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Etiqueta: CCSS

El engaño con una vacuna anti-covid: Lo peor y lo mejor del ser humano

Luis Fernando Astorga Gatjens

No nos hemos cansado de afirmarlo: Las grandes crisis sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Y esta devastadora pandemia de la Covid-19 nos lo muestra todos los días, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.

La lucha contra la pandemia ha mostrado el inmenso valor de la solidaridad y del profesionalismo de millares de trabajadores y trabajadoras de la salud, y de otras áreas de primera fila de atención y riesgo. Su abnegación, sacrificio y compromiso tenaz con la salud pública, han sido reconocida a lo largo de más de un año de batalla constante.

Empero el 28 de abril anterior en Tres Ríos, sucedió un hecho (que pensamos que es absolutamente aislado) y que puso en evidencia la repudiable conducta de un trabajador de la salud. Ese día en un centro de vacunación de ese cantón cartaginés, un empleado de la Caja pretendió aparentar una inoculación de la vacuna anti-covid, en el hombro de un paciente de 82 años.

Por suerte para el paciente y para las personas decentes de Costa Rica, que somos legión, la falsa inoculación de la ansiada vacuna fue filmada con su celular, por su hijo. Es meritorio que fuera grabado el terrible engaño que se buscaba consumar y, más aún, que el indignado hijo lo compartiera por sus redes sociales. Bien sabemos que estas redes son como dagas, en virtud de que tienen un filo poderosamente democrático y justo, y otro potencialmente dañino, especialmente, por la trasmisión de infamantes noticias falsas (“fake news”). Empero hoy debemos celebrar el hecho de que están jugando un muy positivo y aleccionar papel, al permitir que esta abominable situación hayan podido conocerla millares de personas.

Las preguntas que surgen de inmediato son: ¿A cuántas personas este funcionario hizo lo mismo? ¿Cuántas personas que han acudido a este centro de inmunización, están confiadas de que ya fueron vacunadas y no lo han sido? Y también corresponde preguntarse: ¿Esta gravísima situación representa verdaderamente un caso aislado o bien, se ha podido haber dado en otros centros de vacunación del país?

Ya la CCSS separó a este empleado sanitario de sus funciones. Era lo mínimo para empezar y debía ser fulminante, como lo ha sido, pero es necesario analizar otras dimensiones de lo acaecido ante la extrema gravedad del hecho.

Hay una afectación individual en el paciente que no fue inoculado. Eso también la Caja lo corrigió al reprogramarle la cita. Sin embargo, es necesario ver el problema en varias dimensiones.

Veámoslo:

1) Repercusión social. Es un golpe a la campaña de vacunación, ya que este hecho produce, inevitablemente, incertidumbre entre las personas que ya han sido inoculadas y que termina favoreciendo a quienes llaman a la no-vacunación, con argumentos anticientíficos.

2) Derecho a la salud. De esta manera, también se ve afectado el derecho a la salud pública, por el debilitamiento de la confianza y la credibilidad en un procedimiento vacunal, tan esperado por miles de personas.

3) Afectación institucional. Es asimismo un golpe a la Caja que además de conducir una lentísima campaña de inmunización, ahora por la acción de este funcionario, se incrementan las dudas y sombras en un tema crucial para la salud y la economía del país.

Esperamos que más allá del masivo repudio que ha provocado el hecho denunciado, la inescrupulosa acción de este empleado sea llevada a los tribunales competentes y sea juzgada debida y oportunamente. El hecho debe ser juzgado y resuelto en proporción al daño individual, social e institucional provocado en estos aciagos tiempos, en los cuales el dolor humano y el luto, pueden incrementarse como consecuencia del irrespeto a la vida y la falta de la solidaridad.

Imagen de entrada: CCSS

SINAE comparte mensaje de apoyo para funcionarios de la CCSS

Lenin Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería Afines, comparte en el siguiente video un mensaje de motivación para las y los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social ante la emergencia nacional causada por el COVID-19.

