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Etiqueta: cambio climático

Problemática detrás de las “energías renovables”

Joseline Guido, Janine Gutiérrez, Natalia Martínez

Ha visto que, al caer la noche, las luminarias de las calles se encienden, o al llegar a casa enciendes la televisión para ver tu serie favorita. Se ha preguntado cómo se genera esa electricidad que da energía a los aparatos electrónicos o las lámparas que usas para iluminarte y cuáles impactos en el medio tienen su creación.

Desde los años 70 se empezó a hablar por primera vez acerca del calentamiento global. Hoy es pan de cada día, y, aunque es una condición que forma parte natural del planeta, la rapidez con la que se presenta en la actualidad es abrumadora. Nuestro país tiene la imagen a nivel mundial, de luchar contra este de diferentes maneras y con diferentes instrumentos, para mitigar los impactos que esta situación conlleva, sin embargo, es importante mencionar las variables que no se toman en cuenta y las afectaciones que estas “buenas prácticas” traen consigo. Entre los instrumentos que se han utilizado están las energías renovables, este tipo de energías son aquellas derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse (Naciones Unidas). El uso de estas fuentes se da con el propósito de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de uso de combustibles fósiles, para mitigar los efectos del cambio climático. A su vez, nuevos conceptos han aparecido en esta tenencia, como lo son la ecología y el desarrollo sostenible.  

En Costa Rica sólo cinco de las diferentes energías renovables se utilizan, siendo la energía hidroeléctrica la más empleada comúnmente. Entre las energías usadas en menor porcentaje están: la Eólica, Geotérmica, Biomasa y Solar. Para el año 2021, el porcentaje de uso anual de las llamadas energías limpias fue del 99.92% según el informe publicado en febrero del 2022, por el Centro Nacional de Control de Energías (CENCE).

 A pesar de ser energías renovables y que provienen de recursos naturales, estas también poseen una serie de impactos negativos al producirse, y estos pueden abarcar varios ámbitos, desde materiales, procesos, necesarios para la construcción, elaboración o equipamiento para la implementación de las energías, huella ecológica, impacto en las especies y las poblaciones cercanas, esto se convierte en una asunto de cuestionamiento, puesto que en la mayoría de los casos se muestran como algo que no puede causar ningún efecto negativo o riesgo.  

Pese  a que la mayor parte de la energía que se crea en nuestro país es gracias a la hidroeléctrica, y aunque esta no genere residuos en su producción, y simbolizan una fuente de empleo para muchas personas. Dichos proyectos presentan una afectación a nivel socio-ambiental de las comunidades que se abastecen de los ríos donde se implementan estas represas, y en muchos casos, estas situaciones no son valoradas, y sobrepasan por los derechos y las formas de vida de las poblaciones aledañas. Además, en la biodiversidad del sitio es donde más se logra ver la afectación, tanto que muchas especies de peces quedan separadas entre la parte alta de la represa y la baja. El impacto no solo queda ahí, represas de gran magnitud desarrolladas en el país han deforestado mayoritariamente las márgenes de los ríos para el desarrollo de estos proyectos. En este caso, para Costa Rica aún no se encontraron datos acerca de la huella hídrica que genera la producción de este tipo de energía, por lo tanto no se puede determinar cuán grave puede ser el impacto para los ecosistemas de las zonas en las que se encuentran.  Por otro lado está la situación ética a la hora en la que se construyen estas edificaciones, puesto que el peligro al que se exponen los trabajadores es muy alto, principalmente durante eventos naturales como la temporada lluviosa o tormentas tropicales.

De la misma manera, se encuentra la energía geotérmica, entre sus ventajas, según informes realizados en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 2015). Es que esta energía no se encuentra condicionada a los factores climáticos, como sucede con otras fuentes, y en nuestro país, equivale a la producción de un 13% de la energía producida. A pesar de que no es una gran generadora de desechos, cabe destacar que se pueden presentar gases minerales tóxicos que pueden ser perjudiciales para la salud y el ambiente, además, de los daños que ocasiona la creación de estos generadores de energía; las grandes maquinarias deben perforar la superficie terrestre, de esta manera se modifica el paisaje. Además, según Bagher et all (2014) nos menciona una serie de desventajas como: los altos costos de que conlleva la instalación de la planta, generación de sismos, siempre hay un riesgo de una erupción volcánica, lo que representaría un peligro para los trabajadores del lugar, baja eficiencia de producción, a su vez no hay garantía de que la cantidad de energía que es producida vaya a justificar los gasto de capital ni los costos de operación.

Asimismo, los principales autores de datos acerca de esta energía, no mencionan, en ninguna publicación a nivel nacional, acerca de las posibles desventajas y grandes riesgos ambientales para las poblaciones aledañas a las zonas de extracción, que pueden presentarse a la hora de generar y crear esta fuente de energía.

Ahora, la pregunta que todos generamos es si ¿son las energías renovables la clave para mitigar el impacto del calentamiento global? Dadas las circunstancias actuales con nuestros recursos naturales y la elevación de las temperaturas, cualquier acción que sea bien vista basta para quitarnos la culpa de nuestra huella ecológica. Sin embargo, y como se mencionó anteriormente,  a pesar de la gran variedad de ventajas de estas fuentes de energía, en ningún caso, al menos en los estudios realizados en nuestro país, se muestra un escenario negativo, tanto a nivel ambiental como social. Ciertamente estas energías poseen un impacto menor que la implementación de otras fuentes como lo son el carbón, los combustibles fósiles o la energía nuclear. Sin embargo, las energías renovables no están exentas de generar un impacto negativo aunque a menor escala, lo cual se debe informar debidamente a la población y continuar con investigaciones que ayuden a reducir aún más esos impactos, tanto ambientales como sociales y volver más eficiente la producción; ya que la mayor parte de la información que se presenta, solo brinda el lado bueno de dichas energías.

Referencias

 

Imagen: https://www.grupoice.com/

Llamado urgente del Papa Francisco por el Planeta. Una visión desde Costa Rica

Freddy Pacheco León*

Doctor en Ciencias Biológicas

Como pocas cosas han cambiado en lo fundamental, creemos pertinente la reedición de este ensayo siete años después, para conocimiento de quienes no tuvieron la oportunidad de leerlo… y opinar sobre él

El planeta enfermo

Nunca antes, un Papa había hablado tan claro y con tanto fundamento sobre la situación ambiental del planeta. Consecuente con su sentida invocación a San Francisco de Asís al escoger su nombre de Obispo de Roma, Francisco inicia su Encíclica con estas palabras: “1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».

Y agrega: “Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos (…) En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”.  

Y es que para Francisco aquél concepto de “desarrollo sostenible e integral”, reafirmado y mayormente divulgado a partir de la Cumbre de Jefes de Estado en Río de Janeiro celebrada en junio de 1992, ha de verse como una preocupación común de la familia humana hacia tiempos mejores; “sabemos que las cosas pueden cambiar”, es su llamado pleno de esperanza.

El “inmenso depósito de porquería”

Conocedor de lo que está pasando en “nuestra casa común”, el Papa no desdeña ninguno de los problemas, acciones y amenazas que afectan negativamente al planeta, ni a sus causas, usando a veces palabras muy fuertes como cuando afirma “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Inmundicia provocada por la creciente “exposición a los contaminantes atmosféricos (que) produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras”, dentro de los que menciona “al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general”. “Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radiactivos”, acota.

Habrá quienes con razón dirán que Francisco no está diciendo nada nuevo; que en nuestras sociedades, incluso a nivel local, ya se ha venido denunciando y reclamando sobre esta situación. Que las acciones comunales han sido múltiples, pero que igualmente, la respuesta institucional y formal de las autoridades gubernamentales ha sido, en la mayoría de las veces, reprochable. Algo innegable,  pero que es precisamente ante esas omisiones y ante la ausencia de soluciones efectivas de profunda sensibilidad humana, que la voz del Papa, con el alto sentido espiritual, moral, ético, cristiano, que encierra, la que ahora habrán de enfrentar los que desdeñan la voz del pueblo (que pocas veces se toma como “la voz de Dios”, pese a la repetida expresión).  

Con el Papa Francisco, por ejemplo, ahora podemos decirle a los servidores públicos, que los habitantes de las comunidades urbanas (principalmente) no merecen seguir siendo intoxicados por los gases emitidos por los desechos sólidos de un vertedero mal manejado, que desde que iniciara su funcionamiento incumple con las normas establecidas en un Plan Nacional de Manejo de Desechos oficialmente decretado, que establece que no puede ubicarse a menos de 500 metros de una comunidad ni cerca de las riberas de los ríos.  Que la sola idea de permitir el funcionamiento de incineradores de basura, productores inevitables de gases letales como dioxinas y el furanos, contaminantes orgánicos persistentes que provocan cáncer, patologías inmunológicas, desórdenes endocrinos, diabetes y malformaciones congénitas, es un crimen.

Y reafirma en pocas palabras lo que ha sido una prédica continua desde el sector de los ambientalistas sinceros: “Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. (…)  Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.

