SURCOS comparte la siguiente nota a partir de un texto educativo de Bernardo Archer Moore, adulto mayor de Cahuita.
En el escrito se expone que la aprobación de la Ley N.° 7316 de 1993, mediante la cual Costa Rica ratificó el Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), transformó profundamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos. A partir de ese momento, las disposiciones del Convenio pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad y, conforme a la jurisprudencia constante de la Sala Constitucional, adquirieron jerarquía superior a la ley ordinaria, convirtiéndose en parámetro obligatorio para todas las autoridades del Estado.
No obstante, durante más de treinta años esa protección fue aplicada casi exclusivamente en favor de los pueblos indígenas, dejando en un segundo plano a los pueblos tribales afrocostarricenses, pese a que el propio Convenio reconoce expresamente ambas categorías como sujetos de especial protección. Según el autor, la intervención de la Sala Constitucional entre 2025 y 2026 vino a corregir esa omisión histórica, consolidando la aplicación efectiva del Convenio 169 a los pueblos tribales del Caribe costarricense.
¿Quiénes son los pueblos tribales protegidos por el Convenio 169?
El texto señala que una de las mayores confusiones existentes consiste en creer que cualquier persona afrodescendiente forma automáticamente parte del Pueblo Tribal Afrocostarricense para efectos del derecho de consulta previa. El Convenio 169 no establece ese criterio: su artículo 1 dispone que los pueblos tribales son aquellos que presentan condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen del resto de la colectividad nacional, conservando total o parcialmente sus propias instituciones, costumbres, tradiciones e identidad colectiva.
El autor explica que la conciencia de la identidad tribal constituye un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio, es decir, el autorreconocimiento es un requisito indispensable, pero no suficiente. La pertenencia al Pueblo Tribal también debe respaldarse con elementos objetivos de carácter histórico, cultural y comunitario, entre ellos: descendencia histórica de las comunidades tribales del Caribe costarricense, conservación de una identidad cultural propia, vínculos históricos con el territorio tradicional, reconocimiento por parte de la propia comunidad, y conservación, aunque sea parcial, de instituciones, costumbres o formas propias de organización social. En consecuencia, sostiene el autor, el Convenio protege a un pueblo históricamente determinado, no simplemente a un grupo definido por el color de piel o la ascendencia africana.
La consulta previa no pertenece a organizaciones privadas
El texto subraya que el sujeto protegido por el Convenio 169 es el Pueblo Tribal como colectivo, nunca una asociación privada, fundación, ONG u otra persona jurídica. Los órganos de consulta creados por el Estado cumplen únicamente funciones de interlocución: no sustituyen la voluntad del Pueblo, no adquieren la titularidad de los derechos colectivos ni pueden apropiarse de su representación permanente. Según el autor, esta diferencia fue reafirmada por la Sala Constitucional en sus resoluciones de 2025 y 2026, al recordar que la consulta debe realizarse respecto del sujeto colectivo protegido por el Convenio y no mediante mecanismos formales que simulen su cumplimiento.
Los derechos colectivos reconocidos
El artículo enumera los principales derechos colectivos que, según el autor, protege el Convenio 169: identidad cultural, autoidentificación, conservación de instituciones propias, participación en decisiones estatales que les afecten, consulta previa, libre e informada, participación en políticas públicas, protección de la relación histórica con el territorio y del patrimonio cultural, espiritual e histórico, y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Estos derechos, señala, pertenecen al Pueblo como sujeto colectivo y no pueden ser apropiados por personas u organizaciones particulares.
La diferencia entre pueblos indígenas y pueblos tribales
El texto explica que, si bien el Convenio 169 protege por igual a ambos pueblos, respeta sus diferencias culturales. En Costa Rica, la cultura indígena ha estado históricamente vinculada a la propiedad colectiva del territorio, modelo desarrollado por la Ley Indígena N.° 6172 de 1977 mediante el reconocimiento de reservas administradas registralmente por las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII). Las comunidades afrocaribeñas, en cambio, desarrollaron desde finales del siglo XIX una tradición distinta: familias establecidas en el litoral Caribe ocuparon parcelas destinadas a vivienda, agricultura y comercio, manteniendo un sistema propio de reconocimiento de linderos, muchas veces delimitados con cercas naturales o flores rojas, costumbre de la que —según el autor— surgió la flor roja como símbolo de linderos en la región. Esta forma histórica de ocupación, sostiene, constituye una manifestación cultural propia que también merece protección bajo el Convenio 169, por lo que la igualdad constitucional no exige un régimen de propiedad idéntico para ambos pueblos, sino que el Estado respete las diferencias culturales de cada uno.
Las sentencias de la Sala Constitucional
Con la creación del Foro Tribal Afrocostarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022), el Estado reconoció un mecanismo oficial de interlocución con los pueblos tribales, equivalente al desarrollado para los pueblos indígenas. Posteriormente, según relata el autor, la Sala Constitucional consolidó ese proceso mediante tres resoluciones: la Sentencia N.° 2025-029985 ordenó aplicar plenamente el Convenio 169 al Pueblo Tribal de Cahuita en relación con el Plan Regulador Costero; la Sentencia N.° 2025-035746 extendió esa obligación al proceso del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe; y la Sentencia N.° 2026-010993 estableció que ninguna institución ni organización privada puede simular el cumplimiento del deber de consulta sustituyendo al verdadero sujeto protegido por el Convenio.
Estas resoluciones, junto con la Ley N.° 7316 de 1993 y el Decreto Ejecutivo N.° 43532 de 2022, constituyen —según el autor— un blindaje jurídico para garantizar el cumplimiento efectivo del Convenio 169 respecto de los pueblos tribales afrocostarricenses.
Una nueva etapa constitucional
El texto concluye que Costa Rica ha ingresado en una nueva etapa del constitucionalismo de los derechos humanos, en la que ya no es jurídicamente sostenible interpretar el Convenio 169 únicamente desde la realidad indígena. La protección constitucional alcanza igualmente a los pueblos tribales afrocostarricenses, respetando sus propias instituciones, identidad histórica, cultura, formas tradicionales de organización y su particular relación con el territorio. Para el autor, la verdadera igualdad que consagra el Convenio 169 no consiste en tratar a todos los pueblos de la misma manera, sino en reconocer que cada uno tiene derecho a que el Estado respete aquello que lo hace diferente.
