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Etiqueta: caso Aldesa

Caso Aldesa y Caso Coopeservidores, la misma ineficiencia de las Superintendencias

En el programa Desde la Otra Acera de la APSE se contó con la participación de Flora Fernández Amón quién es una empresaria y también una de las afectadas por el Caso Aldesa.

Se señala que el Caso Aldesa y Coopeservidores parecen ser gemelos, llegan tarde y no dan ni una sola alerta. De existir esas alertas ante entidades anómalas se evitaría que existieran tantas personas invirtiendo en ellas. Se realizan críticas del actuar de las superintendencias correspondientes de que se excusan en que la ley no faculta para regular de una manera más eficiente, sin embargo, tampoco se buscan hacer actualizaciones a estas leyes.

El sistema financiero en Costa Rica no puede estar bien regulado cuando existen casos de puertas giratorias o núcleos de protección. en donde, personas como Rocío Aguilar pasa de Aldesa y luego se le nombra Ministra de Hacienda y Superintendente. Esto, considera la invitada, obedece a que son incompetentes pero son protegidos para estar en esos cargos.

Lamentablemente los ciudadanos están muy solos, no hay entidades que defiendan a la gente. Los temas de depresión por parte de adultos mayores que pierden todo el dinero es algo muy frecuente y preocupante. Se habla del impacto generado al sistema financiero pero no se habla de la afectación a las personas de carne y hueso; por ejemplo, la semana pasada se murió el afectado número 101 del caso Aldesa, en cinco años.

Se invita a ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/y47nRhZTSkTADWch/?mibextid=0VwfS7

ANEP denuncia ante la Fiscalía de Probidad a Rocío Aguilar Montoya y solicita la separación cautelar de sus cargos

En una declaración de la ANEP se informa que se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Probidad y Transparencia del Ministerio Público la suspensión de Rocío Aguilar Montoya de sus cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y además, de su cargo en el  Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Esto, debido a su implicación en varias controversias financieras de alto perfil.

Se destaca en la declaración la preocupación por las acciones de Aguilar Montoya en casos sensibles como el de Aldesa, los rendimientos del ROP transferidos al exterior, y más recientemente, los problemas relacionados con Coopeservidores. Estas situaciones, según se indica, ponen en riesgo la confianza pública en el sistema financiero, afectando directamente a pequeños ahorradores, trabajadores pensionados y empleados del sector público.

La declaración enfatiza la gravedad de las acusaciones contra Aguilar Montoya y su impacto potencialmente perjudicial en la estabilidad y credibilidad del sistema financiero nacional. Se invita a la comunidad a estar atenta para más detalles sobre la denuncia; se solicita también expresiones de apoyo en este proceso.

Esta petición de suspensión refleja un movimiento significativo necesario por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para abordar presuntas irregularidades dentro del sistema financiero. Se subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y privados.

Víctimas del Caso Aldesa claman por justicia ante el fiscal general de Costa Rica

La carta dirigida a Carlo I. Díaz Sánchez, Fiscal General de la República de Costa Rica, el 8 de marzo de 2024, por parte de víctimas del caso Aldesa, recalca que son cinco años desde que Aldesa anunció que dejaría de pagar los intereses a los ahorros y prometió reanudar los pagos en tres años, lo cual no ocurrió. 

En la carta, los firmantes expresan su descontento ante la falta de acción en el caso, y comentan que se manifiestan el 8 de marzo ante el Ministerio Público, en representación de muchas víctimas del Caso Aldesa, entre ellas muchas que por su estado de salud y edad no pueden unirse y también por quienes fallecieron esperando justicia.

Se presentan con dos mantas que resumen el reclamo y señalan que este caso específico ha sido tratado con inacción, lo cual genera una sensación de impunidad, que ha propiciado sucesivos fraudes similares en especial después del caso Aldesa.

A finales del pasado mes de octubre del año anterior, el señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, recibió a los representantes y escuchó sus inquietudes, expresando su deseo de que el caso no prescriba. Sin embargo, dejó claro que, al estar judicializado, tenía limitaciones en cuanto a las acciones que podía emprender. A pesar de esto, permitió a los representantes hacer divulgación a nivel nacional sobre la preocupación por la prescripción y la falta de justicia.

En esa misma ocasión, los firmantes sostienen que don Carlo Díaz, aseguró tener un cronograma y transmitió la tranquilidad de que no debían temer que algo así sucediera. Sin embargo, el Fiscal Christopher Moreno Chaves tardó un mes adicional en presentar la acusación, y han transcurrido más de tres meses desde entonces sin que se observe un progreso significativo en el caso.

Desde la indagatoria de Javier Chaves Bolaños el 7 de junio de 2019, principal responsable del caso, han transcurrido cinco años, marcando el inicio del conteo hacia la prescripción del caso. La preocupación por esta prescripción es palpable hoy, dado el lento progreso del caso y la cercanía de la fecha límite, con tan solo 60 días hábiles restantes (excluyendo feriados, Semana Santa y fines de semana).