El cambio climático

La combinación de los factores que evidencian la realidad del cambio climático, unidos a los efectos más marcados del Fenómeno del Niño, que para el caso particular de Costa Rica han sido marcadamente severos en  el 2015, donde las extendidas sequías experimentadas en la provincia de Guanacaste, en la vertiente del Pacífico, contrastan con las extraordinariamente grandes precipitaciones lluviosas en la caribeña provincia de Limón, han hecho que algunos tomen conciencia de los efectos del cambio climático en nuestro pequeño país. Así, frente a los que siguen anteponiendo los factores económicos por encima de los ecológicos, para no invertir en procesos que mitiguen al menos el cambio climático, Francisco también tiene un mensaje.

“El clima”, expresa,  “es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. (…) Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana”. 

En el caso particular de Costa Rica, en donde al no ser un país industrializado, alrededor del 70% de los gases que acentúan el efecto invernadero proviene de la flota vehicular. En condiciones climáticas equilibradas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) genera más del 90 de la energía a partir del funcionamiento de plantas hidroeléctricas de reconocida eficiencia. La construcción exitosa (que está en sus etapas finales) de otro proyecto hidroeléctrico (P.H. Reventazón) en la vertiente Caribe, permitirá generar 305,5 megavatios de electricidad que podrá suplir la electricidad a 525.000 hogares, a partir del año entrante. Muestra evidente de que la infraestructura energética estatal se ha venido diseñando acorde con las potencialidades ambientales del país, que permiten evitar la generación de electricidad a partir de hidrocarburos.  

Sin embargo, al reconocer que solo unos 24.000 vehículos del total de aproximadamente 1,2 millones utilizan algún tipo de energía alternativa, vemos que la proclamada meta nacional de alcanzar la “carbono neutralidad” para el año 2021 (¡dentro de poco más de cinco años!) no es más que un canto demagógico. Saben los gobernantes que ese objetivo jamás se alcanzará, pues la realidad nos demuestra que la tasa de importación de vehículos mantiene cifras crecientes.

Pero bueno, tal vez ahora que el Papa ha manifestado su profunda preocupación por “la hermana nuestra madre Tierra”, la demagogia le cederá espacio a la honradez política y Costa Rica empezará a caminar por senderos responsables, donde el “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, estampado en nuestra Constitución Política, supere el texto y se convierta en una práctica nacional. Esa es la esperanza.

Depredación de la naturaleza

“El capitalismo salvaje” del que nos hablara el Papa Juan Pablo II, no deja ni las sombras de los árboles. La generación de ganancia financiera se convirtió en el dogma de una creencia fundamentalista, donde los textos “sagrados” se reproducen en academias de economía en que se venera a Milton Friedman. Líder de los “Chicago Boys” promotor de un inhumano libre mercado, causante de profundo caos social que, se consideró, solo podría implementarse en el contexto de regímenes dictatoriales como sucediera con Augusto Pinochet, después del derrocamiento y muerte del Presidente Salvador Allende. Tenía que ser por la fuerza, pues para los habitantes más pobres el sacrificio era (y es) un reto a la supervivencia.

Costa Rica, fiel a esas ideas, por muchos años hizo de “la destrucción como desarrollo” su “modelo”. Después de tener por unos 15 años a partir de 1970, la tasa de deforestación más alta en el mundo, una pérdida de suelos fértiles casi imposible de evaluar y una pesca depredadora que arrasó con la riqueza del hasta entonces productivo golfo de Nicoya, las consecuencias inmediatas provocaron aumentos en pobreza y migraciones internas.  

La pesca jamás se repuso, pues el brutal rompimiento de las redes tróficas hizo que las vedas impuestas a los pescadores semi-industriales y artesanales, fueran insuficientes para recuperar las poblaciones de peces de interés comercial. Los suelos fértiles terminaron la mayoría de ellos en los taludes marinos, arrastrados por los ríos que aún hoy van cargados de sedimentos.

Y la caída de la actividad ganadera de carne, por los efectos de la disminución drástica de la demanda extranjera, trajeron como consecuencia inesperada la recuperación de zonas boscosas. La reforestación de los bosques primarios, de gran biodiversidad, dieron paso a plantaciones forestales de unas pocas especies exóticas de muy limitado valor biológico, como  Teca (Tectona grandis), Melina (Gmelina arbórea), Chancho (Vochyssia sp.), Ciprés (Cupressus lusitanica), Jaúl (Alnus acuminata), Cebo (Vochysia guatemalensis) y Amarillón (Teminalia amazonia). De esta forma, aunque las estadísticas nos muestran una sostenida recuperación de la cobertura vegetal, la riqueza genética de los bosques originales se perdió para siempre.

Sobre esta situación, Francisco advierte que “Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental”.

Y enfatiza: “El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis. Porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan”. Y en referencia a un asunto que ha adquirido mayor interés entre los costarricenses, paradójicamente a partir de la invasión de parte del ejército nicaragüense de un humedal costarricense situado cerca de la frontera (localidad de isla Portillo), y en relación con áreas de humedales destruidas como parte del desarrollo de un puerto marítimo, que supuestamente desarrollaría la empresa transnacional APM Terminals, también en la región Caribe. El Papa llama la atención, señalando que “También los humedales, que son transformados en terreno de cultivo, pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas zonas costeras, es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por manglares”, como la “lucha” que ha venido sucediendo en Costa Rica entre arrozales y manglares, principalmente.  

Especies en peligro de extinción

Algunos entes autodenominados “conservacionistas”, “ambientalistas”, “preservacionistas” y demás, han tomado animales como focas, osos panda, delfines, tortugas marinas, ballenas, elefantes, águilas, rinocerontes, panteras, etc., como símbolos de sus “campañas” internacionales. Se trata de acciones muy bien financiadas con aportes diversos, que incluyen en algunos casos a grandes corporaciones, muy alejadas por cierto, de tener en su misión institucional la protección ambiental. Un caso documentado es el de la denominada “Conservación Internacional” (CI) organismo financiado por entes del Gobierno de los EUA con claros intereses geopolíticos, en la que aparecen jugando papeles determinantes la US-AID, el Departamento de Estado y la NASA, con presupuestos de hasta $6.000 millones. Dinero proveniente de múltiples corporaciones, algunas con oscuros historiales en los campos económicos, políticos, laborales y ambientales, como ALCOA, British Petroleum, la minera Río Tinto, Bank of America, CEMEX, Chevron Texaco Corporation, SHELL, Citigroup, Coca Cola, Ford Motor Co., Intel, compañías de cruceros, KRAFT, McDonald´s , Microsoft, corporaciones productoras de papel, MONSANTO, NBC Televisión Network, Office Depot, ORACLE, empresas de Hollywood, PEPSI, SAFEWAY, SONY, Starbuks Coffee, TreeTop Incorporation, United Airlines, Visa USA, Volcafe, Walt-Mart y otras. Corporación “conservacionista” con muchos vínculos en Costa Rica y muchos otros países ricos en recursos naturales. Cabe citar en esta breve e incompleta acotación,  a “The Leatherback Trust”, presidida por un alto exasesor del Pentágono, a la que se le demostraron acciones reprochables hacia las tortugas marinas de Costa Rica que decían estar protegiendo. Y no podrían faltar las organizaciones acusadas de gestar fraudes financieros por medio de movimientos sospechosos de sus acciones en las bolsas de valores, como sucediera con el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) a la que han llamado “World Wide Fraud” fundada por el príncipe Felipe de Edimburgo, reconocido cazador.

Hechos conocidos, que se han tratado de denunciar pero que han contado con la protección cómplice de medios de comunicación masiva, usualmente contratados para publirreportajes y campañas propagandísticas abiertas, que ahora Francisco denuncia en su (para muchos) incómoda Encíclica.  

Dice el Papa: “(…) Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos» explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana”. Y agrega, en clara alusión a los que lucran con animales símbolo, como los citados, cual si su conservación fuera la más importante tarea: “Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave, por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas, que suelen pasar desapercibidas, juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar”.

Especies que, según los intereses de los que lucran con su “conservación”, enfrentarían el rechazo de los publicistas eventualmente contratados para montar una campaña. ¿Se imaginan una campaña para salvar las cianobacterias?  ¿Se podrían negociar títulos valores con esos “símbolos”?

“La cuestión del agua”

Con ese título, el Papa Francisco dedica las más sentidas reflexiones a la situación del agua potable en muchas regiones del planeta. Y es que como han expresado pueblos originarios del altiplano andino, “Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos da agua”, en referencia a las silenciosas y por tanto cínicas amenazas que se ciernen desde las inescrupulosas corporaciones que lucran con el comercio del agua cual bien económico, e incluso con la administración concesionada de acueductos, como una vez se intentara hacer en Costa Rica durante la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Esa toma de conciencia ha de ser una tarea impostergable que habrán de cumplir los pueblos latinoamericanos y de otros países del sur, para enfrentar con algún grado de éxito a los que consideran el agua como “una necesidad básica” de los pueblos… y no como “un derecho humano básico”, tal y como se sostiene en los llamados “foros mundiales del agua”.