Pensar, crear y transformar con una delegación multiétnica, pluricultural y transdisciplinaria de mujeres de Talamanca y sus aliadas
Una nutrida delegación de mujeres de Talamanca y sus aliadas participará en el I Congreso de Cultura y Patrimonio: Pensar, crear y transformar, organizado por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica los días 4 a 6 de agosto de 2026.
Estarán exponiendo sus acciones, proyectos y estrategias comunitarias en el Caribe Sur, en los territorios y comunidades indígenas de la zona y en otros lugares de Costa Rica. La exposición de sus acciones y proyectos comprenderá temas, experiencias e investigaciones en marcha relacionadas con la diversidad patrimonial, así como su protección, enriquecimiento y abordaje.
Conversatorio Guardianas de Tradición en el Festival del Calypso- Fotos María Suárez Toro, 11/07/26
Sus experiencias y proyectos comunitarios se caracterizan por seguir y crear una epistemología y metodología específicas que comprende el entramado de diversas rutas de abordaje y reflexión, en especial: Ciencia Ciudadana, Metodología Feminista con Conocimiento Situado, Investigación Acción, Miradas Múltiples (transdisciplinariedad, invitación a personas expertas que aportan instruyen sus capacidades a la comunidad), Enfoque a los derechos culturales, políticos, a la tierra y demás relacionados, Arraigo Comunitario (los Procesos y resultados pertenecen al grupo comunitario que gesta la iniciativa, aporte de las propias capacidades de la comunidad), Defensa de la propiedad cultural, intelectual comunitaria, Respeto al lugar de procedencia de los artefactos y cultura estudiados.
Esta aproximación al patrimonio está presente en todas sus iniciativas enfocadas en la promoción del ejercicio de un liderazgo activo de mujeres, que abarcan patrimonio cultural marino, el patrimonio cultural indígena ancestral y pre Colombino, patrimonio cultural en la danza, en la música y en el buceo con propósito enfocado al cuidado de los mares desde la niñez y la juventud.
La Delegación la conforman mujeres que impulsan proyectos de investigación académica y comunitaria actualmente en marcha y proyectos activistas referidos al manejo, preservación y gestión participativa de comunidades herederas de los legados culturales en el fondo del mar, legados culturales que permanecen enterrados en las tierras habitadas por pueblos originarios o en museos regionales y nacionales en el país e iniciativas juveniles e infantiles de cuido de los mares y los ecosistemas costeros.
Investigaciones en marcha: Patrimonio Cultural
Cuatro investigadoras estarán en el I Congreso, dos de las cuales desarrollan sus tesis de maestría centradas en un proceso innovador para integrar el patrimonio cultural en la gestión comunitaria y gubernamental actual del Parque Nacional Cahuita, una tercera trabaja el Plan de Manejo de esos recursos patrimoniales subacuáticos y una cuarta, enfoca la danza ancestral como patrimonio cultural desde los cuerpos y su aporte al desmantelamiento de estructuras y dinámicas opresoras.
Expedición Galeones y Otras Embarcaciones del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe
Maraya Jiménez Taysigue, presidenta de CCBEEM y originaria de la región caribeña de Costa Rica, desarrolla su proyecto de graduación en Arqueología Marina y Subacuática de la Universidad de Cádiz (España) sobre la «Expedición Galeones y Otras Embarcaciones» del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe, que observa las expediciones anuales en arqueología comunitaria desplegadas a lo largo de una década (2016-2026).
El proyecto, gestionado por la propia comunidad, contó con los permisos de las autoridades locales y comunitarias de la Co gobernanza de Cahuita y su Parque Nacional, y con los aportes de numerosas personas profesionales en arqueología subacuática de diversos países e instituciones, tales como la East Carolina University (ECU) y el Museo Nacional de Dinamarca (NDM), además de arqueólogos independientes de Japón, Croacia, Estados Unidos, Jamaica y del Museo Nacional de Costa Rica, además del el apoyo de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Esta labor comunitaria condujo a la identificación científica en el 2025 de dos naufragios de barcos esclavistas en Cahuita que llegaron por equivocación en 1710. Cientos de africanos y africanas arribaron a Costa Rica en los navíos daneses Fredericus IV y Christianus V, desembarcando libres luego de un amotinamiento. ¡Están entre nos!
El hallazgo y otros logros han sido posibles mediante la aplicación de la Ciencia Ciudadana que combina el método científico de la arqueología marina con el conocimiento ancestral aportado por la comunidad y las juventudes buceadoras locales descendientes.
Maraya en Cadiz, España cursando su Maestría. Foto por Agueda Sànchez, 3/07/26
Incorporando el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional
Mariah Smith, estadounidense con raíces afrocaribeñas de las Bahamas, es estudiante de la Maestría en Gestión de Recursos Marinos de Oregon State University (EE. UU.), y permanecerá los meses de julio y agosto en Cahuita realizando su proyecto de tesis. Su formación académica en lengua y literatura españolas, junto con su experiencia como instructora de buceo, le aporta una perspectiva multidisciplinaria a esta investigación.
El área temática de su investigación en Costa Rica se sitúa en la intersección de la antropología, la arqueología subacuática y la política de gestión marina; le interesa comprender la forma en que se integra el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de Manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional. Busca enriquecer la comprensión del papel de la comunidad local en este proceso, así como de los componentes históricos, políticos e institucionales que han dado forma a la incorporación del patrimonio cultural subacuático en la gestión del Parque. Asimismo, pretende identificar rutas que estimulen tanto la proyección internacional de este trabajo, como su posicionamiento como modelo para otras áreas marinas protegidas interesadas en integrar el patrimonio cultural marino en la planificación y gestión de la conservación.
Mariah en British Columbia, Canadá, presentando proyecto investigación para desarrollar en Cahuita entre el 17 de julio a agosto, 2026.
Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático
María Suarez Toro del CCBEEM coordina el proyecto de investigación cultural comunitaria “Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático”, cuyo objetivo es generar un diagnóstico y una propuesta integral para la gestión, protección y memoria de los seis sitios de patrimonio cultural o histórico subacuático de Cahuita y su Parque Nacional Cahuita.
Los resultados servirán de base para el Plan de Manejo de la Co gobernanza del PNC 2027-2035, integrando una mayor participación comunitaria en la conservación biológica junto con la protección cultural y la memoria histórica. Se busca con ello garantizar que la historia se preserve y sea accesible para la comunidad, reforzando la identidad colectiva y creando recursos educativos desde y para la comunidad, al tiempo que se promueven visitas con fines educativos y de memoria, así como la preservación del patrimonio cultural en su contexto de biodiversidad.
