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Etiqueta: bono Proteger

REDUCIR LA POBREZA: ¿NO SE PUEDE, O SI SE PUEDE?

Miguel Sobrado

La pobreza, a pesar de tener nuestro país una de las mayores inversiones en política social por habitante del continente, había permanecido inmutable durante las últimas dos décadas, antes de la pandemia, en un 20% global y un 6% de pobreza extrema. En ese mismo período de tiempo Uruguay que también tenía un porcentaje inicial del 20%, la había reducido, al 7% y prácticamente erradicado la pobreza extrema.

Mientras aquí tenemos un sistema centralizado, con instituciones poco flexibles, en Uruguay tienen un sistema descentralizado con controles locales que permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades y evolución de las condiciones.

Como ejemplo de lo nefasto del centralismo tenemos la noticia que 45000 personas abusaron del bono Proteger, centralizado en el Ministerio de Trabajo. Un gran esfuerzo de la hacienda Pública para compensar la pérdida de ingresos a la población afectada por la pandemia. Difícilmente este abuso hubiera alcanzado esas cifras si la distribución hubiera estado a cargo de poderes u organizaciones locales, al menos en zonas rurales cafetaleras donde todos se conocen y autocontrolan.

Pero no se trata solo del problema de una estructura centralizada, ya que la descentralización no siempre es una pomada canaria, sino de la visión implícita que se tiene de la pobreza como problema de “perdedores”. Esto es de personas fracasadas que tienen que ser asistidas y orientadas por las instituciones, cada una desde su campo de acción y especialidad. Visión que no percibe individuos integrales, familias, grupos organizados autónomamente o comunidades sino problemas técnicos. De tal forma que no existen individuos y unidades sociales con potencial de incorporarse activamente en la solución de su situación, sino problemas fragmentados que deben ser resueltos con la intervención externa. Esta visión, además de reflejarse en el diseño institucional centralizado, coincide con los intereses ideológicos clientelistas y configura, más allá de las declaraciones ideológicas, la acción asistencial de los técnicos institucionales.

El problema ha sido visualizado y existen resultados convincentes, pero no voluntad de cambio institucional

El programa de varias décadas liderado por doña Rose Marie Ruiz de la UNA en Isla Venado, así como el que desarrolló la ex primera dama doña Mercedes Peñas Tejiendo Desarrollo, en la administración pasada se hicieron esfuerzos importantes por articular, las instituciones en el ámbito local con algunos resultados importantes, de los cuales lamentablemente no se han sacado conclusiones para el cambio estructural porque hacerlo afectaría las relaciones de poder político e institucional.

¿Es posible hacerlo diferente incorporando a la población organizada en la solución de su situación?

El programa del Hospital sin Paredes demostró en nuestro país, sin lugar a dudas por sus resultados y el reconocimiento nacional e internacional, que otra forma de organización institucional es posible. Una organización con la participación autónoma de las poblaciones, que las incorpora en una gran simbiosis creativa con las instituciones aumentando sus alcances, reduciendo sus costos y tiempos al mismo tiempo que potencian los resultados.

Por otro lado, existen experiencias en nuestro país y en otras regiones del mundo con el enfoque de la metodología de capacitación masiva, en proyectos de reforma agraria, comunales y de desarrollo con la participación de las comunidades y grupos que han confirmado que otro camino es posible, pero que hay que empezar por cambiar la visión.

Una visión sobre el potencial humano

En primer lugar, los pobres no son perdedores sino personas que no han tenido oportunidades para mejorar sus condiciones ni acceso a los servicios que ofrecen las políticas públicas, pero si son capaces, cuando están sanos, de aportar esfuerzo y crear soluciones para salir de la pobreza y la exclusión. O sea, son seres humanos cuyo potencial depende de su capacidad de auto organización, así como del acceso a las oportunidades y servicios que ofrecen las políticas públicas. Don José Figueres Ferrer decía muy acertadamente “Los hombres sin organización no tienen ningún poder”

La capacitación en organización es fundamental como instrumento de poder. Esta solo se da cuando responde a sus necesidades propias, no a los mandatos institucionales y al margen de autonomía de que dispongan. No existe capacitación sin proyecto propio ni participación sin autonomía. La instrucción se puede recibir en el aula, pero la capacitación, al igual que el manejo de un vehículo, solo se da en una práctica donde las personas deben tomar decisiones frente al objeto.

En segundo lugar, clarificar los conceptos de organización y participación que se utilizan formalmente en todas las visiones, pero que tienen significados y resultados diferentes de acuerdo a la visión predominante.

Organización para la visión positiva es auto organización de los grupos o comunidades, que puede tener o no personería jurídica, pero que no se limita a esta. Es un ente vivo no solo formal, como el aglutinamiento administrativo de personas en los proyectos asistenciales.

La participación en condiciones de autonomía es real. Parte de la definición del problema, en el establecimiento de soluciones, y en la evaluación de resultados.

El papel de los técnicos institucionales es de apoyo técnico y profesional, como la asistencia profesional comprometida en las empresas privadas, con una buena dosis de capacidad didáctica. La participación de la comunidad con su conocimiento y acción es real y enriquece a todos en el diagnóstico y ejecución del proyecto. No se ve como un apoyo subordinado a las directrices institucionales, por ejemplo, limpiar los locales, sino como un trabajo conjunto, dentro de una relación de respeto y evaluación de resultados.

Formar los equipos técnicos de desarrollo

Aplicar la política social con esta visión, no es un cambio de camiseta administrativo. Requiere de una preparación de los equipos formadores, en un proceso organizativo de varios meses que empieza por romper, en la práctica, los círculos viciosos asistencialistas y la formación de nuevos círculos virtuosos.  Un trabajo arduo pero que, genera condiciones para la incorporación de las comunidades al mismo tiempo que estimula la transformación institucional.

Existen experiencias y método para hacerlo. Lo que hace falta son decisiones.

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.

