Bolivia es uno de los tres países que ha demostrado una leve disminución de violencia contra la mujer. Esto de acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género, publicado en noviembre de 2023. Sin embargo, la ola de feminicidios y otros tipos de violencia continúan, especialmente contra mujeres y niñas.
En los últimos días, grupos de hombres se han organizado para reclamar la modificación de la Ley No 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, porque estaría mal utilizada por algunas mujeres que realizarían falsas denuncias de violencia. No obstante, la cuestión del por qué, debería enfocarse en quiénes y cómo se aplica la norma y no solo en la disposición que emana de ésta.
La Ley No 348 está justificada y ha sido una respuesta necesaria ante la ola de violencia que se vivía hasta antes de su promulgación y aun así no resulta el remedio más óptimo, porque la punibilidad no es la solución. Es el Estado que, a través de sus instituciones, ha omitido las políticas de prevención, los recursos económicos y humanos para desestructurar las formas de violencia arraigadas en un Estado patriarcal y machista.
Un aspecto fundamental en el acceso a la justicia, es la probidad de sus autoridades jurisdiccionales, a quienes se les atribuye “la sana crítica”, que nuestra legislación reconoce. Al respecto el Artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, refiere: “El Juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica (…)”.
En la línea de Kant, el conocimiento necesita de la razón y la experiencia, en ello la sana crítica como sistema de valoración de la prueba debe responder a la verdad de los hechos. Es parte de la seguridad jurídica, procurar que las autoridades sean idóneas para juzgar delitos. Pero, ¿nuestras autoridades son las más idóneas? ¿Quiénes ocupan cargos de jueces en los Tribunales, sobre todo, en materia de violencia de género, cuando la propia norma exige la especialidad?
Por tanto, se podría decir que la ineficacia de la Ley No 348, está en su aplicación e interpretación y no en sus disposiciones. Independientemente del género, las vulneraciones al derecho de acceso a la justicia, sufren todas y todos, unos más que otros, y ese es el problema de fondo; por lo que, resulta necesario realizar estudios sociales con enfoque de interseccionalidad (sexo, etnia, edad, entre otras categorías) y no netamente jurídicos, que permitan arribar a conclusiones objetivas acerca de cómo funciona el sistema de justicia en Bolivia.
La democracia hoy en Bolivia sigue fundado en dos nociones básicas. La primera, en una forma de gobierno basada en el autogobierno del pueblo; y, la segunda, en instituciones libremente elegidas. Pese a que estas nociones responden a distintos tiempos, la primera, es la que se conoce más cuando se hace referencia a democracia, sin embargo, la segunda, no se deja de seguir al momento de elegir las instituciones del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si bien la responsabilidad de estas instituciones democráticas está basada en una forma de vida bajo el supuesto de igualdad entre ciudadanos, no obstante, los dos principios fundamentales de libertad de asociación y opinión, hoy, aparentemente han aumentado sus límites, con ello el sistema democrático está siendo alterado; es decir, donde dos libertades son suprimidas, la democracia cesa de existir.
Por ejemplo, el aumento de los límites de la libertad de asociación y opinión se puede observar en la asociación de autos “chutos”, con el objetivo de legalizar vehículos indocumentados; ha ido más allá de los límites de las reglas del juego del sistema democrático establecido. Contrario a esta organización, otras asociaciones apuntaladas en la defensa y la promoción de los derechos fundamentales son reconocidas y toleradas hasta cierto límite con base en los principios fundamentales de la libertad de asociación y opinión.
En ese sentido, los principios fundamentales no pueden ser admitidos sin límites, como cualquier libertad. Por lo que, el cambio de límites, de aumento o reducción, determina el grado de democratización de un sistema. Por tanto, si bien la forma de hacer política mediante movimientos sociales o movimientos de opinión, como el caso de la asociación de autos “chutos”, entre otros, son conocidos y tolerados por el sistema democrático, sin embargo, no pueden tener efecto en la transformación del sistema, por lo menos hasta que el sistema tenga el poder de controlarlos o de limitarlos sin anularlos del todo.
El nuevo orden establecido en Bolivia en 2011, relacionado a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular, con el principal objetivo de procurar una independencia real y efectiva de la jurisdicción constitucional a través del sistema de elección de sus miembros, se constituyó como novedoso. Pero también se sabe que todo orden imaginado siempre está en peligro de desmoronarse, porque depende de mitos, y los mitos se desvanecen cuando la gente deja de creer en ellos.
Siendo así, parece que, tras 12 años, la ciudadanía ha estado obligado a actuar de acuerdo con el orden imaginado de justicia real y efectiva. ¿Pero qué ha sucedido para que este orden imaginado se sostenga durante estos años? Se podría decir que ha estado y está sustentado de creyentes verdaderos ligado a operadores jurídicos y de justicia, y de algunos ciudadanos que se benefician de dicho orden. Es por ello que, los magistrados autoprorrogados, persisten en hacer cumplir el orden imaginado que ellos mismos no creen.
No obstante, los magistrados autoprorrogados a sabiendas de que este orden imaginado se ha desvanecido tras 12 años, en la actualidad, después de que la Cámara de Senadores ha logrado “garantizar” el camino hacia las “Elecciones Judiciales” a través de la sanción del Proyecto de Ley N° 144, pese a numerosos desafíos y obstáculos enfrentados; el mito de las elecciones judiciales transciende dentro la creencia de los ciudadanos fieles de un orden imaginado, debido a que esta garantía hizo que se detenga las medidas de presión de los de abajo.
Hoy, con una Convocatoria aprobada por unanimidad para la preselección de candidatos judiciales 2024, de nueva cuenta, aparece ese orden imaginado vinculado a la elección de magistrados, pero está vez, con un desgaste manifiesto que encamina a una reforma urgente de la justicia. ¿Pero cómo reformar la justicia? Puede ser admitiendo que la justicia es un orden imaginado que está sujeto a cambio y que no está creada por dioses, en este sentido, coadyuvar al principal objetivo de las elecciones judiciales, por ende, a la ciudadanía. Por tanto, las ficciones que se vayan a construir en torno a la justicia, se deben edificar con base a un orden sujeto a cambio.
En el mundo académico se dice que el concepto de Estado fallido, carece de precisión a causa de ser utilizado de forma indiscriminada y abiertamente que entra en riesgo de ser aplicado para caracterizar a todo Estado que, en un momento dado, tenga problemas de estabilidad, ya sea política o económica, o cualquier otra de orden interno. También se le señala de ambiguo, ligero y políticamente utilizado por las potencias mundiales con el propósito de mantener o lograr sus intereses.
Sin embargo, en este escrito no se pretende hacer uso de algunas precisiones vinculado al concepto de Estado fallido, con el fin de validar la situación crítica que vive el país, sino, como una posibilidad producto de los eventos por los que está transitando el Estado, en este caso, en torno al contexto judicial; esto desde que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hicieron conocer la prórroga de su mandando hasta que la Asamblea Legislativa preseleccione a candidatos, en diciembre de 2023.
Con base en lo anterior mencionado, ¿por qué se dice que Bolivia estaría transitando a un posible Estado fallido vinculado a la justicia? Por una parte, se puede decir que, debido a la prórroga de mandado del TCP, lo cual, se puede entender como abuso de poder y ataque contra la democracia. Por otra, a causa del manejo deficiente e incapacidad del TCP de dar respuesta a las demandas de la población. Con los cuales, el TPC ha expuesto una ausencia de institucionalidad consistente y reconocible, con ineptitud de representar al Estado ante su población y ante al exterior.
