Aunque la biotecnología agrícola se presenta como una posible solución para mitigar los efectos del cambio climático, como la sequía y las heladas, así como para afrontar otros desafíos de la agricultura, en varios sectores de la sociedad boliviana persiste una fuerte resistencia hacia su adopción. Esta reticencia se debe, en parte, a las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de las técnicas biotecnológicas, especialmente relacionadas con las promesas de mayores ganancias, incremento de la producción, reducción de agrotóxicos y la noción de que los transgénicos podrían “salvar el planeta”.
En cuanto a las ganancias, los principales beneficiados por los cultivos transgénicos son, en su mayoría, los grandes empresarios agroindustriales, no los pequeños agricultores. Respecto a la mayor producción, no hay evidencia suficiente que respalde la afirmación de que los cultivos transgénicos generen más ni mejores alimentos. En cuanto a los agrotóxicos, el uso de tecnologías biotecnológicas no ha demostrado reducir su aplicación; por el contrario, puede aumentar su dependencia, lo que representa un grave riesgo para el agua y el suelo. Finalmente, los transgénicos no contribuyen a salvar al planeta del cambio climático; de hecho, algunos estudios sugieren que podrían ser uno de los factores que agravan el calentamiento global.
No obstante, el 12 de agosto de 2024, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, expresó públicamente que el uso de biotecnología debe ser regulado por una ley y no a través de un decreto supremo. Además, propuso que su alcance se amplíe a otros sectores, como la salud y la industria, siempre dentro de un marco de evaluación rigurosa. Esta declaración se produce en un contexto en el que, hasta la fecha, el uso de biotecnología en Bolivia solo ha sido aprobado para un evento: la producción de soya resistente al herbicida glifosato (evento RR), autorizado en 2005, un herbicida que ha sido señalado como potencialmente cancerígeno y que afecta la producción agrícola sostenible.
En este sentido, el uso de biotecnología se presenta como un tema controvertido y complejo. Tal como señaló el ministro Lisperguer, su implementación y regulación deben llevarse a cabo mediante una ley, y no a través de un decreto supremo. Esto se fundamenta en el artículo 409 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”. Sin embargo, también se encuentra en conflicto con el artículo 255, numeral 8, de la misma Constitución, que promueve la “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población” y prohíbe la “importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
Actualmente, se encuentra en tratamiento dentro de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 104/2024-2025 C.S. “Que Implementa y Regula el Uso de la Biotecnología Agrícola en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Este proyecto, que está siendo evaluado por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, busca regular no solo la importación, sino también la comercialización de cultivos, incluidos los cultivos hidropónicos, que emplean biotecnología agrícola.
En conclusión, a pesar de las controversias y preocupaciones expresadas en este documento, es fundamental generar espacios de diálogo entre todos los sectores sociales involucrados en la agricultura y la seguridad alimentaria del país. El objetivo debe ser encontrar puntos de convergencia que aseguren la seguridad alimentaria a través de un enfoque equilibrado, que contemple tanto la agricultura familiar como la industrial, en el marco de una regulación coherente y sostenible.
El conflicto fratricida dentro del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP), protagonizado por las facciones “evista” y “arcista”, parece intensificarse sin dejar heridos ni prisioneros visibles, o al menos así lo retratan los medios de comunicación en los últimos días. Las acusaciones mutuas, muchas veces cargadas de doble moral, se han convertido en una constante que refleja la normalización de estos enfrentamientos en la cultura política boliviana. Sin embargo, en medio de esta pugna interna, ninguna de las partes ofrece señales claras de un relevo generacional dentro del MAS – IPSP, un cambio que podría facilitar la reconstrucción de la unidad en la diversidad, promoviendo la inclusión y la igualdad entre las distintas corrientes.
¿Por qué es importante este relevo generacional en el MAS – IPSP? Este cambio parece ser la única vía posible para que el partido supere, aunque sea parcialmente, la crisis que enfrenta, una crisis provocada por los intereses personales de una generación de políticos cuyo proyecto de país ha quedado obsoleto. Esta visión, en su momento alineada con los principios de la última Constitución Política del Estado, hoy parece agotada. A pesar de que existen jóvenes políticos dentro del MAS que defienden la unidad y una renovación del liderazgo, las estructuras orgánicas del partido y su dinámica interna parecen ser el principal obstáculo para que estos jóvenes puedan ejercer una influencia real. Si bien muchos de ellos poseen una idea clara del país que aspiran construir, su rol dentro del partido se limita a ser simples peldaños para los líderes tradicionales.
En este contexto, las juventudes, que deberían ser actores clave en la resolución de la crisis interna del MAS – IPSP, han quedado relegadas a un segundo plano, perdiendo la posibilidad de influir de manera significativa en los recientes acontecimientos. Esta exclusión podría afectar la capacidad del partido para enfrentar con éxito las elecciones presidenciales de 2025. No obstante, su exclusión no significa que estén ajenos a los problemas que les ha legado la generación anterior. La doble moral, característica de la pugna actual, no es exclusiva de un solo grupo político; permea todo el tejido militante y simpatizante del instrumento político, extendiendo así el conflicto más allá de las facciones enfrentadas.
Frente a este escenario adverso, la capacidad de reorganización del MAS – IPSP emerge como un factor decisivo para encarar los nuevos desafíos, tanto internos como externos. Un ejemplo de resiliencia es el liderazgo demostrado por Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, quien ha tenido un rol fundamental en momentos críticos para el país. Su liderazgo se evidenció tras la crisis política de las elecciones de 2019, en la gestión de la Ley de Emergencia Sanitaria durante la pandemia de COVID-19, en las tensiones sobre la Ley 1386 y el paro cívico de 2021, así como en los debates sobre las reformas judiciales y los conflictos con el Poder Judicial.
Foto extraida de artículo de prensa en Israel (Magazine+972) del bombardeo del 10 de septiembre sobre un campo de desplazados y refugiados en Gaza, publicado el 12 de septiembre del 2024 y titulado «People torn to pieces in Israeli airstrike on Gaza displacement camp». Se puede apreciar el tipo de artefactos explosivos que usa intencionalmente Israel en zonas densamente pobladas como campamentos de desplazados en Gaza bajo el argumento de eliminar a uno o a dos combatientes del Hamás.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 8 de octubre del 2024, Bolivia ha solicitado formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel: véase el comunicado de prensa oficial en francés y en inglés de la CIJ del 9 de octubre. Véase de igual manera el comunicado oficial sobre esta gestión difundido por la misma diplomacia boliviana.
Resulta oportuno recordar que tempranamente, Bolivia había saludado la demanda interpuesta en diciembre del 2023 contra Israel por Sudáfrica (véase comunicado oficial de Bolivia de enero del 2024), haciendo ver que se sumaría a esta acción solicitando intervenir como Estado tercero en apoyo a Sudáfrica. No está de más traer a la memoria que Bolivia rompió (también tempranamente) sus relaciones diplomáticas con Israel, y ello desde el mismo 31 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de prensa): un gesto similar que adoptó en América Latina Colombia, el 1ero de mayo del 2024 (véase comunicado oficial).
Nótese que en Europa, otro Estado (Bélgica) había anunciado realizar una gestión similar en marzo del 2024 en apoyo a la demanda de Sudáfrica (véasenota de RTBF del 11 de marzo), siendo solicitadas sus autoridades desde enero por un importante grupo de académicos (véase texto colectivo publicado el 17 de enero en la prensa belga): a la fecha, no se ha registrado nada de parte de Bélgica ante la CIJ en apoyo a la demanda de Sudáfrica. De igual manera, podemos referir al caso de Irlanda – que también anunció en marzo del 2024 que iba a intervenir (véase nota de la BBC), sin que se registre su solicitud ante la CIJ a la fecha – y el caso de Egipto (véase nota de Reuters del mes de mayo del 2024).
Estos tres ejemplos permiten poner en evidencia la inconsistencia de algunos Estados y contrastarla con la consistencia de Bolivia y de otros Estados de América Latina, como lo veremos en las líneas que siguen.
Una solicitud enmarcada en la misma Convención de 1945 sobre el genocidio
En su solicitud de intervención (véase texto completo), Bolivia refiere al Artículo 63 del Estatuto de la CIJ: se trata de una disposición que permite a un Estado Parte a una convención cuya interpretación es objeto de una controversia entre dos Estados, intervenir como Estado tercero.