Un abrazo a los funcionarios de salud

Freddy Pacheco León

Primeramente, la reafirmación de nuestra confianza hacia todo el personal de salud de San Pablo de Heredia (donde nos vacunaron) y hacia la inmensa mayoría de abnegados servidores que, a lo largo y ancho del país, han estado cumpliendo por más de 14 meses con la tarea sobrehumana que ha traído la pandemia. Así como una golondrina no hace verano, así también un extraño hecho irregular no ha de ser utilizado, para denigrar a quienes día y noche han estado presentes en «el frente de batalla» que nos protege, aún ante la amenaza de contagiarse y hasta morir. El ciudadano que aún frente a quien lo estaba filmando, no inyectó los 0,3 cc de la vacuna en el adulto mayor, fue suspendido y está siendo investigado. Por el daño provocado a la persona que confiadamente acudió al centro de salud, y la bien lograda imagen de CCSS, en medio de la suprema tarea por inmunizar a millones de personas, ha de ser sancionado según lo determinen los tribunales.

Lamentablemente, antes de iniciar la investigación para la eventual demanda penal, brotaron con no disimulada satisfacción, los antivacunas, los especuladores, los mensajeros anónimos, los creadores de teorías de conspiración. Personajes que desean denigrar el trabajo que, por razones egoístas, realiza esa gran institución estatal. El culpable fue el señor que cometió un grave delito ¡sin importarle el que estuviere siendo filmado!, y por ello muchas personas de las cerca de 800.000 vacunadas, ahora tienen dudas. Y principalmente los que no experimentaron ni los leves efectos secundarios que algunos tuvimos, como, por ejemplo, un incómodo dolor en el brazo. Dudas que provocan desazón en medio del peor momento de la pandemia, cuando la tensión y el estrés es algo común. Eso, aunque fuere solo eso, es imperdonable, porque, además, inmerecidamente, toca a todo el personal de la Caja que silenciosamente se ha sacrificado y se sacrifica por nosotros. A ellos hemos de darle nuestro apoyo, nuestro abrazo virtual de agradecimiento, nuestra voz de estímulo merecido para que no pierdan el ánimo, ante las «voces del odio» que les atacan con su afán de destruir y provocar el caos. La mayoría del pueblo de Costa Rica es un pueblo noble y agradecido, y les agradece el agobiante trabajo que ahora es precisamente más grande, por culpa de muchos irresponsables incapaces de obedecer las medidas sanitarias conocidas.

Video: “La consigna es el bien común”

SURCOS comparte la siguiente información:

UNDECA, SINASSASS y BUSSCO lanzan un video con un mensaje de reflexión, en el que agradece al personal médico y de salud, servicios generales, fábrica de ropa, lavandería, archivo, nutrición, logístico y administrativo de la CCSS por el servicio brindado al país en estos momentos caóticos presentes en el contexto de pandemia por el COVID-19 y a la vez hace un llamado a la defender la CCSS y luchar por evitar la precarización de las condiciones laborales del personal del sector público.

Este mensaje hace un recordatorio sobre los efectos que podrían gestarse producto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional como parte del Proyecto de Ley de Empleo Público.

Adjuntamos el video:

Producto de la presión la Caja empezó a reabrir los servicios del CENARE

  • Un logro gracias a la lucha de las personas con discapacidad, familiares y funcionarios y exfuncionarios del CENARE

Por Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens / Dr. Federico Montero Mejía

Como se podrá recordar, hace más un año, la CCSS convirtió el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), en el CEACO (un hospital especializado para atender pacientes contagiados por el coronavirus).

Esta decisión afectó a centenares de personas con discapacidad, ya que aunque la Caja se comprometió a ofrecer alternativas de inmediato, no lo hizo. Tampoco las autoridades del CENARE exigieron el cumplimiento de tal compromiso y fueron condescendientes y pasivos ante una decisión que refleja la subvaloración, tanto de las personas con discapacidad como de los servicios de rehabilitación.

Las personas afectadas y sus familiares fuimos muy comprensivos y pacientes, ante la emergencia nacional generada por la pandemia. Sin embargo, las autoridades correspondientes no fueron respetuosas, ni se comprometieron seriamente con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.