En ese sentido, lo anterior muestra al gobierno como incapaz de lograr estabilidad política por sus propios medios, por lo que, requirió de ayuda del TCP. Esto, se puede decir, a causa de haber perdido el monopolio en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con lo que ha generado una crisis jurídica generalizada. Lo cual, está llevando al país a un proceso de debilitamiento o Estado fallido a través de un conflicto jurídico interno, en contubernio del gobierno y TCP en contra de las facciones políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en desacuerdo con los magistrados autoprorrogados; por ende, en contra la ciudadanía boliviana.
Álvaro García Linera afirma que para derrotar a las nuevas derechas los progresismos y las izquierdas deben comenzar por resolver los problemas económicos de las mayorías, entendiendo realmente el nuevo mapa de la informalidad en América Latina.
A raíz de su viaje a Colombia para inaugurar el ciclo de pensamiento «Imaginar el futuro desde el Sur», organizado desde el Ministerio de Cultura de Colombia por la filósofa Luciana Cadahia, el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera habló con Jacobin sobre el escenario político y social que transita América Latina en este «tiempo liminar» o interregno que deberemos transitar durante los próximos 10 o 15 años, hasta la consolidación de un nuevo orden mundial. Está claro que esa inestable oscuridad es el momento para la entrada en escena de las ultraderechas más monstruosas que, en cierta medida, son consecuencia de los límites del progresismo. En la nueva etapa, Linera plantea que el progresismo debe apostar por una mayor audacia para, por un lado, responder con responsabilidad histórica a las demandas profundas que se encuentran en la base de la adhesión popular y, por otro, neutralizar los cantos de sirena de las nuevas derechas. Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Sólo así, empezando por resolver las demandas económicas más básicas de la sociedad y avanzando en una democratización real, plantea Linera, se podrá volver a confinar a las ultraderechas a sus nichos.
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En la región, el siglo XXI comenzó con una oleada de gobiernos progresistas que reorientó el rumbo de América Latina, pero esta dinámica comenzó a estancarse después del triunfo de Mauricio Macri en Argentina en 2015, lo que dio lugar a que muchos vaticinaran el fin del progresismo regional. Así, comenzó una oleada de gobiernos conservadores, pero, en contratendencia, en países como Brasil, Honduras o Bolivia el progresismo retornó. Y en otros, como México y Colombia, logró llegar al poder por primera vez. ¿Cómo lee esta tensión actual entre los gobiernos populares o progresistas y otros conservadores u oligárquicos?
AGL
Lo que caracteriza al tiempo histórico que va desde 10 años o 15 años atrás hasta los siguientes 10 o 15 años es el declive lento, angustiante y contradictorio de un modelo de organización de la economía y de la legitimación del capitalismo contemporáneo, así como la ausencia de un nuevo modelo sólido y estable que retome el crecimiento económico, la estabilidad económica y la legitimación política. Es un largo período, estamos hablando de 20 o 30 años, en cuyo interior, entonces habita esto que hemos llamado «tiempo liminal» —lo que Gramsci llamaba «interregno»—, donde se suceden oleadas y contraoleadas de múltiples intentos por dirimir ese impasse.
América Latina —y ahora el mundo, porque América Latina se adelantó a lo que luego sucedió en todos lados—, vivió una oleada progresista intensa y profunda, pero que no logró consolidarse, seguida por una contraoleada regresiva conservadora y luego por una nueva oleada progresista. Posiblemente, todavía veamos durante los siguientes 5 o10 años estas oleadas y contraoleadas de victorias cortas y de derrotas cortas, de hegemonías cortas, hasta que el mundo redefina el nuevo modelo de acumulación y de legitimación que le devolverá al mundo y a América Latina un ciclo de estabilidad por los siguientes 30 años. En tanto no suceda eso, estaremos asistiendo a esta esta vorágine propia del tiempo liminal. Y, como decía, uno asiste a oleadas progresistas, a su agotamiento, a contrarreformas conservadoras que también fracasan, a una nueva oleada progresista… Y cada contrarreforma y cada oleada progresista es distinta a la otra. Milei es distinto a Macri, aunque recoge a parte de él. Alberto Fernández, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador son distintos a los referentes de la primera oleada, aunque recogen parte de su herencia. Y creo que seguiremos asistiendo a una tercera oleada y a una tercera contraoleada hasta que en algún momento el orden del mundo se defina, porque esta inestabilidad y esta angustia no pueden ser perpetuas. En el fondo, como sucedió en los años 30 y 80 del siglo XX, lo que vemos es el declive cíclico de un régimen de acumulación económico (liberal entre 1870 y 1920, de capitalismo de Estado entre 1940 y 1980, neoliberal entre 1980 y 2010), el caos que genera ese ocaso histórico, y la pugna por instaurar un nuevo y duradero modelo de acumulación-dominación que retome el crecimiento económico y la adherencia social.
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Podemos observar que la derecha vuelve a implementar prácticas que creíamos superadas, incluyendo golpes de Estado, persecución política e intentos de asesinato… Incluso usted mismo sufrió un golpe de Estado. ¿Cómo cree que seguirán evolucionando estas prácticas? ¿Y cómo las podemos resistir desde los proyectos populares?
AGL
Algo propio del tiempo liminal, del interregno, es la divergencia de las elites políticas. Cuando las cosas van bien —como hasta los años 2000—, las élites convergen en torno a un único modelo de acumulación y de legitimación y todos se vuelven centristas. Las izquierdas mismas se atemperan y se neoliberalizan, aunque siempre va a haber una izquierda radical pero marginal, sin audiencia. Las derechas también se pelean entre ellas, pero meramente por recambios y retoques circunstanciales. Cuando todo eso entra en su declive histórico inevitable, comienzan las divergencias y las derechas se escinden en extremas derechas. La extrema derecha comienza a comerse a la derecha moderada. Y las izquierdas más radicalizadas emergen de su marginalidad e insignificancia política, comienzan a adquirir resonancia y audiencia, crecen. En el interregno, la divergencia de proyectos políticos es la norma, porque hay búsquedas, disidentes unas de otras, por resolver la crisis del viejo orden, en medio de una sociedad descontenta, que ya no confía, que ya no cree en los antiguos «dioses», en las antiguas recetas, en las antiguas propuestas que garantizaron la tolerancia moral hacia los gobernantes. Y, entonces, los extremos comienzan a potenciarse.
Eso vamos a ver con las derechas. La centroderecha, que gobernó el continente y el mundo durante 30 ó 40 años, ya no tiene respuestas a los evidentes fallos económicos del globalismo liberal y, ante las dudas y las angustias de las personas, surge una extrema derecha que sigue defendiendo al capital pero que cree que los buenos modales de la antigua época ya no son suficientes y que ahora hay que imponer las reglas del mercado por la fuerza. Esto implica domesticar a la gente, si es necesario a palos, para regresar a un libre mercado puro y prístino, sin concesiones ni ambigüedades, porque –según ellos- eso fue la causa del fracaso. Entonces, esta extrema derecha tiende a consolidarse y a ganar más adeptos hablando de «autoridad», «shock de libre mercado» y «reducción del Estado». Y si hay levantamientos sociales corresponde utilizar la fuerza y la coerción, y si es necesario el golpe de Estado o la masacre, para disciplinar a los díscolos que se oponen a este regreso moral a las «buenas costumbres» de la libre empresa y de la vida civilizada: con las mujeres cocinando, los hombres mandando, los patrones decidiendo y los obreros trabajando en silencio. Un síntoma más del ocaso liberal se evidencia cuando ya no pueden convencer ni seducir y necesitan imponer; lo que implica que están ya en su tiempo crepuscular. Pero no por ello dejan de ser peligrosos, por la radicalidad autoritaria de sus imposiciones.
