminuirá, más gravemente si también se aprueba la extensión de los años de retiro laboral, a los 70 años, como se quiere hacer en paralelo con esta reforma al régimen de la jornada de trabajo de 8 horas.
Lo que se quiere es llevar a la población del país a situaciones de pauperización cada vez más agudas, con menos capacidad de consumo, por falta de ingresos o salario débiles y bajos. Es provocar mayor desempleo y trabajo informal. Es provocar una mano de obra más barata, en amplia lucha de clases y sectores de clase, pujando por emplearse al más bajo salario. Es el empobrecimiento general del país lo que se impulsa con este proyecto de la ley esclavista que quieren imponer los diputados chavistas del gobierno, los de Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, los de la Unidad Social Cristiana, algunos de Liberación Nacional en comparsa con otros independientes.
Valientemente están impulsando este Proyecto de Ley esclavista en un año electoral. Ya veremos con qué canto de sirena lo harán y engatusarán a los ciudadanos con este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diario, pagadas a menor valor o precio.
Como la jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica, pagando extras, no hay necesidad de imponer una jornada que no reconozca este pago extra.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).
El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016.
Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.
Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa
Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).
Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa).
Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.
Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.
Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM
En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura.
La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia.
Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:
«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.
Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM.
El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,
«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.
(véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria).
El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:
«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.
Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).
Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos
Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.
Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511).
Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:
«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.
No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente.
Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente
Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM, observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales.
Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron
– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«);
– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).
En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:
“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.
Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.
Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:
«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.
No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.
Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.
La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:
«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.
A modo de conclusión
El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.
Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.
– – Notas – –
Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio: situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véasetexto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»
Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).
Cuando se invita a empresas y a empresarios extranjeros a invertir en Costa Rica, los organismos especializados en la atracción de capitales y de la llamada Inversión Extranjera Directa, les informan del entorno jurídico que van a tener, relacionada con impuestos, exoneración de impuestos, ventajas fiscales, seguridad jurídica existente en el país, capacidad intelectual nacional de personas preparadas para las nuevas tecnologías y ciencias informáticas, así como de otras ventajas nacionales para esas empresas y empresarios.
Una información valiosa que se les suministra es el cumplimiento de la legislación nacional de trabajo, el régimen jurídico que lo regula y las obligaciones que se tienen con los trabajadores, relacionadas con jornadas, salarios, libertades de asociación laboral.
Así operan, y están obligadas a hacerlo, la Asociación de empresas de Zonas Francas de Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, la Unión de cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Cámara de Comercio Exterior, y la Cámara de Comercio Norteamericana Costarricense.
Hace algunos años, cuando fui Embajador en Venezuela traje al país grupos empresariales venezolanos, en una ocasión 56 empresarios, que se reunieron con sectores empresariales nacionales con la intención de comprar productos nacionales y de realizar inversiones en el país. En todas las sesiones que pude participar de esos encuentros pude aquilatar y valorar el papel de los empresarios nacionales informándoles a los venezolanos de los aspectos legales que debían cumplir y someterse, entre ellos la legislación laboral y social. Siempre que he puesto ese ejemplo de relación he destacado la responsabilidad de los empresarios, en esas cámaras, de hacer valer esa legislación. La realidad puede ser otra, pero fui testigo de que se les informaba de sus obligaciones., especialmente en el campo laboral y social.
Desde principios del siglo XX se viene intentando introducir en el país la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, lo que se ha llamado popularmente la ley de la jornada 4-3, que garantiza el cumplimiento de la jornada de 48 horas a la semana, que jurídicamente se establece en seis jornadas de ocho horas cada una.
Con el criterio de concentrar en cuatro días las 48 horas se trata de vender a los trabajadores actuales y futuros, una ventaja de darles tres días de descanso. Teóricamente así parece. La realidad se impondrá brutalmente sobre los trabajadores y las personas que así se contraten.
Las nuevas jornadas de 12 horas de trabajo serán devastadoras físicamente para los trabajadores, agotadoras, productoras de mayor estrés físico y mental, de tensión física y emocional, de mayor frustración, de estrés agudo y prolongado, de mayor desgaste nervioso y generador de furias y enojos, generador de dolores de cabeza, tensiones musculares, problemas digestivos, de alteración de los estados de sueño, de mayor irritabilidad y dificultad para concentrarse en el trabajo y en las relaciones familiares. La violencia doméstica y familiar probablemente se incremente.
Para empezar un trabajador o trabajadora, para incorporarse a una jornada de 12 horas, debe prepararse en su hogar por lo menos dos horas antes de desplazarse a su sitio de trabajo, para prepararse personalmente, desayunar y trasladarse al sitio de trabajo. Al finalizar las doce horas de trabajo, igualmente tendrá de disponer de otras dos horas para regresar al hogar, habiendo de esa manera dispuesto en el día, entre 14 y 16 horas fuera del hogar.
Con las actuales jornadas de ocho horas de trabajo se producen al año más de 110.000 (ciento diez mil accidentes de trabajo) atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y el Hospital del Trauma, con altos porcentuales de muerte y de incapacidades parciales y totales. Con 12 horas de trabajo sin ninguna duda esta situación se va a incrementar.
