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SINAE Afines: Acuerdos de Junta Directiva de la CCSS son ilegales
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Comunicado
▪ SINAE AFINES exige a Consejo de Gobierno respeto a la institucionalidad
- Marta Eugenia Esquivel embarca una vez más al presidente de la República por urgencia de definir “Exclusivos y Excluyentes” en la CCSS.
El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) deja muy claro que todo acuerdo que tome la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es ilegal y nulo, debido al irrespeto que el Gobierno hace a la resolución de la Sala Constitucional, aún más, este jueves, al tratar de dejar en firme cuáles trabajadores de la institución serían Exclusivos y Excluyentes.
La petitoria de esta organización sindical en el recurso de amparo expediente 22-028375-0007-CO, interpuesto el 13 de diciembre del 2022, fue clara en que se anulara la medida cautelar del Consejo de Gobierno del 07 de diciembre del año anterior, cuando suspendieron y quitaron del puesto a cinco directivos de la Caja.
“Cualquier decisión o acuerdo que tome la Junta Directiva de la CCSS hoy, sería ilegal y absolutamente nulo. El recurso de amparo que interpusimos fue orientado en la anulación de la medida cautelar interpuesta por el Consejo de Gobierno, que de manera deliberada y sin tener potestad constitucional, separó del cargo a cinco miembros”, expresó Lenin Hernández Navas, Secretario General del SINAE AFINES.
Además, añadió que: “La Sala Constitucional nos dio la razón y a la fecha, falta la restitución de dos representantes que fueron destituidos: Maritza Jiménez del Solidarismo y Carlos Salazar, del Ejecutivo”.
Ante este panorama, el SINAE AFINES envió este jueves una nota al Consejo de Gobierno donde le exige el respeto a la institucionalidad, a la autonomía de la Caja y el marco legal, pero, sobre todo, el voto de la Sala Constitucional del 27 de junio de este año porque está llevando a la institución a una incerteza e inseguridad jurídica. Página 2 de 2
Otra “embarcada” más al presidente
El dirigente sindical aseguró que Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está embarcando nuevamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la urgencia de querer aprobar cuales son los trabajadores de la CCSS Exclusivos y Excluyentes.
“Hoy, por la premura que tiene Marta Eugenia Esquivel y los representantes de la Junta Directiva nombrados a dedo por el Ejecutivo, quieren votar lo Exclusivo y Excluyente en la CCSS, una vez más embarca al presidente de la República, por eso, le solicitamos el respeto a la autonomía de la CCSS al ser la institución pilar fundamental de nuestra democracia, de la seguridad social y porque con la vida y la salud de los costarricenses no se juega”, finalizó Hernández Navas.
SINAE PRENSA
La Unión Sindical CCSS deplora acuerdo de Junta Directiva que violenta la autonomía y divide la familia de trabajadores
Escrito en . Publicado en Trabajo.
Comunicado
Este lunes, la Junta Directiva de la CCSS, con el voto de 2 representantes del Gobierno de Chaves y 2 de sus acólitos del reaccionario sector empresarial, acordaron declarar exclusivos y excluyentes, una considerable cantidad de clases de puestos institucionales, profesionales, técnicos, administrativos y otros.
Esta declaratoria ya no sólo cubre a un grupo laboral, como se había pretendido originalmente, sino que ahora cobija un amplio colectivo de personas trabajadoras, de múltiples segmentos ocupacionales, cuya relación de empleo permanecerá regulada por la propia institución; eso sí, dentro del marco de la emergente Ley de Empleo Público.
Estamos totalmente seguros y convencidos que esta ampliación de los colectivos laborales que fueron declarados exclusivos y excluyentes, es el resultado directo e inmediato de las medidas de presión convocadas por los sindicatos que integran la Unidad Sindical, no obstante, la complicidad de alguna que otra organización que intentó infructuosamente dividir a las personas trabajadoras.
Sin embargo, ese mismo acuerdo ilegítimamente excluyó a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en los regímenes de salud, pensiones y prestaciones sociales, del carácter indiscutible de exclusivos y excluyentes, quebrando la unidad de gobierno, planificación, dirección y mando institucional, sometiendo la gobernanza de esos grupos ocupacionales a las directrices y mandatos del Gobierno de la República.
Segregar a las personas trabajadoras de la Caja, creando una especie de apartheid laboral, es manifiestamente inconstitucional, violentando lo resuelto, de manera reiterada por la Sala Constitucional: “Así el Poder Ejecutivo no puede actuar como director o en una relación de jerarquía frente a esta institución, no puede imponerle lineamientos, ni dar órdenes, ni controlar la oportunidad de sus actividades.” (Voto N°17098-2021).