El hecho que la convención contra el genocidio de 1948 haya sido ratificada por 153 Estados (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), plantea algunas interrogantes con relación a muchos otros Estados europeos y de otras regiones del mundo, que se presentan ante el mundo como grandes defensores de los derechos humanos, líderes en materia de limitaciones al comercio de armas, a la prohibición de armas que causan daños a la población civil, y como grandes promotores de la lucha contra la impunidad y de la justicia penal internacional.
Veremos a continuación que de 152 Estados (además de Israel) que han ratificado la convención de 1948, es un pequeño grupo de Estados el que ha decididamente optado por acompañar a Sudáfrica ante la justicia internacional, en el que se destacan Estados de América Latina.
Breve puesta en contexto
Esta solicitud coincide con los primeros doce meses conmemorados en diversas partes del mundo desde el 7 de octubre del 2023, y es muy probable que la diplomacia boliviana esperara esa fecha precisa para presentar formalmente su solicitud de intervención.
Esta solicitud fue precedida por una similar presentada por la de Islas Maldivas (véase texto), notificada a la CIJ el 1ero de octubre del 2024, así como la solicitud presentada por Chile presentada a la CIJ el 12 de septiembre (véase texto) que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 1).
Ambas coincidieron por unos pocos días con la discusión y adopción, el pasado 18 de septiembre, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución sobre la ocupación ilegal israelí en territorio ocupado palestino (véase nota de prensa de Naciones Unidas): el texto, que también acoge la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio pasado (Nota 2) reunió una aplastante mayoría de 124 votos a favor, tan solo 14 votos en contra y 43 abstenciones.
Entre estas 43 abstenciones se contabiliza la de Costa Rica, cuya delegada no procedió a explicar su voto en el seno mismo de la Asamblea General de Naciones Unidas. La explicación de voto es una herramienta que pudo haber perfectamente usado, como muchos otros delegados cuyos Estados también se abstuvieron: véase por ejemplo la explicación de voto dada por la delegada de Guatemala, que provocó la ira de ciertos sectores afines a Israel en Guatemala, dada una posición que se aleja del apoyo irrestricto a Israel durante los últimos decenios en Naciones Unidas que caracterizó a Gatemala en incontables votaciones.
Este 7 de octubre del 2024, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos suscribieron un comunicado conjunto condenando a Israel por la intensa campaña de destrucción a partir de bombardeos desproporcionales e indiscrimados en Gaza, exijiendo una rendición de cuentas y que se sienten responsabilidades por crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza (véase comunicado). Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos verificar la difusión prácticamente nula de este comunicado de prensa de Naciones Unidas en los medios de prensa internacionales, y su omisión por parte de «expertos» y analistas llamados a comentar en canales de televisión y de radio, esta fecha del 7 de octubre.
Una reciente obra colectiva publicada en Francia en estos primeros días de octubre «Le live noir de Gaza» (véase entrevista a su coordinadora y artículo publicado en Libération) busca sistematizar la información sobre lo ocurrido en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
En otro teatro de operación que involucra también a Israel, el pasado 19 de septiembre, estos mismos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron de manera inequívoca la explosión a distancia de beepers y otras herramientas de comunicación en el Libano (véase comunicado de prensa): se trata de un episodio que se puede considerar como un nuevo tipo de ataque, jamás observado, y cuyo saldo mortífero es de 32 personas muertas con más de 100 veces más heridas (3250), de las cuales 200 en una situación extremadamente crítica. Nuestros lectores podrán nuevamente por sí mismos verificar la difusión prácticamente nula de este comunicado de prensa de Naciones Unidas en los medios de prensa internacionales, y su omisión por parte de «expertos» y analistas llamados a comentar esta nueva herramienta letal de la que dispone Israel, y que descubrió atónito el mundo. La fecha escogida por Israel del 17 de septiembre para realizar esta inédita acción (e iniciar una ola de intensos bombardeos en el Sur del Líbano desde entonces y en Beirut misma) no es casual: obedece a un claro intento de desviar la atención del mundo sobre Gaza, de cara a la apertura de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo segmento de alto nivel con la presencia de numerosos jefes de Estado, inició el 24 de septiembre.
La misma (nula) difusión y ausencia de referencia se puede verificar con relación al reciente informe sobre Israel del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (documento CRC/C/ISR/CO/5-6 con fecha del 16 de septiembre, disponible aquí), cuyas conclusiones y recomendaciones ameritarían una amplia difusión, en particular a partir del párrafo 49 y subsiguientes, en especial sobre los niños en Gaza (párrafos 52-53) y en Cisjordania y Jerusalén Oriental (párrafo 54-55).
De manera a tener en mente el nivel de desproporción al que se está llegando en Gaza, el pasado 10 de septiembre un bombardeo por parte de Israel en Gaza en un campamento de desplazados (véase nota de France 24) se saldó con la muerte de más de 100 personas, siendo el objetivo de Israel dos jefes militares del Hamás.
Es de notar que el 9 de septiembre, el Fiscal de la CPI solicitó a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) archivar la causa contra uno de los tres líderes del Hamás, asesinado por Israel en Teherán el 31 de julio del 2024, manteniendo intacta la solicitud inicial (que espera desde el 20 de mayo del 2024 ser confirmada por los jueces de la CPI) en lo que concierne a dos dirigentes de Israel (su Primer Ministro y su ministro de defensa) y a dos líderes del Hamás: véase texto de la solicitud del Fiscal a la CPI del 9 de septiembre del 2024.
Como detalle llamativo, en una nota periodística israelí referenciada en Francia y en otras latitudes (véase nota de France24 del 17 de septiembre), Israel estaría ofreciendo a solicitantes de asilo africanos ir a combatir en Gaza a cambio de regularizar su situación migratoria.
Finalmente, en los días de septiembre, algunos círculos afines a Israel y sus allegados y comentaristas se han sentido obligados a celebrar el 4o aniversario de los Acuerdos de Abraham, fomentados por Israel y Estados Unidos en el 2020: véase las 4 declaraciones del 2020 colgadas en la parte baja en este enlace del Departamento de Estado nortamericano. Sobre este último, resulta notorio que en este mes de septiembre del 2024, los Acuerdos de Abraham no han dado lugar a algún comunicado oficial por parte de Estados Unidos, mientras que sí se observó en el año 2023 (Nota 3). No está de más señalar esta interesante entrevista publicada en Israel el 20 de septiembre del 2024 a un analista político israelí (cuya lectura completa se recomienda), en la que se lee que:
«Let’s be clear: the true motivation for signing the Abraham Accords was to remove the Palestinians from the regional agenda and completely normalize the occupation. But this theory has not proven itself. It was a short-term deal signed with the Trump administration, which did not exactly care about strategy in the Middle East, but about signing the “deal of the century.”
Notemos que, al cuestionar este reconocido analista israelí la estrategia de Israel desde el 7 de octubre, se lee al inicio de esta entrevista que dejó de ser invitado a dar su opinión en canales de televisión y de radio en Israel:
«…after October 7, when Goldberg began vocally criticizing what he would come to call a genocide in Gaza, as well as Israel’s policies toward Hezbollah and Iran, the invitations stopped. “Producers have repeatedly invited me for a pre-interview where they ask all kinds of questions,” Goldberg says, “then they would take the answers back to their superiors — and I never hear back.”
Este otro reportaje de un medio de prensa francesa difundido el 22 de septiembre del 2024 sobre un profesor de universidad israelí (historiador), despedido por cuestionar también a las autoridades israelíes en Gaza, permite dar una idea del clima de intolerancia existente dentro de Israel (véase video del documental «Le prof qui ne voulait pas se taire«).
Algunas breves acotaciones con respecto a la «justificación» aportada oficialmente por la diplomacia costarricense
Si bien en Naciones Unidas, Costa Rica optó por no explicar a los demás Estados su voto del 18 de septiembre ante los demás delegados – pudiendo perfectamente hacerlo, como lo hizo Guatemala, Estado que también se abstuvo (véase documento) -, la diplomacia de Costa Rica emitió un comunicado de prensa difundido desde su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto explicando su posición: se trata de un comunicado oficial cuyo contenido (Nota 4) resulta bastante cuestionable, como lo veremos a continuación.