Foros a donde son llevados más de 30.000 “invitados” a cualquier cosa menos que a debatir, por los representantes del negocio del agua reunidos bajo la sombrilla del Consejo Mundial del Agua (WWC), directamente vinculados al Banco Mundial. Entes hijos de este banco, como el “Global Water Partnership” (GWP) que se encargan de canalizar los deseos expresos de corporaciones como Suez, Vivendi, GW Thames, Coca Cola, Nestlé, Femsa, Bechtell y otros, quienes a través de testaferros institucionales conspiran por establecer los medios que les permitan, adecuar las legislaciones de los países de los “invitados”, comprometidos por los generosos patrocinadores de sus numerosos viajes.

Antecedentes que han de considerarse para  comprender la insistencia mostrada por algunos costarricenses vinculados con la citada GWP-Banco Mundial, para sustituir una magnífica Ley de Aguas inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, que se emitiera durante la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en agosto de 1942. Legislación que fuere modificada en 1972 y más intensamente en 1996, para adecuarla a las características y necesidades de la Costa Rica del siglo XXI. 

Ley que abrió el camino para la creación del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados –SNAA- (que luego le dio paso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – ICAA-), así como al funcionamiento de las más de mil ASADAS (asociaciones administradoras de acueductos rurales) y otros entes de interés público con funciones en el sector agua, sin que se hubiere provocado caos alguno, más allá de los inevitables problemas administrativos de cualquier sector.

Sin embargo, los que han venido conspirando contra esa ley nacida bajo la influencia de las encíclicas “Rerum novarum” y “Quadragesimo anno” y la realidad conocida por el entonces estudiante Rafael Ángel Calderón en la Bélgica que lo acogía. Realidad muy diferente a la Costa Rica de entonces, donde sus habitantes no gozaban de servicios de salud pública, de garantías laborales, de educación universitaria ni de agua potable.

Situación que seguramente desveló al sensible médico que veía como sus compatriotas tenían un promedio de vida que no superaba los 47 años, pues las enfermedades, en su mayoría vinculadas a las aguas contaminadas que consumían, tenían que enfrentarse con decisión política. Así nació la Ley de Aguas que todavía goza de buena salud.

Pues bien, después de engañar a poco más de 150.000 ciudadanos que firmaran por un proyecto de ley que se tramitaría por el nuevo mecanismo de “iniciativa popular”, los bien financiados promotores del nuevo proyecto que sustituiría la Ley de Aguas vigente, llevaron a la Asamblea Legislativa un texto desconocido por los que hubieren firmado y, en un acto torpe además de malintencionado, lo modificaron sustancialmente al interior de una comisión legislativa. Al cambiarlo en su espíritu y letra, hicieron que el proceso cayera en una situación contraria a la Constitución Política de Costa Rica.

Pero más allá de esa situación relacionada con el procedimiento, los que hemos tratado de advertir a los habitantes acerca de las amenazas evidentes que contiene ese proyecto, hemos recibido con especial beneplácito la Encíclica Laudato Si que comentamos, pues cual si Francisco hubiere estado enterado de lo que se discutía en Costa Rica, lo que escribió hace que lo sintamos al lado de los costarricenses que queremos evitarle un terrible daño a la calidad de vida de nuestros compatriotas y demás habitantes del país, en caso de que un proyecto así llegara a aprobarse.

Agua como bien económico y como necesidad básica. No como bien social y derecho humano

Dice el Papa: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

Párrafo que parece una respuesta a la declaratoria del agua como un “bien económico que se incluyera subrepticiamente en el proyecto propiciado por la GWP, en sustitución a un párrafo que declaraba como principio general que “El agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario”.  Bien económico (que es muy diferente a “valor económico”) que al tratarlo como una mercancía, como dice el Papa, lo coloca en el ámbito del mercado donde puede ser privatizable.

Y también la Encíclica destaca que el acceso al agua, como es una tendencia muy extendida entre los pueblos del mundo que ven como su escasez amenaza a los que sufren hambre en virtud de su inhumana condición económica, ha de ser un derecho humano. Que esa agua ha de ser “potable y segura”, o sea, en calidad y cantidad adecuadas. Respuesta del Papa también a los que cínicamente modificaron el principio general que decía “El acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y al saneamiento son derechos humanos fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”, al eliminarle que tal acceso fuere en cantidad y calidad adecuadas (indispensables)  para satisfacer todas las necesidades básicas”.

La inaceptable eliminación del párrafo en cantidad y calidad adecuadas (indispensables)  para satisfacer todas las necesidades básicas, choca con lo que manifiesta el Papa cuando nos recuerda lo siguiente: “Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil.

En fin, se trata de mutilaciones que obviamente no se hicieron por error, sino que obedecen a la ideología imperante en los principios que rigen la acción del Consejo Mundial del Agua (WWC) y la GWP-Banco Mundial, expresados en los foros del agua organizados por los comerciantes del agua que denuncia el Papa Francisco. Entes para los cuales el agua ha de considerársele como un bien económico y no como un bien social, y para quienes su acceso en calidad y cantidad suficientes no ha de ser un derecho humano básico, sino una “necesidad” básica, como lo acordaran en el Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul, con la presencia de delegados costarricenses que ni se enteraron de lo que se estaba decidiendo “en las alturas”.

Las aguas subterráneas

El proyecto de la GWP-Banco Mundial plantea algo insólito. Al desconocer la experiencia acumulada a lo largo de tres décadas por los profesionales especializados en el manejo e investigación de las aguas subterráneas por el estatal “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento” (Senara), se le cercena al Senara ¡hasta de su nombre!, las funciones relativas a las aguas subterráneas.

Sin considerar la escasez de profesionales en ese trascendental campo, se trasladan esas tareas a un ente político dependiente del ministro de Ambiente, a donde no se tiene la idoneidad, el conocimiento ni la capacidad para satisfacer esa necesidad nacional.  

De acuerdo a estudios del Senara, en Costa Rica existen 58 acuíferos, de los cuales de acuerdo con su geología y localización, 34 son costeros, 9 volcánicos continentales y 15 sedimentarios continentales. Costa Rica cuenta con unos  17.000 pozos a los cuales se les ha otorgado al menos una concesión, ubicados en la cuenca de Tárcoles (39%), la cuenca Península de Nicoya (17%), cuencaTempisque (14,4%), cuenca Reventazón (5,5%) y cuenca Jesús María (3%). Acuíferos que cada día, y especialmente en los años en que la influencia del fenómeno de El Niño, adquieren mayor importancia para tratar de garantizar su permanencia y evitar su contaminación. Son fuente de agua potable trascendental, para el consumo humano y actividades productivas de las comunidades, que no han estado ajenas al derroche y la contaminación por agroquímicos y otras sustancias tóxicas.

Por lo anteriormente resumido, resulta incomprensible propiciar una regresión ambiental de tal magnitud, al trasladar las funciones inherentes a las aguas subterráneas a un ente incapaz de atender las funciones estatales que hasta hoy buscan garantizar su protección mediante un manejo técnico y científico idóneos.  Traslado que se haría (luego de una modificación indebida) sin que sea una obligación de los funcionarios especializados hacerlo y sin “los recursos físicos, tecnológicos y financieros que utiliza esta dependencia”, como rezaba el proyecto original. Tendríamos así, un vacío de inimaginables consecuencias, en la función estatal relacionada con las aguas subterráneas.

Ante tal atentado a la razonabilidad y la lógica, hemos de reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco cuando dice: Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes”. “Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran iniquidad”. 

Control del agua por comerciantes

Cuando nos hemos de referir a los impactos ambientales sobre las aguas subterráneas y las fuentes superficiales que pudieren ser utilizables, hemos de considerar el lucrativo negocio que se deriva de la comercialización a nivel nacional e internacional de las fuentes de agua.  

Cual si fuere algo insólito, los diarios impresos y digitales han estado reseñando con preocupación la situación de gran parte del pueblo puertorriqueño que ha venido sufriendo recurrentemente de una escasez de agua potable, consecuencia de una extendida y severa sequía que afecta a esa isla caribeña.  Pero también se ha comentado el hecho inaudito de que, pese a esa situación de sed extendida, no solo algunas empresas siguen exportando agua embotellada (¡cada vez más valiosa!) sino que ha sido imposible aprobar sendos proyectos de ley que buscan regular dicha actividad comercial en situaciones como las que padece Puerto Rico.

Situación que resume el Papa Francisco cuando manifiesta que “Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo”. Conflictos que algunos han denominado “guerras por el agua” pero que el Papa plantea en un ámbito más amplio, más realista, más cercano, aunque no excluyente al nivel planetario.

La triste experiencia que experimenta el pueblo boricua, principalmente el sector más desposeído, es un ejemplo doloroso de conflicto entre el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas como un derecho humano,   indispensable  para satisfacer todas las necesidades básicas, y las incontenibles acciones ejecutadas por las empresas que ven al agua como un bien económico y no como un bien social.  Las mismas que han dicho en los multimillonarios foros de los turistas del agua (en su idioma) “no money, no water”.