Por primera vez, el Plan incluye un “elemento focal cultural”, reconociendo formalmente la historia de la participación comunitaria desde la creación del Parque en la década de 1970. Hoy en día, es el primer Parque de Costa Rica gestionado bajo un modelo de cogobierno, en el que la comunidad y el gobierno comparten responsabilidades y recursos.
El Comité Local de Co gobernanza (CL), junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con el apoyo técnico de la Consultora Agathos y la orientación del Museo Nacional de Costa Rica, ha adoptado la propuesta específica del proyecto CCBEEM sobre el patrimonio cultural subacuático. Estos sitios requerirán protección y gestión formal como patrimonio cultural subacuático, en virtud de la Ley 9500 y la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Esto genera tanto una oportunidad como la responsabilidad de establecer marcos de gobernanza culturalmente sensibles y fundamentados en la participación comunitaria.
Visita interinstitucional y comunitaria a los sitios de Patrimonio Cultural Subacuático en Cahuita y su Parque Nacional como parte del Proyecto del CCBEEM. Foto Julio Barquero, junio, 2026.
Patricia Oliva dirige un cuarto proyecto de investigación en curso llamado ¿Cómo te atreves? inicia como una propuesta feminista de escritura creativa surgida de una puesta en escena que se extiende y se transforma en la publicación de dos artículos (en coautoría con Luchi Pérez). Patricia es practicante de danza, Aliada de INMAR Caribe Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE- UNED Costa Rica en Feminismos, Arte y Corporalidades. Ha investigado y publicado sobre el área temática de visibilización de mujeres en las artes, análisis feministas a partir de obras de arte sobre la expropiación del cuerpo de las mujeres, archivos de arte diverso, danza y cuerpos feminizados.
Lleva al Congreso la propuesta de escritura creativa feminista y colectiva “Para El Patriarcado, de La Madre Muerte y sus Ancestras”, que viene hilvanándose desde hace algunos años con un enfoque transdisciplinar. Nace como un reclamo interior profundo, siguiendo la invitación de Silvia Rivera Cusicanqui “hay que pensar, escribir y conocer con el chuyma”, que en la epistemología Aimara significa integrar el conocimiento corporal con el intelectual. Toman esta invitación dos mujeres feministas proveniente una de las artes escénicas y otra de la práctica del douleo. En diálogo con Deleuze y Guattari “seguí el agua de lluvia” con la rabia aún latente que ahora se encauza rebuscando en los saberes de nuestras lideresas de pueblos originarios. Pretende Patricia acercar nuestros saberes sobre vida y muerte, considerando las concepciones originarias que puede sugerirnos caminos a su abordaje, y a la vez reconocer la urgencia de evidenciar el patrimonio intangible subyacente en el conocimiento encarnado: “El atrevimiento patriarcal contra nuestras vidas; nuestras muertes y nuestros cuerpos sólo podemos enfrentarlo desde los saberes originarios. Las ancestras lo saben.
Grupo de la iniciativa “Revitalizando Saberes Ancestrales”, que integra mujeres indígenas, académicas, consultoras y activistas. Patricia Oliva es la segunda de derecha a izquierda. Foto de fuente no recordada. 10/12/24.
Investigaciones en gestación: Proyectos sobre el Patrimonio Cultural en Caribe y otros lares
Tres iniciativas en gestación se suman a la delegación de mujeres, en plena marcha inicial para enraizarse en su aporte al patrimonio cultural: la primera se denomina “Son Semillas” y es la experiencia vivida de conectar desde el instrumento africano ancestral, el quijongo en la música de Guanacaste y la del Caribe. La segundaRevitalizando y Regenerando Nuestras Raíces Ancestrales en Costa Ricabusca la participación de mujeres indígenas tanto en la investigación, presentación y preservación de su patrimonio cultural ancestral precolombino, como en la construcción de aportes a las interpretaciones de las figuras femeninas que continúan apareciendo en las excavaciones arqueológicas en Costa Rica. La tercera enfoca la organización de la niñez de Manzanillo como Guardianes del mar y de la cultura marino-costera.
Son Semillas y De Mar a Mar
Iniciativa de patrimonio cultural en la música, como una experiencia cultural e intercomunitaria impulsada por esta agrupación musical costarricense-colombiana conformada por mujeres artistas. Su proyecto Mar a Mar está forjando un puente con y entre los patrimonios culturales vivos de Guanacaste y el Caribe costarricense mediante procesos de creación colectiva, intercambio de saberes y producción musical. El recorrido inició en Guanacaste con un concierto abierto a la comunidad, seguido por un encuentro de saberes y músicas junto a mujeres portadoras de tradición y músicos locales.
A partir del diálogo con el quijongo y la marimba, así como de las voces de mujeres que compartieron cantos inspirados en sus memorias, vivencias y territorios, se abrió un laboratorio creativo donde la música se tornó en un espacio para reconocer y revitalizar el patrimonio cultural vivo desde la experiencia comunitaria.
La siguiente etapa se desarrolló en el Caribe Sur, en alianza con el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar e INMAR Caribe, en el marco del Festival Internacional de Calypso en Cahuita del 10 al 12 de julio de 2026.
Alli Mar a Mar desplegó un nuevo proceso de intercambio junto a la portadora de tradición Zoraida Bonilla, poniendo en diálogo las sonoridades del Caribe costarricense, las historias locales y los saberes populares en Taller, un Conversatorio de UNED con mujeres de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica y un Concierto en el Festival
De Mar a Mar contribuye a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial al propiciar espacios de encuentro entre comunidades, reconocer el papel de las mujeres como portadoras y creadoras de conocimiento, y favorecer la transmisión intergeneracional de memorias, músicas y prácticas culturales. El proyecto cuenta con el respaldo del Programa Becas Taller del Ministerio de Cultura y Juventud, así como con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y la Cátedra Abierta Walter Ferguson Byfield, fortaleciendo una red de colaboración que apuesta por la creación artística como herramienta para el cuidado del patrimonio cultural vivo.
Afiches de Son Semillas (izq.) y de Afro Tribal Beats UNED (der.) en el Festival del Calypso, 2026. Fotos 12/07/26
Nació en diciembre de 2024 en el Caribe Sur de Costa desarrollándose a manos de un grupo no formal -intergeneracional, inter-étnico e interinstitucional- de activistas líderes indígenas y académicas de las áreas de investigación de dos universidades de Costa Rica, así como por investigadoras independientes. Fue inspirado como continuidad del Seminario “Honrando Nuestras Raíces Culturales: Arqueomitología y ciencia Ciudadana” realizado del 3 al 6 de junio de 2024 en Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica. Fue organizado por el Centro Comunitario de Buceo Embajadores del Mar, el Instituto de Ciencias Ciudadanas del Mar (INMAR CARIBE), el Festival del Mar, la Sede Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Internacional Instituto de Arqueomitología (IAM) con sede en California, EUA.