En este comunicado oficial de prensa del mismo 18 de septiembre (véase enlace), la diplomacia costarricense indicó algunas cosas bastante aproximativas, empezando por señalar de manera incompleta el título del proyecto de resolución: en efecto, esta resolución, desde su título, no solamente refiere a la opinión consultiva de la CIJ sino que también refiere (véase enlace) a lo que se lee en su mismo título (que agrega al final): «y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado«. Cualquier duda puede ser esclaredida leyendo por un lado, el título de la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio que parece en la portada de la misma (véase enlace) y, por otro lado, compararlo con el título de la resolución votada el 18 de septiembre. De igual manera la precitada explicación de voto de Guatemala incorpora desde su mismo título el título completo de la resolución votada (véase documento).
Como profesor de derecho internacional público, quisiéramos creer que cuando se vota un proyecto de resolución en Nueva York, los diplomáticos costarricenses tiene el cuidado de transmitir a sus autoridades en San José el texto completo de un proyecto de resolución, con el título completo incluido. O es que… ¿sería mucho pedir?
De ninguna manera la resolución votada se limita a la opinión consultiva de la CIJ, tal y como reza el comunicado oficial de Costa Rica: el título de la misma resolución así lo evidencia.
El otro «argumento» de Costa Rica refiere al ámbito comercial: más allá de lo insólito que puede resultar invocar argumentos de este tenor, según Costa Rica, el texto de la resolución «establece medidas comerciales coercitivas que nuestro país no considera sean implementables».Salvo error de nuestra parte, Costa Rica es el único Estado en haberse abstenido e invocar el comercio para justificar su posición… Sobre este preciso punto, agradeceríamos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores remitiéndonos a algún comunicado oficial similar de un Estado que haya invocado el comercio para abstenerse en Naciones Unidas al votarse esta resolución: pueden remitir el texto (si es que existiera) a cursodicr(a)gmail.com, y de ser solicitado, se omitirá la fuente.
El comunicado oficial de Costa Rica no refiere exactamente a cuales de las medidas sugeridas en los 19 puntos dispositivos de la resolución se refiere: al revisar con detenimiento cada uno de los 19 puntos resolutivos (véase enlace al texto en español), todos buscan obligar Israel a cesar su ocupación ilegal, y a que los Estados miembros de Naciones Unidas se abstengan de reconocer y darle efecto jurídico a la ilegalidad de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. Ninguna medida comercial de las señaladas puede ser considerada como «no implementable«, por lo que la justificación aportada resulta más que cuestionable.
El supuesto «argumento» pierde toda solidez al observarse que votaron favorablemente esta resolución Estados que mantienen relaciones comerciales mucho más importantes con Israel en cuanto a volumen de exportaciones/importaciones que las que tiene Costa Rica con Israel, como por ejemplo: Bélgica, Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Japón, México, Singapur, Turquía, entre muchos otros.
Más allá de la dificultad para Costa Rica de justificar su posición en la votación registrada el pasado 18 de septiembre en Nueva York (y que puede explicar que la explicación de voto no se externara ante las demás delegaciones en Nueva York…), remitimos a nuestra pequeña notacon, al final, el detalle del tablero de votación. En él aparecen votando contra, conjuntamente con Estados Unidos e Israel, únicamente 12 Estados, a saber: Argentina, Fidji, Hungría, Malawi, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, República Checa, Tonga y Tuvalu.
Con relación a Costa Rica, cabe recordar lo siguiente: en el mes de diciembre del 2022, al solicitar formalmente una opinión consultiva a la CIJ sobre la ocupación ilegal en el territorio palestino ocupado, los dos únicos Estados en América Latina en haber votado en contra fueron Costa Rica y Guatemala, sin que (tampoco…) los delegados de Costa Rica consideraran oportuno explicar su voto ante sus homólogos en el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (Nota 5).
El no explicar el voto en un recinto internacional de Naciones Unidas no pareciera ser exclusivo de la delegación de Costa Rica en Nueva York: en Ginebra, al votarse una resolución en abril del 2024 solicitando un embargo sobre las armas a destinación de Israel, el delegado costarricense optó por el mismo mutismo ante sus homólogos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase nota del medio digital Delfino.cr del 5 de abril del 2024).
El drama indecible que se vive en Gaza
El último estado de la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 8 de octubre del 2024, véase enlace) detalla las últimas acciones de Israel en contra de la población civil de Gaza, aumentando el número de víctimas y provocando nuevos dramas en familias palestinas. En ese informe, se indica que:
«Between the afternoons of 4 and 7 October, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed and 737 were injured. Between 7 October 2023 and 8 October 2024, at least 41,965 Palestinians were killed and 97,590 were injured, according to MoH in Gaza.
The following are some of the deadly incidents reported between 4 and 6 October:
– On 4 October, at about 14:10, five female Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Al Bureij refugee camp, in Deir al Balah.
– On 4 October, at about 16:00, seven Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit, in Ash Shati’ (Beach) camp, in Gaza city.
– On 4 October, at about 23:30, six Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit northeast of An Nuseirat refugee camp, in Deir al Balah.
– On 5 October, at about 8:30, six Palestinians were reportedly killed and others injured when a group of people was hit in east Beit Hanoun, in North Gaza.
– On 5 October, at about 20:00, ten Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit, in Jabaliya town, in North Gaza.
– On 5 October, at about 22:00, nine Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit west of Jabalya refugee camp, in North Gaza.
– On 5 October, at about 22:00, five Palestinians, including two children and two women, were reportedly killed and others injured when a house was hit in Beit Lahiya, in North Gaza.
– On 6 October, at about 2:10, 21 Palestinians were reportedly killed and others injured when Al Aqsa Martyrs Mosque in front of Al Aqsa Hospital was hit in Deir al Balah.
– On 6 October, at about 14:10, five Palestinians, including one girl, were reportedly killed and others injured when a house was hit in Ash Shati’ refugee camp west of Gaza city. The Palestinian Civil Defense reported that others remained under rubble.
– Between the afternoons of 4 and 8 October, one Israeli soldier was reportedly killed in Gaza and one soldier died of wounds sustained in Gaza in June 2024, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 8 October 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,548 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 348 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,299 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation«.
Cabe señalar que el saldo mortífero de casi de 42.000 personas en Gaza se sitúa, para algunos especialistas, muy por debajo de la realidad. En efecto, en un artículo publicado por un renombrado especialista militar invitado en un sinnúmero de espacios informativos en Francia, y titulado “Guerres en Ukraine et en Israël, (enfin) des voies de sortie en perspective?”, se lee que la cifra real podría corresponder a unas 100.000 personas fallecidas en Gaza desde el 7 de octubre del 2023:
“les évaluations des dégâts des bombardements montrent – même en hypothèse basse – que le bilan projeté se situe plutôt autour de 100,000 morts et donc de 350,000 blessés (le ratio de 3,5 est la «norme»), soit20% de la population palestinienne de Gaza«au bas mot»(450,000 / population initiale de 2,3 millions),blessée ou tuée par cette guerre démesurée”.
Si bien la atención internacional se focaliza ahora en lo que ocurre en el Líbano y ya no tanto en lo que ocurre en Gaza, la apremiante situación que viven familias palestinas en Cisjordania ante los avances de colonos y la pasvidad de las fuerzas militares de Israel merece ser mencionada. En el último informe de la situación en Cisjordania (al 2 de octubre, véase enlace) se señala que:
«During the reporting period, three Palestinians were killed by Israeli forces and 109 Palestinians, including 58 children, were injured by Israeli forces and settlers. The majority of those injured (104) sustained wounds during operations by Israeli forces, including search-and-arrest operations, across the West Bank. Incidents resulting in fatalities were as follows:
– On 24 September, Israeli forces shot and killed a 28-year-old Palestinian man during a search-and-arrest operation in Al Fawwar refugee camp (Hebron).
– On 25 September, Israeli forces, including undercover forces, surrounded a house in Anza (Jenin), where they exchanged fire with Palestinians, while allowing women and children to evacuate. During the operation, the forces shot and killed a 34-year-old Palestinian woman while she was nearby, in the yard of her house.
