El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.
De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región.
Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.
A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.
En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.
Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.