A nivel familiar se realizará un desgaste de las relaciones de pareja, de los esposos, de los padres y madres con sus hijos. Se debilitará la relación de colaboración entre ellos.
No hay condiciones nacionales de cuido para los niños en edad preescolar, de primera infancia, y de la atención escolar que deben brindar los padres. El sistema educativo está totalmente debilitado en términos generales y sin capacidad alguna de proteger a la infancia nacional en las condiciones de trabajos de sus padres de 12 horas o más fuera de sus hogares.
Las empresas carecen de la condiciones de facilitarles cuido y educación a los niños, mientras sus padres trabajan en ellas. Ni siquiera, en el proyecto de ley de estas doce horas se contempla esta posibilidad, y la garantizar el transporte seguro y acorde al salario real del trabajador al centro de trabajo y de retorno a su casa.
Salarialmente va a producirse un impacto muy grande en los trabajadores. De conformidad a la legislación nacional cuando se trabajan más de ocho horas, lo que se permite, hay que pagar un sobre sueldo de un 50% por cada hora de trabajo adicional. Así, si un trabajador, por ejemplo, gana 100 colones por hora, en la hora extra debe ganar 150 colones, o si gana 1000 colones debe ganar 1500 colones. Este plus salarial se pierde. Todas las 12 horas se van a pagar con un salario común por hora, y las horas extras adicionales que deberían pagarse con el 50% de más, van a pagarse, en el salario integrado por menos del 15%.
Aquí, con esta jornada de trabajo de 12 horas, que es como las que se aplicaban en el siglo XIX y parte del siglo XX, de tipo esclavista, se va a producir una rebaja real del salario de los trabajadores, produciéndole una ganancia al empleador, al empresario o a la empresa.
De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, tipo pago de horas extras, se reconoce en el pago de aguinaldo en el mes de diciembre. Con el régimen de jornadas de 12 horas no se va a pagar ningún incremento en el aguinaldo. Se recibirá un salario igual al que se ganará mensualmente, lo
De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, también repercute en el reconocimiento final al momento de pensionarse una persona, que se le hace un recuento de todos sus ingresos, por más de 30 años de trabajo o por tener la edad de retiro legalmente establecida. Con ese recuento se le establece una pensión correspondiente a un porcentaje de los salarios ganados, que generalmente es un 40% menos del salario que se recibió. En este momento también hay un proyecto de ley que quiere aumentar la edad de retiro, a más de 65 años y hasta los 70 años de edad, debido a la longevidad de los costarricenses estimada en 82 años para las mujeres y 78 para los hombres.
Brutalmente, el ROP lo están reformando para que el ahorro “voluntario” de los trabajadores se le pueda pagar en tractos hasta la edad de 110 años, como si toda la gente de Costa Rica pudiera vivir como doña Marita Camacho de Orlich, nuestra Primera Dama que goza felizmente de esa edad.
En otro orden de cosas, en la discusión que ha tenido este Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, los diputados defensores de los empresarios esclavistas, que quieren implantar la jornada de trabajo de 12, no han podido demostrar, que realmente sea una necesidad esa jornada para establecerla de manera nacional. No han podido señalar una sola empresa que pida esa jornada. No han podido demostrar que empresas que quieran instalarse en Costa Rica pidan o exijan esa jornada esclavista.
Las empresas extranjeras en general están obligadas a cumplir la leyes laborales, en las mismas condiciones que se cumplen en sus países de origen. Las empresas estadounidenses están obligadas en ese sentido a cumplir las jornadas de ley nacional y las de su país, que también son de 8 horas diarias.
En este momento asesores de Donald Trump están proponiendo establecer la jornada de 60 horas semanales, a razón de 12 horas diarias. Por ahora es solo una propuesta y un discurso. En Europa, al contrario, en países de la OCDE, organización a la cual pertenecemos, se está orientando la jornada semanal a 35 y 36 horas sin disminuir salarios, con jornadas diarias de seis horas. En algunos países que tienen la jornada de 48 horas semanales están proponiendo reducirla a 40 horas, y en algunos de estos países proponen jornadas de 10 horas diarias por cuatro días a la semana, que es otra cosa y otro aspecto laboral que también se discute.
El actual sistema productivo moderno, de alta tecnología especialmente, impone en algunos trabajos y empresas sistemas constantes de trabajo, de manera que las empresas o fábricas deben trabajar las 24 horas continuas, sin parar. Eso es normal que así suceda. Las empresas han adaptado sus sistemas de contratación laboral para realizar tres turnos de trabajo de ocho horas cada uno. Con esto mantienen en funcionamiento sus sistemas de producción, con tras grupos de trabajadores. Si se establece la jornada de 12 horas la realidad va a provocar que una parte de esos trabajadores se quede sin trabajo, un turno de trabajo puede desaparecer totalmente.
No es cierto que con las jornadas de 12 horas de trabajo vaya a aumentar el empleo. Los datos empleo y desempleo son claros en el sentido de que está disminuyendo el empleo. ¿Por qué va a aumentar con las jornadas de 12 horas? No hay nada que así demuestre. Ni hay en el país una sola empresa que pueda hacer esta demostración.