– On 26 September, Israeli authorities notified the Palestinian District Coordination Office in Nablus about the passing of a Palestinian man in their custody. The man succumbed to injuries sustained earlier on the same day when he was shot by Israeli forces during an undercover arrest operation in Ein Beit al Mai refugee camp (Nablus).
– Between 7 October 2023 and 30 September 2024, 695 Palestinians were killed in the West Bank, including East Jerusalem, in addition to two who died of wounds sustained prior to 7 October. These include 678 killed by Israeli forces, 12 by Israeli settlers, and seven where it remains unknown whether the perpetrators were Israeli forces or settlers. During the same period, 24* Israelis, including 16 members of Israeli forces and six settlers, were killed by Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem. In Israel, attacks by Palestinians from the West Bank resulted in the killing of ten Israelis and seven Palestinian perpetrators«.
La deliberada intención de Israel para que no se investigue lo que ocurre en Gaza
Con relación a la situación en Gaza, la ausencia de datos verificables responde en gran parte a la ausencia de un personal de agencias humanitarias desplegado en toda Gaza, y a la ausencia de medios de prensa que puedan documentar e informar a la opinión pública internacional sobre la realidad que se vive en Gaza y sobre el alcance exacto de los bombardeos aéreos a los que Israel somete a la población civil de Gaza.
A ese respecto, el asesinato deliberado por parte de Israel de periodistas, camarógrafos, asistentes de medios de prensa llevó a unas 60 organizaciones que velan por la protección de los periodistas a elevar el tono y a exigir a la Unión Europea (UE) tomar acciones (véase carta colectiva con fecha del 22 de agosto del 2024). En dicha misiva, se lee que:
“Journalists play an indispensable role in documenting and reporting on war crimes and other human rights violations. The cumulative effect of these abuses is to create the conditions for an information void, as well as for propaganda and mis- and disinformation. While Israel contends that its actions are to keep its people safe, history shows that censorship and denial of the right to information is a flawed path to peace or security. We, therefore, write to you today to call for the suspension of the Israel / EU Association Agreement on the basis that it has violated international human rights and criminal law and for the adoption of targeted sanctions against IDF officials and others responsable”.
Al 7 deoctubre del 2024, según el Committee to Protect Journalists (CPJ), el número de periodistas asesinados en Gaza por las fuerzas militares de Israel desde el 7 de octubre del 2023, asciende a 128 profesionales de la comunicación (véaseinforme).
En cuanto al personal humanitario de Naciones Unidas en Gaza, el pasado 19 de agosto se conmemoró, en el Día Internacional de la Acción Humanitaria, la muerte de 280 funcionarios de Naciones en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado): un saldo jamás alcanzado en ningún teatro de operaciones en los que personal de Naciones Unidas ha estado presente.
Este reciente reportaje de LeMonde (Francia) sobre la destrucción deliberada por parte de Israel de las cámaras que filmaban en modo contínuo desde edificios en Gaza albergando medios de prensa, pone en evidencia las contradicciones del mismo servicio de prensa del ejército israelí, al que se le habían precisado las coordenadas exactas con antelación.
De algunas otras exacciones de Israel en Gaza
En otro ámbito relacionado a las exacciones que se cometen en Gaza, el pasado 26 de agosto, fue la ONG Human Rights Watch la que publicó un detallado informe sobre la tortura a la que fueron sometidas personas trabajando en hospitales en Gaza, capturadas por Israel (véase informe).
El 5 de septiembre del 2024, la ONG Amnistía Internacional exigió una acusación por crímenes de guerra contra Israel a partir del estudio de fotos satelitales de Gaza, que evidencian la intención destructiva injustificada de Israel, totalmente ajena a supuestos objetivos militares (véase informe).
Un interesante artículo publicado en Israel detalla la estrategia de desinformación desplegada por Israel para que se minimizen e ignoren las consecuencias de su accionar militar en Gaza en el mundo de la información y de la comunicación (véase reportaje publicado el 24 de julio titulado «How Israel plans to whitewash its war crimes in Gaza«, de lectura recomendada).
Por su parte, la reconocida ONG israelí B’Tselem publicó muy recientemente un informe sobre los centros de detención en Israel y la tortura a la que son sometidos las personas oriundas de Gaza en estos centros de detención (véase enlace a informe titulado «Welcome to hell: the israeli prison system as a network of torture camps» cuya lectura completa se recomienda).
La solicitud de Bolivia en breve
La lectura completa de la solicitud de intervención enviada por Bolivia se recomienda, al monstrarse particularmente tajante con relación al accionar militar de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
En su solicitud de intervención ante la CIJ, Bolivia sostiene que, el actuar de Israel califica perfectamente como genocidio:
«20. From all of the above, it is clear that Israel’s continuous actions and insidious crimes have resulted in an increase in the number of dead and wounded, massive destruction of homes, mass graves, forced displacement of the vast majority of the population and extensive damage to civilian infrastructure, exponentially increasing the humanitarian nightmare and catastrophic living conditions of Palestinians in the Gaza Strip, compounded by the prolonged and widespread deprivation of food and other basic necessities to which Israel is subjecting Palestinians in the Gaza Strip. A genocide is taking place.
../..
42. Similarly, Bolivia wishes to underscore that siege, starvation, widespread dest mction of civilian and medi c al in frast m c ture, depri vation of food and medical supplies and treatment, forcible displacement by means of systematic deportation, and denial of access to humanitarian aid may amount to genocidal acts within the mea ning of Article II ( c ).
43. A dditiona lly, Bolivia maintains that strikes and blockades leading to e xtreme c onditions of life, la ck of essential supplies, inadequate or ine xistant healthcare, mate rnity or emergency assistance, and underno urishment may a mount to genoci dal acts within the meaning of Arti cle II ( d) through a serious increase in misca niages, sti llbirths, premat ure births, and deaths from preventable causes in both women and in fants.
44. In order to prove genocide, it is necessary to show that one or more of the acts listed in A rticle II of the Convention were carried out with an «intent to destroy, in wholeor in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such». In Bolivia’s interpretation of the Convention, actions carried out under the circumstances of this case -where high-level authorities in Israel have expressly stated their intent to clear the Gaza Strip of Palestinian inhabitants by killing them, causing serious harm to them, physically eliminating their living spaces, health facilities, and means of subsistence, and hindering charitable efforts to bring food and medicine to the area – imply that acts constituting the actus reus of genocide within the meaning of Article II were committed with the required mens rea to be characterized as such. Bolivia thus seeks to exercise its right to intervene to elaborate its construction of Article II.»
En la parte conclusiva de su escrito remitido a la CIJ , Bolivia señala que:
«61. The Government of the Plurinational State of Bolivia submits the present Declaration of Intervention in the genuine belief that the States Parties to the Genocide Convention should do everything in their power to contribute to ensure the prevention, suppression, and punishment of genocide, and therefore to assist the Court in finding the responsibility of any State Party to the Convention for its failure to comply with the obligations contained therein, especially in the context of such a dramatic situation as that unfolding in the Gaza Strip«.
El texto de la solicitud de intervención de Bolivia (véase enlace) consta de un total de 24 páginas.
A modo de conclusión
En Costa Rica, este 7 de octubre, un grupo de profesores universitarios de la UCR publicó un comunicado conjunto (véase texto) que concluye que:
«Como expresión de este manifiesto y en solidaridad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en la fachada principal de su edificio, exhibirá la bandera del pueblo palestino del lunes 7 al viernes 18 de octubre de 2024.«
Por parte de las autoridades costarricenses, salvo error de nuestra parte, no se circuló ningun comunicado oficial ante la tragedia indicible a la que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Más allá de la extrañeza que causa la actitud de la diplomacia costarricense y su inacción ante la CIJ o ante la justicia penal internacional, Bolivia luego de Chile (antecedidos ambos por México, Colombia y Nicaragua) viene a confirmar nuevamente a América Latina como la región del mundo que se destaca, al estar dispuesta a recurrir a todas las herramientas legales existentes para intentar frenar el ímpetu destructor de la maquinaria militar israelí en Gaza. Se trata de una posición también observada ante la justicia penal internacional, cuya principal jurisdicción también se ubica en La Haya (Nota 6). La misma omisión e inacción de Costa Rica ante la CPI es observada, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas.