Frente a eso, el progresismo y las izquierdas no pueden tener un comportamiento condescendiente, intentando contentar a todas las facciones y sectores sociales. Las izquierdas salen de su marginalidad en el tiempo liminal porque se presentan como alternativa popular al desastre económico que ha ocasionado el neoliberalismo empresarial; y su función no puede ser la de implementar un neoliberalismo con «rostro humano», «verde» o «progresista». La gente no sale a las calles y vota electoralmente a la izquierda para decorar el neoliberalismo. Se moviliza y cambia radicalmente sus anteriores adherencias políticas porque está harta de ese neoliberalismo, porque desea deshacerse de él pues solo ha enriquecido a pocas familias y a unas pocas empresas. Y si la izquierda no cumple eso, y convive con un régimen que empobrece al pueblo, es inevitable que la gente gire drásticamente sus preferencias políticas hacia salidas de extrema derecha que ofrecen una salida (ilusoria) al gran malestar colectivo.
Las izquierdas, si quieren consolidarse, deben responder a las demandas por las que surgieron y, si quieren en verdad derrotar a las extremas derechas tienen que resolver de manera estructural la pobreza de la sociedad, la desigualdad, la precariedad de los servicios, la educación, la salud y la vivienda. Y para poder realizar eso materialmente, tienen que ser radicales en sus reformas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza, la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Detenerse en esa obra va a alimentar la ley de las crisis sociales: toda actitud moderada ante la gravedad de la crisis, fomenta y alimenta los extremos. Si las derechas hacen eso, alimentan a las izquierdas, si lo hacen las izquierdas, alimentan a las extremas derechas.
Entonces, la manera de derrotar a las extremas derechas, reduciéndolas a un nicho —que va a seguir existiendo, pero ya sin irradiación social— radica en la expansión de las reformas económicas y políticas que se traduzcan en visibles y sostenidas mejoras materiales en las condiciones de vida de las mayorías populares de la sociedad; en la mayor democratización de las decisiones, en una mayor democratización de la riqueza y de la propiedad, de tal manera que la contención a las extremas derechas no sea meramente un discurso, sino que se apoye en una serie de acciones prácticas de distribución de la riqueza que resuelva las principales angustias y demandas populares (pobreza, inflación, precariedad, inseguridad, injusticia..). Porque, no hay que olvidar, que las extremas derechas son una respuesta, pervertida, a esas angustias. Cuanto más distribuyas la riqueza, ciertamente más afectas los privilegios de los poderosos, pero ellos van a ir quedando en minoría en torno a la defensa rabiosa de sus privilegios, en tanto que las izquierdas se consolidaran como las que se preocupan y resuelven las necesidades básicas del pueblo. Pero, cuanto esas izquierdas o progresismos más se comporten de manera miedosa, timorata y ambigua en la resolución de los principales problemas de la sociedad, las derechas extremas más van a crecer y el progresismo quedará aislado en la impotencia de la decepción. Entonces, en estos tiempos, a las extremas derechas se las derrota con más democracia y con mayor distribución de la riqueza; no con moderación ni conciliación.
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¿Hay elementos novedosos en las nuevas derechas? ¿Es correcto llamarlas fascistas o deberíamos nombrarlas de otra manera? ¿Las derechas están organizando un laboratorio posdemocrático para el continente (incluyendo a Estados Unidos)?
AGL
Sin dudas, la democracia liberal, como mero recambio de elites que deciden por el pueblo, tiende inevitablemente hacia formas autoritarias. Si, en momentos, pudo rendir frutos de democratización social fue por impulso de otras formas democráticas plebeyas que se desplegaron simultáneamente —la forma sindicato, la forma comunidad agraria, la forma plebeya de la multitud urbana—. Son estas acciones colectivas múltiples y multiformes de democracia las que le dieron a la democracia liberal una irradiación universalista. Esto pudo suceder porque siempre estaba siendo rebasada y jalada por delante. Pero si uno deja a la democracia liberal tal cual, como mera selección de gobernantes, inevitablemente tiende a la concentración de decisiones, a su conversión en lo que Schumpeter llamaba la democracia como mera elección competitiva de quienes van a decidir sobre la sociedad, lo que es una forma autoritaria de concentrar las decisiones. Y, ese monopolio decisional por medios autoritarios y, llegado el caso, por encima del propio procedimiento de selección de elites, es lo que caracteriza a las extremas derechas. Por eso, no hay antagonismo entre extremas derechas y democracia liberal. Hay una colusión de fondo. Las extremas derechas pueden coexistir con este tipo de democratización meramente elitista que alimenta la democracia liberal. Por eso no es raro que lleguen al gobierno por medio de elecciones. Pero, lo que la democracia liberal tolera marginalmente de mala gana, y las extremas derechas rechazan abiertamente, son otras formas de democratización, que tienen que ver con las presencias de democracias desde abajo (sindicatos, comunidades agrarias, asambleas barriales, acciones colectivas…). Se oponen a ellas, las rechazan y las consideran como un estorbo. En este sentido, las extremas derechas actuales son antidemocráticas. Solamente aceptan que se los elija a ellos para mandar, pero rechazan otras formas de participación y democratización de la riqueza, lo que les parece un insulto, un agravio o un absurdo que debe combatido con la fuerza del orden y de la disciplina coercitiva.
Ahora, ¿esto es fascismo? Difícil de decidir. Hay todo un debate académico y político sobre qué nombre tomará esto y si vale la pena la evocación de las terribles acciones del fascismo de los años 30 y 40. En el preciosismo académico tal vez vale la pena estas digresiones, pero tiene muy poco efecto político. En América latina las personas de más de 60 años pueden tener recuerdos de las dictaduras militares fascistas y la definición puede causar un efecto en ellos, pero para las nuevas generaciones hablar de fascismo no dice gran cosa. No me opongo a ese debate, pero no veo que sea tan útil. Al final, la adhesión o rechazo social a los planteamientos de las extremas derechas no vendrá por el lado de los antiguos símbolos e imágenes que evocan, sino por la eficacia de responder a actuales angustias sociales que las izquierdas son impotentes de resolver.