Memoria del Seminario, 2024
El evento incluyó ricos diálogos sobre nuestras formas de vida tradicionales en Talamanca y en otras regiones culturales nacionales e internacionales relevantes para las expresiones culturales de vida ancestrales y actuales en las experiencias de las mujeres y sus comunidades en sus contextos actuales.
Ha desarrollado conferencias en la web, ha participado en encuentros nacionales e internacionales en Mexico y en Holanda con mujeres y hombres de diversas culturas, ha hecho visitas a los museos nacionales en Costa Rica, en México y en museos descolonizados en Francia y en Holanda, promueve actualmente varias investigaciones académicas y comunitarias en epistemologías feministas del saber y tiene varios libros pendientes para su publicación.
Su más reciente actividad fue la visita el pasado 17 de junio a Agua Caliente en Cartago, una memorable experiencia de encuentro dialógico entre el conocimiento ancestral y la ciencia académica cuando mujeres indígenas bribri, cabécar y ngäbe visitaron e interactuaron con arqueólogos y arqueólogas que realizan una excavación en un asentamiento precolombino y otros sitio de cacicazgo sin escarbar todavía. En su diálogo ente el conocimiento ancestral en Costa Rica (accesible solo solicitando acceso), ellas y otras investigadoras académicas y consultoras independientes concretaron el encuentro de la ciencia académica con el conocido ancestral en el terreno; un terreno precolombino que se convirtió por unas horas en una escuela de saberes compartidos entre ambas formas de conocimiento.
Ngabe Eulalia Thoms y Bribri Mauricia Vargas, parte de delegación indígena, académicas, consultoras y activistas que visitaron excavación precolombina en Agua Caliente, Cartago. Fotos de Marcelo Gómez, 17/07/2026
Jóvenes Guardianes del Océano de Gandoca-Manzanillo: Empoderando a una nueva generación de custodios ambientales, culturales y marinos
La afrodescendiente Karla Taylor organiza un proyecto piloto en Gandoca-Manzanillo, región de extraordinario valor natural, cultural e histórico. Sus ecosistemas marinos, bosques, paisajes costeros y patrimonio comunitario representan una oportunidad para crear un modelo de desarrollo sostenible en el que la conservación, la educación y el empoderamiento local trabajen en conjunto. Aunque los niños y jóvenes crecen rodeados de este entorno increíble, carecen de amplias oportunidades para explorar, comprender y desarrollar un vínculo personal y colectivo con el océano, el bosque y la historia cultural de su propia comunidad.
Esta iniciativa busca transformar dicha relación contribuyendo a conformar una nueva generación de jóvenes custodios: niños y jóvenes que se conviertan en «Guardianes del Océano, el Bosque y el Patrimonio de Gandoca-Manzanillo» mediante una experiencia educativa transformadora basada en su conexión con la biodiversidad y la cultura costero-marina ancestral. Se desarrolla mediante la exploración marina, la educación ambiental, la preservación cultural, el desarrollo de liderazgo, la participación comunitaria, la recopilación de relatos orales de los mayores, la capacitación en turismo sostenible y la expresión artística para compartir sus conocimientos y vivencias en el proyecto; todo ello reconociendo que la conservación implica investigar, compartir y proteger las historias y los lugares que han dado forma al patrimonio cultural de la comunidad.
De izquierda a derecha Marianita Harvey Chavarria y Karla Taylor en el inicio del curso buceo scuba del CCBEEM. Foto Pete Stephens, 3/06/26
Contacto: Karla Taylor o Marianita Harvey Chavarria
Por: Bernardo Archer Moore Adulto Mayor de Cahuita.
El Fin de los Esfuerzos Individuales en la Defensa de los Derechos Tribales.
Los viejos hábitos son difíciles de romper, pero los tiempos han cambiado de manera irreversible.
Durante generaciones, la lucha de nuestras comunidades se caracterizó por esfuerzos individuales, aislados y fragmentados. Esa era ha quedado en el pasado.
Hoy, la reivindicación de los derechos fundamentales del Pueblo Tribal Afrocostarricense cuenta con un sólido blindaje jurídico internacional y constitucional que exige una sola condición ineludible: Unidad y representatividad colectiva.
Un giro histórico en la justicia constitucional
El andamiaje legal de nuestra lucha ya no depende de voluntades políticas pasajeras, ni esfuerzos y protagonismos individuales, sino, de mandatos judiciales de la más alta jerarquía.
El reconocimiento y la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —incorporado a la legislación costarricense mediante la Ley N° 7316— han sido ordenados con absoluta claridad por la Sala Constitucional a través de hitos jurídicos recientes:
✓ Sentencia N° 2025-029985 (19 de septiembre de 2025): Reafirma el derecho constitucional a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y efectiva ante cualquier decisión estatal que afecte los derechos colectivos, el territorio o el futuro de la comunidad.
✓ Sentencias N° 2025-035746 y N° 2026-010993: Consolidan el estatus legal y la protección constitucional de estos derechos territoriales y culturales.
✓ Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP: Identifica formalmente al Foro Tribal Afrocostarricense como el único mecanismo institucional legítimo de diálogo entre nuestro pueblo y el Estado.
Riesgo de simulación de consulta derivado del intento de protagonismo individual o personal
Tras la Sentencia N° 2026-010993, la pérdida de vigencia legal del Foro Tribal Afrocostarricense abre la puerta a que los liderazgos aislados intenten asumir de forma unilateral la vocería de toda la comunidad.
Este intento de protagonismo individual o personal, al carecer de una estructura de representación jurídica y unificada, propicia que los procesos de diálogo estatales o municipales se reduzcan a una simulación de la consulta.
Al validar acuerdos con figuras particulares en lugar de un interlocutor formal legítimo, los proyectos de desarrollo, convenios de cualquier naturaleza, o planes reguladores resultantes quedan viciados de nulidad absoluta; por violar el derecho al consentimiento previo, libre e informado amparado en el Convenio 169 de la OIT.