La Sala Constitucional en el mismo voto advirtió: “(…) Sin embargo, en relación con determinados entes, tal como la CCSS, debido a su grado de autonomía, aun el mismo legislador no puede sujetarla a órdenes, directrices y regulaciones de un órgano del Poder Ejecutivo, pues ello va en contra del grado de autonomía y tutela conferida por la Constitución Política a esta institución.”
Esta jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, despreciada por aquellos miembros de la Junta Directiva, obedientes de las amenazas del Presidente de la República y los desafueros de la Presidenta Ejecutiva, constituye un dique de contención que impide que las potestades regulatorias de la CCSS, particularmente en materia de recursos humanos, sean transferidas al Gobierno de la República.
En esta parte del acuerdo, la Junta Directiva olímpicamente se apartó de los rigurosos criterios técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Sistemas Institucionales y los informes gerenciales, que fueron convertidos y reciclados en productos de la canasta básica de la sala de sesiones de Junta Directiva: en papel higiénico, de una sola hoja.
En su lugar, a hurtadillas, valiéndose del golpe de Estado que sufrió la CCSS, entre ellos mismos nombraron una Comisión ad hoc, cuyos miembros no tienen ninguna formación profesional, ni pericia en los campos técnicos y especializados de la institución.
Esta impericia se refleja, de cuerpo entero, en los múltiples desatinos y gazapos que contiene tiene ese impresentable informe, hecho a imagen y semejanza de las instrucciones de Chaves, el cual no logra desvirtuar aquellos calificados informes institucionales.
Los directivos nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que votaron este acuerdo, trasladándole a MIDEPLAN la rectoría de la relación de empleo de este alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras, retractándose del juramento constitucional que rindieron, renunciaron servilmente a defender la autonomía de la CCSS.
La Unión Sindical CCSS, deplora este ignominioso extremo del acuerdo y advierte que recurrirá a las instancias judiciales y administrativas pertinentes a defender la autonomía de la Caja, la unidad e integridad de la familia de las personas trabajadoras de la Caja.
¡Condenamos que MIDEPLAN meta sus fauces y manos ambiciosas de poder en los destinos de la Caja!
Llamamos a los trabajadores a continuar firmes en la lucha, contra las políticas autoritarias, discriminatorias y privatizadoras del Gobierno y sus adeptos de Junta Directiva, participando activamente en la protesta que realizaremos este jueves 13 de julio y el sábado 15 de julio.
¡Fuera MIDEPLAN de la Caja!
¡Qué nadie se quede afuera!
12 julio de 2023
Trabajadores que NO fueron Declarados Exclusivos y Excluyentes |
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1-Trabajadores de Producción del Laboratorio de Parenterales |
10-Trabajadores asistentes de Nutrición |
2-Trabajadores de Producción de Laboratorio de Productos Farmacéuticos |
11-Trabajadores Médicos Evaluadores 1 y 2 |
3-Trabajadores de Producción de Almacén General |
12-Trabajadores profesionales 1-2-3-4 |
4-Trabajadores Administrativos de Sucursales |
13-Trabajadores Directores Administrativos Financieros de Hospitales (Administradores) |
5-Trabajadores de Recursos Humanos |
14-Trabajadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación |
6-Trabajador de Registros y Estadísticas en Salud (Todos) |
15-Trabajadores asistentes de la serie de la Administración (Todos) |
7—Trabajadores de Servicios Generales tanto de Aseo como de Vigilancia |
16-Trabajadores secretarias y Oficinistas (Todos) |
8-Trabajadores Choferes |
17-Trabajadores de Artes Gráficas |
9-Trabajadores Técnicos 1 y 2 de mantenimiento |
18-Trabajadores de Pensiones y de Prestaciones Médicas |
19- Trabajadores de Sucursales |
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ENTRE OTROS |
Movimiento Asambleas Populares convoca a marcha en defensa de la CCSS
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Comunicado
Movimiento Asambleas Populares. Convocatoria para todos los compañeros del MAP, personas aseguradas de la CCSS y pueblo en general.
Se les invita a participar en la gran marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Compañeros del MAP: es indispensable que asistamos, nuestra presencia es importante y una obligación moral.
No podemos evadir nuestra responsabilidad de acompañar a nuestro pueblo en este significativo acto de apoyo y respaldo.
Dia: sábado 15 de julio
Hora: 11:30 a.m.
Lugar: la marcha saldrá del Hospital San Juan de Dios hacia el Edificio Laureano Echandi (edificio de la CCSS en la avenida 2°).