En lo que concierne a la CIJ, se trata de una tarea que los Estados europeos parecen no estar dispuestos a asumir, salvo dos contadas excepciones: España y Turquía.
Cabe recordar que la solicitud de Bolivia fue precedida por la de Islas Maldivas (2 de octubre del 2024), Chile (12 de septiembre del 2024), Turquía (7 de agosto del 2024) y la de de España en julio del 2024, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 7).
Viene así a sumarse a otras solicitudes de este tipo que tuvimos la ocasión de analizar previamente, a saber las solicitudes presentadas por los siguientes Estados:
– Palestina, que formalmente la presentó el pasado 3 de junio, basándose tanto en el Artículo 63 como en el Artículo 62 (Nota 8);
– México (Artículo 63) que la presentó el pasado 24 de mayo del 2024 (Nota 9);
– Libia (véase solicitud presentada el 10 de mayo del 2024).
– Colombia (véase solicitud del 5 de abril del 2024) y;
– Nicaragua, que optó por una vía mucho más difícil, al basar su solicitud de intervención en el Artículo 62 únicamente (véase solicitud de enero del 2024 en francés y en inglés) (Nota 10).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de intervención de Chile ante la CIJ«, 12 de septiembre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre esta importante decisión de la CIJ, muy pocamente analizada en la doctrina europea pese a su enorme relevancia para la causa palestina, véase MAIA C.& POISSONIER G., «Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du Territoire palestinien : une analyse au prisme du droit international des droits humains«, sitio especializado jurídico Actualités Droits – Libertés, 2024, edición del 7 de octubre del 2024.Texto completo disponible aquí. Véase también DUBUISSON F., «Les conséquences de l’avis de la CIJ relatif à l’occupation du Territoire palestinien«, Yaani, edición del 29 de julio del 2024. Texto disponible aquí. Remitimos también a nuestra nota publicada en español: BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», editada el mismo 19 de julio del 2024 y que recoge las manifestaciones oficiales de algunos Estados.Texto disponible aquí.
Nota 3: Resulta en efecto de interés observar que para el 3er aniversario, Estados Unidos emitió un comunicado oficial desde el Departamento de Estado (véase texto), y que para el primer aniversario se difundió este comunicado en septiembre del 2021 (véase enlace) por parte de la diplomacia de Estados Unidos. En cambio, en este mes de septiembre del 2024, el sitio oficial del aparato diplomático de Estados Unidos es mudo sobre el tema.
Nota 4: De manera que nuestros estimables lectores (así como nuestros queridos estudiantes) puedan juzgar por sí mismos la distancia existente entre el texto de la resolución y el comunicado costarricense justificando la abstención de Costa Rica, el contenido del comunicado de Costa Rica del 18 de septiembre se reproduce a continuación (texto integral) :
«Posición de Costa Rica sobre Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre situación en el territorio palestino ocupado
San José, 18 de setiembre del 2024.El día de hoy fue adoptada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidos una resolución basada en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso «Consecuencias Legales derivadas de las Políticas y Prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este».
La citada resolución reafirma las conclusiones de la Corte, a saber, que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado constituye un acto ilícito de carácter continuo y que Israel tiene la obligación de poner fin a esta presencia ilegal, lo más rápidamente posible, instando a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Seguridad a considerar medidas para ayudar a poner fin a dicha situación
Costa Rica, como país respetuoso y defensor del multilateralismo y de la Corte Internacional de Justicia, ha manifestado su apoyo y confianza en dicho Tribunal y reafirma la importancia del acatamiento de todas sus decisiones.
En esta oportunidad, Costa Rica ha votado en abstención debido a que la resolución adoptada no se limita a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, sino que establece medidas comerciales coercitivas que nuestro país no considera sean implementables.
Costa Rica continuará abogando por un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes, la protección de civiles, el acceso irrestricto de ayuda humanitaria y por una solución diplomática al conflicto, donde ambos Estados y sus pueblos vivan en paz, seguridad y con los mismos derechos».
Comunicación Institucional –357-2024 Resolución Asamblea ONU territorios ocupados –Miércoles 18 de septiembre de 2024
Añadimos el enlace al FaceBook oficial de la diplomacia costarricense con numerosas opinones indignadas de costarricenses ante la abstención de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas (véase enlace).
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, 31 de diciembre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «América Latina ante el drama en Gaza: a propósito de las observaciones enviadas por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México a la Corte Penal Internacional (CPI)«, 9 de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Turquía solicita intervenir en demanda de Sudáfrica contra Israel«, 7 de agosto del 2024. Texto disponible aquí.Así como BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la solicitud de intervención presentada por España ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 3 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Palestina declara reconocer competencia de la CIJ y solicita intervenir«, 3 de junio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 9: Véase BOEGLIN N.,«Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 24 de mayo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«, 9 de febrero del 2024. Texto disponible aquí.
Después de varios intentos por subsanarse los desencuentros entre Luis Arce y Evo Morales en Bolivia, finalmente se dio la ruptura entre estos dos líderes sudamericanos.
Recordemos las palabras del comandante Hugo Chávez, «en cualquier circunstancia, patriotas, hombres y mujeres, con rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas«, y al parecer olvidaron el consejo los dos compañeros.
Es lamentable, que, a la fecha de elaborar este artículo, este en pleno desarrollo una marcha con Evo Morales a la cabeza, hacia la capital La Paz, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce y de su vicepresidente David Choquehuanca y se convoquen a nuevas elecciones generales, siendo compatriotas del mismo bando, independiente de los actos y palabras de cada uno de ellos. Ojalá no haya enfrentamientos entre los dos bandos, ocasionando heridos y muertes.
Igualmente, lamentable que, según el escritor Fernando Dorado, en su artículo ¿Qué ocurre en Bolivia y qué lecciones sirven para Colombia?, al señalar: «El enfrentamiento entre el presidente Arce y el expresidente Evo es consecuencia del fraccionamiento y la lucha por el poder gubernamental entre cúpulas burocráticas surgidas dentro de las organizaciones sociales y las instituciones estatales. La lucha de clases en Bolivia se mueve en nuevos escenarios y tiene como protagonistas principales a las diversas burguesías emergentes que, temporalmente, se pueden aliar con los sectores populares (trabajadores, indígenas, campesinos, pequeños productores) pero que, finalmente, cuando las contradicciones se agudicen, se unirán con los grandes capitalistas “proimperiales”, que se mueven tanto dentro de los imperios occidentales (USA, UE) como a los orientales (Rusia, China)».
Revisemos brevemente la historia de este conflicto
En el año 2003, el dirigente campesino e indígena Juan Evo Morales Ayma, al lado del pueblo boliviano impulsó un proceso constituyente, en compañía del intelectual revolucionario Álvaro García Linera, y quienes se colocaron a la cabeza del Movimiento al Socialismo (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP). Este movimiento partidista se fortaleció con la participación de trabajadores, indígenas, campesinos, cocaleros y, en parte, mineros de Bolivia.
Luego, Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia en 2005, desde aquel momento el MAS-IPSP ha sido la principal fuerza política de Bolivia. En 2009, entró en validez la Constitución política de Bolivia, declarándola como un Estado Plurinacional, hecho histórico en el mundo.
En el periodo de unos quince años, primero se avanzó en logros democráticos, especialmente garantizando la participación política y en otras áreas de los sectores indígenas excluidos. Por otro lado, se progresó en soberanía nacional, en la redistribución de recursos del Estado y justicia social, en la renegociación de los contratos con empresas transnacionales de hidrocarburos (nacionalización), en el fortalecimiento de los ingresos del Estado, y se inició un proceso de industrialización del aparato productivo.
Evo y García Linera lideraron el MAS y a una la amplia coalición; además de derrotar en elecciones consecutivas a las derechas reaccionarias y conservadoras de Bolivia. No obstante, ese control y triunfo mostró en 2019 (la crisis política en Bolivia de 2019, también conocida como Fraude de Evo Morales, se produjo del 10 al 20 de noviembre de dicho año, después de 21 días de protestas contra el gobierno del presidente Evo Morales, acusado de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre), las fisuras y debilidades que se acumularon durante las últimas dos décadas.