Covid-19 y crisis económica – Diez apuntes para un programa económico diferente

Luis Paulino Vargas Solís
Economista. Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Dos preguntas básicas animan este artículo: ¿qué asuntos nos preocupan respecto del abordaje de la crisis económica y sus consecuencias sociales y humanas? ¿Qué respuestas alternativas deberían darse?

  • Es desatinado debilitar la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública, a través de la reducción de jornadas, el recorte de gastos y la aplicación de la regla fiscal:
    • Ahora, más que nunca, resulta necesario dotar a esa institucionalidad del músculo y la capacidad de respuesta, requeridas para atender la multiplicación de necesidades y demandas que la crisis trae consigo.
    • Por lo tanto, es desatinado y debe retirarse la propuesta de reducción de jornadas, que limitaría la disponibilidad de personal, incluso en áreas críticas como las de las instituciones de atención de la pobreza o las de implementación de las políticas de vivienda popular.
    • Debe asimismo desaplicarse la regla fiscal. Resulta irracional que, en medio de una crisis de tal gravedad, esa regla se mantenga en pie, en vista de las rigideces y restricciones que impone.
    • Deben reconsiderarse las políticas de austeridad fiscal. Se necesita más eficiencia y compromiso, no menos recursos. Y, sobre todo, el sector público tiene el deber de aportar un impulso positivo a la economía, en vez de sumar fuerzas contractivas, como resultaría de las políticas austeritarias.
  • Es claro que el reparto de los costos de la crisis sigue siendo inequitativo.
    • Es indispensable desarrollar un esquema muy progresivo de tributos y subsidios, bajo el criterio de que deben contribuir todos y todas quienes puedan hacerlo, y cada quien según sus posibilidades materiales, y de que se debe apoyar a todas y todos quienes realmente lo necesiten.
    • Un esquema tributario progresivo, apropiadamente diseñado, no desestimulará la inversión productiva y la generación de empleos, aunque sí el despilfarro, los lujos extravagantes, la especulación y las actividades ambientalmente dañinas.
    • Bajo las actuales condiciones de profunda recesión económica, un esquema muy progresivo de subsidios, dará poder adquisitivo a los sectores más carenciados, y ayudará así a activar el mercado interno y aliviar la recesión.
    • Este esquema de subsidios progresivos –que bajo el actual gobierno tiene el nombre de Bono Proteger, el cual urge ampliar y reforzar– debe ser el primer paso hacia el establecimiento de una “renta básica universal”.
    • Debe haber pasos firmes y una acción vigorosa de combate a todas las formas de fraude fiscal, bien si resultan de la evasión directa, o de los mecanismos, mucho más sofisticados y agresivos, de la elusión. En concordancia con lo anterior, debe haber un avance efectivo hacia la revisión y supresión de las exoneraciones (incluyendo las de zonas francas), de modo que se mantengan solo las que tienen justificaciones sociales muy sólidas.
  • Se habla de reactivación pero las propuestas en esa materia parecen naufragar en la indefinición. Por ejemplo: las cifras tan significativas dadas a conocer el 4 de mayo, acerca de los presuntos programas de inversión pública que se pondrían en marcha (en el orden de alrededor del 5% anual como proporción del Producto Interno Bruto, PIB), siguen sin tener ningún aterrizaje claro.
    • Entre otras acciones muy importantes, debe definirse prioridades y calendarios precisos del programa de inversiones a desarrollar, incluyendo un componente de corto plazo, de fácil ejecución, con gran potencial de generación de empleos (incluyendo explícitamente el empleo de mujeres), y beneficio para las regiones más rezagadas del país.
  • Confiarse a la “reapertura” para lograr la reactivación es engañoso: la incertidumbre y desaliento son hoy tan extendidos, y las fuerzas que deprimen la economía, tan poderosas, que se necesita un empuje mucho más vigoroso, el cual solo puede darse desde el Estado.
    • Se requiere, como ya se dijo, un programa de inversiones muy vigoroso y una serie de otras acciones cuyo liderazgo compete que sea ejercido desde el sector público. De ahí lo desatinado de las medidas recortistas que mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública-estatal.
  • En concordancia con lo antes indicado, y bajo las actuales circunstancias depresivas y de gran incertidumbre que rodean la economía, ni el crédito ni, más en general, la política monetaria, pueden ser eficaces en grado apreciable, para reactivar la inversión empresarial y la generación de empleos.
    • No obstante lo anterior, sí es urgente canalizar financiamiento en condiciones muy favorables, para proporcionar flujo de caja y capital de trabajo a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, e incluso algunas grandes empresas, que lo requieren con urgencia. Ello no puede hacerse con arreglo a la actual normativa del sistema financiero. Se necesita poner en marcha mecanismos muy innovadores, incluyendo un amplio programa de avales y garantías.
  • Se insiste en recurrir a deuda externa para abaratar el costo asociado al pago de intereses, no obstante que hay mecanismos internos que podrían utilizarse con el mismo fin, sin incurrir en el riesgo cambiario y político asociado a una deuda externa incrementada.
    • En este, como en otros aspectos (inclusive el indicado en el punto 5 anterior), es urgente que el Banco Central se sacuda de la modorra que lo paraliza, y empiece a dar la contribución necesaria para estabilizar la economía, aliviar los efectos negativos derivados de la crisis y contribuir a crear condiciones para la posterior recuperación.
  • La crisis ha sacado a relucir los gravísimos problemas de exclusión y marginalidad existentes, lo mismo en zonas rurales –por ejemplo, en las plantaciones agroindustriales de la zona norte– que en áreas urbanas, en las cuarterías y en barriadas empobrecidas densamente pobladas. Esa realidad, que por tanto tiempo ha sido tercamente ignorada y negada, ha salido a luz dramáticamente, empujada por el Covid-19 y la pandemia.
    • En el contexto de la crisis actual, es urgente que desde el Estado se movilicen recursos que permitan atender esas situaciones de carencia y privación, primero, por razones morales y de compromiso humanitario y solidario, y, segundo, porque ello es indispensable para frenar el contagio del Covid-19.
    • Más allá de la crisis actual, y en perspectiva de mediano y largo plazo, el país debe reformular a profundidad sus estrategias de desarrollo, en relación con el empleo, la atracción de inversiones, la inversión pública, el impulso al desarrollo regional y las áreas o actividades productivas prioritarias.
  • Es un error confiarse a las exportaciones y el turismo como los mecanismos que saquen a la economía de la recesión. Ninguno de los dos tendrá una fácil ni rápida recuperación. En el caso del turismo será seguramente mucho más lenta.
    • Por lo tanto, es preciso reconocer que, al menos por un período que podría ser relativamente considerable, los mecanismos dinamizadores de la economía deben surgir desde dentro de ésta.
    • Lo cual significa recuperar, al menos en parte y con las reformulaciones que sean necesarias, la noción de “desarrollo hacia dentro”, originalmente planteada por la CEPAL.
    • Ello, a su vez, tiene dos implicaciones: primero, deben retomarse los objetivos de justicia social e igualdad, que en Costa Rica han quedado en abandono.
    • Y, segundo, implica revalorizar el mercado interno, y convertirlo en motor de dinamización de la economía nacional.
    • En concordancia con lo anterior, y aparte los programas de inversión pública propuestos, debe extirparse la retórica, comprobadamente hueca, para hacer efectivas y eficaces las políticas de fomento e impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de emprendimientos solidarios, asociativos y cooperativos.
    • Tener una economía de alta productividad, diversificada, con densos encadenamientos productivos, que aproveche inteligentemente la dotación de recursos de que disponemos, es una meta de mediano y largo plazo, que en lo más inmediato pasa por un mercado interno fortalecido, mejores salarios y más justicia y equidad distributiva.
  • Con esta crisis han emergido los temores ante la posibilidad de desabastecimiento alimentario, lo cual, a su vez, refleja el abandono histórico de la agricultura tradicional productora de alimentos para el mercado interno.
    • Es necesario que el país redefina sus políticas en materia de soberanía y seguridad alimentaria, y reivindique el lugar que le corresponde a nuestra agricultura tradicional, y a nuestras agricultoras y agricultores. Un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore medidas de ejecución inmediata, y con perspectiva de mediano y largo plazo, debe ponerse en marcha, incluyendo un componente que garantice la compra por parte de las instituciones del Estado, como la Caja del Seguro Social.
  • El Covid-19 y la necesidad del confinamiento, han venido a resaltar las inequidades de género que comporta la división sexual del trabajo, con el recargo de doble o triple jornada que ha debido sobrellevar la mujer trabajadora que hace teletrabajo, pero que es un problema generalizado, históricamente puesto sobre las espaldas de las mujeres.
    • Las políticas de cuido deben reforzarse y ampliarse, incluyendo la ampliación de la infraestructura de cuido, y la disponibilidad de más personal adecuadamente capacitado. El cuido debe ser una responsabilidad socialmente asumida, y no una obligación asignada, en casi su totalidad, a las mujeres.