El peligro del individualismo frente al Estado
Es precisamente en este nuevo escenario donde debemos romper los viejos hábitos. Los esfuerzos personales y aislados, que no nacen de las organizaciones de los pueblos tribales, representan hoy un riesgo crítico.
Aunque el protagonismo individual puede generar satisfacción personal, contribuir al desarrollo de la comunidad e incluso servir como medio de sustento económico personal, hoy sus riesgos superan ampliamente sus beneficios, tanto para la comunidad como para el legado de quienes deciden asumir ese camino.
Cuando se actúa al margen de los canales representativos institucionales, se debilitan los procesos colectivos y se abren de par en par las puertas para el incumplimiento por parte del Estado y las municipalidades.
Las acciones desarticuladas les dan la excusa perfecta a las instituciones públicas para eludir sus responsabilidades y fragmentar nuestra representatividad.
La ley es contundente: El sujeto de estos derechos fundamentales es el colectivo, representado legítimamente a través de sus propias instituciones, como el Foro Tribal Afrocostarricense.
«Hemos luchado durante demasiado tiempo y hemos sacrificado demasiado para permitir que esta generación pierda, por división o indiferencia, aquello que las generaciones anteriores conquistaron con tanto esfuerzo».
— Mensaje de los adultos mayores de Cahuita.
Conclusión: Cruzar la Puerta con Unidad.
La puerta constitucional para la autodeterminación y el respeto a nuestro territorio caribeño ya ha sido abierta por la Sala Constitucional.
No obstante, cruzarla con éxito requiere de disciplina colectiva, visión de futuro y un respeto absoluto por nuestras estructuras organizativas.
Dejemos atrás las gestiones individuales que debilitan la causa común.
El futuro de nuestras familias, de nuestros hijos y de las próximas generaciones se defiende con organización, legitimidad institucional y con la fuerza inquebrantable de la unidad tribal.
Bernardo Archer Moore Adulto Mayor de Cahuita Presidente de ACUDHECA
En días recientes se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el análisis preliminar de una petición presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo en representación del denominado «Pueblo Tribal Afrodescendiente de Limón».
Más allá de quiénes estén siendo representados en dicha gestión, es importante que los habitantes de Cahuita comprendan las posibles implicaciones de algunas de las pretensiones divulgadas públicamente, especialmente aquellas relacionadas con los llamados «derechos territoriales colectivos» y el denominado «saneamiento territorial».
Según la información difundida, la propuesta persigue el reconocimiento de un territorio colectivo afrodescendiente, acompañado de procesos de delimitación, demarcación y titulación.
En este modelo, la propiedad dejaría de estar inscrita a nombre de personas individuales para pasar a formar parte de una figura jurídica colectiva que representaría a la comunidad.
Esto implica que las tierras quedarían sujetas a un régimen especial donde no podrían venderse, hipotecarse ni transmitirse libremente mediante los mecanismos tradicionales de propiedad privada.
La principal interrogante es cómo afectaría este modelo a los actuales propietarios afrodescendientes que poseen escrituras debidamente inscritas en el Registro Nacional y cuyos derechos han sido ejercidos durante generaciones.
La experiencia costarricense demuestra que los procesos de saneamiento territorial no siempre se desarrollan sin conflictos.
Desde el año 2010, diversos territorios indígenas del país han enfrentado disputas por la tierra, enfrentamientos sociales, desplazamientos y hechos de violencia derivados de reclamaciones territoriales superpuestas.
Casos como Salitre, Térraba, Cabagra, Ujarrás, Boruca, China Kichá y, más recientemente, Keköldi-Cocles, evidencian la complejidad de estos procesos.
Por ello, antes de respaldar cualquier propuesta territorial colectiva, resulta indispensable analizar cuidadosamente sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Y asegurarse que sean congruentes con nuestra cultura, costumbres y ética de convivencia comunitaria.
Tengamos presentes siempre: Que no todo lo que suena bien necesariamente beneficia a todos por igual.
Los peores actos de injusticia siempre han venido ocultados detrás de una fina retórica de engaño.
Cuando se trata de asuntos legales, es importante buscar el significado jurídico de cada palabra sofisticada o «rimbombante» como, por ejemplo:
… «saneamiento territorial y derecho colectivo de las tierras de un territorio tribal«.
De esta manera, reducimos el riesgo de ser engañados, como lamentablemente lo fueron nuestros ancestros.
Los habitantes de Cahuita deben informarse, participar y exigir transparencia sobre cualquier iniciativa que pueda afectar sus derechos de propiedad, el patrimonio heredado de sus antepasados y la capacidad de transmitir esos bienes a las futuras generaciones.
La defensa de nuestros derechos históricos exige reflexión, información y participación consciente.
Hace poco más de una década, una joven de Cahuita comenzó a participar en un proyecto comunitario que buscaba recuperar la memoria histórica escondida bajo las aguas del Caribe costarricense. Ese camino, construido colectivamente por familias, personas buceadoras, pescadores, juventudes, organizaciones sociales, instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, permitió que el pasado 24 de junio de 2026 Maraya Jiménez Taysigue culminara en la Universidad de Cádiz, España, una etapa fundamental de su formación en el Máster en Arqueología Náutica y Subacuática.
Maraya Jiménez Taysigue
Más que un logro individual, la culminación de esta etapa representa el resultado de un proceso comunitario que durante años apostó por la formación de liderazgos locales para fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático y la memoria histórica del Caribe Sur.
Maraya es presidenta del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM), organización comunitaria a la que se integró siendo adolescente y desde la cual ha participado en iniciativas de ciencia ciudadana, conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y recuperación de la historia afrodescendiente e indígena de Cahuita.
Durante estos años, el CCBEEM ha impulsado un modelo de trabajo basado en la participación comunitaria que reúne juventudes afrodescendientes, indígenas Bribri y Cabécar, personas pescadoras, personas mayores, instituciones públicas, universidades y especialistas de distintos países. Ese proceso permitió consolidar investigaciones que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional, entre ellas la identificación científica de dos barcos esclavistas naufragados frente al Parque Nacional Cahuita, vinculados al desembarco de cientos de personas africanas en marzo de 1710, un hallazgo que ha contribuido a reescribir parte de la historia del Caribe costarricense.
La oportunidad de cursar estudios avanzados en España surgió gracias al reconocimiento alcanzado por ese trabajo comunitario y al respaldo de instituciones como la UNESCO y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España. Sin embargo, la posibilidad de concretar esa formación dependió también de una amplia campaña de solidaridad impulsada desde la propia comunidad.