Luego, a pesar de los logros económicos del gobierno de Evo, que aprovechó la bonanza de los precios internacionales de los hidrocarburos para fortalecer las finanzas del Estado, los esfuerzos por superar la economía extractivista (base real del neoliberalismo) han sido insuficientes.
A manera de autocrítica nuestra, paralelo a lo anterior, surgió la apropiación y burocratización al interior del MAS y de las organizaciones sociales que apoyaban el proceso de cambio. Los líderes sociales se transformaron en gobernantes y se convirtieron en el germen de una nueva burguesía burocrática que se aferra al poder del Estado.
En este ambiente, fueron surgiendo los diferentes bandos que hoy se expresan alrededor del presidente Arce y del expresidente Morales, ya que la lucha ideológica y cultural pasó a un segundo plano. En el fondo, se hizo evidente que el instrumento político (MAS), era un partido eminentemente electoral y clientelar, donde no existían en su interior dinámicas verdaderamente revolucionarias, democráticas y participativas.
Finalmente, el discurso no se correspondía con la práctica social. El comunitarismo indígena es cosa del pasado y las relaciones de producción capitalistas (incluyendo el consumismo) han impactado a toda la sociedad boliviana. Fernando Dorado, ¿Qué ocurre en Bolivia y qué lecciones sirven para Colombia?
A lo anterior, habría que considerar al menos tres elementos a considerar en esta problemática:
Es indudable que los grandes capitalistas agroindustriales y otros sectores poderosos aliados de EEUU, van por el control del litio boliviano, y por supuesto, una división interna propicia su fácil acceso al mineral apetecido.
En Bolivia, las grandes transformaciones se construyeron con el movimiento popular, y en específico el movimiento indígena, en las calles y marchando. Esta vez, la marcha convocada para el 17 de septiembre pasado, condensa varias consignas. Por un lado, se funda en la denuncia al Gobierno por su gestión económica y se posiciona en defensa del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Por otro lado, las demandas políticas pasan por el respeto a las instancias orgánicas del movimiento indígena y del movimiento obrero, por el respeto al derecho a elegir orgánicamente y sin injerencia al candidato para las elecciones de 2025, y se posiciona en contra de la traición de Luis Arce, David Choquehuanca y su gabinete a los principios del Proceso de Cambio que ha fundado el Estado Plurinacional.
La marcada y ocultada penetración de los EEUU hacia el componente militar boliviano, que, por supuesto, induce en los militares una antipatía hacia los sectores afectos al evismo, como se le llama.
Este breve transitar histórico nos revela que, hay que bregar con muchos desafíos a la hora de la construcción de una alternativa progresista, socialista o como quiera llamársele.
Seguimos lamentándonos de algunas otras experiencias de ensayos de autodeterminación de los pueblos, parecidas a esta de Bolivia, como la acontecida por ejemplo en Chile, «durante y después del estallido social de 2019, sectores progresistas que se presentaban como aliados de las demandas populares, terminaron suscribiendo el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, pero sus acciones fueron percibidas como una forma de desviar el debate y contener el impulso de reformas más radicales. Lejos de desafiar el modelo neoliberal, estos sectores optaron por medidas graduales que no respondieron a las expectativas de las clases trabajadoras». Diario La Humanidad, artículo: Chile: sin mentiras y al hueso.
Afortunadamente, hay experiencias en América Latina y el Caribe, que, si han tomado en cuenta las palabras del comandante Chávez, «ante cualquier circunstancia Unidad, Unidad, Unidad de los patriotas«.
Hoy, en Bolivia, los nuevos y viejos candidatos a la presidencia del país, están encaminados a encarar distintos medios de campaña. No solo los tradicionales y modernos, sino también, los cambios que se han dado en la sociedad, motivado por una serie de circunstancias: el cine, la libertad de pensamiento, las ciudades, entre otros. Más allá de estos cambios, los políticos siguen pretendiendo afrontar sus campañas reproduciendo viejas prácticas, desde agendas generadas dentro el partido y los estilos discursivos que ya no captan la atención de los electores. Sin embargo, se persiste en ello como si fuera la única opción.
El desafiar campañas políticas a la vieja usanza, sigue siendo algo muy común, porque se cree que es indispensable entre los militantes de los partidos políticos. No obstante, frente a los cambios en la sociedad, como parte de las viejas prácticas, es difícil saber cuánto les pueda interesar los discursos que vierten los candidatos potenciales con miras a las “próximas elecciones 2025”, cuando los electores de hoy en día tienen otras fuentes de información directa, dado el avance tecnológico: dispositivos móviles (celulares), internet y el acceso a distintas redes como el Facebook, X (antes Twitter), TikTok; lo que constituye recursos muy eficaces para una comunicación efectiva. Aquí bien vale preguntarse, ¿por qué la gente sigue asistiendo a convocatorias de concentraciones masivas de candidatos? ¿Por qué los candidatos siguen realizando convocatorias a concentraciones masivas?
A modo de repuesta, se puede decir que la gente sigue asistiendo a las concentraciones masivas para conocer a los candidatos de manera directa, con el fin de evaluar las distintas opciones, pero no por convicción política o porque quieran escuchar la agenda política o informe que tengan preparado para sus sectores y regiones. Pero ¿por qué la necesidad de evaluarlos? Se podría decir, porque la política tradicional en la cual aún siguen los candidatos potenciales desconoce la realidad de los nuevos electores, y esta es una razón importante para ver qué tan preparados están, dado que la política moderna está encaminando a desocupar “caudillos”.
Si bien la vieja liturgia de las campañas políticas está cayendo, el convocar a concentraciones masivas de los candidatos, es una muestra que aún siguen siendo parte de aquel viejo espectáculo de la política, el cual, no puede competir con un desfile de grupos musicales, de fiestas populares y cualquier evento desde la sociedad civil organizada. No existe competencia entre uno y lo otro, debido a que las concentraciones masivas, hoy, ya no son más el espectáculo que movilizaba ingentes cantidades de personas, entre militantes, simpatizantes y curiosos; por el contrario, ahora, estas concentraciones, están sobreviviendo a causa de que generan derrama económica para distintos sectores económicos de la sociedad.
En ese camino, en el tránsito del viejo al nuevo espectáculo de la política, hay algunos políticos potenciales, con aspiraciones para acceder a la presidencia del país, que parece ser están intentando comprender la realidad de los nuevos electores. Esto a través de la construcción de una agenda política vinculado a la vida cotidiana, amplios sectores de la ciudadanía, mediante estrategias de acercamiento masivas sobre los viejos y nuevos electores, más allá de la época de las ideologías. Hecho que se puede ver en los medios modernos de comunicación, en los cuales queda precedentes de cómo un solo acto transmitido en video y que dura algunos segundos, de manera espontánea y progresiva, es visto y discutido por miles de votantes, contrario a un discurso pronunciado en una concentración masiva en cualquier plaza pública, así sea la de mayor aforo en la ciudad más grande del país.
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 6 de agosto del 2024, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México remitieron a la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sus observaciones con relación al anuncio hecho por parte del Fiscal a la CPI el pasado 20 de mayo, solicitando la emisión de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás y contra dos dirigentes en Israel: su Primer Ministro y su Ministro de Defensa.
Se trata de una solicitud del Fiscal de la CPI a los jueces de la CPI que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 1).
Es de notar que el 26 de junio del 204, la prensa israelí se hizo eco de una información sobre la posibilidad de que estas órdenes de arresto se materializaran en cuestión de semanas (véase nota del Times of Israel). 24 horas después, el mismo medio israelí informó de una gestión ante la CPI por parte del Reino Unido para aplazar la emisión de estas órdenes de arresto (véase nota).
El drama indecible que se vive en Gaza
En el último estado de la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 5 de agosto del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 1 and 5 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 143 Palestinians were killed and 341 were injured. Between 7 October 2023 and 5 August 2024, at least 39,623 Palestinians were killed and 91,469 were injured, according to MoH in Gaza. Moreover, according to the Gaza Government Media Office (GMO) and Palestinian Civil Defense (PCD), there are some 10,000 people reportedly missing or under rubble in Gaza. The MoH documents the full identification details of casualties and has recently published the breakdown of 28,185 out of 37,900 fatalities as of 30 June for whom full details have been documented by MoH (also available on the Health Cluster’s Unified Dashboard here); according to MoH, these reportedly include 9,351 children, 5,320 women, 2,414 elderly, and 11,100 men. The documentation process is ongoing by the MoH. Fatalities include 885 health workers, MoH further reported«.