Publicado en el blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/covid-19-y-crisis-economica-diez.html?m=1

Compartido con SURCOS por el autor.

Desde primera línea llamado por bono Proteger y renta universal

Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN, hace un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que impulsen y aprueben la reforma al impuesto de renta y una contribución solidaria del sector financiero para financiar al mediano plazo el bono proteger y aspirar a convertirlo en una renta universal mientras dure la pandemia.

Los efectos socioeconómicos de la pandemia: hechos y realidades

German Masís Morales

Se han cumplido 4 meses del inicio de la pandemia del covid-19, y a lo largo de este período es posible identificar algunos de sus efectos sociales, económicos y políticos, así como las acciones que el Gobierno ha impulsado para enfrentarla, los cuales han quedado expresados en hechos y realidades que conforman un escenario particular de este difícil período.

En aquel momento, se mencionaba la necesidad de valorar cuál sería el impacto de la pandemia sobre los diferentes sectores y sobre la economía en su conjunto y cuáles serían las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero fundamentalmente exhortaba a estar atentos para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva los costos económicos, así como identificar los eventuales ganadores y perdedores de la emergencia. (Alterdescr,19-4-2020).

La Realidad Económica: Crisis y Estabilización dirigida por el FMI

La realidad económica revela que el país ha ingresado en un escenario de crisis económica y fiscal en el que tanto organismos internacionales, economistas independientes y las propias autoridades del sector económico coinciden en un decrecimiento de la economía del 3.6%, un elevado déficit fiscal que será de 8.7% y una deuda pública creciente que podría rondar el 70% del PIB, (ElPaís.cr, 12-7-2020).

Frente a esta difícil situación económica, la Administración Alvarado ha propuesto una fórmula de reducción del gasto por varias vías y la obtención de recursos externos con los organismos financieros internacionales. Al respecto el Presidente afirmó en su discurso el pasado domingo 12, que en materia económica nos corresponde tomar medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad económica del país, entre ellas:

– Presentación del II presupuesto extraordinario que incluye una reducción del gasto público en alrededor de 355 mil millones que equivale al 1% de la producción nacional

– Un apoyo financiero de los organismos internacionales para refinanciar la deuda, primero con un crédito especial por $ 504 millones con el FMI y luego con un acuerdo de stand by (Comunicado Presidencial 12-7-2020) con un monto que podría alcanzar los $ 2.000 millones.

“Con la reducción del gasto indicada y con el refinanciamiento de la deuda estaría garantizada la estabilidad para el 2020”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa, dejando establecido que el principal objetivo de su Administración será alcanzar la estabilidad económica luego de la pandemia, para lo que recurrirá invariablemente al financiamiento externo, pese a la recomendación de otras alternativas por parte de algunos economistas y políticos, dirigidas a involucrar al Banco Central en la disponibilidad de recursos para atender la pandemia, con la adquisición de bonos de deuda en un período definido.

Con la prioridad de la estabilización en el período 20/21, la posibilidad de la reactivación económica en algún momento mencionada quedaría eventualmente postergada aunque no descartada, por lo que la recuperación económica podría durar varios años.