Compañeros del MAP: es un deber y compromiso ineludible nuestra asistencia. Unámonos para defender el sistema de salud pública administrado por la CCSS.
ANEP presentó ante el Consejo de Derechos Humanos ONU, denuncia por el cambio de pensiones IVM-CCSS
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En una sesión de la Junta Directiva Nacional de la ANEP se entregó una primera lista de personas trabajadoras que fueron violentadas en sus expectativas de pensionarse, ya sea por invalidez, vejez o muerte, debido a los recientes cambios que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social. Las personas presentes en esta lista ya contaban con todos los requisitos necesarios para pensionarse.
El documento fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la asesoría que recibió la ANEP, lo que se está evidenciando es una violación a los derechos humanos, lo que llevó a que se presentara en un escenario internacional.
Se abrirá un segundo periodo de inscripción en donde las personas que cumplan los requisitos pueden formar parte, además, para ser parte de la lista se debe de estar afiliado al ANEP y llenar un formulario que se puede encontrar en www.anep.cr
La ANEP ha hecho cambios en cuanto a las maneras de velar por los derechos de los trabajadores, ahora con un enfoque hacia los derechos humanos en donde ha habido una gran inversión para que exista un asesoramiento correcto para los mismos/as.
Municipalidad de Montes de Oca llama a sumarse a marcha en defensa de la CCSS
Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.
El Concejo Municipal de Montes de Oca, en sesión ordinaria del pasado lunes 10 de julio acordó apoyar la marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que diversos sectores están convocando para el próximo sábado 15 de julio, saliendo a las 11:30 am del parque de la Merced.
El Concejo Municipal acordó, además, hacer un llamado a la población de Montes de Oca y del país en general a que se sumen a esta manifestación pacífica y solicitó al alcalde permitir al personal no esencial del gobierno local, que así lo desee, participar de esta actividad.
El acuerdo municipal, aprobado con 6 votos a favor y uno en contra, plantea lo siguiente:
El Concejo Municipal de Montes de Oca, considerando:
Primero. Que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye la institución más representativa e importante de la sociedad costarricense; que desde su fundación en 1941 ha sido protegida, defendida y fortalecida por la gran mayoría de los gobiernos de la República, sin importar su signo ideológico, o el partido político del que proceden.
Segundo. Gracias a la CCSS Costa Rica ha logrado la universalización de los servicios de salud y hecho realidad uno de los derechos humanos fundamentales, del cual se derivan muchos otros, como es el derecho humano a la salud, que en nuestro ordenamiento jurídico se deriva a su vez del derecho a la vida humana, tutelado en el artículo 21, en concordancia con los artículos 46 y 50 de nuestra Constitución
Tercero. La Constitución Política, en su artículo 73, le otorga plena autonomía a la CCSS para que pueda cumplir sus funciones sin intromisiones o ataduras políticas de ningún tipo. Ese mismo artículo contempla la obligación de todos los patronos y del Estado, de contribuir con el sostenimiento financiero de esta institución, al igual que lo hacen los trabajadores y trabajadoras.
Cuarto. Que en los últimos años se ha producido un continuo debilitamiento de la institución, que se ve reflejado en una pérdida de la calidad de los servicios que brinda, en un aumento en las listas de espera de la población para recibir atención especializada, en la carencia de medicinas básicas en muchas de las farmacias de la institución, en una fuga de especialistas, de profesionales en medicina y enfermería, hacia clínicas privadas.
Quinto. Que el actual gobierno de la República ha intervenido políticamente en la Junta Directiva de la institución, destituyendo ilegalmente a representantes gremiales, como fue el caso de la representación sindical y de las cooperativas; pero también removiendo al ex presidente de la institución, doctor Álvaro Ramos, nombrado por el propio gobierno, cuando este se negó a obedecer sus políticas y mandatos tendientes a debilitar la institución.
Sexto. Que la Contralora General de la República, señora Marta Acosta Zúñiga, ha señalado en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa que la deuda del Estado con la CCSS solo durante el año 2022 creció en más de 252.000 millones de colones.
Sétimo. Para el año 2023 el Gobierno se negó a incluir en el actual presupuesto extraordinario los recursos dirigidos a la CCSS correspondientes al 10% del tercer desembolso del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF-FMI) por un total de $27 millones de dólares; así como los del segundo desembolso aún pendientes por $15 millones. Pese a que la CCSS no está dentro de la Regla Fiscal.
Octavo. De acuerdo con informes de la CCSS respaldados por la Controlaría General de la República al 2023 la deuda total del Estado con la Caja asciende a la astronómica cifra de 2,9 billones de colones (es decir casi 3,000,000,000,000 casi tres millones de millones de colones).