Pero como el proyecto de ley de la GWP-Banco Mundial también en este aspecto tenía que enfrentar a la voz muy respetada del Papa Francisco, hemos encontrado una situación que refleja el verdadero y escondido interés comercial que salpica su texto.  

En uno de los más claros ejemplos del incumplimiento del Principio de Conexidad que ha de imperar en un proyecto ingresado a la Asamblea Legislativa por la vía de la Ley de Iniciativa Popular, so pena de ser declarado inconstitucional en caso de que algo así fuere aprobado eventualmente, resulta que el artículo relacionado con la regulación a la exportación del agua, que expresaba, en lo fundamental, la posibilidad de “restringir y limitar total o parcialmente la exportación de agua cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales”, ¡fue eliminado!, borrado totalmente, “lavado” del texto del proyecto.

Notas finales

Hemos querido sintetizar nuestra visión de la Encíclica “Sobre el Cuidado de la Casa Común”, a partir de nuestra experiencia en el campo ambiental y la realidad costarricense, como un humilde aporte a su conocimiento. Como una motivación a estudiarla y ponerla en práctica; como un agradecimiento a ese gran latinoamericano que desde el Vaticano nos ha venido sorprendiendo desde el primer instante en que fuere nombrado Obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica.

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* Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Dundee, Escocia, R.U., catedrático jubilado Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. Dirección electrónica frepaleon@gmail.com

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Referencias

http://www.news.va/es/news/laudato-si-texto-completo-de-la-enciclica-del-papa

http://contraperiodismomatrix.com/la-patetica-estafa-de-las-ongs-como-wwf-o-greenpeace-en-un-mundo-en-quiebra/

http://www.fanswrestling.com/wwe/wwe-fraude-financiero/

http://www.mitosyfraudes.org/INDICE/Cap12-WWF.pdf

https://prezi.com/cxea8pzodeii/privatizacion-del-agua/

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_social_de_la_Iglesia

https://myweb.rollins.edu/jsiry/ArtiEnvAssetAccts.html

http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/1992/06-01/

Las políticas de descarbonización y medioambientales son parte constitutiva de una buena gobernanza

Alberto Salom Echeverría

“Juré solemnemente que mi familia sería siempre lo primero y que la crisis climática sería la máxima prioridad en mi carrera profesional.”

“El ritmo de destrucción ha empeorado y la necesidad urgente de una respuesta se ha hecho aún más acuciante.” (Al Gore. “Una Verdad Incómoda. La crisis planetaria de calentamiento global y cómo afrontarla.” Barcelona, España. Gedisa editorial. Primera edición, 2007)

Unas palabras introductorias

En el año 2007, Albert Gore Jr., mejor conocido como Al Gore, se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Fue apenas seis años después de haber ejercido como vicepresidente de Los Estados Unidos, junto a Bill Clinton en calidad de presidente. El período de gobierno de ambos se había prolongado del año 1993 al 2001. La motivación esencial que tuvo el jurado que lo premió con el “Nobel” fue debida a su contribución a la reflexión y acción mundial contra el cambio climático.

En los ocho años que fungió como uno de los dos líderes del gobierno estadounidense Gore, entre otras tareas quedó sumergido en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, de un modo que, no lo había hecho nunca un dirigente gubernamental de ese nivel en el gobierno federal; ni hasta el momento lo ha repetido ninguno otro, incluyendo a Barak Obama, cuyos aportes y atestados en este campo fueron muy destacados también.

Se inmiscuyó tanto en la tarea, en gran parte auto encomendada, que logró obtener una visualización completa de la magnitud de la crisis climática en la que desde entonces se abatía la humanidad, a causa principalmente de la contaminación provocada por la quema de los hidrocarburos para mover la gran industria contemporánea. En la introducción al libro suyo que hemos citado, “Una Verdad Incómoda”, el exvicepresidente quiso dejar constancia de varios hechos extraordinariamente peligrosos, nos dijo:

1. Hay una verdad incómoda para la especie humana; aunque según la posición que se ocupe en la estructura productiva y social, cada sector posee diversos grados de responsabilidad. Es incómoda, porque como dijera el propio Al Gore: “…los humanos son la causa del calentamiento global actual y que, a menos que actuemos rápidamente, las consecuencias para nuestro hogar planetario podrían ser irreversibles.” (Cfr. Ibidem). Sí, las consecuencias catastróficas podrían ser irreversibles para el planeta en su conjunto y, desde luego para la vida, en todas sus manifestaciones en él; tengamos en cuenta que este aserto fue expresado hace ya 15 años. ¿Hemos logrado revertir el proceso de calentamiento global y sus consecuencias?

2. Los científicos, el mundo en su conjunto ha constatado con abundantes pruebas que, los ciclos de la naturaleza “están cambiando profundamente”; la evidencia la constatamos en carne propia tras los eventos extremos que están ocurriendo ya en la tierra, ya en el agua; también la encontramos en el hielo que se licúa y en la nieve que se derrite, durante las olas de calor y las sequías, en los ojos de los huracanes y en las lágrimas de los refugiados del mundo. (Cfr. Ibid.) En el otro extremo, se presentan, cada vez con mayor frecuencia, temperaturas extremadamente bajas (más allá de lo normal), que convierten extensas zonas del mundo habitadas, en regiones inhóspitas durante los inviernos. La situación es de emergencia planetaria nos espetó también Al Gore, desde aquellos distantes años. ¿hemos logrado revertir el cambio climático?

3. Desde el “Tratado de Kioto” en Japón, año 1997, (hace 25 años, remarco), los líderes mundiales se atrevieron a pasar de un mero diagnóstico del calentamiento global y sus causas, para bosquejar un “Tratado”, cuya meta principal consistió en ´controlar la contaminación que produce el calentamiento global´. ¿Es que acaso estamos tan siquiera cerca de haber alcanzado la meta o, por el contrario, aquellas causas generadoras del calentamiento del clima se han exacerbado?

4. Ahora nos enfrentamos con mayor agudeza que nunca, dijo también el exvicepresidente Gore, a la desaparición de especies enteras de animales y plantas derivado de la acción depredadora de los humanos sobre la Tierra. El fenómeno es equiparable con la extinción masiva de los dinosaurios de la faz de este planeta, se cree que provocado entonces por el impacto colosal de un ‘gigantesco asteroide’ contra el Planeta que habitamos. Es decir, hace 2.200 millones de años el cambio climático y el desastre ecológico provocado que, entre otros desastres acabó con la vida de los dinosaurios, se debió a un fenómeno natural; hoy, el impacto sobre el Planeta proviene de la acción humana que, ha provocado la contaminante carbonización de la economía en todo el mundo y amenaza con extinguir la vida en todas sus manifestaciones.

Las políticas públicas medioambientales y la ‘Gobernanza’

En artículos anteriores, nos hemos referido a lo insoslayable que resulta para cualquier país de la tierra hoy, impulsar una estrategia concertada, integral, y con perspectiva de mediano o largo plazo, para enfrentar los persistentes fenómenos de la desigualdad y la pobreza que tienen en ascuas y envilecida a una gran parte de la población mundial. Los mismos gobiernos donde esto ocurre, carecen de una verdadera ‘Gobernanza’, puesto que nada produce más inestabilidad política e inquietud social que la miseria y las brechas sociales, entre ellas las de género, las de carácter étnico que afectan a minorías discriminadas, así como las brechas digitales y tecnológicas en general entre las naciones y al interior de ellas. Esto, los científicos sociales y politólogos lo han constatado fehacientemente y los organismos internacionales más democráticos, como la CEPAL o el PNUD, lo tienen debidamente documentado. No hay ‘Gobernanza’, sin una atención constante y mediante políticas públicas eficaces y alianzas público-privadas que brinden atención a la desigualdad y la pobreza.

Del mismo modo, no podrá hablarse de ‘Gobernanza’, en el sentido que la hemos definido en estos ensayos, sin incorporar a este concepto, políticas públicas sistemáticas, constantes, participativas, evaluables y relativas a la protección medioambiental. La postergación de la adopción de políticas de desarrollo sostenibles y sustentables con el planeta, con la vida y los ecosistemas, que permitan revertir el calentamiento global y el cambio climático, no hacen sino aproximarnos como humanidad a peores catástrofes que las que hemos visto y padecido; ya que, nos están empobreciendo aun más a todos. Continuar postergando las soluciones, largamente recomendadas por la ciencia, para eliminar la carbonización y la contaminación ambiental es de una irresponsabilidad incomparable con nada. Las consecuencias de la contaminación producen secuelas acumulativas.