El objetivo del proceso de estabilización como lo reconoció el Presidente será “recuperar 1,2 billones de colones o el 3.3% del PIB que la pandemia le quitará al país”, mediante la reducción del gasto y la concreción del acuerdo con el FMI, que debe implicar según éste, “que se convengan metas económicas que debe alcanzar el país, que serían una mezcla de medidas de reducción del gasto, generar mayores ingresos y de eficiencia de la gestión pública” (Comunicado Presidencial12-7-20).

En esa misma perspectiva se inscribe, la pretensión anunciada por el exministro Chávez, relativa a bajar el gasto en un 2.2% del PIB y que un 1.4% de la reducción del gasto provenga de la venta de activos como FANAL y BICSA.

Mientras que medidas como el plan PAGAR que pretendía recuperar 226.145 millones de superávits de instituciones autónomas (dos instituciones, el ICT y FONATEL se han opuesto) y destinarlos con prioridad a la atención de la pandemia, aún no han sido ejecutadas.

La realidad social: el bono Proteger para algunos, los costos económicos para todos

Desde el inicio de la pandemia la estimación del Ministerio de Trabajo señalaba, que alrededor de 400 mil a 450 mil trabajadores se verán afectados por despidos, suspensiones de trabajo o recorte de jornadas, por su parte en el mes de mayo el Presidente en su informe mencionaba “que hemos identificado más de 320 mil personas entre cuenta propia y trabajadores informales y que nuestra prioridad han sido las medidas de mitigación del impacto social en las familias, que hemos resuelto con la rápida creación del bono Proteger”.(Informe Presidencial 1-5-2020)

En el mes de junio, la Ministra de Trabajo señalaba que 535 mil personas están recibiendo el bono Proteger y hay otras 400 mil personas lo han solicitado, las que debemos cubrir con el II presupuesto extraordinario, por lo que en definitiva el número de trabajadores afectados podría superar las 900 mil personas. (CRHoy,16-6-2020)

Sin embargo, hasta este mes de julio apenas se haría la segunda y tercera entrega del bono a los primeros 500 mil personas, quedando pendiente la entrega del bono a los restantes solicitantes, cuyos recursos han quedado supeditados a la aprobación de algunos proyectos incluidos en el II presupuesto extraordinario el cual fue rechazado en su primera versión, pero que incluye por ejemplo los75 mil millones transferidos por el INS para financiar la entrega de 200 mil bonos proteger.

Por su parte, la medida para congelar el precio de las gasolinas que iba a aportar inicialmente 20.000 millones mensuales para financiar los bonos, podría ver reducido su alcance debido al menor consumo de combustible.

En consecuencia, pese a que la Administración Alvarado afirma haber tomado medidas extraordinarias en lo social para atender la población con acciones como la distribución de diarios a los hogares por medio de las Escuelas y la entrega del bono proteger, lo cierto es que la cobertura del bono estaría garantizada sólo para cerca de la mitad de la población y el financiamiento del resto de la población podría complicarse y no ser sostenible.

La obtención de mayores recursos tanto para financiar la totalidad de los bonos, como para financiar el gasto de la pandemia, está ligado a la aprobación de proyectos para extraer fondos del sector de los trabajadores públicos, tales como el proyecto de ley para eliminar el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los años 2020-21 y 2021-22, el proyecto para rebajar en un 15% las jornadas de los empleados públicos con salarios mayores a 1,5 millones e incluso la aprobación de un proyecto para eliminar al salario escolar la exención del impuesto sobre la renta. Estos proyectos imprescindibles para el Gobierno irán incuestionablemente a reducir los ingresos y beneficios a los trabajadores públicos, sobre los que caerían en definitiva los costos económicos de la pandemia.

La Realidad Política: el escaso capital político del Gobierno y la presión empresarial

Como se ha podido determinar, la mayoría de los recursos que espera disponer el Gobierno dependerá de la Asamblea legislativa y de la aprobación de diversos proyectos que se encuentran o llegarán a la corriente, sin embargo, esa situación coincide con el hecho que a la Administración actual parece habérsele acabado el capital político de que dispuso en los dos primeros años, el que le permitió mediante una alianza con algunos partidos opositores como PLN, PUSC y Renovación, aprobar proyectos como el plan fiscal, la ley para limitar las huelgas y el recorte de las pensiones, entre otros.

Ahora con el ingreso de los partidos opositores en campaña política, a la reducida fracción del PAC se le hará difícil conseguir el apoyo de estos partidos para aprobar los proyectos para atender la pandemia, obtener oportunamente los recursos necesarios y lograr la estabilización económica pretendida.

Por otra parte, pese a que el Presidente ha reiterado que se encuentra al frente de un Gobierno de unidad nacional, “que no fue llamado a Gobernar para un sector en particular, que lanzaremos un proceso para la construcción participativa de la política pública y de que la clave de las decisiones está en repartir las cargas” (Informe del Presidente,1-5-2220), parece evidente que entre los actores sociales el sector empresarial ha tenido preeminencia en las decisiones para atender la pandemia y enfrentar sus costos económicos, logrando que éstos sean asumidos por los trabajadores y no por las empresas.

Al margen han quedado las propuestas de profesionales, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil que no sólo han efectuado planteamientos y recomendaciones de medidas de política económica y social que distribuyan los costos de la pandemia, generen recursos frescos y propicien la reconstrucción de sectores y actividades afectadas, si no que han solicitado la apertura de un diálogo abierto y multisectorial para construir soluciones, pero unas y otras propuestas han quedado en los archivos del Ministerio de la Presidencia, confirmando la vigencia de una democracia representativa.

Unas cuantas sugerencias

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Comparto, con espíritu constructivo, algunas ideas.

1-   EQUIPO DE MANEJO SANITARIO Y ECONÓMICO COORDINADOS. Pueda ser que dentro del Gobierno estén muy coordinados.  Pero lo cierto es que, desde afuera, no dan esa sensación. Más bien, a ratos pareciera que existen tensiones. Aclarar esa imagen cuanto antes es de gran conveniencia nacional.