Noveno. Lejos de que el Gobierno de la República haya tomado acciones para resolver esta enorme deuda con la institución, solo para el mes de abril de este año las transferencias destinadas a la CCSS presentan un decrecimiento del 2.0%, equivalentes a 3.177 millones de colones.
Décimo. En lugar de generar políticas dirigidas a fortalecer la CCSS y a saldar la deuda del Estado con la institución, el Gobierno de la República plantea la privatización de varios de los servicios que brinda, el congelamiento de salarios del personal médico y administrativo, así como la paralización de la construcción de nuevas clínicas y hospitales que ya estaban en marcha y debidamente presupuestadas y aprobadas por la Contraloría General de la República.
Décimo Primero. Todo lo anterior genera un sistemático y cada vez mayor debilitamiento de la institución que provoca una dependencia cada vez mayor de servicios médicos privados por parte de la población con capacidad para pagarlos, pero también la imposibilidad de acceder a estos servicios, que son derechos humanos fundamentales, para muchos sectores de la población.
Por lo tanto, este Concejo Municipal Acuerda:
Primero. Hacer un llamado al Gobierno de la República a cumplir, sin más dilaciones, con el pago de las transferencias que por ley le corresponden a la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a realizar las amortizaciones de la deuda estatal con la institución que le permitan a esta sostener y mejorar sus servicios de atención, sus coberturas, sus instalaciones e infraestructura física.
Segundo. Hacer un llamado al Gobierno de la República a que respeta la autonomía que le otorga la Constitución Política a la Caja Costarricense de Seguro Social, y cese de inmediato su intromisión política en las decisiones técnicas, administrativa y médicas de la institución.
Tercero. Hacer un llamado al Gobierno de la República y a la actual Junta Directiva de la CCSS a que cesen todas aquellas políticas y decisiones que lejos de contribuir con el fortalecimiento de la institución, la debilitan, impidiéndole cumplir debidamente con sus funciones y competencias constitucionales al servicio de la población costarricense.
Cuarto. Hacer un llamado a las fuerzas vivas del cantón de Montes de Oca y a la población en general para que nos movilicemos, junto al Gobierno Local, el próximo sábado 15 de julio y apoyemos la Marcha en Defensa de la CCSS convocada por diversos sectores del país; y que saldrá a las 11:30am del parque de la Merced.
Quinto. Solicitar a la Administración Municipal, en la persona del señor alcalde, que ese día autorice al personal municipal, que así lo desee, a participar de la marcha, siempre que no se vean afectados los servicios de atención al cliente de la Municipalidad.
Sexto. Solicitar al Área de Comunicaciones de la Municipalidad, a través del señor alcalde, que difunda este acuerdo y realice una convocatoria masiva a la población a través de los medios institucionales para que se sumen a participar de la marcha del 15 de julio próximo.
Sétimo. Instruir a la Secretaría del Concejo que envíe este acuerdo a los medios de comunicación y a las demás municipalidades de Costa Rica, instándoles a pronunciarse en el mismo sentido. Así como al gobierno de Costa Rica y a la Junta Directiva de la CCSS.
Es todo. Acuerdo Firme
Publíquese
Información compartida con SURCOS por Jorge Mora Portuguez, regidor propietario, vicepresidente del Concejo Municipal 2022-2024.
Partido Acción Ciudadana invita a manifestarse unitariamente en apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social
Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.
Sábado 15 de julio, 11:30 a.m. Parque de la Merced
Desde nuestra fundación hace 21 años, declaramos a la CCSS institución insigne de la seguridad social y columna vertebral de la democracia costarricense. Desde la Asamblea Legislativa, las dos administraciones PAC (2014-2022), las fracciones municipales y en todas las instancias de participación ciudadana, nuestra militancia ha sido vigilante y activa en defensa de los principios de solidaridad y universalidad.
Existen estudios y propuestas en las que hemos participado para mejorar los servicios de la CCSS y hacerlos más eficientes sin que se toque el engranaje de solidaridad y universalidad que le ha dado bienestar al pueblo de Costa Rica. Nuestra Seguridad Social cuenta con la normativa, la estructura institucional y los recursos necesarios para responder con visión de largo plazo a los desafíos que enfrenta, por esto hay que fortalecerla y defenderla. Pero se requiere de la unión de todas las voluntades para garantizar su buen funcionamiento porque sin salud general no hay democracia que resista.
Este sábado 15 de julio participa en el movimiento nacional, con tu organización y familia. ¡La Caja es de todas y todos! ¡La Caja se defiende!