Ante esta situación, a inicios del mes de febrero enviamos una carta a la Junta Directiva de la Caja, suscrita por 172 personas. El ruido mediático que logró esa carta y otras acciones del personal del CENARE, hizo que la Caja asumiera el compromiso de que iba a reabrir el CENARE.

Así las cosas, aunque la reapertura de una sección del CENARE el día, 12 de abril representa un primer paso por el camino correcto de rectificación, el video producido por la CCSS para publicitar tal acción (que compartimos), pareciera indicar que la decisión ha sido solamente el resultado de una buena disposición de las autoridades, y no el resultado de las acciones y presiones ejercidas por funcionarios del CENARE, pacientes y padres de familia, y exfuncionarios de esa institución.

Las autoridades deberían de tener una conducta autocrítica y reconocer que no actuaron bien, al afectar a tantas personas que en los últimos meses requerían los servicios del CENARE y no los recibieron.

Ahora, estaremos vigilantes para que se reanuden todos los servicios. Ya lo advertimos: Si eso no se da en un tiempo razonable, nos movilizaremos y nos haremos presentes frente al edificio principal de la Caja hasta que la rectificación completa, sea una realidad.

¡Un paso de avance, pero la lucha sigue!
¡Vigilancia activa en el derecho a la salud
¡Sin acción, no hay derechos!

Solicitan plan específico de vacunación que atienda a personas con discapacidad

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAJA: Es urgente un plan específico de vacunación que atienda a las personas con discapacidad

Luis Fernando Astorga Gatjens

Señor Román Macaya Hayes: Ya hemos completado como país, más de un año y un mes desde que apareció el primer caso de Covid-19 en Costa Rica. Han sido y son tiempos muy difíciles, para la gran mayoría de las y los habitantes de Costa Rica, especialmente para los miles de personas que se han contagiado y, más grave y lamentablemente aún, desde luego, para las más de tres mil personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus.

La pandemia ha agravado y desnudado la situación económica, social y política del país. La esperanza de una pronta salida a esta crisis la trajo el primer cargamento de vacunas que ingresaron al país, el 23 de diciembre del año 2021. Pero esa esperanza se ha desvanecido producto del lentísimo ingreso de las vacunas y de la manera cómo el Gobierno y la CCSS, han organizado y desarrollado el plan de inmunización.

Cada vez se suman más voces que reclaman al Gobierno y a la Caja, por la manera que han gestionado y siguen gestionando el proceso de vacunación, tanto en la compra de las vacunas como la forma de organizar la inmunización.

Un sector que ha venido reclamando respuestas claras y contundentes, es el de las personas con discapacidad y sus familias. Aunque el CONAPDIS, ente rector en la materia, ha planteado el tema de que hay personas con discapacidad que requieren ser priorizadas en el plan de inmunización, las autoridades de salud, simplemente, han ignorado su petición.

En tal contexto y tratándose de un tema de vida o muerte para habitantes de este cada vez más alicaído país, es que personas con discapacidad y familiares, así como personas y organizaciones aliadas, queremos levantar la voz para presentar nuestras necesarias preguntas y reivindicaciones al Gobierno y la Caja, en espera de respuestas tan urgentes como razonables.

De no obtener tales respuestas en un plazo razonable, ya muchas organizaciones y personas con discapacidad, han planteado la idea de movilizarnos frente al edificio principal de la CCSS hasta obtener las impostergables respuestas. Las preguntas que le formulo, sitetizando los reclamos del sector, son las siguientes:

1) ¿Por qué el Gobierno y la Caja solamente han contratado compras de vacunas con las empresas farmacéuticas Pfizer y Astrazeneca, cuando existen otras vacunas en el mercado?

La información de que disponemos indica que la vacuna de la Pfizer resulta más cara, debe mantenerse a temperaturas bajo 70 grados centígrados (lo que exige equipo de refrigeración adecuado), esta farmacéutica fija condiciones al país (que se han mantenido en secreto) y, para colmo, las está entregando a cuentagotas.

Por su parte, la vacuna de Astrazeneca plantea dudas razonables por el problema de generación de coágulos sanguíneos en personas a las que se le ha administrado e, incluso, a algunas les ha provocado la muerte.