Quizás, la mejor forma de calificar a estas extremas derechas, más allá de la etiqueta, sea entendiendo a qué tipo de demanda responde, que por supuesto, son demandas distintas a las de los años 30 y 40, aunque con ciertas similitudes por la crisis económica en ambos periodos. En lo personal, prefiero hablar de extremas derechas o derechas autoritarias; pero si alguien usa el concepto de fascismo, no me opongo, aunque tampoco me entusiasma demasiado. El problema puede venir si, de inicio, se las califica de fascistas y se deja de lado la pregunta respecto a qué tipo de demanda colectiva responden o ante qué tipo de fracaso emergen. Por ello, antes de etiquetar y tener respuestas sin preguntas, es mejor preguntarse sobre las condiciones sociales de su surgimiento, el tipo de soluciones que plantea y, sobre esas respuestas, ya se puede elegir el calificativo que corresponda: fascista, neofascista, autoritaria…
Por ejemplo, ¿está bien decir que Milei es fascista? Tal vez, pero primero hay que preguntarse porqué ganó, con el voto de quién, respondiendo a qué tipo de angustias. Eso es lo importante. Y además preguntarse qué hiciste tú para que eso sucediera. Hoy es más útil preguntarnos eso que el colocarle una etiqueta fácil que te resuelva el problema del rechazo moral pero que no ayuda a comprender la realidad ni a transformarla. Porque si respondes que Milei convoco a la angustia de una sociedad empobrecida, entonces queda claro que el tema es la pobreza. Si Milei le habló a una juventud que no tiene derechos, entonces hay una generación de personas que no accedieron a los derechos de los años 50, ni de los 60 ni del 2000. Ahí está el problema que el progresismo y la izquierda debe abordar para frenar a las extremas derechas y a los fascismos.
Hay que detectar los problemas con los que las extremas derechas interpelan a la sociedad porque su crecimiento también es un síntoma del fracaso de las izquierdas y el progresismo. No surgen de la nada sino después de que el progresismo no se animó, no pudo, no quiso, no vio, no entendió a la clase y a la juventud precaria, no captó el significado de la pobreza y de la economía por encima de los derechos de identidad. Ahí está el núcleo del presente. Esto no significa que no hables de la identidad, sino que jerarquices, entendiendo que el problema fundamental es la economía, la inflación, el dinero que se te escurre de los bolsillos. Y no se puede olvidar que la propia identidad tiene una dimensión de poder económico y político, que es lo que ancla la subalternidad. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la identidad indígena conquistó su reconocimiento asumiendo el poder político, primero y, gradualmente, el poder económico dentro de la sociedad. La relación social fundamental del mundo moderno es el dinero, enajenada pero todavía relación social fundamental, que se te escurre, que diluye todas tus creencias y lealtades. Ese es el problema a resolver desde las izquierdas y el progresismo. Creo que la izquierda tiene que aprender de sus fracasos y deben tener una pedagogía sobre sí misma para encontrar luego los calificativos para denunciar o etiquetar algún fenómeno político, como es en este caso el de la extrema derecha.
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Volviendo a los proyectos populares, ¿cuáles son los principales desafíos del progresismo para superar estas crisis, estos fracasos de los que hablabas? ¿Es solo por no haber podido comprender o interpretar de manera suficiente las necesidades y demandas de la ciudadanía que ahora las extremas derechas retoman?
AGL
El dinero es hoy el elemental, el básico, el clásico, el tradicional problema económico y político del presente. En tiempos de crisis, la economía manda, punto. Resuelve ese primer problema y luego el resto. Estamos en un tiempo histórico en que surge el progresismo y las extremas derechas, y decae la centroderecha clásica neoliberal, tradicional, universalista. ¿Por qué? Por la economía. Es la economía, señores, la que ocupa el centro de mando de la realidad. El progresismo, las izquierdas y las propuestas que vengan del lado popular tienen que resolver en primer lugar ese problema. Pero la sociedad a la que la antigua izquierda de los años 50 y 60, o el progresismo en la primera ola en algunos países, le resolvió el problema económico, es distinta a la actual. Las izquierdas siempre trabajaron sobre el sector de la clase trabajadora asalariada formal, y hoy es una incógnita para el progresismo la clase trabajadora no formal. El mundo de la informalidad agrupado bajo el concepto de «economía popular» es un agujero negro para las izquierdas que no lo conocen, no lo entienden y no tienen propuestas productivas para ella que no sea los meros paliativos asistenciales. En América Latina ese sector abarca al 60% de la población. Y no se trata de una presencia transitoria que va a desaparecer luego en la formalidad. No señores, el porvenir social va a ser con informalidad, con ese pequeño trabajador, pequeño campesino, pequeño emprendedor, asalariado informal, atravesado por relaciones familiares y de vínculos muy curiosos de lealtad local o regional, subsumido en instancias donde las relaciones capital-trabajo no son tan diáfanas como en una empresa formal. Ese mundo va a existir por los siguientes 50 años e involucra a la mayoría de la población latinoamericana. ¿Qué le dices a esas personas? ¿Cómo te preocupas por su vida, por su ingreso, por su salario, por sus condiciones de vida, por su consumo?
Estos dos temas son la clave del progresismo y la izquierda latinoamericana contemporáneas: resolver la crisis económica tomando en cuenta a ese sector informal que es la mayoría de la población trabajadora de América Latina. ¿Qué significa eso? ¿Con qué herramientas se hace? Por supuesto, con expropiaciones, nacionalizaciones, distribución de riqueza, ampliación de derechos, etc. Esas son herramientas, pero el objetivo es mejorar la condición de vida y el tejido productivo de ese 80% de la población, sindicalizada y no sindicalizada, formal e informal que conforma lo popular latinoamericano. Y además con mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones. La gente quiere ser oída, quiere participar. El cuarto tema es el medioambiental, una justicia ambiental con justicia social y económica, nunca separado ni nunca por delante.
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Usted está aquí en Colombia para asistir a un Ciclo de pensamiento coordinado por la filósofa Luciana Cadahia para el Ministerio de Cultura. ¿Qué cambios está pudiendo observar aquí con el triunfo del Pacto Histórico y el liderazgo de Gustavo Petro y Francia Márquez? ¿Cree que Colombia tiene algún rol protagónico para el progresismo de la región?
AGL
Tomando en cuenta los antecedentes históricos de la Colombia contemporánea, en la que al menos dos generaciones de luchadores sociales y activistas de izquierda han sido asesinados o exiliados, en la que las formas de acción colectiva legal han sido arrinconadas por el paramilitarismo y en la que EEUU ha intentado crear no solo una base militar a escala estatal sino también un pivote de cooptación cultural, es por demás heroico que un candidato de izquierda haya ganado electoralmente el gobierno. Y claro, cuando uno palpa el poderoso sedimento de la Colombia profunda que brota en los barrios y comunidades, entiende el estallido social del 2021 y el porqué de esa victoria.
El que un triunfo electoral progresista venga precedido de movilizaciones colectivas, habilita un espacio de disponibilidad social a reformas. Y es por eso que, pese a las limitaciones parlamentarias, el gobierno del presidente Petro es ahora el más radical de esta segunda ola progresista continental.
Dos acciones colocan a la gestión de Petro a la vanguardia del resto de los presidentes de izquierda. Por una parte, la aplicación de la reforma tributaria con carácter progresivo, es decir, que impone mayores tributos a quienes más dinero tienen. En la mayoría de los otros países latinoamericano, la más importante fuente de ingresos tributarios es el IVA, que claramente obliga a una mayor tributación a los que menos tienen.
En segundo lugar, el avance en la transición energética. Claramente ningún país del mundo, ni siquiera los que más contaminan como EEUU, Europa y China, ha abandonado de la noche a la mañana los combustibles fósiles. Se han planteado unas décadas de transición, e incluso, todavía, unos años más de producción record de esos combustibles. Sin embargo, Colombia, junto a Groenlandia, Dinamarca, España e Irlanda, son los únicos países del mundo que han prohibido cualquier nueva actividad exploratoria de petróleo. El caso colombiano es más relevante, porque para él, la exportación de petróleo representa más de la mitad del total de sus exportaciones, lo que hace de esta decisión algo mucho más audaz y avanzada a nivel global.