De ahí que, nadie, ninguna nación por pequeña e insignificante que parezca, con mayor razón las que son grandes y poderosas, tiene derecho a desentenderse de la contaminación y el calentamiento del clima que hemos provocado con el uso intensivo de los hidrocarburos y otros contaminantes. Fenómenos del clima que hace treinta o cuarenta años, permitían un margen de tiempo a los gobiernos para que pudiesen organizarse y enfrentar o incluso prever los eventos (al menos algunos de ellos) hoy los tenemos encima, golpeándonos continuamente y con efectos devastadores. ¿Quiénes son los más afectados? Como siempre las personas más sufrientes por carecer de recursos económicos, educativos y de salud de calidad; son aquellos mismos que se han visto privados también del acceso a la tecnología y despojados de los bienes inmateriales, pero muy reales de la cultura; en pocas palabras, no son otras que las poblaciones subalternas de la sociedad, las más vulnerables de la tierra. Como dijera Martin Luther King JR: “Estamos ante el hecho, mis amigos, de que el mañana es hoy.”

El tiempo se agotó, la temperatura promedio del planeta ya está 1,2 grados centígrados por encima del nivel promedio de la época preindustrial de mediados del siglo XIX. Nos encontramos preocupantemente cerca de alcanzar como promedio los 1.5 grados centígrados por encima del promedio de la era preindustrial. Límite establecido por los científicos, por encima del cual el clima comenzará a tornarse cada vez más inhóspito. Si no se logra detener el calentamiento de la atmósfera y llegamos a 2 grados centígrados (apenas 0,8 grados centígrados superior a lo que tenemos hoy), la vida se hará insostenible. Debe tenerse presente que, los últimos 8 años han sido los más caliente de la historia moderna de la humanidad.

Por estas razones, repito ahora una frase feliz que le acabo de escuchar al académico MSC. Fernando Mora: “El cambio climático es un tema no solo ambiental, es de desarrollo.” De lo anterior se desprende que, hoy la Gobernanza solo puede prevalecer en aquellos países cuyas políticas públicas estén encausadas a brindar verdadera participación en la toma de decisiones a la sociedad civil; aquellas que logren con eficacia y eficiencia encaminarse a abatir la desigualdad y la pobreza e incorporen al mismo tiempo, medidas apropiadas para descarbonizar la economía sustituyendo cada vez más el uso de hidrocarburos (combustibles fósiles), por energías limpias e introducir políticas ambientales adecuadas para coadyuvar a ralentizar el calentamiento de la atmósfera que hemos causado.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”

  • Anuncio del gobierno en Egipto es una gran mentira que los deja en evidencia

  • Exportaciones agroindustriales libres de deforestación son falsas soluciones al cambio climático

(Bloque Verde, 16/11/2022) La delegación de Costa Rica encabezada por el ministro de ambiente Franz Tattenbach busca engañar al planeta en medio de la COP27 sobre el clima en la ciudad de Sharm en Egipto. No existe evidencia de que en el país existan exportaciones agropecuarias “libres de deforestación” (1). En realidad todo lo contrario. Evidencia de más de dos décadas dan cuenta de que Costa Rica ha perdido 6.800 hectáreas de cobertura forestal en manos del agro-negocio de la piña.

Solamente entre el año 2015 y el 2019 se reportan la desaparición 1.234 hectáreas de bosques en manos de las empresas piñeras. Esto arroja el último estudio publicado por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) es una herramienta que registra con precisión satelital los cambios en el uso y cobertura de la tierra, y reporta los procesos de deforestación asociados a la dinámica agrícola en Costa Rica.

Esta misma herramienta satelital había reportado que entre el año 2000 y el 2015 estas compañías piñeras deforestaron de forma ilegal 5.566 hectáreas de áreas de protección en márgenes de ríos y humedales (2). Para el año 2016 el MOCUPP también alertó sobre la existencia de 1.112 hectáreas dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Precisamente para ese momento en el Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado se invadieron 614,26hectáreas; en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron 193,06 hectáreas; y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo se invadieron 304,6 hectáreas (3).

Por lo tanto si sumamos toda esta área deforesta durante casi veinte años, el monocultivo de la piña adeuda al menos 6.800 hectáreas deforestadas dentro de áreas protegidas. Por esta razón el anuncio del gobierno de Costa Rica en la COP27 no tiene ningún sentido y falta a la veracidad. Pretende crear mecanismos de financiamiento climático para el agro-negocio basado en mentiras, y se agrupan en una categoría más grande llamadas falsas soluciones al cambio climático.

Pretender usar el espacio de Costa Rica dentro de la COP27 para buscar beneficios a una industria contaminante como las empresas piñeras es muy poco ético por parte del gobierno. Se supone que la delegación gubernamental debe de velar por una aportar soluciones reales a la crisis climática. En cambio van a lavarle el negocio contaminante y deforestador de las empresas fruteras.

La agricultura industrial es la segunda actividad humana responsable de los Gases de Efecto Invernadero, que causan la crisis climática. Pero contradictoriamente el gobierno de Costa Rica impulsa el agronegocio y de paso maquillar la industriara que viola los derechos humanos y contamina el ambiente.

Esto se suma a la salida de Costa Rica de la Alianza para poner final a la exploración y explotación de combustibles fósiles (Beyond Oil and Gas Alliance) conocida como BOGA. Dejar los hidrocarburos bajo tierra si es una solución contra el cambio climático, deteniendo la exploración y explotación de petróleo y gas.

Estas dos medidas dejan muy clara la posición climática del Gobierno Chaves Robles. Una administración que apuesta por las falsas soluciones a manos de las grandes corporaciones y de espalda a las comunidades y ecosistemas que sufren el cambio climático.

Notas:

  1. Costa Rica presentó iniciativa sobre exportación de bienes agropecuarios producidos bajo esquemas de sostenibilidad https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/398-cop27-4?fbclid=IwAR0ER1_6YjjtD_n6TCBz4sWhEgsuR32P–QutuFgpmNJB0ha09dOfX04Pas
  2. Nuevas imágenes satelitales comprueban que piña se expande de forma descontrolada https://feconcr.com/agronegocios/nuevas-imagenes-satelitales-comprueban-que-pina-se-expande-de-forma-descontrolada/
  3. Expansión piñera invade zonas protegidas del país. https://feconcr.com/agronegocios/expansion-pinera-invade-zonas-protegidas-del-pais/

Agua en la COP27: sigue disputa entre negocios y derechos de los pueblos

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.

El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.

LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”

En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.

Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).

En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.

En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.

SIN AGUA Y MÁS POBRES

Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:

  • “2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.
  • Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua.
  • Más de la mitad de la población -4.200 millones de personas- carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
  • 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
  • El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua”.

Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.

En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).

Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.

Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.

En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.

NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA

Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índice NQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.

Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sin agua a pueblos enteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como Costa Rica, la agroindustria del monocultivo de piña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigados con tóxicos.

Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?

Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:

  • Excluir de cualquier línea de financiamiento la explotación de agua para la industria hidroeléctrica, pues mientras ésta no se reconozca como energía sucia y contaminante, la tercera parte de los ríos del planeta que quedan libres, podrán ser represados o drenados.
  • Garantizar que las industrias energéticas y agroindustriales sean controladas y del todo excluidas de territorios vulnerables, y que respeten los derechos de los ecosistemas, de la gente, del agua y de los ríos. Europa, por ejemplo, no deja de hablar de “compromisos” pero se está “re-carbonizando” y pospuso el cierre de minas de carbón de 2030 hasta 2049.
  • Impedir que se legisle, facilite y justifique la explotación del agua para cualquier negocio privado de uso productivo como los monocultivos extensivos, o el megaturístico de los llamados “polos” de desarrollo, que en muchos casos conllevan al establecimiento de enclaves de inversión externa, o bien privados nacionales.
  • Asegurar que el agua y los servicios sociales derivados de ella sean reconocidos y operados efectivamente como un derecho humano. Esto implica que los Gobiernos y la institucionalidad internacional controlen y limiten cualquier negocio local, nacional o global, que no cumpla este requisito.
  • Es impostergable que el agua sea distribuida con equidad, solidaridad y entregada sin costo a la gente más pobre que no pueda pagarla. Todas las vías de privatización son peligrosas, pero en este momento merece cuidado especial la transacción de “futuros del agua”, se si bien se localiza geográficamente, es un negocio global que amenaza la totalidad de fuentes de agua del planeta.
  • Los usos prioritarios del agua deben iniciar con la protección de los ecosistemas, seguida del consumo humano, la producción para la seguridad alimentaria y otros usos de carácter colectivo y solidario.
  • Una urgencia prioritaria en todo el mundo es iniciar la eliminación del negocio del agua embotellada que no es más que una estafa que ha servido para privatizarla, y es, además, un foco de conflictos en los que los pueblos y los ecosistemas generalmente pierden ante los gobiernos y las empresas privadas.

Asociación de Empleados se opone a idea de eliminar al SENARA

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Comité Ejecutivo de ASES acordó la elaboración de una circular en la cual se expongan los criterios por los cuales rechazamos la iniciativa de desaparecer al Senara.

Son momentos en que todos, indistintamente, estén asociados o no, y nos manifestemos en contra de las acciones gubernamentales que atentan contra la institucionalidad costarricense. Hay que unirse en una sola voz por Costa Rica.

Ante la rápida circulación y consulta de 4 horas para dar respuesta o emitir criterios con respecto ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector *agropecuario, pesquero y rural nuestra organización desea dejar manifiesto el total desacuerdo a dicha iniciativa, más aún tomando en cuenta que el artículo 20., PRETENDE Modificaciones de la Ley No 6877 ¨Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) ¨.