La esencia de todo el proyecto de ley de las jornadas esclavistas de 12 horas es reducir la mano de obra, reducir sus salarios reales e incrementar las ganancias de las empresas y sus empresarios.
El presidente de la República está empeñado en que se apruebe la jornada de trabajo de 12 horas diarias de la manera más rápida posible, ojalá sin discusión alguna. En su trabajo internacional en países de sistemas políticos no democráticos, o poco democráticos, se acostumbró a proyectos que le tocaba impulsar que imponían o se realizaban bajo esas condiciones de trabajo esclavista.
Este Proyecto de Ley debe detenerse en la Asamblea Legislativa. Los sindicatos, las universidades, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos, los padres de familia deben pronunciarse y movilizarse contra la ley esclavista. La Iglesia Católica ya ha llamado la atención en este asunto. Se ha opuesto a la jornada de trabajo de 12 horas, siguiendo la tradición de la Justicia Social Cristiana desarrollada desde 1891, a partir de la Encíclica Rerum Novarum.
Al menos debe producirse un gran debate nacional, en términos de un debate parlamentario que no se someta al llamado trámite rápido, que es la forma vulgar de imponer esta Ley.
Cuando se discutía el Contrato de la ALCOA a finales e 1969 e inicios de 1970, el entonces diputado Rodrigo Carazo Odio, opuesto con otros diputados a ese Proyecto de Ley, no decía a los dirigentes estudiantiles que estábamos en la lucha contra la ALCOA, que a los diputados a favor de ALCOA les habían pagado más de 100.000 dólares. Por eso había en las marchas letreros que preguntaban: “¿Diputados, how much?”. Estaremos en una situación como esta ante la ley esclavista de las jornadas de las 12 horas diarias. “¿Diputados, how much?”
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de su Consejo Universitario, recomienda no aprobar el proyecto de ley expediente N.° 23.148, titulado Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, debido a los múltiples riesgos sociales, ecológicos y jurídicos que implica para el patrimonio natural del país. Esta posición fue acordada en la sesión ordinaria N.° 6892 del Consejo Universitario, celebrada el pasado 22 de abril de 2025 (a partir del minuto 1:07:00).
Tras una consulta técnica a distintas instancias académicas —incluyendo la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)—, la UCR advierte que esta iniciativa legislativa plantea una apertura a actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la franja costera, sin los debidos resguardos técnicos, ambientales ni jurídicos.
“Es importante que se abra un diálogo nacional sobre la impostergable necesidad de que nuestro país cuente con una ley moderna, innovadora e integral, basada en los principios de la gestión integrada de la zona costera para su desarrollo sostenible y que contemple los impactos sociales, económicos y ecológicos en todo el sistema socioecológico afectado por el cambio climático”, señala la posición institucional.
La Universidad subraya que la zona marítimo-terrestre es un espacio de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya integridad se ve amenazada por la propuesta legislativa, al permitir que las municipalidades otorguen permisos de uso en precario en dicha zona.
Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran:
Los tipos de organizaciones beneficiarias de los permisos propuestos, ya que podrían abrir portillos para actividades contrarias al interés público y perjudiciales para el patrimonio natural de estas zonas.
La necesidad de que las actividades permitidas sean claramente delimitadas, con base en criterios técnicos que consideren las características ecológicas y geomorfológicas de cada territorio. La UCR enfatiza que estas actividades deben priorizar el beneficio de las comunidades costeras, y no el lucro de grandes empresas hoteleras. Se citan como ejemplo las experiencias lideradas por mujeres y grupos comunales en turismo de bajo impacto, como la observación de aves en manglares o la educación ambiental.
La importancia de incluir criterios de gestión del riesgo, considerando las condiciones oceanográficas y climáticas que podrían afectar significativamente la zona pública en ambas costas.
La necesidad de contar con un estudio de capacidad de carga, que funcione como instrumento técnico para que las municipalidades puedan tomar decisiones informadas sobre la cantidad de permisos a otorgar.
Finalmente, la Universidad insiste en que las municipalidades deben contar con un Plan Regulador Costero aprobado antes de autorizar cualquier permiso, ya que, de lo contrario, no se dispondría de criterios técnicos suficientes para garantizar una planificación responsable.
Esta postura coincide con un manifiesto firmado por más de 70 organizaciones sociales, ambientales, comunales y académicas, que denuncian que el proyecto legalizaría la ocupación de un bien público en favor de intereses privados. El manifiesto advierte:
“La implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”, lo cual contraviene el principio de acceso universal consagrado en la Constitución Política.
Ambas voces —la académica y la ciudadana— coinciden en que el desarrollo sustentable de las zonas costeras no puede basarse en decisiones unilaterales ni en criterios meramente economicistas, sino en procesos de planificación integral, con participación comunitaria y sólidos fundamentos científicos.
La Universidad de Costa Rica y las organizaciones firmantes llaman a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el avance de este proyecto y a abrir un proceso de diálogo amplio, participativo e inclusivo, que permita construir una legislación costera moderna, justa y en armonía con el ambiente.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