2-   PRESENTAR PLAN ECONÓMICO DE MEDIANO ALIENTO. Lo más cierto hoy es que el futuro es incierto. No hay conocimiento seguro y claro sobre cómo va a evolucionar la situación, tanto en lo sanitario, como en lo económico. No obstante, en lo sanitario se ha definido una ruta, y cada uno de nosotros sabe a qué atenerse. Quédate en casa, baile y martillo, burbuja social, distanciamiento social, nos lo han explicado permanentemente.

No pasa lo mismo en el campo económico. Los anuncios son parciales. El Gobierno insiste en avanzar en la negociación con el FMI, pero no se ha explicado con claridad si ya hay compromisos y, si los hay, en qué consisten. Parece ser un secreto que no quieren compartir. Se rumora, porque ese es el nivel, que vienen impuestos, mayores recortes de gasto, venta de activos. El exministro Chaves ya hasta hizo un cálculo “personal” (así lo llamó) de lo que valdrían algunos de esos negocios públicos. No llega al 10% de la deuda.

3-   SE DEBEN FORMULAR OTRAS INICIATIVAS MÁS ALLÁ DE LA MACROECONOMÍA. La discusión macroeconómica con facilidad deriva en un pulso por recortar gasto, reducir planilla pública, bajar salarios, las exenciones o a quién poner impuestos.  Si no hay un espacio de negociación real, inclusivo y con propósito, las discusiones serán estériles, los esfuerzos se diluyen y la desesperanza crece.

Por ello, también se tiene que trabajar sobre las necesidades particulares de los sectores productivos. En especial con aquellas actividades que han sido soporte del desarrollo económico y hoy están amenazadas. ¿Cómo acercar capital de trabajo a esas empresas que han demostrado viabilidad a lo largo del tiempo, pero que hoy están sofocadas por la caída de sus ingresos? Mecanismos existen, y se han presentado. Pero no se observa una definición concreta del Gobierno en este campo. Esto se debe abordar con urgencia.

Los bancos tienen plata. Ha habido renegociaciones de las deudas bancarias. Pero no todos son sujetos de crédito. Aquí surge la necesidad de crear un mecanismo especial de garantías para empresas nacionales, que hoy sufren, y que han sido exitosas. Pero este esquema debe también considerar a los emprendimientos no formales, que son muchos y están creciendo. Sería una forma de empezar a formalizar esas iniciativas. El desempleo es mucho, la transformación hacia la informalidad es acelerada, y hay que ir previendo estos impactos para después de la pandemia.

4-   LOS FONDOS PARA EL BONO PROTEGER HAY QUE AUTORIZARLOS RÁPIDO. Es urgente aprobar cuanto antes el uso de los recursos disponibles. Y el Gobierno debe calibrar si va a necesitar más apoyo para estos programas. Es una buena idea no mezclar esta aprobación con otros temas presupuestarios.

5-   EL GOBIERNO DEBE RETOMAR SU INICIATIVA SOBRE MEJORES CONDICIONES EN EL FINANCIAMIENTO en estos días de crisis sanitaria. Y este debe ser un punto central para tratar con los organismos financieros internacionales. Rebeca Gryspan ha complementado esta idea, señalando que los alivios que se dieron a los países más pobres deben extenderse a los de “ingreso medio”, como es Costa Rica. Agrego que, de otra forma, podemos quedar en un “limbo financiero” y expuestos a la codicia del mercado financiero internacional.

CONCLUYO.  Entre más claro se tengan las propuestas, más fácil es llegar a los acuerdos, que posibiliten apoyos amplios. Esta es una condición necesaria para avanzar. La macroeconomía hay que manejarla, pero es igualmente importante tener claridad sobre los programas de apoyo a los sectores productivos y al empresariado nacional. Es la mejor forma de resguardar empleos y mitigar impactos sociales. Siendo que los intereses nos están comiendo las finanzas públicas, trabajar sobre esquemas diferentes de endeudamiento, es urgente.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

En defensa de la CCSS y el bono Proteger – para firmar en línea

Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.

El documento señala:

Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario

Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:

  1. La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
  2. Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
  3. Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
  4. Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
  5. En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
  6. Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.

Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
  3. Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  4. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
  5. Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
  6. Erika Henchoz Castro, cédula 105700927. Periodista.
  7. Marcela Martino Aguilar, cédula 110220014. Defensora de Derechos Humanos.
  8. Antonieta Fernández Quirós, cédula: 30229017. Abogada, Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  9. Vínyela Devandas Brenes, cédula 103940034. Profesora pensionada Magisterio Nacional.
  10. Adriano Corrales Arias, cédula número 2332689. Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  11. Ricardo Solano Madrigal, cédula 700481458. Secretario General Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS.
  12. Manuel Enrique Delgado Cascante, cédula 401030846. Periodista jubilado.
  13. Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485. Investigador del Centro de investigación Antropológicas CIAN, UCR.
  14. Mauricio Zeledón Leal, cédula 105690067. Partido Humanista.
  15. María Elena López Núñez, cedula 103410135. Médica Salubrista.
  16. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006. Profesor emérito Universidad Nacional.
  17. Jaime Ordóñez Chacón, cédula 105370458. Director Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y catedrático UCR.
  18. Roxana Morales Ramos, cédula 111670990. Economista.
  19. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636. Catedrático Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura y Ganadería.
  20. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  21. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  22. Oscar Jara Holiday, cédula 800780568. Sociólogo y educador popular.
  23. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073. Exmagistrado y Catedrático Universidad de Costa Rica.
  24. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373. Economista, Director CICDE-UNED.
  25. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499. Profesora Universidad de Costa Rica.
  26. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621. Investigadora y activista social ecofeminista.
  27. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856. Periodista, profesor UCR, director de SURCOS Digital.
  28. Dayana Ureña Solís, cédula 205900549. Docente.
  29. Ricardo Araya Montero, cédula 2259881. Jubilado por la CCSS.
  30. Ana Lorena Cartín Leiva, cédula 900490969. Pensionada por la CCSS.
  31. Casilda Sancho Barrantes, cédula 2241142. Educadora popular. Jubilada.
  32. Flora Fernández Amón, cédula 105230903. Empresaria, integrante Costa Rica Solidaria.
  33. Elena Fournier Solano, cédula 1388971. Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, Extensionista UNED.
  34. Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
  35. Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
  36. Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
  37. Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
  38. Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
  39. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510. Jubilada UNA.
  40. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538. Catedrático pensionado de Universidad Nacional, escultor.
  41. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692. Profesora jubilada UCR.
  42. Jaime Delgado Rojas, cédula 400960395. Profesor universitario jubilado.
  43. Álvaro Fernández González, cédula 104330981. Profesor jubilado, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, Sabanilla de Montes de Oca.
  44. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  45. German Masís Morales, cédula 3 225625. Profesor jubilado de la Universidad Nacional.
  46. Carlos Campos Rojas, cédula 1605202. Sociólogo, Coordinador Nacional Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
  47. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403. Comunicador Social jubilado.
  48. Juan Carlos Durán Castro, cédula 106690465. Dirigente sindical CCSS Hospital San Juan de Dios.
  49. Ana María Trejos Trejos, cédula 104470409. Ciudadana.
  50. Eddson Gómez Chavarría, cédula 402320039. Consultor en Comunicación Social.
  51. Jazmín Melania Arias Rodríguez, cédula 114720740. Socióloga, Instituto Clodomiro Picado, UCR.
  52. Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
  53. Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
  54. Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
  55. Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
  56. Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
  57. María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
  58. Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
  59. Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
  60. Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
  61. Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
  62. Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
  63. Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
  64. Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
  65. Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
  66. Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
  67. Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
  68. Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
  69. Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
  70. Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
  71. Bernardo Jaén Hernández, cédula 501580141. Médico Veterinario.
  72. Leda Méndez Arias, cédula 103770884. Abogada jubilada.
  73. Lía Teresa Vargas C., cédula 103670905. Administradora de Negocios.
  74. Carlos Luis Chacón Salas, cédula 202140725. Pensionado y taxista.
  75. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064. Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  76. Rafael Barrantes Bonilla, cédula 700480771. Técnico Eléctrico, pensionado.
  77. Álvaro Vega Sánchez, cédula 22841409. Sociólogo.
  78. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula: 10360070. Profesora Emérita UCR.
  79. Carmen Brenes Sáenz, cédula 1343289. Profesional, pensionada, presidenta de ABISO, Organización Ambientalista en Goicoechea, San José.
  80. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010. Presidenta de CEFEMINA (Centro Feminista de Información y Acción).
  81. Ana Leonor Ramírez Montes, cédula, 104830426, psicóloga social.
  82. Marta Rojas Porras, cédula 103870924. Catedrática de UCR pensionada.
  83. Oscar Héctor Leiva Cerrato, cédula 8-0094-0463. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
  84. Ana Lolita Castillo Murillo, cédula 1678682. Ciudadana.
  85. Alicia Hernández Rojas, cédula 1-405 -805. Ciudadana.
  86. Luis Bernardo Villalobos Solano, cédula 104290837. Médico salubrista. ex Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
  87. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652. Economista.
  88. Milena Barrientos Blanco, cédula 104840489. Jubilada, vecina de Río Grande de Paquera.
  89. Denis Omar Cálix.C., Res. 134000130711. Planificador Económico Social. miembro de ACODEHU.
  90. Bernarda Rivas Madrigal, cédula 105490673. Trabajadora Social, integrante de ACODEHU.
  91. Enid Cruz Ramírez, cédula 303180599. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo.
  92. Jáirol Núñez Moya, cédula: 6-0311-0623. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica.
  93. Tatiana Herrera Ávila, cédula 108850940, Docente UCR.
  94. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482. Jubilada UCR.
  95. Patricia Salgado Muñoz, cédula 1-0418-0050. Antropóloga, jubilada.
  96. Alejandra Cartín Leiva, cédula 105720619. Psicóloga.
  97. Yamileth González García, cédula 202460555. Jubilada, profesora emérita UCR.
  98. Macarena Barahona Riera, cédula 105260207. Catedrática UCR.
  99. Carolina Somarribas Dormond, cédula 1-1110-0145. UNED-PGL.
  100. Guillermo Fernández Arias, cédula 103690223. Pensionado del INEC.
  101. Maritza Marín Herrera, cédula 107590200. Docente, Universidad de Costa Rica.
  102. Sandra Salazar Vindas, cédula 204150213. Comunicadora social.
  103. Marcedonio Zúñiga Arias, cédula 900730394. Ciudadano.
  104. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
  105. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
  106. Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
  107. Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
  108. María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
  109. Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
  110. Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
  111. Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
  112. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
  113. Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
  114. Organización Política Carmen Lyra.
  115. Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  116. María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
  117. Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
  118. Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
  119. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:

https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS

Imagen: TEC

Entre el bono Proteger y los privilegios fiscales de zonas francas

Gerardo Hernández Naranjo

El gobierno está enfrentando grandes dificultades para asegurar el financiamiento del Bono Proteger, que sería el único recurso con que contarían miles de familias para subsistir en el contexto de la pandemia.

Desde antes de la Pandemia, el estilo nacional de desarrollo había mostrado ya su fracaso en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, generación de empleo suficiente y sobre todo de empleo digno, porque amplios sectores de la clase trabajadora sufren precarización y debilitamiento de sus derechos laborales. Es decir, ya estaban desprotegidos y desprotegidas, como ha quedado en evidencia en las plantaciones de la zona norte y caribe.

En contraste, en ese mismo esquema de desarrollo, se ha protegido la acumulación de riquezas de élites empresariales nacionales y trasnacionales siendo el régimen de zonas francas uno de sus más claros ejemplos. Las zonas francas (que generan empleo, divisas y todo lo mismo que las otras empresas fuera de ellas) se han convertido en verdaderos paraísos fiscales dentro de nuestro territorio, en monumentos a la irresponsabilidad fiscal y en un claro instrumento para PROTEGER la acumulación y debilitar la distribución de riquezas.