Mediante la iniciativa «Colón por Colón, euro por euro, dólar por dólar», numerosas personas, familias, organizaciones, rifas comunitarias, actividades de buceo y donaciones hicieron posible financiar la permanencia de Maraya en Cádiz. La campaña se convirtió en una expresión concreta de confianza en la capacidad de las juventudes del Caribe Sur para devolver ese conocimiento a sus comunidades.
En una declaración enviada a SURCOS, Maraya expresó que este proceso ha sido posible gracias al respaldo recibido:
«Todo esto ha sido gracias a la comunidad del Caribe Sur y de Costa Rica en general, la comunidad que me ha apoyado y me ha acuerpado económicamente, emocionalmente y en muchos otros sentidos. Me siento muy feliz.»
La joven explicó además que la ceremonia realizada el 24 de junio marca la culminación de una etapa, pero no el final de su formación. Actualmente participa en prácticas arqueológicas en la bahía de Algeciras, donde fortalece conocimientos en prospección, excavación, registro y uso de tecnologías aplicadas a la arqueología subacuática. Posteriormente regresará a Costa Rica para concluir su tesis, prevista para septiembre, y más adelante realizará prácticas profesionales en Campeche, México, especializadas en patrimonio cultural subacuático.
Por esa razón, y atendiendo la precisión realizada por la propia Maraya, esta publicación consigna correctamente que culminó esta etapa del Máster en Arqueología Náutica y Subacuática. Una vez aprobada su tesis obtendrá el título profesional correspondiente.
La investigación que desarrolla se encuentra estrechamente vinculada con la experiencia del CCBEEM y con el modelo de participación comunitaria construido en Cahuita. Esa continuidad también se refleja en la ponencia que presentará durante el I Congreso de Patrimonio Cultural de la Universidad de Costa Rica, titulada «Reconectando las raíces del Caribe Sur: gestión comunitaria del patrimonio cultural subacuático en Cahuita, Costa Rica», donde expone cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas de la investigación, protección y apropiación social de su patrimonio.
El proceso vivido por Maraya también ha encontrado eco entre personas descendientes de quienes protagonizaron la historia recuperada por estas investigaciones. Familiares de Miguel Maroto —africano de 16 años que desembarcó libre en las costas de Cahuita tras el naufragio de 1710 y cuyos descendientes viven hoy en Costa Rica— enviaron un mensaje a la comunidad en el que expresan:
«Muchísimas gracias por compartir la información, sin duda alguna un gran logro para todos ustedes que tanto han trabajado. Muchos éxitos para Maraya y a ustedes como comunidad en esta nueva etapa.»
Ese reconocimiento resume el significado de un proceso que trasciende la formación académica de una persona. Durante más de una década, la comunidad de Cahuita ha demostrado que la recuperación de la memoria histórica puede convertirse también en una herramienta para fortalecer la identidad, formar nuevos liderazgos, proteger el patrimonio cultural y natural y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.
La historia de Maraya Jiménez Taysigue es, en ese sentido, también la historia de una comunidad que decidió invertir en el conocimiento como forma de construir su futuro.
SURCOS invita a conocer el testimonio de Maraya Jiménez sobre este proceso de formación y sobre el papel que han tenido la organización comunitaria y la participación ciudadana en la recuperación de la memoria histórica y el desarrollo local; para ello presentamos el video compartido por el CCBEEM.
Un modelo que ha resistido cambios de gobierno y cuestionamientos institucionales
Cahuita, Talamanca de Limón. Por el Movimiento Cahuita Unida. La historia del Parque Nacional Cahuita es también la historia de la organización y la lucha de su comunidad. Cuando se estableció el Monumento Nacional en 1970 y el Parque Nacional decretado en 1978, los habitantes de Cahuita asumieron importantes costos sociales y económicos derivados de la conservación, pues muchas de las actividades productivas tradicionales que sustentaban a las familias locales fueron abandonadas para crear el Parque. Frente a esta realidad, la comunidad lucho por un modelo de participación que permitió vincular la protección ambiental con el bienestar de la población local.
Desde el año 1998 se consolidó un modelo de gobernanza compartida entre la comunidad de Cahuita y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), basado en la corresponsabilidad, la participación comunitaria y la distribución equitativa de beneficios derivados de la gestión del Parque Nacional. Este modelo fortaleció el vínculo entre la comunidad y el área protegida, convirtiéndose en una experiencia pionera de conservación comunitaria en Costa Rica y el mundo.
Durante más de treinta años, líderes y lideresas comunales, organizaciones locales y distintas generaciones de habitantes han defendido este modelo frente a múltiples obstáculos institucionales y políticos. Sin embargo, en junio de 2026 la comunidad enfrenta nuevamente una amenaza a la continuidad de esta experiencia de gobernanza.
Mediante la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026, se suspendieron los efectos del Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) para la implementación del modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita, argumentando aspectos relacionados con plazos, procedimientos formales y una denuncia actualmente en investigación judicial, situación que fue informada de manera oportuna por las organizaciones comunitarias a las instancias correspondientes.
Ante esta situación, el pasado 22 de junio la ADIC y el Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita convocaron una reunión informativa abierta a la comunidad. Como resultado de este encuentro, se conformó una comisión de apoyo encargada de acompañar a la Junta Directiva de la ADIC, mantener informada a la población y coordinar las acciones necesarias para garantizar que la administración compartida del Parque continúe en manos de la comunidad, fortaleciendo además los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica.
El Movimiento Cahuita Unida agradeció públicamente el trabajo de las organizaciones comunales que integran el Consejo Local de Manejo y de la nueva comisión conformada para enfrentar esta coyuntura. Asimismo, reafirmó que cuenta con el respaldo de la población de Cahuita para defender un modelo que ha demostrado ser exitoso tanto para la conservación del patrimonio natural como para el fortalecimiento de la economía local.
«Solo unidos y trabajando juntos lograremos la defensa del Parque Nacional. El Gobierno Central amenaza nuevamente al Parque, y si hay amenaza al Parque, amenaza a la comunidad, porque la comunidad y el Parque no son cosas diferentes. Es Cahuita y su Parque», señalaron representantes del movimiento comunitario.
A lo largo de su historia, el modelo de cogobernanza ha enfrentado cuestionamientos, particularmente por parte de la Contraloría General de la República. No obstante, también ha contado con el respaldo de sucesivos gobiernos y de diversas instituciones del Estado, que han reconocido la importancia de la participación comunitaria en la gestión de las áreas silvestres protegidas.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera se emitieron instrumentos jurídicos fundamentales para consolidar esta experiencia. El Decreto Ejecutivo N.° 39519-MINAE reconoció los distintos modelos de gobernanza en las áreas silvestres protegidas del país, mientras que el Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE reglamentó formalmente el Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita, otorgando un marco legal claro para la participación comunitaria en la gestión del área protegida.
