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Etiqueta: Cahuita

El mar ha devuelto una historia

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Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No llenan salones de baile ni son aclamados por públicos multitudinarios. No ocupan grandes titulares y la prensa local obvia sus esfuerzos. Lo que sí hacen y bien es investigación aplicada, ciencia ciudadana y trabajo comunitario.

En el Caribe Sur costarricense, específicamente en el distrito de Cahuita, existe una organización dedicada a la gestión, la identidad y el vínculo con el medio ambiente. Ellos y ellas se denominan Centro Comunitario de buceo embajadores y embajadoras del Mar.

En los últimos nueve años, acompañados de un equipo interdisciplinario de investigación, se dedicaron a escudriñar las aguas profundas frente a las costas de Cahuita, para dejar emerger una verdad que requería argumentos, estudio y dedicación.

En su trabajo contaron con la colaboración de la Universidad de Costa Rica – Sede Caribe, el Museo Nacional de Dinamarca, autoridades del Parque Nacional Cahuita y diversas organizaciones comunitarias.

En este estudio que combinó trabajo arqueológico subacuático, investigación documental, saberes ancestrales y tradición oral comunitaria, varias personas bajaron a las profundidades del mar a comprobar que las embarcaciones danesas Fredericus Quartus y Christianus Quintus hundidas en el año 1708, estuvieron ligadas con la ruta esclavista entre África y América.

Formada por jóvenes afrodescendientes y bribris, la organización comunitaria ha dedicado sus esfuerzos en fortalecer los procesos identitarios y colectivos. Por eso este domingo 27 de abril realizaron una jornada histórica de más de 9 horas de transmisión para comunicar los hallazgos de ese esfuerzo sostenido. La actividad fue denominada “reconectando nuestras raíces en lo profundo del mar”

La transmisión fue difundida por distintos medios y el comercio local se vinculó retransmitiendo los contendidos como una forma de difundir un hecho histórico sin precedentes en la historia de Costa Rica, esa historia que ha arrancado algunas páginas para que no se cuenten nunca. Esa emisión maratónica contó con el apoyo de la productora PROFANA, encargada de la comunicación previa y de toda la divulgación del evento.

En un contexto de alta despolitización y desidia en la participación política, esta iniciativa merece todo el reconocimiento posible. Cuando la alta política falla, emergen fuerzas y energías como las que se vienen construyendo en el Caribe Sur costarricense. Mi aplauso de pie hacia estas y estos jóvenes que honran con su trabajo y dedicación, el legado histórico que les heredaron sus ancestros.

Invitación para este 27 de abril a “ser parte de la nueva historia que se escribe en Cahuita… “

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El Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar invita a “cahuiteños, cahuiteñas y visitantes a Cahuita este domingo 27 de abril para que de 12:00 mediodía a 2:00 pm vaya a uno de los Hot Spots de enlace que en el pueblo de Cahuita estarán retransmitiendo las principales horas de programación Facebook Live de Onda UNED”. Además, podrá ver la transmisión mediante el siguiente enlace de YouTube que se activará a la hora indicada: https://www.youtube.com/watch?v=UiTNQfyA-Co

Los puntos donde podrá ver la transmisión en directo son los siguientes:

Las Olas Restaurante
Restaurante Ricki’s
Coco’s Bar
La Casa de la Langosta
Soda Kawe
Hotel Restaurante VAS
Hotel Restaurante VAS 2
Cahuita Inn
Hotel Atlántida
Casa de la Cultura de Puerto Viejo

El Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar le propone: “¡No se quede en casa, vaya a conmemorar el anuncio con sus vecinos, vecinas y comunidad!

Invitan:

CCBEM
Comité Local PNC
ADIC
Cámara de Comercio y Turismo de Cahuita
UCR sede Caribe

Reconectando Nuestras Raíces en lo Profundo del Mar

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Arrecifes, naufragios y libertad: una transmisión histórica desde Cahuita
Reconnecting Our Roots in the Deep Waters

Invitación

Este próximo sábado 27 de abril, se transmitirá en vivo por Facebook Live con Onda UNED, una jornada histórica desde la Casa de la Cultura del Calypso en Cahuita, donde se compartirán historias, saberes ancestrales y hallazgos científicos relacionados con dos misteriosos naufragios localizados en el Parque Nacional Cahuita.

La actividad, que se desarrollará de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., es el resultado de nueve años de investigación arqueológica subacuática y documental, llevada a cabo por un equipo internacional liderado por jóvenes afrodescendientes y bribris del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEM), en colaboración con la Universidad de Costa Rica, sede Caribe, autoridades comunitarias y del Parque Nacional de Cahuita, y un grupo de arqueólogos del Museo Nacional de Dinamarca.