Se trata de reformas que ciertamente miran el porvenir de una manera comprometida con la vida y que alumbran el curso de lo que otras experiencias progresistas tendrían que también realizar a corto plazo.
Sin embargo, para que estas decisiones, y otras que aún faltan para cimentar condiciones de necesaria igualdad económica, sean sostenibles en el tiempo, no habría que descuidar la continua mejora real de los ingresos de las clases populares colombianas, ya que cualquier justicia climática sin justicia social, no pasa de ser un medioambientalismo liberal. Ello va a requerir un acople milimétrico entre los ingresos que el Estado dejará de percibir los siguientes años, con unos nuevos que deberá garantizar vía otras exportaciones, mayores impuestos a los ricos y palpables mejoras en las condiciones de vida de las mayorías populares.
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Me gustaría finalizar con su lectura del papel que va a tener América Latina y el Caribe en el mundo. O, mejor dicho, qué rol político podremos ocupar en un escenario de transformaciones radicales como las que estamos viviendo.
AGL
A inicios del siglo XXI, América Latina fue la que dio el primer campanazo del agotamiento del ciclo de reformas neoliberales que se había instaurado globalmente desde los años 80 del siglo pasado. Aquí fue donde se inició la búsqueda de un régimen híbrido entre proteccionismo y librecambio, que luego, desde el año 2018 hasta hoy, han comenzado a ensayar paulatinamente en EE. UU. y los distintos países de Europa. A estas alturas, a pesar de puntuales recaídas melancólicas en un paleoliberalismo de patas cortas como en Brasil con Bolsonaro y Argentina con Milei, el mundo está en el tránsito a un nuevo régimen de acumulación y legitimación que sustituya al globalismo neoliberal.
Sin embargo, a estas alturas, el continente se halla algo extenuado para seguir liderando las reformas globales. Pareciera ser que la transición posneoliberal ahora deberá avanzar primero a escala global para que América Latina renueve sus fuerzas a fin de retomar los ímpetus iniciales. La posibilidad de unas reformas estructurales posneoliberales de segunda generación, o incluso, más radicales, que recuperen la fuerza transformadora continental, deberá esperar a mayores cambios mundiales y, por supuesto, una nueva oleada de acciones colectivas plebeyas que modifiquen el campo de las transformaciones imaginadas y posibles. En tanto no suceda eso, el continente será un intenso escenario de disputas pendulares entre victorias populares cortas y victorias conservadoras cortas, entre derrotas populares cortas y derrotas oligárquicas igualmente cortas.
Sobre la entrevistadora
Tamara Ospina Posse es politóloga, feminista y militante de Colombia Humana y del Centro de Pensamiento Colombia Humana (CPCH).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El pasado 7 de enero del 2024, Bolivia difundió un comunicado de prensa (véase texto completo reproducido al final de esta nota) en el que apoya la gestión de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel presentada formalmente el pasado 29 de diciembre.
Resulta oportuno recordar que tempranamente, Bolivia alzó la voz ante el drama observado en Gaza: a diferencia de otros Estados de América Latina que también la alzaron, llamando a consulta a sus respectivos embajadores en Tel-Aviv, Bolivia optó por romper sus relaciones diplomáticas con Israel el pasado 31 de octubre (Nota 1). El 14 de noviembre del 2023, Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial).
Con relación a la acción interpuesta por Sudáfrica ante la CIJ, tuvimos la oportunidad de analizar sus alcances y las diversas reacciones que ha provocado en el mundo, así como los temores que ha generado en algunos sectores en Israel y en Estados Unidos (Nota 2).
La extrema premura del juez internacional ante la urgencia absoluta que se vive en Gaza
Presentada la demanda y la solicitud de medidas provisionales el pasado 29 de diciembre por Sudáfrica, la CIJ ordenó el pasado 3 de enero mediante comunicado oficial la celebración de audiencias orales para los días 11 y 12 de enero del 2024.
El pasado 10 de enero, se detalló cómo se realizarían estas audiencias (véase comunicado oficial de la CIJ): una sola ronda de alegatos, con primero Sudáfrica (el 11) y luego Israel (el 12), quienes intentarán presentar sus mejores alegatos a los 15 jueces titulares y a los dos jueces ad hoc designados por ambos Estados.
El verbatim de la audiencia celebrada el 11 de enero – a la que asistió el Embajador de Chile en La Haya (véase comunicado oficial) – ya está disponible en este enlaceoficial de la CIJ: se trata de un extenso alegato de 84 páginas, con más de 330 notas de pie de página, cuya lectura detallada se recomienda. A la página 41 se lee que:
«36. In conclusion, Madam President, many propagators of grave atrocities have protested that they were misunderstood; that they did not mean what they said; and that their own words were taken out of context. What State would admit to a genocidal intent? Yet, the distinctive feature of this case has not been the silence as such, but the reiteration and repetition of genocidal speech throughout every sphere of State in Israel.
We remind the Court of the identity and authority of the genocidal inciters: the Prime Minister; the President; the Minister of Defence; the Minister of National Security; the Minister of Energy and Infrastructure; members of the Knesset; senior army officials; and foot soldiers. Genocidal utterances are therefore not out in the fringes; they are embodied in State policy«.
Desde el pasado 29 de diciembre, se evidencia una celeridad absoluta por parte de la Secretaría de la CIJ en La Haya, confirmándose la urgencia total ante el drama al que somete Israel a la población civil de Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 con sus incesantes bombardeos aéreos.
Las reacciones oficiales registradas en apoyo a Sudáfrica
El apoyo oficial de Bolivia a Sudáfrica es el primero que se ha registrado en América Latina.
En efecto, la solicitud de Sudáfrica fue en un primer momento saludada por algunos Estados a título individual como por ejemplo Malasia (véase comunicado oficial) o bien Turquía (véase comunicado), o Maldivas (véase comunicado), así como por Jordania (véase nota de prensa), al tiempo que muchos otros han optado por mantenerse en silencio. Desde el mismo 29 de diciembre, Palestina celebró esta acción de Sudáfrica (véase comunicado oficial).
La iniciativa sudafricana también fue saludada por una organización internacional como la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) (véase comunicado): se trata de una organización que reúne a un total de 57 Estados Miembros (véase listado oficial). El pasado 10 de enero, se informó que la Liga de Estados Árabes también se sumó, a través de declaraciones de su Secretario General (véase nota de prensa).
Una invitación formulada por expertos y académicos neozelandeses (véase nota de prensa del 7 de enero) indicaba que:
«New Zealand could express its support for the request for provisional measures, as Turkey and Malaysia have done, or it could seek to intervene in the case«.
El 9 de enero del 2024, se leyó en un medio de prensa de Indonesia (véase nota) que:
«Spokesperson for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Lalu Muhammad Iqbal stated that morally and politically, Indonesia fully supports the lawsuit against Israel«
Era muy probable que, en esta segunda semana del año 2024, se registraran nuevas manifestaciones oficiales de apoyo a la acción sudafricana ante la justicia de La Haya.
Unas de las últimas registradas fue la de Venezuela (véase comunicado oficial del 9 de enero) y de Nicaragua (véase comunicado) así como la de Brasil (véase comunicado oficialdel 10 de enero del 2024). En el caso de este último comunicado, se indicó que:
«À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio«.
Merece también mención el extenso comunicado oficial de Colombia del 10 de enero, cuyo texto integral está reproducido al final de estas líneas.