La defensa de este modelo trasciende el ámbito estrictamente ambiental. Se trata también de la defensa de una comunidad cuya historia, cultura y economía han estado estrechamente ligadas al Parque Nacional. El turismo asociado al Parque constituye uno de los principales motores económicos de Cahuita y la participación de la comunidad ha sido uno de los factores determinantes para la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres.
Por estas razones, cualquier decisión relacionada con el futuro del Parque Nacional Cahuita no puede analizarse únicamente desde criterios administrativos o procedimentales. La gestión compartida del Parque forma parte de una historia de conservación construida por la propia comunidad y se encuentra estrechamente vinculada a derechos ambientales, culturales, económicos y territoriales reconocidos por la legislación nacional, los decretos ejecutivos vigentes y la jurisprudencia constitucional reciente.
El modelo de gobernanza compartida de Cahuita ha demostrado que la conservación y la participación comunitaria no son objetivos contradictorios, sino complementarios. Durante más de tres décadas, la comunidad ha sido el principal aliado del Parque Nacional, contribuyendo a su protección, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo el desarrollo local.
Hoy, una vez más, Cahuita se moviliza para defender una experiencia única en Costa Rica. Defender la gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita es defender más de treinta años de trabajo comunitario, la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe costarricense y los derechos históricos, culturales y ambientales de una comunidad que ha demostrado su compromiso con la protección de su patrimonio natural.
¡Porque Cahuita y su Parque son una misma historia de lucha!
Actualmente se está redactando un nuevo capítulo del Manual para la Autodestrucción de Instituciones y Organizaciones Locales Creadas para el Desarrollo Autónomo del Caribe.
Hoy se analiza la gestión compartida (ADIC/SINAC) del Parque Nacional Cahuita.
Análisis preliminar de los hechos
Despido de personal local de la cogestión:
Este análisis no puede realizarse sin considerar la falta de oportunidades de empleo en la ciudad de Cahuita, y que el despido constituye la sanción más severa en la relación empleador-empleado.
Desde una perspectiva legal, laboral y administrativa en Costa Rica, la representación del empleador del personal contratado bajo el esquema derivado del Acuerdo Marco ADIC-SINAC de 2017 depende de quién realizó la contratación, bajo qué marco legal y utilizando qué recursos.
El acuerdo establece que las autoridades responsables eran:
El director ejecutivo del SINAC y el presidente de la ADIC.
Sin embargo, el acuerdo por sí solo no creó una nueva entidad jurídica independiente denominada “Consejo Local” con capacidad autónoma de empleador.
Por lo tanto, legalmente, como parece haber ocurrido:
El personal fue contratado directamente por la ADIC.
En ese caso:
La ADIC sería el empleador real, aunque el trabajo se realice dentro del Parque Nacional Cahuita.
Esto implica que:
Los salarios.
Las contribuciones a la seguridad social (CCSS).
La rescisión de contratos (despidos), y
Las responsabilidades laborales recaen sobre la Asociación de Desarrollo Integral Cahuita (ADIC).
NOTA:
¿Están conscientes mis compañeros afiliados de la ADIC sobre esa realidad oculta y silenciosa?
Esta responsabilidad institucional se consolida particularmente si:
■ La ADIC firmó los contratos.
■ Realiza los pagos de salarios.
■ Administra las donaciones o registra a los trabajadores ante el Fondo Costarricense de Seguridad Social (CCSS).
El problema jurídico tras el vencimiento del acuerdo de cogestión en 2019:
Aquí reside el punto más delicado.
Si el acuerdo:
Venció en 2019 y no se renovó formalmente, cualquier relación laboral posterior podría entrar en un terreno de incertidumbre jurídica respecto a:
○ La condición de empleador.
○ La gestión de los recursos económicos y materiales.
○ La capacidad de contratación. Y…
○ El derecho a despedir empleados.
Especialmente porque el “Consejo Local” continuó operando de facto, pero sin un instrumento legal válido que le delegara funciones específicas.
El Consejo Local: una entidad sin personalidad jurídica propia.
El Decreto 40110-MINAE creó un mecanismo de gobernanza participativa, pero no creó:
Una entidad autónoma con personalidad jurídica propia
Poseedora de bienes propios, ni la capacidad de actuar como empleador independiente.
Por lo tanto, en principio, el “Consejo Local” no sería el empleador legal en sí mismo, a menos que existiera:
Otro instrumento legal, un fideicomiso, una asociación paralela, o una entidad administrativa específica; lo cual se desconoce su existencia.
En un posible conflicto laboral, los jueces suelen analizar:
■ ¿Quién pagó el salario?
■ ¿Quién dio las órdenes?
■ ¿Quién firmó los contratos?
■ ¿Quién ocupó un puesto subordinado?
■ ¿Quién reportó al CCSS (Fondo Costarricense de Seguridad Social)?
■ ¿Quién ejerció la autoridad disciplinaria?
En la legislación laboral costarricense prevalece el principio de “primacía de la realidad”.
Es decir, quien actuó efectivamente como empleador tiene más peso que su designación oficial.
Por lo tanto, debe quedar claro que el despido de un empleado no es algo que deba tomarse a la ligera. Se trata de una decisión de último recurso que afecta a la familia del empleado.
En este caso particular, existe una demanda pendiente sobre la titularidad legal de la fuente de ingresos: las donaciones de los visitantes.
Desde una perspectiva general, como comunidad, nuestra situación es definitivamente peor hoy que hace una semana.
Mientras tanto, el Gobierno ha avanzado hacia su objetivo de tomar el control total del Parque Nacional de Cahuita.
Para comprender con mayor claridad el alcance de este blindaje jurídico, resulta necesario analizar la caducidad del Foro Tribal Afrocostarricense y la consecuente responsabilidad personal de los funcionarios públicos frente al cumplimiento de la consulta previa obligatoria.
La caducidad operativa del Foro Tribal Afrocostarricense, producto del vencimiento del plazo de nombramiento de sus integrantes por tres años (2022-2025), y reconocida por el Voto N.° 2026-010993, genera consecuencias inmediatas y de alta gravedad en la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Ley N.° 7316).