Durante la transmisión, el público podrá conocer en profundidad el proceso que ha permitido reconstruir una parte fundamental de la historia afrocaribeña y costarricense, mediante un enfoque de ciencia ciudadana que une la arqueología, la historia oral y los conocimientos ancestrales de las comunidades locales.

Será un espacio para escuchar voces que han mantenido viva la memoria del mar, entrelazadas con la mirada científica de un equipo interdisciplinario de profesionales de Dinamarca, Croacia, Japón, Jamaica, Estados Unidos y Costa Rica.

El evento culminará con un anuncio muy esperado: los resultados de la última expedición, la cual ha explorado las profundidades del Caribe para recuperar una historia marcada por el tráfico transatlántico de personas, la rebelión y la libertad.

Te invitamos a ser parte de esta jornada memorable, en la que el pasado emerge desde el fondo del mar para reconectar nuestras raíces.

El evento será retransmitido en varios comercios de la comunidad.

Fecha: Sábado 27 de abril
Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Transmisión en vivo desde la Casa de la Cultura del Calypso – Cahuita
Transmisión: Facebook Live por ONDA UNED

Indígenas del Caribe cuestionan el alcance del principio de igualdad ante la ley en Costa Rica

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Por: Bernardo Archer Moore

En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.

Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.

Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?

Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.

Mentira oficial sobre ordenamiento territorial: Un legado de vergüenza

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Por Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA

Tanto el Diccionario Real Academia Española como el Diccionario Jurídico de CR, coinciden en que la “mentira es una manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa”, es decir, “cosa que no es verdad u falta a la verdad. Así las cosas, tanto la Casa Presidencial como el Concejo Municipal y alcalde de Talamanca, le han mentido a los costarricenses sobre la naturaleza del Ordenamiento Territorial del Distrito de Cahuita en proceso de aprobación, y el ya aprobado y vigente Plan Regulador del Cantón Central de Limón.

En este último caso (Cantón Central de Limón), el recién aprobado Plan Regulador (ordenamiento territorial), cubre todas las tierras del Cantón, excepto, las áreas costeras de ZMT y la Ciudad de Limón.

Por otro lado, tenemos al Proyecto de Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca en proceso de aprobación, que abarca exclusivamente la zona restringida (150 metros) de las áreas costeras de ZMT, ubicados específicamente en el Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades, hablan de ambos como si fueran de la misma naturaleza, cuando en realidad, una es sobre las tierras fuera de las áreas de ZMT (Limón), y la otra, es solo de las áreas restringidas (150 mts) de la ZMT de Cahuita (Talamanca).

Me pregunto: ¿Qué sentido tiene mentirle a la gente sobre algo tan importante para la vida cotidiana cuando no hay necesidad de tal engaño?

Es como si no se dieran cuenta o no les importa, que la verdad acabará saliendo a la luz en algún momento.

Soy consciente de que estoy siendo audaz al «jalarle el rabo a la ternera», como dice el viejo refrán, pero alguien tiene que hacerlo.

Ningún beneficio a corto plazo puede justificar semejante legado de vergüenza para las generaciones futuras.

Finalmente, ¡Qué curioso! La defensa habitual de un mentiroso es acusar a quien lo desenmascara de hacer lo mismo. Es el típico «rechazo» tico.

Salvemos nuestro pueblo, todavía tenemos tiempo

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Por Bernardo Archer Moore
Presidente
ACUDHECA*

Cahuita es el único pueblo costero de Costa Rica que aún no ha sido tomado y transformado en un enclave turístico para ricos y famosos, fuera del alcance de los ticos con limitados recursos económicos.

Tengo la visión y la esperanza de que Cahuita puede y será salvada. Sin embargo, para hacer realidad ese sueño, es necesario que todas las personas que aprecian la cultura y estilo de vida de Cahuita se unan y colaboren hacia ese propósito.

Al igual que los ricos y famosos, el ciudadano medio y el trabajador común tienen derecho a tener un “patio de recreo frente al mar”: esta es la base fundamental de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977, que debe ser respetada.

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin importar nuestra herencia étnica, el color de piel o la situación económica; todos llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él de la misma manera.

En los últimos años, he estado reflexionando sobre por qué el Todopoderoso me ha salvado de dos intentos de asesinato. Si mi colaboración con la resistencia popular de Cahuita es para defenderse del proceso final de gentrificación, así será.