No está de más señalar que los relatores especiales y expertos independientes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos – en su casi totalidad – saludaron el inicio de las audiencias en La Haya gracias a la acción interpuesta por Sudáfrica (véase comunicado del 11 de enero del 2024).
Costa Rica y su comunicado oficial
El contenido y el tono vehemente de los precitados comunicados oficiales de Bolivia, Brasil, Colombia, o bien de Venezuela pueden ser comparados al los del comunicado circulado por las autoridades diplomáticas costarricenses tempranamente, desde el 5 de enero del 2024 (reproducido de igual manera al final de estas líneas).
A diferencia de los demás comunicados oficiales, inicia con una inusitada expresión en su título de «sigue con atención desarrollo de caso planteado por Sudáfrica«).
Con respecto al título escogido para estas breves reflexiones, «A propósito del apoyo de Bolivia y de otros Estados…» el comunicado de Costa Rica plantea una interrogante muy válida para ser incluido: en efecto, en ninguna parte del texto de Costa Rica se emplea el verbo «saludar«, «apoyar«, «respaldar» o «celebrar» usado en los precitados comunicados.
Se trata por lo tanto de un comunicado oficial sui generis, en el que, dicho sea de paso, tampoco se hace mención alguna de «Gaza«, «Palestina«, «territorio palestino ocupado», «población civil» «niños y mujeres«, o bien de términos como «crímenes», «bombardeos», «masacre».
Una revisión rápida de comunicados similares emitidos en América Latina con ocasión de esta demanda sudafricana confirma la peculiaridad del lenguaje utilizado en este comunicado de la diplomacia costarricense: es el único (salvo error de nuestra parte) en calificar de «presuntas» las violaciones de obligaciones internacionales.
Esta especificidad de la diplomacia costarricense en este preciso ámbito no es nueva: al comparar el texto de comunicados oficiales circulados el mismo 7 de octubre por diversos aparatos diplomáticos en el continente americano con el de Costa Rica, ya habíamos tenido la oportunidad de observar una tonalidad y un vocabulario bastante distintos a los de otros Estados en América Latina (Nota 3).
El intento del aparato diplomático israelí
Más allá de la riqueza que el lenguaje de la diplomacia ofrece a un Estado al redactar un comunicado oficial, desde que se oficializó la demanda de Sudáfrica en La Haya, Israel envió instrucciones muy precisas a sus diversas legaciones diplomáticas en todo el mundo, en aras de intentar frenar diplomáticamente a Sudáfrica: véase al respecto esta interesante nota publicada en Axios este 5 de enero del 2024 que detalla las instrucciones recibidas. Una de ellas en particular merece mención al solicitar a Estados pronunciarse oficialmente en contra de la demanda sudafricana.
Al respecto, en América Latina, un comunicado oficial de Guatemala del 8 de enero (véase texto) y un tweet de la cancillería de Paraguay (véase texto) registrado el 10 de enero parecieran ambos obedecer a gestiones de las embajadas de Israel en la Ciudad de Guatemala y en Asunción: ambos texto rechazan la demanda de Sudáfrica ante la CIJ.
Es de señalar que esta nueva acción de Sudáfrica ante la CIJ ha provocado una honda preocupación en los círculos gubernamentales israelíes pero también norteamericanos: estos últimos se han sentido obligados a desacreditar la base factual utilizada por Sudáfrica en su solicitud al juez internacional de La Haya (véase nota de prensa del Times of Israel y esta otra nota de Voice of America).
Uno de los voceros de la Casa Blanca se expresó de la siguiente manera (véase comunicado de prensadel 3 de enero) sobre la demanda de Sudáfrica:
«We find this submission meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever«.
Basta con revisar los párrafos 101 a 107 de la extensa demanda interpuesta por Sudáfrica desde el 29 de diciembre (véase texto completo) que detallan, una tras otra, las escalofriantes declaraciones oficiales escuchadas en Israel desde el 7 de octubre del 2023, para comprender que sobran los elementos fácticos: la solicitud de medidas provisionales hecha por Sudáfrica al juez internacional de La Haya tiene bases muy sólidas para prosperar.
Aunado a ello, el elevado número de víctimas y de personas heridas que se registra con cada nuevo día de bombardeos israelíes sobre la población civil de Gaza, y la muerte probable de muchas personas gravemente heridas que yacen bajo los escombros es otra base factual inobjetable, que justifica una urgencia absoluta para la justicia internacional.
Genocidio y comunidad internacional ante el drama que se vive en Gaza
Con relación al calificativo de «genocidio«, que pareciera causar tanta molestia en Israel (y fuera de ella en algunos círculos, incluyendo en Costa Rica), Sudáfrica en el texto de su demanda ha señalado otro aspecto fáctico dificilmente objetable (párrafo 12):
«South Africa has repeatedly and urgently expressed its concerns and condemnation in respect of Israel’s acts and omissions which form the basis of this Application. South Africa and other States Parties to the Genocide Convention have, in particular, made clear that Israel’s actions in Gaza constitute genocide against the Palestinian people. By way of example, the Presidents of Algeria, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Iran, Türkiye, and Venezuela have all described Israel’s actions as a genocide, as has the Palestinian President. State officials and representatives from Bangladesh, Egypt, Honduras, Iraq, Jordan, Libya, Malaysia, Namibia, Pakistan, Syria, and Tunisia, have also referred to genocide or the risk thereof in Gaza; as have heads of State and State officials from non-State parties to the Genocide Convention, including Qatar and Mauritania«.
Más alla de calificativos provenientes de Jefes de Estado sobre el drama que se vive en Gaza recurriendo a la palabra «genocidio«, cabe recordar que desde el 16 de noviembre del 2023, fue un grupo de expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos el que advirtió en un comunicado colectivo de un grave riesgo de genocidio en Gaza (véase texto en el que se puede leer que):
«We are deeply distressed at the failure of Israel to agree to – and the unwillingness of the international community to press more decisively for – an immediate ceasefire. The failure to urgently implement a ceasefire risks this situation spiralling towards a genocide conducted with 21st century means and methods of warfare,” the experts warned.
They also expressed alarm over discernibly genocidal and dehumanising rhetoric coming from senior Israeli government officials, as well as some professional groups and public figures, calling for the “total destruction”, and “erasure” of Gaza, the need to “finish them all” and force Palestinians from the West Bank and east Jerusalem into Jordan. The experts warned that Israel has demonstrated it has the military capacity to implement such criminal intentions«.
Como ya viene siendo costumbre, este comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue escasamente referenciado en algunos de los principales medios de prensa internacionales: pasó prácticamente desapercibido.
De otros Estados en modo «silencio» o casi
Recientemente en el Reino Unido (véase enlace y video), una sesión con el jefe de la diplomacia británica dio pie para intentos semánticos de toda índole, acompañados de contorsiones del lenguaje inusitadas por parte de los altos funcionarios llamados a aclarar la posición oficial del Reino Unido a una comisión integrada por legisladores británicos.
Con relación a Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay, el sitio de sus respectivos aparatos diplomáticos no registra ningun comunicado sobre le acción de Sudáfrica ante la CIJ.
Finalmente, con respecto a Perú, el único comunicado de prensa de su aparato diplomático en este inicio del 2024 en el que se menciona a Israel tiene que ver con la donacion de un equipo tecnológico a un centro de educación secundaria (véase comunicado oficial).