Esta situación impacta directamente la gobernanza territorial y el desarrollo en la región costera del Caribe.
En primer lugar, se produce una ruptura en la articulación institucional, al desaparecer la instancia legítima de interlocución entre el Estado y el pueblo tribal afrocostarricense. Así confirmado por la Sala Constitucional (Voto N.° 2026-010993).
En segundo lugar, se configura un vacío operativo en la consulta previa ordenada por el Voto N.° 2025-029985, al carecer de un mecanismo válido para su ejecución, en contravención del artículo 6 del Convenio 169.
Este escenario deriva en una ilegalidad sobreviniente de actos administrativos y municipales adoptados con posterioridad a la caducidad, los cuales resultan impugnables por ausencia de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, se genera una paralización de proyectos en la Zona Marítimo-Terrestre, incluyendo Planes Reguladores Costeros, el Plan Maestro Costero del ICT, permisos de construcción, desalojos y modificaciones en áreas protegidas (Humedales, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, etc.).
Paralelamente, se produce la pérdida de legitimidad de los representantes del citado Foro Tribal, cuyas actuaciones posteriores carecen de validez jurídica.
Todo ello evidencia la necesidad urgente de reconstruir un mecanismo legítimo de consulta, conforme a la autonomía de los Pueblos Tribales reconocidos u constatados por el Estado (Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP).
En este contexto, el vacío institucional NO EXIME del cumplimiento de la obligación de consulta.
Por el contrario, cualquier actuación estatal o municipal adoptada al margen de dicha obligación puede generar responsabilidad penal personal de los funcionarios públicos involucrados, conforme a los artículos 357, 339, 338 y 314 del Código Penal (Prevaricato; Incumplimiento de deberes; Abuso de autoridad y Desobediencia a la Autoridad, respectivamente).
Adicionalmente, se configura un riesgo elevado de judicialización, mediante recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, con alta probabilidad de prosperar ante la jurisdicción constitucional.
En síntesis, la caducidad del Foro Tribal extingue en la práctica la posibilidad jurídica de adoptar decisiones válidas sobre territorio, cultura y desarrollo que afecten al pueblo tribal afrocostarricense.
Se configura además una situación paradójica para el Estado y la Municipalidad:
Por un lado, sus proyectos quedan materialmente paralizados por la imposibilidad de cumplir con la consulta previa; y por otro, carecen de competencia para intervenir directa o indirectamente en la reconstitución del Foro, pues ello implicaría una injerencia indebida en la autonomía de los pueblos tribales.
Este doble límite profundiza la inseguridad jurídica y, en esta ocasión, expone al Estado a responsabilidades, mientras somete los derechos colectivos —protegidos por el ordenamiento constitucional e internacional— a una situación de vulnerabilidad y retraso en su garantía efectiva.
Mientras los políticos desvelan su mente enredados en este “tornique legal”, el pueblo de Cahuita —silencioso y firme— duerme hoy más feliz que ayer.
En Cahuita ha surgido una polémica que merece ser aclarada con seriedad:
¿El término “Pueblo Tribal Afrocostarricense” excluye a quienes no son afrodescendientes?
La respuesta es no.
Pero hay que entender por qué.
Este término no es una etiqueta social ni una categoría racial. Es una figura jurídica, reconocida por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532 (2022), en aplicación del Convenio 169 de la OIT.
Su propósito no es dividir, sino proteger derechos colectivos, especialmente el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
Entonces, ¿De dónde nace la confusión?
Nace de la conveniencia —no siempre inocente— de interpretar el término como un filtro absoluto.
Esa distorsión interpretativa crea una narrativa, donde se asume que solo afrodescendientes pueden pertenecer o participar. Sembrando temores, resentimientos y divergencias donde debería prevalecer la unidad y el apoyo. Quizás, ese es el propósito.
Sin embargo, el derecho internacional es claro: La pertenencia a un pueblo tribal se basa en la autoidentificación y el reconocimiento comunitario.
Eso refleja la realidad de Cahuita: Una comunidad diversa, con raíces afrocaribeñas profundas, pero también con familias mixtas y personas que han aportado históricamente al desarrollo del territorio; de allí el calificativo de estar todos en el mismo bote.
Aquí está el meollo del asunto:
El fundamento jurídico del pueblo es afrodescendiente.
Pero su expresión social es diversa e inclusiva.
Confundir estos dos planos genera división. Y la división debilita el derecho.
Si el concepto se vuelve excluyente (decir que algunos son y otros no), se pierde legitimidad. Y si se vacía de contenido histórico, pierde sustento jurídico.
Por eso, la solución no es eliminar el término, sino entenderlo correctamente: “Pueblo Tribal Afrocostarricense” no significa exclusión. Significa reconocimiento histórico con derechos colectivos.
Al final, lo que está en juego no es una palabra, sino algo más profundo: El derecho de un pueblo a definirse a sí mismo sin ser dividido.
Porque cuando hay confusión, alguien siempre se beneficia.
Y rara vez es el pueblo.
De ahí la urgencia de seguir avanzando juntos, en paz, en el mismo barco—como siempre lo hemos hecho.
Durante años nos dijeron: “calladitos más bonitos.”
Pero ese silencio no era paz… era control.
Hoy que hablamos, incomodamos.
Y cuando incomodamos, atacan:
“No es de Cahuita” “Es extranjero” “Divide”
Pero ya no funciona. Ese silencio acostumbrado – no es ley ni consentimiento – es estrategia para lograr lo deseado.
La realidad cambia todo: La Sala Constitucional ordenó consulta del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita; y ratificó al Foro Tribal Afrocostarricense como órgano por medio del cual debe realizarse la consulta. (Voto 2025-029985)
Pero también reconoció:
El Foro Tribal venció (Voto 2026-010993).
Y eso lo cambia todo:
● Sin organización, no hay representación. ● Sin representación, no hay consulta. ● Y sin consulta… otros deciden por nosotros.
Que no te engañen
No es inclusión. Es sustitución.
Hoy es definitivo: El silencio terminó.
Y un pueblo que despierta… ya no se deja reemplazar.
(English): Patience is an ancestral virtue—wisdom distilled across generations—captured in a simple truth: “It takes patience to ride a donkey.”
(Español): La paciencia es una virtud ancestral —sabiduría destilada a lo largo de generaciones—, resumida en una simple verdad: «Se necesita paciencia para montar un burro.»
Uno para todos y todos para uno.
Bernardo Archer Moore Adulto Mayor — que, con dignidad, decidió no callar más.
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