Les aseguro, amigos y enemigos, que estaré aquí con ACUDHECA hasta que suenen las últimas campanadas.

*Asociación Promoción de la Cultura y Derechos Humanos de los habitantes de CAHUITA y Afines.

Delimitación de los pueblos tribales de Cahuita

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Bernardo Archer Moore

Entendiendo por Cahuita toda la franja costera comprendida entre la desembocadura de los Ríos Estrella y Sixaola, del Cantón de Talamanca; ¿cuál es tu opinión con respecto a lo siguiente?

1) Que el gobierno delimita los Territorios Tribales (incluyendo el de Cahuita), sin la participación y consulta de los habitantes.

2) Que el gobierno integre un órgano que determine quién es o no afro-costarricense y en consecuencia parte de la comunidad tribal.

3) Que las tierras de las comunidades tribales sean colectivas, similar a los territorios indígenas. Así como el mecanismo de consulta.

¿Te imaginas el caos que causaría si una nueva ley o la Sala Constitucional ordenara algo de esa naturaleza en los 150 metros de Zona Marítimo Terrestre de la franja costera del Caribe?

Esto trajo el fin de la paz y tranquilidad en las comunidades del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

Sería el fin de la Cahuita que conocemos. Sería cuestión de «arrollar maletas» y dejarle todo al Estado y la ADI del Territorio Tribal, como ocurre en los territorios indígenas.

Un detalle importante, al convertirse en tierras colectivas la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Tribal (ADIT) sería el dueño registral de las mismas, quedando el Estado comprometido a expropiar e indemnizar a todos los actuales dueños de las propiedades privadas, cosa que no hará, dejando “que los representantes de la ADIT y propietarios privados «se maten entre ellos», y «el gobierno recoger los cuerpos después”.

Así de crudo lo dijo una alta funcionaria del gobierno de Luis Guillermo Solís. (A.G. ex viceministra de la Presidencia).

Mientras tanto, en los 50 metros de la antigua zona pública de la ZMT, donde actualmente se prohíbe la ocupación, será objeto de un Plan Regulador Urbano a efecto de ser concesionado al amparo y cumplimiento de la Ley 9221 del 2014 – Creación de Ciudades Litorales Urbanas.

Aquí nada es casualidad, tienen todo fríamente calculado.

Moraleja: Tierras que no puedan conseguir, le quitan su valor económico al declararlo colectivas y “fuera del comercio entre los hombres”.

En nuestra opinión, esa fue la retorcida filosofía subyacente que llevó a la creación del Parque Nacional Cahuita, que al principio se llamó jocosamente: “Monumento Nacional Cahuita”. «Ya que no me vendéis esa bella playa, la tendréis de monumento». (Gobernantes 1970)

Ese es el escenario que se ha vivido durante más de una década en los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, Puntarenas, que ha cobrado al menos dos vidas y un número incontable de heridos, fincas invadidas, casas quemadas y animales macheteados.

Yo, jamás quisiera ver eso en Cahuita.

¡¡¡No se usted!!!

El jaque mate de la costa Caribe

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Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

El Jaque Mate de la Costa Caribe de Costa Rica se trata de un proceso que se inició hace cuatro décadas, primero con el desarraigo sutil de los habitantes a través de una campaña mediática orientada al debilitamiento de las organizaciones sociales y sindicales, en paralelo con la aniquilación de las empresas privadas regionales y de las instituciones gubernamentales que brindan empleo a gran escala; así como el desarrollo de infraestructura sostenible; tales como:

El cierre de las operaciones y taller del Ferrocarril del Atlántico en Ciudad de Limón.

La cancelación de concesiones y la quiebra inducida de las tres empresas estibadoras del muelle, el traslado de las oficinas y gran parte de las operaciones de RECOPE al Gran Área Metropolitana (GAM), el traslado de las Aduanas de Limón a San José, la concesión de APM y la consiguiente quiebra de Japdeva.

Así como la apropiación de fincas privadas sin expropiación y la correspondiente indemnización, para convertirlas en Parques Nacionales, Refugio de Vida Silvestre, Humedales y Patrimonio Natural del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), etc. El sobrante de esas titulaciones arbitrarias del IDA, son tierras que hoy están en manos del INDER.

Es decir, se implementó un enfoque de “tres frentes” que los pobladores locales ignoraron por la distracción de ver y abordar cada uno como un elemento aislado, cuando en realidad todos estaban dirigidos hacia el mismo objetivo.