Un interesante artículo publicado en Israel detalla la estrategia de desinformación desplegada por Israel para que se minimicen e ignoren las consecuencias de su accionar militar en Gaza en el mundo de la información y de la comunicación (véase reportaje publicado el 24 de julio titulado «How Israel plans to whitewash its war crimes in Gaza«, de lectura recomendada).
Por su parte, la reconocida ONG israelí B’Tselem publicó muy recientemente un informe sobre los centros de detención en Israel y la tortura a la que son sometidos las personas oriundas de Gaza en estos centros de detención (véase enlace a informe titulado «Welcome to hell: the israeli prison system as a network of torture camps» cuya lectura completa se recomienda).
Las observaciones remitidas a la CPI por Estados de América Latina en breve
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
En cuanto a Bolivia, optó por suscribir un texto conjuntamente con Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica: se trata de un grupo de Estados que tempranamente remitió una solicitud urgente («referral«) a la CPI con fecha del 17 de noviembre del 2023 (véase texto).
El documento presentado por Brasil está disponible en este enlacey se recomienda su lectura.
En el documento presentado por Colombia este 6 de agosto en La Haya (véase texto completo), Colombia (como Brasil) hace ver que la jurisdicción de la CPI debe aplicarse a todos los territorios palestinos ocupados, incluida Gaza, y que de ninguna manera se puede aceptar la idea que los acuerdos de Oslo de 1993 limitan o condicionan la aplicación plena de la jurisdicción de la CPI para examinar, investigar y sancionar a responsables de actos particularmente graves que califiquen como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas militares de Israel.
En el párrafo 21 de su comunicación, Colombia precisa que:
«21.Without a doubt, international norms governing accountability for war crimes, crimes against humanity and genocide, embody peremptory norms of international law accepted as such by the international community as a whole. Because of this high normative statute, States cannot be dispensed from the obligation to comply with these norms based on a bilateral agreement«.
Haciendo eco a lo dictaminado recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva del pasado 19 de julio, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2), Colombia señala además que:
«23. The International Court of Justice also referred to the Oslo Accords in its Advisory Opinion concerning ïhe Legal Consequences arisingfrom the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rendered on l9 July 2024.The Court stated that «…the Oslo Accords cannot be understood to detract from Israel’s obligations under the pertinent rules of international law applicable in the Occupied Palestinian Territory«.
La referencia a la reciente opinión consultiva de la CIJ reaparece en un gran número de opiniones enviadas a la CPI en este inicio del mes de agosto: sin lugar a dudas, se trata de uno de los primeros efectos de esta histórica opinión consultiva de la CIJ, llamada a inspirar no solamente a Estados y a los jueces de la CPI, sino a muchos jueces a nivel nacional a los que se les ha solicitado ordenar un cese de exportaciones de armas hacia Israel y de bienes y materiales que Israel utiliza para consolidar la ocupación ilegal del territorio palestino. Se trata de una opinión consultiva de la CIJ que desde ya está llamando a muchos juristas a exigir una revisión completa de las relaciones bilaterales de la Unión Europea (UE) con Israel (Nota 3) y que debería inspirar a muchos otros a exigir una revisión similar en otras latitudes del planeta.
Por su parte, en la opinión conjunta dada a conocer por Chile y México (véase documento), ambos Estados reafirman también la plena competencia de la CPI para examinar la situación en el territorio palestino, lamentando la maniobra del Reino Unido y su efecto dilatorio (véase párrafos 7-8) para la emisión de las órdenes de arresto antes mencionadas, solicitadas desde el 20 de mayo por el Fiscal de la CPI. Cabe recordar que en enero del 2024, Chile y México remitieron de manera conjunta un «referral» de carácter urgente a la CPI (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2024 de Chile).
En el texto suscrito por Bolivia, así como por Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica (véase texto completo), se lee en la parte conclusiva que:
«32. The Court has duly defined the territorial scope of its jurisdiction in the Situation in Palestine. The matter is therefore res judicata. To the extent that renewed challenges to the Court’s jurisdiction are made, these must be undertaken in conformity with the Rome Statute.
The Court at present is only required to determine whether arrest warrants may be issued in terms of article 58, the requirements of which have been met. The Oslo Accords are not a bar to the Court exercising its jurisdiction. Any challenge to jurisdiction in individual cases may only be raised in accordance with article 19«.
La etapa procesal en breve
La comunicación remitida por Colombia a la CPI ha sido precedida por las de Irlanda (véase documento), así como de Noruega, presentada el 5 de agosto (véase documento completo) que van ambas en la misma dirección, así como por Palestina (véase documento).
El hecho que, desde la misma ciudad de Oslo, se precise a la CPI los alcances de los acuerdos de Oslo de 1993 con relación a su competencia, resulta bastante llamativo.
En la dirección contraria, alegando una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI, Israel ha podido contar únicamente con un documento emitido por Alemania (véase documento), Estados Unidos (véase documento), Hungría (véase documento) y la República Checa (véase documento); en el caso de Estados Unidos, los párrafos 16-26 de su escrito constituyen un intento – bastante burdo – para desacreditar la solicitud del Fiscal de la CPI con base en una interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma al que Estados Unidos… no es Estado Parte.
Israel también ha podido contar con las opiniones provenientes de diversos académicos y organizaciones que buscan limitar el ámbito de aplicación de la justicia penal internacional a los crímenes cometidos por Israel en el territorio palestino ocupado.
Entre las opiniones que emanan de académicos y de organizaciones en materia de derechos humanos, muchas refuerzan significativamente las posiciones sostenidas por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México: véase en particular una de las primeras opiniones en llegar a La Haya de un reconocido académico norteamericano (véase documento), y la suscrita por dos de sus colegas con amplia trayectoria (véase documento); así como la opinión de una ONG basada en Ginebra (véase documento), la de dos ONG radicadas en Francia (véase documento), la remitida por dos entidades basadas en Londres (véase documento), y la enviada por dos organizaciones basadas en Egipto y en Ramallah en Palestina (véase documento), entre muchas más opiniones.
A modo de conclusión
Lo llamativo es que esta etapa procesal no contemplada se debió a una maniobra inicial del Reino Unido formalizada el 11 de junio del 2024, la cual llevó a la Sala de lo Preliminar de la CPI a adoptar una decisión el 27 de junio del 2024 otorgando un plazo para la presentación de escritos sobre lo alegado por el Reino Unido (véase decisión del 27 de junio).
Nótese que en el párrafo 7 se lee que:
«The United Kingdom requests that the Request be reclassified, because ‘[t]he sensitivity of the situation and the need for secrecy in certain aspects do not mean that this particular Request needs to be secret or confidential’ and asks permission to file its observations, if granted, publicly. The Chamber instructs the Registry to reclassify the Request as ‘public’. The Chamber further agrees that given the matter the United Kingdom wishes to address, its observations may be filed publicly«.
El 1ero de julio, el Reino Unido solicitó una prórroga adicional a la Sala de lo Preliminar de CPI para remitir su opinión jurídica (véase solicitud), la cual fue otorgada unos días después, el 4 de julio (véase decisión).
En la doctrina especializada, se ha criticado duramente estas decisiones de los tres jueces de la CPI, al abrir un compás de tiempo innecesario que no se ajusta en lo más mínimo a la práctica de la CPI, ni tampoco a la urgencia de la situación en Gaza (Nota 4). El hecho que, en el caso de Rusia, una Sala de lo Preliminar de la CPI emitiera sin mayor preludios órdenes de arresto contra dos altos dirigentes rusos (incluyendo a su Presidente) debido a la comisión de crímenes de guerra en el territorio de Ucrania, constituye un dato reciente (2023) de cierto interés.
