El Frente Nacional por la Seguridad Social presentó a José María Gutiérrez, científico y ganador del premio MAGON 2022.
En un video compartido por el FRENASS, Gutiérrez expresa que la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución emblemática del estado costarricense.
Desde 1940 ha habido un incremento en los índices de vida de los costarricenses que son ejemplares a nivel internacional, esto gracias a los principios filosóficos de solidaridad y equidad de la Caja.
A pesar de esto, Gutiérrez comenta, hay factores políticos y económicos que han hecho que se debilite. Por un lado, hay una deuda enorme con la Caja, y políticas fiscales erráticas debilitan y dificultan los planes de inversión y el crecimiento de la institución. Hay aspectos del seguro social que deben ser mejorados, pero lo que se debe hacer es buscar el fortalecimiento y no el debilitamiento de la institución.
Es por esto que José María Gutiérrez invita a los y las costarricenses a defender la caja y todo lo que esta representa, para así asegurar que ésta siga siendo pública y que busque cumplir con los intereses del bien común.
Luis Chavarría Vega, secretario general y Martha Elena Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, envían mensaje a la ciudadanía costarricense sobre la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS.
M.Sc. Rodrigo Arias López Máster en Matemática Actuarial
Los errores de bulto o presuntos maquillajes descubiertos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (https://surcosdigital.com/se-acabaria-la-luna-de-miel-entre-expertos-de-oit-y-maquillistas-de-la-ccss/) ya eran conocidos desde hace décadas por “Reymundo y todo el mundo”, incluyendo los altos jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Tuve la oportunidad de comunicar algunos de ellos desde el año 2005. En el año 2018 le hice una excitativa al presidente ejecutivo de la CCSS, Sr. Román Macaya Hayes, sobre “la función actuarial”, refiriéndome a su importancia para una adecuada gestión de los seguros que administra la Caja. Primero le transcribí múltiples lineamientos internacionales y nacionales sobre la práctica actuarial en relación con la ética, el profesionalismo y la independencia de los actuarios, la definición de hipótesis, la transparencia, la información y la comunicación, entre otras.
Luego le emití a don Román la siguiente opinión: “A pesar de todo lo anterior, la experiencia en la CCSS en el campo de la actuaría ha venido a menos principalmente en los últimos años, en mi opinión debido a que el profesionalismo, la ética y la objetividad han sido seriamente lesionados por las jefaturas de la Dirección Actuarial y las influencias políticas que existen sobre dicha unidad, tanto internas como externas.”
Seguidamente le recordé al Sr. Macaya los siguientes hechos, como ejemplos de la pésima gestión en materia técnica actuarial, por si no los recordaba o no los conocía: El manejo político de la base mínima contributiva; el cálculo erróneo del costo del aumento en la cesantía hasta los 20 años; el uso de estudios actuariales paralelos y contradictorios para justificar beneficios; la contratación de un estudio actuarial de IVM a la OIT que fue recibido por la CCSS sin revisión alguna y que contiene serias deficiencias técnicas; la elaboración de un estudio actuarial de IVM conjunto entre la OIT y la CCSS con serias deficiencias técnicas; la derogatoria del Reglamento de la Dirección Actuarial en el año 2011 por medio de un procedimiento lleno de vicios e incoherencias, con el fin oculto de allanarle el nombramiento al director actuarial; la estructura inapropiada de la Dirección Actuarial y la realización de estudios actuariales del seguro de salud violentando los artículos 11 de la Constitución y las leyes 5349, 5905 y 7374, que se traduce en desvío de fondos, entre otras.
Finalmente, le solicité al Sr. Macaya, entre otros asuntos, lo siguiente: “Se fortalezca el Departamento Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica tanto en su personal como en las funciones, dentro de las cuales incluir la elaboración de los estudios actuariales del seguro de salud y trasladar al Área de Análisis Financiero aquellas actividades que no forman parte del campo actuarial y que saturan al Departamento Actuarial”.
Para quien quiera leer el documento completo, aquí lo dejo.
Sinceramente el Sr. Macaya me sorprendió, me hizo recordar el refrán que dice: “el zorro muda de pelo, pero no de costumbre”, pues envió mi excitativa a la guarida de los zorros. Lo hizo agregando la palabra “PRIORIDAD”, en mayúscula, resaltado y en rojo, en oficio firmado por la coordinadora administrativa de su despacho, dirigido a Carolina González Gaitán, directora a.i. de la Dirección Actuarial y Económica -coautora del estudio hoy cuestionado por OIT-. Y él se hizo el zorro hasta dejar su puesto y aún estará haciéndose, pues dadas las falencias descubiertas por los “expertos” de la OIT, deduzco que no hizo nada para evitar que eso ocurriera.