Me atrevería a decir que incluso la mayoría de los presidentes de la República y otros altos funcionarios políticos del país durante ese período de cuatro décadas fueron engañados y utilizados al igual que los ciudadanos comunes y sus líderes locales. De hecho, ninguno de ellos es visto como un gran benefactor del Jaque Mate que se vislumbra en el horizonte. Dicho de manera coloquial “nos vacilaron a todos”.

Por lo tanto, el Plan Regulador Costero (PRC) y el Plan Nacional del ICT para el Desarrollo Costero del Caribe no deben ser considerados ni abordados de manera aislada, ya que en realidad representan un jaque mate en la apropiación con fines de lucro de los recursos naturales y la belleza escénica del Caribe costarricense.

Pero, como no existe una conspiración perfecta contra el mal, aún tenemos la oportunidad y la esperanza de revertirlo, mediante la organización ciudadana y la solidaridad. Eso sólo si empezamos hoy en lugar de mañana.

21/12/24.

¿Por qué tantas familias afrodescendientes han perdido sus tierras en el Caribe de Costa Rica?

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Bernardo Archer Moore

La respuesta varía según a quién se consulte. Como sucede en muchos casos de injusticia, la explicación simplista para muchas personas es inculpar a las víctimas en lugar de a los perpetradores.

Existen diversas teorías que sugieren la supuesta incapacidad de las familias desposeídas para mantener sus propiedades. Sin embargo, al profundizar en el tema, se revela que son las políticas deliberadas de despojo, impulsadas por el gobierno nacional, las que han generado estas privaciones.

Esto se manifiesta a través de métodos directos, como campañas de titulaciones indiscriminadas a nombre del Estado, así como a través de formas indirectas, como la usurpación precaria que recibe un respaldo «legal» del Estado Costarricense.

Es fundamental que la generación actual reconozca y entienda que la gran mayoría de las tierras poseídas por las familias afro costarricenses, a través de sus ancestros, fueron adquiridas durante la primera mitad del siglo XX (1900-1950). Estos derechos de propiedad están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al respecto señala textualmente lo siguiente:

«Artículo 17:

  1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea de forma individual o colectiva.
  2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.»

Sin embargo, mientras los afrocaribeños estuvimos celebrando el Carnaval el 14 de octubre de 1961 los gobernantes aprovecharon para violentar este derecho humano fundamental con la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización número 2825.

Esta ley dio inicio a un proceso que sometió el derecho humano de marras a la condición de estar inscritas en el registro nacional. Lo que es aún más grave, abrió las puertas al precarismo, al permitir que grupos de ocupantes ilegales despojaron a muchas personas negras de sus tierras.

Las dudas sobre los derechos de posesión de la propiedad privada de las personas afrodescendientes, respaldadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y la Ley de Creación del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) de 1961, fueron aclaradas en 1969 por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece en su artículo 21 el derecho al uso y usufructo de la propiedad privada. A pesar de estas normativas internacionales, las autoridades nacionales han buscado formas de eludir su cumplimiento.

En el pasado, como se creía que los residentes afrocaribeños, principalmente inmigrantes jamaicanos, no tenían títulos de propiedad debido a barreras lingüísticas y limitaciones económicas; esto llevó a que la jurisprudencia restringiera el derecho de propiedad a quienes poseían un Título de Propiedad inscrito en el Registro Nacional.

Sin embargo, al haber demostrado que muchos afrodescendientes sí titularon sus tierras, esto dio luz a los subjetivos conceptos de «POSESIÓN DE BUENA” O “MALA FE», utilizado actualmente para negar los derechos de propiedad a la presente generación de herederos.

Desde la perspectiva del derecho internacional, surgen preguntas sobre quiénes son los verdaderos propietarios de las tierras del ITCO/IDA/INDER y ITCO?

¿Y quién debería recibir los ingresos por la protección del medio ambiente en áreas como humedales y parques nacionales u otras Reservas Equivalentes?

Estoy indignado por las políticas gubernamentales que forzaron a nuestros antepasados a vender sus tierras bajo amenazas de violencia de ocupantes ilegales (PRECARISTAS),

En lugar de culpar a los inmigrantes que compraron esas tierras a precios bajos, reconozco que esto ayudó a muchas familias a evitar la hambruna y a mitigar el desarraigo.

Somos pocos los que podemos afirmar que nuestros antepasados no cayeron en esta patraña de los gobernantes de turno.

El ascenso y la caída de la región Caribe de Costa Rica

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Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.

Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.

Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.

Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.

Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.

Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.

Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).

La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).

Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.

A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:

En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.

Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.

Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.

Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.

Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.

Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.

Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.