Se modifican los artículos 1,2, 3 incisos a), b), f) y k), 4, 7, 12, 16, 17 y 18 de la Ley N° 6877 Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) de 18 de julio de 1983 y sus reformas, para que en adelante dispongan:

 “Artículo 1-. Créase la Dirección de Riego y Avenamiento en adelante (DIRA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería.”

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la DIRA:

  1. a) Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego y avenamiento.

“Artículo 3.- Son funciones de la DIRA:

  1. a) Proponer y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego.
  2. b) Desarrollar y administrar los distritos de riego y avenamiento

(…)

  1. f) Adquirir conforme con lo establecido en la Ley 9286, de 11 de noviembre de 2014, bienes y derechos necesarios para establecer, integrar o modificar las áreas de distribución de riego y asentamiento de manera que a una justa distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua.

(…)

  1. k) Orientar, promover y ejecutar programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el riego y drenaje en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza superior.

“Artículo 4.- Corresponderá a la DIRA promover la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes, en las siguientes actividades:

  1. a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país.
  2. b) Diseño, construcción y mantenimiento de las obras de riego y avenamiento.
  3. c) Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego.
  4. ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de su aprovechamiento en los distritos de riego.
  5. d) Elaboración y mantenimiento de los registros actualizados de concesionarios de aguas en los distritos de riego.
  6. e) Aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos en los distritos de riego.
  7. f) Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los mantos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

Desde la perspectiva institucional la propuesta de creación de la DIRA viene a representar un retroceso y desatención de los principios que sustentan la creación del SENARA.

Si bien es cierto hay aspectos de la propuesta que hoy no atiende el SENARA, estos pueden potenciar y ampliar su ámbito de acción, por lo que más bien podrían ser incluidos dentro de la ley de SENARA y de esta manera brindar un mejor servicio a la sociedad.

Dadas las condiciones actuales asociadas a cambio climático (requerimientos de riego, drenaje, control de inundaciones y gestión de recurso hídrico) lo ideal es fortalecer la institución con propuestas tecnológicas, financieras, técnicas, recurso humano y ampliación de la capacidad instalada.

La creación de la DIRA viene a separar y desconcentrar el accionar del país en los temas que atiende la institución y no garantiza un crecimiento en cuanto personal para atender la alta demanda de servicios que se tiene.

La condición del SENARA como entidad autónoma le ha permitido generar una rica experiencia en aspectos técnicos y legales, de alta eficiencia en los procesos de licitación y contratación de obra pública, que se puede perder. Situación que redundaría en amplios, extensos y tediosos procesos con la figura de la DIRA, al depender de la Proveeduría Nacional y la figura del ministro para desarrollarlos. Esta situación estaría en contra de las políticas de estado en temas de eficiencia, atención al cambio climático, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y otros.

Deben tomarse en cuenta los pronunciamientos de la sala IV en relación con los criterios del SENARA relacionados con la gestión del recurso hídrico. Lo establecido en la propuesta más bien debe ser considerado para ampliar y fortalecer los alcances y servicios institucionales para la atención y propuestas de soluciones a los problemas que se presentan en carreteras, zonas de alta vulnerabilidad y riesgo.

La cobertura de acciones que el SENARA realiza a nivel comunal y municipal parece ser desconocida en la propuesta, lo cual representa un riesgo para la defensa de la población en los temas asociados a la gestión del recurso hídrico.

Durante los últimos 20 años la institución ha asumido un papel importante en la solución de problemas asociados al control de inundaciones. Ha propuesto e implementado procedimientos que han dado resultados positivos, lo cual ha sido bien visto por la CNE y las comunidades beneficiadas. De ahí el nombramiento constante del SENARA como unidad ejecutora.

Si bien es cierto que también existe la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, parece que su alcance es mucho más limitado que el de SENARA. Se requieren propuestas que permitan constituir en el SENARA la unidad de control de inundaciones y de esta forma, concentrar a nivel país todo el accionar asociado a esa temática.

El tema de control de inundaciones no se resuelve pasando a la CNE el personal calificado con la experiencia generada en el SENARA. Cada vez es más evidente la necesidad que tiene el país de una entidad que atienda al 100% este tema y el SENARA tiene el potencial para hacerlo.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

El desmembramiento del Senara, institución de gran vigencia y relevancia en la actualidad por generar adaptación al cambio climático en un sector muy vulnerable, constituye un riesgo para la población al ser desatendidas las competencias institucionales y desprotegiendo los recursos hídricos.

El Senara tiene más de 40 años de experiencia en elaboración de estudios hidrogeológicos, investigación y caracterización de acuíferos y su relación con las aguas superficiales, con el objetivo fundamental de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

Por otra parte, SENARA ha elaborado los Planes de Aprovechamiento Sostenible (PAS), planes cantonales de gestión del recurso hídrico y apoyo a la gestión de líderes cantonales en el manejo y acceso a la información para la sustentabilidad acuífero ambiental que procure el desarrollo de actividades sociales y económicas para paliar los efectos de la pobreza en el país.

Los productos y servicios que genera el SENARA, son vitales y trascendentales para garantizar el derecho humano al acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad y a un ambiente ecológicamente sostenible, principios fundamentales de todo el articulado y regulación ambiental de Costa Rica, esto no sería posible sin el arduo trabajo de investigación y gestión sostenible del recurso hídrico que realiza Senara, que por el cual se cuenta con importantes avances en estos temas, apuntando e incidiendo de forma directa y puntual en estrategias como el cumplimiento de los ODS, compromisos adquirido por Estado, e incorporando la Seguridad Hídrica para que todo costarricense cuente con el acceso a este recurso y por ende existan mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo e inversión en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, se identifican graves falencias y omisiones en la redacción de la propuesta:

El Transitorio V desconoce o subestima que el personal especializado en Control de Inundaciones es el mismo que está especializado en riego y avenamiento, ya que el personal humano de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, encargados de la ejecución de estas competencias, es el mismo.

No se hace un planteamiento claro y contundente, en el texto del proyecto de Ley, acerca del traslado o no del personal institucional, así como sus recursos materiales. El tema del personal solo se menciona en el Transitorio V y con referencia a personal técnico especializado.

El proyecto de ley no hace mención, en ninguno de sus artículos, al destino de las competencias y el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Así también se desconoce la posición con respecto a todo el material documental y toda la información resguardada y producida por esta Dirección, la cual ha sido costeada con recursos públicos y ha costado millones al país.

El Artículo 16 hace mención del pago de una tarifa por parte de los productores que se encuentren dentro de los distritos de riego y avenamiento y la cual sería estimada por el SNE, el Servicio Nacional de Electricidad estuvo activa entre 1928 y 1996.

Estos comentarios son para visibilizar la ligereza y falta de información a la hora de su redacción, además de la falta de respeto y del poco dimensionamiento de su importancia al conceder tan poco tiempo a la institución para manifestarse. Dicha consulta se emitió el día miércoles 12 de octubre de 2022, fuera del horario institucional, y se concedió tiempo hasta las 11.30 de la mañana de hoy, lo que pone, más en evidencia, la improvisación de este proyecto de Ley el cual ya fue firmado por el presidente y el ministro para su ingreso a la corriente legislativa.

Siendo así las cosas, ASES rechaza de manera contundente este proyecto de Ley y hace un llamado a todos los funcionarios del Senara, sindicalizados o no, para unir fuerzas en defensa de la institucionalidad. Dejemos de vivir ya de este oscurantismo en el manejo de la información pública.

Oscar Centeno Viales.
Secretario General

Asociación de Empleados del SENARA (ASES)

El Acuerdo de Escazú; Una oportunidad de mirar hacia el mar

Silenny Calderón-Montero, Bióloga Marina1
silenny1111@gmail.com

1Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional, Costa Rica

El 2022 suma otro año en la lucha para amortiguar el cambio climático y sus efectos, los acuerdos y rutas de acción son firmados por las grandes naciones que se codean con la esperanza de detener el reloj climático. La urgencia por un actuar humano tipo “cardumen o colmena” para referirnos a la acción conjunta se ve reflejada en los objetivos y metas ambientales que se plantean en los diversos textos. Lo que ratifica un pensamiento integral, utilizado plenamente en la naturaleza, cada persona u organismo tiene un rol social que es necesario para el funcionamiento del engranaje natural de la vida en este planeta.

Nos recuerda el hecho de que en la naturaleza los procesos son armónicamente dependientes unos de los otros y cíclicamente todas las piezas participan. Es el caso de los peces que se agrupan de forma perfectamente coordinada y sintónica, como si fuese una sola mente abstracta y común de gigantescas proporciones. Lo mismo ocurre en la organización biológica que mantienen las abejas, al conformar estructuras ordenadas que no surgen de posiciones azarosas de sus miembros, sino que cada uno conoce y ocupa el lugar preciso.