A modo de conclusión
Los temores de Israel y de Estados Unidos (y de algunos de sus aliados) son más que fundados y explican el tipo de gesticulaciones diplomáticas observadas: en efecto, una decisión preliminar de la CIJ favorable a Sudáfrica conllevaría consecuencias para ambos Estados. Ello fue explicado recientemente por un especialista sudafricano en derecho internacional público (véase video de su entrevista en SABC del 4 de enero) así como en este artículo publicado por un jurista argentino en el sitio de EJIL-Talk (cuya lectura se recomienda). En este reciente artículo publicado en Francia (Le Club des Juristes), se lee que:
«On observera que dans les affaires dont elle a eu à connaître antérieurement au sujet de l’interprétation et de la Convention sur le génocide, la Cour a reconnu cette compétence prima facie et a ordonné des mesures conservatoires aux parties. En l’espèce, le fait que l’Afrique du Sud ne soit pas directement impliquée dans le conflit est sans incidence«.
En la precitada nota de Axios publicada este 5 de enero, se lee que Israel ha explicado a sus diplomáticos de todo el mundo que la situación puede acarrear consecuencias de todo tipo para Israel, al precisar que:
«A ruling by the court could have significant potential implications that are not only in the legal world but have practical bilateral, multilateral, economic, security ramifications«.
Más recientemente se leyó en Israel (véase artículo del Timesof Israel del 10 de enero del 2024), que:
«Israel’s legal defense would be engaged in “an uphill struggle” in which it would have to convince the court that the prime minister and other cabinet ministers did not mean what they said and that their words do not reflect what has actually happened on the ground in Gaza«.
No es la primera vez que Sudáfrica acude a la justicia internacional con relación al drama que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre.
En efecto, el pasado 17 de noviembre, Sudáfrica, conjuntamente con 4 otros Estados, entre los cuales Bolivia, presentó un «referral» de carácter urgente a otra jurisdicción internacional con sede en La Haya, como la es la Corte Penal Internacional (CPI) – véase texto completo – , y que tuvimos también la oportunidad de analizar (Nota 4).
Cabe además recordar que esta iniciativa de Sudáfrica se añade a otra interpuesta ante la misma CIJ pero esta vez no por un Estado, sino por la misma Asamblea General de Naciones Unidas, al solicitarle una opinión consultiva sobre la colonización ilegal israelí y sus efectos desde la perspectiva del derecho internacional público: se trata de una resolución que se votó hace un poco más de un año, el 30 de diciembre del 2022, y que contó, por parte de América Latina con dos únicos votos en contra: Guatemala y Costa Rica (Nota 5).
– Notas –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras«, editada el 31 de octubre del 2023, y disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «El ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí: algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público«, editada el 10 de octubre del 2023 y disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., “América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica”, editada el 31 de diciembre del 2022 y disponible aquí.
Documentos / Materiales: 1) Texto del comunicado oficial de Bolivia reproducido integralmente a continuación (véase enlace oficial): «Comunicado en respaldo a la solicitud presentada por Sudáfrica ante la corte Internacional de Justicia (CIJ). 7 de enero de 2024 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia valora la histórica acción emprendida por la República de Sudáfrica, que presentó una demanda el 29 de diciembre de 2023 contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en relación a las violaciones por parte de Israel a sus obligaciones sobre la Convención sobre el Genocidio con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Bolivia, comprometida con la paz y la justicia, signataria de la Convención sobre el Genocidio, reconoce que Sudáfrica dio un paso histórico en la defensa del pueblo palestino, un liderazgo y esfuerzo que debería ser acompañado por la comunidad internacional que clama por el respeto a la vida (considerando que el informe elaborado por Naciones Unidas reporta que más de 21.000 personas han fallecido desde el 7 de octubre de 2023, en su mayoría niños y mujeres, dando cuenta del accionar inhumano del Estado de Israel). Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre, Bolivia junto a Sudáfrica, Bangladés, Comoras y Djibouti, presentaron ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para indagar la situación en el Estado de Palestina.» 2) Texto del comunicado oficial de Colombia reproducido integralmente a continuación (véase enlace oficial): «2024-01-10 Comunicado sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia El Gobierno de Colombia, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro Urrego, saluda la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por la violación de disposiciones de la Convención de 1948 Contra el genocidio, por parte de ese país. Como lo ha sostenido el presidente Petro, desde el inicio mismo de la sangrienta fase del conflicto en Palestina, es bien claro que las acciones y medidas adoptadas por el gobierno de Israel configuran actos de genocidio. En su condición de Estado, Israel está obligado a prevenir y evitar a toda costa estos tipos penales internacionales y, en consecuencia, el incumplimiento de parte suya de esos compromisos conlleva su responsabilidad frente al mundo entero. Se trata de obligaciones erga omnes atropelladas. Todos los Estados vinculados a la Convención tienen el interés en que su no cumplimiento sea sancionado. La demanda de Sudáfrica es un valiente paso en la dirección correcta. Colombia tiene la intención de hacer valer los elevados objetivos de la Convención de la que también es Estado parte y está dispuesta por lo tanto a acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales que suministran el Estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia. La República de Colombia espera, tras las audiencias convocadas, que la Corte se pronuncie sin dilación sobre la solicitud de las medidas provisionales de urgencia solicitadas por Sudáfrica y adopte decisiones que permitan que cese ya el baño de sangre en Gaza y los territorios ocupados. El presidente Gustavo Petro y Colombia toda continuarán haciendo un seguimiento cuidadoso de este proceso y, de ser necesario, se anunciarían en su debido momento las acciones judiciales concretas que se adelantarían como pasos adicionales a la demanda de Sudáfrica. Bogotá D.C. 10 de enero de 2024″ 3) Texto del comunicado oficial de Costa Rica reproducido integralmente a continuación (véase enlace oficial): «POLÍTICA EXTERIORENERO 05, 2024 01:28 PM costa rica sigue con atención desarrollo de caso planteado por sudáfrica contra israel ante la corte internacional de justicia San José, 5 de enero del 2024. Ante el planteamiento de un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por parte de Sudáfrica contra el Estado de Israel, el pasado 27 de diciembre del 2023, en relación con presuntas violaciones a obligaciones adquiridas bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Costa Rica sigue atentamente el desarrollo de este. Costa Rica es un país que respeta y confía en la resolución pacífica de controversias y en el rol del multilateralismo y de las Instituciones de Derecho Internacional, donde la Corte Internacional de Justicia es la más relevante, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas. De acuerdo con el art 38 de su Estatuto, la función de la CIJ es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, aplicando, entre otras, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes, en este caso las establecidas en la Convención contra el Genocidio. En este sentido, como lo hemos hecho históricamente, reiteramos nuestra confianza en dicha institución y en sus magistrados, así como en las decisiones que emanan de ella, las cuales deben ser acatadas y cumplidas de buena fe por todas las partes. Comunicación Institucional 001-2024 Sudáfrica CIJ Viernes 5 de enero del 2024″
Édison Valverde Araya, miembro del Movimiento Buen Vivir Costa Rica
Luego de dos meses, los caminantes costarricenses reciben un sentido homenaje en el Centro Alternativo de Desarrollo Integral -CADI- Inti Watana de La Paz, Bolivia.
Sonaron tambores, quenas y tarcas, versos y cantos, abrazos y regalos.
Hubo palabras de amor y solidaridad latinoamericana. Juntos marcharán los proyectos del Vivir Bien boliviano con el Buen Vivir Costarricense y de la Patria Grande.