La misma decisión tomó el Sr. Macaya cuando le solicité que interpusiera sus buenos oficios para detener el desvío de fondos que le hacen al seguro IVM, que lo tienen al borde de la quiebra, lo trasladó a la misma madriguera. Ver oficio que le envié aquí.
El Semanario Universidad publicó un reportaje sobre este asunto (https://semanariouniversidad.com/pais/actuario-denuncia-presunta-ilegalidad-en-reparto-de-recursos-de-seguro-de-salud-en-la-caja/), en el que también se informa sobre los posibles conflictos morales y de interés que tendría la Sra. Gonzalez Gaitán, al haber recibido pagos salariales presuntamente indebidos, aprobados por quien fuera su superior, el Sr. Luis Guillermo López Vargas, quien fue el revisor y aprobador del estudio actuarial que, para los técnicos de OIT hoy sería la manzana de la discordia. El tema ha sido ampliamente informado, ver por ejemplo estas tres publicaciones:
Es decir, sobre el desvío de fondos de IVM Macaya se lavó las manos. ¿Se las lavarían también las actuarias de la Dirección Actuarial y los otros directores de la Junta Directiva de la CCSS? Lo veremos en la siguiente entrega.
Los productos de asistencia: requisito indispensable para la integración social.
Dr. Federico Montero Mejía Especialista en Medicina Física y Rehabilitación Miembro de Número de ACANAMED
Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado varios documentos que resultan muy importantes, para convencer y ayudar a las autoridades de salud de todos los países, acerca de la importancia de los productos de asistencia.
Uno de los documentos es el llamado “Lista de Productos de Apoyo Prioritarios”, con el propósito de “mejorar el acceso a ayudas técnicas de calidad y a un precio asequible, en todos los países”. Dicha lista, al igual que la lista de medicamentos esenciales, es una guía que puede ser aprovechada por los sistemas de salud y servicios sociales de todo el mundo, con el fin de garantizar servicios integrales y equitativos a sus habitantes. El otro documento relevante, es el “Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia”. En este reporte se señala que:
La tecnología de asistencia incluye a todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia y la prestación de servicios que los proveen y los distribuyen.
Los productos de asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para manejarse, con lo que promueven su bienestar.
Audífonos, sillas de ruedas, elementos de apoyo a la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros o recordatorios son algunos ejemplos de productos de asistencia.
En todo el mundo hay más de 2500 millones de personas que necesitan por lo menos un producto de asistencia.
Tomando en cuenta el envejecimiento de la población mundial y el aumento de las enfermedades no transmisibles, para 2050 habrá más de 3500 millones de personas que necesiten como mínimo un producto de asistencia, y muchas personas mayores a las que hagan falta 2 o más.
De acuerdo con la OMS, la tecnología de asistencia permite a las personas llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de salud y apoyo y de atención crónica, así como la carga de trabajo que recae en los cuidadores. La falta de acceso a esta tecnología, ocasiona que muchas personas queden excluidas y aisladas de las actividades de la sociedad, llevándoles muchas veces a tener que vivir en la pobreza. Esto obviamente empeora las consecuencias de una enfermedad o discapacidad para la propia persona, su familia y la sociedad en general, pues aumenta significativamente los gastos por parte de los servicios de salud y otros servicios.
En la presentación del informe, el Director General de la OMS, expresa que “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.
Pero es importante saber que los productos de asistencia, no son requeridos solamente por aquellos a quienes nosotros generalmente conocemos como “personas con discapacidad”. También son requeridos por
las personas mayores;
las personas con enfermedades no transmisibles como diabetes;
las personas con condiciones de salud mental como la demencia o el autismo;
las personas afectadas de deterioro funcional progresivo;
por muchos niños con dificultades de aprendizaje, pues en la actualidad existen una gran cantidad de productos de asistencia que facilitan los procesos educativos.
La legislación nacional como la Ley 7600 principalmente en sus Artículos 3, 4, 5, así como la legislación internacional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país fue promulgada como Ley No. 8661, obliga a que las instituciones públicas que proporcionan servicios de salud y otros, garanticen la provisión de los productos de asistencia para todas las personas que los requieran.
Pero lamentablemente, a pesar de esta legislación que el Estado en general y el gobierno en particular tienen la obligación de respetar, vemos como recientemente el gobierno propone gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, lo cual obviamente no solo refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, sino que ignora las recomendaciones de la OMS que hemos mencionado, y la legislación que tiene la obligación de cumplir.