El privilegio de exoneración del impuesto sobre la renta que por ley disfrutan, alcanzó en el 2018 cerca de 350.000 millones de colones, equivalentes a un 1.02% del PIB según el Ministerio de Hacienda. Es decir, 350.000 millones de colones que fueron a engrosar las utilidades de las empresas en lugar de alimentar los fondos públicos necesarios para la inversión social, la infraestructura, la seguridad y tantas otras áreas de política pública que hoy enfrentan limitaciones financieras.

Para hacernos una idea más clara de ese obsceno privilegio: con lo que no pagaron las empresas de zonas francas en impuesto sobre la renta en el 2018, se podrían financiar hoy 2.800.000 bonos proteger de 125.000 colones, o bien asegurar que 466.000 familias reciban ese bono por 6 meses consecutivos.

Las dificultades que tiene el gobierno para financiar el bono proteger, tienen que ver con la pandemia neoliberal que protege la acumulación y debilita distribución de riquezas desde hace 4 décadas.

Mientras muchas familias seguirán a la espera de algo para subsistir, la UCCAEP, Horizontes Positivos, AMCHAM y otras élites empresariales, tienen asegurado su bono proteger con el actual gobierno y el Ministro Garnier es su principal garante.

Se podría dar un bono de 125,000 colones a 2,800,000 familias

O bien darle ese bono a 466,000 familias por seis meses consecutivos

Observatorio Ciudadano: bajo nivel de transparencia en información sobre bono Proteger

Comunicado

Lo referente al bono proteger está en la mira de cientos de miles de familias que han sido muy golpeadas económicamente y han esperado durante semanas para conocer sobre el resultado de las gestiones gubernamentales para entregar esa ayuda financiera.

Dado este interés público el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, con el apoyo técnico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, creó un Índice con 61 indicadores para medir si información pública relevante acerca de ese bono está o no disponible en las páginas web institucionales del IMAS, MTSS, CNE y en el sitio covid19.go.cr. Con el apoyo de La Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) se hizo la primera evaluación del índice.

Para esta evaluación no se tomaron en cuenta informaciones suministradas que no se hayan sujeto al criterio técnico seguido (información que no consta en esos sitios web oficiales o bien que se encuentren en video pero sin ser transcrita).

La primera medición se realizó con base en una verificación realizada el pasado 30 de abril de 2020 de la información disponible en las cuatro páginas web arriba indicadas, y dio como resultado una calificación de 29 de 100 puntos posibles.

En ese sentido, de los cinco grandes componentes que conforman la estructura del Índice, la información que ha estado más disponible es aquella relacionada con la normativa y documentación que rige el bono proteger, la cual obtiene 11.25 puntos de 20 posibles, faltando información sobre quién, cómo y porqué, se tomaron decisiones acerca de quienes debían ser los beneficiarios y los modos de pago.

Con cero puntos está la información sobre rendición de cuentas y lo relativo a la información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el MTSS y el IMAS para pagarles a los beneficiarios este subsidio económico con un puntaje de 2.22 de 20 posibles.

La siguiente infografía ofrece un panorama general de la medición, mientras que para ver el detalle de cada componente recomendamos acceder a la infografía interactiva en línea a través del siguiente link: https://bit.ly/2Z6p1jr

Explicaciones del Gobierno

El Observatorio ha recibido algunas respuestas por parte del Gobierno, respecto a la información incluida en el Índice:

  1. En el oficio MTSS-DMT-OF-404-2020 de 28 de abril de 2020, la Ministra de Trabajo responde parcialmente y suministra alguna data gestionada por el Observatorio sobre los trabajadores afectados, pero ante las omisiones, el pasado 11 de mayo se le solicitó responder a los aspectos no atendidos, que tratan sobre estadísticas, actualización de la información, acceso a bases de datos, colocación de la información en el sitio web, entre otros.
  2. El oficio MC-GA-37-2020 de 8 de mayo de 2020 y su adjunto, en donde Geannina Sojo Navarro, Coordinadora de Gobierno Abierto se refiere al seguimiento de los asuntos tratados en una reunión sostenida el 7 de mayo de 2020, donde el Observatorio dio a conocer a representantes de gobierno los resultados del Índice y se creó una mesa de trabajo conjunto para incrementar la liberación y accesibilidad de la información sobre el bono proteger.
  3. En dicha reunión se nos esbozó el macroproceso a través del cual se está haciendo cruce de datos de las bases del TSE, SICERE, SINIRUBE, HACIENDA, SINPE Y DGME para efectos de cumplir con los requisitos determinados en la reglamentación emitida al respecto.
  4. También cabe resaltar que los funcionarios nos ayudaron a ubicar alguna de la información requerida en los sitios web oficiales, con lo que mejoraron la calificación general y que nos hicieron ver que alguna otra información que evalúa el índice fue liberada después de la fecha de corte de esta primera evaluación por lo que esos aspectos mejorarán para la próxima medición.

También se nos explicó que el sitio web covid19 es de reciente lanzamiento (9 de abril de 2020) y está todavía en construcción, así como que “hay que tener presente las diversas situaciones que conlleva la emergencia nacional por el Covid19 y el corto tiempo en el que se diseñó y puso en ejecución el Bono Proteger y que aún está en proceso de consolidación”.

¿Qué va a hacer el Observatorio?

Buscamos que toda la información contenida en el Índice sobre el Bono Proteger sea liberada por el Gobierno en el sitio covid19.go.cr, y por ello esperamos que para la segunda medición que se realizará el próximo viernes 29 de mayo de 2020 mucha más información sea puesta a disposición de la ciudadanía como legítimo derecho constitucional que le asiste.

El Índice no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de monitoreo ciudadano para lograr un objetivo de acceso a la información útil para formar opinión pública con base en datos y evidencia, más allá de las meras percepciones.

De hecho el Observatorio junto con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) inició todo este proceso con un anteproyecto de evaluación de la gestión del gobierno en atención a la emergencia sanitaria.

Esperamos divulgar en los próximos días estos resultados en medios de comunicación social y redes sociales, para lograr el objetivo antes dicho, y no tener que recurrir a la vía del recurso de amparo para obtener la información pública relativa al bono proteger. Esta pandemia no debe ser una excusa para abandonar la trasparencia de los asuntos públicos. Emergencia y transparencia son compatibles.

También les invitamos a seguirnos por Facebook o nos pueden escribir al siguiente correo: observatorio.ciudadanotf@gmail.com

P/ Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal: Amanda Isabel Ugalde Argüello, cédula 108640894

La vida antes de pagar intereses, la vida antes de la meta inflacionaria

Pablo Abarca. Economista, miembro de Economía Pluralista

Dicen por ahí que es en el terreno de las ideologías donde los seres humanos toman conciencia de los conflictos que se manifiestan en el mundo económico. Sin lugar a dudas, con las ideologías se toma conciencia; pero esta conciencia dependiendo de la ideología no tiene como fundamento de existencia la vida humana en el mundo económico, y es un problema que ideologías como mantener la inflación baja o sostener la autonomía del Banco Central evitando el financiamiento al Gobierno estén por encima de facilitar una vida humana digna a nuestra gente.

De acuerdo a las proyecciones emitidas por el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado de prensa el día 30 de abril; el déficit fiscal interanual que vamos a experimentar en el 2020 será de un 8.6% del PIB y un déficit primario de un 3.4% del PIB, estas son cifras alarmantes, y evidencia la imposibilidad financiera del Estado para poder llegar a las personas que lo necesitan de la forma correcta.

Si bien es cierto con la aprobación del primer presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa publicado en La Gaceta el 25 de abril, se asignó 225mil millones de colones de subsidios referentes al bono “Proteger”; de acuerdo a cifras del BCCR en el documento “Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 2020-2021” con esta medida se evitará una contracción del 2% en el consumo de los hogares costarricenses.

La necesidad de poseer recursos para la intervención del Estado en la economía es fundamental; de acuerdo con el último cuatrimestre del 2019 la tasa de desempleo era la más alta desde que se realiza la Encuesta Continua de Empleo por parte del INEC; 12.4% de la PEA, aun no se poseen cifras formales respecto al nivel de desempleo actual, sin embargo, es claro que experimentamos niveles de desempleo no vividos con anterioridad.

Los países como Inglaterra y Japón; están siendo respaldados desde sus respectivos bancos centrales en el financiamiento directo que sus Estados necesitan para proteger y mantener la vida de sus gentes ante la pandemia.

En el caso de Costa Rica el BCCR envió una modificación a su Ley Orgánica articulo 54 específicamente, a la Asamblea Legislativa procurando habilitarle la compra de bonos al Estado en el mercado secundario, petición que fue incorporada en el proyecto de ley 21874, el cual se convirtió en ley el pasado 3 de abril. A pesar de dicha muestra de mediana sensatez por parte del BCCR, el presidente del BCCR el señor Cubero dejo bien claro en una entrevista al Semanario Universidad el 30 abril “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria” de que las expansiones monetarias estarán al servicio de la liquidez, la estabilidad financiera y el crecimiento del producto, pero nunca del lado de la gente, es decir, muy lejos de situar al BCCR y su política monetaria como un elemento fundamental para salvar vidas; el señor Cubero cegado por la ortodoxia económica demuestra que es más importa cumplir con una meta inflacionaria baja que nadie percibe en sus bolsillos, a ayudar al financiamiento responsable del Estado, para salir adelante con el COVID-19.

Sobre la compra de bonos en el mercado secundario, esto implicaría altos costos de intermediación que las entidades bancarias comerciales deberán incorporarlos en las tasas de interés con las cuales se negociaría con el BCCR, es decir mayores costos para el Estado.

El BCCR en su comunicado de prensa el 15 de abril agrega; “La adquisición en el mercado secundario por parte del Banco Central de títulos del Ministerio de Hacienda no constituye financiamiento al Gobierno, pues la compra de los valores se realizaría a un tercero, que sería quien recibe el dinero por la adquisición que hiciere el Banco Centra (…)”.

El financiamiento del BCCR hacia el Estado mediante la compra de bonos es fundamental para seguir adelante, sin embargo, la medida de comprar estos bonos a una entidad bancaria comercial en el denominado mercado secundario incurriendo en mayores costos, no tiene sentido presupuestario claro está.

Lo correcto sería una relación directa (mercado primario) entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para la compra de los bonos sin ningún costo de intermediación y a tasas iguales a cero. Lo correcto sería financiar al Estado al menor costo posible; porque esto sería ayudar a los costarricenses.

El señor presidente en su discurso del 4 de abril sobre informe de labores indica “(…) promovemos una iniciativa global para que el financiamiento relativo a la pandemia para países de renta media sea a tasa fija, ojalá tasa cero, y de largo plazo. Esto para proteger a nuestros países y la cohesión social dentro de la región”.

En este país somos metafóricos por educación y a esto le llamamos “candil en la calle y oscuridad en la casa”, el señor presidente pide un tratamiento financiero internacional justo pero en el país se presupuesta alrededor de un 5.2% del PIB en pago de intereses por concepto de deuda en el presente año. Y para el presupuesto extraordinario se incluyó un apartado para el pago de 273.375 millones de colones por concepto de deuda pública interna.

La situación en que se encuentra el mundo y en particular Costa Rica demanda una negociación con las entidades a las cuales se les adeuda el servicio de intereses, dar a entender que en los momentos actuales el Estado necesita la mayor capacidad de flujo de caja posible, y que por ende el retraso del pago de intereses es fundamental para activar la economía, que los rendimientos de recursos ociosos pueden esperar; porque se necesita salvar vidas primero.