*Las fotos corresponden al homenaje del 19 de diciembre 2023.
María Rebeca Álvarez Ramírez, integrante del Movimiento Buen Vivir Costa Rica
Gracias, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas del Inti Watana por tanto amor, lucha, solidaridad, arte y enseñanza compartida.
El Centro Alternativo de Desarrollo Integral Inti Watana es una organización que orienta sus acciones hacia la promoción de la participación y actoría social de adolescentes y jóvenes de sectores populares, a través de la formación del liderazgo comunitario, el fortalecimiento y articulación de las organizaciones juveniles, fomento a las expresiones artísticas y de reafirmación de la identidad cultural andina, así como el impulso de emprendimientos económicos juveniles.
Ha venido fortaleciendo lazos de trabajo más allá de Bolivia mediante la Escuela Latinoamérica para la Actoría Social Juvenil, y muchas actividades están enfocadas en las temáticas del vivir bien, buen vivir, crisis climática, participación, liderazgo comunitario, descolonización e interculturalidad.
El camino para seguir aprendiendo hacer tejido en Buen Vivir Costa Rica lo recibimos de seres como ustedes activos y conscientes.
Gracias por esa despedida llena de consciencia, música y poesía, ya van 4 años de mi vida aprendiendo de cada Inti.
Amor, lucha, libertad y esperanza les sigan acompañando por siempre.
El 6 de diciembre del presente año, en un comunicado que emitió el Banco Central de Bolivia (BCB), se explica que el nivel alcanzado por las Reservas Internacionales Netas (RIN) a agosto de la presente gestión es de $us 2.147 millones, principalmente, por una parte, a causa de la no realización de inversiones en exploración ni producción en el sector hidrocarburífero, que provocó una disminución en la actual producción, implicando menores ingresos de divisas al país. Asimismo, se expone que, pese a ello, con la finalidad de proteger el poder adquisitivo de la población, se mantuvo la subvención del diésel y la gasolina.
Por otra parte, el comunicado también señala, que otros factores que generaron presión sobre las RIN, fueron el pago oportuno del servicio de la deuda pública externa pese al incremento de las tasas de interés a nivel internacional, el bloqueo sufrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la no aprobación de créditos externos, y la política de fortalecimiento al sector productivo mediante la implementación del arancel cero para la importación de bienes de capital (Ley N° 1391).
¿Pero qué son las Reservas Internacionales Netas? Según el BCB, son recursos financieros que representan la capacidad de pago de un país ante el resto del mundo, tanto en situaciones normales, como en aquellas caracterizadas por perturbaciones exógenas tales como la disminución de las cotizaciones internacionales de productos básicos, crisis de mercados financieros internacionales que incrementan de manera súbita las tasas de interés internacionales, crisis cambiarias y cambios inesperados de la demanda externa.
No obstante, ¿será esta causa y estos factores el punto quiebre del nivel alcanzado por las RIN a agosto de la presente gestión?, según el informe del BCB, sí, sin embargo, con base en el análisis de la Fundación Jubileo, el nivel alcanzado de las RIN, no es una consecuencia a la causa y factores a los que se remite en su comunicado el BCB, sino, es una secuela de la desaceleración luego del periodo de bonanza que terminó en 2014, año en el que las RIN llegó a su pico mayor con más de 15.000 millones de dólares.
En ese sentido, posterior al pico mayor de bonanza, los años siguientes, la caída de las RIN se traducen en un arrastre de una crisis económica y no en una crisis circunstancial, como se expone en el comunicado del BCB. Ahora bien, esta salida con carácter circunstancial, posiblemente sucedió a causa de la situación crítica de desabastecimiento de combustibles. Asimismo, se puede decir que, por un lado, responde a la confrontación interna del partido gobernante (MAS – IPSP), por otro, al tema de las elecciones judiciales.
No obstante, el comunicado del BCB, también se puede leer como la estrategia de manipulación conocida como la caja china, es decir, de distraer la atención o llevar la atención pública hacia otra cosa, con el fin de tapar lo esencial de la verdad o de una irresponsabilidad. Dado que, no responde a la verdad de una crisis que se viene arrastrando desde 2015 hasta la fecha de emisión del comunicado. Por consiguiente, queda pendiente qué es lo quisieron tapar con este comunicado, sin embargo, está claro que da pie a una crónica de una crisis económica profunda anunciada.
Tras 14 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP), la última vez que los medios y la sociedad civil intercambiaron información sobre la derecha en Bolivia, se remite al 2019 y 2020. No obstante, en ese entonces, no se le reconoce como diferente a otras derechas que pasaron en la historia democrática, pese a que tuvieron de su lado a la mayoría de los medios tradicionales y digitales para alterar opiniones.
En esa línea, hoy, la izquierda en Latinoamérica, después del primer giro a la izquierda, con Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Néstor Kichner, Luiz Lula, Pepe Mujica, Michelle Bachelet y Daniel Ortega. Algunas de estas, responden a una lógica histórica de “división interna”, entre una izquierda tradicional y de nuevo cuño. Esto debido a que, aparentemente, nunca hubo una unidad a profundidad, a causa de que las consignas y programas cambian de una generación a otra.
Siendo así, la lógica histórica de la “división interna” de la izquierda en Latinoamérica, en la actualidad, después del segundo giro a la izquierda en Bolivia y Ecuador, se hace patente una nueva consigna y propuesta. Por ejemplo, en Bolivia, en 2019, luego de la “ruptura constitucional” para algunos y “golpe de Estado” para otros, dentro el MAS-IPSP, se ha empezado a embanderar la consigna de “renovación de liderazgos”.
En cambio, en Ecuador, luego de Rafael Correa, Lenin Moreno en su intento de generar reformas estructurales para transformar la economía hacia un modelo más moderno, desplazó la “revolución ciudadana” de su antecesor; lo cual, dio paso al banquero Guillermo Lasso, y este a Daniel Noboa, actual presidente. Sin embargo, en Chile, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y Brasil, después del segundo giro a la izquierda, la situación tomó un rumbo diferente. En Chile, concluyó en una transición de Sebastián Piñera a Gabriel Boric, hoy, presidente de Chile.
En Argentina, después de Mauricio Macri, el segundo giro a la izquierda se dio con el peronista Alberto Fernández, y, hoy, ni izquierda ni derecha, si no a punto de iniciar la era de la ultraderecha con Javier Milei. En Brasil, luego de la extrema derecha de Jair Bolsonaro, el segundo giro a la izquierda se dio con Luiz Lula. En cambio, en Nicaragua, Daniel Ortega, sigue a la cabeza del gobierno de ese país, desde 2007 hasta la actualidad. De igual forma, en Venezuela, vive una continuidad política bajo el legado de Hugo Chávez, de la mano de Nicolás Maduro. Y en Uruguay, tras el fin del gobierno de Pepe Mujica y de Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, dio inició a un gobierno de centroderecha.
En ese sentido, de todos estos países expuestos, Ecuador y Bolivia, son los que están dentro el marco de la lógica de la “división interna”, entre una izquierda tradicional y de nuevo cuño. Por tanto, en el MAS-IPSP, entre la “propuesta” de país de políticos que formaron parte del primer giro a la izquierda y la “consigna” de renovación de liderazgos del segundo giro a la izquierda, lo que les queda es la “unidad”, como única consigna de salida, con el fin de construir otra propuesta de país, acorde a los problemas locales y globales; entre lo urgente, la crisis medioambiental.