Los objetivos establecidos en el Acuerdo de Escazú fungen como pilares para la construcción de una Costa Rica más azul, a la vez que, funcionan como eslabones de una cadena que impulsa un desarrollo más sostenible; el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental. (Bárcena et al., 2021). Donde un objetivo es dependiente del otro.

Si la población no está informada, es porque la información no ha sido divulgada o distribuida de manera eficaz, y es probable que ni siquiera haya llegado a la ciudadanía. por lo que no va haber suficiente participación en la toma de decisiones y la población no será representada correctamente. “No se puede querer o proteger algo que no se conoce, con lo que una no se siente identificada”. Al no contar con la participación ciudadana es más fácil que sea transgredida la justicia ambiental, en especial sí hablamos de países sometidos a la corrupción. En contraste con lo que podría esperarse al defender los derechos ambientales abrigados por una alta participación de la ciudadanía.

Aspectos como la gestión de los recursos marinos, la falta de datos, el ordenamiento pesquero, el manejo de las pesquerías, la situación socioeconómica de los y las pescadoras y sus hogares son temas de importancia que aún no se han abordado con la seriedad del caso en nuestro país. El acceso a la información científica es limitada y se desconocen cuáles son las plataformas o puntos de acceso para la población en general. Aún en la comunidad científica muchas veces hay que pagar ciertos costos para poder tener acceso a información veraz y de fuentes confiables que estén relacionadas con nuestra región. Lo anterior hace referencia a una problemática muy actual: la desinformación, que lamentablemente termina en la mala toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos naturales por parte de los gobiernos.

Un claro ejemplo es la pesca de arrastre. Actividad extractivista que los gobiernos insisten en reactivar, vinculado a los intereses personales de unos pocos, y escudándose en la falta de estudios actuales para el área, pero, sin  tomar en cuenta los registros de información existentes desde hace décadas por investigadores que como Blanco, (2007) consideran que toda la población de camarones se encuentra sobreexplotada desde 1976 y que debe cesar por completo la actividad de pesca de arrastre en el Golfo de Nicoya, no solo por la inexistencia del camarón, sino por el daño que causa sobre la fauna de acompañamiento (FACA) y el fondo marino durante su extracción. Se ha fallado en dar alternativas laborales o de sustento a todas aquellas personas que se dedicaban a esta actividad, y que actualmente se encuentran sin trabajo o con subsidios simbólicos, desmejorando evidentemente su situación y la del cantón de Puntarenas (Murillo, 2018 citado en Obando Campos, 2021).

Otro caso es la pesca de atún. Nuestro recurso marino es prácticamente regalado a embarcaciones de bandera extranjera y vendido a precios desorbitares en los mercados internacionales. Mientras, son intangibles los supuestos beneficios para el estado costarricense, nuestros(as) pescadores(as) viven en medio de la pobreza y el abandono a la espera de políticas ambientales que permitan el desarrollo sostenible de nuestras propias flotas pesqueras.

Ya no hay peces en el mar para que nuestra flota artesanal pueda vender a un buen precio. Los buques pesqueros han arrasado con el recurso disponible y tampoco han dejado a los peces jóvenes para que puedan reproducirse dándole continuidad a la población. Es por eso, que los y las pescadoras deben adentrarse cada vez más en mar abierto para traer el sustento a sus hogares, sus pequeños motores no podrán jamás compararse con las gigantescas embarcaciones de exportación atunero, ni a las redes de kilómetros que utilizan para su faena. El país ni siquiera cuenta con embarcaciones de éstas dimensiones, tampoco con la infraestructura necesaria abastecer la industria como muelles, puertos, centros de acopio o recibidores.

Así mismo, el estado se ha empeñado por mantener vigente y sin modificación la legislación que administra el único recurso marino nacional de potencial económico significativo, el recurso atunero (Pacheco, 2005). En 2002, Incopesca otorgó 54 licencias, por lo que se estima que pudieron haberse pescado cerca de 108.000 toneladas de atún, con un valor superior a 60.000 millones de colones, de los cuales se recaudó apenas 193 millones de colones. De esas 54 licencias, el 50 por ciento se otorgaron gratis, sin pago alguno, gracias a los «incentivos» que forman parte de la Ley de pesca; que permite a los barcos extranjeros registrados en Costa Rica vender al menos 300 toneladas de atún a empresas enlatadoras o procesadoras instaladas en el país a cambio de ese permiso, sin embargo, en el año 2000, diez de este tipo de descargas fueron hechas por barcos que no habían solicitado siquiera licencias para pescar el atún tico (Pacheco, 2005).

Ni Incopesca, ni nadie tiene la posibilidad de determinar cuánto atún se pesca, dónde se ha pescado y en qué sitio se ha descargado, incluyendo alta mar. Es Imposible conocer exactamente hasta dónde llega ese incomprensible «incentivo», o según el interés nacional, hasta qué niveles se estará sobreexplotando el recurso atunero (Pacheco, 2005). Según la ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436 en el Artículo 51, del producto que se obtenga por los cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como de las multas y los comisos generados por la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le corresponderá:

  1. a) 25% a la Universidad de Costa Rica (UCR), para financiar el funcionamiento, la docencia, la acción social y la investigación del Centro Regional Universitario con sede en Puntarenas.
  2. b) 25% a la Universidad Nacional (UNA), para financiar el funcionamiento de la carrera de Biología Marina de su Escuela de Ciencias Biológicas, cuya sede es en Puntarenas; también para el establecimiento, el desarrollo y la protección de un sistema de reservas científicas, marinas y terrestres en el Golfo de Nicoya y las zonas adyacentes.

Todo lo anterior deja al descubierto que a quienes se está «incentivando» es más bien a las transnacionales pesqueras vinculadas a plantas procesadoras instaladas en otros países, beneficiarias directas del pésimo manejo de los recursos naturales costarricenses. Perjudicando a su vez, a sectores claves como la educación, investigación, la organización y la protección ambiental. Sin mencionar aspectos como la vulnerabilidad social de los sectores costeros dependientes de los recursos marinos, y la falta de transparencia por parte de las instituciones y ministerios públicos.

Ya que, es ante la complicidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (encargados de velar por que se cumplan los lineamientos del transporte marítimo, y quienes regulan los cánones a cobrar por licencias de pesca y su registro, basados en el cálculo de la capacidad de acarreo real en toneladas) que los atuneros obtienen sus registros anuales reduciendo ”mágicamente” su capacidad real, y claramente, pagando menos por tonelada de registro anual. (Pacheco, 2005).

Ejemplo de ello; el buque Pamela Ann, con bandera de Nicaragua, al que se le cobra por un tonelaje de 420 ton, pero que logró descargar de una sola vez 914 ton. Así mismo, El buque Capt. Joe George de Panamá, es capaz de reportar 420 toneladas de registro y descargar, de una sola vez, 991 toneladas; el Tuna, también de Panamá, se registra con una capacidad neta de 409 y descarga 1.329 ton; al Taurus I, de Venezuela, se le cobra cual si fuera de 441 toneladas, permitiéndosele multiplicar su capacidad al descargar 1.053 toneladas. Y así por el estilo con todos los demás grandes extractores. (Pacheco, 2005).

A paso lento se investigan mejores técnicas que puedan beneficiar nuestras flotillas pesqueras. Un mejor aprovechamiento de los recursos, la reconversión hacia artes de pesca más selectivas y amigables con el medio, el ordenamiento espacial marino y la generación de datos son pasos importantes hacia la protección. Tal como la adopción de la técnica de Greenstick, para la pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) aplicada por USA, y en la cual se realizan hasta ahora las primeras investigaciones por parte de Incopesca con miras al ordenamiento espacial atunero (decreto N.º 38681-MAG-MINAE, (Alpízar et al., 2019).

Ante la generación de información de carácter ambiental, los costos por estudios y la falta de ellos a pesar del gran territorio protegido y nuestra enorme diversidad por m2, se vuelve vital la creación de fondos e incentivos por parte del gobierno para la realización de estudios y la generación de información de peso académico, así como su posterior transferencia tecnológica a través de la divulgación de los resultados y experiencias obtenidas.

Otro ejemplo relacionado con la importancia de la generación de datos biológicos se ve reflejado en la población de cocodrilos americanos (Cocodrilo acutus) y la administración que se le podría dar. Pues existe un conflicto que inicia cuando ambas especies (humano-cocodrilo) hacen uso del mismo hábitat para vivir. Pérdidas económicas como la muerte de animales domésticos, sociales como playas que no pueden ser utilizadas por el ser humano debido a la presencia de cocodrilos y un cambio a nivel cultural de las personas que perciben a la especie como una competencia o amenaza son solo algunas de las consecuencias que acarrea la falta de información con respecto a un tema de índole ambiental (Hernández-Jiménez, 2013 citado en Chavarría, 2020).