2) ¿Por qué no diversificar las compras para agilizar el proceso de vacunación cuando el disponer, en forma urgente, de tales vacunas es crucial para hacer efectivo el derecho a la salud y para la pronta reactivación económica y social?

Un ejemplo cercano y reciente de una compra muy grande, la ofrece El Salvador que contrató un millón de vacunas en un laboratorio de China. Mientras tanto Guatemala ha contratado la compra de la vacuna rusa Sputnik V y Panamá, además de contratar compras con Pfizer, Astrazeneca y Johnsson y Johnnson, ha contratado compras de la vacuna china Sinovac, la mencionada rusa y también mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.

3) ¿Por qué las autoridades sanitarias y Caja no han sido completamente transparentes en el plan de vacunación, y no han respondido en forma oportuna sobre situaciones de «desorden», que han beneficiado a personas que se han brincado la fila, sin estar en los grupos de riesgo o en razón de su edad?

Se ha informado de que el Gobierno ha destinado más 47 mil millones de colones para las vacunas. Se tratan de dineros públicos; por lo que las autoridades no tienen más remedio que rendir cuentas claras y urgentes.

4) ¿Por qué la CCSS no ha diseñado un mecanismo adecuado de vacunación de personas con discapacidad, en las que existen razones muy claras de factores de riesgo?

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han ofrecido razones para no emprender una política específica que proteja personas con discapacidad, que tienen mayor riesgo de contagio.

5) Hay personas con discapacidad física, que por su condición de inmovilidad permanente, tienen mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. ¿A personas con tal riesgo potencial, se les administraría la vacuna del laboratorio Astrazeneca sin tomar en cuenta este grave factor de riesgo antes especificado?

Para un sector mayoritario de las personas con discapacidad de Costa Rica, la pandemia ha significado mayor empobrecimiento, que profundiza el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza preexistente. Igualmente, ha significado un agravamiento de su aislamiento social y comunicacional debido al limitado acceso a Internet; un profundo retroceso en el campo educativo y el incremento del desempleo y de las –de por si– limitadas oportunidades laborales. Y como lo estamos demostrando al presentar el panorama de acceso a la vacunas anti-covid, un amplio incumplimiento al derecho a la salud.

Ante tan justos y bien razonados planteamientos, Señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, Dr. Román Macaya Hayes demandamos una respuesta inmediata a nuestras preguntas y reivindicaciones, que nos evite a las personas con discapacidad, a los familiares y a personas y organizaciones aliadas, llegar a tocar las puertas de su despacho en los próximos días.

Atentamente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706

Colper rechaza propuesta de Reglamento de Afiliación para trabajadores independientes

Luego de un análisis realizado al texto, la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) manifiesta su oposición, al proyecto de Reglamento de Afiliación para trabajadores independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Consideramos que:
1. La propuesta es lesiva a los trabajadores independientes, en nuestro caso periodistas, relacionistas públicos, productores audiovisuales, publicistas, diseñadores publicitarios y comunicólogos.
2. La base del cálculo resulta discriminatoria.
3. Se le confieren poderes amplios a la CCSS, que pueden resultar en actos abusivos de los derechos humanos de los ciudadanos.
4. Violentas normas constitucionales al derecho, al trabajo, la salud y la vida digna.
5. El plan es discriminatorio y confiscatorio.

Recordemos que el trabajo es un derecho humano y constitucional, por lo que le solicitamos a la CCSS, revisar dicho reglamento y modificar, las cláusulas que pueden ir en detrimento de los trabajadores independientes, en especial porque muchos de ellos, vieron afectados sus ingresos, a causa de la pandemia del Covid-19.

Junta Directiva 2021
Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación

Experto realiza observaciones a proyectos de reglamento para afiliación a la CCSS de independientes, migrantes y seguro voluntario

El matemático y máster en matemática actuarial Rodrigo Arias López envió a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, sus observaciones y solicitud de información adicional en relación con dos proyectos de reglamento.

Se trata del proyecto de Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y del proyecto de Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes. Ambos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta N° 53 del miércoles 17 de marzo de 2021.

El especialista Arias López compartió ambos documentos con SURCOS. Puede descargarlos en formato PDF para su lectura completa.