Se olvida también, que la pandemia que hemos vivido con muchos dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero. Y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados, por lo que no podrían adquirir estos productos a más alto costo de que ya de por sí tienen. Sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no satisface todas las necesidades de la población en la provisión de estos productos, lo cual obliga a muchas personas a sufragarlas por cuenta propia.
Busquemos entre todos las mejores soluciones para que “nadie se quede atrás”, y que el acceso a los productos de asistencia sea posible para todas las personas que los necesiten. Eso es posible.
Las funciones exclusivas y excluyentes en la Caja Costarricense de Seguro Social
Esta Ley Marco de Empleo Público incorpora una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades.
Esta salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión Consultiva a la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021, que afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo es incompatible con principios constitucionales y la autonomía de la CCSS.
La Sala advierte que compete a la Caja Costarricense de Seguro Social definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas.
Ese voto vuelve sobre la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de gobierno que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.
Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N*2011-14624)., afirmó que varios artículos son inconstitucionales, porque violentan la autonomía y “por no incluir en el citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo, profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra.”
Con fundamento en las consideraciones de la Sala Constitucional, se puede sostener que todas las clases del Manual de Puestos de la CCSS, ya sean asistenciales, auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales y especialistas, en el campo administrativo o de la medicina, reconducen a funciones de carácter exclusivas y excluyentes, absolutamente imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos constitucionalmente asignados a esta institución.
La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, comprende todos los servicios y actividades que realizan todos sus servidores, sin distingos de ninguna especie, por lo que resulta totalmente artificioso establecer una dualidad de colectivos, unos sujetos a la gobernanza de la propia institución y otros sometidos a las regulaciones de MIDEPLAN, a contrapelo del precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
Este martes 23 de mayo, FRENASS publica el mensaje de Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE. Gilda nos recuerda que la CCSS es octogenaria y cumple un papel fundamental en la salud pública, puesto que beneficia a todos los ciudadanos, incluyendo a las personas en condición vulnerable. Gilda nos menciona que: “No tenemos forma de pagar todo el bien que la CCSS le ha hecho a la sociedad costarricense y por eso la vamos a defender, como baluarte de la seguridad social y de la salud pública costarricense, que garantiza el acceso a servicios de salud, especialidades y otros que el pueblo necesita”.
Para escuchar el mensaje completo de Gilda Montero observe el siguiente video.
Mainier Barboza Soto Movimiento Patriótico por Costa Rica
El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.
Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:
«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.
Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.
Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…
¿Por qué y cómo blindar la CAJA?
Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.
La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.
Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.
Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.
El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.
La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.
La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).
La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.
Rodrigo Arias López Máster en Matemática Actuarial
Estos desvíos de fondos (https://surcosdigital.com/repaso-de-las-causas-de-la-ruina-del-seguro-de-invalidez-vejez-y-muerte-ivm-de-la-caja-costarricense-de-seguro-social-ccss-2/) los denuncié ante Román Macaya Hayes, presidente Ejecutivo de la CCSS y activista del difunto PAC y ante la Fiscalía General de la República. Macaya trasladó el asunto a los mismos maquillistas para que siguieran pintando y la fiscala general de entonces Emilia Navas, asignó el caso a Diana Mora Hernández, quien pidió al Tribunal Penal la desestimación de la denuncia, indicando que “no ha sido posible proceder con la acusación y solicitud de apertura a juicio debido a la carencia probatoria que impera en este proceso”. Por su parte, el Tribunal desestimó la denuncia argumentando que yo “no había sido afectado” y “no es víctima”. Los jueces dijeron que este humilde servidor “no es la persona directamente afectada ni tiene ningún tipo de participación en asociaciones o socios o miembros de la persona jurídica que está siendo afectada, ni a las fundaciones o asociaciones que tengan carácter registral”. Así mismo, que “De la referencia que a (sic) hecho el ministerio Público se observa que el señor Rodrigo Arias López no ostenta la condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública”. Además, no me permitieron presentarme a la audiencia oral. Adjunto varios links donde pueden ver los documentos y podrán notar que el expediente elaborado es un completo desorden; no sería extraño que por eso “no logró encontrar” ni entender las pruebas y enredó o convenció al tribunal. A mí ni siquiera me entrevistó.
En mi humilde opinión, las causas de la crisis del IVM también se pueden resumir como una violación al Estado Social de Derecho, impunidad y corrupción, dentro y fuera de la CCSS. No es porque sorpresivamente nos hayamos hecho viejos, ni porque los dineros ya no alcanzan, como dicen Jaime Barrantes Espinoza, Gustavo Picado Chacón, Luis Guillermo López Vargas y otros gurúes de la CCSS.