La convocatoria de audiencia preliminar por parte del juez con un plazo prolongado genera aún más inquietud, ya que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 90 años, y existe el temor de que fallezcan sin ver justicia.

La situación económica de los afectados es desesperada. Desde que fueron despojados de sus ahorros, hace ya cinco años, muchos adultos mayores han fallecido en una situación económicamente vulnerable tras años de trabajo y sacrificio.

Muchos de los afectados han perdido las necesidades que antes disfrutaban, como el acceso a medicina privada y terapeutas para prevenir úlceras por presión debido a la postración prolongada en camas mientras. Muchos se han visto obligados a vivir con familiares y vender sus posesiones, como vehículos y muebles, para comprar medicamentos o simplemente para comer. La situación es tan grave que algunos, siendo adultos mayores, se han visto obligados a trabajar nuevamente, ya sea dando clases en sus hogares, haciendo teletrabajo o realizando trabajos ocasionales a cambio de un pequeño ingreso.

Ante la falta de respuesta por parte del Poder Judicial, los afectados se preguntan qué les queda. Temen resignarse a que la justicia no sea cumplida, pues consideran que si no se cumple, no es justicia, y creen que eso ya ha sucedido en este caso. Además, si el caso queda impune y no logran recuperar ni un céntimo de lo perdido, la pena será aún mayor, especialmente al constatar que los activos de Aldesa son insuficientes para cubrir las enormes deudas que mantienen.

Si el caso no es elevado al juez penal de manera inmediata y si la convocatoria de audiencia se programa para dentro de un período excesivamente largo, ya sea en seis meses o incluso años, muchos de los afectados habrán fallecido y no podrán presenciar el cumplimiento de la justicia que tanto han clamado.

Los afectados expresan su esperanza de no perturbar la tranquilidad del destinatario, pero señalan que la suya propia está destrozada. Sin otro particular, se despiden atenta y cordialmente.

Dicha carta reúne las firmas en el momento de entregar la carta con las personas afectadas que lleguen a la manifestación. 

Para acceder a la carta oficial, dirigirse al documento adjunto. 

Carta abierta a Telenoticias: Demandas de cobertura y llamado a manifestación sobre el caso Aldesa

En una carta dirigida a Ignacio Santos Pasamontes, Director de Telenoticias, se aborda la insatisfacción y la necesidad de una cobertura más profunda sobre el caso de Aldesa, una situación que ha afectado gravemente a numerosos ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, quienes se sienten abandonados por las autoridades y la falta de atención mediática adecuada.

En la edición del sábado 24 de febrero, Telenoticias abordó el caso de Aldesa de manera superficial, dejando mucho que desear en términos de justicia informativa. Las víctimas, la mayoría de ellas personas mayores, quedaron decepcionadas por la falta de profundidad en el análisis y la ausencia de un enfoque investigativo sólido.

El viernes 8 de marzo marca el quinto aniversario desde que los afectados fueron despojados de sus ahorros y de los intereses que les permitían subsistir. A pesar de las promesas incumplidas de Aldesa, hasta la fecha no se ha realizado la devolución del dinero.

La indignación crece al observar cómo la prensa tradicional, con su amplia cobertura, ha descuidado un caso de tal magnitud. Según los emisores, el monto afectado, que asciende a $350.000.000,00 (dólares estadounidenses), supera incluso la suma de todos los actos corruptos desde el Banco Anglo hasta la fecha, planteando la pregunta: ¿No merece este caso una mayor investigación y divulgación?

Dos años después de la quiebra de Aldesa, los tribunales aún no han emitido un veredicto definitivo sobre su situación, lo que ha generado preocupación al observar cómo las entidades de supervisión y regulación, como la Superintendencia de Valores y la SUGEF, parecen no haber logrado garantizar la protección adecuada de los ciudadanos.

Resaltan que la falta de acción por parte de las autoridades competentes, así como de los órganos de supervisión financiera, ha dejado a las víctimas en un estado de desamparo y desesperación. 

Los firmantes subrayan que el viernes 8 de marzo, se estarán manifestando a partir de las 9:00 frente al Ministerio Público, representando una llamada urgente a la acción y a la búsqueda de justicia. 

Ante esto, esperan que Telenoticias cubra este evento y recoja información de primera mano, profundizando en un caso que merece la atención de toda la sociedad. Exigen una cobertura más consistente y reveladora que destaque la magnitud del escándalo de Aldesa.

Al final de la carta, se concluye con que se espera que la carta sea recibida con el respeto y la seriedad que merece, con el fin de que se logren tomar medidas para brindar una cobertura justa y exhaustiva sobre este tema de importancia nacional.

Para ver la lista completa de firmantes y la carta en su totalidad, dirigirse al documento adjunto. Después del documento puede ver el estado actual del edificio de ALDESA, lo que para las personas afectadas resulta simbólico. Puede hacer clic sobre cada imagen para ampliar.

Caso ALDESA: Ya se cumplió el plazo y no devolvieron un céntimo

A las afueras de las instalaciones de La Nación se llevó a cabo la “manifestación del silencio” por parte de un grupo de personas, las cuales, fueron afectadas ante el descalabro de la Corporación ALDESA, que sucedió hace 3 años, tiempo en el que los principales causantes de dicho caso no se han hecho responsables frente a los afectados por medio del pago de sus dineros. 