Algunas actividades como la pesca, el turismo y recreación, además, de establecimientos humanos en las orillas de los ríos, donde hay presencia de cocodrilos, aumentan las probabilidades de que se produzca un ataque al ser humano, dado que el reptil defenderá su territorio, o buscará alimento fácil que brindan los turistas y que ha sido asociado por parte de este animal con la presencia del ser humano (Valdelomar et al., 2012 citado en Chavarría, 2020). La caracterización del hábitat del C. acutus en el Pacífico Central es importante, ya que va a generar información sobre los sitios que más suelen utilizar los cocodrilos de acuerdo a sus requerimientos alimentarios, reproductivos y los sitios de descanso, presentes en el hábitat potencial para esta especie (Hernández-Hurtado et al., 2011 citado en Chavarría, 2020).

Al determinar el estado de las diferentes poblaciones y su proporción de sexos se podría generar un nuevo mercado económico basado en la explotación sustentable y el manejo de las poblaciones de cocodrilo en cautiverio, como es el caso de México específicamente en Chiapas, Sinaloa y Tabasco (Ross, 2011) donde existen granjas que cultivan especímenes para su aprovechamiento comercial de la mano de investigaciones que aseguran la continuidad saludable de la especie silvestre y con un enfoque interdisciplinario sobre el cual debería basarse la conservación de estos reptiles.

Costa Rica es una excelente plataforma para la propulsión tecnológica y económica a nivel ambiental. Si se educa a la población local acerca de la riqueza natural que posee es probable que los diferentes objetivos planteados para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cambio climático, como el Acuerdo de Escazú, sean más fáciles de cumplir. Ya que todos tenemos derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

En el campo de acuicultura también hemos ido desarrollando alternativas a la sobreexplotación de los mares, mediante la implementación de tecnologías limpias que van de la mano con la generación de información biológica. Concretamente en la producción de juveniles de peces de Pargo mancha (Lutjanus guttatus) para su cultivo en granjas marinas por MARTEC, una empresa de mano inversora extranjera, gracias al desarrollo tecnológico que fue gestado por la Universidad Nacional (UNA) y el Parque Marino del Pacifico en acción conjunta.

Lo mismo ocurre con las primeras granjas ostrícolas del país, ubicadas en el Golfo de Nicoya. Donde los y las pobladoras se ven beneficiadas por la generación de estudios y el desarrollo tecnológico en el cultivo y producción de semillas de ostra (Crassostrea gigas) por parte de dos laboratorios de producción marina que forman parte de la UNA en Puntarenas. Y que es cultivada en aguas del Golfo por asociaciones de desarrollo que fomentan el crecimiento de la economía local a partir de la creación y fortalecimiento de las capacidades y cooperaciones interinstitucionales (Quesada et al., 2019).

Finalmente, y en otro orden de ideas, siendo costa rica un país “verde” debería ser fácil el acceso a la denuncia ambiental. Sin embargo esto no es del todo cierto, partiendo del hecho de que la naturaleza nos pertenece a todas y todos, y que tenemos derecho a desenvolvernos en un ambiente sano y a la prevención de su deterioro, la mayoría de las veces las personas  que se ven expuestas a contaminación o injusticias ambientales son aquellas más vulnerables, con baja escolaridad y poca solvencia económica, por lo que no pueden acceder a información, leyes o abogados con facilidad para exigir las reparaciones ambientales que les corresponden por derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Constitución Política Costarricense).

En conclusión, la participación ciudadana y la toma de decisiones, no puede darse desligada al acceso de la información o a la justicia ambiental. Para propiciar una verdadera revolución azul hace falta nuestra integración social como “un todo”. El verdadero desarrollo que soñamos para nuestra Costa Rica empieza por exigir que el eje conductor de nuestras políticas y decisiones sea el aprovechamiento de la abundancia y la riqueza natural de manera sostenible y con buenas prácticas. Así mismo, el Estado debe garantizar la educación ambiental como un pilar en la transformación académica, así como brindar soluciones a personas que dependen de los recursos naturales frágiles como la pesca. Se deben fomentar alternativas económicas que reflejen los esfuerzos realizados durante años en materia ambiental, y en definitiva se requiere con urgencia de la ratificación de tratados y acuerdos como el de Escazú, que buscan la participación ciudadana para el fortalecimiento integral de la protección del medio ambiente.

Referencias BIBLIOGRAFICAS

Bárcena, A., Torres, V., Muñoz, L. (2021). El acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Editorial Universidad del Rosario.

Alpízar, B. M., Alfaro-Rodríguez, J., Rojas, M. G., López, E. A., Ramírez, J. V., Quirós, J. A., … & Pesquero, N. N. (2019). INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN.

Chavarría T, R. (2020). Hábitat potencial y uso de hábitat del cocodrilo americano (Cocodrilo acutus) y su relación con la vulnerabilidad de cinco poblados del Pacífico Central de Costa Rica ante posibles incidentes humano-cocodrilos. Proyecto de graduación presentado como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad Nacional, Costa Rica.

Constitución POLITICA de LA REPUBLICA DE COSTA RICA. (1941). Capitulo único. Artículo 50. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Disponible en;

http://www.asamblea.go.cr/ca/docs_relevantes/constitucion_pol%C3%ADtica_historico_reformas.pdf

Ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Sistema Costarricense de información jurídica (SCIJ). Disponible en:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54688

Pacheco, F. (2005). ¿Nueva Ley de Pesca? Revista Ambientico, 139, 10-12.

Quesada-Céspedes, R., Arias-Valverde, S., Pacheco-Urpí, O., Zúñiga-Calero, G., Pacheco-Prieto, O., Vega-Bolaños, H., Calvo-Vargas, E. & Berrocal-Artavia, K. (2019). Retos de la acuicultura marina litoral: Caso cultivo de ostras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. En Y. Morales-López (Ed.), Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, Costa Rica, 2019 (e212, pp. 1-9). Heredia: Universidad Nacional.

Obando Campos, A. A. (2021). ¿Qué pasó luego de la paralización de la pesca de arrastre? Transformaciones en los medios de vida de los pescadores artesanales y semi industriales a partir de las políticas marino pesqueras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Tesis de maestría en Investigación en Estudios Socioambientales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Ross, J. P. (2011). Conservación y gestión de los cocodrilianos en México. Quehacer Científico en Chiapas1(11), 7-11.

Tabash Blanco, F. A. (2007). Explotación de la pesquería de arrastre de camarón durante el período 1991-1999 en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 55(1), 207-218.

 

Imagen ilustrativa.

De la protesta a la propuesta: en el marco de la Cumbre Climática de la Juventud de Latinoamérica

Más de 300 activistas de América del Sur y el Caribe se reunieron en Cartago y elaboraron 10 propuestas para los gobiernos nacionales y otras 10 propuestas para los grandes emisores de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) a realizarse en noviembre. 

Estas 10 propuestas tuvieron como antecedente tres días de Cumbre Climática de la Juventud Latinoamericana en Cartago, donde se dio la participación de más de 300 activistas y cientos de organizaciones de 18 países con el fin de tejer alianzas y unir regionalmente demandas. 

Como parte de estos activistas, se encuentran los dos jóvenes de Inti Watana Bolivia, Andrea Salazar y Sergio Romero quienes recordaron la importancia de la defensa de la Madre Tierra, de los saberes y la espiritualidad. Asimismo, en el marco de la coyuntura que se vive, recordaron el valor que se debe dar a los recursos que aún quedan en la sociedad, Andrea y Sergio agregaron que aún hay espacios de esperanza y del buen vivir que se deben de aprovechar como jóvenes y futura generación del planeta. 

Asimismo, en el marco de la Cumbre Climática de la Juventud Latinoamericana se pudieron rescatar conclusiones que son la iniciativa de un gran trabajo que todavía queda por delante.

La juventud despierta y alerta que se reconoce como parte de la #Regeneración. No sólo sale a las calles a marchar y visibilizar injusticias, sino que toma cartas en el asunto y lidera iniciativas de impacto. La juventud está dispuesta a encontrar una nueva forma de habitar el mundo que coloque a los derechos humanos como brújula de la evolución humana. Se sabe que es mandamiento regenerar el vínculo entre seres humanos – naturaleza, la vida, el sustento y el hogar. 

Asimismo, la juventud reconoce que el poder de acción se encuentra limitado y urge el compromiso de los gobiernos nacionales y los grandes emisores para que la humanidad se encuentre a la altura de las múltiples crisis que se manifiestan. Se espera que el documento que contiene las reflexiones, voces, contextos, protestas y propuestas de cientos de líderes activistas de la región tome el alcance y la fuerza para el que fue realizado.

Compartido con SURCOS por Édison Valverde Araya de Buen Vivir Costa Rica.

Mensaje del colectivo COVIRENA Caribe Sur al diputado Yonder Salas

El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.

De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región. 

Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.

A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.  

En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.

Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.

Mensaje de Covirena Caribe Sur al diputado Yonder Salas por su definición de terrorista

Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:

“Estimado señor 

Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.

El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).

A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.

Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´

La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos. 

El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años. 

Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.

Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.

Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)

Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc. 

¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas? 

¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?

Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana” 

Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente: 

“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:

Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.

No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.

O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.

Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.

Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.

En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”

Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:

“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.

Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:

Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.   

Fuente: texto del Acuerdo de Escazú: 

El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile. 

Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:

En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.

¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”