Tampoco creo que sea porque no haya pruebas para determinar el posible delito de desvío de fondos, como dijo la fiscala Diana Hernández, ni porque el suscrito no tenga afectaciones, ni derecho a denunciar y a reclamar esos posibles delitos, como dijo el tribunal citado. Más bien presuntamente algunos fiscales y jueces podrían tener enormes conflictos de interés porque ellos tienen un régimen de pensiones que financia pensiones de lujo de hasta 10 millones de colones mensuales o hasta 10 salarios mínimos del Poder Judicial, con retiro por vejez en el pasado a edades juveniles. Incluso en la actualidad pueden retirarse a partir de los 60 años de edad, anticipando el retiro hasta cinco años, con una ridícula penalización de 1,5% por año. A los pensionados por ese régimen por ley les realizan reajustes de acuerdo a la inflación de los precios -lo cual es justo en la mayoría de los casos- y para ese régimen de privilegio disponen de una prima de un 30% o más sobre los salarios, mientras que para el IVM de la CCSS no hay plata.
Por lo tanto, es comprensible que, a algunos empleados o empleadas del Poder Judicial con algún poder de decisión o influencia, o de relación con autoridades del Poder Ejecutivo, no les importe la misera que puedan padecer los pensionados y cotizantes del IVM de la CCSS. Pero no podemos generalizar. Posiblemente la mayoría de los jueces y vigilantes de que se haga justicia, son muy rectos y con una moral muy alta, muy profesionales y justos. Recordemos que tanto el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Goicoechea, como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, no aceptaron el desvío de fondos del seguro social para financiar el costo del primer nivel de atención de la salud ante demanda interpuesta por el entonces diputado José María Villalta, por el cual la CCSS está reclamando en la liquidación de sentencia ₡6 Billones, a razón de ₡400 mil millones de costos por año del primer nivel de atención de la salud, aunque internamente en la CCSS los maquillistas solo le cobran al Estado ₡20 mil millones por año, de los cuales no recibe la CCSS ni un céntimo en 30 años.
Causa risa escuchar que el Estado podría tener una deuda con la CCSS de ₡2,5 Billones a ₡3 Billones. Los maquillistas de la CCSS y amigos de políticos de muchos gobiernos de turno tienen esa deuda bien desinflada, pues en realidad la deuda no registrada bien supera los ₡50 Billones.
¿Qué opinan los lectores de SURCOS, en particular los cotizantes y pensionados del IVM de la CCSS?
Con la campaña “¡Gracias CCSS!” el puntarenense Juan Atencio Obando, dirigente sindical de ANDE, nos recuerda la importancia del principio de solidaridad en la defensa de esta gran institución, base de la paz social y patrimonio del pueblo de Costa Rica.
El compañero Atencio también nos recuerda la importancia de defender y mejorar esta institución para garantizar el Derecho a la Salud de primer orden, como merecemos todos y todas.
Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil que se comete en contra de quienes sueñan y confían en que, por fin, las cosas cambiarán para bien de los que más necesitan.
Si bien es cierto se pueden dar actos y se pueden tomar decisiones que hacían suponer que efectivamente las cosas cambiarían, ha habido otras que llevan a pensar que será más de lo mismo y ahí es donde la ilusión y las esperanzas se hacen añicos.
El tema del desarrollo económico y generación de empleo, el ataque frontal a la corrupción y a la inseguridad, buscar el mejor de los funcionamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social eliminando filas y haciendo que los especialistas permanezcan en la Caja con medidas oportunas… En todo ello falta mucho por hacer y el pueblo mantiene la esperanza de que se haga.
Pero el que ahora se pretenda cargar de impuestos a los que siempre son los que pagan los platos rotos, los trabajadores, y lo poquísimo que queda de clase media, es una injusticia, máxime cuando aún se dan casos de gastos excesivos y de acciones de corrupción que no son atacados en debida forma.
Aún se está a tiempo para que el gobierno enderece su rumbo, logre una estabilidad en su gabinete y se ejecuten las acciones que deparen el desarrollo económico y el bienestar social que todos esperábamos y seguimos esperando. No es tiempo de impuestos, es tiempo de control en el gasto y de ejecución de acciones que demuestren que se cumplirán las promesas de campaña, entre ellas la de no imponer más impuestos.
Dios quiera que tanto el presidente como sus ministros, especialmente el de Hacienda, enderecen el rumbo y se encaminen a lograr esas metas que se propusieron como promesas de campaña.