Ahora bien, la gestión dilatoria inicial del Reino Unido sufrió un imprevisto para sus gestores y promotores: en efecto, a raiz del resultado de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, las nuevas autoridades británicas no consideraron necesario continuar la gestión iniciada, optando simplemente por no presentar ningun alegato sobre la supuesta limitación a la competencia de la CPI que derivaría de los acuerdos de Oslo de 1993: véase al respecto esta nota de The Guardian del 26 de julio del 2024.
Es de notar que en el hemisferio americano, Israel no pudo esta vez contar con un Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998 como Canadá, usualmente muy solícito a los requerimientos provenientes de Israel, ni tampoco con insumos provenientes de Guatemala. En cuanto a la opinión jurídica enviada a la CPI por parte de Estados Unidos, plantea algunas interrogantes muy válidas al provenir de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998. ¿Un Estado no Parte explicando a los jueces de la CPI cómo deben interpretarse las disposiciones del Estatuto de Roma? ¿Cómo así? Como se lee.
En Europa, Israel solamente pudo contar con las gestiones de los aparatos diplomáticos de Alemania, Hungría y de República Checa, optando esta vez otros Estados europeos por no venir a apoyar las tesis jurídicas favorables a Israel: tesis que una Sala de lo Preliminar de la CPI ya descartó en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 5).
No se registra en el sitio de la CPI ninguna opinión legal a favor de las tesis jurídicas de Israel proveniente de Estados de África, de Asia o del Pacífico, siendo está última región del mundo una en la que Israel siempre ha encontrado Estados isleños actuando como aliados indefectibles en defensa de sus intereses.
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad «, 20 de mayo del 2024. Texto disponible aquí
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase AL TAMIMI Y., «Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agreement«, EJIL-Talk, 30 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo VASILIEV S., «Friendly Feast during the Plague: Is the Pre-Trial Chamber Losing its Way on the Palestine Arrest Warrant Proceedings?«, EJIL-Talk, 1ero de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, 5 de febrero del 2021. Texto disponible aquí.
Desde hace mucho tiempo, el general del ejército Juan José Zúñiga Macías, venía trazando su camino en forma de laberinto y fue hasta el miércoles 26 de junio de 2024, que no pudo salir del mismo. La forma como se iba exponiendo en distintos eventos civiles donde era invitado, no era común de un militar de su rango que se muestre como un político en campaña, al menos no de este tiempo. Pese a ello, nadie de su entorno cercano ni mucho menos sus inmediatos superiores le explicaron que estaba entrando a un túnel aparente de proselitismo político, que con el paso de los días empezó a perderse en su accionar.
De algunos días hacia acá, pasó de posarse en eventos civiles a verter comentarios sobre un político en particular, Evo Morales, y, peor aún, se puede decir, a confundir algunos artículos, 245 y 246, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, referentes a las fuerzas armadas (FF.AA.), que le catapultaron a la movilización de los medios de comunicación tradicionales y digitales, donde sus argumentos fueron tomados como acertados y desacertados para la población. Tras generar este hecho, al encontrarse en un retorno sin salida dentro de su laberinto, aparentemente, optó por seguir vías trazadas por aquellos que no le limitaron su accionar frente a la población civil.
Ya encontrándose en situación de afronte con aquel que le había dado el camino de salir de su laberinto por la fuerza, aparentemente, desistió tras un cruce corto de palabras, que luego de su retiro de Palacio Quemado (gobierno), donde se encontraba Luis Arce, presidente de Bolivia, a quien se lo sindica de ser posible autor intelectual del golpe de Estado; alcanzó a exponer que su hecho se fundaba en contra del deterioro de la democracia a causa de la elite política, que por esa razón y otras más, las FF.AA. iban a tomar el gobierno del país. Pero esta aventura golpista, como luego lo llamó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el más convencido de su papel de titán con el país, terminó con la toma de un nuevo alto mando militar.
Con la toma de este nuevo mando militar de las tres fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, aquel general de ejército, que se dice que vino forjando su carrera militar desde muy abajo de su promoción, hoy, quedó en la soledad de su laberinto. Con ello, el país al que en su imaginario trató de “salvar”, de nueva cuenta volverá a enfrentar sus desavenencias políticas, económicas y sociales, con una desprestigiada FF.AA. y una democracia decadente.
El Frente Amplio condena enérgicamente el intento de golpe de Estado que se está gestando en estos momentos en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia contra el gobierno democráticamente electo del presidente Luís Arce Catacora, por parte diferentes unidades de las fuerzas armadas lideradas por el Juan José Zúñiga.
Esto supone una violación al orden constitucional boliviano en detrimento de los derechos humanos del pueblo y las instituciones democráticas del país, como sucedió en el golpe de Estado del 2019 perpetuado contra el expresidente Evo Morales por parte de sectores de la ultraderecha boliviana.
Exigimos respeto a la decisión del pueblo boliviano que en el 2020 eligió democráticamente al Luis Arce como su presidente, hacemos un llamado a la paz y al respeto del orden democrático del Estado Plurinacional de Bolivia.
Instamos a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de este nefasto intento de golpe, a solidarizarse con el gobierno boliviano y su pueblo y a mantenerse vigilantes al desarrollo de estos acontecimientos.
Se escribe este documento a modo de distopía a razón de ideas de actores políticos estructurales que exponen la necesidad de generar organizaciones que se posicionen como contrapesos a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Para la primera, se propone una Agencia de Inteligencia Plurinacional, con el fin de afrontar actividades del crimen organizado, de esta manera restar a la Policía Boliviana la responsabilidad de ser “juez y parte” en relación a sus elementos que hayan transgredido la Ley Orgánica de la Policía.
En cuanto a la creación de la Guardia Nacional, para el caso boliviano, Guardia Plurinacional, su función nada clara, sin embargo, se podría decir que se establecería como un contrapeso a las FF.AA. Todo esto, en palabras más o menos, vinculado a lo expuesto por actores políticos estructurales que demandan la adición de estas organizaciones al aparato estatal. Ahora bien, ¿cómo operaría la Agencia de Inteligencia y la Guardia Plurinacional en todo el territorio boliviano?
Desde una perspectiva distópica, ambas organizaciones, una vez establecidas, no responderían a la coyuntura en la que se encuentra el país, pese a que se expondrían como novedosas. Dado que la defensa del Estado, interna y externa, ya recaen dentro de la Policía Boliviana y las FF.AA., respectivamente. No obstante, frente a estas dos organizaciones tradicionales, el discurso que manifestarían las dos nuevas instituciones castrenses reconocidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es que en ningún momento podrían compararse a ellas, debido a sus características y funciones diferentes.
Hasta aquí, lo que se expone no es más que el aumento del gasto público al erario nacional a través de las dos nuevas organizaciones castrenses y con ello un peso más para el déficit fiscal del país. Entonces, con el paso de los años, ante la falta de recursos económicos para mantener su permanencia con el fin de cumplir sus funciones, entrarían en una espiral de corrupción en contubernio con las organizaciones tradicionales, la Policía Boliviana y las FF.AA. Y así, la creación de la Agencia de Inteligencia Plurinacional y la Guardia Plurinacional, nacerían dentro del fango de la corrupción.
No obstante, pese al déficit fiscal que generaría el establecimiento de dos nuevas organizaciones castrenses, el Estado Plurinacional tendría que renunciar a toda esperanza de una buena Policía Boliviana y FF.AA., potenciadas acorde a la evolución de la democracia del país y de otros países que están a la vanguardia; más allá de lo establecido dentro de sus institutos de formación, para que desempeñen y participen en tareas de necesidades sentidas del colectivo de la sociedad a causa de las consecuencias entre la sociedad y la naturaleza, y, entre otras necesidades relacionadas a la crisis civilizatoria.
Por tanto, la creación de la Agencia de Inteligencia Plurinacional y la Guardia Plurinacional, como medios para combatir la corrupción dentro la Policía Boliviana y las FF.AA., además de otros fundamentos, no tendrían razón de ser. De modo que, instituir dos nuevas instituciones castrenses sólo respondería a necesidades políticas del momento. Puesto que las dos organizaciones tradicionales del país ya responden a funciones que se les pretenda asignar a las dos nuevas corporaciones, aunque de manera inadecuada a causa de la descomposición social, la cual, hace imposible el ejercicio de las mismas.