Entre los elementos que el actuario indica a la junta directiva de la CCSS se encuentran los siguientes:

“… me apersono ante esa Junta Directiva para hacerle ver las inconstitucionalidades, ilegalidades, vicios y errores técnicos que contiene el proyecto…”.

En cuanto al Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes el especialista en matemática actuarial precisa:

“Lo pretendido por esa Junta Directiva en el Artículo 1 del citado proyecto es inconstitucional, discriminatorio, abusivo y espurio, desigual, además violenta los principios de razonabilidad proporcionalidad que son también de rango constitucional.

La definición de “ingreso por base presunta” y de “ingreso neto” para el caso de los trabajadores independientes son asuntos de reserva de ley y ninguna ley a la fecha define o establece su definición o significado.

El “ingreso por base presunta” queda EN indefinido, no se sabe lo que es y además, queda al antojo y arbitrio de lo que los jefes o unidades de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) quieran que signifique. ¿Qué es ese “ingreso determinado” ?, ¿qué incluye? ¿cuál es el significado de “aquella derivada de las revisiones que realice la Caja”? ¿Qué revisa la Caja?; cuando se trata de actos administrativos para que sean validos eficientes y eficaces deben estar bien claros y precisos, puntuales, y el reglamento carece de todos esos principios.

Lo mismo sucede en el caso del “ingreso neto”, está indeterminado, no define lo que son “gastos propios para la operación de la actividad económica o trabajo”; tampoco define lo que es “actividad económica”; no se sabe que es “razonable” ni “necesario”; en fin, lo que resulta es un círculo vicioso e indeterminado que depende de sí mismo. No indica, si, por ejemplo, las cuotas que el trabajador independiente le paga a la CCSS forman parte o no de esos gastos propios, entre otros. Tampoco queda claro si, por ejemplo, los ingresos en caso de alquileres, venta de propiedades, ingresos por trabajos realizados fuera de Costa Rica, etc., forman parte del “ingreso bruto” que se indica”.

En relación con el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes Rodrigo Arias López indica:

“Si bien no soy asegurado voluntario, me presento ante esa Junta Directiva como interesado dado que el Estado aporta recursos que son fondos públicos para el financiamiento de los beneficios que se indican en el proyecto de reglamento, y yo contribuyo por obligación constitucional con el financiamiento de los gastos públicos. Véase el artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública”.

Rodrigo Arias López detalla:

En el caso del aseguramiento voluntario el problema surge además porque no está definido el ingreso de referencia que se menciona en el artículo 8 del mismo proyecto; así como tampoco se regula, ni define “La persona que asume el pago de las cuotas respectivas a favor del solicitante debe encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la Caja”.

Nótese que no es que todos los que soliciten el seguro voluntario es porque no tengan ingresos propios; en particular los rentistas y pensionados. 

En tales artículos es probable que existan personas o familias que se encuentran en condición de pobreza que calificaría para estar aseguradas por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley y que ahora pretendan obligarlas o engañarlas para que se aseguren por esta modalidad, porque en el mismo proyecto NO SE ACLARA QUE LAS FAMILIAS QUE ESTÁN EN CONDICIÓN DE POBREZA NO REQUIEREN ASEGURARSE COMO ASEGURADOS VOLUNTARIOS”.

El actuario y experto en temas de la CCSS señala en otra parte de su escrito, que lo pretendido en el proyecto de reglamento “podría violentar los derechos humanos de las personas migrantes”.

Le invitamos a descargar los documentos y compartir esta información para propiciar la reflexión y la participación ciudadana en estos temas.

La ansiada recuperación económica

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.

SINAE: Proyecto Ley Marco de Empleo Público atenta contra la seguridad social

SURCOS comparte el siguiente video producido por SINAE:

Lenín Hernández, secretario general de SINAE y Afines manifiesta: «La CCSS es el pilar fundamental de nuestra democracia. Nos regala salud y una futura pensión a todos los costarricenses… la Ley Marco de Empleo Público atenta contra la seguridad social que gozamos todos nosotros…

La seguridad social y la CCSS nos toca defenderla a usted y a mí de quienes ven en la salud un negocio para unos pocos…»