Frente al busto del expresidente Calderón Guardia, el rector de la UCR y la presidenta de la FEUCR convocan a la marcha en defensa de la Caja
Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.
Frente al busto del expresidente Calderón Guardia, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica y Karen Marín Argüello, presidenta de la Federación de Estudiantes, convocan a la marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social del próximo 15 de julio.
Imagen ilustrativa, Semanario Universidad.
Actuario matemático Rodrigo Arias López pide a gerencia de Pensiones de la CCSS respetar derechos de personas adultas mayores
Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.
El actuario matemático Rodrigo Arias López dirigió una carta al licenciado Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la cual solicita respeto a los derechos de las personas adultas mayores.
El especialista ha publicado en SURCOS una serie de artículos en los cuales muestra que las pensiones no se han actualizado de acuerdo con el aumento en el costo de la vida.
En su nota Rodrigo Arias López le dice al gerente de Pensiones:
“De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública No 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición No 9097, solicito la siguiente información de interés público.
He tenido acceso a varios oficios de esa Gerencia con los cuales usted informa a los asegurados pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sobre peticiones que ellos le han realizado sobre el reajuste de la pensión mínima y de las pensiones por costo de vida, los cuales se envían sin destinatario específico, sino que solo dicen “Señor (a) Pensionado (a)”. Por ejemplo, en el oficio GP-0901-2023 del 13 de junio de 2023, ante solicitudes realizadas por pensionados de IVM de reajustar la pensión mínima y por costo de vida, usted les informa ambiguamente lo siguiente, sobre la primera petición:
Sobre el particular, según información suministrada por la Dirección Administración de Pensiones, el ajuste para los meses correspondientes al año 2022 fue efectivo en el pago de la planilla a finales de mayo de 2023. En lo que respecta al año 2023 se encuentra en proceso de gestión del pago, el cual está programado para el mes de julio de 2023.
Como se aprecia, usted es omiso en informar a los pensionados como en derecho corresponde, considerando su condición de adultos mayores, lo que se canceló en el mes de mayo, cuál fue el monto de la pensión mínima que se canceló, si se pagó algo retroactivo y la fecha de retroactividad.
Además, usted les informa que está programado para el mes de julio de 2023 lo que respecta al año 2023; pero no les informa con claridad qué es lo que está programado, cuánto será el nuevo monto de la pensión mínima, ni tampoco la fecha de retroactividad.
Lo anterior no solo es importante por el derecho a la información que poseen los adultos mayores, sino que como es de su conocimiento, las pensioncitas de ellos son muy básicas, muy lejos de los ¢2 millones, ¢5 millones, ¢10 millones y hasta ¢15 millones que se pagan en otros regímenes de pensiones; por lo tanto, esos adultos mayores requieren planificar muy bien el gasto y no merecen la ambigüedad de sus respuestas. Vea don Jaime, los montos de las pensiones de IVM de diciembre de 2022 …; la mitad de ellas eran inferiores a ¢150.000.
Sobre el derecho a la información, el artículo 14 de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor No 7935 dice textualmente, lo siguiente:
“ARTÍCULO 14.- Información
Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. El Consejo se encargará de coordinar las acciones necesarias en este campo.”
En cuanto a la segunda solicitud que le hacen los pensionados de IVM de reajustar los montos de las pensiones, usted les cita el artículo 28 del reglamento.
Usted les recalca que ese artículo 28 “no establece que se deban revalorizar los montos de las pensiones, estrictamente con la inflación, ni que deba realizarse aumentos cada seis meses”.
Nuevamente don Jaime, a mi entender esa respuesta no está a la altura de un Gerente que se preocupa por el respeto de los derechos que poseen los adultos mayores, con mayor razón si usted observara que de las 336.281 personas pensionadas de IVM al 31/12/2022, un 72,35% tiene edad de 65 años o más; es decir, en ese grupo de pensionados hay 243.287 personas adultas mayores protegidas por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor
En ese sentido, usted y la Caja, están incumpliendo, no solo el artículo 14 antes citado de esa ley que protege a los adultos mayores, sino también el artículo 5 de esa misma ley. No observo que usted y la CCSS, informen a los adultos mayores pensionados sus derechos, mucho menos que le citen en negrilla y subrayado el artículo 5, que textualmente dice, en lo que más correlación hay con el monto de la pensión:
“ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida
Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan:”
“c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables.”
“g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones.”
“j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial.”
En dicha ley también se define lo que es “violencia contra las personas adultas mayores”, textualmente el artículo 2 de esa Ley dice lo siguiente:
“Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor, que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.”
SURCOS comparte aquí el documento completo enviado por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la gerencia de Pensiones de la CCSS.