Debido a esto, los manifestantes señalan que el medio de comunicación La Nación, guarda un silencio cómplice ante dicha situación, en tanto que muchos de los responsables de la quiebra de ALDESA, en donde se perdieron aproximadamente $300 millones de dólares, son parte de las juntas directivas de La Nación, citando como ejemplo, a Mario Montealegre Saborío, Javier y Oscar Bolaños, Eduardo Ulibarri, entre otros.

Es por esto que los protestantes señalan la falta de parcialidad de dicho periódico, en cuanto a la importancia que le ha brindado este medio al seguimiento de dicho acontecimiento, que afectó a muchas personas inversionistas o ahorristas de la corporación al perder sus dineros.

En el siguiente enlace se podrá observar el video capturado durante la manifestación: https://fb.watch/bC01LPLkLx/

Tras casi dos años, inversionistas afectados por caso Aldesa continúan en la incertidumbre

El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Aldesa Corporación de Inversiones (subsidiaria de la firma financiera Aldesa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios) anunció problemas de liquidez y solicitó intervención judicial, lo cual implicó la suspensión de pago a los inversionistas.

Pero no se trata de inversionistas arriesgados, sino pequeños ahorrantes y asociaciones solidaristas, quienes alegan que Aldesa nunca les advirtió que los recursos captados estaban en Aldesa Corporación de Inversiones (de oferta privada y por tanto no regulada) y no en el Grupo Bursátil Aldesa (que albergaba el puesto de bolsa y se encontraba bajo el control de las superintendencias).

“Aldesa nos planteó una cara de normalidad, donde algunas de sus empresas estaban inscritas en el puesto de bolsa, en la operadora y otras entidades, pero para sorpresa nuestra la plata termina en otros negocios, no sabemos donde todavía”, explicó Gonzalo Meza, abogado de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado.

De acuerdo con Meza, las asociaciones solidaristas que representa no estaban enteradas de que los recursos captados por parte de Aldesa se movían hacia sociedades no reguladas como Aldesa Corporación de Inversiones, debido a que las asociaciones mantienen un perfil “conservador”, es decir, buscan invertir los recursos de forma segura y no en proyectos de alto riesgo.

Flora Fernández, hija de una de las inversionistas afectadas, comentó a SURCOS que ella y su familia desconocían por completo que las inversiones de su madre (quien incluso se había asesorado con un economista de renombre para colocar los ahorros de toda su vida en Aldesa, por tratarse de una firma reconocida) estaba en proyectos que no tenían ninguna garantía.

“Yo me enteré que todo estaba fuera de regulación cuando reventó el caso. Yo me hice cargo de las inversiones de mi madre en 2015 cuando aparece con Alzheimer, y continué muy tranquila creyendo que todo estaba regulado porque así se lo había dicho el corredor de bolsa y me lo había dicho a mí. Ella había manejado muy bien su dinero toda la vida, le había costado muchísimo levantar esos ahorros”, agregó Fernández.

Pero hasta ahora el caso no avanza. Más de 30 asociaciones solidaristas y cientos de pequeños inversionistas se mantienen a la espera.

“Requerimos acción. Hay pequeños inversionistas defraudados, no son ricachones como han dicho algunos, son asociaciones solidaristas, es gente que ahorró toda su vida y hoy lo está perdiendo todo”, comentó el abogado Meza.

¿Y los responsables?

En opinión de Fernández, los tres poderes de la República y las superintendencias cargan con responsabilidad, y agregó que la prensa se ha mantenido silenciosa con el caso.

“El abanico de responsables es grande. Las instituciones son las principales responsables. Si ellas hubiesen encendido las alertas, que es para lo que están, otro gallo habría cantado”, comentó la afectada.

En Costa Rica la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) son entidades encargadas de fiscalizar el funcionamiento de los mercados de valores, el sistema financiero y proteger a los inversionistas.

Según Meza “debemos devolverle la confianza al inversionista pequeño que está haciendo un esfuerzo de ahorrar en momentos de crisis para que este país se reactive y dándole buena garantía de supervisión”.

El mejor desenlace

Para Fernández el mejor desenlace sería la quiebra de Aldesa, la cual cataloga de “inminente” a pesar de que no se logre recuperar nada.

“En caso de quiebra podríamos determinar si fue fraudulenta o si fueron malos negocios. Yo estoy convencida que es la primera. Se deben sentar las responsabilidades del caso y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero engañarnos con que los inversionistas podríamos echar a andar la empresa en tiempos de pandemia, olvídese, eso no va a caminar ni un paso”, opinó.

De acuerdo con el abogado Meza, la quiebra implicaría saber qué fue lo que pasó, debido a que aún hay información que no está clara “si no hay devolución del dinero que por lo menos se sienten las responsabilidades en las personas, aquí hay gente de mucho peso, hay un montón de gente involucrada que tiene que darnos una respuesta”, agregó.

 

Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad.